1. Introducción

La elección de Argentina y Ecuador para efectuar la comparación de discursos radica en un conjunto de factores políticos, económicos y sociales que ambos gobiernos comparten. Entre los aspectos políticos, destaca la tendencia a justificar cierto estado de cosas, debido a la supuesta “pesada herencia” de los gobiernos progresistas. En el ámbito económico-social sobresale el establecimiento de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reedición de viejas recetas neoliberales vinculadas al achicamiento del Estado y la desregulación con el consiguiente crecimiento sostenido del desempleo y la pobreza, así como la precarización de las condiciones de vida de gran parte de la población. Asimismo, si bien las propuestas de gobierno, en ambos países han procurado enarbolar discursivamente las banderas de la unidad y la armonía; en algunas coyunturas nacionales específicas, se ha propiciado la estigmatización de los extranjeros pobres que residen en sendos países. De tal forma, se sedimenta la construcción y circulación de discursos de odio.

Este artículo sostiene que lo anterior remite a una operación política que pretende extremar las fronteras políticas con los “otros” en pos de apuntalar la idea de una “comunidad plena exenta de conflictos”. En este sentido, los inmigrantes pobres son excluidos del orden comunitario por estar frecuentemente asociados a la violencia y al desorden, pero más aún porque su presencia es capaz de poner en evidencia la existencia de las desigualdades sociales y económicas que estos gobiernos pretenden naturalizar e invisibilizar. En esa línea de interpretación, compartimos la perspectiva de Natalia Torres y Víctor Taricco, quienes afirman que los discursos de odio “son ataques dirigidos a personas o grupos de personas cuya forma de entender y habitar el mundo se visualiza como amenazante de un ordenamiento social (pre)existente idealizado”.¹

Bajo estas premisas, trabajamos sobre los discursos políticos de odio contra inmigrantes pobres que enuncian los presidentes, vicepresidentes y algunos ministros del gobierno argentino y ecuatoriano, y que, posteriormente, amplifican algunos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación. Ello nos permite observar la forma en que se configuran determinadas operaciones políticas tendientes a trazar una frontera con un “otro”. Asimismo, es posible apreciar que estas buscan apuntalar la construcción de un “nosotros puro” en el marco de una “comunidad plena exenta de conflictos”.

El enfoque en estos discursos de odio responde principalmente a tres factores. En primer lugar, a que se da menor relevancia a los discursos de odio generados “desde arriba”, es decir desde el plano gubernamental, en comparación con su abordaje en el marco de la sociedad civil. En segundo lugar, a que la emergencia de estas nuevas discursividades está íntimamente relacionada con el surgimiento y consolidación de prejuicios sociales, desde donde los sectores políticos ligados a la nueva derecha crean y justifican sus políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad. En tercer lugar, nos interesa examinar las formas mediante las cuales los gobiernos en turno de los países analizados han criminalizado a los inmigrantes pobres y los han identificado como los responsables de todos los males de la nación, en un contexto en el cual se han incrementado los flujos migratorios a nivel global.²

En cuanto a la metodología de trabajo, para la recolección de datos, se utilizan algunos discursos enunciados por los presidentes durante su gestión, así como declaraciones emitidas a la prensa, tanto de los primeros mandatarios como de ministros de sus gabinetes. También se consideran políticas públicas y medidas de gobierno que refieran a la cuestión migratoria, sancionadas a lo largo de sus respectivos mandatos.³ Para el análisis de los datos se utilizan herramientas propias de las teorías del discurso político y de la hegemonía, provistas por autores como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.

Asimismo, se procura identificar algunos indicios que permitan hablar de la configuración de discursos de odio. En esa línea, se han establecido algunas dimensiones y criterios clave de análisis: a) Contexto discursivo en el que aparece la mención a los inmigrantes (momento en que se los enuncia, y temas y problemas con que se los relaciona); b) Los modos y calificativos que se usan para referirse a ellos y, c) La relación que el Estado y el gobierno establecen con ellos, en tanto los consideran como adversarios por erradicar.

En lo que respecta a la organización del escrito, luego de esta introducción, el apartado número dos ofrece una revisión teórica sobre la categoría “discursos de odio”. Esta se focaliza en aquellos discursos políticos de odio, cuyo efecto no solo menoscaba la dignidad de las personas afectadas, sino que propicia episodios de violencia, que sirven como fuente de legitimación para el diseño de algunas políticas públicas. La tercera parte intenta vincular la proliferación de estos discursos con el ascenso de fuerzas políticas ligadas a las nuevas derechas en Argentina y Ecuador. El cuarto apartado caracteriza a estas gestiones por su aspecto pospolítico y su pretensión de invisibilizar la dimensión conflictiva de la política. Posteriormente, mostramos algunos ejemplos sobre el tratamiento discursivo que los gobiernos de Macri y Moreno desarrollan para con los inmigrantes pobres. Finalmente, y a modo de cierre provisorio, reafirmamos la importancia de estudiar la configuración de los discursos de odio. Así, es posible visualizarlos y generar conciencia de la magnitud que dichas expresiones adquieren cuando se formulan y reproducen desde las máximas instancias de gobierno, pues generan ambientes de intolerancia, discriminación y violencia.

2. Discursos de odio

La consolidación de las democracias suramericanas, después de largos años de permanencia de gobiernos civiles, elecciones regulares, afirmación de valores republicanos y luchas por la creciente expansión de derechos; parece contrastar con la proliferación de discursos de desprecio, desvalorización y estigmatización de determinados grupos y poblaciones. Esto último sucede tanto en el seno de la sociedad civil como desde las esferas del gobierno; tales construcciones discursivas podrían interpretarse como discursos de odio. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “discursos de odio”?

Resultan numerosas las aristas, disciplinas y actores dedicados a comprender la configuración de este tipo de discursos. La temática ha sido abordada, por ejemplo, desde diferentes marcos jurídicos vigentes (interamericano, europeo e internacional, además de la jurisprudencia norteamericana) y se ha acentuado el conflicto entre libertad de expresión y promoción de la igualdad. En esa línea, Jeremy Waldron señala que el elemento que sirve para distinguir un discurso de odio es su capacidad para atentar contra la dignidad humana, entendiendo por tal “el fundamento de una reputación básica que le permite ser tratado (en alusión al ser humano) como un igual en el curso ordinario de la sociedad”.⁴ De acuerdo con Waldron, el discurso de odio puede adoptar cuatro formas: a) La imputación general de la comisión de hechos ilícitos a los miembros de un grupo, como cuando se indica que todas las personas de color incurren en hurtos o violaciones; b) Mediante caracterizaciones que denigran a los miembros de la comunidad, como señalar que los judíos son avaros o maliciosos; c) Referirlos como animales o cosas, de modo que se prive a los miembros de la colectividad atacada de su condición de seres humanos; d) Mediante prohibiciones en atención a los rasgos definidores del grupo, por ejemplo, impedir la entrada de personas de color a sitios públicos.⁵

En un sentido semejante, Torres y Taricco definen los discursos de odio como “articulaciones discursivas que intentan impedir en el otro el ejercicio del derecho a la libertad y a la igualdad”.⁶ Para estos autores, el discurso de odio se considera como tal cuando se articula “en prácticas enunciativas de incitación a cometer actos violentos, que atentan contra la vida y la seguridad de una persona o grupo de personas”.⁷ No obstante, antes que privilegiar una definición jurídica, Torres y Taricco inscriben los discursos de odio como discursos sociales, es decir, “prácticas sociales sistemáticas, estructuradas y estructurantes de la subjetividad”⁸ que “articulan temores históricamente constituidos, prejuicios socialmente sostenidos y organizan una voluntad política de unificación sobre la eliminación de todo aquello que no se corresponda con cierta forma de entender y habitar el mundo”.⁹

Otros analistas, como Gustavo Kaufman, afirman que la expresión “discurso de odio” deriva de la traducción al español de hate speech, que deviene de hate crime para hacer referencia a “crímenes motivados por la pertenencia de la víctima a un cierto grupo social, por ejemplo, comunidades indígenas o gays y lesbianas”.¹⁰ La tesis de Kaufman sostiene que el odio es un sentimiento privado -que puede ser materializado mediante una manifestación de odio-. Este se encuentra enmarcado en la libertad de expresión siempre y cuando no se transforme en un odium dictum, es decir, “una expresión singular que denota un odio en particular”.¹¹

En la perspectiva de Gagliardone, Gal, Alves y Martínez, los discursos de odio constituyen enunciaciones que abogan por la incitación al daño (particularmente, discriminación, hostilidad o violencia), al identificar individuos que pertenecen a un determinado grupo social o demográfico. Esto implica raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, posiciones socioeconómicas, entre otras condiciones.¹²

Una definición aún más genérica es la de Yéssica Esquivel Alonso, para quien los discursos de odio incluyen “todas aquellas ‘expresiones peligrosas’ para la estabilidad del sistema democrático, entre las que encontramos ofensas, insultos y expresiones que discriminan a colectivos por condición de clase, género, color de piel, orientación sexual o etnia”.¹³ De acuerdo con Esquivel, lo que caracteriza a este tipo de discurso es su objetivo de “intentar esencialmente provocar una especie de dolor lingüístico a un sector poblacional determinado”.¹⁴

Retomando el trabajo de Eduardo Bertoni,¹⁵ quien distingue un discurso de odio por su objetivo y su intención, Esquivel plantea que el objetivo de un discurso de odio es servir como instrumento para atacar a un blanco determinado. Y, en este sentido, añade que este tipo de discurso “suele involucrar acciones variadas basadas en la destrucción del otro, a quien se identificará como ‘enemigo’”.¹⁶ Asimismo, señala como una de las principales características su apelación a la emoción, en detrimento de la razón.¹⁷

En definitiva, coincidimos con esta variedad de definiciones, pues enfatizan en que los discursos del odio ocasionan efectos nocivos sobre la persona o grupo de personas a los que tienden a estigmatizar. Esa marca los limita, a ellos y a su entorno, para desarrollar una vida en comunidad bajo un Estado que oficie como garante de derechos. Sin embargo, las definiciones mencionadas arriba no contemplan la existencia de aquellos casos en los cuales los discursos de odio se vuelven una herramienta o insumo para las estrategias de comunicación de los gobernantes. Como instrumento, estos discursos buscan sedimentar y difundir la idea de una comunidad armónica que es intimidada por la presencia amenazante de esos “otros”. Sobre el análisis particular de esta cuestión avanzaremos en los apartados siguientes.

Finalmente, a las diferentes perspectivas mencionadas, cabe agregar un factor de fundamental importancia para los casos de estudio: la influencia que ejerce el contexto en el cual surgen y circulan los discursos de odio, marcado básicamente por los efectos de la recesión económica y la creciente pérdida de derechos. En este sentido, consideramos que las situaciones de crisis y restricciones resultan escenarios propicios para que algunos sectores de la población comiencen a percibir -con cierta influencia de los medios de comunicación y direccionados por los señalamientos de los gobernantes de turno- que ese “otro” puede ser el responsable de ciertas carencias o ciertos problemas, por ejemplo, el aumento de la inseguridad, la falta de cupos en las escuelas, el desempleo, entre otros. Ello hace eco en las estrategias de comunicación gubernamentales que mencionábamos anteriormente, encargadas de incitar una determinada percepción de ese otro. En nuestro caso, se trata de percibir al inmigrante pobre, como aquel sujeto hostil que viene a competir y apropiarse de recursos que son escasos.

Por todo lo anterior, la proliferación de los discursos de odio en el contexto latinoamericano en general, y de Argentina y Ecuador en particular, hacia la segunda década del siglo XXI, se ha vinculado con los descontentos en torno al funcionamiento de la democracia. Así, se presentan percepciones negativas sobre el aumento de los niveles de corrupción y de delitos comunes, y se rechazan algunos cambios sociales que parecerían amenazar posiciones establecidas (el crecimiento de flujos migratorios, los avances en igualdad de género, entre otros). Estos descontentos y malestares ciertamente se acrecientan en un escenario de dificultades económicas y sociales, propias del cambio en el mapa político regional.

3. Cambios en el mapa suramericano. La emergencia de nuevas derechas en Argentina y Ecuador

Desde 2015, el mapa suramericano experimentó una reconfiguración de fuerzas políticas. Diversos analistas han coincidido en que estos cambios señalan la presencia de un “giro a la derecha” en el mapa regional. Pero, mientras algunas lecturas acentúan los rasgos análogos con las derechas de periodos históricos precedentes,¹⁸ otras interpretaciones han subrayado sus reconfiguraciones y novedades.¹⁹ En este escenario, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina y el de Lenín Moreno en Ecuador comparten algunos rasgos que no solamente permiten efectuar un ejercicio comparativo, sino que también permiten situarlos dentro de este giro a la derecha.

En primer lugar, ambas gestiones poseen un perfil “empresarial/tecnocrático”,²⁰ con lo cual destaca el creciente protagonismo que poseen los miembros directos de las élites empresariales. De esta forma, el comando del Estado recae sobre “miembros directos de las élites empresariales que -sin representantes o intermediarios- quieren hacer política”.²¹ En esa línea, los primeros mandatarios mantendrían su faceta como hombres de negocios, con amplia trayectoria en el sector privado e, incluso, con estudios en el ámbito del marketing y la economía.

En Argentina, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri pertenece a una reconocida familia del mundo empresarial; complementó su formación de ingeniero con distintos estudios de Economía y Finanzas en el país y en el exterior, y alternó su labor privada con su desempeño en la dirigencia futbolística. En el año 2007, llegó a convertirse en jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el signo de un partido político propio: Propuesta Republicana (Pro) y, desde allí, se proyectó a nivel provincial y nacional, hasta triunfar en los comicios presidenciales de diciembre de 2015, mediante la coalición política Cambiemos.²²

En el caso de Ecuador, Moreno fue presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha y director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Sin embargo, cabe notar una diferencia relevante referida la procedencia político-partidaria de ambos gobernantes. Mientras Macri se construyó como férreo opositor de los gobiernos precedentes (de Néstor Kirchner y Cristina Fernández), Moreno fue ungido como sucesor por el propio mandatario saliente, Rafael Correa. Además, entre 2007 y 2013, durante la primera y segunda presidencia de Rafael Correa, se había desempeñado como vicepresidente de la República. Así, mientras Macri venía a representar una ruptura con la década previa; Moreno se alineaba discursivamente -al menos durante la campaña electoral- con la continuidad.

La tendencia compartida a preservar la cercanía con las élites económicas se reflejó especialmente en la conformación de ambos gabinetes ministeriales, con fuerte presencia de funcionarios-empresarios, lo cual se ha popularizado como ceo-cracia. En Ecuador, el primer ministro de Turismo de Lenín Moreno fue Enrique Ponce de León, quien entre 2005 y 2017 se había desempeñado como director general de la cadena de hoteles Decameron Ecuador S. A., mientras que Pablo Campana, representante del grupo empresarial Nobis y uno de los holding más importantes del país, se desempeñó como ministro de Comercio Exterior. También Carlos Pérez, quien fue parte de empresas como la nasa, Schlumberger, Go International y Halliburton, actualmente con un patrimonio de 1.1 millones de dólares,²³ se desempeña como ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minas.

En Argentina, una investigación del Observatorio de las Élites Argentinas de la Universidad Nacional de San Martín,²⁴ para junio de 2018, reveló la participación de 269 funcionarios en 890 cargos en empresas privadas nacionales y extranjeras. Destaca el caso del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien fue ceo de la empresa petrolera Shell en su sucursal local, durante 12 años, manteniendo incluso acciones de esa compañía a lo largo de su gestión como ministro.

La preeminencia de funcionarios-empresarios también tuvo su influencia en la orientación que adquirieron las políticas públicas. Esto cuando se propuso atender a los asuntos públicos, siguiendo las lógicas del sector privado, e impulsar medidas económicas tendientes a profundizar la concentración de los ingresos en beneficio del capital. En este escenario, en ambos países, tuvo lugar una reedición de las recetas neoliberales de los años noventa: apertura comercial, desregulación financiera, endeudamiento externo, flexibilización laboral, ajuste del Estado, entre otras. Todas ellas profundizarían la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados.

En junio de 2018, Argentina concretó un acuerdo con el FMI por el cual el organismo giró 50 000 millones de dólares, lo cual constituyó el préstamo más grande en la historia del organismo. Un segundo programa originó un desembolso extra de 7100 millones de dólares. Por su parte, en marzo de 2019, el FMI aprobó el acuerdo con Ecuador por 4200 millones de dólares en tres años.

El objetivo expresado por el ministro de Economía, Richard Martínez, era “proteger el gasto social y el bienestar de las personas más vulnerables”.²⁵ Ambos gobiernos también aplicaron un programa de ajuste del Estado. En su decreto número 7, Lenín Moreno eliminó seis ministerios, entre los cuales se encontraban los siguientes: Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad; Sectores Estratégicos, de Seguridad, y de Conocimiento y Talento Humano. Mientras que Macri hizo lo mismo con trece ministerios, entre los cuales figuraban las carteras de Ciencia y Tecnología, Salud y Trabajo.

El correlato de estas medidas en el ámbito social estuvo relacionado con la agudización del deterioro de las condiciones de vida de la población: en Ecuador, el nivel de pobreza, en junio de 2019, alcanzó a 25.5% de los ecuatorianos, siendo la marca más alta de los últimos seis años. En Argentina, 2018 registró un incremento de la pobreza multidimensional, con lo cual se vieron afectados 23% de los hogares y 31% de la población.²⁶

A la par de estas medidas, también se debe considerar la utilización de otros cuantiosos recursos,²⁷ tanto económicos como simbólicos, que han sido empleados por estos gobiernos para ganar la adhesión de las clases medias y populares, con el fin de hegemonizar el proceso político. De allí que la construcción de hegemonía no se comprenda solo por la recurrencia a la fuerza ni exclusivamente por las victorias electorales, sino que atañe al despliegue de un arduo y constante trabajo político, cultural y mediático, que busca seducir a los más amplios sectores sociales. Ese proceso, por tanto, comienza mucho antes de que una opción política logre su triunfo en las urnas (o en el parlamento), y se extiende aún después de llegar al gobierno.

En este sentido, la construcción discursiva de los gobiernos en cuestión se presenta como un elemento clave para su caracterización y adquiere notoria importancia en el devenir de la disputa por la hegemonía. Así, se recuperan y resignifican legados e imaginarios previamente disponibles en cada contexto nacional, se delimitan las fronteras y se recrean nuevos sentidos a partir de lugares comunes, símbolos y frases emotivas.

En esa línea se inscribe nuestro interés por los discursos gubernamentales que tienden a estigmatizar a los inmigrantes pobres -especialmente de países limítrofes- como “otros”, a quienes se debe expulsar de la comunidad plena que pretenden construir. Justamente, son esos “otros” los que visibilizan la existencia de desigualdades y conflictos, cuestiones que, tal como profundizaremos a continuación, los nuevos gobiernos del giro a la derecha pretenden ocultar.

4. Pospolítica y construcción discursiva de las nuevas derechas

Un elemento característico de estas fuerzas políticas que conforman el giro a la derecha es la pretensión por soslayar o invisibilizar la dimensión conflictiva de la política, lo cual podría enmarcarse dentro de la denominada pospolítica.²⁸ Esta visión postula la necesidad de erradicar el conflicto de la sociedad, entendido como anomalía, para restablecer la armonía primigenia. De esta manera, las corrientes teóricas calificadas como pospolíticas procuran dar cuenta de los cambios que experimenta la política en un mundo posmoderno y globalizado. En este, los dispositivos de poder y control dejan lugar a una especie de consenso global-mediático capaz de propagar el bien común a través del diálogo y la razón.²⁹

La pospolítica defiende la idea de que los conflictos partisanos pertenecen al pasado, acusando en muchos casos a los gobiernos progresistas de la primera década del siglo xxi de haber profundizado la “grieta” y acentuado la conflictividad. Por el contrario, esta corriente afirma que nuestro tiempo se emplaza “más allá de la izquierda y la derecha”, “más allá de la hegemonía y el antagonismo”.³⁰

Reparando en los discursos de los gobiernos del “giro a la derecha”, es posible identificar esta pretensión por evadir el conflicto o, en otras palabras, situarse más allá de este y es en esa senda donde han apelado recurrentemente a la estrategia de “no-nombrar”.³¹ Al no nombrar un problema o sujeto se le niega su entidad, se le priva de su condición simbólica y su reconocimiento como una parte más que puede ser pensada, imaginada, dicha y transformada.

Así, por ejemplo, los presidentes referenciados evitan ahondar y hasta mencionar los problemas económicos y sociales. Cuando lo hacen, procuran minimizarlos o enajenarlos como cuestiones que derivan del contexto mundial. En este sentido, podemos señalar el mensaje pregrabado de Mauricio ^{Macri, en septiembre de 2018}:

Pero, después de dos años y unos meses la situación cambió, y en buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control […] Y, desgraciadamente, el precio del petróleo en el mundo aumentó; subieron las tasas de interés en Estados Unidos a un ritmo más rápido, al más rápido de los últimos años. Y China y Estados Unidos iniciaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro.³²

También esto sucede con la herencia de gobiernos anteriores, como es el caso de Lenín Moreno, quien un mes después de asumir la presidencia afirmaba:

“No podemos pretender que todo ha estado bien. No nos engañemos”³³ y hacía alusión a que “la mesa no estaba servida […] creo que se podría haber sido un poquito más mesurado al momento de dejar cuentas en mejores condiciones”.³⁴ Macri también apelaría a la “pesada herencia” en ocasión de su primera apertura como presidente de las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2016, afirmando que el gobierno anterior “mintió sistemáticamente”, “gastó más de lo que podía y generó inflación”, y dejó un país “lleno de deudas”.³⁵

Estos líderes dicen hablar con sinceridad y emocionalidad, desde la neutralidad que requiere la unidad para tomar distancia del pasado de polarización que caracterizaría al ciclo progresista. En su discurso de asunción, el presidente Macri manifestó “hablar desde el fondo del corazón” e hizo un llamado al “diálogo y a la unión”, postulando: “hoy se está cumpliendo un sueño, termina una época completa sin violencias [en la cual] millones de argentinos estaban cansados de la prepotencia y del enfrentamiento inútil”.³⁶

En Ecuador, Moreno, antes de llegar a la presidencia, en una carta filtrada a la secretaria ejecutiva del movimiento político Alianza pais, se cuestionaba “¿Qué nos ha alejado de algunas organizaciones de mujeres? ¿Qué nos ha alejado de sectores del movimiento indígena? ¿Qué nos ha alejado de algunos sectores de organizaciones ecologistas?”.³⁷ Tales aspectos luego serían claves en su estrategia de concertación social, denominada diálogo nacional. En la presentación de esta iniciativa, Moreno recalcaba: “El país nos necesita unidos, sin odios ni rencores. Es necesario reducir la conflictividad”.³⁸

En los discursos precedentes destaca, entonces, la pretensión por invisibilizar el conflicto, por no-nombrarlo. De ello derivan riesgos y equívocos porque la vida democrática se nutre de una pluralidad de intereses, demandas y valores contrapuestos. En palabras de Mouffe,³⁹ el objetivo mismo de la política en democracia es encauzar el conflicto derivado de estas diferencias, darle legítima expresión o curso; de allí que su eliminación sería imposible y su invisibilización, una operación sumamente riesgosa.

En este punto, vale tomar en cuenta la observación que señalan Mercedes Barros y María Marta Quintana en relación con estos “discursos de amor” que presentan a la vida en común como pura armonía, y a la política como espacio exclusivamente dialógico y racional, mientras se desarrollan conjuntamente con “discursos de odio”. Como correlato de la comunidad plena, se identifica a “otros otro que no comparten o que no logran ajustarse al ideal […] que reniegan del lugar que les toca en la distribución de las partes y que por ello son expulsados del diálogo, puesto que son percibidos como desagradecidos que no devuelven el amor que se les ofrece”.⁴⁰

De tal forma, en los casos que investigamos, los gobernantes consideran que los inmigrantes pobres no logran adaptarse al curso normal de las sociedades y al ordenamiento legal. Así, son considerados figuras amenazantes y, por ende, merecedores de discursos y prácticas igualmente amenazantes y violentas.

5. Los “otros” inmigrantes de la gestión Macri

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el tratamiento gubernamental hacia los inmigrantes, especialmente pobres y provenientes de países limítrofes, aparece cargado de algunas estigmatizaciones que vinculan inmigración con delincuencia y desorden. Ello no sería una novedad en la construcción discursiva del presidente. Hacia el año 2010, en ocasión de los desalojos de familias, mayoritariamente inmigrantes, ocupantes del predio del parque Indoamericano en la ciudad de Buenos Aires, Macri (entonces jefe de Gobierno porteño) ya había soslayado la vinculación entre actos delictivos e inmigración:

Esto tiene que ver con políticas públicas erradas, combinado con el avance y el aprovechamiento que grupos de delincuentes hacen de la desesperación de la gente. Esto significa una inmigración descontrolada que combina, nuevamente, gente honesta que viene a la Argentina en busca de trabajo, proveniente de los países limítrofes, con organizaciones delictivas, el narcotráfico, las mafias, que aprovechan, y ellos, en ese mismo desembarco, empiezan a tomar control de sectores de la ciudad de Buenos Aires.⁴¹

Ante la extensión de esas ocupaciones y la escalada de violencia que implicó el desalojo, Macri redoblaba las críticas a la política migratoria kirchnerista: “Estamos todos conscientes de que la Argentina viene expuesta a una política descontrolada donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol”.⁴² Y a ese diagnóstico agregaba: “Pareciera que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de los países limítrofes”.⁴³

Para acompañar esas declaraciones, es ilustrativo el tratamiento que el diario La Nación hizo posteriormente de los incidentes por el desalojo, aduciendo que los empleados de la dependencia de Medio Ambiente emprendían “la limpieza y desinfección del predio”⁴⁴ (las cursivas son nuestras), luego de que los ocupantes dejaran el lugar. Esto es significativo porque, tal como argumentábamos al inicio del trabajo, los discursos “desde arriba” habilitan y se retroalimentan con la proliferación de discursos estigmatizantes en los medios de comunicación y la sociedad en general.

Ya en su gestión como presidente de la Argentina, a partir de diciembre de 2015, las críticas⁴⁵ hacia los anteriores gobiernos kirchneristas se centraron en la política migratoria implementada, pues se tildó de demasiado “generosa y abierta”,⁴⁶ siendo necesario introducir modificaciones en esa materia. En ese sentido, en una visita oficial a la ciudad de Río Cuarto, Macri afirmó que Argentina debía reconsiderar su generosidad y protegerse de inmigrantes con intenciones sospechosas:

Estoy de acuerdo en que tenemos que debatir el manejo de lo migratorio en nuestro país. En esta Argentina que madura, todo tiene que ser debatido, no hay que tener miedo. La Argentina es un país de una generosidad absoluta. Pero queremos ver que haya reciprocidad, para no ser demasiado generosos y abiertos frente a otras realidades. Y plantearnos como eje que queremos gente que viene a trabajar como vinieron nuestros abuelos. Y protegernos contra otros que vienen con otras intenciones y le dan mucho trabajo a la ministra Patricia Bullrich (ministra de Seguridad durante su mandato).⁴⁷

Las declaraciones previas condensan dos operaciones discursivas a las cuales apelaría recurrentemente el Gobierno argentino. En primer lugar, la inmediata vinculación entre inmigración, delincuencia e inseguridad; y, en segunda instancia, la supuesta falta de “reciprocidad” en las atenciones que los países de procedencia de los inmigrantes otorgaban a los ciudadanos argentinos.

Asimismo, vale destacar que las palabras pronunciadas por Macri ponen de manifiesto que su intención no radica necesariamente en cerrar fronteras, sino en trazar distinciones o clasificaciones entre inmigrantes “buenos” y “malos”. En este sentido, al expresar “queremos gente que viene a trabajar como vinieron nuestros abuelos”, Macri idealiza a los inmigrantes como blancos y europeos. Los mismos que, en muchos casos, terminaron convirtiéndose en mano de obra disponible y barata para las grandes haciendas de la Pampa húmeda, en el marco de la Argentina agroexportadora entre finales del siglo xix y principios del XX.

La primera nota reiterativa en la construcción discursiva de la gestión macrista alude, entonces, a la relación entre inmigración, delincuencia e inseguridad. Dicha articulación adquiere notoria gravedad en un contexto punitivista, consolidado con la popularmente conocida “doctrina Chocobar”.⁴⁸ En ese marco, los inmigrantes pasan a integrar el abanico de los “otros” sospechosos, a los que el gobierno mira con recelo porque son susceptibles de implicarse en situaciones de violencia e inseguridad. Incluso, en actos de terrorismo internacional desatando acciones gubernamentales como la persecución y encarcelamiento de dos jóvenes musulmanes antes del G-20⁴⁹ o la deportación del equipo paquistaní de futsal que había llegado para participar del mundial en la provincia de Misiones.⁵⁰ No obstante, en muchos casos, los inmigrantes provenientes de países suramericanos -especialmente Bolivia, Paraguay, Perú y, más tarde, Venezuela- han sido blanco predilecto de la estigmatización social desde varias décadas atrás.

Los inmigrantes procedentes de los Bolivia, Paraguay y Perú sufrieron rechazo desde los años noventa, en tanto se enfatizaba su supuesta vinculación con la delincuencia y la falta de trabajo. Al respecto, su identificación como “chivo expiatorio” de los problemas argentinos registra notorios antecedentes en esa década, en pleno auge e implantación de las políticas neoliberales.

En la coyuntura actual resultan ilustrativas las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto, otrora senador por el peronismo y candidato a vicepresidente de la fórmula encabezada por Mauricio Macri en 2019:

¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres? Funcionamos como ajuste social de Bolivia y como ajuste delictivo del Perú [quien] ha resuelto su problema con la seguridad, ha transferido [a la Argentina] todo el esquema narcotraficante. Las principales villas argentinas están tomadas por peruanos... y por argentinos cómplices de los peruanos.⁵¹

Por su parte, la llegada de inmigrantes venezolanos se ha profundizado en los últimos años,⁵² y el estigma del que resultan destinatarios se fundamenta más en razones político-ideológicas que raciales y socioeconómicas. En varias ocasiones, el presidente Macri ha mencionado “no queremos ser Venezuela”⁵³ o que la ola migratoria de venezolanos “no es sostenible en el tiempo”. De este modo, se combinó la retórica adversa al gobierno de Nicolás Maduro -la cual condena la supuesta falta de libertad y pluralismo democrático- con la distensión, a partir de 2019, de los requisitos migratorios a los ciudadanos venezolanos que quisieran radicarse en Argentina.

Esto último implicó, por ejemplo, autorizar el ingreso de quienes porten cédula de identidad o pasaporte cuyo plazo de vencimiento no exceda los dos años, y aceptar como válida la presentación del certificado de carencia de antecedentes penales emitido en Venezuela. Entonces, cabe considerar la notoria influencia de las apreciaciones geopolíticas en el tratamiento de la cuestión migratoria. Pareciera que el blanco de sospechas es el otro extranjero que manifiesta alguna disidencia con el ordenamiento hegemónico, sea a nivel nacional o internacional.

Además, cabe señalar que los discursos de odio, bajo el prisma de la doctrina Chocobar, han funcionado como caldo de cultivo para la implementación de ciertas políticas públicas. En esa línea, en enero de 2017, el poder ejecutivo emitió el Decreto 70/2017, el cual modificaba la ley de migraciones. Así, establecía la creación de un procedimiento migratorio especial sumarísimo que permitía negar el ingreso a extranjeros de forma ágil:

El dnu habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado.⁵⁴

Finalmente, en marzo de 2018, el poder judicial declaró la invalidez constitucional de la normativa, en tanto:

El decreto no solo ha avanzado sobre competencias del Congreso sin respetar los presupuestos fácticos para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, sino que también recoge en su articulado soluciones que no son compatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que surgen de los instrumentos internacionales.⁵⁵

Otro ejemplo de cómo esos discursos de odio se reflejan en las políticas públicas remite al acuerdo firmado, en febrero de 2018, entre el Ministerio de Seguridad y seis provincias argentinas (Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz) para agilizar la deportación de extranjeros que posean condenas firmes en actos de inseguridad y violencia. En este punto, cabe destacar que, desde el inicio del mandato de Mauricio Macri como presidente, las deportaciones en Argentina crecieron en 3150%.⁵⁶

Retornando a la segunda cuestión que se reitera en la discursividad gubernamental, es decir, la supuesta falta de reciprocidad de los países de procedencia de los inmigrantes para con los argentinos, cabe advertir que ello intenta contraponer la generosidad argentina con la indiferencia extranjera.

En diciembre de 2018, alcanzaron amplia resonancia mediática las discusiones por la atención de ciudadanos bolivianos en hospitales públicos argentinos. La polémica se desató en la provincia norteña argentina, Jujuy, cuando se conoció una iniciativa del gobierno provincial para empezar a cobrar a extranjeros que se atendieran en hospitales públicos del territorio.⁵⁷ En contraparte, en julio del 2019, el presidente argentino envió a su par boliviano la propuesta de convenio de reciprocidad entre ambos países para que los ciudadanos argentinos pudieran recibir atención sanitaria gratuita en Bolivia.

En contraposición a estas muestras de fuerte diferenciación y descalificación de los otros inmigrantes, Macri y Cambiemos afirman trabajar en contra del odio y a favor de la Argentina sin grietas. Por ejemplo, en su Facebook oficial, Macri posteó, el 29 de julio de 2018, una publicación titulada “Contra el discurso del odio”. Allí, el presidente califica como discursos de odio “todas las expresiones que incitan al desprecio de los que por algún motivo son distintos a uno; las que justifican la intolerancia por cuestiones de religión, nacionalismo, elección sexual, racismo o creencias” e invita a aislarlos sin darles crédito para no “avivar el fuego”.

Para Macri, la mejor estrategia es “el silencio de la inmensa mayoría de argentinos pacíficos. Sin decir ni una sola palabra ellos tienen el poder de dejar atrás para siempre a los voceros del odio”.⁵⁸ Para el entonces primer mandatario argentino, los portadores de discursos de odio son otros y, frente a ellos, no habría posibilidad de diálogo, sino que debe evitarse la confrontación y llamarse al “silencio”. Esa marca pospolítica, o “antipolítica”, en palabras de Díaz Parra y Romano,⁵⁹ elimina una actividad central de la política que es tratar de dar cauce legítimo y legal a los conflictos.

Muchas de las situaciones conflictivas que atraviesa la Argentina en crisis tratan de justificarse de algún modo con la presencia de los otros amenazantes; en nuestro caso, los inmigrantes pobres, pero muchas veces son también las disidencias sexuales, las mujeres, los movimientos sociales. El antagonismo con ellos apuntala el “nosotros” idealizado, portador de virtudes y valores (honestidad, solidaridad, vocación de diálogo) que el gobierno de Cambiemos se jacta de representar.

6. Los “otros” inmigrantes de la gestión Moreno

Si se toman en consideración algunos factores, el tema de la migración no es menor en Ecuador. En primer lugar, el exilio masivo de ecuatorianos que tuvo lugar entre 1999 y 2006 como producto de la crisis económica y política en la cual estuvo sumido el país. Entre 1999 y 2007, al menos 7% de la población ecuatoriana se desplazó al exterior, lo cual equivale a 14% de la pea (población económicamente activa). En términos comparativos, el saldo migratorio entre 1992 y 1999 era de 25 900 personas, mientras que, entre 2000 y 2007, fue de 175 922.⁶⁰

Todo esto ha tenido su impacto en el sistema político ecuatoriano, en tanto existen tres circunscripciones electorales en el exterior (América Latina, el Caribe y África; Estados Unidos y Canadá, y Europa, Asia y Oceanía)⁶¹ que cuentan con dos asambleístas, cada una, en la Asamblea Nacional, constituyendo un total de seis asambleístas por los migrantes. En términos económicos, las remesas de los migrantes también han significado un gran aporte para la economía ecuatoriana: solo en 2015 ascendieron a 2.378 millones de dólares.⁶² En segundo lugar, la proximidad geográfica con Colombia, afectada históricamente por los problemas derivados del narcotráfico y la violencia política, convirtió a Ecuador en el principal país receptor de poblaciones enteras colombianas desplazadas por las acciones del paramilitarismo. Desde 1990, Ecuador ha recibido más de 240 000 solicitudes de refugio, de las cuales 95% corresponde a refugiados colombianos. De este modo, en junio de 2018 se convirtió en el país con el mayor número de refugiados en América Latina.⁶³

Ecuador es pionero en propugnar como principio de las relaciones internacionales el “principio de la ciudadanía universal”; es decir, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. La Constitución del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, reconoce, en su artículo 40, el derecho de las personas a migrar afirmando además que “no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”.⁶⁴ Además, el artículo 392 establece que “El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria”.⁶⁵ Aunado a ello, en enero de 2017, se promulgó la Ley Orgánica de Movilidad Humana⁶⁶ que regula el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana. Esta incluye a emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, a quienes requieran de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, así como a sus familiares.

A pesar de estos antecedentes, durante la presidencia de Lenín Moreno, hubo un marcado cambio en la política migratoria, principalmente como respuesta al incremento del flujo de ciudadanos provenientes de Venezuela. Ello teniendo en cuenta que, desde 2016 hasta enero de 2019, ingresaron un millón de venezolanos a Ecuador.⁶⁷ Al igual que en el caso de Argentina, el ministro del Interior de entonces, Mauro Toscanini, hizo afirmaciones del estilo “hemos sido sumamente generosos con los venezolanos”.⁶⁸

Sin embargo, el desenlace de un episodio particular -un femicidio en la ciudad de Ibarra, perpetrado por un ciudadano venezolano en enero de 2019-⁶⁹ desató una furia incontrolable de la ciudadanía, fomentada en gran parte por la emisión de discursos de odio provenientes de la máxima autoridad gubernamental. Tras conocerse el hecho, el mensaje en redes sociales⁷⁰ del presidente Moreno catalogó al agresor como un “antisocial”, anunciando la “conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en las fronteras”. Asimismo, habló de la “posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país”.

Las palabras del presidente desataron episodios de violencia y la conformación de turbas que obligaron a las familias venezolanas a huir de las ciudades frente a la pasividad de las autoridades y la inacción de las fuerzas de seguridad. Los diarios hablaron de “limpieza social”⁷¹ para hacer referencia a cómo los habitantes de Ibarra “han roto puertas de hostales y viviendas donde habitan personas de nacionalidad venezolana y las obligan a desalojar”. Como consecuencia de este brote de xenofobia, 265 000 venezolanos decidieron abandonar Ecuador. Un día después del anuncio del presidente, el vicepresidente intentó rectificar el discurso oficial, afirmando: “Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante. Todos nosotros tenemos una historia de un migrante en la familia […] quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad […] es momento de enfrentar los problemas con mesura, apegados al derecho, sin fomentar el odio”.⁷²

Dicha retracción hizo poco por evitar las críticas a la incitación a la violencia y a la xenofobia que generó el discurso inicial del presidente. Una parte de la sociedad civil ecuatoriana enarboló consignas vinculadas a “Todos somos migrantes”, “El machismo mata, la xenofobia también” e insistió en que el problema no era la nacionalidad del victimario, sino el machismo predominante. Ello teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se registraron 18 154 denuncias por violación⁷³ y las estadísticas señalan que una mujer muere cada tres días producto de la violencia de género.⁷⁴

En este tenor, hubo incluso quienes se refirieron a casos perpetrados por ciudadanos ecuatorianos en el mundo, como el de Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, quien tras haber asesinado a ocho mujeres en Ecuador, consiguió viajar a España donde asesinó a una estudiante en Lérida.⁷⁵ Así también resalta el caso de la Manada de Alicante, cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años españoles de origen ecuatoriano acusados de cometer una violación en grupo a una mujer de 19 años. El rechazo de una parte de la población terminó por condensar en la realización de una masiva marcha en contra de la violencia de género y la xenofobia.

Asimismo, la criminalización de los ciudadanos venezolanos concitó el rechazo de sus asociaciones, las cuales señalaron que sus derechos estaban siendo menoscabados, en tanto las nuevas disposiciones que pretendía implementar el gobierno ecuatoriano para autorizar el ingreso a Ecuador solo aplicaban a los venezolanos y no a ciudadanos de otros países. Esto en alusión a que el gobierno ecuatoriano decidió cambiar las reglas de juego y anunció la decisión de exigir una visa para extranjeros con un costo de 50 dólares. Esto contrariaba lo establecido por la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pues, hasta entonces, podían ingresar al país portando solo un documento de identidad.

A ello se sumó la exigencia de la presentación del pasado judicial apostillado. Tiempo después, Ecuador comenzaría a exigir la presentación de pasa porte para el ingreso al país, teniendo en cuenta que, en costos monetarios, su emisión significa para un ciudadano venezolano cuatro meses completos de sueldo (salario mínimo básico).

Lo anterior es indicativo de cómo un discurso de odio puede abonar a la generación o, en este caso, la modificación de una política pública. Así, no solo se contradice el ordenamiento legal vigente -recién el 30 de julio se presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana- sino que también se vuelve lesiva para el ejercicio de los derechos humanos de los inmigrantes.

La difusión de estos discursos de odio contribuye a crear ciertos climas de época, donde la ciudadanía asume potestades y competencias que le corresponden al Estado nacional, como es el caso de la seguridad. Recientemente, ante el asesinato de un adulto mayor a manos de un ciudadano venezolano, en la ciudad de Quito, los vecinos organizaron una protesta, portando carteles que anunciaban “Justicia con mano propia porque la ley no responde”.

Como se señaló en la introducción de este texto, en muchas oportunidades los “otros” son utilizados como excusa cuando el Estado es incapaz de garantizar servicios de calidad para todos, especialmente en lo que respecta a educación y salud. Así lo afirmaba el entonces ministro del Interior, Toscanini, cuando en una entrevista expresaba “Y creo que siempre el bienestar de los ecuatorianos está por arriba de todo y el bienestar de los mismos venezolanos, porque en el momento que tengamos aquí quinientos mil o un millón, no solo los ecuatorianos no van a recibir ciertos servicios (las cursivas son nuestras), sino estos mismos venezolanos que están en el país”.⁷⁶ Este tipo de declaraciones pretendían deslindar al gobierno de sus responsabilidades con el bienestar de la población y convertir a los ciudadanos venezolanos en culpables de ciertos males de Ecuador. Todo esto terminó por profundizar el odio del resto de la población hacia ellos.

7. Conclusiones

Las recientes gestiones de Mauricio Macri en Argentina y Lenín Moreno en Ecuador pueden enmarcarse en el “giro a la derecha” que experimentó la región latinoamericana, desde el 2015 en adelante. A lo largo del texto, se han señalado algunos aspectos que dan cuenta de tal viraje, como la fuerte presencia de funcionarios-empresarios, la circulación de ideas fuerza que remiten más a la lógica mercantil que a la gobernanza pública; la reedición de políticas regresivas que benefician la concentración de los ingresos, entre otros. En ese sentido, destacamos el renovado protagonismo que vuelven a adquirir las recetas neoliberales de los años noventa, con lesivas consecuencias para los sectores medios y populares en ambos países. De tal modo, se profundiza la desigualdad y se remarca el espiral de exclusión y retroceso de derechos.

En este marco, nos hemos detenido especialmente en la construcción discursiva de los gobiernos en estudio, y reconocemos su pretensión por invisibilizar la dimensión conflictiva de la política y postular, por el contrario, el ideal de una sociedad armónica y plena. En concreto, después de una década de grietas y antagonismos innecesarios, según la lógica pospolítica, tanto Macri como Moreno emergen en el campo político para suturar el espacio comunitario, propiciar una reconciliación -donde la mayoría queda fuera- y alcanzar la tan anhelada “unidad”. No obstante, la construcción y cristalización de esta comunidad se ve permanentemente interpelada por fuerzas externas que ponen en evidencia los límites que enfrentan estos gobiernos a la hora de expresar y canalizar las diferencias.

A lo largo del artículo, se pretendió destacar, en primer lugar, que la identificación de esos “otros” no constituye una operación aislada ni neutral, sino que hace parte de una estrategia política en el marco de la disputa por la hegemonía que los gobiernos de Macri y Moreno han librado. Así, desde la retórica gubernamental, la supuesta sociedad armónica y plena no alcanza a concretarse, no por falencias propias, condicionantes externos o imposibilidades estructurales, sino por la presencia amenazante de esos “otros”. En consecuencia, se justifican los múltiples intentos por excluirlos.

En este punto, es importante considerar que el análisis en torno a los discursos de odio no podría realizarse sin considerar los contextos específicos donde emergen y se esparcen. Por tal razón, este tipo de operaciones políticas tienden a afianzarse aún más en escenarios de crisis económicas y sociales. Esto se convierte en el marco especial para que los gobernantes -incapaces de encontrar soluciones y mejorar la calidad de vida de las personas- se esmeren por asignar responsabilidades externas a las problemáticas nacionales.

En segundo lugar, y en íntima vinculación con lo anterior, se intentó resaltar que los discursos políticos de odio abonan, complementan y retroalimentan los discursos sociales y mediáticos de odio. Esto sucede porque esas retóricas articulan elementos que ya formaban parte de los imaginarios y representaciones sociales, pero, ahora, al enunciarse “desde arriba”, adquieren mayor fuerza y legitimidad. Tal como indicamos en el desarrollo del texto, las nuevas discursividades políticas de odio están íntimamente relacionadas con el surgimiento y consolidación de prejuicios sociales que terminan siendo el germen desde donde la nueva derecha crea y justifica sus políticas públicas, sobre todo en materia de seguridad y migraciones.

En definitiva, la proliferación de estos discursos de odio (gubernamentales, sociales, mediáticos) es altamente peligrosa para una convivencia democrática, en tanto la estigmatización de una persona o grupo de personas a partir de su procedencia extranjera, perjudica el libre ejercicio de los derechos de libertad e igualdad. Asimismo, pone en peligro su propia integridad, al incitar a cometer actos violentos y encontrar justificación para ellos. Además, su peligrosidad para la democracia radica en la pretensión de obturar la posibilidad de disenso, ya que el estigma y el odio tienden a recaer sobre aquellos que expresan modos alternativos al orden establecido, pues se les percibe como amenazas para la preservación de una comunidad plena.

Finalmente, considerando que estos discursos se nutren con prejuicios raciales, de clase y género, y se dejan influir por apreciaciones geopolíticas, resultaría interesante profundizar, en indagaciones futuras, las articulaciones entre los discursos de odio y el racismo, el machismo, la aporofobia y la intolerancia política. En esa senda resta aún mucho camino por andar.