Recuperadores urbanos (RU) o recicladores de base (RB)

^{TEIU (2017)} sostiene que los RU o RB son “los trabajadores (formales e informales) de la cadena de valor del reciclaje” (p. 16). Es decir, son las personas que se dedican a recuperar y comercializar los materiales reciclables que forman parte del flujo de los residuos sólidos de los municipios (véase Figura 1). ^{GAIA (2021)} precisa que “son personas que recolectan, clasifican y procesan materiales reciclables y compostables en la economía informal […]. Los RU han creado un servicio hasta entonces inexistente o incipiente en los municipios, convirtiéndose a lo largo de los años en una pieza clave de la cadena del reciclaje” (p. 4).

Fuente: elaboración propia con base en la imagen de ^{Demaria y D’Alisa (2012, s. p.)}.

Figura 1 Presencia del sector informal de residuos en el modelo GIRS 

En esta cadena, los pepenadores conforman la base trabajadora (véase Figura 2), y los propietarios de las recicladoras y de las fábricas de reciclaje se colocan por encima de ellos. Esa jerarquía organizacional define la distribución de la renta del sector, que se concentra en los dueños de las fábricas y después en los intermediarios, ambos beneficiarios del trabajo a destajo de los RU y del hecho de que no pagan seguridad social ni las prestaciones que exigen las leyes del trabajo (^{Florisbela dos Santos y Wehenpohl, 2001}; ^{Villanova, 2012}).

Fuente: elaboración propia con base en la imagen de ^{TEIU (2017, p. 17)}.

Figura 2 Conformación de los actores en la cadena del reciclaje 

Es usual que en los países en desarrollo los RU trabajen en los sitios de disposición final (SDF), en la vía pública de las ciudades o en los camiones de los servicios municipales de recolección de residuos urbanos. En la mayoría de los casos no están organizados, lo que les impide dar impulso al RI en sus municipios. También padecen los bajos precios que los intermediarios de la cadena del reciclaje imponen a los materiales recuperados. En la Tabla 1 se presentan los tipos de RU que hay en América Latina y se aprecian las características necesarias para que se creen procesos orientados a formalizar sus condiciones de trabajo.

Beneficios que dan los RU

^{GAIA (2021)}, en cuanto organización internacional que ha fomentado el RI en distintos países, ha puesto de relieve la amplia gama de beneficios que se derivan de esta actividad informal. Sobresalen la creación de empleos directos e indirectos, la reducción de la pobreza, el empuje a la economía local y la disminución del desempleo en épocas de recesión. Además, producen ganancias a los intermediarios y a los dueños de las industrias del reciclaje, beneficio que por lo general está invisibilizado. Presentan mayor viabilidad económica frente a las propuestas privatizadoras para la fase del aprovechamiento de residuos, generan ahorros para los municipios en los gastos de transporte y disposición de residuos y pueden prevenir la inversión económica en estaciones de transferencia y posponerla en el caso de que se requieran desarrollar nuevos vertederos.

En la parte ambiental, los RU dan servicios ambientales a las ciudades los cuales alargan la vida de los sitios de disposición final, alimentan la industria del reciclaje y prolongan el valor de los productos, además de mitigar los GEI. Pero, estos aportes no han conllevado cambios institucionales para el reconocimiento de los RU ni se ha dado apoyo para que adquieran una capacidad organizativa que les dé capacidad de agencia en el sistema de gestión para conseguir condiciones justas en el mercado del reciclaje (^{Dias, 2016}; ^{GAIA, 2021}; ^{Korsunova et al., 2022}; ^{TEIU, 2017}).

Una ruta que se ha utilizado para enfrentar las múltiples desigualdades que padecen los recicladores de base en las diferentes regiones del mundo, ha sido la incorporación del RI. Este es un nuevo planteamiento que Latitud R y la Fundación Avina promueven, sobre todo en América Latina, para colaborar con los municipios de la región con el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de las personas que se dedican a la recuperación informal de residuos (^{Latitud R, 2020}; ^{TEIU, 2017}). El planteamiento esencial es dar un giro a ese trabajo, sustituyendo las condiciones precarias que la caracterizan por condiciones laborales formales y dignas. Así, estos podrían desarrollarse y asociarse en micro y pequeños negocios de recuperación de residuos que coadyuven a una economía circular cumpliendo al mismo tiempo con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) en el sector del reciclaje (^{GAIA, 2021}; ^{Latitud R, 2020}).

Para fomentar el RI, la Fundación Avina (^{Latitud R, 2020}) señala cuatro ejes en los que los gobiernos, las asociaciones dedicadas al RI y los pepenadores/RU deben trabajar de manera colaborativa. En primera instancia, se plantea fortalecer la asociatividad y las capacidades de autoorganización de los RU. En segundo lugar, se propone promover ajustes normativos y desarrollar una política pública que den forma a un espacio institucional para sostener el reciclaje inclusivo. Tercero, habría que fortalecer las cadenas de valor del reciclaje, tanto de la oferta como de la demanda del material susceptible de valorización de ese sector, con la intención de desarrollar una economía circular que garantice mejores condiciones para los participantes, pero en especial con el objetivo de mejorar los ingresos de los pepenadores/RU. El cuarto punto es fortalecer la perspectiva de reciclaje inclusivo, en la que se considere la colaboración de la ciudadanía para separar y disponer de origen los residuos reciclables en manos de los RU, así como construir bases de información de los aportes del RI, mediante lo cual se favorecerían el conocimiento de la población sobre las contribuciones de los RU y la articulación Ciudadano-RU-Gobierno para consolidar una economía circular (^{Fundación Avina, 2023}).

Establecimiento de indicadores de línea de base para el reciclaje informal

Se determinaron las variables y los indicadores del sector de residuos que estuvieran relacionados con los beneficios que se derivan de la recuperación informal. Para ello, se revisaron documentos oficiales de dicho sector a escalas federal, estatal y municipal:

El PPGIRSML (^{SIAP, 2020}) fue esencial para construir los indicadores de línea de base. El programa, de acuerdo con la ^{LGPGIR (2003)}, es el instrumento básico de información que se emplea para desarrollar proyectos que gestionen y reduzcan el volumen de RSU a escala municipal. En la Tabla 2 se muestran los indicadores de línea de base sobre los residuos inorgánicos reciclables (material reciclable), que son el centro de atención del trabajo de los pepenadores o RU. Los indicadores relacionados con sus aportaciones (del punto 11 al 13 de la Tabla 2) se plantean como una propuesta metodológica para estimar la utilidad pública en los componentes económico y ambiental.

Para el caso específico de esta investigación, los beneficios económicos que se desprenden del trabajo de los RU son evidentes en la reducción del volumen de residuos. También se reflejan en la disminución de los costos de recolección y disposición devengados por el SIAP y la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) para los concesionarios.

Esto es, cada tonelada que los RU segregan significa que el SIAP se libera de la obligación de atender y pagar los mecanismos formales para recolectar dicha tonelada, por lo que se produce un ahorro para el organismo; de igual manera, para la DGMA es un ahorro en el servicio de disposición en el SDF El Verde, puesto que se reduce la entrada de residuos porque los pepenadores los recuperan en la vía pública.

De forma análoga, en cuestión ambiental, las toneladas que recuperan los RU representan un cierto nivel de mitigación de los GEI, puesto que su actividad es manual y no motorizada, a diferencia de las vías formales, que emplean maquinaria motorizada pesada que produce huella de carbono. Se estima además el porcentaje del material que recuperan los RU como aportación ambiental que contribuye a disminuir el volumen de residuos que ingresan al SDF El Verde, lo cual permite prolongar su vida.

Obtención de información

La obtención de información para desarrollar los indicadores de línea de base se dio a través de tres vías. Primero se revisaron fuentes primarias y secundarias. Las primarias corresponden a los documentos oficiales del sector de residuos y de cambio climático en León (PPGIRSML y el PMCC), de los que se recabaron los datos físicos² de 2020 y los monetarios de 2023 para estimar los beneficios del trabajo de los RU. Las fuentes secundarias se circunscriben a notas periodísticas y tienen el propósito de estructurar el contexto de sus condiciones de trabajo.

La segunda vía fueron entrevistas semiestructuradas a los actores clave del sector residuos: la coordinadora del área de Comunicación y Educación Ciudadana del SIAP (^{entrevista SIAP 1, 2022}) y la responsable del Programa de la Red de Recuperadores Urbanos del SIAP (^{entrevista SIAP 2, 2022}). También se entrevistó al exdirector (2012-2015) de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de León (^{entrevista exMA, 2022}) y al representante de la Cooperativa Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente (^{entrevista Cooperativa, 2022}), conformada en 2014.

La tercera vía fue la recolección de datos propios a través de la aplicación de 140 cuestionarios cerrados de opción múltiple que se aplicaron a los RU en la ciudad de León. El muestreo fue intencional, dada la variabilidad de la población (^{Otzen y Manterola, 2017}). Participaron los recicladores de calle (véase Tabla 1), debido a que su actividad es la que produce el ahorro en la recolección y la disposición y porque su trabajo no motorizado mitiga los GEI en León. La recolección de la información se llevó a cabo entre mayo y julio de 2023 y contó con el apoyo de estudiantes becarios, de servicio social y de créditos complementarios (actividades extracurriculares que se solicita a las y los alumnos de la Universidad de Guanajuato). Las preguntas del cuestionario se concentraron en la actividad de la recuperación de residuos valorizables, y se puso el énfasis en la clasificación de los materiales y el peso aproximado por jornada de trabajo. Los datos que se obtuvieron se contrastaron con la información que se recabó en las entrevistas a los actores clave. En general, ambas informaciones coincidieron.

La expropiación del acceso a los residuos en El Verde

En 2001 el municipio incorporó al sector privado en el manejo de la disposición final de residuos a través del régimen de concesión. Con el cierre de La Reserva, que operó durante dieciséis años, el ayuntamiento planteó modernizar el SDF. Se hizo una licitación y la empresa ganadora para gestionar durante quince años el nuevo relleno nombrado El Verde fue Promotora Ambiental Sociedad Anónima (S. A.) de Capital Variable (C. V.) (PASA) (^{Tagle-Zamora y Carrillo, 2022}). Sin embargo, el cierre de La Reserva y la apertura de El Verde ocasionó que la empresa se opusiera a la presencia de los pepenadores en el nuevo relleno. En este punto, el municipio negoció con PASA y acordaron que los pepenadores tendrían un espacio en El Verde (^{Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública [POPLab], 2023}).

El título de concesión número SPM/CRS/01-2000 (^{Ayuntamiento de León, 2000}), hasta ahora con un solo adendum para prolongar la concesión del SDF El Verde a PASA hasta 2031, otorga a dicha empresa, en la condición primera, el aprovechamiento y la disposición final de los residuos. En la condición novena se definieron las labores de separación y reciclaje que debería realizar la compañía. Además, en la condición décima se habla de garantizar un espacio para 130 pepenadores para que siguieran desarrollando la segregación de residuos. Esta condición habla de un área de descarga para el trabajo de estas personas y una zona de almacenamiento donde pudieran depositar los residuos separados (^{Ayuntamiento de León, 2000}). No obstante, a poco más de un año del arranque de la concesión, PASA dejó de cumplir lo estipulado en las condiciones novena y décima, argumentando que los costos eran demasiado elevados (^{POPLab, 2023}; ^{Rodríguez, 2020}).

En 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ^{NOM-083-SEMARNAT-2003 (2004)}, que establece las especificaciones técnicas para los SDF. En ella se indica que los procesos de aprovechamiento de residuos deben partir de un esquema tecnificado y que la gestión no debe ser un riesgo para las personas que trabajan ahí. Así mismo, se habla de espacios cercados con control de acceso, con lo cual se justificó el retiro de los pepenadores de El Verde, quienes tuvieron que limitarse a separar desechos en los camiones recolectores o en las calles de la ciudad. Hay que subrayar que, a pesar de la vigencia de la NOM-083, el título de concesión SPM/CRS/01-2000 no se ha modificado al respecto, lo cual sugiere una serie de contradicciones y violaciones por parte de la empresa y el municipio, porque no separan ni se aprovechan los residuos reciclables ni permiten la participación de los pepenadores en el SDF, como en la actualidad exige el título de concesión.

El monopolio del acopio de residuos valorizables

En 2009 hubo un cambio importante en el sector de los residuos del municipio. La Dirección de Aseo Público desapareció y se constituyó el organismo operador descentralizado SIAP en la administración de Ricardo Sheffield (Partido Acción Nacional [PAN]). El cambio respondió al reto que significó la producción creciente de residuos y el problema de recolección. La generación per cápita estaba en aquel entonces encima del kilogramo diario, lo que era motivo de preocupación por el tiempo de vida del SDF El Verde (^{SIAP, 2020}; ^{Tagle-Zamora y Carrillo, 2022}). La meta del SIAP era reducir la producción de residuos y aumentar el aprovechamiento del material recuperable, para prolongar la vida del relleno (^{SIAP, 2020}).

Con la nueva figura del SIAP como gestor y con la meta de reducir el volumen de ingreso en el relleno, la administración de Sheffield optó por poner en marcha un proyecto neoliberal de acopio de residuos valorizables mediante concesión, el cual recibió el rechazo inmediato de los pepenadores y de las recicladoras que adquirían el material. En agosto de 2011, el ayuntamiento de León autorizó a la empresa Limpieza y Reciclados del Bajío (Lyrba) S. A. de C. V. la concesión por veinte meses para operar un centro de acopio único de separación, clasificación y comercialización de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, aludiendo al compromiso del municipio de realizar esta tarea, así como de erradicar la informalidad predominante (^{Ayuntamiento de León, 2011}).

El proyecto estipulaba un ingreso de diez millones de pesos al año para el erario y un estimado de beneficios para la empresa de 130 millones de pesos (^{García, 2011}), estipulación que provocó la reacción de los pepenadores y de las recicladoras, que fueron las más afectadas, debido a la situación irregular que tenían frente al municipio. En consecuencia, sobrevino el temor a las sanciones y a perder las fuentes de empleo e ingresos para más de 250 bodegas que se dedican a la compra y a la comercialización de residuos valorizables (^{Álvarez, 2011}; ^{Ayuntamiento de León, 2011}). De hecho, se clausuraron cuarenta centros de acopio, lo cual afectaría de manera directa a las personas dedicadas a la recuperación de residuos en las calles y en los camiones recolectores (^{García, 2011}).

En el caso de las pequeñas recicladoras, el rechazo al monopolio de Lyrba tenía dos aristas. Una estaba relacionada con la merma de sus ingresos debida a los precios de los residuos valorizables tasados a la baja por dicha empresa, problema que se derivó del cierre de recicladoras informales y de la presión a los loberos que trabajaban en la caja abierta de los camiones recolectores para vender de forma exclusiva a Lyrba (^{Álvarez, 2011}; ^{García, 2011}). La segunda arista estaba asociada con el título de propiedad de los residuos sólidos urbanos, ya que, de acuerdo con el Reglamento de Aseo Público Municipal, en su artículo noveno, se establecía que los residuos recolectados eran propiedad del municipio y que quedaba en él la decisión acerca del modo de aprovecharlos comercial o industrialmente, ya fuese de manera directa o indirecta (^{Ayuntamiento de León, 2011}). Este punto fue el de mayor controversia para los pepenadores y provocó un gran reclamo a las autoridades.

El conflicto entre las autoridades, los pepenadores y las recicladoras llevó a que, en sesión de cabildo a finales de 2011, se emitiera un acuerdo para aminorarlo y evitar que la economía de los pepenadores se siguiera afectando. La conclusión de este episodio se produjo en mayo de 2013, cuando Lyrba cerró sus instalaciones en León, con lo cual se detuvo la oposición de los pepenadores y se les autorizó que aprovecharan los residuos. Así, volvió la normalidad a la operación de las recicladoras.

Embestida de la modernización del servicio de recolección

Otro momento álgido entre pepenadores y autoridades fue el que ocurrió debido al cambio del modelo de recolección de residuos domésticos en el primer semestre de 2014. La entonces alcaldesa Bárbara Botello (Partido Revolucionario Institucional [PRI]) instó a modernizar el servicio de recolección a través de la convocatoria de la licitación a escala nacional para concesionar el servicio. Las bases técnicas y financieras que se establecieron excluían de forma automática la participación de los operadores vigentes.

Previo a 2014, el sistema de recolección por contratos constaba de la contraprestación de unidades de recolección que no contaban con las características técnicas de un servicio especializado, eran camiones descapotados, mismos que operaban con chofer, recolectores y loberos, actores voluntarios encargados de separar los residuos valorizables en cada camión, actividad que el municipio quería erradicar, aduciendo la obligación de crear condiciones laborales formales para este grupo de personas (^{Entrevista exMA, 2022}).

En marzo de 2014 vencieron los contratos de cerca de 118 permisionarios que por más de 35 años habían ofrecido el servicio de recolección (^{García, 2014b}). Cuando estos supieron del interés del municipio en cambiar a un nuevo sistema concesionario, la mayoría rechazó los contratos transitorios de tres meses, lo cual dificultó que el municipio pudiera cumplir con la responsabilidad de recolectar los residuos domiciliarios (^{García, 2014a}).

En mayo de 2014, se nombraron las empresas ganadoras del concurso de licitación nacional: Gestión e Innovación en Servicios Ambientales, S. A. (GISA) y Red Recolector, hecho que causó rechazo y oposición mediante manifestaciones por parte de los afectados. Entre julio y septiembre, el nivel de tensión aumentó entre los excontratistas y las autoridades, después de que un pepenador decidiera quitarse la vida debido a la pérdida de su trabajo y porque empezaron de manera formal las operaciones de las empresas concesionarias. Hubo bloqueos en las avenidas principales y plantones frente a la presidencia municipal (^{Escalante, 2014b}; ^{García, 2014b}).

El nuevo esquema de recolección hizo que los antiguos contratistas, choferes, recolectores de camión y loberos perdieran sus ingresos. El frente organizado para impulsar el retorno al esquema anterior resultó infructuoso. El municipio ofreció seiscientos empleos directos a los anteriores recolectores de camión y a loberos afectados por la concesión para reducir el conflicto. Pero rechazaron la oferta e insistieron en que se les recontratara con salarios dignos y se les permitiera participar de forma directa en la separación y el aprovechamiento de los residuos en el SDF El Verde, porque alegaron que no los realizaban ni el municipio ni PASA (^{Escalante, 2014c}).

Por último, la incursión irreversible en 2014 del sector privado en la recolección domiciliaria, respaldada por la presidenta municipal, obligó a los participantes del anterior esquema a seguir alguna de las siguientes rutas: a) emplearse en las nuevas empresas concesionarias como recolectores; b) cambiarse a otros sectores económicos; c) reorganizarse mediante el desarrollo de cooperativas, como Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente, que consiguió convenios de palabra con el SIAP para que estos pudieran aprovechar los residuos valorizables y los contratos emergentes para el organismo³ y d) mantenerse trabajando de manera informal en la separación y el aprovechamiento de residuos en las calles de León (^{entrevista Cooperativa, 2022}).

Primeros indicios de reciclaje inclusivo

En 2016 se presentó el modelo para el manejo y gestión integral de residuos de León (MIMGIRL) (^{SIAP, 2016}). En ese instrumento de diagnóstico y acciones orientadas a la GIRS, se esboza el Proyecto 13 relacionado con la creación de la Red de Recuperadores Urbanos (RRU).

El programa de RRU tiene como propósito dignificar la labor que realizan las personas comúnmente llamadas pepenadores, formalizando y reconociendo el trabajo que realizan como agentes ambientales. Se busca, además, brindarles condiciones de trabajo seguras y herramientas apropiadas para realizar su labor. (^{SIAP, 2016, p. 219})

Dentro de los talleres participativos organizados por el SIAP con actores clave para integrar el MIMGIRL, el programa de RRU careció del apoyo de los participantes. No obstante, aun con la baja aceptación, el SIAP decidió impulsarlo, tanto para conciliarse con el grupo de recuperadores informales, como por el interés de reducir el ingreso de RSU al SDF. El programa se puso en marcha en 2018 (^{entrevista SIAP 1, 2022}).

La RRU consta de cinco acciones: 1) establecimiento de los polígonos de recuperación, 2) ejecución de estrategias de difusión, 3) empadronamiento de RU, 4) entrega de paquete de distintivos del programa (gorra, chaleco y credencial) y 5) capacitación. Para esta se ofrece: a) trabajo de autoestima, b) valor del trabajo, c) generación de identidad como recuperador urbano, d) competencias profesionales y e) emprendedurismo (^{SIAP, 2016}).

La RRU comenzó reconociendo la imposibilidad de erradicar la actividad de la pepena, por lo que propuso integrar a los pepenadores reconociendo socialmente su trabajo y buscando formas de colaboración con los vecinos para fomentar una separación de origen de los residuos inorgánicos reciclables para facilitar el trabajo de los RU. En este momento también se sustituye el término “pepenadores” por el de recuperadores urbanos (^{Entrevista SIAP 2, 2022}).

Previo a la conformación de la RRU, la percepción social del ciudadano sobre los pepenadores era negativa por sus malas prácticas al segregar los residuos valorizables en la vía pública (rompían las bolsas y esparcían los residuos), así como por la inseguridad asociada con ellos. Sin embargo, la capacitación que se ofreció para pertenecer a la RRU, así como la credencialización, ha modificado la percepción social de manera favorable (^{entrevista SIAP 2, 2022}).

En 2020 el SIAP estimaba que había alrededor de 1 500 RU en la ciudad, de los cuales solo un tercio estaba registrado en la RRU (^{entrevista SIAP 2, 2022}; ^{SIAP, 2020}). La situación global que causó el COVID-19 produjo un aumento de pepenadores. Se estima que pudieron haber más de 2 500 personas trabajando en la recuperación informal de residuos como forma de ganar dinero durante la pandemia (^{entrevista SIAP 2, 2022}). En 2022, se indicó que un poco más de 1 500 personas estaban ya integradas a la RRU del SIAP (^{entrevista SIAP 2, 2022}). Empero, sigue siendo desconocido el dato oficial de la población total dedicada a la recuperación, así como el volumen de residuos que estas personas recuperan y su utilidad pública en los ejes económico y ambiental del municipio de León. Debido a esta falta de información, aún no se considera su contribución para que en el ámbito institucional se establezca una ruta de ajustes que incorpore el reciclaje inclusivo para que mejoren las condiciones de este grupo vulnerable.

Determinación de línea de base para los residuos inorgánicos reciclables en León

La Tabla 3 sintetiza la información de línea de base para el sector de los residuos con información del PPGIRSML de 2020. Para ese año se indica que se produjeron 645 506.15 toneladas (t) RSU municipales, 61.4% de origen doméstico. En lo que corresponde a su clasificación, 75 303.15 t/año es material susceptible de aprovechamiento por la cadena del reciclaje. El último dato se considera aquí el universo de los residuos de interés para los RU de León. Cabe señalar que se tomaron las tarifas de recolección y de disposición correspondientes a 2023, puesto que se actualizan una vez al año, a diferencia de la información física del PPGIRSML de 2020.

Resultados de las entrevistas y los cuestionarios

De acuerdo con las ^{entrevistas SIAP 1 (2022)} y ^{SIAP 2 (2022)}, hay una fuerte presencia de RU en casi toda la ciudad de León. Estas fuentes señalan que en la actualidad podrían estar trabajando de manera informal casi 2 500 RU de calle. En 2020, el PPGIRSML (^{SIAP, 2020}) indicaba un posible universo de 1 500 RU. No obstante, las fuentes señalan un posible incremento de la cifra asociado con la pandemia de COVID-19. En las entrevistas se indicó que el número de personas registradas en la RRU del SIAP era ya de 1 523 (^{entrevista SIAP 2, 2022}), información que posibilitó establecer tres escenarios de participación de los RU en León para estimar sus contribuciones a la ciudad de León de acuerdo con la información que se obtuvo en las entrevistas y del PPGIRSML: 1 500, 2 000 y, 2 500.

Respecto a la información de los cuestionarios, los resultados señalan que, de los 140 RU encuestados, 70% son hombres y 30% mujeres. El nivel de escolaridad fue 50.7% con primaria, mientras 26% señaló que no tenía escolaridad. El rango de edad con mayor porcentaje fue de 30 a 45 años (28%), seguido de 65 o más (15%). Hay que advertir que hay menores de edad trabajando en la recuperación informal, pero a ellos solo se les registró en las bitácoras de campo. De las personas encuestadas, 69.9% declaró que la recuperación de residuos era su actividad principal y 41.8% dijo que la realiza cada tercer día (haciendo coincidir su actividad con la programación de la recolección municipal). Llama la atención el hecho de que 22.6% trabajaba todos los días. Sobre el material que recuperan, 82.9% segregan polietileno tereftalato (PET); 69.9%, cartón; 54.1%, aluminio y 39.4%, papel, además de otros materiales o cacharros que pueden comercializar en los tianguis o reutilizarlos para autoconsumo, lo que habla de una retención de valor de dichos materiales.

En relación con el peso que se recolecta al día, 52.8% señaló que el rango es de entre 10 y 20 kilos (kg); 20.5%, entre 21 y 30; 14.4%, entre 31 y 40; 4.8%, entre 41 y 50 y 7.5% más de 50 kg/día. En cuanto al medio de carga para movilizar los residuos, 41.5% usa bolsas que ellos mismos cargan, 33.3% emplea triciclos, 15% diablos de carga y 12.2% bicicleta, lo cual hace notar que la recuperación es manual en su totalidad y no motorizada, lo cual ayuda a la descarbonización de la ciudad.

En cuanto al volumen que recuperan los RU, se cruzó la información con las entrevistas al personal del SIAP, quienes señalaron que el rango de recolección se estima entre 30 y 50 kg/RU/día (^{entrevista SIAP 2, 2022}). En el caso de la entrevista a la Cooperativa (2022), se indicó un rango de entre 40 y 55 kg/RU/día. La información de campo señaló entre 10 y 20 kg/RU/día como el rango más representativo. No obstante, a partir de la observación en campo se notó que el rango podría ser mayor que el que declararon los RU.

Fuente: fotografías tomadas en campo por el equipo de investigación, Luis Ángel Chía Calvillo, José Guadalupe Ramírez Martínez y Pamela Sánchez López, 2023.

Figura 3 Recuperadores urbanos de León 

Estimaciones de beneficios asociados con los RU

La información previa sirvió de insumo para plantear diferentes escalas de recuperación, tal como se ve en la Tabla 4, que plantea tres escalas diferentes de presencia de trabajo de RU y cuatro volúmenes de recuperación de residuos para cada escala. Si se estima que en León trabajan 1 500 RU con un nivel mínimo de recuperación de 20 kg/RU/día, se obtiene que estos podrían estar produciendo un ahorro económico al municipio en recolección y disposición de $8.3 millones al año, con un porcentaje de reciclado de 14.54 de material reciclable generado al año en las viviendas de León, o bien un volumen de recuperación de 10 950 t/año y una mitigación de GEI de 164.25 tCO₂/año.

En caso de considerar 1 500 RU (número registrado en la RRU del SIAP) y un peso de recuperación tope de 50 kg/RU/día, su contribución indica un volumen de recuperación de 27 375 t/año, una tasa de 36.35% de reciclaje y $20.7 millones de pesos de ahorro para el municipio en recolección y disposición, con una mitigación de GEI de 410 tCO2/año. Por último, si se tienen en cuenta 2 500 RU con un volumen de recuperación de 50 kg/RU/día, las contribuciones alcanzarían 45 625 t/año de material reciclable recuperado, que no se depositaría en el SDF El Verde, cantidad que representa una tasa de reciclaje de 60.58% y un posible ahorro económico para el municipio de $34.6 millones de pesos al año en recolección y disposición final. La mitigación de GEI se estima en 684.37 t/año.