Introducción

Referir a la población afrodiaspórica o afrodescendiente en México durante los últimos cinco años es un tema complejo compuesto por una serie de estructuras supranacionales y estatales que oscilan entre el reconocimiento estatal de la multiculturalidad afromexicana, y los ejercicios de administración y exterminio político de los afromigrantes. Estas dos dimensiones están permeadas por el amalgamiento de ciertas estructuras raciales de discriminación que han caracterizado tanto la razón de Estado del Estado mexicano contra grupos migratorios racialmente definidos, como los esquemas de discriminación cotidiana contra los cuerpos negros que caracteriza a las sociedades latinoamericanas enmarcadas en el mito fundacional de las naciones mestizas (^{Gómez, 2011}).

Para analizar estas estructuras, el sujeto afrodiaspórico país puede dilucidarse desde dos tipos de sujetos:

Ambos han desplegado una serie de agenciamientos para hacer uso o evadir las estructuras de contención y administración desplegadas sobre su diferencia.

Con base en lo previamente expuesto, el presente texto aspira a responder a las preguntas ¿cuáles son las paradojas políticas que experimenta la afrodiáspora en México en el periodo 2015-2020? ¿Cuáles son los tipos de agenciamientos de los afromexicanos y afromigrantes frente a estas paradojas?

Breve historia de la afrodiáspora en territorio nacional en el periodo 2015-2020

El escenario político de reconocimiento multicultural de la población afrodescendiente, afromexicana o negra, se consolidó demográfica y estadísticamente con su reconocimiento en la Encuesta Intercensal llevada a cabo en el 2015, la cual, dotaba de una personalidad sociodemográfica a toda persona que se reconociera, de acuerdo con sus costumbres u orígenes afromexicano, afrodescendiente o negro.³ Paralelamente, la lucha de diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, en diferentes puntos de la República como Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, la Costa Grande de Veracruz, Ciudad de México y Coahuila, avanzaba hacia el reconocimiento jurídico que plantearía el primer momento de visibilidad histórica política y cultural.

Paradójicamente, en el mismo año, producto de los recambios en el Sur Global (Heriberto & Brigel, 2010) en donde Brasil impulsaba un cambio en su política internacional de asilo migratorio amparada por el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff acompañado de una crisis económica, una parte importante de la afrodiáspora haitiana radicada en este país optaría por una ruta alternativa que los llevara a Estados Unidos de América o incluso a Canadá. Esto forzaba un escenario de tránsito en territorio mexicano. Si bien Estados Unidos históricamente se ha posicionado como país destino para los ciudadanos haitianos (^{Garbey, 2017}), los recambios políticos de la región sumarían un número importante de potenciales nuevos migrantes.⁴

Fue a partir de esos tránsitos masivos que entre 2015 y 2018 más de 50 000 migrantes haitianos -también llamados afronegros haitianos (^{Duffard, 2016})- se habían asentado en el territorio nacional (^{Melgoza, 2018}). Según fuentes oficiales entre 2016 y 2017 habían ingresado 36 000 migrantes (^{Paris, 2018}) contabilizados principalmente en las fronteras de Tijuana y Mexicali, para ellos “solo se emitieron algunos permisos de permanencia bajo el estatus de refugiado” (^{Coello, 2019, pág. 15}). Ya en 2019 fuentes oficiales estimarían una disminución importante con la llegada de más o menos 9 000 entradas (^{Vela, 2019}). El año 2018 se posicionaría como el año más trascendente para la migración haitiana.⁵

Ese mismo año, en el mes de abril, en la frontera entre México y Guatemala, hizo su aparición la primera ola de La Caravana Migrante también nombrada Éxodo Centroamericano,⁶ compuesto por grupos humanos (cerca de 7 000 personas que conformaban la primera) provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, con un objetivo definido: tocar territorio estadounidense. Aunque México tuvo una entrada entre los años 2015 y 2017 de alrededor de medio millón de migrantes anuales centroamericanos provenientes de los mismos países (^{Castillo, 2018}), el énfasis político de esta movilización masiva impulsaría una lectura más profunda del fenómeno migratorio en la región.

Este éxodo generaría importantes tensiones sociales en la frontera de Tapachula, al sur de México, que pueden sintetizarse en una fuerte contención militar de los grupos humanos conformados por hombres, mujeres e incluso niñas y niños que modificaban sustancialmente el perfil migratorio histórico.⁷ El desarrollo de esta contención culminó en la deportación de muchas familias, y el ingreso de algunas otras que comenzaron una travesía con dirección al norte del país. La Ciudad de México se planteó como un espacio de tránsito en donde distintas organizaciones creaban un plan de apoyo humanitario para asesorarles de forma individual y colectiva.

A pesar de que no es posible asumir toda la población que compuso las caravanas migrantes como población afrodescendiente, es innegable que existían, y siguen existiendo, algunos elementos afro-raciales⁸ importantes. Por ejemplo, los garífunas hondureños que componían la caravana,⁹ o aquellos ciudadanos guatemaltecos u hondureños afrodescendientes que transitaban y que dadas las condiciones políticas del momento era difícilmente matizable su autoidentificación afro.

Casi un año después de este boom migratorio, en julio de 2019, por fin se daría en México el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente, dotándolos de una visibilidad como parte de la franja diferencial multiétnica de la nación. La composición multicultural de México radicaría entonces en su composición indígena y afrodescendiente con la modificación del artículo 2° Constitucional que incluye a toda persona autorreconocida en los etnónimos impulsados por la sociedad civil (^{Bracamontes, 2020}) de los cuales solo algunos fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) bajo el principio de autoidentificación que caracteriza la política de ciudadanía de los Estados liberales.

En el mismo año y en el mismo mes en que sucedió este reconocimiento del sujeto afromexicano, más de 9 000 migrantes haitianos que habían logrado penetrar la frontera sur y habían superado el tránsito por el territorio nacional, se encontraban varados en la frontera norte de Tijuana en donde el gobierno local impulso un efímero marco de asilo legal y protección política, como la emisión de salvoconductos (^{Gómez, 2019}). No obstante, muchos ciudadanos expresaban una serie de atropellos y violencias experimentadas mediante abusos físicos y violencias verbales ejercidos por la policía y por algunos ciudadanos mexicanos (^{Gilet, 2019}).

Para este año, el Estado mexicano no solo se encargaba de contener a la población haitiana y centroamericana; también se encargaría de una ola considerable migrantes africanos que arribaban al país a través de la frontera sur. Contrario a las poblaciones que históricamente han atravesado el territorio nacional -como lo es la población centroamericana- la migración africana se ha posicionado como una población emergente en los últimos cinco años.

El registro histórico de la población migrante proveniente del continente africano desde el 2007 hasta el 2015 oscila entre 207 (^{Escrich, 2013, p. 10}) y 406 migrantes anuales (^{Solis, 2019}). Estas cifras son mínimas en comparación con los aproximadamente 2 600 migrantes africanos contabilizados en 2016, o los 4 900 que ingresesaron hasta el mes de septiembre de 2019.

Una muestra clara de la emergencia de esta población es que, paralelo al proceso de contención de la población centroamericana, en agosto del 2018, alrededor de 812 africanos se encontraban varados en la misma frontera en Tapachula, Chiapas, en espera de un permiso de visado que les permitiera salir del país “al destino que ellos quisieran” (^{Aristegui, 2018}). Los orígenes de estos grupos, El Congo, Angola, Siberia, Sierra Leona, Ghana y Senegal; su aspiración, Estados Unidos de América.

Con base en esta movilización masiva emergente, el Instituto Nacional de Migración contabilizó en 2019 alrededor de 6 000 migrantes africanos en el país. Estos grupos provenían de Sudamérica y de República Dominicana en el Caribe, con una dinámica de tránsito muy similar a la llevada a cabo por la población haitiana: Sudámerica/Centroamérica-Norteamérica.¹⁰ En octubre de este mismo año, las autoridades mexicanas habían dejado de emitir los permisos de tránsito que colocaba a aquellos varados en la frontera sur en una condición de desamparo jurídico.

A partir de este mínimo balance, se puede destacar un pico migratorio de la afrodiáspora en los años 2018 y 2019. En estos dos años, los tres grupos identificados que conforman el sujeto afromigrante compartían el interés por llegar al Norte Global (De la Paz, 2006), sin embargo, la fuerte política migratoria de Barack Obama, fechada en 2016 y recrudecida con el endurecimiento de las fronteras de la administración de Donald Trump, llevaron a una encrucijada a los afromigrantes reduciendo su panorama a tres posibilidades: permanecer en territorio nacional a la espera de algún tipo de visado que les permitiera entrar a Estados Unidos ya sea en calidad de refugiados; buscar medios de repatriación y regresar a su país destino; u optar por México como destino final amparados en la idea de una posible política migratoria progresista y amable con la afrodiáspora del recién llegado presidente Andrés Manuel López Obrador.¹¹

Realizar hoy un balance veraz de cuántos se fueron y cuántos se quedaron es un ejercicio complejo ya que los grupos humanos no han permanecido estáticos. Además, toda la atención del Estado se ha orientado hacia la coyuntura que representa la Pandemia COVID-19 y las dificultades investigativas y logísticas que de ella emanan. No obstante, siguiendo algunas cifras del año 2019 y primeros meses de 2020, hoy oficialmente existen alrededor de 100 000 ciudadanos haitianos en territorio nacional,¹² de los cuales, solamente 18 000 cuentan con algún tipo de permiso legal temporal de permanencia. Por otra parte, existen alrededor de 150,000 migrantes provenientes de Centroamérica (^{González, 2019}), de los cuales, siguiendo los análisis de Torre Cantalapiedra (2010), se estimarían alrededor de 2 000 afrodescendientes entre ellos. Del otro lado existen 5,600 africanos contabilizados para finales de 2019.

Teniendo en consideración las inconsistencias que pueden presentar estos datos, si sumamos 1 381 853 de ciudadanos mexicanos que se auto reconocieron en la encuesta intercensal como afrodescendientes, afromexicanos o negros¹³ y, a reserva de los resultados del censo 2020 así como el parcial desconocimiento de la autoidentificación de los afromigrantes referidos, estimaríamos para el año 2020 alrededor de un millón y medio de afrodescendientes que componen la afrodiáspora en México.

Con base en estos elementos, a continuación, expongo el análisis conceptual que me permite analizar las paradojas estructurales -desde las coordinadas políticas hasta los ejercicios típicamente racistas contra estos sujetos- así como los tipos de agenciamientos existentes.

Paradojas multiculturales en México: entre la visibilidad y la invisibilidad de la afrodiáspora

El multiculturalismo es definido clásicamente como “las estrategias y políticas adoptadas para gobernar o administrar los problemas de la diversidad y la multiplicidad en los que se ven envueltas las sociedades políticas (^{Restrepo, 2010, p. 583}). Desde una perspectiva crítica, el multiculturalismo opera mediante la exaltación de los valores y las culturas plurales mientras que “del otro lado, profundiza las formas más arcaicas de odio racista hacia el Otro, hacia el diferente, lo cual hace que la actitud tolerante racional sea absolutamente impotente” (^{Villarreal, 2013, p. 14}). Estas políticas multiculturales, desde su definición clásica y crítica, han caracterizado los últimos treinta años de América Latina y se han reflejado en el interés de los Estados-nación por construir un discurso plural y diverso que reconozca e integre, en el mejor de los casos, a las movilizaciones y luchas políticas indígenas y afrodescendiente amparadas en los convenios internacionales ratificados por la mayoría de los países de la región más desigual del mundo (^{De Ferranti, 2004}), y en la agenda internacional contra el racismo, la xenofobia y todas las formas conexas de discriminación que ha puesto en cuestión el carácter monoétnico de muchas naciones que mitificaban la existencia de esas prácticas.

Sostengo para el desarrollo de mi argumento central que, el multiculturalismo en México ha asumido un papel paradójico frente a la afrodiáspora a través de un aparato político de reconocimiento jurídico de la diferencialidad étnica, sin profundizar en la complejidad social y geopolítica que representa el territorio y que no es superada con el elogio de la diversidad (^{Díaz, 2007}).

Etimológicamente la palabra “paradoja” proviene de la conjunción “contra” (para) y “opinión” (doxa), y es definida clásicamente como una “figura del pensamiento utilizada para revelar razonamientos que están en aparente discordancia” (^{Saavedra, 2017, p. 211}). Siguiendo este análisis, una paradoja en las ciencias sociales encadena la circulación de preguntas y hallazgos en torno a asuntos idóneos de controversia. La discordancia paradójica, es decir, el no consenso, necesita una condición comparativa entre dos elementos (^{Amat, Estivalis y Martí, 2015}) así refieran el mismo sujeto en cuestión situado entre las condiciones discordantes. Para nuestro caso, el sujeto afro compuesto por la multiplicidad demográfica expuesta.

Este está enmarcado epistemológicamente en lo que muchos teóricos del devenir negro han nombrado afrodiáspora. Esta puede ser definida como la gran comunidad de personas, o como las redes de personas “sin un territorio definido pero que comparten una ancestralidad africana común” (^{Valero, 2015, p. 87}). Esa ancestralidad común los dota de una conciencia política sobre su ser/hacer valiéndose de los capitales sociales y políticos alcance.¹⁴ Defino el capital político como “La participación de los agentes en el campo del poder -Estado- […] observado también como la dotación de poder (entendido como potencial transformador) que los agentes tienen” (^{Colorado, 2018, p. 3}).

Tanto los afromexicanos como los afromigrantes pueden identificarse en una condición política de agenciamiento siguiendo las cinco características analizadas por ^{Arias y Villota (2007)}:

Como sujetos políticos orientados por estas características, el sujeto afromexicano y el sujeto migrante tanto centroamericano como caribeño y africano, se valieron en este periodo del capital a su alcance en momentos específicos enmarcados en una estructura política y geopolítica más grande que operaron como los campos de acción para la movilización de dichos capitales. Me refiero tanto a los intereses de los primeros por su reconocimiento constitucional, como a las decisiones políticas de tránsito y de permanencia temporal o final en el territorio nacional de los segundos.¹⁵

El agenciamiento del sujeto afromexicano, también conceptualizado como agenciamiento etno-político (^{López, 2019}), se presentó en momentos de resistencia tanto de las organizaciones locales para lograr su visibilización histórica, como en la lucha por reivindicar su diferencialidad e incluso por enfatizar las violencias estructurales que los han construido como poblaciones históricamente vulneradas habitando comunidades rurales marcadas por profundas desigualdades socioeconómicas recrudecidas por el desamparo por parte del Estado (^{INEGI; CNDH; CONAPRED, 2016}).

El agenciamiento del sujeto migrante se presenta como una estrategia (^{Arribas, 2018}) ante las dificultades administrativas que puede volverse un trámite inviable para su condición de “indocumentado”. Esta inviabilidad puede formar parte del control migratorio desplegado como un dispositivo de gubernamentalidad que controla los flujos humanos -previniendo para este caso la llegada a territorio estadounidense- y no necesariamente los favorece. Esto puede responder parcialmente a la pregunta ¿por qué, aunque existen mecanismos legales para el acompañamiento de los inmigrantes, estos siguen optando por estrategias ilegales como los coyotes?¹⁶ Para responder de forma política a esto, es precisamente en el orden de lo legal en donde el agenciamiento puede verse gubernamentalizado y neutralizado (^{Coello, 2019}).

En el recorrido histórico que conforma la primera parte de esta investigación, puede constarse que, mientras avanzaban en lo político las sugerencias y acciones de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y algunos entes gubernamentales en el reconocimiento del nuevo sujeto afromexicano, afrodescendiente o negro, los efectos castrenses del ejército desplegados en la frontera sur así como la instauración de geopolíticas mayormente restrictivas y contradictorias con el perfil del gobierno en turno, mostraban la verdadera razón soberana de Estado. Desde esa contención física de los migrantes centroamericanos y africanos¹⁷ podemos entender un ejercicio típicamente racista.¹⁸

Esos elementos típicamente racistas no solo pueden ser analizados desde la contención física o los ejercicios de administración biopolítica que se hace del afromigrante (Foucault, 2003), sino también desde la producción discursiva del enemigo incómodo que atenta contra el cuerpo nacional en su calidad de extranjero ilegal difundida en los medios tradicionales y las redes sociales; esta producción, así como su trascendencia para la comunidad nacional, puede rastrearse con algunos de los comentarios expresados por usuarios de plataformas digitales como Facebook y YouTube a través de afirmaciones como: “Devuélvanse a su país” “Pinches negros ¿qué hacen aquí?”. Es en estos espacios virtuales donde se expresa la instauración y la reproducción de los discursos de odio que pueden convertirse en la justificación perfecta de las violencias ejercidas contra estos grupos humanos e incluso contra la población afromexicana.¹⁹

Mientras la visibilidad histórica del sujeto político afro en México se convertía en una realidad y la noticia tenía presencia en algunos medios de comunicación nacionales -e incluso internacionales-, en la frontera norte la invisibilidad de la población afromigrante varada, así como la multiplicación de los riesgos necropolíticos que caracterizan la economía gore en las fronteras (^{Valencia, 2012}), también lo eran.

A pesar de que el Gobierno Federal otorgó la calidad política de refugiado para algunos afromigrantes (^{CNN Español, 2020}), y que el gobierno local en municipios como Tijuana y Mexicali asumieron el costo político por la presión de las organizaciones nacionales e internacionales, en la frontera, la ausencia de un idioma nativo²⁰ además de los costos necropolíticos de los cuerpos racializados como negros en América Latina (Vergara, 2010), volverían del afromigrante un enemigo indeseable para el país multicultural.²¹

A reserva de la veracidad estadística que puedan tener las cifras expuestas, concluyo con dos tipos de riesgos que considero merecen ser tomados en consideración en toda investigación afromexicana 1) el desconocimiento ideológico como sujetos nacionales que afecta tanto a los afromexicanos como a los afromigrantes y 2) la fuerte presencia de las necroprácticas en las fronteras que multiplican los riesgos para ciertos cuerpos definidos bajo una lógica en coordenadas de género y lo que históricamente se ha construido en la región como raza (^{Wade, 2000}).

Sobre el primero, la profunda lógica del mito mestizante que ha reproducido la invisibilidad de ciertos grupos nacionales y extranjeros, así como su trascendencia en lo cultural y en lo político “innegablemente sigue vigente” (^{Velázquez, 2011, p. 13}). Este discurso mestizo presente en otros países de la región como Perú o Colombia (^{Wade, 2003}), entre muchos de sus efectos, ha reproducido las subjetividades nacionalistas que desconocen el elemento afro en el país y ha coadyuvado en la reproducción de las vulnerabilidades de ambos sujetos por el parcial desconocimiento de su diferencia. Los efectos de este primer elemento para los nacionales habrían sido superficialmente resueltos en este último año con su reconocimiento jurídico, no obstante, para los extranjeros, durante su tránsito y estadía, se mantienen fuertemente presentes y se pueden constatar en los reiterados momentos de discriminación racial cristalizados en prácticas de violencia física y verbal ya sea por ciudadanos mexicanos ya sea por instituciones estatales como la policía en sus distintos niveles (Solís, Número récord de migrantes africanos en la frontera de México-Estados Unidos, 2019).

Sobre el segundo elemento, la situación gore de violencia capitalista (situada en la circulación propia de los mercados transnacionales) que ha caracterizado el border mexicano y que ha encontrado en los cuerpos femeninos y otros racialmente definidos, sus más crudos efectos, multiplica los riesgos alrededor de la vida del afromigrante (^{Valencia, 2011}). En estas fronteras el multiculturalismo opera como un gran fantasma superado por las contradicciones económicas de lo legal y lo ilegal que caracteriza estos territorios.

Reflexiones finales

El Estado mexicano se presenta para la afrodiáspora como un ente paradójico de contención y administración política; mientras enaltece su diversidad cultural, despliega una serie de dispositivos de contención física y administrativa reproduciendo en el interior de sus entramados sociales y políticos prácticas de discriminación racial.

Es en el interior de estas dinámicas paradójicas que los afromexicanos y afromigrantes tienen que hacer uso de su agencia ciñéndose al marco legal vigente, o superando las estructuras legales inmediatas, o incluso evadiéndolas.²²

Si bien el escenario multicultural discursivo actual podría presentarse como favorable para afrodiáspora por el reconocimiento sociodemográfico y jurídico de los afromexicanos y por la fuerza que han tomado las organizaciones y movimientos civiles amparados por un panorama político discursivamente progresista que encabeza el gobierno en turno, en lo fáctico, los dispositivos de gubernamentalidad no contienen un carácter necesariamente esperanzador, ni en su ejercicio ni en los esfuerzos por combatirlo. Es esta la condición paradójica del Estado mexicano frente a la complejidad que evocan las estructuras nacionales geopolíticas que pusieron en cuestión, en los últimos cinco años, su capacidad de respuesta social y política frente a dos sujetos políticos.

En clave de racismo, el Estado mexicano ha operado, para los nacionales, desde la invisibilidad de los aportes históricos de los descendientes de africanos traídos durante el proceso de esclavitud y sus descendientes; para los extranjeros, desde la in-deseabilidad histórica que caracterizó la construcción de la identidad nacional (^{Yankelevich, 2007}) y que muestra su vigencia con la presencia de los discursos sobre el enemigo interno que atenta contra el cuerpo social mexicano. Ambos alimentan la pregunta cotidiana para el sujeto afro ¿y ustedes de dónde son? O ¿ustedes qué hacen aquí?

Ante este panorama paradójico es menester preguntarnos ¿cuáles son los retos gubernamentales frente a la complejidad afrodiaspórica ¿Es el principio multicultural una herramienta pertinente para combatir el racismo histórico y estructural que ha desatendido a estas poblaciones y que los coloca en un escenario adverso? Aún queda mucho por hacer.