INTRODUCCIÓN

Juana¹ fue diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la XII Legislatura de Quintana Roo, México. Reconocida por ser una política feminista, fue la única mujer de su partido en pronunciarse en contra de una reforma constitucional, que pretendía proteger la vida desde la concepción, iniciativa que fue llevada al pleno por una diputada de su mismo partido. Ella no se oponía a que se legislara sobre el tema pero, siendo presidenta de la Comisión de Equidad y Género, expresó su desacuerdo porque se impusieran criterios de moral religiosa para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Juana recuerda que la iniciativa tuvo que regresar a las comisiones para discusión, provocando la ira del presidente de la mesa directiva, un diputado de su partido y también tío del gobernador en turno. Desde ese momento, Juana coleccionó diversos episodios en los que recuerda al líder de su partido golpear las manos sobre la mesa cuando ella hablaba, ordenándole guardar silencio, y suspendiéndole el pago de su sueldo porque “no le obedecía” (Entrevista con Juana, 1 de septiembre de 2020).

Hacia 2009, Juana vivió un episodio de violencia, que buscó limitar su autonomía para desempeñar un cargo público de representación, por parte de un legislador que fungía como presidente de la Gran Comisión del Congreso local. Esta situación no cambió cuando se desempeñó como diputada federal, entre 2015 y 2018, ni cuando buscó la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo hacia 2018. Este caso no es aislado, por ello, vale la pena analizar los obstáculos que subsisten para que las mujeres que participan en la política puedan ejercer sus derechos de forma plena, en donde a unas les implica, incluso, amenazas y daños a su integridad física.

Este ejemplo permite sostener el argumento central o hipótesis de este artículo referente al avance de las reglas de paridad en México, que supuso haber alcanzado la igualdad plena entre mujeres y hombres que se dedican a la política; sin embargo, el incremento numérico de las mujeres² en los congresos, llamado en esta investigación “acceso legislativo”, exhibió que la representación descriptiva no era suficiente para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer sus derechos políticos plenos, es decir, tener “agencia legislativa”, porque se ejerce en contra ellas violencia política en razón de género.

Para abordar lo anterior, este capítulo integra, además de esta introducción, cuatro secciones y una conclusión. La primera, es una aproximación teórica que permite al lector distinguir la violencia política contra las mujeres, o violencia política en razón de género, de otras formas de violencia y sus efectos en el ejercicio de derechos políticos. La segunda se concentra en bosquejar el marco legal que se ha construido para garantizar los derechos políticos de las mujeres en México, o sea, el acceso legislativo en el plano formal, desde el nivel internacional, pasando por el nacional mexicano y el subnacional de Quintana Roo. La tercera sección presenta un panorama general del avance de las mujeres como legisladoras en el Congreso quintanarroense, desde la perspectiva de la representación descriptiva o numérica. La cuarta se centra en analizar las manifestaciones de la violencia política contra las mujeres, a partir de los testimonios de dieciséis diputadas del congreso de Quintana Roo, y a tres funcionarios del congreso estatal y partidos políticos, en funciones durante los años que abarca el periodo 2012-2022, y que da cuenta de las limitaciones que representa la violencia política en razón de género a la agencia legislativa de las mujeres. Finalmente, las conclusiones recogen las reflexiones a partir de los desafíos que imprime la violencia política contra las mujeres para la democracia mexicana.

LAS MÚLTIPLES CARAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES

La mayoría de los gobiernos democráticos del mundo han adoptado al desarrollo humano como un enfoque orientador para sus políticas públicas, con la materialización de los derechos humanos como eje de sus ordenamientos legales. Ambas acciones se traducen en la ampliación de libertades de la sociedad y en el empoderamiento de las personas, y a su vez, la seguridad humana se garantiza con ciudadanos empoderados, “libres de miedo”. Al respecto, la Comisión de Seguridad Humana propuso entender la seguridad humana como:

la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas, de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas [...] significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad. (^{Comisión de Seguridad Humana, 2003, p. 4})

Esta definición interrelaciona los elementos paz, desarrollo humano y derechos humanos y coloca a las personas en el centro del enfoque. Prevé, incluso, al sistema político como un componente que genera las condiciones para el pleno desarrollo de las personas, y que esta condición se puede alcanzar eliminando una serie de amenazas, tales como la represión estatal o las violaciones a los derechos humanos como garantías para la seguridad política.

Este enfoque entraña una interconexión entre tipos de seguridad y amenazas. Por ejemplo, la pobreza persistente y el desempleo de la mujer, la falta de acceso a servicios educativos y de salud, sumados a violaciones de los derechos humanos, tienen repercusiones negativas no solo para el ámbito privado, sino para la participación de las mujeres en la vida pública como funcionarias electas o designadas. Por lo tanto, aquellas sociedades en las que el paradigma patriarcal es aún fuerte, en donde las mujeres no han transformado su concepción de género -es decir, su rol en la sociedad-, y en donde los gobiernos no han desarrollado enfoques integrales para garantizar el empoderamiento, son más propensas a que los sectores vulnerables vivan con amenazas que constituyen formas de violencia.

Al respecto, la tabla 1 presenta una clasificación de tipos de seguridad y sus amenazas. Afectando a la seguridad política se encuentran ejemplos de amenazas, tales como la represión policial, violaciones a los derechos humanos, formas de violencia física sexual y psicológica; en las primeras décadas del siglo XXI se ha tomado consciencia de que estas recaen sobre todo en las mujeres que deciden incursionar en la política en diferentes roles.

Las afectaciones a la seguridad política se extienden a hombres y mujeres. No se puede negar la existencia de amenazas y ataques de toda índole a hombres que se dedican a la política. Sin embargo, a ellos los suelen agredir o incluso matar por razones relacionadas a condiciones diferentes a su sexo (^{Legarde y de los Ríos, 2001}), su cargo, por las decisiones que toman, por rivalidades políticas, etc. Sin embargo, se ha encontrado evidencia (^{Freidenberg y Del Valle, 2017}), que particularmente en el nivel subnacional las mujeres enfrentan presiones, amenazas y concreciones de ataques sobre su integridad física al ejercer o buscar contender por cargos políticos por su condición de mujeres como una forma de mantenerlas excluidas de esta actividad pública.

La violencia es un proceso continuo y multidimensional, generado por la reproducción de prácticas mediadas por relaciones de poder asimétricas entre agentes. Desde la sociología, la teoría de la estructuración (^{Giddens, 2006}) permite explicar la construcción y reproducción social de un sistema en el que los agentes, la acción y el poder están ordenados por relaciones de poder invisible (^{Fararo y Skvoretz, 1986}; ^{Lukes, 2002}; ^{Gaventa, 2006}), en el que aquellos individuos en posiciones de poder, sin el uso de la fuerza o coerción abierta, moldean las barreras institucionales para impedir el acceso a los espacios públicos a personas de otros grupos. Otro tipo de poder es el oculto, considerado como el “más supremo e insidioso ejercicio del poder”, que impide a las personas experimentar agravios, pues “modela sus percepciones, cogniciones y preferencias”, llevándolas a aceptar el orden de las cosas existentes (^{Lukes, 2002, p. 20}).

Por lo tanto, la inclusión o exclusión de las mujeres en los parlamentos o congresos implica que “las inclinaciones del sistema no se nutren simplemente de una serie de actos elegidos de manera individual, sino también y sobre todo del comportamiento socialmente estructurado y culturalmente configurado de los grupos, y de las prácticas de las instituciones.” (^{Lukes, 2002, p. 17}). Lo mismo ocurre con los obstáculos o constreñimientos, que inhiben el ejercicio de sus funciones a las recién llegadas a posiciones de poder.

Los agravios que viven las mujeres en la política son una dimensión o faceta de la violencia contra la mujer. Feministas y agentes gubernamentales han coincidido en lo que define el artículo 1^o de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993):

[…] por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido la violencia contra las mujeres en la vida política como:

[…] cualquier acto o amenaza de violencia de género que tenga como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, que les impida ejercer y realizar sus derechos políticos, ya sea en ámbitos públicos o privados, incluido el derecho a votar y ocupar cargos públicos, votar en secreto y hacer campaña política con libertad, asociarse y reunirse, y ejercer su libertad de opinión y expresión (^{ONU Mujeres / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2017, p. 23}).

Por su parte, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sobre la violencia contra las mujeres en la política (^{ONU, 6 de agosto de 2018, p. 6}) identifica que las manifestaciones del fenómeno en cuestión ocurren en las elecciones y más allá de ellas, pues se trata de:

[…] todo acto de violencia basada en el género, o la amenaza de esos actos, que se traduce o puede resultar en daños físicos, sexuales o psicológicos o sufrimiento y está dirigida contra la mujer en política por su condición de mujer, o afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

Desde el ámbito académico, particularmente desde los estudios de la representación política la violencia contra las mujeres en la política, o violencia política contra las mujeres, se entiende como una serie de:

[…] conductas que están dirigidas específicamente contra las mujeres por ser mujeres, con el propósito de presionarlas para que renuncien como candidatas o como representantes electas a un cargo público […], en un intento por preservar la política bajo el dominio masculino. (^{Krook, 2017, p. 52})

Todas las definiciones convergen a apuntar que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un tipo particular de violencia cuyo propósito es inhibir la materialización de los derechos políticos de las mujeres, a toda costa, incluso si ello implica privarlas de la vida. Asimismo, indican que las expresiones de esa violencia pueden ser formas visibles o invisibles, desde violencia verbal y psicológica, hasta las agresiones físicas.

En cuanto a los perpetradores de la violencia, estos pueden ser miembros de la familia, colegas dedicados a la política, periodistas, líderes religiosos, personas conocidas y desconocidas, bots, troles anónimos, incluso servidores como funcionarios públicos de todos los niveles y poderes del Estado (^{ONU, 6 de agosto de 2018}); además, esta forma de violencia se expresa contra ellas por su vida pública y privada, dentro y fuera de la internet (^{ONU Mujeres, 2021}). Las víctimas de este tipo de violencia son mujeres que incursionan en la política en diferentes roles, tales como la titularidad de cargos públicos, candidatas y aspirantes, simpatizantes políticas, votantes, trabajadoras electorales y observadoras y funcionarias públicas. La ONU incluye en sus definiciones de víctimas de este tipo de violencia a activistas de la sociedad civil, trabajadoras de los medios de comunicación y las defensoras de los derechos humanos, quienes también pueden ser objetivo de violencia y extiende las posibilidades de afectación indirecta a ellas a través de sus familiares y afectos (^{ONU Mujeres, julio de 2021}).

En democracia, debería importar cuando se usa un estereotipo de género para atacar a las políticas, porque de esta manera la agresión se amplifica y se dirige a sus congéneres. Su propósito es “intimidar a otras mujeres”, así como “comunicarle a la sociedad en general que las mujeres no deberían participar” (^{Krook, 2017, p. 52})

Las definiciones y reflexiones anteriores permiten vislumbrar la violencia política en razón de género como una dinámica social compleja que afecta de múltiples maneras a un sector de la población. Según ^{Krook (2017, pp. 54-56)} , una de las tipologías sobre las dimensiones de la violencia política contra las mujeres exhibe sus manifestaciones mediante violencia:

La existencia de la violencia política contra las mujeres se hace evidente cuando entran en vigor medidas de acción afirmativa para incrementar numéricamente la presencia de este sector de la población en los cargos públicos electos, porque se visibilizan las mujeres en la política (^{Watts y Zimmerman, 2002}). Estas aproximaciones teóricas permiten comprender que este tipo de violencia implica un constreñimiento y amenaza para el ejercicio de un cargo público electo. Sin embargo, las bases de esta violencia política data de los partidos políticos, cuya estructura piramidal favorece que los cimeros sean un reducido grupo, compuesto mayoritariamente por hombres (Roza et al., p. 28). En la base, las mujeres suelen ser relegadas al trabajo “casa por casa” o territorial, en labores de convencimiento a las personas, difusión de las plataformas políticas de candidatos, asistencia a mítines, entre otras tareas, es decir, apoyando a otros en sus aspiraciones políticas (^{García Castro, 2009, p. 127}), construyendo un prestigio social y político que puedan favorecer su ascenso en el partido en algún momento (^{Massolo, 2003, p. 44}).

Los factores que limitan la participación política de las mujeres están dentro y fuera de los partidos, se pueden mencionar: medios de comunicación que promueven figuras femeninas sin poder y reproducen estereotipos de género, la existencia de fracciones o camarillas con un reclutamiento político cerrado o semicerrado que privilegia a los hombres, restricciones partidistas de los recursos para campañas de mujeres, entre otros. Entonces, encontramos que si los hombres dominan las instituciones de gobierno y los partidos, las formas de hacer política han sido construidas por ellos, por ejemplo, en las instituciones de representación, como los congresos, las negociaciones o acuerdos pueden trascender el recinto legislativo, realizándose en un restaurant, bar o cantina, espacios socialmente definidos como “inapropiados” para que una mujer asista con un grupo de hombres y que las somete a “chismes, habladurías y aislamiento” (^{Massolo, 2003, pp. 43-44}).

Aunado a lo anterior, estudiosas de la violencia política contra las mujeres en razón de género (^{Krook y Restrepo Sanín, 2016, pp. 137-138}) han encontrado que el ejercicio de esta forma de violencia es un recurso de resistencia al cambio por parte de actores que se niegan a perder poder en las instituciones públicas y que buscan “castigar” a las mujeres que dejan el ámbito de la vida para hacer una incursión pública en puestos de poder político. Entonces, la violencia política contra las mujeres en razón de género es una reacción de agentes en un sistema político patriarcal que ve a las mujeres como intrusas, llegadas a través de mecanismos de representación y empoderamiento (^{Bardall et al. 2020, p. 922}; ^{Piscopo y Walsh, 2020, p. 265}).

Un factor que vale la pena mencionar sobre las características del sistema político y sus instituciones es que los actores, hombres o mujeres, tienen distintos grados de poder para acceder e incidir en la política, experimentan limitaciones para la agencia, pero también tienen la posibilidad de la reflexividad para detonar el cambio social, como lo plantea Giddens. Las instituciones, en tanto estructuras, presentan la dualidad constreñimiento-libertad, en donde los actores tienen agencia para actuar a través de la deliberación, el convencimiento, las legislaciones y, en general, los recursos que la propia institución ofrece (^{Fararo y Skvoretz, 1986, pp. 222- 227}).

Precisamente esa posibilidad de transformar la política democrática, contradictoriamente excluyente y patriarcal, así como la acción social que reproduce los roles de hombres y mujeres en la esfera pública y privada, es parte de la movilización de recursos que pueden realizar las mujeres-agentes que ingresan a la política. Al cambiar las prácticas recursivas se transforman los medios para la reproducción del sistema y se podría estar en presencia del cambio social del sistema. La erosión gradual de los constreñimientos, ya sea por conquistas de la sociedad civil o por compromisos internacionales gubernamentales, abre la posibilidad del cambio a un orden social y político más igualitario. Sin embargo, algunas personas intentarán reproducir las prácticas y manifestaciones de la violencia política en razón de género.

A efectos de ordenar la información que se presenta en el estudio de caso, en esta investigación se proponen dos variables compuestas. El acceso legislativo es la variable independiente, se explora a través de condiciones estructurales generadas por las reglas formales de tipo legal que permiten, limitan o cancelan el ejercicio de derechos políticos. Asimismo, otra dimensión de la variable son las reglas informales, que son regularidades en el comportamiento que generan dinámicas de inclusión o exclusión, habilitación o constreñimiento en las mujeres que incursionan en la política, permitiendo e inhibiendo su capacidad de desarrollar funciones políticas. En ambas dimensiones se pueden encontrar manifestaciones de la violencia política en razón de género, como una forma de resistencia al cambio en determinados agentes, frente a las reglas formales para la llegada de mujeres a las posiciones de poder.

La variable dependiente en esta investigación es la agencia legislativa, que se relaciona con la autonomía de las diputadas para ejercer su cargo y funciones una vez que han sido electas. Esta variable se compone de tres dimensiones: los obstáculos o formas de violencia política en razón de género que experimentan las diputadas, la división sexual del trabajo en el poder legislativo y la consciencia feminista de las legisladoras. Entonces, la agencia legislativa se entiende en esta investigación como un actuar consciente para ejercer poder sobre otras personas, para el actuar individual o sobre las condiciones estructurales que limitan o habilitan el acceso legislativo de las mujeres.

Asimismo, la agencia legislativa se denominará transformadora cuando se corresponda con un reconocimiento interno por parte de las diputadas de que su presencia en el congreso y en la política puede mejorar las oportunidades de otras mujeres. Por lo contrario, tendrá un efecto reproductor del estatus de desigualdad cuando su consciencia de género no les permita reconocer y activar estrategias para mejorar su incidencia política.

MARCO LEGAL QUE GARANTIZA LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES EN MÉXICO

Los mecanismos de política regional en América Latina³ generan información sobre la problemática de las mujeres en el ejercicio de sus derechos en el siglo XX, sientan las bases para la creación de leyes y programas nacionales de países como México. Sin embargo, por sus características, la ONU ha sido el organismo que más éxito ha tenido para promover una gobernanza global que propicie el avance de los derechos de las mujeres a través de la creación de reglas formales de tipo legal e institucional.

La ONU surge como una entidad internacional intergubernamental encargada de promover la paz, el desarrollo, la democracia, la asistencia humanitaria y los derechos humanos entre sus miembros. Nace con la fuerza que le imprime la declaración firmada por jefes de Estado en un contexto clave: el fin de la Segunda Guerra Mundial; el reajuste de las potencias mundiales; así como la voluntad, expresada por sus fundadores, de desarrollar al mundo. En ese momento, el régimen internacional que constituye la ONU se encuentra en una fase declarativa y promocional, sobre todo en proceso de diseño de las instituciones que la conformarían, en la definición de sus principios y en la regularización de las pautas de interacción entre los Estados.

El preámbulo del documento fundacional de la ONU declara a las naciones resueltas: “…a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres⁴ y de las naciones grandes y pequeñas…[así como a] promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.” (^{ONU, 26 de junio de 1945}). Desde entonces, el interés por la igualdad de las personas se encuentra presente, aunque a veces soslayado, en la agenda internacional.

Con el avance de la segunda mitad del siglo XX se extiende la democracia como forma de gobierno y con ella sus principios. La noción de respeto a los derechos humanos es una novedad que toma fuerza en la política internacional, la igualdad y la erradicación de la discriminación de todo tipo van ser problemáticas esenciales de la política internacional y que han quedado plasmadas en documentos rectores como la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo; la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; así como la Declaración del Milenio, junto con las agendas de desarrollo contenidas en los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el preámbulo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se pronuncia a favor del “valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres” (párr. 4); además, los firmantes se comprometen a asegurar la cooperación para el respeto de los derechos humanos, en materia política específicamente señala que todas las personas tienen derecho a:

Los planteamientos anteriores son considerados de avanzada para su tiempo, lo mismo que la participación de mujeres en el comité de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las participantes incidieron en aspectos como la universalidad de los derechos humanos; el uso de sustantivos tales como “personas”, “seres humanos”, “hombres y mujeres”, en lugar de la denominación genérica “Hombre”; así como la inclusión del principio de la no discriminación por motivos de sexo, ideología, religión, u otros factores sociales, culturales o biológicos (^{Adami, 2019, pp. 19-30}).

Sin duda, el reconocimiento mundial de los derechos humanos apuntala la lucha por la ampliación efectiva de la ciudadanía para las mujeres. Además, este régimen internacional se fortalece gracias a que tiene un carácter obligatorio para las partes que lo suscriben, debido a que los valores que promueve son universales y reconocidos por el derecho internacional público, e invocados constantemente en los tratados internacionales y las leyes nacionales y locales.

En esta investigación se sostiene que las políticas nacionales y subnacionales que buscan eliminar la violencia política contra las mujeres se desprenden de un régimen internacional en la materia. Se trata de un régimen internacional porque se aboca a un campo específico de los derechos humanos: los derechos de las mujeres. Lo configuran una serie de principios, valores, pautas de comportamiento de los actores que lo suscriben, objetivos y metas, que pueden ser fiscalizados para quienes se adhieren al régimen.

La unión o adhesión de los Estados ocurre a través de la firma de acuerdos internacionales y la traducción de los valores, objetivos y metas en normas, entidades gubernamentales nacionales y políticas públicas. Entre los instrumentos más importantes de este régimen destacan la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su Protocolo Facultativo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), entre otras herramientas para ampliar la ciudadanía efectiva de las mujeres y que han sido las bases del régimen internacional para la igualdad de género que fue detonando cambios en algunos países.

Un impulso contundente en la materia lo han dado las agendas mundiales para el desarrollo conocidas como Declaración del Milenio, Objetivos del Milenio y Objetivos de Desarrollo Sostenible, con alcance global. El artículo 6 de la Declaración del Milenio (septiembre de 2000) señala la importancia de eliminar las amenazas a la seguridad como parte importante del desarrollo:

Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad popular.

La Declaración enuncia la necesidad de: “Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible” (artículo 20). Lo anterior se tradujo en una serie de objetivos o políticas mundiales de desarrollo conocido como Objetivos de Desarrollo del Milenio, con vigencia del año 2000 al 2015. En materia de género, el “Objetivo 3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer” incluyó un indicador sobre la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. La inclusión de los indicadores fortaleció los procesos de reforma política en materia de representación política en toda la región latinoamericana y definió la ruta a seguir; por ejemplo, la incorporación de las cuotas de género y la paridad electoral en México⁵ coincide con el periodo de vigencia de los Objetivos del Milenio.

Hacia 2015, los indicadores mundiales sobre mujeres parlamentarias tuvieron un incremento global del 50 % con respecto al punto de partida en el año 2000. Debido al éxito, fue relanzada la agenda mundial de desarrollo y renombrada Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

A diferencia de los objetivos anteriores, los diecisiete nuevos tienen transversalizada la perspectiva de género. En el objetivo cinco, con sus metas e indicadores de seguimiento, destacan los propósitos de incorporar a las mujeres en puestos directivos en los gobiernos nacionales y locales, eliminar la discriminación contra mujeres y niñas, y eliminación de la violencia pública y privada contra las mujeres (^{ONU Mujeres, 2018}).

En cada país ha sido diferente el ritmo de adaptación de las garantías para los derechos políticos de las mujeres. Destacan los avancen plasmados en la tabla 2, en la que se puede constatar el largo proceso, de casi dos décadas, de reformas electorales, constitucionales y de andamiaje legal para la participación política de las mujeres en México.

Al respecto, los intentos de contrarrestar las políticas de acción afirmativa datan desde el inicio de la aplicación de las cuotas de género, pues era común que familiares, esposos de las legisladoras electas, políticos o empresarios, utilizaran las lagunas legales para controlar los cargos de representación. Las recurrentes omisiones e intentos de los partidos políticos de no aplicar el espíritu de la ley sobre cuotas de género derivaron en las múltiples reformas plasmadas en la tabla 2.

Sin embargo, las dirigencias partidistas no han sido los únicos responsables de este comportamiento, sino también los cuerpos legislativos y la autoridad electoral, quienes desde 1993 y hasta el 2000 fueron imprecisos y no mandataron, sino que recomendaron, promover la presencia de mujeres en la política, tampoco impulsaron sanciones ejemplares para las organizaciones partidistas que trasgredieran el espíritu de las leyes (^{Camal-Cheluja y Cadena-Inostroza, 2021, p. 71}). Los avances más importantes en materia legislativa, hasta la fecha, ocurren en el año 2020.

La reforma más reciente que afecta al régimen nacional de género ocurrió el 13 de abril de 2020. Se trata de una serie de modificaciones a ocho leyes generales y federales: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su principal contribución es que conduce a esclarecer sobre tipos de violencia política, dando atribuciones al Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales para promover la no violencia política, y refleja la paridad en la conformación de los órganos de dirección superior de los Organismos Públicos Electorales Locales, el nacional y en las autoridades jurisdiccionales electorales. Finalmente, el decreto del 13 de abril de 2020 reconoce que los servidores públicos incurren en abuso de funciones al realizar actor u omisiones calificadas como violencia política contra las mujeres (^{Diario Oficial de la Federación, 14 de abril de 2020}). La primera aplicación de la reforma de abril de 2020 ocurrió en el proceso electoral concurrente de 2021.

En el caso de Quintana Roo, su legislación general, y la electoral en particular, se encuentra debidamente armonizada con la ley federal y las reformas de abril de 2020. Los recursos que permiten a la ciudadanía hacer válidas tanto la participación política como la eliminación de la violencia política contra las mujeres en lo local son:

La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo es el ordenamiento que contiene las mayores especificaciones sobre la violencia política contra las mujeres. Este tipo de violencia fue reconocida en la ley local de 2017, cuya última reforma data del 17 de septiembre de 2022, que define las conductas u omisiones que impiden el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres (artículo 32- bis). Además, particulariza las 31 manifestaciones de este tipo de violencia (artículo 32-Ter), entre ellas:

Esta legislación involucra tanto a las instituciones del estado como a las municipales como responsables de asegurar el ejercicio de derechos a todas las mujeres (artículo 17), tanto en la promoción de los derechos como en la sanción y reparación de posibles daños (artículo 18). Otros ordenamientos que integran el régimen local en materia de género imponen sanciones, tal es el caso del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que plantea aspectos como: “El tratamiento psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género [que] consiste en el proceso psicoterapéutico que deconstruya los patrones de violencia del sentenciado” (artículo 51-bis). Para garantizar el cumplimiento de los ordenamientos de género, el Código contempla la imposición de sanciones como multas, trabajo comunitario, inhabilitación laboral o prisión a personas que pongan en riesgo, los derechos, libertades y seguridad de la persona al provocar o incitar al odio o la violencia por diferentes motivos, incluido por su sexo o género (artículo 132). Asimismo, el organismo público local electoral cuenta con un procedimiento especial sancionador que permite a las víctimas interponer quejas y denuncias, con consecuencias para sus victimarios que van desde la suspensión y cancelación de candidaturas (en caso de que el agresor sea un contendiente político), hasta la inscripción de los agresores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Se observa que el régimen subnacional en materia de derechos políticos y eliminación de la violencia política contra las mujeres refleja los valores del sistema internacional y nacional en su dimensión formal. Sin embargo, los procesos políticos tienen dimensiones formales y e informales, y en algunas experiencias estatales la democracia real o vivida se contrapone a la legal. Como se abordó en la sección teórica de este estudio, el avance de los derechos políticos de las mujeres no ha ocurrido sin reacciones por parte del orden patriarcal establecido, sino que las legisladoras sufrieron diversas expresiones de violencia política en razón de género.

AVANCE DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES COMO LEGISLADORAS EN QUINTANA ROO

La existencia de Quintana Roo data de 1902, con la creación del territorio federal. Desde el primero momento, la clase política local integró personajes del sexo masculino. Todos los jefes políticos así como los gobernadores provisionales, interinos y aquellos designados por el titular del ejecutivo federal eran hombres. La tendencia masculina en la integración de la clase política se mantiene con la adquisición del estatus de entidad federativa en 1974, pues todos los gobernadores son hombres vinculados al PRI. Desde 1917 a 1974, el 95.2 % de las representaciones o diputaciones federales de Quintana Roo recaen en hombres. No es sino hasta 2022 cuando una mujer ocupa el poder ejecutivo estatal por primera ocasión en la historia política local.

En cuanto al poder legislativo del estado, en octubre de 1974, el Congreso de la Unión aprueba el decreto de creación del estado de Quintana Roo y el 8 de ese mismo mes publica una reforma al artículo 43 de la Constitución Política Mexicana y llama a elecciones. Por su parte, la tarea de crear la constitución política local recae en un congreso constituyente que entra en funciones en el mes de noviembre de 1974 y se extingue el enero de 1975. Dicha legislatura queda conformada por siete diputados constituyentes del sexo masculino, con sus respectivos suplentes de entre los cuales solo una es mujer. Desde entonces, la clase política naciente reproduce el patrón federal de ser priista y masculina.

A través de una entrevista personal realizada a la única diputada suplente, se sabe que en dicha ocasión fue propuesta porque había sido trabajadora social, educadora, y al momento de la conformación de la legislatura constituyente se desempeñaba como maestra de primaria, ocurrió de manera fortuita, por iniciativa de integrantes de la comunidad que valoraban su liderazgo. La entrevistada atribuye su participación a que las labores profesionales que realizaba le hacían gozar de la confianza y el respeto de la sociedad. La diputada suplente confirma que no se realizaron votaciones para nombrar a los legisladores, quien había definido al titular era el gobernador de la transición de Territorio Federal a Entidad Federativa, David Gustavo Gutiérrez Ruiz. La forma en la que surgió su participación se verifica con su testimonio:

Se citó a los ciudadanos de Carrillo Puerto⁶ en el Palacio a una reunión de trabajo. En esos años Carrillo Puerto era muy pequeño, todos nos conocíamos. En esa ocasión era necesario decidir quiénes iban a representar a Carrillo Puerto en el congreso constituyente, ya se sabía que Sebastián Estrella iba a ser diputado constituyente, pero no se tenía a la persona que iba a ser su suplente, por lo que un profesor me propuso. Con esto te quiero decir que mi participación surgió de manera espontánea, no estaba planeada ni programada. (Entrevista con Luz Arévalo, diputada constituyente suplente, 31 de julio de 2007).

Vemos que la participación política de las mujeres no se encuentra prohibida, pero no es la regla constante en la entidad naciente. Entre la tradición que hace ver a la política como un espacio destinado para los hombres y la improvisación de su participación, la legisladora tuvo que contar con la aprobación de su esposo para poder aceptar la encomienda que su comunidad le estaba demandando:

Al momento de proponerme, por ser mujer, me preguntaron si podría cumplir con esa tarea. Me pidieron que lo hablara con mi esposo, pues implicaba dejar mi casa durante varios meses y por las condiciones sociales y políticas de la época no era lo más usual […] (Entrevista con Luz Arévalo, diputada constituyente suplente, 31 de julio de 2007)

Como parte de los trabajos recogidos en los Diarios de los Debates del Congreso Constituyente (4 de diciembre de 1974, p. 3) se encuentra que este cuerpo organiza las primeras elecciones de senadores por el estado de Quintana Roo. Los primeros senadores del estado de Quintana Roo son suplidos por mujeres, se trata de María Cristina Sangri Aguilar y María Teresa Villanueva, ambas activistas del PRI.

Acorde con la tendencia nacional, las siguientes legislaturas tienen una presencia hegemónica de hombres, con escasas mujeres. La tabla 3 sintetiza la totalidad de legislaturas instaladas en Quintana Roo desde 1974, presenta únicamente números y porcentajes de personas legisladoras propietarias, por periodo y por sexo.

Como se concluye de la tabla 3, el avance de las mujeres coincide con el reforzamiento de las políticas de acción afirmativa en materia de género a nivel nacional. No es sino hasta 2016, cuando la cantidad de mujeres en este órgano se aproxima al 50 %, y en 2019 se instala un cuerpo legislativo con la presencia mayoritaria de catorce mujeres del total de veintiséis legisladores. Se percibe que en tanto no fueron obligatorias las cuotas de género, la presencia de las mujeres se mantuvo en números pequeños, el promedio de presencia de legisladoras fue de 19 % y de 4.2 diputadas por periodo, antes de la adopción de la paridad. La legislatura que abarca el periodo 2022-2025 es la primera que tiene un porcentaje mayoritario de integrantes del sexo femenino (64 %) frente al de hombres legisladores.

En relación con lo presentado con anterioridad, se debe resaltar que las cuotas de género y la paridad electoral detonaron la participación política de las mujeres en Quintana Roo. Utilizando una metáfora: las medidas de acción afirmativa rompieron un candado no escrito, que en la práctica partidista limitaba las candidaturas para las mujeres; sin embargo, la puerta aún no está abierta para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La paridad no puede ser vista como una meta, la materialización plena de los derechos debe pasar por la eliminación de la violencia política contra las mujeres en otros ámbitos, como los partidos políticos y los congresos locales.

EXPRESIONES DE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO HACIA LEGISLADORAS EN QUINTANA ROO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL ACCESO Y AGENCIA LEGISLATIVA

En este apartado se presentan los resultados de la aplicación de un guion de entrevista a profundidad a dieciséis mujeres que fungieron como legisladoras en los años que abarca el periodo 2012-2020, que llegaron a posiciones de representación como diputadas titulares o suplentes postuladas por el PRI, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido Revolución Democrática (PRD) y Partido Nueva Alianza (PANAL). También se entrevistó a un secretario técnico del congreso en funciones durante el periodo de estudio y a dos formadores de cuados de partidos políticos.

En relación con el tipo de entrevista realizada y su desarrollo, en todos los casos fueron guiones semiestructurados, buscando un diálogo a profundidad, apelando a la memoria y al relato vivencial de las entrevistadas sobre sus antecedentes y trayectoria política, pero estructurados con temáticas relacionadas con las variables de estudio. Para el diseño de los guiones y la realización de las entrevistas se siguió la metodología de la historia del tiempo presente, pautada por diversos especialistas, como ^{Graciela de Garay Arellano (1997)}.

Las entrevistas fueron realizadas en el contexto de la pandemia de la Covid-19, por lo que el contacto con las legisladoras fue a través de sus redes sociales. Las entrevistas, excepto una, se desarrollaron de forma sincrónica a través de un servicio de videoconferencias. La estrategia de búsqueda, contacto y acuerdo de las entrevistas virtuales fue definida a partir de las medidas de distanciamiento social recomendadas por los protocolos de las autoridades sanitarias mexicanas en el contexto de la pandemia. En cuanto a las implicaciones éticas relacionadas con la investigación, todas las personas participantes dieron su consentimiento para la grabación, procesamiento y uso de la información con fines académicos, no políticos ni de lucro.

El guion de la entrevista fue diseñado de tal forma que en la primera parte de la charla, las diputadas abordaron aspectos de sus antecedentes familiares. Al hablar de su infancia, de la vinculación o desapego de sus familiares con la política, del involucramiento personal en temas comunitarios o públicos, todas ellas fueron entrando en confianza y ordenando, mentalmente, su incursión en la política a partir de su historia de vida, relacionando cómo en algunos casos el contexto familiar estimuló o restringió su vocación pública. Esta sección, entonces, indagó sobre limitaciones u obstáculos que desde el seno familiar pudieron haber experimentado las mujeres para el acceso legislativo en su dimensión reglas informales; las habilitaciones o facilidades, que desde el núcleo familiar recibieron; el momento en el que descubren su vocación, o bien, en el que encuentran la oportunidad para acceder a la actividad política.

La siguiente sección de la entrevista se abocó al recuento del avance de la trayectoria profesional de las mujeres. Esta parte de la conversación brindó información sobre los obstáculos partidistas, que suelen enfrentar las mujeres para avanzar en su carrera. También aportó elementos para identificar si las legisladoras relacionan las cuotas de género como una mejora de las oportunidades para que ellas y otras militantes pudieran ocupar cada vez más cargos públicos electos y en la burocracia partidista; al igual que captar contrastes sobre su experiencia en los años previos a la aplicación de medidas de acción afirmativa. Estos aspectos de su trayectoria de vida también contribuyen a explorar la dimensión reglas informales para el acceso legislativo.

Después, la tercera sección del guion giró en torno al proceso de selección y méritos que llevaron a las entrevistadas a acceder a la candidatura como legisladoras en el periodo de estudio. También sobre intentos fallidos y exitosos en su carrera hacia cargos de elección popular, o para ocupar alguna posición relevante para ellas. Asimismo, las informantes compartieron anécdotas, episodios sobre su llegada al congreso del estado, episodios específicos de trabajo legislativo y, en general, momentos que fueron significativos para ellas durante la vigencia de su función legislativa, todos articulados en torno a la variable agencia legislativa, versando las preguntas sobre su autonomía en el congreso.

Las entrevistas concluyeron con preguntas relacionadas con la división sexual del trabajo en el congreso, la posibilidad de diferencias en el presupuesto destinado a mujeres y hombres, las facilidades u obstáculos que el personal del congreso brinda a mujeres y hombres, la cobertura de la prensa, dinámicas de negociación con legisladoras y legisladores, entre otros aspectos, que presentan el panorama real de la agencia legislativa de las entrevistadas.

CONCLUSIONES

Este artículo aborda la violencia política en razón de género que viven las legisladoras en Quintana Roo. Articula el análisis a través de las variables acceso y agencia legislativa, en las cuales existen dimensiones en las que se expresa la violencia política en razón de género como una limitante a los derechos políticos de las mujeres.

Debido a que la violencia tiene múltiples caras se retoma la conceptualización que realizan algunas expertas en política comparada, así como de las definiciones que algunos instrumentos jurídicos y organizaciones internacionales brindan sobre la materia. Se tiene que este tipo de violencia puede manifestarse en el ámbito institucional a cargo de personas, quienes ejercen roles de autoridad, pero también por otro tipo de actores sociales que buscan limitar, agredir, menoscabar o incluso, en el nivel más extremo, aniquilar a la mujer que es receptora de los actos violentos, y que son perpetrados contra ella por su condición de mujer. También se encontró que la violencia política en razón de género es una reacción al avance de las mujeres en los cargos públicos.

Asimismo, esta investigación presenta un panorama general de los instrumentos de derecho internacional público que se han creado y cómo estos han repercutido en los ordenamientos nacionales, convirtiéndose en las llaves de acceso legislativo para las mujeres en el plano formal-legal, y que desciende a lo nacional. La existencia de un régimen internacional en materia de igualdad de género ha promovido el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Particularmente se enfatiza en la exitosa política mundial que impulsan los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de Desarrollo Sostenible, pues es innegable su efecto en la reforma de marcos normativos, tal y como ocurrió en México con la inclusión de la paridad electoral en 2015.

Los efectos de las reglas de paridad se han manifestado en el nivel subnacional mexicano. El caso de Quintana Roo muestra, decididamente, que las normas en materia de cuotas de género y de paridad fueron modificando los patrones de la representación numérica o descriptiva de las mujeres, nunca en la historia de la entidad se había registrado una presencia de representantes del sexo femenino en el número que se tiene hoy en día; aunque subsisten algunos constreñimientos para que ellas puedan acceder a cargos y ejercer las funciones inherentes a ellos.

A partir de dieciséis entrevistas a exdiputadas que realizaron funciones entre 2012 y 2022, así como a funcionarios del congreso y de partidos políticos, se encontró que estas organizaciones partidistas cuentan con estructuras piramidales, con dirigencias predominantemente masculinas en las que sus líderes tienen la capacidad de controlar el acceso, los roles, los recursos y, en general, la trayectoria de las mujeres. Se encontró también que en el congreso subnacional ha incrementado la presencia de mujeres, pero que sin distinción del periodo (antes y después de las reglas de paridad), subsisten acciones que violentan a las legisladoras.

Las reglas formales en los partidos no consideran mecanismos claros y exigibles para dirimir conflictos internos relacionados con discriminación y violencia de género hacia las mujeres. Si bien existen leyes nacionales y hasta internacionales que protegen los derechos de las políticas profesionales, la realidad es que estas organizaciones de interés público no se encuentran comprometidas con la transformación de las relaciones de género a su interior, y sus ordenamientos reflejan, de alguna manera, las temáticas de mayor preocupación del partido. Tampoco se encontró confianza de las legisladoras en activar mecanismos de justicia en el congreso, o aquellos que se reconocen en las leyes estatales.

En relación con lo anterior, ni los partidos políticos ni el Congreso del Estado cuentan con mecanismos internos para la defensa de los derechos de las mujeres frente a las agresiones de la prensa o de los usuarios de redes sociales. Algunas legisladoras refirieron episodios de violencia verbal directa a su persona o agresiones con arma de fuego en su domicilio particular, aparición de videos sexuales alterados con su rostro, sin que prosperara ningún tipo de respaldo, ya fuera legal o moral, por parte de su partido político o del congreso.

El diseño y activación de mecanismos de justicia frente a expresiones de violencia política en razón de género puede transformar la percepción que mostraron las entrevistadas al señalar que no denuncian porque la única consecuencia que acarrearía sería el fin de sus carreras. Esto, junto con el fortalecimiento de la capacitación para mujeres y hombres en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres y nuevas masculinidades puede transformar en el mediano y largo plazo las dinámicas presentadas en esta investigación.

Por lo anterior, resulta urgente impulsar reformas en los reglamentos internos de los congresos, partidos políticos y demás organizaciones que median la participación política de las mujeres para erradicar esta amenaza sobre sus derechos. Cambios en esas reglamentaciones, así como consecuencias para quienes incurran en formas de violencia política hacia las mujeres pueden transformar el contexto en el que se desenvuelven las mujeres con vocación política, tal y como ha empezado a ocurrir desde 2020 en México a partir de las acciones que impulsa el Instituto Nacional Electoral y los organismos Públicos Electorales Locales, y que en 2021 vieron un notable incremento de denuncias en materia de violencia política en razón de género.

Finalmente, se encontró que las bases de la violencia política en razón de género se encuentran en las prácticas informales que configuran el rol, funciones, alcances y límites del quehacer de las mujeres en la política, reproducida por hombres, pero también por mujeres que ven a las recién llegadas con recelo y desconfianza; además, es un movimiento de resistencia porque las dirigencias masculinas están perdiendo privilegios. Por ello, se confirma la hipótesis de investigación, y aunque la paridad es importante, es aún más urgente que las legisladoras recién llegadas cuenten con toda la autonomía o agencia legislativa para desarrollar plenamente sus funciones, aspecto que es una tarea pendiente en los sistemas políticos subnacionales y en particular se constata en este estudio sobre el congreso local de Quintana Roo.