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Introducción
El presente estudio tuvo como objetivo valorar el impacto de la certificación y la privatización de los ejidos sobre los cambios de uso del suelo en el contexto de la urbanización e industrialización de Aguascalientes. La hipótesis de trabajo fue que las reformas facilitaron la adquisición de reservas para el desarrollo urbano e industrial y que el cambio de actividades económicas de la población ha favorecido la recuperación de la cubierta vegetal en la región.
A finales de los setenta, los países latinoamericanos instituyeron profundos cambios estructurales y monetarios liberando su economía, con la finalidad de participar de manera más competitiva en los mercados internacionales. Estas reformas fueron motivadas por las recomendaciones del Banco Mundial que pugnaban por dotar de certidumbre jurídica a las tierras comunales y así alcanzar un mayor bienestar económico mediante el acceso a créditos para la producción y la generación de facilidades para la venta y renta de propiedades a un precio justo (World Bank, 1975; Deininger y Binswanger, 1999; Liverman y Vilas, 2006). En el caso de México, estas recomendaciones coincidieron con la transición rural-urbana de la población. Las ciudades crecieron de manera exponencial con invasiones de tierras comunales, dando lugar a los “asentamientos irregulares”. Estos asentamientos eran poblados por grupos vulnerables que eventualmente eran regularizados y dotados de servicios, mientras que los dueños de las tierras recibían pagos insuficientes por sus propiedades (Bojórquez-Luque, 2011), de tal manera que las recomendaciones del Banco Mundial fueron integradas a las políticas de ordenamiento territorial mexicanas.
Previo a ello, y como resultado de la Revolución Mexicana, de 1917 a 1992 se implementó un proceso prolongado de reparto de tierras. Al final del periodo se asignó más de la mitad del territorio al campesinado bajo la forma de lo que hoy conocemos como ejidos y comunidades agrarias (Zúñiga y Castillo, 2010; RAN, 2014). Los ejidos son núcleos agrarios con autonomía en el manejo del suelo que mezclan bienes privados y comunes. Están divididos en cuatro zonas: (1) el asentamiento humano; (2) la reserva de crecimiento; (3) las tierras de labor; y (4) las tierras comunales (Secretaría de la Reforma Agraria, 1992). En su origen contaban con reglas estrictas que prohibían la venta y renta de suelo. A su vez, la siembra de tierras de labor se consideraba obligatoria, pues las tierras ociosas eran expropiadas a sus dueños (CEPAL, 2002; Warman, 2003). En 1992 se puso en práctica una reforma que dio autonomía total a la asamblea ejidal en la toma de decisiones en materia de uso del suelo y posibilitó a los ejidatarios la división parcial o total de sus tierras para ser transferidas al régimen de propiedad privada mediante la adquisición del dominio pleno (Secretaría de la Reforma Agraria, 1992; 1993; Barba y Valencia, 2013). Para reglamentar dichas ventas y con la finalidad de dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, en 1993 se originó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que a su cierre en 2006 repartió títulos de propiedad al 92.24 % de los núcleos agrarios. Durante la certificación se midieron los límites externos e internos de los ejidos y se definieron las cuatro zonas que los conforman, todo ello con acuerdo entre la asamblea ejidal y las autoridades agrarias (Secretaría de la Reforma Agraria, 2006).
Con la certificación se pretendía fortalecer la permanencia del ejido al reconocer su autonomía, facilitar el acceso a créditos, fomentar la organización comunitaria, generar un patrimonio, hacer un uso más eficiente de los recursos naturales y brindar mecanismos legales para la adquisición de reservas para el desarrollo urbano (RAN, 2006). Los promotores de PROCEDE eran optimistas en torno a que la certidumbre de la tenencia de la tierra incrementaría la productividad del suelo, mediante el acceso a créditos y una mejor administración de los recursos territoriales, evitando la ya conocida tragedia de los comunes. A su vez, los gobiernos locales tendrían la posibilidad de contar con reservas territoriales para la expansión de los centros urbanos y la dotación de servicios (Dunn, 2000; Barnes, 2009). Sin embargo, otro sector criticaba la iniciativa, citando que los campesinos perderían la capacidad de organización y serían menos competitivos. Sobre todo, considerando las firmas de tratados de libre comercio internacional y la adopción de políticas neoliberales. Por tanto, la certificación promovería un éxodo de la población socioeconómicamente vulnerable hacia las áreas industriales recién consolidadas y caracterizadas por un mayor dinamismo económico (Murphy, 1994).
De acuerdo con Zúñiga y Castillo (2010), las reformas generaron cambios sociales sin beneficiar económicamente al campesinado y detonaron la privatización del suelo, llevando al ejido al colapso. Numerosos estudios describen cambios profundos en la estructura social del campesinado tras la puesta en marcha de PROCEDE en diferentes regiones del país, los cuales se relacionan con la cultura local y el apego a los medios de vida tradicionales, pero no evalúan sus posibles efectos en los cambios de uso del suelo y los recursos naturales (Stanford, 1994; Yetman y Búrquez, 1998; Yetman, 2000).
En la Región Centro Occidente, una gran parte de los valles y otras planicies fueron transformadas intensivamente para la producción agropecuaria antes de 1920. La vocación de la región fue subrayada como claramente agrícola por la gran cantidad de suelos planos y de buen drenaje. Asimismo, la región alberga una profunda tradición ganadera que se remonta a tiempos de la colonia (Lizama, 1994; SAGARPA, 2011). No obstante, a principios de los ochenta las ciudades de la región comenzaron a desarrollarse como zonas industriales, y estados como Aguascalientes dejaron de lado a la producción primaria de baja escala, dejando al sector primario en manos de empresarios con suficientes recursos para tecnificar la producción e integrarse a los mercados internacionales (Salmerón, 1998; FIDERCO, 2004; González, 2011). La urbanización de la región fue parte de una política descentralizadora de actividades económicas que tenía como finalidad generar polos de desarrollo económico, garantizar el desarrollo regional y consolidar el desarrollo de las principales ciudades del país: México, Guadalajara y Monterrey (Díaz-Quintero, 1994). Con el crecimiento de las ciudades en esta región y las facilidades proporcionadas por la reforma de 1992 se esperaría que los ejidos periurbanos fuesen integrados al crecimiento urbano y que, dadas las nuevas condiciones de empleo, se produjera el abandono de la agricultura y ganadería de baja escala. El abandono agrícola generaría un proceso similar al que ocurrió en Europa y Estados Unidos de Norte América con la llamada teoría de transición forestal (Mather, 2001; Wrigth y Muller-Landau, 2006; Rudel et al., 2010).
La teoría de transición forestal establece que los cambios en la cobertura vegetal de una región tienen forma de “U”; es decir, hay procesos de deforestación cuando ocurren cambios drásticos en la economía de la región y posteriormente hay un momento de recuperación de la vegetación en etapas de industrialización (Rudel et al., 2010). Diferentes estudios sugieren que la transición forestal en México es más compleja que en Europa y Estados Unidos porque la población tiene un arraigo cultural por el territorio y la agricultura, lo que supone que los momentos de recuperación de la vegetación ocurren por espacios temporales cortos (Aide et al., 2013). El grueso de estos estudios pertenecen a regiones con un alto porcentaje de indigenismo, tales como la Península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Huasteca potosina y Veracruz, donde ciertamente la agricultura es parte fundamental de la cultura local (García-Barrios et al., 2009; Tenza-Peral et al., 2011; Vaca et al., 2012). Sin embargo, otras regiones sin indigenismo y con limitaciones para la producción, vinculadas con el cambio climático (sequías) y el mal manejo de los recursos naturales, como el sobrepastoreo y la erosión, no han sido evaluadas. Se sugiere que este tipo de espacios son más propensos al abandono de actividades agropecuarias cuando aparecen opciones económicas más viables, y con ello representarían una oportunidad para la conservación de los recursos naturales que, de acuerdo con la teoría de transición forestal, entrarían en un proceso de recuperación.
Este documento describe los cambios en el uso del suelo en los ejidos el estado de Aguascalientes en el periodo de 1983 a 2013. La hipótesis es que la privatización de ejidos aceleró los patrones de cambio de cobertura del suelo en las zonas periurbanas del estado, lo cual redundaría en el incremento de la urbanización a costa del decremento de la superficie forestal y agrícola, mientras que los ejidos no periurbanos cursan por un proceso de recuperación forestal y abandono agrícola.
Materiales y Métodos
Se analizaron los cambios de uso del suelo en del estado de Aguascalientes por décadas de 1983 a 2013. Aguascalientes se ubica en la Región Centro Occidente de México, entre las coordenadas 22° 27’ N, 102° 52’ W y 21° 28’ N, 101° 53’ W (INEGI, 2013; Figura 1). El estado se conforma por 184 ejidos que abarcan 49.2 % de la superficie total estatal (265 082 ha); en su interior albergan a 48.5 % (126 464.08 ha) del total de los recursos forestales (260 520.66 ha; INEGI, 2011) y a 10.6 % de la población total (125 802 habitantes; INEGI, 2010). Hasta 1960, 52.3 % de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura y la ganadería (Dirección General de Estadística, 1960), pero en 1970 la población dedicada a ello se redujo a 36 % (Dirección General de Estadística, 1970). En el último censo corresponde únicamente a 6.34 % de la población económicamente activa (INEGI, 2010). Este cambio de actividades económicas corresponde a las políticas locales de fomento tecnológico e industrial, puestas en práctica en 1968 y que se fortalecieron en 1979 con la política federal de descentralización económica que clasificaba a Aguascalientes como una región prioritaria para el desarrollo industrial (Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 1979). La política de descentralización económica permitió la gestión de subsidios para la instalación de industrias y aumentó la inversión extranjera en el estado (Secretaría de Economía, 2011). En cifras económicas la industria metal mecánica desplazó a la producción agropecuaria que en 1970 generaba 19.3 % del Producto Interno Bruto y que actualmente contribuye con 4.5 %, dejando en una condición de vulnerabilidad a la población rural (INEGI, 1989; INEGI, 2009; SEDESOL, 2011; SEGUOT, 2014).
Fuente: INEGI, 2010; RAN, 2014.
Figura 1 Ubicación geográfica del estado de Aguascalientes y los ejidos.
Tenencia de la tierra en los ejidos
Para contar con información de los cambios en la tenencia de la tierra se revisaron los expedientes de los ejidos de Aguascalientes en el Padrón Histórico de Núcleos Agrarios (RAN, 2015) y se obtuvieron las superficies y años en que los ejidos de Aguascalientes fueron certificados y obtuvieron el dominio pleno de sus tierras.
Análisis de cambio de cobertura del suelo
Se compararon los cambios en el uso del suelo en los ejidos entre décadas y de acuerdo con su grado de privatización. Para tener una idea del efecto de la urbanización sobre los cambios de uso del suelo en los ejidos se compararon las tasas de crecimiento urbano entre ejidos ubicados en zonas periurbanas y ejidos no periurbanos.
Para definir los cambios en el uso del suelo se obtuvieron imágenes satelitales LANDSAT MSS, TM5, ETM7 y OLI8, correspondientes a los años 1983, 1993, 2003 y 2013. Las imágenes fueron obtenidas del sitio del Sistema Geológico de los Estados Unidos de Norte América (USGS, 2015). Estas corresponden a época de secas (abril-mayo), por lo que no presentan nubosidad. Previa corrección atmosférica y geométrica se clasificaron de manera supervisada, utilizando el software ERDAS Imagine 2014 (Integraph, 2013). Con ellas se elaboraron mapas temáticos a escala 1:75,000, con una certidumbre de clasificación de 95 %. Se eligieron nueve categorías: (1) bosque, (2) matorral cerrado, (3) matorral abierto, (4) pastizal, (5) agricultura de riego, (6) agricultura de temporal, (7) cuerpos de agua, (8) asentamientos humanos y (9) suelo sin cobertura aparente. En conjunto, las primeras cuatro categorías se definieron como áreas cubiertas por vegetación. Se obtuvieron las superficies de cambio de uso del suelo y con ellas se calcularon las tasas netas de cambio de cobertura del suelo entre 1983 a 1993, 1993 a 2003 y 2003 a 2013, utilizando la fórmula de la FAO (1996):
donde: TC: Tasa de cambio del uso i; Si 1 : Superficie del uso i en el tiempo inicial; Si 2 : Superficie del uso i en el tiempo final; n: número de años entre el tiempo inicial y el tiempo final.
Efecto de la certificación en el cambio de uso del suelo
Para relacionar el efecto de la privatización de los ejidos con las tasas de cambio de uso del suelo se realizó un análisis de varianza, estableciendo como factor determinante el porcentaje de tierras con dominio pleno en los ejidos (ninguno, <25 %, 25-50% y >50 %).
Resultados y Discusión
Certificación de ejidos y adquisición del dominio pleno
El padrón histórico de núcleos agrarios muestra que la totalidad de los ejidos en Aguascalientes cuentan con títulos y certificados de propiedad: 172 fueron certificados por PROCEDE y los 12 restantes se certificaron después de 2006 con el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). La adquisición del Dominio Pleno ha ocurrido en 65.1 % de los ejidos. La mayoría de certificados fueron expedidos en 1994 y se alcanzó 100 % en 2012 (Figuras 2 y 3). Esto concuerda con lo reportado por Zepeda (1998), quien describió que los estados pequeños fueron los que presentaron mayor avance en la certificación durante los primeros cuatro años de vida de PROCEDE. La rápida certificación ocurrió por las facilidades logísticas para hacer las mediciones de los ejidos y por las facilidades para realizar la firma de los convenios en la asamblea ejidal. La certificación fue voluntaria, por lo que las condiciones sociales fueron determinantes. Nuestra zona de estudio es socialmente tranquila (no existen datos de levantamientos ni huelgas), por lo que no ocurrieron conflictos agrarios como los ocurridos en Chiapas que devinieron en los levantamientos armados (Dietz, 1995; Nuño, 1996; Bartra y Otero, 1998).
Fuente: Padrón Histórico de Núcleos Agrarios, 2016.
Figura 2 Porcentaje acumulativo de ejidos por año que fueron certificados u obtuvieron dominio pleno de sus tierras.
Fuente: elaborado por los autores con información del Padrón Histórico de Núcleos Agrarios (RAN, 2015).
Figura 3 A. Ubicación de los ejidos por año de certificación; B. Ubicación de los ejidos por año de adquisición del dominio pleno.
Además de las facilidades logísticas y sociales citadas en el párrafo anterior, el proceso rápido de certificación y adquisición del dominio pleno concuerda con el conjunto de procesos económicos que circundan a la Región Centro Occidente en la década de los ochenta. La necesidad de suelo para el desarrollo urbano e industrial hizo circular entre el campesinado la idea de que las tierras cercanas a los centros urbanos aumentarían su valor, con lo que los ejidos periurbanos serían los primeros en privatizar sus tierras (Verduzco-Miramón y Seefóo, 2014). Este fenómeno ha sido descrito en detalle para los ejidos periurbanos de la Ciudad de México (Larralde-Corona, 2012).
En el caso de Aguascalientes, dada su posición geográfica, la baja incidencia de desastres naturales como terremotos e inundaciones y su calma social en 1980 ya se habían asentado importantes industrias automotrices y sus filiales (Gutiérrez, 2016). Esto generó que la población se duplicara en dos décadas al pasar de 519 439 habitantes en 1980 a 1 184 996 habitantes en 2010 (INEGI, 2012). El crecimiento demográfico ocurrió principalmente por inmigración proveniente de estados vecinos y el mayor crecimiento surgió en la ciudad de Aguascalientes y a lo largo de la carretera Panamericana (Salmerón, 1998; López- Flores, 2013). La mancha urbana de la ciudad capital creció 8163 ha en el periodo de 1980 a 2010 (1587 ha en 1980, 9750 ha en 2000; SEDESOL, 2011). Con el cambio del modelo económico las huertas tradicionales, cuya producción satisfacía exclusivamente al mercado local, desaparecieron en la capital. Además, debido a las nuevas políticas neoliberales y de apertura comercial, los pequeños productores perdieron competitividad en los mercados y facilidades, tales como los precios de garantía (Valdivia et al., 1991). En este sentido las tierras se volvieron la parte más importante del patrimonio económico de las familias, de manera que la privatización del suelo ocurrió en primera instancia en ejidos cercanos a las zonas urbanas y no ocurrió en sitios más inaccesibles (Figura 3).
El crecimiento de los asentamientos humanos
Antes de la Reforma Agraria (1983-1993) las zonas urbanas crecieron a una tasa de 7.36 % (357 ha por año) sobre propiedades privadas, mientras que los asentamientos irregulares (en tierras ejidales) crecieron 353.27 ha en 10 años (Cuadro 1, Figura 4). En las siguientes décadas se aprecia un marcado incremento en el crecimiento de los asentamientos humanos en los ejidos periurbanos y no periurbanos, los cuales alcanzaron su tasa máxima de crecimiento de 1993 a 2003. En este periodo las zonas urbanas incrementaron su superficie en 54.87 %: dos terceras partes sobre propiedades privadas y una tercera sobre suelo ejidal (Figura 4). Pensamos que el incremento en la urbanización sobre tierras ejidales pone en evidencia el éxito de las reformas en la diversificación de ofertas de suelo para el crecimiento urbano.
Cuadro 1 Superficie de los asentamientos humanos por década en Aguascalientes.
| Superficie (ha) | Tasa de crecimiento anual (%) | ||||||
| 1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 1983-1993 | 1993-2003 | 2003-2013 | |
| Ejidos periurbanos | 967.1 | 1320.3 | 2870.5 | 3827.9 | 3.16 | 8.08 | 2.92 |
| Propiedad privada periurbana | 3452.7 | 7023.4 | 10 051.4 | 13 322.4 | 7.36 | 3.65 | 2.86 |
| Ejidos no periurbanos | 1733.1 | 2295.3 | 4450.2 | 4938.2 | 2.85 | 6.85 | 1.05 |
| Propiedad privada no periurbana | 65.4 | 81.3 | 92.3 | 121.7 | 2.20 | 1.28 | 2.81 |
Fuente: datos obtenidos de mapas temáticos por los autores.
Fuente: los autores con base en la clasificación de imágenes satelitales.
Figura 4 Crecimiento neto de los asentamientos humanos de Aguascalientes de 1983 a 2013.
El proceso de urbanización en Aguascalientes se ha caracterizado por ser relativamente ordenado y planeado con base en Programas de Desarrollo Urbano. Estos programas incluyen mapas de zonificación y tienen una aplicación rígida, cuyos horizontes de planeación se estiman en 25 años. Incluso, hasta finales de los noventa las reservas territoriales se anticiparon al crecimiento urbano, por lo que nunca ha existido un déficit de suelo y la adquisición de suelo ejidal se ha desarrollado de manera paulatina y ordenada (Jiménez-Huerta, 2000; López-Flores, 2013). Sin embargo, en la última década el gobierno dejó de adquirir tierras para las reservas de crecimiento, dejando el mercado en manos de los desarrolladores inmobiliarios. De acuerdo con Jiménez-Huerta (2013), el proceso de adquisición de tierras ejidales fue facilitado por expropiaciones. Los ejidatarios recibieron un pago por las tierras con valores por encima de los costos fijados por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales; con ello se logró la adquisición temprana de reservas de crecimiento sin conflictos sociales (Figura 4).
Destacamos que el crecimiento de los asentamientos humanos en ejidos no periurbanos fue mayor que el de los periurbanos (Figura 4). Es posible que estas cifras hayan sido sobreestimadas en los mapas temáticos, toda vez que por cuestión de la escala geográfica utilizada se generalizaron las edificaciones y otros elementos rurales como: solares baldíos, trazos de calles, huertos familiares, entre otros. Esto propicia que el perímetro clasificado como asentamiento humano tenga una extensión mayor a la real. Por tanto, el arreglo disperso típico de los asentamientos humanos rurales multiplicado por el elevado número de localidades rurales dispersas resultó en una superficie mayor de asentamientos humanos. Sin embargo, no se descarta que hubo crecimiento favorecido por la dotación de reservas de crecimiento ejidal.
Cambio de uso del suelo ejidal
Entre 1983 y 2013 hubo una tendencia de aumento en la superficie de los asentamientos humanos, bosques y matorrales abiertos (Figura 5). La superficie agrícola de temporal aumentó 9054 ha, mientras que las de riego se incrementaron 5792 ha en el periodo de 1983 a 1993. En las siguientes dos décadas ocurrió abandono de tierras agrícolas, tanto de riego como de temporal (Figura 5). De 1983 a 2013 se perdieron 4316 ha de tierras de labor, equivalentes a 4.67 % de la superficie inicial; este valor podría ser menor tomando en cuenta que las tierras de labor cuentan con periodos de descanso; esto se puede observar en la Figura 6, donde se aprecia que 29 % de la superficie de pastizales transformó en agricultura y 28 % de tierras agrícolas que se abandonaron se transformaron en matorrales abiertos. Aun así, el abandono de la agricultura a baja escala es una acción a esperarse en territorios urbanizados que a su vez presentan déficits hídricos y donde la sequía afecta la producción (FAO, 2009; Liverman y Vilas, 2006). En Aguascalientes están documentadas pérdidas de cosechas por efectos de la sequía que, por ejemplo, en 2010 ascendieron a 42 229 ha, equivalentes a 31% de la superficie sembrada en ese año (SAGARPA, 2011). A pesar de su alta siniestralidad no existe un fenómeno generalizado de abandono agrícola ni de despoblamiento rural en Aguascalientes. De acuerdo con información que hemos obtenido por entrevistas (sin publicar) se sabe que la población en los ejidos alterna trabajos en la industria y los servicios con las actividades tradicionales de agricultura y ganadería. Esta situación particular del campesinado hace inviable la existencia de un proceso de transición forestal.
Fuente: los autores con base en la clasificación de imágenes satelitales.
Figura 5 Coberturas del suelo en los ejidos para los años 1983, 1993, 2003 y 2013.
Fuente: los autores con base en la clasificación de imágenes satelitales.
Figura 6 Recambio entre los diferentes tipos de cobertura del suelo en los ejidos de Aguascalientes entre 1993 y 2013. Los números indican el porcentaje de la cobertura original que se transformó; por ejemplo 60.6 % de la superficie agrícola de temporal se transformó en agricultura de riego y 3.24 % de la superficie de riego se convirtió en agricultura de temporal.
En lo que respecta a los recursos forestales (bosques, matorrales y pastizales), su recuperación después de 1993 es un escenario optimista para la conservación de los recursos naturales en la región. Chapa-Bezanilla et al. (2008) describen la recuperación paulatina de la cobertura de bosques al interior del Área Natural Protegida Sierra Fría.
Los autores concluyen que las tasas de recuperación están igualando a las de degradación forestal. En nuestro caso, las zonas de bosque que muestran recuperación corresponden a ejidos cuyos polígonos de áreas comunes se localizan en zonas separadas por varios kilómetros de las áreas parceladas y del asentamiento humano, o bien, corresponden a superficies dentro del Área Natural Protegida Sierra Fría. Esto permite presumir que la inaccesibilidad de estos ecosistemas ha imposibilitado su aprovechamiento (Figura 7). Esta condición de equilibrio ambiental hace a la zona susceptible para recibir fondos en materia de servicios ambientales y un buen sitio para la restauración ecológica.
Fuente: elaboración por los autores a partir de la clasificación de imágenes satelitales.
Figura 7 Tasas netas de cambio anual. Los valores negativos indican disminución en el uso y valores positivos aumento.
En el caso de los matorrales y pastizales utilizados como agostaderos hay un empobrecimiento de la densidad vegetal (Figura 6). Los matorrales cerrados y los pastizales han sido sustituidos por otros abiertos degradados o en etapas incipientes de desarrollo. Esta degradación merma de manera importante la productividad de los agostaderos (De Alba, 2008). La pérdida de cobertura de los matorrales alcanzó sus niveles mayores en años inmediatos a la certificación entre1993-2003 (Figuras 6 y 7). El deterioro de la vegetación es un dato ya reportado por otros autores como Siqueiros-Delgado et al. (2016), quienes señalan que 60 % de la vegetación en el estado muestra signos de deterioro. Desconocemos los factores directos asociados a la pérdida de la cobertura vegetal, por lo que se recomienda dar seguimiento a su dinámica. Siqueiros-Delgado et al. (2016) y De Alba (2008) señalan que la mala condición de la vegetación obedece exclusivamente al sobrepastoreo; sin embargo, no existen datos precisos del número de cabezas de ganado y su variación en el tiempo, por lo que no podemos dejar de lado otros posibles factores vinculados al cambio climático, tales como las plagas y las sequías.
Este estudio complementa lo reportado por Braña y Martínez (2005), quienes no encontraron evidencias significativas de que el PROCEDE se asocie con la probabilidad de deforestación en los ejidos. En nuestra zona de estudio el PROCEDE catalizó el proceso de degradación de la vegetación, ya que los mayores cambios de uso del suelo o eventos de degradación forestal ocurrieron inmediatamente después de la certificación (Figuras 6 y 7). Esta degradación no llegó a la deforestación total y en los casos en que ocurrió la regeneración de la vegetación en parcelas agrícolas abandonadas ha enmascarado los procesos. Invitamos a realizar estudios de la dinámica de uso del suelo en otras regiones con un horizonte de estudio mayor a 10 años para comparar las dinámicas.
El dominio pleno y la tendencia de cambio en los usos del suelo
Hasta abril de 2016 se habían convertido 31,934 ha (12 % de la superficie total ejidal) en el régimen de dominio pleno (propiedades privadas). La discreta cifra de privatización coincide con lo descrito por Barnes (2009), quien sugiere que las políticas de privatización de tierras ejidales no presentaron el éxodo campo-ciudad proyectado. La autonomía en los ejidos puso en evidencia la baja capacidad de organización y gobernanza del campesinado, quienes llegan a realizar los mecanismos formales para el cambio de régimen de sus tierras y, en contraparte, optan por la venta de tierras de manera informal (Murphy, 1994; Salazar, 2014). El comercio informal de suelo genera que los datos provistos por el Registro Agrario Nacional no sean suficientes para precisar la posible relación de la privatización con los cambios del uso del suelo, por lo que nuestros resultados deben tomarse con su medida reserva.
No encontramos evidencia de que la adquisición del dominio pleno se relacione significativamente (p>0.05) con las tasas de cambio de uso del suelo (Figura 8). Existe, sin embargo, una tendencia de aumento en la tasa de crecimiento de los asentamientos humanos conforme aumenta la superficie privatizada (Figura 8). Esta tendencia se relacionó con las políticas estrictas de urbanización que existen en el estado (Gobierno del Estado, 2013) y que operan con mayor rigor en las áreas cercanas a la capital.
Figura 8 Tasas netas de cambio anual de uso del suelo de acuerdo al grado de adquisición del dominio pleno. Valores de F entre grupos: Agricultura, cuadros negros, F=1.996, p=0.116; Vegetación, círculos gris obscuro, F=0.053, p=0.984; Asentamiento humano, rombo gris claro, F=0.882, p=0.452.
En contraparte, las áreas agrícolas y de vegetación tienen una tendencia hacia disminuir su superficie cuando aumenta la privatización (Figura 8). La adquisición del dominio pleno está vinculada directamente con las posibilidades de vender las tierras. En años recientes se ha registrado un incremento en los denominados desarrollos especiales que incluyen desarrollos campestres y turísticos que por su naturaleza se ubican en zonas con belleza escénica y alto valor natural. La venta de este tipo de “terrenos campestres”, ocurre sin autorizaciones en materia de desarrollo urbano. Un ejemplo son los desarrollos ubicados en el único bosque de galería con ahuehuetes (Taxodium mucronatum), conocido como “El Sabinal”. La forma de operar consiste en eliminar a pequeña escala elementos de la vegetación que no son apreciados (pastos, nativos, nopales, huizaches, entre otros); posteriormente se siembran especies exóticas y se ponen en venta los terrenos que son edificados en el corto plazo de manera dispersa (H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, 2014).
Conclusiones
En este documento se describen los cambios en el uso del suelo, después de la aplicación de reformas en materia de tenencia de la tierra. Basándonos en los objetivos de la Ley Agraria de 1992 (dar certidumbre jurídica a la propiedad de la tierra, propiciar el uso, la conservación y la administración eficiente de los recursos naturales del país, e incentivar el comercio y la inversión), concluimos que ciertamente se entregaron títulos y certificados de propiedad a 100 % de las comunidades y ejidos de Aguascalientes, lo que ha otorgado certidumbre legal a los propietarios originales del suelo. No se ha impedido la venta informal de tierras, por lo que los datos de privatización del Registro Agrario Nacional no permiten evaluar los efectos de la privatización sobre los cambios en el uso del suelo en los ejidos. La certificación y adquisición del dominio pleno favoreció al crecimiento urbano ya se adquirieron tierras para su crecimiento.
Los mayores cambios del uso del suelo ocurrieron de 1993 a 2003, inmediatamente después de la certificación ejidal. Basándonos en los cambios de cobertura del suelo, no hay evidencia de que la reforma haya propiciado un manejo eficiente de los recursos naturales, toda vez que la vegetación actual tienen una menor calidad que la existente en 1983. Esto refleja la ausencia de mecanismos de control y manejo adecuados en las zonas rurales. No es posible vincular exclusivamente a la certificación ejidal y a la privatización de las tierras por la disminución en las superficies agrícolas y la mala calidad de los recursos naturales, puesto que no se evaluaron los factores que promueven los cambios. Estos factores pueden ser de diversas naturalezas: económicos, sociales, culturales, climáticos, topológicos, etcétera; será menester en otras investigaciones indagar en torno a estas causas.
No hay evidencia de que la teoría de transición forestal opere en esta región, de tal manera que la recuperación forestal no puede vincularse exclusivamente con la industrialización y urbanización. Es más bien el resultado de que en el estado se ha recuperado más vegetación de la que se ha deforestado y de que sitios inaccesibles dejaron de ser aprovechados. Este equilibrio es frágil y variable entre años, por lo que no debe perderse de vista que la vegetación recuperada no tiene la calidad de la vegetación original.
El abandono agrícola ocurre a manera de pulsos y las áreas que no se incorporan al desarrollo urbano son propensas a volver a utilizarse. Aguascalientes registra un fenómeno extraordinario, ya que la población rural mezcla labores agrícolas y ganaderas como empleos urbanos en la industria y los servicios, por lo que los pronósticos de abandono rural no ocurrieron. La voluntad del campesinado por diversificar sus opciones económicas sin perder su identidad agraria es un tema interesante para futuras investigaciones en esta y otras regiones.
El mercado informal de tierras continúa y debe ser prevenido con políticas rigurosas de control de uso del suelo, donde la planeación no excluya a las zonas rurales de sus programas de desarrollo. Las tendencias observadas ponen en evidencia el éxito en la aplicación de las políticas urbano-regionales puestas en marcha desde 1970 y consolidadas con la política de descentralización de actividades económicas de 1989 (Garza, 1986; Presidencia de la República, 1989). Aguascalientes cuenta ciertamente con un producto interno bruto per cápita superior al de algunos estados vecinos, pero lo ha logrado sin vincular el desarrollo urbano con el rural, de manera que hay un crecimiento centralizado de la capital acompañado por una alta dispersión de localidades rurales que conviven con recursos naturales cada vez más degradados. De continuar la tendencia de estos procesos se imposibilitará a los habitantes rurales mantener sus actividades económicas tradicionales y a la postre limitarán de manera importante sus capitales de medios de vida.
La configuración actual de los usos del suelo es resultado de un complejo de interacciones entre políticas locales y regionales de desarrollo urbano, desarrollo económico y las características propias de la población campesina, y no son producto exclusivo de las reformas agrarias.
Las áreas forestales que se encuentran en franca recuperación pueden ser evaluadas para ser objeto de políticas ambientales, como el pago por servicios ambientales y programas de reforestación que permitan canalizar los cada vez más escasos recursos públicos a sitios donde las políticas muestren resultados exitosos. Es necesario fomentar proyectos integrales de desarrollo rural que permitan ordenar el territorio y mejoren las condiciones de vida de la población.
Finalmente es importante comentar que la metodología desarrollada en este estudio puede ser extrapolable al análisis de otros Estados de la República y de otros países latinoamericanos.
