Introducción

En México, los partidos políticos son asociaciones de interés público cuyos objetivos están orientados a la consecución de voluntades y demandas de la población, a través de su participación en los procesos electorales por medio del voto, con el fin de elegir a sus representantes populares para ejercer el poder político.

Para alcanzar tales objetivos, los partidos políticos reciben un financiamiento por parte del gobierno para efectuar actividades orientadas al cumplimiento de sus metas. Por ello, los presupuestos de estos son asignados anualmente en función del número de personas inscritas en el padrón electoral y el porcentaje de votación que cada uno de ellos recibió en el ejercicio electoral federal anterior inmediato.

La representatividad en los procesos electorales es importante para la consecución de la consolidación democrática en México, ya que es un reflejo de las voluntades ciudadanas. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad existe un mayor número de partidos políticos con registro nacional y estatal que se presentan a elecciones, la participación del electorado no ha tenido cambios positivos en el porcentaje de votación.

Además, en nuestros días, los partidos políticos son un tema relevante en la sociedad y en el debate público, pues se ha señalado que estos reciben un financiamiento público excesivo, que no se ve reflejado en la representatividad y la aceptación ciudadana en los ejercicios electorales, lo cual pone en entredicho si su función corresponde con el presupuesto que obtienen.

Por lo anterior, surge el cuestionamiento sobre la relación entre el financiamiento público otorgado a los partidos políticos en México y la representatividad lograda en los ejercicios electorales. Por dilucidar este asunto, se revisó el presupuesto público otorgado a los partidos políticos mexicanos en 2020 y la representatividad de estos tras las elecciones federales de 2018.

Asimismo, se analizó la manera en que funciona esta relación en contextos similares al mexicano mediante un ejercicio comparativo con Argentina y Brasil, países que, junto con México, además de albergar la mayor población en América Latina, presentan sistemas electorales y de partidos similares, lo cual contribuye al análisis del caso de estudio.

Considerando que es necesario examinar el financiamiento público de los partidos políticos, se recabaron datos del portal del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales (OPL), con el fin de realizar una comparación entre los diferentes partidos con registro federal y estatal. De igual modo, se obtuvieron datos e información de los organismos homólogos encargados del financiamiento público de los partidos políticos en Argentina y Brasil.

Para abordar el caso de estudio, la investigación se apoya en un análisis teórico sobre los sistemas de partidos, los sistemas electorales y la representatividad. Esta última se observó con base en la metodología del número efectivo de partidos (NEP), que hace posible conocer los partidos políticos involucrados en realidad en la toma de decisiones.

Se expone a continuación el contexto de los partidos políticos en México. Posteriormente se aborda el tema de la representatividad y el de la participación electoral, acompañada de los datos relevantes del financiamiento público de los partidos mexicanos, que al compararlos con los de sus homónimos argentinos y brasileños conduce a las conclusiones.

Sistema de partidos en México

De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (^CPEUM), los partidos políticos “son entidades de interés público” que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.

Según Sartori, los partidos políticos son instituciones u organizaciones sociales que comparten una misma ideología, lo que los define como “un grupo político identificado que busca conseguir el poder, se presenta a las elecciones y por medio de ellas coloca a sus candidatos a cargos públicos” (^{Sartori, 2005, p. 101}).

Para presentarse a elecciones, estas instituciones deben mantener una competencia legítima por la obtención del poder. Tal competencia es regulada por un sistema de partidos, el cual ha ido cambiando a la par, y desde el inicio, de la llamada transición democrática en México. No obstante, por más de setenta años, solo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo posibilidades reales de acceder al poder en todos los ámbitos.

Con el tiempo, y ante las crisis sistémicas en México (por acontecimientos ocurridos entre los años treinta y parte de los noventa), se produjo una serie de cambios que dieron lugar a una oposición de partidos, con lo que se consiguió una apertura democrática en la nación. Esto ha hecho que el espectro de participación sea más amplio, pero aún persisten ciertas limitantes.

En la actualidad, el sistema de partidos en México está integrado por más de tres partidos políticos importantes. Si se considera que en la última elección federal, que tuvo lugar en 2018, compitieron nueve partidos, se puede afirmar que en este país hay un sistema multipartidista, pues las instituciones mencionadas participan activamente en las contiendas electorales.

Los partidos políticos que integran el sistema de partidos tienen la responsabilidad y la obligación de conocer las necesidades de la sociedad de la cual forman parte. Es así porque, como partícipes de un ejercicio político democrático, se supone que buscan el poder para ejecutar acciones y políticas públicas para un bien común, el cual significa ceder algunas libertades individuales para obtener a cambio beneficios colectivos.

Por ello, estas entidades funcionan como intermediarias entre la ciudadanía y el gobierno para la representatividad y la consecución de respuestas a necesidades comunes, que se ven reflejadas en las propuestas electorales. Estos tienen la obligación de elegir a los candidatos que representen y defiendan los intereses y las necesidades de la sociedad, y de cumplir con la rendición de cuentas, pues así se asegura un ejercicio correcto de participación política. No obstante, la influencia de la sociedad en la toma de decisiones está determinada por la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, en la rendición de cuentas y en la vigilancia de los candidatos y funcionarios públicos, así como por el grado de competitividad de los partidos políticos (^{Favela, 2002}).

A lo largo de los años, varios partidos han logrado posicionarse en la estructura política del país, pero, a pesar del aumento del número de partidos en las contiendas electorales, la participación política de la ciudadanía ha ido decreciendo, prueba de ello es que de 1994 a 2018 ningún presidente había ganado las elecciones con más del 50 por ciento de los votos, y el cargo era asumido con un mínimo de apoyo reflejado en el número de votos y votantes (^{Casar et al., 2016}).

De acuerdo con el ^{INE (2020a}), en la actualidad se encuentran registrados en la esfera federal siete partidos políticos.¹ Sin embargo, en las entidades federativas el número de partidos políticos con registro estatal varía considerablemente; por ejemplo, en Tabasco están registrados cuatro partidos, mientras en Tlaxcala doce, situación que no guarda una relación proporcional con su padrón electoral. Así, cabe mencionar que para autores como ^{Sartori (2005}) el número de partidos pertenecientes a un sistema de partidos indica, por un lado, de modo aproximado características importantes del sistema político de un Estado, la medida en que el poder político está fragmentado o no, si es disperso o concentrado, y, por el otro, refleja las corrientes ideológicas de interacción que intervienen en un país.

Para el mismo autor (^{Sartori, 2005}), el número de partidos es considerado como el origen de una serie de clases de sistema de partidos, entre ellas destacan:

Las dos primeras clases pertenecen a la categoría de sistemas de partidos no competitivos, y el resto a la de sistemas competitivos. En este orden de ideas, el sistema de partidos en México tiene características de un sistema competitivo. El sistema de partido predominante plantea la existencia de un partido de concentración de poder que compite con otros de menor relevancia, mientras un sistema bipartidista muestra dos partidos con igualdad de circunstancias.

Por su parte, en los Estados con sistemas pluralistas limitados o moderados existe una baja fragmentación ideológica, presentada por hasta cinco partidos. Esta situación es contraria al pluralismo extremo o polarizado, en el que hay más de cinco partidos, lo que genera ideologías fragmentadas. En el caso de México, se tiene el registro de siete partidos en el ámbito nacional y hasta doce en algunas entidades federativas. Por lo tanto, es posible afirmar que se está frente a una ideología fragmentada.

La presencia de sistemas de partidos polarizados fragmenta las ideologías políticas, e incluso impacta en los procesos electorales y, por ende, en la consolidación de las democracias, a pesar de que no existe un alto número de partidos. Esto no necesariamente significa que se produzca una mayor competencia, pues uno de los rasgos de estos sistemas son las oposiciones irresponsables, ya que en Estados con una política que tiende al centro o a un partido principal la alternancia cae en la simulación.

Para que haya una competencia política legítima, los sistemas de partidos deben basarse no solo en el número de partidos, sino también en un ejercicio confiable y transparente, pues un pluralismo extremo pone en entredicho la capacidad organizativa de los partidos políticos, lo cual demuestra una identidad ideológica frágil y volátil. Además, la fragmentación genera una falta de representación o arraigo por parte del electorado respecto a los partidos políticos.

Lo anterior ha hecho que la creación de partidos políticos se resuma en un esquema de negocio, ya que en México estas instituciones reciben un financiamiento público doble: como partidos con registro nacional ante el INE y por su registro estatal ante los OPL. Sin embargo, la asignación de un presupuesto público para la realización de sus campañas, como un beneficio económico, no garantiza el uso correcto de este (^{Ugalde, 2015}).

Otro beneficio con el que cuentan los partidos políticos es el financiamiento privado legal, el cual, de acuerdo con un estudio de Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias publicado en 2012, “la mayor parte de los fondos privados que fluyen en las campañas no se reportan y pueden significar hasta el 80% de los gastos totales” (^{Ugalde, 2015, párr. 9}).

Sumado a lo anterior, el financiamiento de los partidos políticos en México ha ido en aumento. Un estudio hecho por la Organización de los Estados Americanos (OEA) demuestra que en el periodo de 2005 a 2011 México tuvo el monto más elevado de subsidio directo a partidos y campañas en América Latina (^{Ugalde, 2015, párr. 25}).

Asimismo, las modificaciones de las leyes y las instituciones electorales se han enfocado en guiar la participación política a través de los partidos políticos restándole importancia a la autoorganización social, lo cual ha favorecido las prácticas autoritarias y los esquemas corporativistas en la sociedad civil en los procesos electorales actuales (^{Villafuerte, 2011}).

Adam ^{Przeworski (1998}) argumenta que las elecciones no obligan a los políticos a implementar las políticas preferidas por los votantes o prometidas en las campañas, lo cual les ofrece la libertad de hacer lo que les convenga. No obstante, los políticos no harían nada que no aprueben los ciudadanos bien informados.

^{Nohlen (2008}), por su parte, menciona que estudios clásicos señalaban los sistemas electorales como una variable independiente (como causa) del sistema de partidos. Sin embargo, tras analizar la importancia del contexto en relación con los sistemas electorales, descubrió que los partidos políticos, tanto en su conformación como en su funcionamiento, eran causantes de los sistemas electorales, puesto que si los partidos deciden cuál tipo de sistema quieren, lo consecuente es que estos recurran a la hechura de un sistema a su medida o al que mejor convenga a sus intereses.

En México, el INE tiene el compromiso de incentivar la participación ciudadana en los procesos electorales, garantizar un ejercicio democrático, respetar las leyes, tener la confianza de la ciudadanía, evitar el clientelismo y la incertidumbre democrática. Los ciudadanos, por su parte, tienen la tarea de participar activamente en la vida política del país.

Si bien el sistema de partidos ha favorecido la pluralidad, aún hay grandes retos. Hasta 2015 no existía la posibilidad de participar de manera independiente por cargos públicos. Asimismo, la figura del voto nulo no tiene relevancia a la hora de evaluar un proceso electoral, lo cual fomenta el abstencionismo y limita la participación ciudadana.

La cooptación para el acceso al poder que los partidos mexicanos han construido gracias al sistema actual ha dado lugar a un debate sobre hasta qué punto la ciudadanía que no milita o no se identifica con algún partido tiene la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones.

De acuerdo con ^{Méndez (2007}), el sistema de partidos actual es el resultado de una profunda transformación política y social que inició en 1988 y que ha traído como consecuencia elecciones libres, justas y un sistema plural, en el cual el desempeño partidista ha comenzado a ocasionar insatisfacción e incertidumbre. Al respecto, es importante recalar en la representatividad que expresan los partidos políticos y en el grado en que el financiamiento público de estos puede ser una forma de mitigar la insatisfacción ciudadana.

Representatividad de los partidos políticos en México

En el análisis de la evolución de los ejercicios electorales en México, múltiples evidencias respaldan cambios importantes, al menos en el sistema de partidos, tanto cualitativos como cuantitativos. Ejemplo de ello es el número de partidos políticos involucrados en las contiendas electorales y en la representatividad política.

Otro elemento destacable en el análisis del sistema de partidos y la evolución de este es el número efectivo de partidos (NEP), el cual representa la cantidad de partidos políticos involucrados en realidad en la toma de decisiones. Este se calcula con una fórmula (^{Hernández, 2011}) que contempla la proporción de cada partido en una Legislatura.

En nuestros días, el sistema multipartidista existente se puede comprobar al revisar el NEP, que muestra una evolución significativa al comparar la composición de los Congresos desde 1997 hasta la fecha. Sin embargo, es importante mencionar que de 1967 a 1988 existieron siete Congresos en los que el NEP nunca fue mayor a 1.7, lo que quiere decir que solo un partido político se involucró en la toma de decisiones en el Congreso en ese periodo.

Para 1988, el NEP varió drásticamente con respecto de los años anteriores. No obstante, fue a partir de 1997 cuando se produjo un incremento significativo de los partidos políticos involucrados en la toma de decisiones, que pasaron de 2.9 en 1997 a 4.9 en 2018. Esto indica que actualmente por lo menos son cuatro los partidos políticos que se involucran en la toma de decisiones.

^{Morales (2017}) explica que en un país con un sistema democrático destaca el ejercicio electoral basado en dos principios: igualdad y representatividad. El primero se refiere a que cada individuo cuenta con un voto; el segundo, a los gobernantes elegidos mediante sufragio.

En consecuencia, es necesario adentrarse en el ejercicio electoral, que en el caso de México se compone por un padrón, hecho por el INE, de ciudadanos mayores de dieciocho años registrados para ejercer el derecho al voto. Este último se divide en: a) votación válida emitida, que es la efectuada por los electores que prefieren una opción disponible; b) votación no válida emitida, que es la de aquellos que se decantan por una opción no registrada o anulan el voto, y, por último, c) los que no acuden a votar.

La votación válida implica todos aquellos sufragios por partidos políticos y candidatos independientes, mientras la no válida se dirige a los candidatos sin registro o a la anulación del voto. Estos dos rubros se conocen como participación ciudadana. Existe otra situación que debe ser tomada en cuenta, referida a quienes simplemente no acuden a ejercer su derecho al voto. A esto último se le llama abstención.

En México, el abstencionismo es un fenómeno que consiste en que personas inscritas en el padrón del INE no participan en los procesos electorales por distintos motivos. Como se representa en la gráfica 1, en elecciones federales la abstención fue en aumento entre 1991 y 2018. La contienda presidencial de 1994 fue la que tuvo mayor nivel de participación, puesto que 77.16 por ciento de los electores acudió a las urnas. Por otro lado, en las elecciones de 2003 solo 41.32 por ciento de los ciudadanos emitió su voto.

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Gráfica 1 Abstencionismo en elecciones federales, 1991-2018 

Asimismo, como se constata en la gráfica 1, el promedio de abstención del voto en las últimas diez elecciones federales fue de 41.64 por ciento, y en ese mismo periodo esta tendencia fue aumentando. Esto representa la primera contradicción del sistema electoral mexicano, ya que si se presupone que en la actualidad los procesos tienen mayor pluralismo y libertad, los ciudadanos no tendrían que abstenerse de ejercer el derecho al voto, puesto que todos los intereses deberían encontrarse representados.

De acuerdo con el número de partidos con registro nacional hasta 2020, el electorado podría optar por uno de siete partidos políticos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT). Suponemos que estos no representan una alternativa para los votantes que optan por la anulación de su voto.

Al respecto, aquí cabe revisar la figura del voto nulo. Este hace referencia a los ciudadanos que ejercen su voto pero no se decantan por ninguna de las opciones válidas disponibles. Sin embargo, en México el voto nulo no cuenta con ningún valor en el proceso electoral y su impacto es meramente anecdótico. De acuerdo con ^{Morales (2017}), anular el voto es considerado como un error al marcar la boleta electoral, pero, en realidad, debe ser visto como una protesta formal de rechazo a las opciones disponibles.

Como se ve en la gráfica 2, en las últimas diez elecciones federales antes de 2020, en promedio, el 3.43 por ciento de los electores ha anulado su voto. Esta tendencia no varía y se mantiene lineal en el periodo de estudio. No obedece a una omisión o un error a la hora de marcar una boleta, sino al hecho de que dicha expresión de inconformidad no se verá representada.

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

Gráfica 2 Voto nulo en elecciones federales, 1991-2018 

Morales señala:

El abstencionismo y el voto nulo, si bien no pueden ser considerados una protesta consistente, sí son una forma de castigo; deben, por tanto, ser tomados en cuenta en el análisis de la participación política, pues develan una potencial utilidad para configurar un sistema electoral atento no sólo al aspecto constitucional y procedimental (gobierno del pueblo), sino además a sus aristas sustantivas (por el pueblo) y de intencionalidad (para el pueblo) (^{2017, p. 80}).

Por ello, la abstención debe ser considerada como un acto positivo, es decir, una omisión deliberada, pues hay personas que evitan participar en los procesos electorales porque no se sienten representadas por ninguna opción de las disponibles. Suponemos que estas personas podrían participar en estos procesos si al voto nulo se le diera un valor.

Además, algunos ciudadanos desconfían de los partidos políticos y del sistema electoral. De acuerdo con el Barómetro de Corrupción Global: América Latina y el Caribe (2019), al 50 por ciento de los ciudadanos encuestados que han participado en contiendas electorales se le ofreció un soborno a cambio del voto.

Aunado a lo anterior, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (^{CESOP, 2014}), con fundamento en una encuesta sobre confianza ciudadana en las instituciones, señala que 34 por ciento de los consultados tiene poca confianza en los partidos políticos, mientras 41 por ciento no confía nada en dichas instituciones.

En este sentido, en la actualidad, la desconfianza hacia los partidos políticos y los niveles de abstencionismo en elecciones federales reflejan la capacidad de los partidos para alentar y canalizar la participación política de los ciudadanos (^{Méndez, 2007}). Estos hechos conducen a cuestionar si el gasto que los partidos políticos significa para el gobierno mexicano se justifica plenamente.

Financiamiento de los partidos políticos en México

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del Estado financiar a los partidos políticos. Al igual, determina las formas de financiamiento público directo para: las actividades ordinarias, los gastos de campaña en año electoral y las actividades específicas.

Las sumas que los partidos reciben cada año están definidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE). Estas son distribuidas y confirmadas a través de acuerdos promovidos por el INE para el caso de los partidos políticos con registro nacional y por los institutos electorales locales para el caso de los partidos con registro estatal. Se asigna un 30 por ciento del presupuesto a todos los partidos políticos por igual y el restante 70 por ciento se distribuye según la fuerza electoral de cada partido.

En este sentido, se debe valorar el presupuesto que se destina anualmente a los partidos políticos. Este se calcula de acuerdo con lo estatuido en el artículo 41, párrafo segundo, base II, inciso a), de la Constitución mexicana, y el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción I, de la ^{Ley General de Partidos Políticos (LGPP}), para establecer el financiamiento anual de estos, tomando como base de cálculo el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Por ley, los partidos políticos en México tienen derecho a recibir financiamiento público equitativo para el desarrollo de las siguientes funciones: 1) sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; 2) gastos de campañas, y 3) actividades específicas como entidades de interés público. El monto total del presupuesto asignado se establece anualmente multiplicando el número total de personas inscritas en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA) (^{Cámara de Diputados, 2020}).

Lo anterior cobra mayor relevancia en virtud de que México es el país de América Latina que más dinero público destina a los partidos políticos (^{Valdez y Huerta, 2018}). Esta situación da lugar a interrogantes, pues al observar las variables ya mencionadas queda claro que la representatividad es una tarea pendiente del sistema de partidos y, en sí, del sistema político mexicano.

No obstante, en ocasiones se ha argumentado que el alto presupuesto público de los partidos políticos mexicanos está orientado al fomento de la participación democrática. Tal orientación es falsa, ya que, como se observa en la gráfica 3, de 1994 a 2018 el financiamiento público a partidos políticos aumentó 120.16 por ciento y la participación ciudadana disminuyó 14 por ciento, como se muestra en la gráfica 4.

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Gráfica 3 Financiamiento público a partidos en elecciones federales, 1997-2018 

Fuente: elaboración propia con datos del INE.

Gráfica 4 Participación ciudadana en elecciones, 1991-2018 

Cabe resaltar que los partidos políticos reciben recursos tanto por el registro nacional como por el estatal. El INE y cada OPL de las 32 entidad federativa contemplan en su presupuesto una cantidad que se dirigirá a la distribución del financiamiento público, nacional o local, según sea el caso, para el gasto ordinario, actividades específicas de los partidos políticos y campañas.

Si bien el presente estudio se centra en el financiamiento asignado en el año 2020 a los partidos políticos con registro nacional, es importante mencionar el financiamiento general de estos, en el ámbito federal y en el estatal, con base en los 32 acuerdos publicados en el primer trimestre del año por los OPL. Estos señalan la asignación, en conjunto, de 4 812 565 166.63 de pesos a los 49 partidos que cuentan con registro estatal.

Asimismo, con soporte en el Acuerdo INE/CG348/2019 (^{INE, 2019}), en el mismo periodo se otorgó a siete partidos con registro nacional la cantidad de 5 239 001 651.00 de pesos. En conjunto, como se muestra en el cuadro 1, el Estado mexicano destinó a los partidos políticos 10 051 566 817.63 de pesos, cantidad moderada si se considera que 2020 fue un año con poca carga electoral, pues solo Hidalgo y Coahuila llevaron a cabo elecciones. En años con una cantidad importante de comicios el financiamiento tiende a ser mayor.

Fuente: elaboración propia con datos del INE

Cuadro 1 Financiamiento a partidos políticos en México, 2020 

Hay que mencionar, además, que MORENA es el partido que mayor financiamiento obtuvo tanto de origen federal como estatal en 2020, seguido por el PAN y el PRI. Estos tres partidos recibieron, en conjunto, el 67.53 por ciento del financiamiento público total, mientras el restante 32.57 por ciento se destinó a los otros 46 partidos con registro, ya sea en una entidad federativa o en la esfera nacional.

La situación se agudiza al comprobar que los siete partidos con registro nacional obtuvieron el 96.16 por ciento del financiamiento total para partidos destinado en el año 2020 en México, mientras los 42 restantes que solo cuentan con registro estatal accedieron únicamente al 3.84 por ciento de dicho presupuesto. Por lo anterior, es necesario reflexionar acerca de las posibilidades reales que tienen los partidos políticos locales de competir por integrarse a la toma decisiones.

Ante dicha situación, se hace evidente que la competencia no es pareja para todos. Los partidos pequeños y locales deben centrarse en la obtención del favor de los electores para subsistir. En la medida que más personas se sumen, a través de su voto, a sus proyectos mayor financiamiento obtendrán estos partidos y podrán incidir en la toma de decisiones.

Sin embargo, este no deja de ser un ejercicio analítico que se limita al contexto nacional. Por ello, para estudiar en profundidad el financiamiento de los partidos políticos en México es pertinente revisar la situación de otros países con contextos medianamente similares, que no distan demasiado en el funcionamiento del sistema electoral. Para tal propósito, se hace una comparación entre los partidos políticos con registro nacional en México, Argentina y Brasil, países considerados como las economías más fuertes de América Latina, que, a su vez, junto con Colombia, tienen el mayor número de habitantes en la región y un sistema electoral de competencia entre partidos que acceden a financiamiento público.

Comparativa México-Brasil

Brasil es considerado por el ^{Banco Mundial (2020}) como la economía más grande de América Latina. Es el país más amplio en superficie de la región y ocupa el primer lugar en número de habitantes, superando a la nación mexicana, que se encuentra en segundo lugar tanto en el nivel económico como en el demográfico y en tercer lugar en extensión territorial.

Al igual que México, Brasil efectúa sufragios para elegir a sus autoridades en los niveles federal y local. La participación para ocupar un cargo es a través de partidos políticos, que se encuentran regulados por el Tribunal Superior Eleitoral (Tribunal Superior Electoral). Este Tribunal determina el registro y el financiamiento de estos partidos. Sus electores también están inscritos en un padrón electoral, el cual, de acuerdo con el último registro, en 2018 se integraba por poco más de 147 millones de personas.

En Brasil, los partidos políticos con registro nacional son financiados de manera pública a través del Fundo Partidário (Fondo Partidario), que se encuentra establecido en los artículos 17 y 14 de la Constitución Federal Brasileña. Para 2020, la Ley número 9.096/95, emitida por el Tribunal Superior Electoral (^{TSE, 2020b}), aprobó la cantidad de 837 055 146.06 de reales, que en moneda estadounidense equivalen a 145 406 175.25 dólares, que son repartidos utilizando criterios similares a los del contexto mexicano.

En Brasil, a pesar de que 33 partidos cuentan con registro nacional, solo 23 tuvieron derecho a financiamiento público a inicios de 2020, por lo que la cantidad mencionada fue repartida entre estos. Al igual que en Argentina, existen coaliciones de múltiples partidos para participar en las elecciones, tal es el caso del frente Brasil y Dios por Encima de Todo, que agrupaba cuatro partidos políticos y cuyo candidato, Jair Bolsonaro, resultó electo en 2018 como presidente de esta nación. (TSE, 2020).

En Brasil, el número de partidos políticos con registro nacional que reciben financiamiento público triplica la cantidad de los que existen en México. Por esta razón, cabe observar la diferencia entre los financiamientos públicos en una comparación de la nación mexicana con un país que tiene un padrón electoral más grande y una mayor cantidad de partidos.

Al replicar el ejercicio comparativo anterior, pero ahora tomando el financiamiento brasileño, tenemos que lo destinado por este gobierno a los partidos públicos correspondió a 145 406 175.25 dólares, mientras en México se destinaron 247 706 933.85 dólares. Por lo tanto, en Brasil se otorga a los partidos políticos el 58.70 por ciento de lo asignado a los partidos mexicanos.

Si bien la diferencia de financiamiento no es tan grande como con respecto de Argentina, no deja de ser significativa, pues el partido político que menor cantidad de presupuesto público recibió en México, es decir, el PT, obtuvo 18 516 468 dólares, suma mayor que la recibida por el partido con mayor financiamiento en Brasil, de 17 094 891.44 dólares; este es el Partido Social Laboral, donde milita el actual presidente de Jair Bolsonaro.

A la vez, a pesar de que en Brasil existen 26 partidos más que en México, su financiamiento público es equivalente a menos de las dos terceras partes de la cantidad destinada por el INE a los partidos políticos mexicanos, lo que expresa un contraste si se toma en cuenta que la nación brasileña tiene un padrón electoral que casi duplica al mexicano.

Otro punto que analizar es la participación ciudadana. De acuerdo con el ^{TSE (2020a}), el 78.70 por ciento del padrón electoral brasileño acudió a las urnas en la segunda vuelta electoral de 2018, mientras el abstencionismo fue de 21.30 por ciento, proporción menor que la observada en México.

Es importante analizar si el financiamiento público de los partidos políticos mexicanos es excesivo, pues, como lo demuestra la gráfica 5, Brasil, en comparación con México, cuenta con un gran número de partidos políticos (4.7 veces más), que reciben menor financiamiento público (1.7 veces menos) y, aun así, tiene mejores niveles de participación ciudadana.

Fuente: elaboración propia con datos de INE, TSE y OPE

Gráfica 5 Financiamiento público de partidos políticos en Argentina, Brasil y México 

La comparación anterior hace evidente que en México, con respecto de Argentina y Brasil, el ejercicio electoral nacional tiene menor representatividad, un alto nivel de abstención y un mayor financiamiento público para partidos. Esto demuestra que el excesivo financiamiento público de los partidos políticos en México no va de la mano con la idea de que este corresponde a altos niveles de representatividad, pues existe un problema que se refleja en la poca confianza del electorado a la hora de ejercer su voto.

Representatividad y abstencionismo

Lo dicho hasta aquí demuestra que en México existe una crisis de representatividad que debe ser atendida, pues el elevado financiamiento público de los partidos políticos, además de ser el más alto en América Latina (^{Valdez y Huerta, 2018}), no ha contribuido a que estos actúen en pro de una mayor participación en los ejercicios electorales. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (^{IDEA, 2020}), la nación mexicana registra el mayor nivel de abstención del continente.

El Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (^{IILSR, 2001}) contempla la participación ciudadana como un elemento fundamental para la democracia. Esta participación no se ha conseguido a causa del abstencionismo y la poca confianza de los electores en los partidos políticos. De este modo, se hace patente la necesidad de implementar en México nuevos mecanismos en pro de la democracia, pues la participación electoral ha disminuido y el presupuesto a partidos ha aumentado (^{Castellanos, 2017}). Esta situación no guarda correspondencia con la representatividad, lo cual tiene como consecuencia una relación desproporcionada.

Si bien el abstencionismo es un fenómeno de múltiples causas, se debe considerar como una de ellas la posibilidad de que la ciudadanía no se sienta representada por ningún partido político actual. Sin embargo, la reducción del financiamiento público para los partidos políticos en proporción con el abstencionismo sería un ejercicio erróneo, puesto que se contemplarían elementos como la desidia o la omisión.

En este sentido, lo correcto sería reconocer y legitimar la inconformidad política de quienes no se sienten representados. Una de las alternativas podría ser valorar el voto nulo; de esta manera, pasaría a ser considerado como voto blanco,³ que sería una opción consciente para el elector que no está de acuerdo con ninguno de los candidatos que participan en una elección.

Una forma de darle valor es convertirlo en un elemento de representatividad, en la que el electorado tenga la oportunidad de expresar que no se identifica con ningún partido o candidato, y en la medida que esta tendencia se haga evidente, se proseguiría a la disminución del monto de financiamiento de los partidos políticos. De esta manera, si hubiese un seis por ciento de ciudadanos con voto blanco, quedaría claro que los partidos no representan dicho porcentaje, por lo que su financiamiento público anual se reducirá en la misma proporción.

En consecuencia, si en México se toma como válido el principio de representatividad a la hora de otorgar financiamiento público a los partidos políticos y, además, se considera que estos deben obtener, de acuerdo con el artículo 41 de la CPEUM (^{Cámara de Diputados, 2020}), por lo menos el tres por ciento de la votación total emitida para conservar el registro, entonces, la figura del voto nulo, que en promedio corresponde al 3.43 por ciento del padrón del INE, debería tener un impacto en el proceso electoral.

La excesiva cantidad de dinero a la que acceden los partidos políticos en México, la representatividad limitada que estos obtienen en elecciones y la poca confianza de la ciudadanía en dichas instituciones (^{Arredondo et al., 2021}) hacen que la opción de impacto gire en torno a la reducción del financiamiento público de los mismos partidos.

Conclusiones

A pesar de que hoy existe mayor pluralidad, que se refleja en el NEP, pues por la composición del Congreso tras las elecciones federales de 2018 es el más alto en la historia del país, los partidos políticos, vistos como vehículos de las voluntades de las personas, no han logrado representar a un importante porcentaje de la ciudadanía. Ante esta situación se han hecho esfuerzos como el de 2015, cuando se aprobó la participación de candidatos independientes en las elecciones.

En este sentido, el hecho de que más partidos políticos intervengan en la toma de decisiones no significa que la ciudadanía vea representada su voluntad a través de los mismos partidos. El sistema de partidos se percibe como una estructura que limita la participación de otros actores en los asuntos político-electorales, ya que el nivel de participación ciudadana en elecciones federales ha disminuido en los últimos años. De igual modo, es muy baja la confianza de las personas en los partidos políticos. En contraste, el financiamiento público de los partidos y el abstencionismo han aumentado.

En consecuencia, es lógico inferir que la representatividad no es un elemento que preocupa al sistema de partidos, pues pareciera que mientras menos voluntades convocan reciben más dinero. De continuar así, solo se fomentará una democracia polarizada, en la que los partidos políticos serán cada vez más robustos y cerrados, en la que los intereses que representan serán únicamente los de su militancia, y no los de la sociedad en general.

En América Latina, los partidos políticos mexicanos son lo que reciben más dinero público. Al mismo tiempo, son una de las instituciones que tienen menos confianza ciudadana. Su financiamiento está calculado en función del total de personas que forman parte del padrón electoral; sin embargo, en los últimos veintinueve años, en promedio, han representado únicamente una opción para el 58.7 por ciento de los integrantes de este padrón.

En cifras simplificadas, cuatro de cada diez mexicanos no tienen interés en participar en los procesos electorales federales por distintos motivos. Es importante contemplar la posibilidad de que su participación sea limitada por la poca confianza en los partidos. Entonces, es relevante darle valor a la inconformidad ciudadana.

No obstante, es necesario cambiar la dinámica actual del proceso electoral mexicano y del sistema de partidos entendiendo que no existen soluciones definitivas de esta problemática, pero sí coadyuvantes -como el voto blanco- que fomentarán la participación ciudadana, a fin de que el financiamiento público de los partidos políticos se justifique como una recompensa por la representatividad de estos.

La reducción del financiamiento público de los partidos políticos en México podría ser una manera de fomentar la confianza ciudadana en el proceso electoral. Asimismo, obligaría a los partidos a racionalizar su gasto. Por último, generaría un equilibrio con base en la situación social y económica del país, pues la manutención de este tipo instituciones debe justificarse a través de una mayor participación e interés de la ciudadanía en la toma de decisiones.