Introducción

La historiografía sonorense ha adjudicado la quiebra del Banco de Sonora (BS) al retiro de los ahorros de los comerciantes y los clientes chinos. ^{Ramírez, León y Conde (1997)} mencionan que los reclamos que hicieron los ciudadanos chinos de sus depósitos imposibilitaron al banco satisfacer las demandas del resto de los cuentahabientes (p. 72). Los autores no citan fuente alguna para sostener su argumento, aunque, tal vez, lo dicho por los políticos que iniciaron y concluyeron la expulsión de los inmigrantes asiáticos hizo eco entre la población con dicha afirmación.^{1 Grijalva Dávila (2012)} afirma: “Al ser expulsados los chinos, todos sus fondos fueron retirados del Banco de Sonora lo que ocasionó una bancarrota y desestabilización del sistema de crédito y finanzas” (p. 38). La versión se remite entonces a lo dicho por Ramírez, León y Conde en la edición de 1984 de la Historia general de Sonora, tomo V, cuya fuente, el periódico El Pueblo, no refiere el hecho.² ¿De dónde proviene la adjudicación de esa responsabilidad a los comerciantes chinos? La respuesta “conocida” presupone una versión popular que no está sustentada con pruebas contundentes.

No existe registro documental en el Banco de Sonora que muestre que los chinos tuvieran sus ahorros en esa institución; tampoco existen instrumentos que permitan identificar los depósitos bancarios de aquellas fechas. Sólo se pudieron corroborar los créditos que el banco otorgó, entre los cuales no se observan créditos a comerciantes chinos. Lo que sí hay es una coincidencia entre las fechas de la quiebra del banco y la expulsión de los chinos. Entre 1929 y 1932 ocurrieron los momentos más álgidos de ambos procesos; sin embargo, esto no significa que exista una relación causal entre la diáspora y la quiebra. Fueron problemas que se presentaron de manera simultánea y que los gobiernos de Fausto Topete (1927-1929), Francisco S. Elías (1929-1931) y Rodolfo Elías Calles (1931-1935) atendieron.

La quiebra del Banco de Sonora pudo documentarse paso a paso con base en fuentes localizadas en el Archivo Histórico del Banco de México (AHBM), en escrituras notariales y en los diarios locales. El momento de quiebre importante ocurrió cuando el Consejo de Administración del Banco de México detectó un falso balance, corroborado luego por la Comisión Nacional Bancaria y por la Secretaría de Hacienda. Las causas de la delicada situación que afrontaba el Banco de Sonora habían sido relatadas por el periódico El Pueblo en 1929. El diario describió la intervención que sufrió el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario por una guardia de gendarmes enviados por Fausto Topete en la madrugada del 4 marzo: “Esta noticia cundió rápidamente entre todos los que tienen depósitos e hizo que hoy muy temprano, numeroso público se aglomerara frente al Banco de Sonora con el objeto de retirar sus fondos. Este banco ha estado pagando durante todo el día” (^{El Pueblo, 4 de marzo de 1929, p. 1}).

Las noticias de la intervención provocaron alarma entre los clientes del Banco de Sonora, quienes acudieron a retirar sus fondos y ahorros. El banco respondió de manera ortodoxa, pagando, con la expectativa de tranquilizar los ánimos toda vez que la intervención militar sucedía en una institución que les era ajena, el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario. El Banco de Sonora utilizó como argumento de defensa ante los miembros del Consejo de Administración del Banco de México la corrida de ése 4 de marzo de 1929. E intentaría apaciguar a su clientela proporcionando información de sus balances contables. Sin embargo, esta información mostró inconsistencias que permitieron presuponer a las autoridades vigilantes de la banca en México que el Banco de Sonora maquillaba sus balances tras la mencionada corrida bancaria.

El estudio de la quiebra del Banco de Sonora se analiza desde la perspectiva de la historia de la banca de emisión liberal (^{Marichal y Cerutti, 2003, pp. 9-46}). La peculiaridad de ser banco emisor de billetes fue importante para que el BS adquiriera relevancia económica regional y desplazara sus negocios allende las fronteras sonorenses. A diferencia de la banca liberal estadounidense, los bancos mexicanos requerían una concesión especial de las autoridades mexicanas para detentar el título de banco. Bajo este sistema se creó una especialización de la actividad bancaria, de modo que unos bancos quedaron habilitados para emitir billetes y otorgar créditos comerciales, mientras que otros serían exclusivamente hipotecarios, comerciales o refaccionarios. En los hechos, la especialización supuso una ventaja para los bancos emisores al introducir una doble restricción. La primera fue que sólo existiría uno por estado subnacional (lo que suponía una tendencia monopólica o, al menos de concentración importante, aunque y como solía ocurrir en el porfiriato, hubo una excepción, Yucatán) y dos de emisión federal: el Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México. La segunda fue que los billetes de los emisores federales o de otros estados debían pagar un “descuento” en caso de circular en un estado subnacional distinto al de su emisión (^{Anaya, 2002b}).³ En esta perspectiva y considerando que sus accionistas eran empresarios reconocidos en Sonora, el BS logró consolidar un sistema de pagos y ahorros en las principales localidades estatales. Además, financió las actividades productivas y alentó la organización de un número significativo de comerciantes, agricultores, ganaderos e industriales (^{Grijalva, 2016}). Tampoco está de más señalar que nació bajo augurios auspiciosos en 1897 y que su época de auge declinó en 1913 con el estallido revolucionario.⁴

Veinte años después, hacia 1932, lucía desfasado de la competencia financiera. Competía contra otros bancos más dinámicos y atrevidos que buscaban captar depósitos y colocar créditos en nuevos emprendimientos. En la plaza regional operaban el Banco Refaccionario de Occidente (1926), el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario (1927), el Banco de Nogales (1928) y el Banco del Pacífico (1925) (^{Grijalva, 2016}). Por otra parte, la clase empresarial que fundó el Banco de Sonora se encontraba casi desaparecida al comenzar la década de 1930. Es decir, la nueva oleada de empresarios estaba desvinculada del Banco de Sonora, sobre todo la clase agrícola de los valles, que había sido motivada a constituir los bancos locales antes mencionados.

El objetivo de este trabajo es analizar los factores que provocaron la quiebra del Banco de Sonora e identificar los problemas de cartera antigua o relacionados con los créditos otorgados durante el porfiriato. Se plantean dos hipótesis. La primera es que el Banco de Sonora tenía serios problemas de liquidez cuando se le devolvió el carácter jurídico de banco y se le permitió reanudar operaciones (1921). La segunda es que sus clientes obtenían créditos y facilidades financieras de otros bancos competidores que operaban en Sonora; es decir, el Banco de Sonora había perdido gran parte de la enorme influencia económica estatal que detentó durante sus años porfirianos.

El declive

El Banco de Sonora nació con características de un banco de emisión regional. Satisfizo con éxito el naciente sistema moderno de cambios con circulación fiduciaria y abasteció de créditos a una nueva clase empresarial. Formó parte de un grupo de más de veinte bancos nacidos con la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 en México (^{Marichal y Cerutti, 2003}; ^{Ludlow y Marichal, 1998}). Entre 1897 y 1913 el Banco de Sonora tuvo un desarrollo ascendente en el impacto de la economía local (^{Grijalva, 2016}). Realizó operaciones de créditos con las que compitió con el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, con el Banco Nacional de México y en menor medida con el Banco Occidental de México y el Banco Minero de Chihuahua. No obstante, no se ajustó a la ley bancaria, que señalaba con claridad que no tenía derecho a realizar grandes préstamos ni a exceder éstos el plazo de dos años (^{Manero, 1992, pp. 14-16}). Esta dinámica financiera puso en alto riesgo al banco de emisión y lastimaría la economía en el largo plazo.

En marzo de 1913 estalló la rebelión armada contra Victoriano Huerta, y el gobernador interino Ignacio L. Pesqueira buscó financiamiento en los bancos que operaban en el estado. Los accionistas de las instituciones de crédito no estuvieron de acuerdo en apoyar una guerra con capital de los ahorradores. Ante la negativa, Pesqueira ordenó la intervención y el cierre de las oficinas bancarias (^{Grijalva, 2011}). El cierre forzoso del Banco de Sonora en 1913 lo dejó fuera de servicio por casi ocho años pues, además, se interpusieron otros factores de carácter normativo impulsados por el gobierno de Venustiano Carranza que le impidieron sostener los servicios financieros (^{Manero, 1992, pp. 39-46}). Carranza tenía el perseverante proyecto de constituir el Banco Único de Emisión, por lo que ordenó suspender todas las operaciones de emisión de billetes en los bancos privados de emisión en 1916, además de suspender operaciones hasta la emisión de una nueva ley bancaria (^{Anaya, 2002a}), situación que permaneció hasta 1921. El Banco de Sonora era parte del grupo de antiguos bancos de emisión que mantenían una economía sana y era candidato a formar parte accionaria del futuro Banco Único de Emisión, porque el circulante en metálico cubría 2 millones 300 mil pesos al 13 de noviembre de 1916 (^{Manero, 1992, p. 307}). Cabe destacar que el circulante permaneció en el sistema de cambio sonorense gracias a que los banqueros habían colocado sus reservas en el First National Bank de Tucson, Arizona, y en Los Ángeles, California (^{Grijalva, 2016, p. 69}).

Una vez sorteada la rebelión armada, los banqueros pusieron todos sus esfuerzos en recuperar la economía del Banco y reabrir puertas al público. Hacia 1921 el presidente Álvaro Obregón, a través del decreto de ese año, derogó las trabas que impedían a los antiguos bancos de emisión, operar como bancos de comercio. En 1922 se le devolvió la personalidad jurídica al Banco de Sonora gracias a su “sana economía”. No obstante, el banco empezó de nuevo sus funciones con grandes debilidades financieras. El metálico y el capital circulante ―incautado cinco años atrás por el presidente Carranza― pasó a manos de la Secretaría de Hacienda y se los pagaron al Banco de Sonora con bonos y certificados del Banco de México (^{Manero, 1992}). En 1925 el Banco de Sonora tenía un déficit de casi cuatro millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: el rubro depósitos a plazo, de 633 mil pesos ―suma similar a los créditos hipotecarios ejercidos que formaban parte del activo― y el fondo de reserva, por la suma de 3 millones 200 mil pesos (^{Fuente, 1993}).⁵

El Plan de Hermosillo y la corrida bancaria

El Plan de Hermosillo y sus manifestaciones armadas detonarían una cascada de problemas financieros.⁶ La corrida bancaria que sufrió el Banco de Sonora fue ocasionada de manera indirecta por el golpe asestado contra el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario, propiedad de las familias Elías Suárez y Elías Calles.⁷ El gobernador Fausto Topete (obregonista intransigente) envió una guardia de gendarmes a las puertas del Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario pretextando manifestarse contra las imposiciones de Plutarco Elías Calles.⁸

La noticia sobre los gendarmes en el Banco Mercantil se esparció con rapidez y alarmó a los cuentahabientes del Banco de Sonora. Desde las primeras horas del 4 de marzo de 1929 el público se aglomeró ante su oficina matriz, en Hermosillo, para retirar sus fondos; lo mismo sucedió en la sucursal de Nogales. Comportándose de modo ortodoxo, el banco devolvió los depósitos a los cuentahabientes que los solicitaron; “devolviendo los fondos a quienes los solicitan y se nos dice que el Banco Refaccionario y Agrícola desde mañana hará lo mismo pues cesará la acción que la revolución ha ejercido sobre esta institución” (^{El Pueblo, 5 de marzo de 1929, p. 1}). El director del periódico El Pueblo, opuesto al callismo⁹ (^{Almada, 2009, p. 191}), relató: “Intromisión de Calles en los asuntos administrativos y políticos del país ocasionaron esta nueva revolución que algunos piensan que será rápida” (^{El Pueblo, 4 de marzo de 1929, p. 1}).

El Banco de Sonora atendió a su nerviosa clientela y le devolvió sus ahorros y depósitos durante varios días hasta, literalmente, entregar el último peso depositado; incluso echó mano de las reservas monetarias. En cambio, el Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario permaneció con las puertas cerradas. La situación creada resultaba paradójica: el banco vejado permanecía sano mientras el respetado quedaba herido. Y así El Pueblo pronto informó que el Banco Mercantil abriría sus puertas al público el 6 de marzo, fecha que coincidía con la debacle de la rebelión escobarista (otro de los nombres con los que se identifica al Plan de Hermosillo), y aclaraba que los fondos del público no habían sido tocados y que, por lo tanto, éste podría disponer de sus depósitos si así lo deseaba. Al respecto, el diario agregó: “Es de imaginarse la aglomeración de gente que va a haber en la puerta del edificio el día que comience el retiro de fondos. Algo semejante a lo ocurrido en el Banco de Sonora” (^{El Pueblo, 5 de marzo de 1929, p. 1}).

Sin embargo, pese al anuncio de reapertura, lo cierto fue que el Banco Mercantil permaneció cerrado dos meses más. El día primero de mayo de 1929 la sucursal de Nogales reinició sus servicios y una semana después, su casa matriz de Hermosillo, en la esquina de Tampico y Garmendia. El Banco Mercantil publicó una nota agradeciendo la comprensión pública y en la que se leía: “un voto de agradecimiento a su apreciable clientela por las inequívocas pruebas de confianza de que han [sic] sido objeto nuestra institución, prometiendo corresponderlas redoblando nuestras fuerzas para continuar proporcionando al público, seguridad absoluta, actividad y servicio”.¹⁰

Primeras solicitudes de rescate

Al iniciar la última semana de mayo de 1929, dos de las tres autoridades (Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria) que decidían las suertes de la banca privada deliberaban sobre cómo operar las condiciones de reapertura del Banco de Sonora. En el seno del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria se discutían los efectos de la asonada sobre el Banco de Sonora. Evaluaban si sus activos respaldaban sus obligaciones, por lo que decidieron atender la solicitud de su representante, el señor Villaseñor, quien pidió un crédito por un millón de pesos. Durante el análisis, los consejeros determinaron que el banco podría reanudar operaciones con una cantidad inferior a 700 000 pesos, por lo que éstos le fueron entregados como línea de redescuento y para lo cual el Banco de México seleccionó los créditos mejor garantizados por el Banco de Sonora. Durante la sesión en la que se determinó la ayuda también se discutió otro punto relevante: Agustín Rodríguez, alto representante de la Comisión Nacional Bancaria, manifestó que el Banco de Sonora debía abrir sus puertas de inmediato o afrontar su liquidación.¹¹ Su mensaje era claro: el banco debía mostrar que sus problemas eran de liquidez y no de solvencia. Así, el Banco de Sonora reanudó operaciones el 27 de mayo de 1929.

Era notorio que después de la corrida de marzo al “Banco de Sonora le faltó dinero de su fondo de garantía” (^{El Pueblo, 11 de julio de 1929, p. 1}). Se esperaba que después de ser apoyado financieramente en mayo por el Banco de México, pudiera recuperar poco a poco su economía, pero eso no ocurrió. Un primer indicador negativo para las autoridades del banco central fue que el sonorense no entregó la totalidad de los documentos que respaldaban la línea de crédito recién concedida y que éste fuese empleado en menos de una séptima parte. No obstante, el Banco de Sonora continuó insistiendo en su solicitud original, consiguiendo ―hacia finales de julio― que le fuera concedida una ampliación de 300 000 pesos.

En Sonora el público se enteraba por El Pueblo que recientes visitas de inspectores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habían detectado irregularidades en el fondo de garantía por sólo 127 800 pesos, cantidad que coincidía con el balance deficitario de la suma de retiros legales producidos hasta mayo. Para el Banco de Sonora resultó fácil aclarar que su situación obedecía a circunstancias externas y ajenas a su esfera de influencia: cuando “quedó fuera del control del gobierno del Estado de Sonora” (^{El Pueblo, 11 de julio de 1929, p. 1}).¹² Considerando estas circunstancias especiales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplazó hasta agosto la posibilidad de cumplir las prescripciones legales de sus fondos de garantía. Para esto se justificaba la ampliación que antes fue calculada a la baja.

El Banco de Sonora envío una nota aclaratoria señalando que su situación no se correspondía a la descrita por El Pueblo. E insistió que “los inspectores de la Secretaría de Hacienda rindieron un informe […] concediendo un mes de plazo para estar dentro de la ley” (^{El Pueblo, 11 de julio de 1929, p. 1}). Como muestra, en septiembre publicó un balance saneado correspondiente al 14 de agosto, donde su fondo de reserva ascendía a 4 851 160 pesos; y sus movimientos de capital ―debe y haber―, a 10 478 137 pesos. En un balance posterior (octubre), incrementó en poco más de 110 000 pesos su fondo de reserva, pero este monto no guardaba correlación con los movimientos generales del capital que se movían muy despacio. Otro prurito después descubierto mostró que dichos balances fueron modificados para cumplir con la normatividad y con el plazo otorgado por las autoridades para reabrir la institución.

El banco mantuvo su conato reorganizador durante varios meses, hasta que el interventor de Hacienda descubrió que el fondo de reserva y otras cuentas estaban infladas. La Secretaría de Hacienda endureció su postura para con el banco. Obligó al Consejo de Administración a mostrar el balance real y le otorgó un plazo determinado para cubrir el faltante en el fondo de reserva, plazo que se extendió hasta 1932. El balance real practicado al 31 de diciembre de 1930 mostraba que el fondo de reserva sólo ascendía a la cantidad de 828 500 pesos y un capital pagado de 2 171 500 pesos (véase Tabla 1). El faltante en las reservas correspondía al capital pagado durante el mes de marzo de 1929, mismo que querían cubrir con los depósitos del público.

El último balance publicado por el Banco de Sonora corresponde al 20 de mayo de 1931. En esa fecha el fondo de reserva no mostraba modificaciones respecto del anterior. La situación permaneció estancada todo el año. A finales de diciembre, Rodolfo Tapia otorgó una fianza ante el Juzgado de Primera Instancia del ramo Civil de Hermosillo, la cual serviría para que, en un plazo de 45 días (^{El Pueblo, 7 de enero de 1932, p. 1}), el Banco de Sonora obtuviera el capital suficiente para completar 3 millones de pesos que estaban contemplados en el acta de fusión con el Banco Hipotecario. Este procedimiento actualizaba el proceso de fusión de ambas instituciones ―cuyas operaciones se realizaban conjuntamente entre 1911 y 1913― que se formalizó en 1927 y mediante el cual ambos bancos compartirían la mayoría de sus socios. Pero el viernes 7 de enero de 1932, en la página principal de El Pueblo, se publicó lo siguiente:

El Banco de Sonora busca dinero en la Ciudad de México. El viaje del Sr. Díaz Dufoo está relacionado con las gestiones que se hacen. El castigo impuesto a los bienes de la Institución, de aplicarse acabaría con todo lo que tiene. Imposibilidad para abrir. (^{El Pueblo, 7 de enero de 1932, p. 1})

En efecto, Díaz Dufoo buscaba negociar, en nombre del Consejo de Administración, los dos millones faltantes. Era innegable la situación apremiante del banco; los banqueros requerían ese capital, o al menos un crédito de tal monto, para salvar el banco que estaba imposibilitado por completo para abrir y reanudar sus operaciones en ese momento.

Es por ello que el Consejo de Administración integrado por Felipe Seldner, Luis A. Martínez, Ernesto Camou y Ramón Corral hijo, en acuerdo con la Comisión Liquidadora, enviaron a Carlos Díaz Dufoo a la Ciudad de México el 6 de enero de 1932 a gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no cobrara al banco lo que se le debía a dicha Secretaría, y solicitar al Banco de México ayuda pecuniaria o bien, que éste se encargara del activo y del pasivo de la institución, pues el banco estaba imposibilitado para abrir y reanudar sus operaciones por falta de dinero hacia los primeros días de enero (^{El Pueblo, 7 de enero de 1932, p. 1}).

La declaratoria de quiebra

Max Müller, director del Banco de Sonora, envió una misiva en noviembre de 1931 al director del Banco de México, Alberto Mascareñas, exhortándolo a obtener ventajas judiciales para atenuar el impacto por declararse el banco en suspensión de pagos (anunciada el 24 de noviembre). A la suspensión seguiría la quiebra que golpearía a todos los accionistas y a la sociedad ahorradora. Müller aludió a la larga lista de problemas que enfrentó el Banco desde el 3 de marzo de 1929 hasta mayo del mismo año que provocaron el desfalco de 60% del efectivo que administraba. Señaló que “a inicios de 1929 la economía del Banco era halagadora por primera vez en muchos años. Situación que no reflejó la Comisión Nacional Bancaria, cuando ordenó su visita de inspección tomando como base el 31 de mayo”¹³ ―cuatro días después de la reapertura del Banco―. El argumento de Max Müller era amplio y contundente contra todos los factores sociales del momento que afectaron seriamente la solvencia de la institución. En primer lugar, señaló que los rebeldes (los obregonistas intransigentes redactores del Plan de Hermosillo) habían sustraído más de un millón de pesos; que los depositantes retiraron sus depósitos; que el Banco de México dispuso de 500 mil pesos; que el gobierno federal eliminó el oro nacional como moneda legal; y, para finalizar, acusó al comercio en general, y en particular a los comerciantes chinos, de exigir a sus clientelas el pago de cuentas atrasadas, lo que obligó a mucha gente a disponer de dinero en efectivo para liquidar sus adeudos, lo cual convergía con pagos por cable a China. Müller agregó que lo que terminaba de agravar la situación del banco era la crisis mundial, que obligó a suspender las operaciones de varios bancos de Estados Unidos y otros países, principalmente del Sonora Bank and Trust Company de Nogales, Arizona, “cuyas acciones en total pertenecen al Banco de Sonora”.¹⁴

Como predijera Müller, el cierre de operaciones renovó temores entre depositantes y acreedores, quienes retiraron en masa sus ahorros en la oficina matriz y en la sucursal de Nogales, lo que impidió seguir atendiendo los negocios de la cartera. Ante esto, el Consejo de Administración del Banco decidió solicitar al juez de primera instancia (con base en los artículos 344, 345, 347 y 349 de la Ley General de Instituciones de Crédito) declarar “suspensión de pagos del Banco de Sonora, S. A.” y todos los efectos que ello conlleva.¹⁵

Entre noviembre de 1931 y febrero de 1932, el Consejo de Administración del Banco y la Comisión Liquidadora buscaron financiamiento en varios bancos nacionales y extranjeros sin obtener resultados positivos. En cuestión de días, el asunto se tornó irreversible y se volvió inevitable también declarar la quiebra. La Comisión Liquidadora tenía bajo su consideración el castigo a los bienes del Banco por haber inflado el valor en inventarios. El Consejo de Administración consideraba que, de aplicarse, el castigo acabaría con el capital y las reservas, por lo que sería imposible reanudar operaciones. La posibilidad de sobrevivencia se restringía al rescate por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México.¹⁶ La ayuda nunca llegó. La Secretaría de Hacienda declaró en quiebra al Banco de Sonora el 15 de febrero de 1932 por “no haberse presentado proyecto de convenio por el deudor” (^{Boletín Oficial del Estado de Sonora, 27 de febrero de 1932, pp. 2-3}). A la Comisión Liquidadora le fue imposible presentar un plan de pagos por la suma de 2 528 455.55 pesos. La Secretaría de Hacienda argumentó también que era imposible que el banco reanudara operaciones, pues su pasivo era mayor que su activo. También el 24 de febrero de 1932, el Banco de México ganó el juicio ejecutivo mercantil que interpuso contra el Banco de Sonora el 8 de febrero por la cantidad antes mencionada. Por lo tanto, el juez de primera instancia adjudicó al Banco de México los bienes del Banco de Sonora¹⁷ que, en el momento de la quiebra, se encontraban custodiados por la Comisión Liquidadora (^{Boletín Oficial del Estado de Sonora, 27 de febrero de 1932, pp. 2-3}).

Los reclamos de los cuentahabientes y los acreedores no se hicieron esperar cuando la noticia de la quiebra del Banco de Sonora se publicó en El Pueblo y cuando el Boletín Oficial emitió el aviso judicial respectivo. En seguida los ahorradores formaron un comité de cuentahabientes que se dedicó a reunir firmas entre acreedores minoritarios para que, por vía del gobernador del estado Rodolfo Elías Calles, se solicitara la intervención de su padre en favor de los intereses de los sonorenses comprometidos con la quiebra del Banco. Rodolfo encontraría a don Plutarco en El Mante y es posible que le haya expuesto el problema y su deseo de atenuar las desventajas ante los acreedores mayoritarios, pues sospechaban razonablemente (como tendremos oportunidad de corroborar) que sus intereses quedarían rezagados ante estos últimos.¹⁸ Cabe advertir que, por entonces, Plutarco era el presidente del Consejo de Administración del Banco de México y podía favorecer cursos de acción institucional.

Esa noticia provocó que el banquero W. C. Winegar, representante del Sonora Bank and Trust Co., se presentara de inmediato en calidad de acreedor ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, argumentando que su crédito era preferente. Entregó algunos documentos y un extenso escrito que comprendía varios créditos de sumas respetables y el monto de las acciones que el Banco de Sonora suscribió y no pagó por la cantidad de 98 mil dólares, de las cuales sólo cumplía mensualmente con los intereses durante todo el tiempo que estuvo insoluta la deuda a razón de 10% anual. En cuanto a los créditos, el Sonora Bank declaró como fraudulentas las acciones del Banco de Sonora.

Un ejemplo fue un préstamo que el Sonora Bank and Trust realizó al Banco de Sonora con el respaldo de un pagaré firmado por Antonio Gándara. El Banco de Sonora recibió el pago del crédito del propio Gándara, cuya suma dicho banco nunca devolvió al Sonora Bank and Trust; por lo tanto, el Banco de Sonora, al no poder entregar a Gándara el pagaré que había firmado, y en sustitución de éste, le entregó una carta como acuse de recibo de pago. El Sonora Bank and Trust consideró que sin ningún derecho el Banco de Sonora realizó varios actos ―como el que se menciona en este ejemplo― y dejó burlado a aquel banco al redescontar de forma fraudulenta. El Sonora Bank and Trust impugnó varios créditos ante la Comisión Liquidadora, cuyos dictámenes fueron aprobados (^{El Pueblo, 2 de mayo de 1932, p. 1}).

Durante la primera junta de acreedores que realizó la Comisión Liquidadora ante el juez primero de primera instancia, celebrada el sábado 31 de mayo de 1932, se aglomeró la población. Se hicieron presentes 264 cuentahabientes de diferentes partes del estado. Entre los de mayor cuantía se encontraban las compañías: Ferrocarril Sud Pacífico de México, la Compañía Petrolera El Águila, las empresas mercantiles de Gaspar Zaragoza Jr., establecidas en Guaymas y Ciudad Obregón, así como el mismo Sonora Bank and Trust Co. La reunión se prolongó por más de veinte horas el primer día (^{El Pueblo, 2 de mayo de 1932, p. 1}).

Max Müller se presentó también como parte del público general para reclamar el pago de unos giros que compró en vísperas de que el banco cerrara sus puertas; los cheques sin fondos que el Banco de Sonora le vendió son sólo de catorce dólares con cuatro centavos. El periodista anónimo que escribe el artículo en El Pueblo se muestra indignado por los cobros que realizó Müller “el Sr. debe al Banco más de un millón de pesos” (22 de abril de 1932, p. 1). También criticó la actitud del Banco de Sonora, porque no tuvo la honradez de decirle a Max Müller que estaba en malas condiciones y que no podía venderle los giros que solicitaba. La crítica del periodista iba más allá de una simple observación, pues prácticamente afirmó que los mismos banqueros habían dejado al Banco de Sonora sin fondos. Escribe el periodista:

Se murmura desde hace tiempo y puede decirse que no hay aquí y fuera de aquí quien no conozca las deudas de los que tienen o han tenido injerencia en la administración y no las exageren, algunas hasta lo increíble. Es verdad que las hay y es verdad que son grandes. Dentro de poco la Comisión Liquidadora podrá decirnos cómo están garantizados esos créditos. (El Pueblo, 2 de mayo de 1932, p. 1)

En efecto, el periodista no estaba equivocado, ya que en el momento de la liquidación, el Banco de Sonora tenía distribuidos en créditos entre sus amigos, allegados, banqueros, funcionarios y otros acreditados, la cuantiosa suma de 2 501 766 pesos. Y, a su vez, el Banco de Sonora debía al Banco de México la cantidad de 2 528 455 pesos, cuyos créditos ya había solicitado este último banco para cubrir el adeudo.¹⁹ En consecuencia, en el momento de ser puesto en liquidación el Banco de Sonora, todo el activo ―incluye los créditos― pasó al Banco de México. Uno de los accionistas clave por herencia en la sociedad del Banco era Amparo Escalante, la viuda de Ramón Corral, quien debía 681 044 pesos. Así mismo se encontraban la Compañía Minera Lampazos, por la cantidad de 605 792 pesos; la Empresa de Agua de Culiacán, con 194 235 pesos, el ex gobernador Alejo Bay, con 40 000 pesos; el banquero Víctor Aguilar, con 200 000 pesos y Arturo y León Serna, con 150 000 pesos, entre otras propiedades de considerable cuantía.²⁰

Todos ellos declararon deber al Banco de México los expresados créditos ante el Juzgado de Primera Instancia, donde procedía el juicio mercantil en contra del Banco de Sonora. Al no recibir el Banco de México los pagos de los créditos en efectivo, procedió a juicio ejecutivo mercantil y después al embargo de los bienes, pues no se recibieron interesados en ninguna almoneda. Varios de estos créditos eran por demás añejos; por ejemplo, Arturo y León Serna tenían concertado el crédito desde 1912, Amparo Vda. de Corral, desde 1925. En cambio, no se obtuvo el dato de los créditos otorgados a Alejo Bay y a Víctor y Fernando Aguilar.²¹ Al licenciado y notario público Miguel A. López²² el Banco de México le detectó unos pagarés firmados por la cantidad de 2 198 dólares sin respaldo en bienes, por lo que obligó al notario a elevar su crédito a escritura pública y respaldarlo con una garantía prendaria de una casa de dos solares en la ciudad de Hermosillo. La Comisión Liquidadora ya había estado a la espera del pago de dicha deuda sin recibir una respuesta favorable.²³ Los frecuentes actos deshonestos fueron detectados por la Secretaría de Hacienda y, en consecuencia, el Banco de México solicitó las garantías prendarias al Banco de Sonora.

Embargo de bienes al Banco de Sonora

El Banco de México formuló su demanda de embargo contra el Banco de Sonora desde los primeros días de diciembre de 1931, previniendo que la Comisión Liquidadora no lograra cubrir el adeudo o que tampoco lograra apoyo financiero del extranjero. Al obrar así, el Banco de México actuó con premura y el juez declaró improcedente su demanda, aludiendo que debía esperar quince días conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. Además, le requirió atender la sugerencia del director general del Banco de México, Alberto Mascareñas, consistente en interponer una demanda de juicio ejecutivo mercantil. El plazo de quince días se cumpliría el 1 de enero de 1932. Durante esos días se realizó un estudio del activo y del pasivo del Banco de Sonora para preparar el embargo de los créditos hipotecarios constituidos a favor de dicho banco y de todos los bienes muebles e inmuebles.

Al terminar el plazo de quince días, el Banco de México interpuso de nuevo su demanda contra el Banco de Sonora (4 de febrero de 1932) en los juzgados de primera instancia de Hermosillo, por una suma de 2 528 455 pesos con intereses al día 23 de noviembre de 1931 (fecha en que fue declarada la suspensión de pagos). El 26 de febrero de 1932, el Banco de México ganó a su favor el embargo del activo del Banco de Sonora.²⁴ Con esta declaratoria de embargo, empezarían los problemas para una larga lista de acreditados por el Banco de Sonora. Luis G. de la Canal operó por parte del Banco de México como depositario judicial del activo del Banco de Sonora y ejecutaría cada uno de los embargos o reconocimientos de deuda. Por parte del Banco de Sonora, el licenciado Ricardo Cortes fungió como el representante legal para ratificar saldos de los deudores, así como vigilar el pago de éstos.

En el embargo que realizó el Banco de México sobre los créditos directos otorgados por el Banco de Sonora se tuvo cuidado de aquellos relacionados con la deuda de la viuda de Ramón Corral, doña Amparo V. Escalante. Los créditos contraídos por varios empréstitos al Banco de Sonora sumaban más de seiscientos mil pesos. Es difícil imaginar que esta cantidad hubiese sido pagada en caso de que la Comisión Liquidadora hubiese presentado un plan de pagos, porque prácticamente estaría, dicha Comisión, respaldando los adeudos de la viuda de Ramón Corral. En contraste, el Banco de México parecía determinado a tomar medidas precautorias para recuperar cada peso que le adeudaba el antiguo banco emisor. Cabe observar que los saldos de la viuda de Corral se mezclaban con otro crédito muy importante correspondiente al molino El Hermosillense.²⁵

Es innegable el favoritismo que se ejerció para con la viuda de Ramón Corral con la ampliación de préstamos sin cubrir los adeudos anteriores. Es evidente que el Banco de México tenía interés en apoyar los negocios de Amparo V. Escalante con créditos que debió pagar en 1921 y que prorrogó en 1927; cabe subrayar que eran adeudos contraídos desde 1915. Las garantías se ampliaron a todas sus propiedades, que incluían el molino harinero El Hermosillense, las casas números 72 y 76 de la Calle de las Artes y la casa número 97 de Sadi Carnot de la Ciudad de México. El crédito se extendió hasta exceder las garantías que antaño parecía que cubrirían los montos otorgados. El Banco de México identificó que la señora Amparo V. Escalante, viuda de Corral, no tenía varias casas en la Ciudad de México, sino sólo una, en la Calle de las Artes, y que ya mostraba deterioro, por lo cual resultaba difícil vender; también el molino El Hermosillense estaba en malas condiciones, de modo que se volvía incosteable producir harina.

En las Tablas 2 y 3 se observa que Amparo V. Escalante viuda de Corral era la principal deudora del Banco de Sonora. El Banco de México puso gran interés en recuperar sus adeudos cuando le ganó el juicio ejecutivo mercantil al Banco de Sonora. Éstos cubrían 35% del activo del Banco de Sonora. Otro embargo importante era la Minera Lampazos, que seguía en segundo lugar por la cuantía de los adeudos. Ya antes los negocios se habían vuelto insostenibles para los deudores del Banco de Sonora. En primer término, el Banco de Sonora no podía sostener su economía pretendiendo cobrar intereses a dos grandes deudores, aunque debe reconocerse que su lista de deudores era de más de cincuenta e incluía considerables cifras financiadas. Una de sus debilidades centrales respondía a vicios originales, pues los ex socios se habían autootorgado préstamos. Desde luego, esto disminuía la calidad de la cartera. Entre los autobeneficiados estaban Luis Brauer, Víctor Aguilar, Luis A. Martínez, los hermanos Bley y Tapia y Ulpiano Harispuru.

Aunque los accionistas y la Comisión Liquidadora del Banco de Sonora estuvieron contra el dictamen de embargo, el proceso judicial siguió adelante, así como sus diversas repercusiones sociales. El Banco de Sonora careció del capital para abrir sus puertas de nuevo; no lo obtuvo de las autoridades otrora indulgentes ni de créditos con otros organismos ni de la liquidez de los pagos de sus antiguos socios y acreditados, porque sus negocios no disponían de la liquidez ni del favor político que habían gozado dos décadas atrás. El Banco de México embargó a la señora viuda de Corral 14 mil sacos de trigo y dejó su empresa en posición inoperante; la quiebra de los negocios de El Hermosillense estaba en puerta.²⁶ En cambio, el Banco de Sonora no pudo operar ningún embargo. Queda entonces abierta una interrogante: ¿por qué el Banco de Sonora fue benevolente con sus antiguos socios?

Conclusiones

El argumento planteado a lo largo del texto derriba la tesis historiográfica sobre la responsabilidad de los chinos en la quiebra del Banco de Sonora. Tres factores se deben tomar en cuenta para analizar dicha quiebra. Primero, el exceso de créditos que otorgó desde épocas porfiristas y que no recuperó entonces y tampoco en los siguientes veinte años. Segundo, la salida de los chinos de Sonora ocurrió paulatinamente, aunque se acentuó durante seis años, de modo que resulta ilógico que hubieran dejado sin fondos al Banco de Sonora (donde nunca, como se ha demostrado, tuvieron intereses mayoritarios) en un solo día. Tercero, el Plan de Hermosillo (o rebelión escobarista) y la incautación del Banco Mercantil y Agrícola Refaccionario detonaron ―indirectamente― una corrida bancaria sobre el Banco de Sonora, lo cual ocasionó un enorme problema de liquidez, entre otros problemas que evidenciaron que no contaba con los recursos ni con las garantías suficientes para cubrir su pasivo ni para enfrentar las obligaciones contraídas con el Banco de México.

Era entendible el malestar de los clientes pequeños con la quiebra del Banco de Sonora, sobre todo aquéllos a los que les tocó realizar transacciones con los billetes emitidos por este banco. En contraste, no lo era ―aunque sí lo manifestaron― para sus socios fundadores, los porfiristas Manuel Mascareñas, Ramón Corral, Próspero Sandoval, Luis A. Martínez, Juan de Dios Castro y Adolfo Bley, beneficiarios de los buenos años del banco y quienes lucharían para que sobreviviera su negocio durante las tempestades políticas de la revolución. Algunos de ellos lo vieron derrumbarse, pero no fue en la corrida bancaria de un solo día, sino producto de un largo malestar financiero de sus propias empresas reflejado en el banco ya debilitado por malos y añejos créditos de alta cuantía.

Ejemplos de esos actos dolosos ―contra el banco― fueron los desfalcos de Max Müller quien, enriquecido gracias a éste, se convirtió en ganadero. Otro caso representativo fue el de Ramón Corral hijo, quien, aviniéndose a sus relaciones, hizo malos manejos cuando administró el banco los últimos años; esto incluyó incumplimientos de pagos al crédito devengado a favor de su madre, Amparo V. Escalante. Es plausible que los Mascareñas hayan tenido algún grado de responsabilidad. En todo caso, Alberto Mascareñas fue destituido de su cargo como director del Banco de México bajo rumores de haber ocultado irregularidades que presentaba el Banco de Sonora. A los malos manejos también se unieron los casos de Luis A. Martínez, Víctor y Fernando Aguilar.

Los catalizadores importantes de la quiebra fueron de naturaleza interna (malos créditos) y externa (la rebelión escobarista). Después de la reapertura en 1922, el banco no había alcanzado el nivel de solvencia económica que tenía en 1913. Incluso tras la fusión con el Banco Hipotecario en 1927, no logró la solvencia económica esperada, pues heredó un cúmulo de créditos con poca oportunidad de recuperación. Es decir, para esas fechas, el pasivo era superior al activo. En marzo de 1929, cuando la gente se abalanzó contra la institución para cobrar sus depósitos debido a la intervención que sufrió el Banco Mercantil y Agrícola, inició la debacle porque acabaron con los fondos de reserva.

Durante estos días, las puertas del Banco Mercantil permanecieron cerradas, mientras que el Banco de Sonora entregó hasta las reservas. En un primer intento por salvarse y reanudar operaciones, el Banco de Sonora contrajo adeudos con el Banco de México, pero no previó que esta nueva deuda y la supervisión que implicaba lo llevarían con más facilidad ―al paso de unos años― a la quiebra. Es evidente que la mayor competencia interbancaria, la generalización del malestar económico y los tiempos políticos habían cambiado el escenario en el que floreció el antiguo banco emisor de Sonora.