Introducción

La degradación ambiental en el mundo es un problema que se agudiza cada vez más. Afecta la capacidad de los ecosistemas para dar servicios ecosistémicos (SE), como la producción primaria, la regulación hídrica o el control de erosión, esenciales para la vida y las actividades humanas (^{Millennium Ecosystems Assessment, 2005}). Es en este contexto donde los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE), que se consiguen mediante pagos por servicios ambientales (PSA), se posicionan como una alternativa para preservar los ecosistemas. Se trata de un sistema mediante el cual los beneficiarios de los SE (retribuyentes) pagan a los proveedores de los servicios ecosistémicos (contribuyentes). Con esos pagos se obtiene un beneficio mutuo: los retribuyentes aportan los recursos económicos para que los contribuyentes realicen acciones para recuperar, preservar o mejorar la provisión de los SE, indispensables para ambas partes.

Entre los MERESE se pueden distinguir los hídricos, que se encargan de la provisión y la purificación de agua, de la regulación hídrica y del tratamiento de aguas de desecho. En ellos los retribuyentes son por lo general los grupos que se ubican en la cuenca baja o en la cuenca media y que se benefician de la calidad y del caudal adecuados de las fuentes de agua. Los contribuyentes son los grupos de la cuenca alta, que forestan o reforestan para mejorar la provisión de los SE hídricos (^{Ministerio del Ambiente, 2016}). Al haber mayor cobertura vegetal, se retiene más agua en la época de avenida y se reduce la erosión, lo que disminuye la concentración de contaminantes y aumenta el caudal de las diferentes fuentes de agua durante la época de estiaje (^{Cervantes, Sánchez y Alegre, 2021}; ^{García, 2007}).

En el Perú, el Ministerio del Ambiente, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021, de los Lineamientos para el Crecimiento Verde y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ha impulsado diversos proyectos, como los MERESE a escalas local, regional y nacional, con el fin de hacer frente a la creciente degradación de áreas naturales, procurando resguardar la infraestructura natural y promover un crecimiento económico sostenible (^{Ministerio del Ambiente, 2021}).

Desde 2014, la aplicación de los MERESE se hace con base en la Ley Núm. 30215 y de su reglamento (^{Ministerio del Ambiente, 2014}). En este se establece que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) pueden ser retribuyentes, por lo cual pueden recaudar recursos económicos de la población por acción de los MERESE mediante un monto adicional incorporado en las tarifas por servicio de agua (^{Ministerio del Ambiente, 2016}). La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) debe evaluarlas puesto que los consejos directivos números 045-2017-SUNASS-CD y 027-2019-SUNASS-CD disponen que las recaudaciones para los MERESE hídricos tienen que basarse en el diagnóstico hídrico rápido, en el Plan de Intervenciones y en el Plan Maestro Optimizado (PMO) (^{SUNASS, 2017} y ²⁰¹⁹). Las tarifas deben asegurar la provisión de recursos sin que estos afecten de forma significativa a la población, considerando la ciudad y la región donde se apliquen.

Así, el Ministerio del Ambiente y la SUNASS han logrado, hasta 2021, incluir tarifas por MERESE en los recibos de agua de 43 EPS a escala nacional, así como la gestión de 22 proyectos de MERESE ejecutados por las mismas EPS. Desde 2018, el Ministerio del Ambiente impulsa el Proyecto MERESE-FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) (en adelante P-MF), el cual busca implementar MERESE en la cuenca Cañete y en la cuenca Jequetepeque (CJ), diseñando para tal fin la línea base del Proyecto MERESE-FIDA (LB-MF) (^{Ministerio del Ambiente, 2018}). Para los MERESE de la CJ se procuró la participación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Jequetepeque-Zaña (CRHCI-JZ), donde se encuentran representados el Gobierno Regional La Libertad, el Servicio de Agua Potable y Alcantarilla La Libertad, Sociedad Anónima (EPS SEDALIB, S. A.), el Gobierno Regional Cajamarca, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS SEDACAJ, S. A.), la Junta de Usuarios de Riego Jequetepeque (JURJ), la SUNASS La Libertad, la SUNASS Cajamarca y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En 2019 se formó la Plataforma de Buena Gobernanza MERESE Cuenca Jequetepeque, que es un espacio de planeación de acciones, transparencia de ingresos y egresos, formulación de proyectos y concertación entre los diferentes actores de los MERESE. Esta plataforma consolidó el enfoque en los SE de interés: regulación hídrica (RH) y provisión de alimentos (PA).

Ambos SE giran en torno a la necesidad de mejorar la gestión del recurso hídrico, recuperar los ecosistemas altoandinos, reducir la pobreza y ampliar la vida útil de la represa Gallito Ciego. Esta terminó de construirse en 1987 y desde entonces ha proporcionado al valle Jequetepeque (VJ) un mayor volumen de agua útil para la agricultura. Ha permitido incluso realizar dos campañas (ciclos de cultivo) al año y la generación de energía hidroeléctrica (^{Portilla, 2011}).

No obstante, si bien la plataforma identificó los SE de interés, faltaba una valoración económica de ellos, lo que significaba una limitación, ya que no existía un valor referencial de los beneficios económicos que se perciben por esos servicios, lo cual dificultó determinar los montos proporcionales de retribución o de trabajo.

Esta valoración es de vital importancia, ya que en los proyectos y en las actividades diarias se ignoran o se subvaloran los SE debido, sobre todo, al desconocimiento que hay de los beneficios que otorgan los ecosistemas y a que estos no poseen una utilidad individual expresada a través de un precio que los convierta en bienes económicos (^{Iwan, Guerrero, Romanelli y Bocanegra, 2017}). Calcular un valor económico de los SE permite incorporarlos en la planificación y en el diseño de proyectos, en el análisis de costo/beneficio, en los mecanismos de financiamiento o en la educación ambiental (^{Ministerio del Ambiente, 2016}).

Por las razones expuestas, la presente investigación tiene como objetivo principal valorar los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y provisión de alimentos de las subcuencas San Miguel y Bajo Jequetepeque, para estimar los montos de retribución necesarios para cubrir las actividades de conservación establecidas en el proyecto MERESE-FIDA.

Se formuló como objetivo específico valorar el servicio de RH, a través del método de valoración contingente, para saber la disposición de los retribuyentes ubicados en la subcuenca Bajo Jequetepeque para pagar (DAP), y la disposición de los contribuyentes, ubicados en la subcuenca San Miguel a aceptar el pago (DAA). De este modo, una vez que se obtuvieron los valores de la DAP y de la DAA, se estimó el monto total mínimo de la retribución a través de una gráfica de precios de mercado de los MERESE.

Además, al ser el valle Jequetepeque beneficiario directo de la implementación de los MERESE y debido a la importancia de estos en la PA para la región, uno de los objetivos fue valorar el servicio de PA a través del método de precios de mercado. Para ello, se encuestó a los agricultores del valle y se estimó su valor económico.

Métodos

Resultados y discusión

En relación con los objetivos, se abordará primero el servicio de regulación hídrica. De esta manera, se comenzará analizando a los retribuyentes poblacionales, indicando que cuando la DAP propuesta aumenta, se reduce el número de personas que la aceptan o que están dispuestas a ofertar un valor mayor. Por ejemplo, la DAP propuesta de S/ 5 casi no tuvo respaldo, y la DAP mínima tendió a variar entre S/ 0 y 3, predominando el primero. En cambio, cuando la DAP propuesta fue la más baja (S/ 2), la mayoría de las personas la aceptó, e incluso hubo una oferta mayor. En cuanto a las DAP de S/ 3 y 4, estas no mostraron variaciones significativas; es decir, la DAP máxima fue el mismo valor propuesto y cuando no las aceptaron, la DAP mínima fue casi siempre de S/ 0. Sin embargo, en los retribuyentes agrícolas se pudo notar que para todas las DAP, la DAP máxima solió ser la misma que la propuesta, y la DAP mínima varió entre S/ 0 y 2.

Así, analizando la Tabla 2, puede decirse que en los retribuyentes agrícolas no hay variaciones significativas entre las DAP, lo cual puede atribuirse al rango de precios más estrecho de estas. No obstante, en los retribuyentes poblacionales, se puede notar un descenso estrepitoso en la DAP más alta. Esto también lo describe ^{Huamán (2017)}, quien al determinar la DAP máxima por la conservación de la Loma de Amancaes en Lima, indica que, al llegar a valores altos, se produce un descenso estrepitoso, llegando incluso hasta un 1.3% de aceptación.

En cuanto a las características poblacionales, la Tabla 3 muestra que la mayoría de las viviendas de Chepén y de Pacanguilla pagan menos de S/ 30 al mes por el servicio de agua, lo que, según las mismas personas encuestadas, se debe a las pocas horas al día con las que cuentan con ella (de 3 a 5 horas en Chepén y de 2 a 3 en Pacanguilla): tienen acceso solo en la mañana (de 7 a 11 a. m. en Chepén y de 6 a 9 a. m. en Pacanguilla). Además, en Chepén, casi 50% de las personas encuestadas considera la calidad del agua como regular. En Pacanguilla llega hasta 67.22%. También en Chepén y en Pacanguilla, 12 y 26 personas de cada 100, respectivamente, indicaron que han enfermado por la ingesta del agua proporcionada por la EPS. Por otra parte, casi la totalidad de las personas en ambas poblaciones no conoce los MERESE.

Si nos referimos a los retribuyentes agrícolas, 56.72% de las personas encuestadas manifestaron que su producción de arroz es mayor a 140 sacos/hectárea, y solo 4.48% produce menos de 100 sacos/ha. Referente a la posesión del terreno, 53.62% indicó que posee terrenos con una extensión de entre 2 y 5 ha, y 20.29% que posee terrenos mayores o iguales a 8 ha. En cuanto a la venta de arroz, 59.42% sostuvo que lo vende a menos de 80 soles/saco, 33.33% entre S/ 80 y 100, y 7.25% a partir de S/ 100 (véase Tabla 4).

Por otro lado, 53.62% indicó que el agua no le alcanza en la campaña principal; 53.62% no cultiva en la campaña secundaria y 13.04% cultiva menestras en la campaña secundaria. Esto resulta de especial interés considerando que 81.16% de las personas encuestadas afirma que la agricultura es la actividad principal de su familia, aunque 56.52% indicó que ya no se hará en un futuro y 44.93%, que sus hijos o nietos no se dedicarán a ello. Por último, 60.87% se siente identificado culturalmente con el valle.

Ahora bien, para poder relacionar la producción y la percepción de los agricultores sobre su actividad económica, se debe señalar en primer lugar que la agricultura del VJ puede catalogarse en su mayoría como pequeña agricultura familiar (PAF), puesto que sus características son extensión menor a diez hectáreas, fuerza de trabajo sobre todo familiar, actividad productiva cerca del lugar de residencia, actividades equitativas en el núcleo familiar y fuente de ingresos que puede ser o no la principal (^{Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018}; ^{Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2015}). La PAF en el Perú representa alrededor de 97% de las unidades agropecuarias, donde laboran más de 83% de los trabajadores agrícolas (^{MINAGRI, 2015}).

Entendido esto, conviene preguntarse por qué a pesar de que 60.87% de los usuarios se siente identificado culturalmente con el valle, 56.52% de ellos opina que este será poco rentable en un futuro y por lo menos 33.33% afirma que sus hijos ya no se dedicarán a dicha actividad económica. Para comprender el problema, primero se debe analizar la rentabilidad del cultivo principal: el arroz. Frente a esto, la Dirección General de Información Agraria (DGIA, 2014) estima una rentabilidad de 24.90% en 2008 y 2009; la Coordinadora Agraria Interinstitucional del Valle Jequetepeque (^{COAJE, 2011}), 27.49% en 2011; y ^{Altamirano (2017)}, 34.17% en 2015. Incluso la misma COAJE indica que 80% de las unidades agrícolas orienta su producción al arroz y al maíz amarillo, aun cuando la aptitud del suelo en el valle para dichos cultivos es de tan solo 30%. Indica, además, que los cultivos con mayor rentabilidad en el valle son la alfalfa, con 262.65%, espárrago, con 185.56% y frutales, con 185.56%.

Así mismo es necesario tener en cuenta que la demanda hídrica del arroz es alta en comparación con otros cultivos, ya que esta es una planta semiacuática que se siembra por lo general en inundación continua durante gran parte de su ciclo de crecimiento (^{Hattori, Nagai y Ashikari, 2011}) y que se caracteriza por poseer pocas adaptaciones a condiciones de agua limitada: pocas zonas poseen agua suficiente para mantener las condiciones de inundación (^{Ruiz, Muñoz, Dell’Amico y Polón, 2014}). Ello, sumado a la continua colmatación de la represa Gallito Ciego, contribuirá a un futuro déficit hídrico en el valle, razón que puede explicar que 46.38% de los agricultores manifieste que el agua es insuficiente en la campaña principal.

En cuanto a los contribuyentes, la Tabla 5 muestra que los cinco grupos comunales reúnen 209 familias, con un total de 764 ha inscritas. La Cooperativa Agraria Nuevo San Miguel tuvo la mayor cantidad de familias, pero fue la Asociación de Productores ABC Alto Perú la que contó con la mayor cantidad de ha. Así mismo todos los grupos comunales respaldan la iniciativa del P-MF, sosteniendo que es una oportunidad para impulsar el desarrollo en las comunidades, a la vez que los contribuyentes cuidan los ecosistemas. También indicaron que el dinero recaudado se debe invertir en la compra de semillas, abonos, herramientas y proyectos para la creación o la mejora de la infraestructura hidráulica.

Referente a la DAA, se identificaron tres posturas: retribución por familia, retribución por grupo comunal y costos directos. De estas posturas, tres grupos comunales respaldan la que se basa en costos directos. Y es esta misma la que a su vez arroja el mayor costo de financiación: 3.67 millones de soles (MS/) anuales (véase Tabla 6). De dicho monto, MS/ 3.57 millones de soles (MS/) corresponde a la conservación de las hectáreas con pastizales, actividad económica que sustentaría a las familias inscritas.

Hay que precisar que la provincia en que se realizan actividades de conservación pertenece a Cajamarca, departamento donde la producción de leche y sus derivados es un eje económico importante. Se puede decir que dicho departamento es parte de la cuenca lechera del norte. Produce entre 60 y 70% del volumen total de la cuenca y cuenta con alrededor de 37 000 pequeños productores (^{Santa Cruz, Sánchez y Pezo, 2006}). Sin embargo, los pequeños productores quienes, según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) de 2012, poseen menos de 10 cabezas por ganado, cuentan con 50.6% de vacas en ordeño a escala nacional (93% en Cajamarca) y atomizan las cadenas productivas, lo que sumado a los costos para transportar la leche a los centros industriales provoca a veces pagos injustos a los productores (^{MINAGRI, 2017}).

Se puede decir que la razón de los costos de dicha propuesta radica en la proyección de los grupos comunales en el futuro, la cual busca crear un medio para producir ingresos económicos y cumplir con las disposiciones contempladas en el P-MF. En otras palabras, la propuesta tiene sustento técnico, lo cual reduce el margen de error y permite establecer transacciones de acuerdo con las actividades de conservación.

Aclarado esto, es posible abordar ahora las recaudaciones ajustadas, las cuales ayudarán a entender la gráfica de precios de mercado. Pero primero es necesario precisar que, con base en el reglamento de la Ley 30215, las EPS pueden ser retribuyentes, por lo cual pueden recaudar recursos económicos por acción de MERESE mediante sus tarifas, las cuales deben ser aprobadas por SUNASS. De modo que los montos presentados en la Tabla 7 son el resultado final de las evaluaciones hechas por SUNASS que, mediante los consejos directivos 045-2017-SUNASS-CD y 027-2019-SUNASS-CD, dispone que las recaudaciones para los MERESE hídricos deben basarse en el diagnóstico hídrico rápido, en el Plan de Intervenciones y en el Plan Maestro Optimizado (PMO). Por lo tanto, las resoluciones tarifarias deben asegurar la provisión de recursos sin que estos afecten de forma significativa a la población en función de la ciudad y de la región donde se ubiquen. Por eso los montos no son mayores a S/ 1.2 ni menores a 0.32, con lo cuales se obtiene una media en el primer año de S/ 0.68 y de 0.82 para años posteriores. Dichas variaciones entre el primer año y años posteriores en algunas EPS están en función de los diferentes proyectos y su diagnóstico hídrico rápido.

Comparando esto con el estudio de ^{Barrantes (2019)}, quien concluye que los usuarios de agua potable están dispuestos a pagar lo requerido para la implementación específica de los MERESE en Cañete, el promedio de la tarifa calculada en la Tabla 7 no representaría mayores problemas. En el caso del usuario de riego, si bien se espera un menor porcentaje de aceptación, tal como se presentó en la Tabla 3, el diálogo con los agricultores sobre la necesidad de su participación en los MERESE permitiría hacerles comprender que son ellos uno de los principales beneficiarios y que los montos que se financien son en realidad una inversión para la permanencia de sus actividades en el futuro.

Con dichos promedios (S/ 0.68 y 082) se estimó el monto anual de recaudación (véase Tabla 8) que alcanzó MS/ 0.172 en el primer año y MS/ 0.197 en los años siguientes. Las mayores recaudaciones se obtuvieron de los retribuyentes poblacionales. Fue Chepén el lugar que registró más aportes debido a que cuenta con mayor población. Además, si se analiza la diferencia en las recaudaciones, se hace notorio el impacto que puede tener subir solo S/ 0.14, ya que en las poblaciones retribuyentes produce un aumento anual en las recaudaciones de S/ 25 000. Esto refuerza la importancia de la participación de las EPS en los MERESE, tal como indica el Ministerio del Ambiente, que acota que la mayoría de las aportaciones a los MERESE hídricos provienen de las EPS y que además las actividades que se desarrollan están alineadas con su gestión de riesgos y desastres (^{MINAM, 2015}).

Así pues, al unir los costos y la recaudación anual mostrados en las Tablas 6 y 8, se pudo elaborar la gráfica de precios de mercado (véase Figura 2), aunque no igual al modelo inicial que se planteó, ya que tuvo que asumirse un porcentaje de aceptación de cien para los contribuyentes, puesto que no pudo realizarse la encuesta a todos los comuneros debido a condiciones geográficas.

En dicha gráfica se observa que la recaudación estimada solo podría financiar la DAA basada en S/ 6 000 por familia, cantidad que se ubicaría muy por debajo de la DAA basada en costos directos. Es la alternativa más adecuada, ya que se estima con base en criterios técnicos, considerándose el costo de materiales, jornales, operaciones y posible encarecimiento de estos. No obstante, hay que señalar que la EPS SEDACAJ también está sujeta a retribuir, pues la CJ enmarca parte del territorio de la región Cajamarca. Por lo que los déficits podrían cubrirse añadiendo la retribución poblacional de la EPS SEDACAJ, así como montos en el PMO de esta y de la EPS SEDALIB.

Existe una manera de poder cubrir la DAA de los contribuyentes sin la incertidumbre de los aportes de la EPS. Sería aumentando las tarifas de recaudación. Así, se aumentarían 400% para los retribuyentes poblacionales y se recaudarían S/ 3.4 por vivienda servida al mes en el primer año y S/ 4.1 en los años posteriores. En cuanto a los retribuyentes agrícolas, se aumentaría también 400% y se plantearía un pago al mes por acción de conservación de suelo, con lo cual se recaudarían S/ 17.5 al mes por agricultor. Así, en el primer año se podrían recaudar MS/ 3.67 y en los años posteriores, MS/ 3.76.

En cuanto a la producción del valle, se puede argüir que, aun cuando la producción agrícola se estima en MS/ 524.206 en la campaña principal y en MS/ 66.407 en la campaña secundaria, parte del desafío de acoplar las comisiones de riego a los MERESE no solo radica en determinar los montos que estos pueden producir y retribuir; también en gestar proyectos que permitan emigrar poco a poco a cultivos que consuman menos agua y produzcan más rentabilidad para los agricultores. Es decir, esta producción y retribución puede aumentar o disminuir en función de las medidas de adaptación que se tomen en el futuro.

El valor económico del servicio de PA del valle Jequetepeque es de MS/ 590.612 y el valor económico del RH es de MS/ 0.197 con base en la DAP, y de MS/ 3.67 con base en la DAA. Resulta evidente que el servicio de PA es el que registra el mayor valor, pero es necesario recordar que este es el resultado final de la concatenación de los demás SE, por lo que dicho valor está vinculado a otros. En el servicio de RH se pueden distinguir dos enfoques: con base en la DAP o con base en la DAA. La diferencia entre ellos radica en la percepción de los actores: mientras que la DAP contempla lo que se pagaría para tener acceso a un beneficio, la DAA contempla lo que se necesitaría para poder brindar dicho beneficio. Aunque, como ya se dijo, en el caso de la DAA se prefiere el monto con base en costos directos: es el más adecuado debido a los criterios técnicos que contempla.

Por último, para que dichos mecanismos puedan tener el resultado que se espera, es necesario que haya un diálogo constante entre contribuyentes y retribuyentes, en el que se especifique el área de interés, el SE de mayor interés y los diferentes actores que puedan beneficiarse o puedan perjudicar el desarrollo del mecanismo. Así mismo se debe considerar que este tipo de acciones no solo pretenden dar solución a problemas ambientales; también representan un medio para mejorar la calidad de vida de comunidades altoandinas, coadyuvando a la cooperación entre diferentes poblaciones, con el fin de que estas puedan moverse hacia un desarrollo sostenible a través del diálogo y del compromiso con el desarrollo integral en la cuenca.

Conclusiones

El valor económico anual del servicio de PA fue de MS/ 590.612. El valor económico del RH fue de MS/ 0.197, basado en la DAP, y de MS/ 3.67, basado en la DAA.

La DAP con mayor porcentaje de aceptación en los retribuyentes agrícolas fue de S/ 3.5, con 64.71%, mientras que en los retribuyentes poblacionales fue de S/ 2 para la población de Chepén y de S/ 3 para la población de Pacanguilla, con 72.56% y 60.00%, respectivamente. Además, se distinguieron tres posturas de la DAA: una basada en costos directos, con MS/ 3.67 anuales; otra por familia, con S/ 6 000 al año; y una más por grupo comunal, con S/ 500 000 cada tres años. Así mismo los contribuyentes manifestaron que el dinero recaudado debe usarse en la compra de semillas, abono, herramientas y la construcción o mejoramiento de infraestructura hidráulica, orientada a apoyar la siembra y el riego de pastos, aliso, quinua u otro cultivo que se considere después y que esté enmarcado en el P-MF.

La DAP y la DAA permitieron estimar el monto mínimo de retribución a través de la elaboración de una gráfica de precios de mercado de los MERESE, asumiendo que todos los comuneros acepten la propuesta declarada por el representante, ya que en la DAA no se pudo incluir el porcentaje de aceptación por familia debido a las condiciones geográficas. De esta manera, el monto mínimo de retribución estuvo definido por la postura de la DAA, siendo necesaria una retribución anual de MS/ 0.9157, basada en S/ 500 000 por grupo comunal; de MS/ 0.1379, basada en S/ 6 000 por familia; y de MS/ 3.67, basada en costos directos. Así mismo la recaudación de los retribuyentes agrícolas y poblacionales estudiados solo lograrían cubrir la DAA basada en S/ 6 000 por familia, la cual quedaría muy por debajo de la DAA basada en costos directos. Esta última resulta la más adecuada para establecer transacciones. Sin embargo, se indicó que montos adicionales en el PMO de la EPS estudiada y de la EPS SEDACAJ, podrían ayudar a cubrir los déficits.

La producción anual en el valle Jequetepeque fue, en promedio, de MS/ 590.612, pero podría ser mayor si se siembran cultivos en función de la capacidad agrícola de los suelos del valle. Por lo demás, la creciente escasez del recurso hídrico en el valle, la alta demanda de agua para el cultivo de arroz y la baja rentabilidad de este ocasionan que los agricultores y familiares migren a otras actividades económicas. Por esta razón, es necesario impulsar planes de migración a cultivos con menor demanda hídrica y mayor rentabilidad.