Introducción

Las primeras naciones, inuits y métis, que habitan Canadá han emprendido diversas estrategias de organización, resistencia y movilización como respuesta a una historia sistemática de despojo territorial y cultural. La resiliencia ha sido una de sus principales herramientas para defender su espacio, su cultura, así como su propia existencia y la de las futuras generaciones; de esta manera, ha tenido lugar una multiplicidad de procesos políticos que dan cuenta de su capacidad organizativa y de los distintos ámbitos en que se encuentran trabajando: por ejemplo, la búsqueda de soberanía alimentaria (^{Blanchet et al., 2020}; ^{Gilpin y Hayes, 2020}), el liderazgo de mujeres (^{Harper et al., 2018}), la construcción de su autodeterminación educativa (^{White, 2015}), la lucha por el reconocimiento e implementación de sus derechos (^{Saunders y Dubois, 2019}), la incidencia en la política pública (^{Gottardi, 2020}; ^{Wiebe, 2019}), la redefinición de su relación con el gobierno (^{Barabash, 2020}), incluso el uso de redes sociales para fortalecer la identidad (^{Castleton, 2018}), propiciar la visibilidad, solidaridad y la conciencia indígena (^{Duarte, 2017}).

Las doscientas tres primeras naciones de Columbia Británica se autorregulan con base en una asamblea en escala provincial: la British Columbia Assembly of First Nations (BCAFN). Con más de treinta años de trabajo acumulado, tiene como tareas primordiales avanzar en lo tocante a los derechos e intereses de las primeras naciones de la región, gestionar recursos, desarrollar y promover políticas para el beneficio de estos pueblos, principalmente en el ámbito de la tierra, la educación, la salud y la cultura; restaurar y mejorar las relaciones con la Corona y el pueblo canadiense, así como trabajar en conjunto con otras organizaciones que promueven sus derechos (^{BCAFN, 2021}). En este sentido, el objetivo central del presente texto es entender cómo ellas y ellos concibe la gobernanza, en tanto estrategia primordial de la BCAFN, para avanzar en la implementación de los derechos de la población indígena.

Caminos andados: estado del arte

Estas primeras naciones han sido foco de atención en años recientes. Desde una perspectiva antropológica, ^{Robert Muckle (2007)} aporta una útil descripción contemporánea de aspectos relativos a estas comunidades, tales como población, grupos étnicos, consejos tribales, modos de vida, organización social, visión del mundo, tradiciones, economía, relación y negociaciones con el gobierno. Para el presente texto, este tipo de contribuciones resultó de utilidad porque ayudó a contextualizar, desde una mirada cultural, la actividad de la BCAFN.

Sin embargo, la mayor parte de la atención se ha centrado en analizar distintos procesos de la relación entre las primeras naciones y el Estado canadiense. Con un enfoque histórico, ^{Deanna Brady (2020)} estudia cómo la relación entre los pueblos originarios de Columbia Británica y los colonos se convirtió en una historia de despojo. Tony ^{Penikett (2006)} revisa los tratados que han involucrado a las primeras naciones de la zona y distingue tres etapas en la relación entre aquéllas y el Estado: colonia, asimilación y debates de reconciliación. Si bien concibe los acuerdos como partes fundamentales en la construcción del Estado canadiense, también reconoce que la lógica colonial sigue pesando en las negociaciones, impidiendo la elaboración de tratados respetuosos. Sin obviar tal advertencia, la distinción de esos periodos resulta útil para ubicar el papel de la BCAFN en el contexto de las tensiones inherentes al proceso de reconciliación.

Con una preocupación similar ^{John O’Neil et al. (2016)} indagan sobre la evolución de la gobernanza y las asociaciones entre las primeras naciones y el gobierno federal, cuyo objetivo ha sido resolver la inequidad en términos de salud, en el contexto de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Truth and Reconciliation Commission, TRC), creada en 2008.^{1 Quinn Barabash (2020)} revisa cómo la nación kitsumkalum emprende estrategias de comunicación comunitaria sustentadas en el uso del video para redefinir su relación con el gobierno. Ambos trabajos muestran que ésta se encuentra en permanente transformación y su relevancia permite ubicar a la BCAFN como parte del proceso. Asimismo, subraya el papel de la tecnología digital para facilitar la comunicación. En este sentido, valdrá la pena destacar la utilidad de la página de la BCAFN como estrategia de comunicación.

Situándose también en la etapa de la reconciliación, ^{Rosie Simms et al. (2016)} encuentran una creciente transformación de la gobernanza del agua, que desplaza a las autoridades centrales y cede terreno a la lógica colaborativa que involucra a las primeras naciones como elemento central de la toma de decisiones. De manera similar, ^{Rachelle Beveridge et al. (2020)} explican cómo funciona la gestión colaborativa a nivel comunitario en relación con el manejo de la tierra y el agua.

Sin embargo, no todas las experiencias están exentas de conflicto. A partir de entrevistas con miembros de la comunidad, funcionarios y personal del gobierno de las primeras naciones, ^{Annie Booth y Norm Skelton (2011)} detectaron una percepción desfavorable respecto de la evaluación ambiental llevada a cabo por el gobierno. Específicamente, se refieren a fallas en las relaciones entre las primeras naciones y los gobiernos provinciales y federales, así como a diferencias filosóficas entre los procesos de evaluación y las cosmovisiones indígenas. Sus investigaciones resultan relevantes porque logran dar cuenta de la heterogeneidad de experiencias de la relación entre ambas partes; es decir, mientras que algunas parecen marchar a favor de una reconciliación, otras parecen retroceder. En este sentido, resultará interesante observar cuál es la postura de la BCAFN.

En relación con el análisis de los movimientos políticos contemporáneos de las primeras naciones en Columbia Británica, destaca el trabajo de ^{Soren Larsen (2006)}, quien muestra cómo la nación dakelh ha politizado las conexiones entre el territorio y los significados culturales. Sostiene que la tierra tiene una centralidad en la política provincial contemporánea, pues, junto con la historia cultural, constituye una herramienta para perseguir la soberanía. Más relevante para esta investigación es el trabajo de ^{Sarah Ann Nickel (2015)}, quien revisa la historia de la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica (Union of British Columbia Indian Chiefs), en el periodo 1969-1981. Lejos de limitarse a evaluar su éxito o fracaso, logra discernir los claroscuros y matices de una multipolítica, señalando que estas redes en escala provincial funcionan con una dinámica de cooperación y conflicto, reconocimiento y resistencia, que se negocia con base en el discurso de unidad.

En el nivel nacional, ^{Julie Tomiak (2016)} examina las restricciones estructurales y las funciones contradictorias de la Asamblea de las Primeras Naciones (Assembly of First Nations, AFN); sin embargo, pone de relieve su enorme potencial para articular y amplificar la resistencia de estos pueblos en relación con las políticas estatales. Los tres enfoques resultan relevantes para el análisis de la BCAFN como organización político-territorial. El primero muestra la cohesión en las naciones y la centralidad del binomio territorio-cultura como herramienta política, mientras que el segundo y el tercero destacan la importancia estratégica de las organizaciones en los niveles provincial y nacional, pero sin idealizarlas, revelando cómo la diversidad de posiciones entre las primeras naciones es parte del cotidiano de estas agrupaciones representativas, sin menoscabo de su legitimidad y potencialidad.

Estrategia teórico-metodológica

En el estudio transversal de ^{Susan Lobo y Steve Talbot (2001: 3-6)} sobre los pueblos originarios a lo largo del continente americano, han señalado que dada la historia colonial que los atraviesa, su estudio debe necesariamente partir de un enfoque que esté en diálogo permanente con la historia tradicional indígena, sus estrategias de resistencia, la lucha por la soberanía y la revitalización de la cultura; de ahí que el centro del proceso de investigación emprendido se ancle en el punto de vista de estas comunidades, por encima de ópticas occidentales, pero también sostiene que se las conciba como entidades dinámicas, en permanente transformación y posicionadas políticamente frente a su historia y su futuro. Este punto de partida permitirá fundamentar los objetivos, las funciones y la actividad de la BCAFN como parte de un proceso de autodeterminación, construcción y reconstrucción de las primeras naciones, incluyendo formas de autogobernarse, encaminadas a dejar atrás los resabios coloniales.

^{Agustí Cerrillo i Martínez (2005: 11-12)} considera que, en el mundo contemporáneo, los sistemas de gobierno tradicionales -como lo ha sido el Estado canadiense-, cuya lógica principal es la unilateralidad, los principios jerárquicos y los enfoques Estado-céntricos, han resultado insuficientes para hacer frente a los desafíos que dificultan su acción. Ante estas maneras de proceder, surgen prácticas que modifican la relación entre el Estado y los grupos que conforman la sociedad, y que suponen un cambio en el nivel de los poderes públicos que se traduce en la sustitución del control jerárquico sobre los procesos políticos por formas de regulación fundadas en la negociación y la coordinación. A esta manera más plural de gobernar se la ha llamado gobernanza. Contempla, entonces, estrategias de cooperación basadas en redes de instancias públicas o privadas y en la búsqueda del consenso (^{Mayntz, 2005}). Se caracteriza, además, por la pluralidad de actores, la horizontalidad en sus relaciones, el equilibrio entre el poder público y la sociedad civil, así como por la participación de esta última en el gobierno; sin embargo, para Cerrillo i Martínez, “el interés de usar el concepto de gobernanza radica en su capacidad de englobar todas las instituciones y relaciones implicadas en los procesos de gobierno” (2005: 13), lo cual refleja que se pone mayor énfasis en los procesos que tienen lugar en las instituciones gubernamentales.

Para poner en práctica el principio básico planteado por ^{Lobo y Talbot (2001)} en relación con el estudio de los pueblos originarios de Columbia Británica, en términos de gobernanza hace falta distanciarse del Estado. ^{R. A. W. Rhodes (1997: 53)} lo logra definiendo la gobernanza como redes interorganizacionales autoorganizadas y distingue cuatro aspectos fundamentales:

Esta perspectiva contempla, además, que las urdimbres pueden estar formadas por organizaciones de distinta naturaleza -empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos comunitarios, religiosos, etcétera-, sin limitarse a instituciones estatales. Más recientemente, ^{Matthew McKinney (2019: 72)} hace una distinción similar. Mientras que el gobierno opera, planea y lleva a cabo acciones mediante una autoridad legal, la gobernanza se refiere al trabajo e interacción que realizan los ciudadanos en función de metas compartidas.

Tales estrategias y pautas de decisión pueden tener autoridad formal, pero no es esencial. Esta reformulación como la concepción de ^{Rhodes (1997)} permiten pensar las prácticas de gobernanza poniendo a los pueblos originarios de Columbia Británica y a la BCAFN en el centro de la actividad política, y ubicar sus posicionamientos, estrategias y acciones en función de sus necesidades. Incluso posibilita el análisis de los movimientos sociales y actividades políticas que operan al margen de las instituciones gubernamentales, pero que por sus alcances, estrategias y demandas pueden lograr injerencia en la creación de políticas públicas. De hecho, ^{Eric-Hans Klijn ha afirmado (2005: 238)} que las instancias gubernamentales han dejado de ser el actor central en los procesos de creación de políticas públicas, pues su labor ya no es manifiesta; no obstante, este autor considera que, cuando la gobernanza logra incidir en la gestión de las políticas públicas, es indispensable tener en cuenta las características del contexto institucional, pues son las que permitirán anclar la interpretación de los acuerdos organizacionales con el Estado.

Para aproximarse a la actividad y posicionamientos que la BCAFN da a conocer a través de su página oficial, fue necesario poner en práctica un enfoque cualitativo, centrado en el análisis de contenido (^{Giroux y Tremblay, 2011}). ^{Luke Sloan y Anabel Quan-Hasse (2016)} han planteado que el fenómeno de los medios digitales de comunicación social debe verse como parte integral de la vida de los sujetos, porque las interacciones y expresiones que vemos en esta dimensión se anclan y tienen lugar en un contexto político, social y económico.

De manera similar, ^{Christine Hine (2017: 401, 403, 406}) considera que el análisis del mundo contemporáneo no puede abstraerse de la dimensión en línea (online). Plantea que la diversidad de las interacciones sociales que tienen lugar hoy ha ido de la mano de la evolución de las metodologías de investigación, las cuales, aplicadas a los espacios sociales de la internet, han mostrado la complejidad de las nuevas configuraciones culturales y puesto de relieve la heterogeneidad y especificidad de estos espacios, pues son reflejo de la experiencia vivida. De hecho, esta autora entiende la virtualidad como un continuo de lo real; es decir, algo que no se distingue, sino que es parte de ella (^{Hine, 2017: 402}), de ahí que sea posible analizar los postulados, principios y estrategias de organización de la BCAFN, a partir de la información y actividades que publican en su página oficial.

La relevancia de suscribir la indagación al sitio en línea se debe, en primera instancia, a la gran cantidad de información que alberga acerca de la actividad política actual de las primeras naciones de Columbia Británica; en segunda, a que es un espacio estratégico de comunicación capaz de articular los postulados y las labores de la BCAFN con los miembros, con otras organizaciones indígenas y con la población canadiense e internacional.

Políticas gubernamentales en relación con los pueblos originarios en Canadá: notas contextuales y legales

Atendiendo la sugerencia de ^{Klijn (2005)} acerca de no perder de vista el entorno institucional en el que tienen lugar los procesos de gobernanza, se considera necesario mencionar algunas coordenadas contextuales y legales para ubicar la actividad política de la BCAFN. La primera de ellas es la Ley India (Indian Act), promulgada en 1876, y que a grandes rasgos consistió en transferir al Parlamento la jurisdicción para legislar todo lo relativo a la población indígena y a las tierras asignadas como reservas, pero también significó la intromisión del gobierno en prácticas culturales, estructuras políticas, educativas, etcétera.

Dicha ley ha sido enmendada en distintas ocasiones (^{Parrott, 2006}); por ejemplo, en 1951, se eliminaron las prohibiciones de algunas prácticas ceremoniales, se abrió la posibilidad de que las y los miembros de los pueblos indígenas hicieran reclamaciones de tierra contra el gobierno y se permitió a estas mujeres votar para elegir a sus líderes o jefes comunitarios. En los sesenta y setenta, se otorgó el voto a los pueblos originarios para que pudieran participar en los ejercicios electorales igual que el resto de los canadienses; sin embargo, también se pretendió eliminar el estatus de indio y el Departamento de Asuntos Indígenas (Department of Indian Affairs).

En 1985, se derogaron algunas cláusulas que determinaban quién era indígena y quiénes no. Durante la segunda mitad del siglo xx se le fueron haciendo algunos cambios para empezar a reconocer y habilitar formas de autogobierno. Entre 2011 y 2017 se modificó para establecer la equidad de género, de manera que los descendientes de mujeres y hombres tuvieran los mismos derechos. Aunque el recuento de los cambios parezca estar a favor de los pueblos originarios, es necesario notar que la transformación de la Ley India se ha dado muy lentamente, por lo que aquéllos resultan siempre insuficientes o tardíos, pero, sobre todo, esa ley sigue concibiéndolos como menores de edad, como una población que requiere ser regulada porque carece de los saberes y la capacidad para hacerlo por sí misma. De hecho, hoy en día el debate más relevante en relación con ese instrumento legal es si debe mantenerse o ser eliminado por completo (^{Parrott, 2006}).

La segunda coordenada se refiere a la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, aprobada en la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 (^{ONU, 2007}). Aunque ha sido fuertemente criticada por las limitaciones implícitas a favor de los Estados nacionales, significó un avance en materia de autodeterminación, pues estableció el derecho de los pueblos originarios a determinar sus propias leyes y formas de gobierno, a definir su relación con el gobierno federal, a existir como una colectividad política dentro del Estado y a formar parte de la comunidad internacional (^{Machuca Pérez, 2016}). Canadá fue uno de los cuatro países que votaron en contra de la declaración,² hasta su adhesión en 2010; sin embargo, en 2019 la Columbia Británica se convirtió en la primera provincia canadiense en avalarla y aprobó un proyecto de ley para armonizar las leyes provinciales con la declaración. Muy recientemente, en junio de 2021, se aceptó a nivel federal y se emprendió un plan de acción nacional para implementarla.

La última medida tuvo lugar durante el gobierno de Justin Trudeau, en 2017, en su primer periodo como Primer Ministro de Canadá (2015-2017), cuando disolvió el Departamento de Asuntos Indígenas y del Norte (Indigenous and Northern Affairs Canada, INAC), para sustituirlo por dos nuevas instancias. La primera, Servicios Indígenas de Canadá (Indigenous Services Canada, ISC), tiene como prioridad mejorar la calidad de los servicios que el Estado presta a esas comunidades, pero su meta es llevar a cabo una transición para que tales procesos administrativos sean atendidos y gestionados por miembros de estos pueblos. La segunda, Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte de Canadá (Crown-Indigenous Relations and Norhern Affairs Canada, CIRNAC), supervisa las relaciones entre el gobierno y las primeras naciones, inuit y métis, incluyendo lo relativo a los tratados y los procesos de autogobierno. Su tarea es acelerar o facilitar el proceso hacia la construcción, reconstrucción o fortalecimiento de los autogobiernos y trabajar junto a la población indígena.

Desde la perspectiva gubernamental, estos cambios pretenden socavar el paternalismo inherente a la INAC y la inercia que le permitía fortalecer la Ley India (^{Filice, 2020}). A diferencia de lo anterior, los nuevos departamentos se entienden como un paso más hacia la abolición de esa ley y parten del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, así como del respeto, la cooperación y la asociación como principios elementales para apoyar procesos de autodeterminación, reconciliación, reclamos de tierras, codesarrollo de políticas y establecimiento de mecanismos bilaterales permanentes con los líderes de las comunidades indígenas (^{Filice, 2020}).

La BCAFN

Como mencionamos, la BCAFN es una organización provincial territorial que representa y aboga por las doscientas tres primeras naciones que habitan la región. Para entender sus principios y estrategias, hace falta situarla como una de las entidades provinciales territoriales³ que conforman la AFN,⁴ una organización nacional que representa aproximadamente a novecientas mil personas pertenecientes a alrededor de seiscientas treinta y cuatro primeras naciones de Canadá (^{AFN, 2021}). Su principal tarea se fundmenta en una estrategia doble (^{De Bruin et al., 2006}): a escala nacional, la AFN intercede en nombre de estas comunidades en asuntos relacionados con derechos indígenas, recursos, tierras y tratados, mediante trabajo político con altos funcionarios del gobierno, para asegurar que sus posturas se tomen en cuenta en la política gubernamental. Tales posicionamientos emanan de reuniones periódicas, presididas por los jefes de cada organización provincial territorial, de esta manera se determinan las estrategias y prioridades del trabajo político de la organización. Por otra parte, a escala local la AFN apoya a cada primera nación en aspectos como salud, educación, servicios de información, sociales y desarrollo económico. La AFN tiene reconocimiento por parte del gobierno, pero el financiamiento que recibe de éste se da en función de objetivos específicos.⁵

La BCAFN funge, entonces, como miembro de la AFN; sin embargo, opera según sus propios mandatos y tiene la facultad de establecer relaciones con el gobierno provincial y con otras organizaciones para incidir en los procesos políticos. Permanentemente busca construir vínculos y dinámicas participativas, ya sea con el Estado, con la provincia o incluso con la industria. Además, participa de una red de organizaciones, grupos comunitarios, colectivos y agencias de financiamiento. La mayoría son agrupaciones comunitarias representativas de las primeras naciones de Columbia Británica,⁶ pero otras son asociaciones dedicadas a atender distintos asuntos, como salud, empleo, impuestos, financiamiento, desarrollo infantil, educación, ramo pesquero, forestal, etcétera.⁷

La representación de la BCAFN se asume como inclusiva en el sentido de que representa tanto a las primeras naciones actualmente involucradas en algún proceso de firma de tratado, aquéllas que han firmado alguno en décadas recientes, así como a las que tienen acuerdos históricos; no obstante, también es representativa de las comunidades que no tienen ninguna negociación de este tipo. Con este enfoque, su misión es asegurarse de que:

En suma, se considera que los gobiernos de las primeras naciones deben ejercer títulos, derechos y jurisdicción sobre sus tierras, recursos y pueblos en armonía con sus costumbres, idioma y leyes.

A los planteamientos expuestos en el párrafo anterior, se suman los siguientes objetivos o mandatos, que constituyen los ejes de su constitución y sus estatutos:

Hoy en día, los asuntos prioritarios que rigen sus actividades son:

El principal representante de la BCAFN es el jefe regional,⁸ quien es parte del comité ejecutivo de la AFN. Su tarea primordial es asegurarse de que las perspectivas de las primeras naciones de Columbia Británica se incluyan en las discusiones políticas y en la toma de decisiones a nivel nacional, pero también debe encargarse de organizar las asambleas regionales que permiten la participación de las distintas comunidades y propician un debate sociopolítico abierto. De esta dinámica participativa emanan los mandatos y la dirección de las acciones del jefe regional. Asimismo, el jefe está obligado a defender y representar las disposiciones, tanto en el nivel regional como federal.

Además de la jefatura, la BCAFN está conformada y liderada por una junta directiva,⁹ un consejo de ancianos o guardianes del conocimiento,¹⁰ una representante de las mujeres¹¹ y dos representantes de los jóvenes.¹² Al revisar los perfiles de cada una de estas personas, se hacen notorios dos aspectos que comparte este conjunto de líderes. El primero es que tienen largas trayectorias desempeñando trabajo comunitario y el segundo es la paridad de género.

Principios y estrategias de organización de la BCAFN: la gobernanza como eje de cohesión para salir de la Ley India

El desempeño de los distintos cargos y el funcionamiento de la organización, en general, son regidos por múltiples documentos normativos; entre ellos destaca una constitución, un manual de gobernanza -que describe la estructura organizacional, los mandatos y responsabilidades del jefe regional, el consejo de directores, las reglas para los miembros, miembros delegados y otras afiliaciones, normatividad para las elecciones, grupos de trabajo y comités tutoriales-, un manual para la reconstrucción y adopción de los indicadores de bienestar, un acuerdo de liderazgo y una guía detallada para la construcción y/o reconstrucción de las primeras naciones, entendida también como una caja de herramientas de gobernanza.¹³ Esta última, llamada BCAFN Governace Toolkit: A Guide to Nation Building y editada por segunda vez en 2014, es especialmente relevante porque refleja el punto de vista desde el cual fundamentan el modo de organización, las maneras de proceder y vincularse, así como los posicionamientos que aglutinan sus acciones y establecen sus prioridades (^{BCAFN, 2014}).

Para discernir tal perspectiva es necesario conocer en qué contexto se sitúa, en qué consiste, cuál es dinámica que le dio origen, cuáles son los principios y objetivos que la motivaron y qué actores participaron. La jefa regional Jody Wilson-Raybould considera que en Canadá, en general, pero particularmente en la Columbia Británica, las primeras naciones están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y están optando por la autonomía (^{BCAFN, 2014: 2}). Esto significa que han iniciado un proceso para dejar de ser regidas por el gobierno federal y recuperar sus propias instituciones, tradiciones legales o mecanismos reguladores, por lo que estas comunidades se encuentran en una etapa de construcción o reconstrucción, en la cual la gobernanza se entiende como una estrategia necesaria para erigir un futuro colectivo y sostener una relación funcional con el gobierno federal y provincial.

Según el documento referido, la BCAFN entiende por gobernanza el establecimiento de reglas para alcanzar los objetivos planteados como organización, tanto en la escala local como regional, pero este conjunto de disposiciones debe basarse en las tradiciones legales indígenas que persiguen un beneficio colectivo. Estos procesos de gobernanza incluyen las reformas impulsadas en contra de la Ley India, las iniciativas sectoriales y los acuerdos integrales de gobernanza celebrados con el gobierno federal o con el de Columbia Británica. Dicho de otra manera, es un ejercicio que pretende definir qué normativas, organismos y alianzas requiere cada primera nación para construir o reconstruir el autogobierno, para hacer valer sus derechos como indígenas y para trascender la Ley India.

Sin embargo, para la BCAFN, la gobernanza con enfoque colectivo no es una práctica nueva ni tomada de Occidente (^{BCAFN, 2014}). Por el contrario, consideran que el establecimiento de reglas basadas en sus culturas y tradiciones es algo que ya hacían estos pueblos antes de la etapa colonial y tales prácticas fueron sofocadas con el establecimiento de la Ley India. Ésta les negó la mayor parte de los poderes jurisdiccionales que requerían para autogobernarse y ejercer el poder de manera efectiva. Sus mecanismos políticos fueron subsumidos por la implementación de los programas y servicios federales, de ahí el énfasis en apoyar los procesos de gobernanza que buscan la construcción y reconstrucción del autogobierno de cada primera nación.

La gobernanza también se entiende como una serie de reformas continuas que ha estado posibilitando a las primeras naciones de Columbia Británica liderar su propio camino para cruzar la puerta poscolonial y salir de la Ley India (^{BCAFN, 2014}). En la guía se habla de más de veinticinco años de trabajo colectivo y gobernanza poscolonial, la creación de alrededor de dos mil quinientos estatutos y el liderazgo de iniciativas de gobernanza sectoriales a nivel nacional (^{BCAFN, 2014}). La labor ha sido apuntalada por los líderes y miembros de la BCAFN, así como por múltiples organizaciones e individuos. Se afirma también que este sistema normativo se ejerce en todos los territorios indígenas de la región.

Consta de tres partes. La primera revisa las opciones para la reforma de la gobernanza, tomando en cuenta los poderes jurisdiccionales de las primeras naciones y las victorias políticas y legales que han acumulado; es decir, expone y sistematiza las experiencias de gobernanza que han implementado las primeras naciones de Columbia Británica en el proyecto de mejorar las condiciones de la gente. La segunda contiene distintos métodos de evaluación para que las comunidades identifiquen los desafíos, la eficacia de las instituciones de gobernanza, los procesos administrativos y los poderes de gobierno que requieren iniciar movimientos hacia la transformación. La tercera es un conjunto de pautas en favor de la participación y de lograr el compromiso de las y los miembros de la comunidad, en la gobernanza y en el camino para avanzar a una etapa poscolonial.

Las metas que se plantea ayudan a entender la óptica desde la cual se definen, organizan y ejecutan las acciones prioritarias. Se propone compartir las experiencias acumuladas por las primeras naciones de Columbia Británica entre sus mismas comunidades indígenas, con el fin de que puedan aprovechar los caminos andados en relación con la gobernanza, lo que refleja que prevalece un sentido de unidad en el nivel provincial. Está dirigida a los líderes indígenas y sus pueblos, pues pretende asistirlos en las diversas rutas que están emprendiendo, tanto en la implementación de los procesos y/o reformas de gobernanza, como para trascender la Ley India; sin embargo, a pesar de que la cohesión regional es una de sus estrategias políticas, también lo es el respeto a las particularidades de los procesos de cada nación. En consecuencia, se espera que esta herramienta sea útil y se aplique en función de cada ritmo y prioridad diferenciados.

La perspectiva desde la cual está escrita parte de los siguientes supuestos:

Conclusiones

Para enfrentar la historia de despojo (^{Brady, 2020}), las primeras naciones de Columbia Británica se encuentran en una fase de transformación que implica la construcción y reconstrucción de sus comunidades y sistemas normativos. Han optado por la autodeterminación como la vía necesaria para dejar atrás los resabios coloniales y redefinir su relación con el gobierno canadiense. Según la BCAFN, la herramienta más eficaz para enfrentar o transitar tal etapa y alcanzar metas en los niveles local, provincial y nacional es la gobernanza.

Entendida como un ejercicio colectivo y horizontal, de establecimiento de reglas y acuerdos -coherentes con las tradiciones legales y culturales indígenas-, la gobernanza es empleada por la BCAFN como el mecanismo privilegiado para alcanzar la autodeterminación y construir o reconstruir los autogobiernos de cada primera nación. Aunque preferimos distanciarnos de la concepción que ^{Cerrillo i Martínez (2005)} tiene de gobernanza por estar centrada en el Estado, lo cierto es que la BCAFN concibe esta práctica como una estrategia para negociar con él en el reconocimiento de los derechos de la población indígena. Es decir, la gobernanza sí se ha convertido en una vía para que dos partes -las primeras naciones y el Estado canadiense- que reclaman la soberanía sobre la misma porción de territorio lidien entre sí. En el caso de las primeras naciones, también para dejar atrás la Ley India.

La gobernanza planteada por la BCAFN es más afín al planteamiento de ^{Rhodes (1997)}, pues opera mediante la búsqueda de un consenso que se construye en tres niveles: comunitario (en cada primera nación), provincial (con la BCAFN y el establecimiento de políticas y estrategias regionales) y nacional (como parte de la AFN). Este funcionamiento está basado en redes que, autoorganizadas en función de metas y acuerdos compartidos, articulan tanto a primeras naciones, como a diversas organizaciones políticas indígenas, sean estas últimas comunitarias, sectoriales, regionales o nacionales; de ahí la pluralidad de actores y la representatividad de los grupos que las conforman: mujeres, ancianos y jóvenes, y, dado que entienden esta práctica como previa al periodo colonial, tiene autonomía en relación con el Estado.

Aunque algunos autores han analizado experiencias positivas (^{Simms et al., 2016}; ^{Beveridge et al., 2020}) y negativas (^{Booth y Skelton, 2011}) en procesos de gobernanza vinculados con el gobierno federal o provincial, cabe destacar que la BCAFN no habla de experiencias fallidas, sino de un conjunto de victorias alcanzadas a lo largo de un proceso de lucha, resistencia y reconstrucción. También se debe tener en cuenta que tales transformaciones están presentes tanto en las tierras asignadas como reservas indígenas, en las asentadas por tratados, así como en las ancestrales. De esta manera, en concordancia con lo hallado por ^{Larsen (2006)}, el territorio mantiene centralidad en la política provincial indígena contemporánea.

Otro aspecto relevante en la estrategia de la BCAFN es la política de unidad que se erige respetando la diversidad y que proviene de los procesos de gobernanza para construir o reconstruir cada comunidad con el objetivo de dejar de ser regidos por la Ley India. Esa meta generalizada sólo tiene legitimidad en la medida en que propicia el pleno desarrollo de las particularidades culturales de cada primera nación, y en ello se fundamenta el potencial de la BCAFN para articular y amplificar la resistencia y la acción política. Junto con ^{Nickel (2015)}, es posible afirmar que el discurso de unidad sigue presente en la política indígena contemporánea de Columbia Británica.

Si bien es cierto que hoy en día las primeras naciones de la región gozan de un contexto favorable debido a que los gobiernos provincial y federal avalaron la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” y los fuertes cuestionamientos en relación con el mantenimiento de la Ley India, también lo es que estas decisiones son eclipsadas por el aval de proyectos de uso y explotación de los recursos en territorios habitados por los pueblos originarios, como la construcción de oleoductos que ponen en riesgo la salud de esta población por la potencial contaminación del agua y el suelo. Es decir, a pesar de que desde el Estado se emprenden procesos de reconocimiento, es inocultable que el manejo gubernamental de la tierra está guiado por una lógica ajena a las necesidades de estas colectividades.