El Concepto De Feminicidio

El concepto de feminicidio ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha definido de diferentes maneras por feministas y estudiosas en género. Diane Russell fue una de las primeras feministas en utilizar el término “femicidio” en 1976, y en 1990, junto con Jane Caputi, lo definió como: “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o un sentido de propiedad de las mujeres” (^{Caputi y Russell, 1990, p. 34}).

En México, Marcela Lagarde introdujo el término feminicidio para agregar un sentido político y de responsabilidad estatal a los asesinatos de mujeres. Lo describió como un crimen de Estado, en el que las circunstancias estructurales reproducen normas de convivencia que favorecen delitos que atentan contra la vida, libertad y salud de las mujeres. Señaló la ceguera de género y los prejuicios sexistas y misóginos de las autoridades como factores que contribuyen al feminicidio (^{Lagarde, 2006}).

En toda Latinoamérica, las definiciones de femicidio y feminicidio se han adaptado y deconstruido por mujeres feministas. En Chile, ^{Maturana Kesten et al. (2004)} definieron al feminicidio como “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, tanto en el ámbito privado como en el público” (p. 16). Destacaron que “la violencia contra las mujeres es socialmente justificada y opera como un dispositivo de control sobre sus cuerpos y deseos” (p. 17).

Además, se reconoce que el feminicidio es un problema que también involucra una política sexual. ^{Lamus (2018)} argumenta que el asesinato de mujeres debe considerarse un tema público y político en lugar de ser visto como un asunto privado o patológico. El feminicidio está arraigado en una cultura heteropatriarcal que trata a las mujeres como cuerpos para otros y que se refleja en la violencia excesiva y de carácter sexual.

Todas estas definiciones resaltan que el feminicidio no es simplemente un homicidio más, sino un crimen de odio y una manifestación extrema de la violencia basada en el género, que se sustenta en estructuras estructurantes patriarcales y se manifiesta en la violencia misógina contra las mujeres como una política sexual. Los feminicidios son una manifestación clara de la violencia patriarcal y están relacionados con la impunidad. Estos crímenes reflejan la invisibilidad y la dominación que las mujeres enfrentan en una sociedad patriarcal y buscan alimentar la masculinidad, a través del control y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Esta este es el marco conceptual en el que se fundamenta la necesidad de considerar las razones de género como un elemento fundamental para sancionar este tipo de crímenes.

Aplicabilidad Del Tipo Penal Del Feminicidio

A pesar de los progresos realizados, el sistema de justicia y penal a menudo no aborda de manera efectiva el problema del feminicidio, tanto en México como en otros países de Latinoamérica. En el caso de Venezuela, según ^{Dador (2018)}, esto se debe en gran parte al enfoque persistente de la sociedad, influenciado por ideas religiosas, que se centra en la familia y la heterosexualidad. Por esta razón, Dador propone desvincular el feminicidio de estos conceptos, buscando una perspectiva que no lo relacione exclusivamente con la violencia en el ámbito familiar o de pareja.

Este enfoque lleva a que los profesionales del sistema de justicia cometan errores al aplicar las normativas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las violencias de género. Un ejemplo de ello es la forma en que se clasifican los delitos en el derecho penal, lo que resulta en que actos de violencia, que reflejan odio hacia las mujeres, a menudo se cataloguen como delitos de lesiones en lugar de intentos de feminicidio. Esto conduce a pasar por altos detalles importantes, como las partes del cuerpo afectadas, el método utilizado y el resultado final del ataque.

Otro ejemplo es cuando el sistema penal considera un delito agravado cuando existe violencia previa contra la víctima, lo cual no tiene en cuenta el hecho de que muchas mujeres no denuncian previamente los actos de violencia que sufren. Finalmente, en cuanto a las penas impuestas, al final de un largo y agotador proceso judicial, las víctimas sobrevivientes de feminicidio o sus familiares a menudo se encuentran lidiando con sanciones que se perciben como insignificantes. Todo esto contribuye a la impunidad que prevalece en casos de violencia contra las mujeres y envía un mensaje de que no hay consecuencias significativas para aquellos que agreden, violan o asesinan a mujeres (^{Dador, 2018}).

En el contexto de Chile, ^{Barra Osses (2019)} identifica diversas manifestaciones de desigualdad y discriminación que se han observado en el sistema procesal penal. Estas manifestaciones incluyen:

Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar y corregir las desigualdades de género arraigadas en el sistema de justicia penal en Chile, así como de promover políticas públicas que fomenten una cultura libre de estereotipos de género, sexismo y discriminación.

En el contexto de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aborda el concepto de acceso a la justicia, en donde se expone que entre las diversas problemáticas que enfrentan las personas para el acceso a la justicia en los casos de feminicidios, está la revictimización, “la invisibilización del problema… reproducción de roles y estereotipos por razones de género, clase, etnia, identidad, orientación sexual” (^{CNDH, 2021, p. 23}). Además, se destaca que los derechos de las víctimas indirectas de estos delitos a menudo son pasados por alto. Para abordar esta problemática se enfatiza la necesidad de realizar la debida diligencia en la investigación, con las características de “inmediata, exhaustiva, expedita, imparcial, especializada y desde una perspectiva de género y derechos humanos” (^{CNDH, 2021, p. 24}).

Luego, se hace mención del concepto de “víctimas indirectas del feminicidio”, haciendo referencia a aquellas personas cercanas o familiares de las víctimas. Según la ^{CNDH (2021)}, estas personas “también pueden considerarse víctimas directas de los delitos relacionados con la violencia de género o la violencia contra las mujeres” (p. 26).

A continuación, se introduce el concepto del “derecho a la verdad”, definido por las Naciones Unidas como el derecho que asiste a las víctimas y sus familiares para conocer la verdad de los acontecimientos, un derecho que se considera inalienable. En lo que respeta al derecho a la verdad para las víctimas secundarias del feminicidio, estas tienen el derecho de obtener información sobre las causas, circunstancias, personas responsables y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar.

Por otro lado, existe la reparación del daño, que incluye tanto la reparación integral como la simbólica, establecida en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la reparación integral se refieren una serie de elementos, tales como: la investigación de los hechos, la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica o social, la satisfacción mediante acciones en beneficio de las víctimas, las garantías de no repetición de las violaciones y la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial (Calderón, 2013, citado en ^{CNDH, 2021, pp. 28-29}). Por otro lado, la reparación simbólica implica el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, a través de la solicitud del perdón y la asunción de la responsabilidad por parte de los victimarios (^{CNDH, 2021}).

A pesar de los avances en la legislación y las políticas destinadas a abordar el feminicidio, persisten desafíos en la aplicación efectiva de estas normativas y en la erradicación de los estereotipos de género en el sistema de justicia y penal. Es fundamental continuar investigando y destacando cómo se implementa la normativa sobre el feminicidio, particularmente en casos como el de Nuevo León. Esto cobra aún más relevancia debido a la grave situación de violencia basada en el género, que coloca a las mujeres en constante riesgo, tanto en el ámbito privado como en el público.

a) Definición Del Feminicidio

Tras analizar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales, se ha observado que existe una notable uniformidad en la definición legal adoptada por cada entidad federativa. Concretamente, 14 estados han adoptado una definición similar a la que se encuentra en el código federal, la cual dice de la siguiente manera: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias” (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 2012, artículo 325). Por otro lado, en 17 estados se ha establecido una tipificación distinta, caracterizada por ciertas modificaciones en el lenguaje legal, así como la inclusión de otras razones de género, agravantes y disposiciones sobre la tentativa de feminicidio (Fig. 2). Estas variaciones pueden tener o no repercusiones significativas en la aplicación efectiva de la ley.

Fuente: Elaboración propia, con base en los códigos penales federal y estatales.

FIGURA 2 CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGÚN LA SEMEJANZA EN LA DEFINICIÓN DEL FEMINICIDIO EN SUS CÓDIGOS PENALES EN COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AGOSTO DE 2022 

En términos generales, se puede observar que en todas las entidades federativas, la definición del feminicidio no se restringe únicamente a la relación entre la víctima y el perpetrador, sino que también toma en consideración la motivación y el contexto en el que se produce el crimen. Por lo tanto, el delito de feminicidio sanciona el asesinato de mujeres en situaciones de discriminación y dominación. En consecuencia, el feminicidio representa una forma particular de violencia basada en razones de género.

b) Diferencias Entre Las Entidades, En Cuanto Al Bien Jurídico Tutelado Del Tipo Penal De Feminicidio

Desde una perspectiva formal, se define el bien jurídico como “todo bien, situación o relación deseados y protegidos por el Derecho” (García Martín, en ^{Morena del Río, 2020, p. 278}). Sin embargo, es fundamental comprender que el bien jurídico protegido no es exclusivamente un concepto relacionado con el derecho penal, en su esencia, representa un valor que resguarda la vida, independientemente de cualquier consideración legal. No obstante, en ciertas circunstancias, se opta por otorgarle una protección o tutela legal específica. De esta manera, el bien jurídico cumple la función esencial de ayudarnos a entender el núcleo material de la injusticia presente en todo acto delictivo.

En el Código Penal Federal de México, el delito de feminicidio tiene como bien jurídico protegido la vida de la mujer. En este sentido, ^{Del Llano (2021)}, un jurista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en su conferencia titulada Análisis del tipo penal de feminicidio, argumenta que este bien jurídico ya estaba adecuadamente protegido a través del delito de homicidio. A pesar de que el feminicidio ha sido tipificado como un delito independiente en la mayoría de las entidades federativas del país, con la excepción de Guanajuato y Michoacán de Ocampo, que lo consideran como homicidio por razones de género (última reforma del instrumento: 21 de marzo de 2017 y 13 de julio de 2020, respectivamente). Esto refleja que aún persisten críticas en torno al bien jurídico protegido y a la autonomía del tipo penal del feminicidio, de acuerdo con sus características.

Si quienes están a cargo de juzgar no comprenden la esencia del tipo penal de feminicidio, no podrán sustentarlo ni persuadir a otros a través del análisis de un caso. El reconocimiento del bien jurídico tutelado es fundamental, ya que su comprensión es el primer paso para su respeto y protección. En el contexto del feminicidio, el bien jurídico salvaguardado va más allá de la vida, abarca el derecho a la igualdad de género y el derecho de la mujer a vivir sin violencia.

En este contexto, al revisar los textos normativos estatales relacionados con el feminicidio, se evidencia la falta de consenso en cuanto al bien jurídico protegido en todo el país. Por ejemplo, en la legislación del estado de Morelos se establece que se protege la moral pública, mientras que en Nuevo León se enfatiza la tutela de la igualdad de género y la dignidad de la mujer. En Oaxaca, se señala que el bien jurídico protegido es el derecho a una vida libre de violencia, y en Veracruz se hace referencia a la violencia de género. Por su parte, la Ciudad de México establece que se protege el derecho de la mujer a una vida digna, libre de violencia.

Es importante destacar que Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz amplían el bien jurídico a tutelar, al considerar tanto la igualdad como la vida libre de violencia, derechos que forman parte del marco legal mexicano armonizado con las normas internacionales de protección de los derechos de las mujeres, como la Convención Belém do Pará, y se reflejan en la LGAMVLV (2017). Por otro lado, la normativa penal del estado de Morelos, al hacer hincapié en “la moral pública” parece otorgar mayor relevancia al interés público por encima de los derechos de las mujeres.

c) Circunstancias De Razones De Género

En el ámbito de la normativa penal federal mexicana, se establece que comete el delito de feminicidio aquel que, por razones de género, priva de la vida a una mujer. En otras palabras, en este tipo penal se introduce un motivo adicional, donde el perpetrador mata a la mujer debido a su condición de género. Según ^{Morales (2020)}:

la razón de género se relaciona con el hecho de que, al ejercer este tipo de violencia, el sujeto activo manifiesta claramente que está degradando a la mujer a un objeto sexual que puede ser utilizado a su voluntad y luego descartado. La forma de descartarla es privándola de la vida. (p. 57)

No obstante, el desafío reside en la presentación de pruebas que demuestren la existencia de este motivo de género.

De las siete circunstancias enumeradas en el artículo 325, párrafo 1, que se mencionaron anteriormente, es importante destacar que tienen implicaciones significativas en la acreditación del feminicidio. Como señala ^{Vázquez (2019)}, estas circunstancias pueden llevar a situaciones donde algunos casos de feminicidio sean infravalorados, es decir, no se reconozcan como tal cuando deberían serlo, mientras que otros casos podrían ser sobrevalorados, es decir, clasificarse como feminicidio cuando no se ajustan completamente a los criterios establecidos. Esto subraya la importancia de una correcta y exhaustiva investigación en cada caso de feminicidio para determinar si se cumplen las circunstancias que indican razones de género. La falta de comprensión o la interpretación incorrecta de estas circunstancias puede tener un impacto significativo en la justicia y en la lucha contra la violencia basada en género.

Después de realizar un análisis sistemático de los códigos penales de las entidades federativas, se observa que 14 estados adoptan de manera idéntica la lista de razones de género que se deben considerar en los casos de feminicidio. Estos estados son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Por otro lado, en 17 estados se encuentran diferencias semánticas en las circunstancias de género que se consideran en el delito de feminicidio. Estos estados son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Como ejemplo de las diferencias semánticas en las circunstancias de género en los códigos penales estatales, se puede comparar la Fracción II del Artículo 325 del Código Penal Federal, que establece: “A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia”. Al analizar esta apartado, se observa que en las entidades que han modificado esta disposición, se amplía el campo semántico en comparación con las entidades que mantienen la misma redacción. En estas entidades modificadas se incorporan términos adicionales como menosprecio, sufrimiento, tormentos, quemaduras, sexual, dignidad, ejecución, tortura, genitales, inhumano, escoriaciones, crueles, cadáver, entre otros. Esto aumenta la complejidad de probar el delito de feminicidio, ya que se requiere demostrar fehacientemente una serie de elementos adicionales al caso.

La comprobación de algunas de las razones de género enumeradas en el tipo penal presenta, por sí misma, dificultades probatorias significativas. Quizás la más compleja sea la fracción I, que establece que “la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo”. Un ejemplo de esta dificultad se puede observar en una Sentencia Pública emitida por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León el 24 de febrero de 2022. En esta sentencia se realiza un análisis de hechos que ocurrieron en momentos diferentes, los cuales constituyen dos delitos distintos, como se describe a continuación:

El planteamiento de la sentencia señala:

agredieron sexualmente a la víctima **********, de diecinueve años de edad, pues impusieron copula con dicha víctima vía vaginal y anal, ocasionándole desgarros en ambas zonas, posteriormente la privaron de la vida, esto al amarrarla a la base de un árbol con una sudadera tipo mezclilla color azul que la víctima vestía al cuello y con un palo hicieron un torniquete hasta así estrangularla y causarle la muerte, a consecuencia de asfixia por estrangulamiento, además de dejarla semidesnuda en dicho lugar amarrada del cuello de ese tronco de árbol pues su pantalón y pantaleta la tenía a la altura de su rodilla y su blusa y sostén lo tenía por encima de sus pechos. (Sentencia 0057, ^{Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2022, pp. 2-3})

Siendo el día ********** del 2016, aproximadamente entre las 18:00 y 18:15 horas, sobre la calle ********** Nuevo León, cuando la menor de iniciales ********** de edad, caminaba por dicho lugar con su mochila y uniforme de la escuela, cuando repentinamente se le acercó una persona del sexo masculino que salió del monte y le preguntó la hora, además que si quería ir con él al monte, ella se negó y corrió, pero el sujeto la alcanzó, la jaloneó, la llevó hacia el terreno baldío, la arrastró tomándola del cuello, la aventó sobre la tierra, quedando la menor boca abajo, para evitar que gritara el sujeto le tapó la boca, después le levantó la falda, le bajó el short y el calzón, además la golpeó en la cabeza y la amenazó de golpearla con un palo, seguidamente el sujeto le introdujo su pene en el ano de la menor ********** realizando actos propios al acto sexual, después de unos momentos, eyaculó, es decir, terminó la relación sexual por vía no natural, posteriormente el sujeto le arrancó el calzón y se fue corriendo del lugar, mientras que la menor se quedó unos momentos, se acomodó sus ropas y se retiró del lugar, se dirigió hasta una tienda cercana, donde fue auxiliada por **********. (Sentencia 0057, ^{Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2022, p. 3}).

El fallo emitido fue de naturaleza mixta, lo que significa que se dictó una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio, pero una sentencia absolutoria por el delito de violación equiparada. Esta decisión se tomó a pesar de contar con pruebas que indicaban la presencia de desgarros en las áreas anal y vaginal de la víctima, así como restos de semen. En el segundo caso, dado que no se presentó una prueba de ADN, que vinculara al agresor con los restos de semen encontrados, finalmente no se pudo establecer su responsabilidad en el delito de violación, lo que llevó a la sentencia absolutoria.

Ambos argumentos se presentaron con base en suposiciones relacionadas con cuestiones de género, pero resultaron incompatibles con uno de los principios fundamentales del derecho penal: la presunción de inocencia. Dado que no se pudo proporcionar la prueba necesaria durante la investigación del caso para rebatir la presunción de inocencia, se emitió una sentencia absolutoria por el delito de Equiparable a la Violación. Según lo planteado por ^{Vázquez (2019)}, “en tal situación, podría ser que, al menos para algunas de las circunstancias que califican como feminicidio [o violencia de género], se requiera un estándar de prueba más bajo, y, por lo tanto, se considere que la presunción de inocencia se puede superar con menos evidencia.” (p. 207)

Esta situación subraya la necesidad de revisar y modificar el tipo penal del feminicidio, con la creación de causales específicas que no presenten las complejidades probatorias que muchas de las actuales conllevan, sin aumentar el riesgo de condenas erróneas. Además, es esencial promover la armonización de estas modificaciones en todo el país. Es importante destacar la urgencia de aplicar una perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos judiciales. En este caso, se logró condenar al responsable por un delito de feminicidio con una pena significativa y la orden de pagar reparación del daño a las víctimas indirectas. Sin embargo, debido a deficiencias en la presentación y el análisis de pruebas científicas cruciales relacionadas con el delito de violación equiparada, la víctima de dicho delito finalmente no obtuvo la reparación del daño, ya que el acusado fue absuelto.

Es importante destacar que la misma sentencia hace referencia a la Jurisprudencia titulada Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad: Elementos para Juzgar con Perspectiva de Género (2016) como uno de sus criterios orientadores. Sin embargo, en el caso de la sentencia absolutoria, no se tuvieron en cuenta estos elementos, en particular el contenido de la fracción iii, que establece que, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para esclarecer situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, se deben ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Esto resalta la importancia de aplicar una perspectiva de género de manera efectiva en los procesos judiciales para garantizar la igualdad y la justicia en casos de violencia de género.

d) Penalidades Y Multas

En la norma penal federal, el delito de feminicidio conlleva una pena de cuarenta a setenta años de prisión, según lo establece el artículo 325. Esta pena es considerablemente más alta que la aplicada al homicidio doloso, que conlleva una pena de diez a quince años de prisión.

Sin embargo, tras revisar las normativas penales estatales, se observa una variación significativa en las penalidades y multas para el delito de feminicidio. Estas varían desde penalidades mínimas de veinte hasta cincuenta años, e incluso en algunos casos, como el código penal del Estado de México, se contempla la pena de prisión vitalicia.

La tabla 1 ilustra que once entidades federativas imponen penalidades bajas (con penas mínimas de 20 a 35 años), diecisiete entidades aplican penas de duración media (con penas mínimas de 40 años), y cuatro entidades establecen penalidades altas (con penas mínimas de 45 a 50 años). La disparidad en las definiciones y las penas para un mismo delito en diferentes estados puede llevar a situaciones de inequidad en la justicia. Por ejemplo, una persona que comete un delito en un estado con penas más severas podría recibir una sentencia más dura que alguien que comete el mismo delito en un estado con penas más leves.

Como señala ^{Morales (2020)}, lo fundamental no es únicamente la magnitud de la pena, sino la efectividad en su aplicación. Es esencial que cada vez que se presente una denuncia por feminicidio, se realice una investigación, se resuelva el caso, se lleve a juicio y se condene al responsable. Mientras no se logre este cambio en el sistema de justicia, el establecimiento de penas elevadas en el papel no tendrá un impacto real en la erradicación de este grave problema.

e) Agravantes Del Delito De Feminicidio

El Código Penal Federal no incluye agravantes para el delito de feminicidio. No obstante, tras un análisis exhaustivo, se ha observado que once estados federativos han incorporado agravantes en sus leyes penales locales para determinar las penas en casos de feminicidio. Estos estados son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa. Esta disparidad legislativa puede generar confusión y falta de uniformidad en la aplicación de la ley, lo que dificulta la labor de las fuerzas de seguridad y los tribunales, así como la cooperación entre diferentes estados en casos de delitos que cruzan fronteras estatales.

Las agravantes que se han incorporado a estas leyes penales estatales son diversas y abarcan una amplia variedad de circunstancias. El campo semántico de las agravantes es muy amplio y diverso, es decir, hay una diversidad de palabras, sinónimos o conceptos que se utilizarse para describir las agravantes del delito de feminicidio, lo que enriquece la comprensión y la profundidad del tema, pero también abonan a incrementar la dificultad en su aplicación. Algunas de las palabras clave que aparecen en relación con estas agravantes son: discapacitada, indefensión, alterada, parentesco, subordinación, embarazada, adolescente, niña, matrimonio, noviazgo, sensorial, menosprecio, trata, prostitución, entre otras. Esta diversidad de agravantes contribuye a la complejidad del tipo penal del feminicidio en estas jurisdicciones.

f) Reparación Del Daño

De acuerdo con el análisis de los códigos penales estatales, solo cinco entidades consideran la reparación del daño en sus disposiciones. Estas entidades son: Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California Sur y Chihuahua. Sin embargo, no todas ellas especifican a quiénes se debe reparar el daño; solo dos de ellas mencionan que la reparación del daño debe ser integral (Fig. 3).

Según Calderón (citado por la ^{CNDH, 2021}), el concepto de reparación integral se deriva del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que se deben proporcionar las siguientes medidas: investigación de los hechos; restitución de derechos, bienes y libertades; rehabilitación física, psicológica o social; satisfacción a través de actos en beneficio de las víctimas; garantías de no repetición de las violaciones; e indemnización compensatoria por daño material e inmaterial. (pp. 28-29)

Esto demuestra que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la justicia restaurativa, especialmente en lo que respecta a la reparación simbólica, que busca preservar la memoria colectiva en lugares donde se han cometido violaciones a los derechos humanos, extendiendo hacia la comunidad el dolor de las víctimas. Este aspecto, que no ha sido mencionado en ninguna de las normativas penales, ha sido desarrollado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

g) Tentativa De Feminicidio

En el Código Penal Federal de México no se contempla la figura de la tentativa de feminicidio, lo que representa una notable omisión y deja en situación de vulnerabilidad a las víctimas de violencia de género al no brindarles las medidas de protección necesarias contra sus agresores para salvaguardar sus vidas.

En solo tres entidades federativas de México, Nuevo León, Puebla y Yucatán, se contempla la figura de la tentativa de feminicidio en sus leyes penales relacionadas con el delito de feminicidio. En Nuevo León, la normativa establece que la pena por tentativa de feminicidio oscilará entre la mitad de la pena mínima y dos terceras partes de la pena máxima previstas para el feminicidio. Por su parte, en el código penal de Puebla se proporciona una definición de lo que constituye la tentativa de feminicidio, que se presume cuando las lesiones dolosas ocasionadas a una mujer tienen antecedentes de violencia contemplada en los artículos mencionados en la misma ley respecto del mismo agresor (Art. 338, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2021, p. 111). En Yucatán, se establece que quien intente dolosamente privar de la vida a una mujer por las razones de género establecidas en la ley y no lo logre por cualquier circunstancia, será considerado como culpable de tentativa de feminicidio. Sin embargo, en ninguna de estas entidades se especifica cómo se debe demostrar la tentativa de feminicidio, lo que genera incertidumbre en su aplicación y puede plantear desafíos en la interpretación y aplicación de la ley.

Fuente: Elaboración propia con base en los códigos penales federal y estatales (^{SIESVIM, 2022}).

FIGURA 3 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE INCORPORAN LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN SU NORMATIVA PENAL, AGOSTO DEL 2022