Introducción

Las elecciones presidenciales de 2006 permitieron identificar y recordar la existencia de ciertas fracturas políticas y sociales en el seno de la sociedad mexicana. Las elecciones de 2012 no fueron tan polémicas como aquellas de seis años atrás, pero también evidenciaron el peso de una institución como la Iglesia católica en la sociedad mexicana. Las elecciones de 2018 ratificaron esta constante. Desde 2006 la toma de posturas y las manifestaciones públicas en torno a ciertos temas vuelven muy visible cierta división al interior de la sociedad mexicana, así como el pragmatismo de los partidos políticos en la arena electoral. Cuestiones como el aborto y el matrimonio igualitario continúan movilizando recursos, sentimientos y emociones en gran parte del electorado mexicano y los partidos políticos son conscientes de ello. La ausencia de esos temas en el debate electoral de 2018 certifica el peso de la institución eclesiástica al interior de la sociedad mexicana. El contestado resultado de la elección presidencial de 2006 terminó por radicalizar ciertas posturas. Varias de las reformas que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (amlo) había “congelado” para la capital del país a partir del año 2000, para evitar una confrontación con la Iglesia católica, terminaron por regresar al debate público. La disputa se mantuvo intermitente, apareciendo y desapareciendo entre 2006 y 2018. De todas formas se puede constatar que en las elecciones de 2018, los temas polémicos simplemente desaparecieron de las agendas políticas de los candidatos. En el presente trabajo avanzamos el supuesto de que los principales partidos políticos (Partido Acción Nacional, pan; Partido de la Revolución Democrática, prd; Partido Revolucionario Institucional, PRI, y ahora Movimiento de Regeneración Nacional, morena) no gustan de polemizar con cuestiones que históricamente la Iglesia católica ha considerado “no negociables”, borrando con ello dicha temática de la agenda electoral.

Abortando el tema del aborto

La Asamblea Legislativa del D. F. reactivó la llamada Ley Robles el 24 de abril de 2007. Lo anterior despenalizó el aborto en la capital del país, lo que provocó el levantamiento de una ola de conservadurismo en el resto del territorio nacional. El PAN y la Iglesia realizaron un llamado conjunto para movilizar a los católicos en contra del aborto. Paralelamente, grupos feministas también comenzaron a organizar manifestaciones de apoyo a la Ley Robles. El gobierno federal, de extracción panista, se vio obligado a tomar una postura pública. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, ingresó un recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anular la polémica ley. La SCJN rechazó el recurso y el entonces jefe de gobierno del D. F., Marcelo Ebrard, consideró que se trataba de una victoria histórica para la causa progresista. El alcalde del D. F. no ocultaba su anticlericalismo, lo que le valió una franca confrontación en los medios de comunicación, con miembros del alto clero católico.

Al mismo tiempo, en otras 18 entidades del país se pusieron en marcha modificaciones “preventivas” en las leyes locales. Grupos de católicos laicos como Pro-Vida y el Colegio de Abogados Católicos realizaron un ejercicio de lobby en contra del aborto, entre la clase política. Para la segunda mitad de 2007, diversas leyes anti aborto fueron aprobadas en varios congresos locales. En los estados donde el PAN gobernaba o gozaba de mayoría legislativa la penalización del aborto pasó en automático; las leyes anti aborto también contaron con el apoyo del PRI.

Yucatán: aborto no punible y aborto punible

Ejemplifiquemos con el caso yucateco. En marzo de 2007, mientras en el entonces gobierno del D. F. se legislaba a fin de despenalizar y legalizar el aborto, en Mérida grupos religiosos católicos y un importante sector de la sociedad civil se manifestaron en contra de dicha ley. Las movilizaciones tuvieron como escenario el emblemático Paseo Montejo de la capital yucateca. El objetivo era que el Congreso del Estado derogara la ley de aborto entonces vigente en Yucatán. En el estado, el aborto era legal si se cumplía una serie de circunstancias. Connotados militantes panistas como el ex alcalde de Mérida y ex subsecretario de Gobernación, Luis Correa Mena, fueron de los principales protagonistas de las manifestaciones. Por su parte, la Arquidiócesis local llamó a rechazar lo que sucedía en la capital del país.

Olga ^{Islas (2008}) nos recuerda que las leyes en torno al aborto son muy recientes en México. El código penal vigente para la mayoría de los estados databa de 1931. Hasta 2007 en Yucatán coexistía el “aborto punible” con el “aborto no punible”. Existían circunstancias en las cuales el aborto era permitido y tolerado: cuando el embarazo sea resultado de una violación; cuando el aborto sea ocasionado por imprudencia de la mujer embarazada; cuando existiese peligro de muerte para la mujer embarazada [aborto necesario]; cuando se diagnosticasen alteraciones genéticas en el producto [aborto eugenésico], y la excepcionalidad que caracteriza a Yucatán es el aborto por razones económicas, mismo que sólo se daba en este estado de la federación en esos momentos (Islas 2008, 1326-1328).

La administración de la priista Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) modificó el código penal del Estado de Yucatán. En prevención de una situación como la que se vivía en el D. F., congresistas del PAN y del PRI votaron en bloque y sin discusión previa un Código que penalizaría a partir de ese momento muchas causales de aborto. El 15 de julio de 2009, veinticuatro de veinticinco diputados locales votaron por penalizar el aborto.

El Código también estableció lo que se entiende bajo el concepto que nos ocupa: “capítulo vi aborto. Art 389. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” (^{Código Penal del Estado de Yucatán 2017, 171}). Posteriormente se desarrolla la penalización:

Art 390. A quien hiciere abortar a una mujer, se le aplicará de uno a cinco años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella; cuando faltare éste, la prisión será de tres a ocho años y si se empleare violencia física o moral, se impondrá al inculpado de seis a nueve años de prisión.

Art 391. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partero, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá, en su caso, de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

A quien habitualmente se hubiere dedicado a la práctica de abortos, se le privará del ejercicio de su profesión u oficio” (Congreso del Estado de Yucatán, 18 julio 2017, 171-172).

Igualmente se advierte sobre las sanciones y se enumeran las circunstancias de las mismas:

Art 392. Se impondrá de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le impondrá de uno a cinco años de prisión (Congreso del Estado de Yucatán, 18 julio 2017, 172-173).

Para cerrar, se señala bajo qué circunstancias el aborto no es punible:

Art 393. El aborto no es sancionable en los siguientes casos:

Desde entonces en Yucatán se han dejado de practicar abortos, tanto por creencias personales de los médicos y de la sociedad en general (objeción de conciencia), como por el temor a ser penalizados por transgredir la ley.¹ En enero de 2016, a 100 años del primer Congreso feminista, se recordó el legado de mujeres como Elvia Carrillo Puerto y Margaret Sanger, quienes lograron consignar leyes locales muy progresistas respecto al tema del aborto en la entidad, mismas que fueron degradadas durante la administración de Ortega Pacheco.

En la mayoría de los congresos locales donde se dieron este tipo de reformas, se rompió con el espíritu laico y anticlerical característico de los “gobiernos revolucionarios” emanados del PRI a lo largo del siglo xx. Frente a la emergencia del conflicto, el PRI mostró un vacío ideológico. El otrora partido hegemónico (^{Sartori 2008}) debió tomar postura respecto al tema del aborto: su decisión fue apegarse al sentir de la Iglesia católica. Al no asumir su herencia laica y secular, el PRI se extravió y no pudo jugar el rol de “árbitro”, que un importante sector de la sociedad pedía en medio de esta confrontación.

Salvo la excepción del D. F., al final fueron el catolicismo y sus valores los que marcaron la pauta en el país respecto al tema del aborto. El caso de Yucatán testimonia claramente de ello. Paralelamente a éste, corrió otro tema polémico: el matrimonio igualitario.

¿Nuevas formas de familia?

En noviembre de 2006 la Asamblea Legislativa del D. F. promulgó la Ley de sociedades de convivencia. La intención era dar el estatus de unión civil a toda unión libre “entre dos personas”, mientras estas permanezcan solteras. En los medios de comunicación se comenzó a hablar de una “ley de matrimonio gay”; ahora bien, se trataba de una ley que dejaba demasiadas cosas sin definir claramente en el plano jurídico.

La Ley de sociedades de convivencia fue presentada por los medios como un primer paso para otorgar el estatus jurídico de “matrimonio” a las relaciones homosexuales, cosa completamente falsa. Se trataba más bien de una nueva forma de unión civil, de una alianza doméstica que respetaba el estatus de los cohabitantes (soltero, casado, divorciado, separado, etcétera). Dicha alianza doméstica no es equiparable al matrimonio (^{“Ley de sociedad de convivencia” 2006}).

Al clarificarse la Ley de sociedades de convivencia los medios dejaron de hablar de ella. De todos modos emergió un tema ignorado históricamente: los derechos de las minorías con preferencia u orientación diferentes a la heterosexualidad.

Es en noviembre de 2009 cuando la Asamblea del D. F. recibe un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La propuesta se fundamentó en el principio de no discriminación a los ciudadanos que pagan impuestos pero que tienen una preferencia u orientación sexual distinta a la hetero. El fondo del debate se encontró en la palabra “matrimonio”. Se buscaba reconocer derechos de parejas que, viviendo juntas desde tiempo atrás, nunca habían gozado derechos como la herencia, la seguridad social de la pareja y las ayudas y prestaciones sociales, pero principalmente la adopción de niños en el seno de familias con parejas homosexuales.

Los legisladores locales del PAN y del PRI mostraron su oposición abierta pero la ley se aprobó el 21 de diciembre de ese mismo año y se publicó en el Código Civil el 4 de marzo de 2010. Una sola línea fue cambiada al Código Civil. Suficiente para dividir a la sociedad mexicana. El código señalaba: “El matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer”; después de la modificación estableció: “Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida” (^{“Decreto por el que se reforman” 2009}).

El PAN intentó por varios medios detener la promulgación de la ley; una consulta pública fue realizada, se pronunciaron expertos constitucionales y connotados jerarcas católicos. El presidente Felipe Calderón, de extracción panista, declaró: “La Constitución habla específicamente del matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces se trata simplemente de un debate jurídico que debe ser resuelto por la Corte; no hay voluntad política ni prejuicios” (^{“Calderón se opone a matrimonios gay” 2009}). Por ello la PGR volvió a presentar otra controversia constitucional ante la scjn.

En plena efervescencia se organizó el VI Encuentro Mundial de las Familias (16-18 de enero 2009), teniendo como sede el D. F.. Se trataba de un evento organizado y promovido por el Vaticano, el cual además publicó varios comunicados dirigidos a los católicos del mundo, donde dejaba clara su postura respecto al tema del matrimonio. La finalidad de la Iglesia Católica era mostrar músculo y enviar un mensaje fuerte a la sociedad mexicana.

En agosto de 2010 la SCJN rechazó el recurso presentado por la PGR y validó el “matrimonio gay” en el D. F.; matrimonio con validez jurídica en todo el territorio nacional. Juan Sandoval Íñiguez, obispo de Guadalajara, declaró: “La Suprema Corte de la suprema decepción, porque uno tras otro sus dictámenes han sido equivocados y en contra de la verdad y en contra de México y en contra de la familia […] a lo mejor salen otra vez con su batea de babas estos señores y mañana o pasado aprueban la adopción, a lo mejor, no lo dudo” (Sandoval 2010). Sandoval Íñiguez además insinuó la corrupción de la SCJN y la intervención del jefe de gobierno y de organismos internacionales: “También no lo dudo que estén muy maiceados, desde luego por Ebrard están muy maiceados y por organismos internacionales” (Sandoval Íñiguez 2010).

El obispo continúa su arenga señalando lo que a sus ojos debe ser un imperativo categórico (^{Kant 1997}) para el “pueblo de México” y reitera sus sospechas de corrupción: “Porque yo creo que no, no llegan a esas conclusiones tan absurdas y tan en contra del sentimiento del pueblo de México si no es por motivos muy grandes y los motivos grandes, pueden ser los dineros que les dan (^{Sandoval Íñiguez 2010}). Y finaliza siendo un tanto irónico para resaltar y confirmar su postura: “Imagínate a la pobre criatura que esté ahí ¿A quién le dice papá y a quién le dice mamá? Y cuando los ve en sus prácticas, pues él también se va pervertir, va seguir ese camino, no sé si algunos de ustedes les gustaría que los adoptara un par de lesbianas o un par de maricones, no lo sé” (íbid.). De tal tamaño fue el enojo de la alta jerarquía católica ante el tema del matrimonio igualitario.

Elio Masferrer ubica al obispo Sandoval Íñiguez como un heredero de la tradición cristera en el país, lo que le ha permitido convertirse en el vocero de la corriente más conservadora y radical del catolicismo mexicano (^{Masferrer 2004, 131-152}).

Nos atrevemos a aventurar que a partir de este momento el famoso modus vivendi (^{Blancarte 1992}) que Estado mexicano y la Iglesia católica habían establecido a lo largo del siglo xx, quedaba roto. El jefe de gobierno del D. F. Marcelo Ebrard y la alta jerarquía católica del país comenzaron una confrontación jurídica, con tintes mediáticos, nunca vista.

Hugo Valdemar Romero, vocero del episcopado en la capital, llamó a Ebrard “Un enfermo mental, autoritario, intolerante y tiene vocación de fascista” (^{“Marcelo Ebrard es fascista y autoritario 2010, 9}). El jefe de gobierno del D. F. demandó jurídicamente a Sandoval Íñiguez y Valdemar Romero por difamación y perjuicio. La confrontación fue in crescendo y la Iglesia católica apoyó con todo a sus integrantes, dejando que Valdemar Romero continuara con su serie de declaraciones. Marcelo Ebrard encontró apoyo al interior de su partido, el PRD.

pri y PAN se mantuvieron al margen de la polémica confrontación. De hecho el PAN fue acusado de “traidor” por la Iglesia católica al ver su inacción. Valdemar Romero lo llamó “Poncio Pilatos que sólo se lava las manos”, y posteriormente hizo un llamado a todos los católicos mexicanos para no votar por partidos y candidatos irresponsables que destruyen los valores y la familia como lo hacía el PRD en el

D. F.. El PRI, aunque silencioso poco a poco se fue alineando con la institución eclesiástica. Todas las leyes “preventivas” que a partir de entonces se darían en torno a la protección de la familia en varios estados de la federación contarían con el apoyo del pri; los diputados locales priistas y panistas votarán en bloque en casi todos los congresos locales, donde se toquen los temas de aborto o matrimonio igualitario. Enrique Peña Nieto, a la postre presidente de México (2012-2018) y entonces gobernador del Estado de México, comenzará a tejer una serie de acuerdos con la Iglesia católica con el fin de atraerse su apoyo (^{Vera 2012}, 18-20).

La campaña presidencial de 2012 y la Iglesia católica

La polémica se focalizó exclusivamente en el D. F., en el resto del país parecía reinar un silencio incómodo. Las reformas realizadas en los congresos locales para “prevenir” el aborto, no gozaron de debate ni de publicidad como había sucedido en la capital del país. La institución eclesiástica mostró fuerza al lograr hacer pasar las leyes “preventivas” en varios estados del país. El PRD en su confrontación con la Iglesia católica en el D. F. comenzó a perder adeptos en el resto del país. Por su parte el PAN prefirió concentrarse en el ejercicio de gobierno federal. Finalmente, el PRI vio una ventana de oportunidad para acercarse a la Iglesia católica y, en una lógica pragmática, realizó nuevos acuerdos con la institución eclesiástica.

En diciembre de 2009, el gobernador del Estado de México y precandidato presidencial priista, Enrique Peña Nieto, viajó al Vaticano para reunirse con el Papa Benedicto XVI en encuentro oficial. La visita fue interpretada como un acercamiento por parte del PRI para retomar una relación que venía diluyéndose a partir de la llegada del PAN al poder. ^{Elio Masferrer} señala que Benedicto XVI y Peña Nieto se presentaban como personajes de su tiempo, modernos y dialoguistas (2014). El gobernador del Estado de México no sólo reconstruía la relación del PRI con el alto clero católico, sino que construía su imagen de presidenciable. La nueva cara del PRI era la de un partido moderno, abierto y menos anticlerical que antaño. La visita del futuro presidente de México al Vaticano a finales de 2009, reposicionó a la Iglesia católica como factor de legitimación del poder político en un país donde el catolicismo continuaba pesando en el sentir de la sociedad.

La estrategia priista continuó en 2010 cuando el diputado de su bancada Ricardo López Pescador presentó un proyecto de reforma constitucional que abriría espacios mediáticos a la Iglesia católica. “El proyecto de López Pescador propone cambios a los artículos 24 y 27 de la Constitución. Las reformas buscan establecer la educación religiosa en las escuelas públicas. No es que el ‘espíritu santo’ haya iluminado a López Pescador sino que el diputado, cercano a Peña Nieto, cumple con los acuerdos de éste con el Vaticano” (^{Vera 2012}). El proyecto de López Pescador encontró fuertes resistencias al interior del Congreso mexicano: “El proyecto de reformas encontró una oposición férrea de los diputados del PRD e incluso de algunos del PRI. Se dieron discusiones apasionadas […] solo el artículo 24 fue modificado” (19). La estrategia del PRI era congraciarse con la alta jerarquía católica a fin de ganarse su favor en las próximas elecciones federales de 2012. Con Peña Nieto como candidato presidencial el PRI logró desplazar al PAN como partido “preferido” de la institución eclesiástica.

Sin embargo, el PRI también buscó situarse una vez más como un “árbitro” social; un partido que escuchaba y comprendía al conjunto de la sociedad mexicana; un partido que no buscaba más, como antaño, la confrontación.

En diciembre de 2011 se adoptaron reformas constitucionales al artículo 24, lo que significó el fin de 150 años de control del Estado a toda actividad religiosa en espacios públicos. El PRI pronto fue rebasado por la situación y terminó alineándose a las directrices de la Iglesia católica, renunciando a su idea original de posicionarse como árbitro de los conflictos socio-religiosos.

En las campañas presidenciales de 2012 fue muy visible la influencia de la institución eclesiástica en la agenda electoral. Durante el mes de abril de 2012, la Conferencia del Episcopado Mexicano (cem), que agrupa a los obispos y arzobispos del país, se reunió con los distintos candidatos para mostrarles los puntos de vista de la Iglesia Católica sobre diversos y distintos temas, incluidos el aborto, el matrimonio gay, la eutanasia, etc. Los tres candidatos principales, Enrique Peña Nieto (pri-pvem) amlo (prd-pt-c) y Josefina Vázquez Mota (pan) se apegaron a las directrices marcadas por la cem.

De esa manera, temas como el aborto y el matrimonio igualitario estuvieron ausentes en el inicio de la contienda electoral. A pesar de todo, el 6 de mayo durante el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (ine), el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, rompió con el pacto y preguntó: “¿Quisiera conocer sus posturas respecto al aborto y el matrimonio gay?” (^{“Primer debate presidencial en México” 2012}). Ninguno de los otros candidatos respondió, eludiendo la pregunta. “La Iglesia católica se sintió muy molesta con la pregunta del candidato Quadri durante el debate televisado… felizmente para la cem el resto de los candidatos no cayeron en la trampa” (^{Solís 2012, 2}). Yves Solís asegura que los encuentros que previamente habían sostenido los candidatos con la cem les alertaron sobre los temas que la Iglesia católica prefería mantener fuera de la agenda electoral. “Durante los encuentros de abril de 2012, entre el alto clero y los aspirantes, todos los candidatos habían aceptado, de manera oficiosa y secreta no abordar temas como el aborto, el matrimonio gay y la eutanasia dentro de sus programas de campaña” (2).

La Iglesia había conseguido vetar temas polémicos en los programas de campaña de los candidatos. Ninguno de los tres candidatos principales, pan, PRD y PRI, tocaban los temas polémicos en sus programas, y hablaron lo menos posible al respecto.

De esa manera en las elecciones de 2012 los temas polémicos no aparecen en las propuestas de los candidatos. Sus posturas respecto al aborto y el matrimonio gay son ambiguas y vagas, indefinidas. Tanto PRI como PRD no muestran abiertamente sus posturas, en plena época electoral ambos partidos evitan toda confrontación con la Iglesia católica. El pan, el cual reivindica su proximidad a los valores católicos, es el único que muestra una postura abiertamente pro católica. En 2012 la Iglesia logró imponer una “no agenda” en los programas políticos de los candidatos presidenciales. Con todo, más allá de los discursos y las declaraciones ante los medios y la sociedad en general, están los programas y proyectos políticos de los partidos y sus candidatos. La manera en cómo actuarán, vencedores y vencidos de la elección, en los años subsecuentes mostrará claramente que las divisiones persisten.

Peña Nieto y el matrimonio igualitario

La administración del presidente Peña Nieto (2012-2018) no fue continua en los temas observados, sino que fue evolucionando con el tiempo y de acuerdo con las circunstancias. Ello explicará que en 2016 el Ejecutivo enviara al Congreso de la Unión un paquete de reformas que incluía una propuesta de cambio al artículo 4 de la Constitución para incorporar el criterio de la SCJN de reconocer como un derecho el matrimonio igualitario, sin importar la orientación sexual y sin discriminación. Ya en 2016, además del D. F., los estados de Quintana Roo, Coahuila y Nayarit otorgaban certeza y certidumbre legal a los matrimonios entre personas del mismo sexo; Morelos se encontraba en la misma ruta.

A finales de 2012 se dio la legalización de los matrimonios homosexuales en Quintana Roo. Se aprovechó un “vacío” jurídico en su texto constitucional para ello. El estado de Quintana Roo, con sus paradisiacas playas en la Riviera Maya y Cancún, es el principal destino de turismo extranjero en México. Ante este escenario la legalización del matrimonio gay apareció más como un asunto de mercado que de moral pública. Según cifras de la Oficina de Visitantes y Convenciones, desde de 2012, entre 10000 y 12000 bodas se realizan en Cancún y la Riviera Maya cada año; de esas un porcentaje “alto” corresponde a “Bodas gay” (^{Vázquez 2017}).

La polémica en torno al matrimonio gay en el estado de Quintana Roo se dio en los tribunales y en la SCJN y no entre la sociedad quintanarroense. No existieron manifestaciones públicas a favor o en contra del matrimonio gay, como venía sucediendo en otros puntos de la república. Por ello es que consideramos que se trató sobre todo de un fenómeno económico y de mercado, que, al dejar una derrama monetaria importante, sobrepasa los temas de valores morales.

Por su parte, el estado de Coahuila legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, con todos los derechos que ello implica (adopción, principalmente), en septiembre de 2014. El Congreso local aprobó por amplia mayoría (23 votos a favor y dos en contra) la reforma de ley que estipula: “Artículo 253. El matrimonio es un contrato, que tiene como objeto la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida” (^{Código Civil del Estado de Coahuila 2015, 29}).

En Coahuila la propuesta de reforma la realizó el diputado social demócrata, Samuel Acevedo Flores. La propuesta presentó un diagnóstico de la situación de muchas parejas en el estado; el diputado Acevedo Flores cuidó mucho de apartarse de valoraciones y prejuicios morales. Fue quizás por ello que su propuesta no causó ninguna polémica al interior de la sociedad coahuilense. Llama la atención que tanto para el caso de Coahuila, como para Quintana Roo, la Iglesia católica no expresó ningún comentario.

En el estado de Nayarit, los diputados locales tomaron como sustento un fallo emitido por la SCJN a favor del matrimonio igualitario a mediados de 2015; por lo que, en la última sesión del Congreso local de ese mismo año se realizaron varias reformas al Código Civil en sus artículos 135, 136, 137 y 144 por considerarlos discriminatorios. Las modificaciones legalizaron el matrimonio homosexual en Nayarit. El conjunto de los miembros del Congreso local aprobó las reformas y solo un integrante del pvem votó en contra mientras que una diputada panista se abstuvo. En el caso de Nayarit las movilizaciones en contra comenzaron a darse a posteriori y, en realidad, sin mucha fuerza, ni eco.

En Morelos la legalización del matrimonio homosexual ocurrió en junio de 2016 mediante la reforma al artículo 120 de la Constitución Política del Estado de Morelos y a su Código familiar. Aquí sí se dieron acalorados debates en el Congreso, así como manifestaciones ciudadanas. Los diputados del PRD votaron la reforma de manera exprés y sin debate, lo que provocó el enojo de los diputados locales panistas y de un importante sector de la sociedad morelense. En su boletín oficial Desde la fe, la Iglesia católica publicó una editorial llamada “Una bofetada al pueblo de Morelos” donde argumentó:

De nuevo, otro atropello agraviando a la ciudadanía, vulnerando el diálogo, de espaldas al debate y a la reflexión, tan necesarios en el sistema democrático de estados, sin duda, fallidos, sumidos y agobiados por la corrupción y la arbitrariedad[…] Tal como ocurrió, en su momento, en el D. F. con la legalización del aborto por parte de este mismo partido, el proceso de aprobación de las reformas en Morelos es un vergonzoso ejemplo de trampas y chapucerías políticas que abofetean al pueblo[…] El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en colusión con el Legislativo, promulgó cambios al Artículo 120 de la Constitución local para introducir la “unión voluntaria de dos personas” reconociendo el mal llamado “matrimonio entre personas del mismo sexo” avalado bajo procedimientos legislativos ilegales y opacos, teniendo como origen la iniciativa del Gobernador de extracción perredista Graco Ramírez[…] Lamentablemente, el pueblo del Estado de Morelos no cuenta con la revocación del mandato para anular el poder político, que ya no ve por sus intereses y bien común[…] Sin embargo, como se demostró el pasado 5 de junio, en la gente hay madurez cívica para revirar en las urnas y demostrar que no todo lo válido legalmente es lícito, moral y justo.

Los votos serán la mejor medida para reprobar a los gobiernos traidores de la soberanía popular (^{Gazanini Espinoza 2016}).

En mayo de 2016, ya en la segunda parte de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso Federal una propuesta para legalizar el “matrimonio igualitario” en todo el país. La iniciativa solicitaba igualmente revisar el Código Civil para eventualmente dar acceso a los matrimonios homosexuales el derecho a la adopción. La propuesta presidencial encontró defensores y detractores desde el mismo día que se presentó.

El argumento de Peña Nieto giraba en torno a una doble discriminación; por un lado la que viven las uniones homosexuales en términos de adopción, y, por otro, la discriminación del eventual “adoptado”: “Negar el derecho a ser adoptado a un niño o una niña por el sólo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes deriva en una conducta discriminatoria, tanto para ellas, como para el propio niño o niña que pretende ser adoptado, pues se les desconoce su derecho a tener una familia, en el sentido más amplio posible de este concepto” (^{Código Civil Federal 2018, 8}).

Grupos de católicos laicos e Iglesia católica se manifestaron públicamente contra de tal reforma mediante movilizaciones por todo lo ancho y largo del país. Aunque la cem reconoció la existencia de una diversidad de uniones familiares, dejó claro que, para la Iglesia como institución, las uniones homosexuales jamás podrán ser equiparadas al matrimonio.

La Iglesia católica convocó a dos marchas “en defensa de la familia”, es decir contra el matrimonio igualitario, para mostrar su peso al interior de la sociedad mexicana. En medio de toda la polémica, las elecciones de gobernadores del 5 de junio de 2016 significaron una pérdida electoral histórica para el presidente y su partido. En dichas elecciones el PRI perdió 7 de 12 gubernaturas en disputa, fenómeno nunca antes visto. La Iglesia y líderes de los grupos en defensa de la familia hablaron de un “voto de castigo” contra el PRI por la iniciativa peñanietista. El ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, incluso se manifestó en la misma lógica. Al revisar el momento electoral de ese año, podemos decir que la sentencia es parcial. No todo correspondió a un “voto de castigo católico”, pero tampoco podemos menospreciar su peso en los resultados finales.

Manifestaciones de grupos conservadores católicos tuvieron lugar durante septiembre y confirmaron el rechazo por parte de un sector de la sociedad a las modificaciones presentadas. El Frente Nacional por la Familia (fnf), señaló que más de un millón de personas a lo largo del país se manifestaron contra el matrimonio igualitario. El mismo FNF presentó ante el Senado una propuesta de ley respaldada por 240 mil firmas para explicitar en la Constitución mexicana que el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer.

El proceso electoral de 2018 se encontraba a la vuelta de la esquina, quizás por ello, los diputados federales del PRI optaron por desechar la propuesta presidencial en Comisión, no dejándole llegar siquiera al pleno. Diputados del PRI, PAN y Partido Encuentro Social (PES) fueron los encargados de enterrar la reforma.

Yucatán: familia clásica nuclear

Volvamos al caso yucateco. Semejante a lo ocurrido con el tema del aborto, durante la administración de la priista Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) el Congreso local legisló para definir a la familia como “una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer”. El cambio a la Constitución estatal se realizó apenas una semana después de las reformas en torno al aborto (23 de julio de 2009). No hubo debate ni exposición de motivos, la ley se expidió de manera exprés y con el beneplácito de todas las bancadas, sólo una diputada perredista presentó oposición. Igual que en el tema del aborto, se trató de una ley “preventiva” respecto a lo que ocurría en la capital del país. Con ello Yucatán se sumaba a la “ola conservadora” de 13 estados de la federación que modificaban sus constituciones locales en ese sentido.

Organizaciones como Abogados Católicos de Yucatán y Red Pro Yucatán realizaron trabajo de cabildeo para proponer iniciativas de ley que mantuvieran el matrimonio bajo los preceptos de la moral católica-cristiana, es decir “familia nuclear con paternidad heterosexual”. La iniciativa cerró definitivamente el tema de la adopción para parejas homosexuales, ya que les negó valor jurídico.

No obstante, a partir de 2013 en el estado se comenzaron a dar casos de parejas homosexuales que acudieron a amparos federales para que se les reconociera bajo la figura de “concubinato” primero, para posteriormente poder unirse en matrimonio. Organizaciones como Indignación, Unasse y Oasis de San Juan de Dios demandaron al Congreso yucateco ante el Tribunal Constitucional por considerar que las reformas de 2009 contravienen dos artículos de la Carta Magna federal: el primero que explícitamente prohíbe toda forma de discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, condición social, de salud, de opiniones, de preferencias o estado civil; y el cuarto, que consagra la protección de la familia, pero no plantea como modelo único familiar el nuclear. Para finales de 2017 sumaban ya 40 amparos realizados por distintas parejas homosexuales.

En Yucatán, la movilización de 2016 contra las propuestas de reforma de Peña Nieto se realizó el 10 de septiembre; ese día dos marchas fueron convocadas en Mérida. La primera emplazada a nivel nacional por el FNF tuvo como título “Marcha a favor de la familia”, la cual se desplazó del remate de Paseo Montejo hacia la Plaza Grande. En esta marcha se pudieron observar pancartas que sentenciaban entre otros textos: “Por el derecho de los niños a tener una mamá y un papá”; “Por el derecho de los padres a educar a sus hijos”. Así mismo la marcha fue acompañada de consignas verbales que enunciaban: “¡Mamá y papá, eso es natural!”, “¡No te metas con mis hijos!” y “¡Defendemos la familia!” Al final de la marcha un pequeño mitin tuvo lugar; durante el mismo, algunos de los manifestantes tomaron el altavoz para dejar clara su postura en contra de cualquier tipo de diversidad respecto a la familia. Su concepción de familia nuclear es idéntica a la promovida por la Iglesia católica.

Ese mismo día otra marcha fue convocada por activistas locales de derechos humanos: “Marcha a favor de la diversidad”, también bautizada popularmente como “Besotón Gay”. El punto de reunión fue el monumento a la patria. En esta marcha no hubo grandes pancartas sino banderas arcoíris y escasas consignas o arengas a favor de la diversidad. No obstante el “Besotón Gay” fue bastante ruidoso al instalar un equipo de sonido con música moderna.

Al momento de comenzar la marcha convocada por el FNF se pudo constatar la participación de entre tres mil y cuatro mil personas. Por su parte, la “Marcha a favor de la diversidad” no logró aglutinar a más de 200 personas. Los organizadores de ambos eventos trataron de inflar las cifras. El FNF habló de un evento que reunió entre 7000 y 20000 personas en Mérida. Los activistas de derechos humanos que organizaron el “Besotón Gay”, por su parte, afirmaron haber tenido presencia de al menos mil personas. Como testigos presenciales que fuimos ese día podemos afirmar que ambas cifras son exageradas.

Un último aspecto a resaltar es el hecho de que la prensa yucateca reportó en la mayoría de los diarios locales del día siguiente, domingo 11 de septiembre de 2016, la “Marcha a favor de la familia”, incluyendo sendos textos, editoriales y fotografías del evento. Mientras que la “Marcha a favor de la diversidad” simplemente fue ignorada y, por ende, no reportada en la prensa local.

Como ya lo han señalado para otros temas, académicos como Eugenia ^{Iturriaga (2016}), Ricardo ^{López Santillán (2011}), ^{Luis Alfonso Ramírez Carillo (2014)} y Rubén ^{Torres Martínez (2019}), la sociedad yucateca se ha distinguido históricamente por estar anclada en una lógica de valores católicos conservadores que rechaza todo aquello que huele a cambio y modernidad. ¿La Iglesia católica que tiene que ver algo con esto?

En pleno siglo xxi la influencia de la institución eclesial se muestra sin tapujos en los procesos electorales; esta fuerza se vuelve a evidenciar cuando exige a los hombres políticos apoyar o rechazar políticas públicas y reformas constitucionales. En plena democracia todos los actores políticos están obligados a tomar posturas claras. Para el caso de Yucatán tanto PRI como PAN han evidenciado su filiación católica; el PAN es un aliado histórico de la Iglesia católica en el estado; de igual manera, aunque el PRI intente venderse como heredero de cierto “progresismo revolucionario” de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, la realidad es que se trata más de un partido pragmático; finalmente el PRD es meramente testimonial.

Lo público de lo privado

Históricamente la Iglesia Católica presiona para imponer sus valores en el seno de la sociedad mexicana, pero sobre todo entre los políticos dado que son los tomadores de decisiones. Jo Renee Formicola, señala que desde 2007 el Vaticano promueve e inculca abiertamente entre las clases políticas los siguientes valores:

La participación, es decir el conocimiento y ejercicio de los derechos religiosos, sobre todo el derecho a tener y profesar el culto católico. “Es una tarea que (la Iglesia católica) exige a los ciudadanos católicos: evaluar las posturas políticas, los programas de partido, así como las promesas y las acciones de los candidatos a la luz del evangelio y de las enseñanzas morales de la Iglesia con la finalidad de construir un mundo mejor” (^{Formicola 2009}, 12). La Iglesia católica la vuelve muy visible en la siguiente cita: “La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo “camino, verdad y vida” (Jn 14,6), exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que, inspirada en el Evangelio, proponga el patrimonio de valores y contenidos de la Tradición católica” (14). Se trata de sensibilizar a los hombres políticos sobre la importancia que ellos guardan al interior de la sociedad; de esa manera la Iglesia motiva a los políticos católicos a promover entre la sociedad los propios valores católicos.

La coherencia moral, o la necesidad de actuar de acuerdo con las creencias y los valores personales y no solamente respecto a la ley civil. Para la Iglesia un “buen católico” no puede simpatizar con programas o partidos políticos que promueven políticas como el aborto o el matrimonio homosexual. El “buen católico” no puede apoyar una idea o hecho que vaya en contra de los principios fundamentales de la fe católica y las enseñanzas de la Iglesia. En 2002 el entonces prefecto y futuro Papa Joseph Ratzinger afirmó:

La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida “espiritual”, con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida “secular”, esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura[…] Vivir y actuar políticamente en conformidad con la propia conciencia no es un acomodarse en posiciones extrañas al compromiso político o en una forma de confesionalidad, sino expresión de la aportación de los cristianos para que, a través de la política, se instaure un ordenamiento social más justo y coherente con la dignidad de la persona humana (^{“Nota doctrinal” 2002}).

Es clara la manera en que la Iglesia católica motiva la participación de sus fieles en la vida política.

La coherencia eucarística, o la obligación de los católicos para seguir firmemente en sus vidas personales la doctrina de la Iglesia católica. Para actuar en política, el “buen católico” debe hacer prueba de consistencia moral. Es la idea según la cual existen “valores morales universales” no negociables, tales como el respeto y la defensa de la vida. Otro valor no negociable es la constitución de la familia por un hombre y una mujer. En 2007, Jospeh Ratzinger, entonces ya papa

Benedicto XVI, publica la “Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis del santo padre Benedicto XVI al episcopado, al clero, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre la eucaristía fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia”, el texto es largo, pero vale la pena leerlo al detalle, aquí sólo presentamos una parte del mismo:

Es importante notar lo que los padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas[230]. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana [231]. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado [232] (^{Ratzinger 2007}, 230-232).

La Iglesia señala a partir de estos tres puntos el camino a seguir para todo creyente católico que participa en política. Participación, coherencia moral y coherencia eucarística. Estos tres principios definen al “buen católico” en política. “En concreto, la Iglesia creó una situación donde candidatos, electores y partidos políticos, deben adaptarse a los principios del orden moral católico, bajo riesgo de no perder el apoyo político de una institución no partidista (la Iglesia Católica)” (^{Formicola 2009}, 23).

A partir de esta lógica, podemos observar que en México la Iglesia católica ha conseguido inmiscuirse en la vida política, imponiendo agenda y promoviendo sus propios valores entre la sociedad mexicana, pero principalmente entre las élites políticas. Como hemos observado y por las reformas “preventivas” realizadas a lo largo del país a partir de 2007, los valores católicos influyen de manera importante en las élites políticas y su toma de postura.

La pérdida de “valores morales universales” ha sido evocada en numerosas ocasiones por la Iglesia católica. Pero no debemos olvidar que todos los discursos éticos y religiosos son en esencia representaciones de un orden social deseado por la institución eclesiástica. Esos mismos discursos son igualmente una llamada a apegarse a una doctrina ligada a la tradición y la identidad. Por otro lado, la discusión en torno al aborto y el matrimonio homosexual testimonian una confrontación para conservar un cierto orden social, misma que se expresa en episodios muy particulares de la historia. En las elecciones de 2018, ambos temas fueron simplemente ignorados en las agendas políticas de los aspirantes presidenciales.

Discusión. Aborto y matrimonio igualitario fuera de la agenda electoral en México

Los partidos políticos se definen por sus hechos, por sus políticas públicas y no por sus programas, proyectos y promesas. Los discursos son una idea “idealizada”, “apologista” e incluso “mítica” de los partidos y sus candidatos. La realidad es contundente cuando estos hombres y mujeres políticos profesionales se ven enfrentados a apoyar o rechazar políticas públicas, reformas de ley y cambios legislativos que tocan temas como el aborto y el matrimonio homosexual, porque son temas que polemizan, dividen y polarizan a las sociedades.

El PAN nunca ha ocultado que su Doctrina está basada e inspirada en los valores de la democracia-cristiana, y de la encíclica Rerum Novarum. Es por ello que resulta relativamente sencillo explicar por qué el PAN es considerado un aliado natural de la Iglesia católica. El PRD sólo logró tener un impacto mediano durante escasos 20 años en la capital del país; la victoria contundente de la nueva formación partidista de morena, en alianza con el pes, muestra el fracaso de los valores laicos y seculares al interior de la sociedad mexicana. En las elecciones de 2018 el PRI viró hacia el conservadurismo y promovió una agenda de claro corte confesional en la candidatura por la ahora cdmx² del autoproclamado “defensor de la vida y pro familia clásica” Mikel Arriola. En los últimos años los priistas tendieron a alinearse a las directrices de la Iglesia católica en torno a los temas del aborto y el matrimonio homosexual; muestra de ello son todas las reformas “preventivas” que se han dado a lo largo del país donde PAN y PRI logran mayoría en los congresos locales. En 2018 el PRI simplemente se despojó de su máscara progresista.

No obstante, cuando la Iglesia católica creyó haber encontrado un nuevo aliado a partir de 2012, las propuestas de reforma del presidente Peña Nieto en 2016, a favor de los derechos de las minorías homosexuales, terminaron por alejar a ambos actores. Resulta interesante observar la contundencia de la sociedad mexicana católica para decir “no” al matrimonio igualitario propuesto por el presidente. Sin lugar a duda, no se trataba de una mayoría rotunda o absoluta, pero si de un sector bien organizado y con capacidad de amplia movilización, al menos en ese 2016. El caso de Mérida es emblemático en ese sentido.

Lo sucedido en 2016 nos deja más preguntas que respuestas. Una de ellas va en el sentido de saber si acaso la propuesta realizada por Peña Nieto no buscaba en realidad enterrar para siempre el tema del matrimonio igualitario. Ello lo avanzamos porque una vez presentada la propuesta, ni el presidente ni su partido se dieron a la tarea de defenderla y argumentarla, sino que se contentaron con “presentarla”. ¿Acaso el PRI intentó prender fuego con un tema que sabe divide, para después ser él mismo quien se presenta como prodigioso bombero a apagar el fuego? Si esa fue la finalidad, no calcularon bien los costos: siete gubernaturas perdidas y una nula presencia en el debate nacional respecto a los temas polémicos. Pero si en verdad Peña Nieto quiso mostrarse progresista con sus propuestas, también hubo un fallo de cálculo. Al presentar su iniciativa de reforma Peña Nieto metió toda la carne al asador y lo único que logró fue encontrarse con que la Iglesia católica continúa teniendo una influencia enorme en la sociedad mexicana. La ausencia total de los temas en torno al aborto y el matrimonio igualitario en las elecciones de 2018 permitieron observar el peso de un actor como la Iglesia católica, capaz hoy en día de marcar pauta en la agenda política y electoral del México contemporáneo.