Introducción

La Revolución Mexicana fue uno de los procesos históricos de mayor impacto en Yucatán. Derribó un sistema político de más de tres décadas, el Porfiriato (1876-1910); minó el dominio de las antiguas oligarquías; recuperó las autonomías municipales, movilizó a los campesinos y les otorgó tierras; fomentó la organización de los trabajadores; elaboró una nueva cultura política con un renovado panteón de héroes y puso en marcha un plan educativo. Los eventos acaecidos en ese periodo fueron revolucionarios puesto que impulsaron una serie de cambios en la estructura política, económica, social y cultural del estado del sureste mexicano.²

La consolidación del nuevo Estado se sustentó en la reforma agraria, en la movilización de las clases populares, en el nacionalismo y en la creación de importantes programas educativos y proyectos artísticos. Las instituciones sanitarias también participaron en el proceso de reconstrucción estatal y nacional, pero las estrategias que ocuparon llevan pocos años llamando la atención de los historiadores y las historiadoras.³ Lo mismo se puede decir de las formas por las que la población se vinculó con los programas de salud. No es un tema menor: desde el inicio del movimiento armado, las facciones en disputa proclamaron que la sanidad pública sería un eje fundamental de sus programas políticos. La Constitución de 1917 estipuló, en el artículo 73, la protección de la salud como un derecho de todos los mexicanos. De esa manera, el régimen que surgió de la revolución tuvo un fundamento legal que le permitió erigirse en un garante de los intereses de las mayorías. En el nombre de la salud colectiva, las autoridades mexicanas emprendieron cruzadas contra los llamados “males” que afectaban a la población: pusieron en marcha campañas antialcohólicas, antivenéreas y contra enfermedades infectocontagiosas. El interés no sólo recayó en las instituciones; varios médicos, antropólogos y maestros discutieron las formas de intervención sanitaria, los métodos pedagógicos para impartir instrucción higiénica, e incluso incidieron en la organización de congresos que tuvieron a la salubridad como tema principal (^{Aréchiga 2007, 59-62}).

Este artículo tiene el objetivo de estudiar la estrategia seguida por los gobiernos yucatecos, en particular los del Partido Socialista del Sureste (PSS), para elaborar programas de divulgación de medidas sanitarias entre 1915 y 1930; estrategia que tuvo la finalidad de difundir fundamentos de sanidad para que la población del estado hiciera suyos los hábitos calificados como “saludables” y los aplicara a su vida cotidiana. El periodo elegido se caracterizó por ser un momento en el que, a nivel nacional, el Estado posrevolucionario puso en marcha una política de salubridad que debía ayudar con la contención de diferentes enfermedades. Para hacerlo, emprendió campañas de vacunación contra la viruela y de higienización rural. Además, se llevaron acciones contra la tuberculosis y, en Yucatán, se habilitó un laboratorio para elaborar vacunas contra la rabia. Otro ejemplo significativo de la importancia de este periodo fue que, durante la década de 1920, varios médicos de prestigio internacional, como el japonés Hideyo Noguchi y el estadounidense Michael E. Connor, llegaron a estudiar la fiebre amarilla y el paludismo, enfermedades consideradas “enemigos del comercio internacional” (^{Alcalá 2023, 125-150}).

Para intentar consolidar un plan de propaganda y educación higiénica, las instituciones estatales tuvieron que establecer un diálogo con la población y con los médicos y profesores del estado. Se consideraba que, al hacerlo, se le podía enseñar al público a vivir bien, con buena salud, y a adoptar buenos hábitos. Esa estrategia se manifestó tanto en las escuelas y los libros de texto como en el ámbito informal de la propaganda, por medio de conferencias, panfletos, anuncios, carteles y películas (^{Aréchiga 2007, 70-72}). Al mismo tiempo, se diseñó un proyecto de vigilancia sobre las condiciones de vida de los yucatecos que intentó instaurar preceptos higiénicos en sus labores cotidianas (actividades económicas, compraventa de alimentos, etcétera).

Aunque existen otros aspectos a destacar, el texto se concentra en exponer un periodo en el que las autoridades yucatecas fueron relativamente autónomas para construir y aplicar sus planes de higiene pública entre los habitantes del estado.⁴ Asimismo, para construir la argumentación, se consultaron diversas fuentes primarias, como folletos sanitarios, revistas médicas y manuales educativos resguardados en el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán. La importancia de esos materiales fue que tuvieron, como eje principal, exponer principios higiénicos para que la población pudiera ponerlos en práctica. Aquellas recomendaciones escritas y visuales intentaron convencer a la sociedad sobre la importancia de acatar el proyecto apelando a las emociones y la sensibilidad de las personas (^{Gudiño 2008, 78}). Esas características convierten a esos registros históricos en instrumentos indispensables para comprender el proceso de renovación de la higiene pública y privada.

Es necesario hacer dos últimas aclaraciones. La primera es que este texto no examina a profundidad a las haciendas henequeneras, ya que la atención médica y sanitaria (vivienda higiénica, medicamentos, auxilio médico, prevención de enfermedades, indemnizaciones) quedó, desde la publicación del Código del Trabajo de 1915, bajo la responsabilidad de los hacendados (^{Koyoc 2016, 103-106}). Ese hecho impidió que la Junta Superior de Sanidad (JSS) y sus delegaciones consolidaran un plan de vigilancia sanitaria dentro de las fincas. La segunda aclaración es que se optó por el análisis de las actividades de promoción de la higiene porque la reflexión histórica se ha centrado en los momentos de crisis, representados en las epidemias de viruela, sarampión, influenza y malaria que azotaron a Yucatán en el siglo XX. No se niega que esos acontecimientos demostraron la habilidad de las instituciones y los habitantes del estado para afrontar un momento crítico, pero también se considera que el estudio de las campañas de educación sanitaria y de prevención de enfermedades expone, a largo plazo, la capacidad que los gobiernos y las sociedades tuvieron para implantar y mantener un programa continuo.⁵ Además, ante la crisis de los sistemas de salud modernos, las historiadoras y los historiadores tienen el compromiso de pensar qué sucedió con las intervenciones políticas, heredadas del siglo xx, que estuvieron orientadas a proteger a la población por medio de la prevención de las causas primordiales de los problemas de la salud.

La Revolución en Yucatán y el proyecto de salubridad pública

El general Salvador Alvarado arribó a la península de Yucatán el 19 de marzo de 1915, por órdenes de Venustiano Carranza, como parte de la estrategia constitucionalista, que consistió en afianzar el dominio de regiones del país importantes por su producción económica. Los cálculos justificaron la operación; durante ese periodo, la agroindustria henequenera era la actividad más relevante del sureste mexicano. Su vínculo con el mercado internacional de fibras, en específico con el norteamericano, aceleró la producción de henequén. Entre 1880 y 1916, las exportaciones anuales de fibra cruda aumentaron de dieciocho toneladas a más de doscientas toneladas. Cuando el general se estableció en el poder, el estado ya contaba con tres décadas de intercambio cultural y económico con ciudades como La Habana, París, Nueva York y Nueva Orleans. Su llegada favoreció el aumento de las oportunidades laborales, lo que atrajo una buena cantidad de inmigrantes nacionales (en particular del centro y el norte de México) e internacionales (españoles, estadounidenses, coreanos, cubanos y libaneses). Los grupos sociales que llegaron a la localidad encontraron trabajo en los proyectos de obras públicas, los comercios y el omnipresente sector de servicios. Para la década de 1910, la población de Yucatán era de casi 350 000 habitantes (^{Ortiz 2013, 104-105}).

Con todo y la bonanza económica, ^{Alvarado se encontró, en 1915}, con un orden sociopolítico jerárquico organizado alrededor del henequén. La oligarquía económica, representada por el grupo de los grandes hacendados (bautizados, por los constitucionalistas, como “la casta divina”), se encargaba de controlar todos los aspectos de la producción, desde la mano de obra hasta el mercado internacional de exportación. Ante ese panorama, el general emprendió una serie de acciones para transformar, “desde arriba”, con la colaboración de algunos grupos de intelectuales locales, una sociedad históricamente cimentada en la explotación y la desigualdad (^{Quintana 2019, 167}).

El proyecto del general constitucionalista se presentó como el método que traía la Revolución a la región. Se emprendió un proyecto populista que buscó establecer las bases de un nuevo pacto social. Por un lado, limitó el poder de la oligarquía por medio de la intervención del Estado en la economía, lo cual le permitió establecer alianzas con liberales que apoyarían el programa; por otro, con el propósito de incorporar las demandas de las organizaciones de trabajadores, se dispuso a aliviar el estado deplorable de los campesinos y la mano de obra urbana por medio de leyes dirigidas a reducir horas de trabajo y elevar el salario. Además, se impulsaron medidas destinadas a transformar la disposición moral de la población: se llevaron a cabo campañas para combatir el “fanatismo” religioso y para promover la lectura, se organizaron congresos feministas y se incorporaron nociones pedagógicas de la llamada escuela racionalista (^{Joseph 2010, 129-137}; ^{Quintana 2019, 167-169}).

En el ámbito de la salubridad pública, el gobierno revolucionario expuso que se realizarían los esfuerzos para que la población tuviera acceso a los servicios sanitarios. Con ese plan se consideraba que la sanidad era una vía para concretar los ideales de justicia social que ayudaran a incitar la participación de las clases populares en la Revolución (^{Cortés 2024, 326-327}). Los constitucionalistas pusieron en marcha diversas medidas para atender los inconvenientes sanitarios. Uno de esos métodos fue extender la cobertura médica en todas las áreas de Yucatán para combatir la escasez de galenos en las comunidades, ya que, de los casi doscientos médicos anotados en el directorio de profesionistas, menos de diez radicaban fuera de Mérida (^{Sowell 2015, 55 y 94}). En diversos informes de Salvador Alvarado al presidente Venustiano Carranza se llegó a mencionar la intención de instaurar comisiones que tendrían el encargo de formar la “historia sanitaria” de las casas, los comercios y la población de todo el territorio del estado y, si fuese necesario, por medio de una atención extrema identificar las principales amenazas a la salud colectiva (^{Alvarado 1917, 65-66}). Los argumentos podían parecer novedosos, pero se debe mencionar que durante el Porfiriato existieron algunos esfuerzos para promover medidas sanitarias entre la población. Se crearon unidades auxiliares de salud para combatir las epidemias de viruela y fiebre amarilla. Además, se ofrecieron algunas recomendaciones de higiene pública y privada en revistas como La Emulación, órgano de la Sociedad Médica Farmacéutica de Yucatán (^{Alcalá 2023, 76-78}).⁶

Como se puede inferir, al menos en el discurso las autoridades, quisieron empezar a distanciarse del modelo porfiriano de higiene pública que, desde su perspectiva, centró su atención en la vigilancia de los procesos industriales e intercambios comerciales y que supervisó, de manera preferente, el saneamiento de los hábitats de las clases privilegiadas de Mérida. Así, el 20 de mayo de 1917, se ampliaron las funciones de la JSS. Se expuso como su objetivo consolidarse en un centro de vigilancia de la higiene pública que traspasara las fronteras de la capital.⁷ De esa manera, su presidente, el doctor Gil Rojas Aguilar, creó un grupo de servicios sanitarios que incluyeron laboratorios antirrábicos, vacunas, desinfecciones, higiene de la vía pública, higiene de los puestos públicos e higiene privada.

Por otra parte, se formaron delegaciones sanitarias que expandieron la influencia de la JSS en varias áreas del territorio yucateco: en el norte se encontraban Progreso, Hunucmá, Motul y Temax; en el sur estaban Tekax y Sotuta; en el este se encontraban Valladolid, Espita y Tizimín; y en el oeste se establecieron delegaciones en Maxcanú y Ticul (Tabla 1). Además de cerciorarse que las delegaciones estuvieran esparcidas por la mayor parte del territorio, la JSS eligió a las poblaciones que aseguraron que los médicos recibirían todo el apoyo por parte de los ayuntamientos. En septiembre de 1917, durante la formación de la delegación de Izamal, la tesorería municipal prometió que se haría responsable del sueldo, de cien pesos mensuales, del doctor designado. Unos meses después, las autoridades locales de Maxcanú también se comprometieron a otorgar los mismos honorarios al doctor Lisandro Dorantes. El gobierno del estado era el encargado de otorgar, de forma gratuita, los pasajes de ferrocarril para trasladar a los funcionarios hasta las comunidades seleccionadas.⁸

Las delegaciones tenían la capacidad de expedir certificados de salud para personas y productos alimenticios. También podían cobrar multas por el incumplimiento de normatividad en periodos de crisis sanitarias. Esas actividades convirtieron a esos organismos en centros de vigilancia de la sanidad y en propagadores de medidas de higiene pública. En otras palabras, una vía de comunicación del Estado con la población, para iniciar a convencerla de que una manera de velar por su salud y bienestar era vincularse, aprender y acatar las medidas formuladas por las instituciones estatales.

Ese proceso de transformación impulsó una nueva lógica dentro de la institución de salubridad pública yucateca que recibió el nombre de “sobrevigilancia higiénica”. En 1918, las autoridades manifestaron que la estrategia consistía en

crear procedimientos y puestos sanitarios más rápidos y efectivos, evitando tramitaciones espaciosas y latas, “que ilusoriaban el carácter ejecutivo que debe normar los actos y las determinaciones de las corporaciones que tienen a su cargo la conservación y mejoramiento de la salud pública”. En el mismo texto se explicó que, apoyándose en esa lógica, el personal sanitario se encargaría de organizar los mecanismos de vigilancia y divulgación de la higiene en el estado (^{La redacción 1918a, 15}). Por ejemplo, las condiciones de los locales comerciales fueron una preocupación constante.

Los molinos y las panaderías se convirtieron en lugares de inspección radical, ya que todo su espacio y herramientas fueron analizados con rigor. En ellos debía reinar una higiene extrema. Una muestra de esas actividades aconteció en el puerto de Progreso en 1917; al señor Guillermo Romero se le comunicó, en diversas ocasiones, que su molino de granos debía ser “saneado”, bajo la amenaza de ser clausurado inmediatamente.⁹ Por otra parte, un agente sanitario en Maxcanú manifestó que un molino en Halachó, y otro en Chocholá, habían sido notificados para que realizaran la fumigación y limpieza de todas sus herramientas de trabajo (^{Narváez 1918, 215}).

La JSS y las delegaciones organizaron brigadas de vigilancia en los suburbios más poblados, evaluaron las medidas sanitarias ante cualquier contingencia epidemiológica e implementaron campañas de impulso de la higiene individual. La JSS fue considerada el órgano responsable de todos los temas de saneamiento, por lo que los habitantes, sus costumbres y su educación higiénica se convirtieron en algunos de sus centros de acción. Para comprender las labores de ese personal y su interacción con la sociedad, en el próximo apartado se describirá una de sus principales actividades: vincularse con el Departamento de Educación Pública (DEP) para formar actividades de difusión con la intención de transmitir hábitos que fomentaran la higiene entre los habitantes de Yucatán.

El vínculo entre la educación y la higiene

Entre 1917 y 1930, un proceso paulatino permitió que el programa educativo revolucionario y la lógica del fomento de la higiene se vincularan de manera decisiva. La Constitución de 1917 estipuló, en su artículo 73, el resguardo de la salud como un derecho de los mexicanos, permitiendo al Estado emprender, en nombre del bienestar colectivo, campañas antialcohólicas, contra las enfermedades venéreas y de propaganda de la higiene. La difusión de prácticas consideradas saludables requirió el trabajo sostenido y cotidiano de las instituciones de salubridad, con organismos y actores sociales que tuvieron una presencia significativa entre las ciudades, puertos y poblaciones rurales (^{Agostoni 2013, 747-748}). El deseo de definir los métodos para impartir instrucción higiénica unió los intereses sanitarios del régimen con los de la reconstrucción educativa, la cual consideraba a la nueva escuela, emanada de la Revolución, uno de los órganos responsables de difundir modos de vida y valores que alentaran la transformación de las condiciones de salud de los mexicanos del ámbito urbano y rural.

En Yucatán la labor en conjunto se instauró de manera rápida. El dep, creado el 26 de octubre de 1915, integró dentro de su organigrama una sección de Inspección Médica Escolar, dándole un carácter médico pedagógico. Con tal fin, se nombró a inspectores para que crearan recomendaciones para los estudiantes. Entre los doctores seleccionados estuvieron personajes, como Eduardo Urzaiz, Conrado Menéndez e Hircano Ayuso, que trabajaron de cerca con las instituciones estatales (^{Méndez 2012, 52}). Se debe remarcar que esos actores sociales entendieron a la higiene escolar como el conjunto de estrategias pedagógicas, y de vigilancia, encaminadas a implantar comportamientos entre los estudiantes para evitar la propagación de enfermedades y fortalecer su salud. Por ese motivo, fue común que el DEP y la JSS pusieran en práctica programas de vigilancia de las medidas sanitarias en los espacios escolares junto a la impartición de asignaturas dedicadas a la higiene individual.

Entre los años 1915 y 1918, se establecieron las normas de inspección médica en las escuelas. Con el objetivo de homogeneizar esa práctica se definieron sus propósitos; entre ellos, observar que “los edificios y el mobiliario de las escuelas, satisfagan las condiciones que la higiene y la pedagogía moderna exigen”, asegurar “la profilaxis de las enfermedades contagiosas” y “tender a la conservación de la salud de los educandos” al cuidar que “los ejercicios físicos y el trabajo mental se adapten a la constitución de cada niño” (^{Alvarado 1915, 5193}). Debido a que, en 1916, el estado contaba con 303 escuelas dentro y en los alrededores de Mérida, y casi quinientas escuelas en poblaciones rurales, se conformaron grupos de investigación para coordinar las actividades: cuatro médicos visitaban entre ocho y nueve escuelas de la capital de manera quincenal y una red de agentes, conformada por doctores, maestros e inspectores educativos, se encargó de informar, de manera semestral, a los organismos gubernamentales, sobre las condiciones de los planteles rurales (1915, 5194).

Por los informes consultados se puede inferir que, en ese primer momento, la labor de los inspectores era identificar cualquier indicio de alguna enfermedad que pusiera en peligro a los estudiantes, pues uno de los requisitos para el ingreso a la escuela era demostrar buena salud. Ese fue el caso del alumno José Fierro, nativo del estado de Campeche. El joven, para poder iniciar sus estudios en Yucatán, tuvo que solicitar a un médico local un certificado que confirmara que estaba libre de cualquier padecimiento.¹⁰ También existieron casos sistemáticos: en la Escuela de Agricultura de Mérida los reconocimientos médicos semanales se realizaban de manera individual los sábados a las diez de mañana. En ese plantel, tan sólo en el mes de enero de 1916, se suspendió, por periodos de dos semanas a un mes, a dos alumnos enfermos de bronquitis aguda, seis de catarro nasal, dos de adenitis, cinco de faringitis aguada, tres de paludismo y cuatro de blenorragia (^{Méndez 2012, 110}).

Los aspectos materiales también preocuparon a los agentes. En el año 1918, una serie de reportes alertaron al dep sobre las condiciones de algunas escuelas. El doctor Nicolás Castellanos expuso los problemas de los inodoros de la escuela número 30 de Mérida que, por falta de “enladrillado”, podían representar una amenaza para los habitantes.¹¹ Por su parte, los inspectores escolares de los pueblos de Dzityá y Chuburná solicitaron a las autoridades la finalización de la construcción del aula, la reparación de los molinos de viento y el cambio de las tuberías de dos planteles. Los ajustes requeridos eran importantes puesto que se corría el riesgo de dañar instrumentos como las letrinas o los inodoros. En ambos casos, los materiales de construcción fueron ofrecidos por las autoridades estatales y se pusieron a disposición de las escuelas en junio de ese mismo año.¹² La preocupación por los aspectos materiales se justificó con la idea de que los edificios escolares tenían que fomentar la importancia del aseo personal y del entorno inmediato de los infantes. En otras palabras, la escuela tenía que ser un ejemplo de higiene por sí misma. Así, con la limpieza del aula, el agua corriente, y con la expulsión de los desechos, por medio de los inodoros, se esperaba que los alumnos aprendieran a librarse del aire contaminado, la basura y la suciedad acumulada.

El afianzamiento del PSS en el gobierno de Yucatán, durante la década de 1920, puso en marcha nuevas prácticas de difusión de la higiene. La más importante fue una campaña educativa cuyo propósito radicó en promover, entre los yucatecos, una serie de conductas que, se pensaba, escasamente se presentaban en la población, fuera por desconocerlas, o bien, por sus condiciones materiales de existencia. Como parte de ese proyecto se diseñaron asignaturas en las que se dieron a conocer consejos sobre la limpieza individual y la importancia de erradicar hábitos incompatibles con la salud. Pero, sobre todo, se intentó inculcar el valor de un buen estado físico y mental como la base del progreso y de la consolidación del Estado posrevolucionario.

En los programas de estudio de la escuela primaria elemental se incluyó la asignatura titulada Fisiología e Higiene. La materia se desarrolló durante las direcciones, dentro del dep, del Dr. Hircano Ayuso y el profesor Artemio Alpizar Ruz, y su finalidad fue establecer, entre los niños y niñas, el mayor grado de eficiencia física. Los estudiantes aprendían a lavarse las manos “después de ir al excusado y siempre que las tengan sucias por cualquier motivo”, y para prepararse físicamente realizaban “ejercicios de respiración” y “movimientos rítmicos acompañados de cantos o música” (^{Torres 1917, 35}). Igualmente, en 1927 durante el curso de puericultura para las alumnas, las profesoras debían repasar, de manera periódica, las técnicas para reforzar el cuidado individual, como los métodos para lavar la ropa y asear las piezas del hogar, así como los movimientos de la mano para la limpieza de los dientes y la boca de los infantes (^{Alpizar 1927, 39-40}).

Las responsabilidades de los maestros requerían que tuvieran los conocimientos básicos sobre biología del cuerpo humano y de sus enfermedades. Los encargados de la sección de Inspección Médica Escolar diseñaron una serie de publicaciones en las que los instruían en anatomía, medicina y conocimientos generales de primeros auxilios. No se trataba de convertir al maestro en médico, pero sí se les depositó la confianza y la expectativa de que en sus manos estaba la posibilidad de diagnosticar las enfermedades más frecuentes en las comunidades o barrios que carecían de médicos. Lo anterior significaba una estrecha comunicación entre los maestros y las autoridades sanitarias (^{Gudiño 2008, 79}).

Las instituciones estatales utilizaron un órgano de difusión, con el nombre de La Higiene, y manuales médicos para compartir sus ideas a los maestros y los alumnos. La intención era que su mensaje llegara a todos los sectores populares para despertar en ellos el sentimiento de que el PSS forjaba un mismo destino y ofrecía los mismos servicios para toda la sociedad. Las páginas de las publicaciones se concentraron en difundir las actividades de la JSS y en ofrecer los procedimientos adecuados para plasmar los principios higiénicos en la vida diaria, lo cual transformó a las publicaciones en intermediarios entre los agentes y la población. Al igual que otros medios de propaganda en el país, uno los sus rasgos principales fue que los editores utilizaron tanto la información gráfica como la escrita, y fue a partir de ese recurso visual que se difundieron diversos temas sobre el cuidado y aseo personal. De ese modo, los dibujos formaron un grupo de mensajes que reforzaron el valor de la imagen como un elemento para incidir en una población eminentemente analfabeta (2008, 78-79).

El doctor Hircano Ayuso, ex director del DEP y consejero de la JSS, publicó manuales de educación sanitaria entre 1916 y 1921, entre los que encuentran registrados están La herencia desde el punto de vista anatómico, fisiológico y patológico, con sus consecuencias aplicadas a la pedagogía; Higiene dental en las escuelas; Técnica para el examen de la vista y del oído en las escuelas primarias; y Fisiología pedagógica: metodología para el curso de educación física. En su folleto, Higiene dental en las escuelas, se expusieron lecciones dirigidas a las maestras sobre el aseo bucal, recomendaciones para inculcar en los estudiantes la importancia del lavado diario de los dientes e información sobre cómo identificar la caries dentales o la inflamación de las encías. Lo que destaca fue que incluyó ilustraciones para que los niños se familiarizaran con técnicas con las que cepillarían sus dientes en la escuela (Imagen 1 ). Los detalles sobre la disciplina y los movimientos eran tan precisos que parecen indicar que una buena salud dependía de la costumbre, la repetición y el esmero con que se cuidaba (^{Ayuso 1918, 37-38})

Fuente: ^{Ayuso 1918, 38}.

Imagen 1 

Otras imágenes plasmaron la presencia de individuos sanos que ya habían asimilado los hábitos expuestos por los médicos y las maestras. Es el caso de la campaña contra la tuberculosis publicada en La Higiene. Con una serie de consejos que explicaron cómo “se cura la tuberculosis” se incluyeron dibujos que señalaban los métodos más recomendables, como: “visitando al doctor”, “lavarse las manos antes y después de la comida”, “reposo” y “dormir “aislado” (“Breves lecciones higiénicas” 1918, 219). Es importante anotar que las recomendaciones visuales fueron dirigidas al público en general, aunque se puso especial cuidado en los mensajes dirigidos a la niñez (la mayoría de los dibujos eran de niños). En la lógica institucional de la JSS, si los pequeños eran instruidos para adquirir hábitos saludables, no sólo propagarían esos principios mediante el ejemplo entre sus familiares sino, por supuesto, entre sus hijos, garantizando una vida más sana para las futuras generaciones de yucatecos. Ese objetivo se reforzó con el envío mensual de cien ejemplares de La Higiene al jefe del DEP, y a la dirección de la Escuela Normal Superior del estado, para mantener a la planta docente y a los estudiantes actualizados sobre cualquier nueva recomendación o disertación sobre el cuidado de la salud individual o colectiva.¹³

Los mensajes producidos desde las instituciones estaban encaminados a modificar los comportamientos de los habitantes, sin reconocer que ellos mismos podían ser los agentes de la transformación de sus prácticas higiénicas si el Estado ampliaba los materiales sanitarios primarios (agua potable, pavimentación, edificios escolares). Las asignaturas en las escuelas, las imágenes en la prensa y los folletos fueron parte de una misma estrategia civilizatoria en la que los principios para vivir sano debían fluir desde las “autoridades progresistas” hacia un pueblo que era concebido, injustamente, como ignorante o apático (^{Aréchiga 2007, 72}).

Proceso de higienización de la sociedad

Más allá de la estrategia educativa, uno de los aspectos más importantes fueron los experimentos de la JSS para regular las condiciones de vida de los yucatecos. El intento de instaurar preceptos higiénicos en la vida cotidiana significó que cada individuo sacrificara un poco de su libertad personal en beneficio del bien colectivo. Con ese ideal, las autoridades pretendieron analizar y prohibir los espacios y prácticas que consideraran una amenaza a los dictados de la sanidad. Ese hecho posibilitó que las instituciones ampliaran su área de incumbencia hacia cuestiones diversas como las actividades de los pequeños comercios y la expulsión de los desechos.

Como la JSS había establecido en sus medios de información, el fomento de la higiene en Yucatán requería expandir el conjunto de dispositivos que favorecieran la protección de la población. Ese deseo permitió que se aplicaran una serie de estrategias para evitar la contaminación de alimentos. Una de las acciones más importantes durante el periodo de estudio fue la expedición obligatoria de certificados de salud a todos los vendedores de productos (panaderos, molineros y pequeños comerciantes). En palabras del doctor Gil Rojas, esa acción se justificaba por la necesidad “de dar al público mayor garantía en lo referente a la salud de los expendedores de alimentos y bebidas y demás personas que por razón de su arte u oficio necesitan comprobar su estado de salud” (^{Rojas 1917a, 2766}). El proyecto se regularizó de inmediato, los expendedores de alimentos tenían que presentarse a las oficinas de la JSS con dos fotografías que servirían para su identificación, y someterse a una revisión clínica por parte de algún médico. Los certificados expedidos fuera de la ciudad de Mérida también se formalizaron. Las poblaciones más grandes, como Progreso, contaron con oficinas eventuales, de alrededor de un mes de existencia, que tramitaron los documentos. En las demás poblaciones del estado, los delegados sanitarios fueron los encargados de examinar y certificar la salud de los vendedores de alimentos (^{Rojas 1917b, 3654}).

La red de inspectores de la JSS produjo una cantidad considerable de información. En mayo de 1918, José Montes de Oca y José Salazar, delegados de Tekax y Motul, informaron que expidieron 49 certificados a comerciantes de pan, maíz y cerveza. Como parte de sus labores también visitaron comercios de helados, refresquerías, fondas y una pequeña fábrica de hielos para investigar el aspecto de los productos y de los establecimientos. Si se encontraba alguna anomalía los dueños eran multados y los locales corrían el riesgo de ser clausurados permanentemente. En el caso de la fábrica de hielo de Motul, se obligó al propietario a informar a sus clientes que el agua utilizada no reunía las condiciones para ser consumida, por lo que sólo se debía utilizar para enfriar los alimentos (^{Montes de Oca 1918, 55}; ^{Salazar 1918, 55-56}).

En Mérida la vigilancia fue intensa. Para cumplir con los anhelos expresados líneas arriba el personal de la JSS estuvo organizado en cinco secciones. Como se puede observar en la Tabla 2, cada una de ellas se compuso por un médico en jefe y dos agentes o inspectores sanitarios. Las secciones tuvieron dos características. Primera, cada una estuvo a cargo de una comisión que analizó giros comerciales particulares. Por ejemplo, la tercera sección tenía que recorrer los puestos públicos de alimentos y bebidas. Segunda, todas contaron con un médico titulado al mando de las labores cotidianas, que tenía que comunicar de manera mensual los resultados obtenidos a las autoridades por medio de resúmenes de trabajo. Así, en junio de 1918 se visitaron más de 130 puestos de venta de leche, molinos de maíz, panaderías y verdulerías (^{Manjárrez 1918, 92-93}; ^{Castellanos 1918a, 93}).

Los miembros de las secciones fueron un personal privilegiado dentro de la JSS entre 1917 y 1920. El sueldo mensual asegurado para el médico era de 250 pesos y el de los inspectores fue de 120 pesos. Asimismo, tenían la capacidad de utilizar el sistema de tranvías de manera gratuita para desplazarse a todas las colonias de la ciudad. Ese hecho explica la capacidad que tuvieron para generar informes diarios y permanecer en sus puestos de trabajo por un tiempo prolongado.¹⁴ La manera en la que ejecutaban su trabajo fue jerárquica: los médicos en jefe comisionaban a los agentes para que visitaran expendios que hubieran sido identificados y reportados por la JSS o por la policía municipal.

Las autoridades trataron de encontrar a todos los comerciantes que no contaran con certificados. Cuando se identificó alguna irregularidad la sanción se aplicó de manera inmediata. Un caso ejemplificó la dureza de las autoridades; sucedió en septiembre de 1922 cuando los inspectores detectaron la existencia de nueve panaderos que ejercían su oficio sin certificados. Con ese descubrimiento, la JSS procedió a multar a los hombres involucrados con cinco pesos. Sin embargo, los panaderos no se presentaron a realizar los trámites obligatorios, por lo que el organismo sanitario, con el apoyo de la policía municipal, “les impuso un arresto de veinticuatro horas”.¹⁵ Con la misma lógica, los agentes publicaron fotografías en las páginas de La Higiene sobre la quema de alimentos contaminados. En palabras del órgano de difusión, se realizaban auténticos “actos de fe” con los productos decomisados “a diversas casas comerciales y expendedores por estar visiblemente alterados”. Los artículos expusieron que, entre los productos destruidos, estaban frijoles, garbanzos, harina, galletas, leche condensada, queso y conservas alimentarias (^{La redacción 1918b, 108}).

Se puede deducir que la JSS tuvo la convicción de que sus actividades promovían la idea de que, para cuidar el bienestar de los yucatecos, era necesario implementar una regulación sobre la venta de alimentos. Un requisito del proyecto de fortalecimiento de la salud colectiva fue emprender una campaña prolongada de análisis sobre los productos de consumo de cualquier aparador. Se pensó que una “alimentación poco higiénica” podía ocasionar que población creciera sin la fuerza necesaria para impulsar la reconstrucción socioeconómica que el programa revolucionario anhelaba (^{Viesca 2008, 197-200}). Ese hecho debía vigilarse con esmero, incluso utilizando medidas punitivas que pudieron afectar a un gran número de miembros de la sociedad, como las multas. Esos métodos estuvieron encaminados a implantar hábitos higiénicos entre los comerciantes para evitar la contaminación de los productos. El plan llevado a cabo por los agentes se transformó en el conjunto de dispositivos que podían favorecer el mantenimiento de la higiene. Por ejemplo, tan sólo en mayo de 1918, el personal de la segunda sección de la JSS visitó 56 molinos de granos en la ciudad. Durante su recorrido se multó a veintidós molineros porque su espacio de trabajo se encontraba en “malas condiciones de higiene” y se clausuraron tres establecimientos debido a que los propietarios no contaban con los recursos económicos para realizar las reformas que los agentes ordenaron durante su examen (^{Castellanos 1918b, 51}). De manera similar, el doctor Avelino Ruiz, jefe de la cuarta sección, comunicó a las autoridades sanitarias que, durante el mes de junio de 1918, inspeccionó diecinueve expendios de leche, de los cuales tres habían sido multados porque ofrecían sus servicios utilizando las calles de la ciudad o sus utensilios no cumplían con la limpieza y la desinfección necesarias (^{Ruiz 1918, 94}).

La popularidad de las medidas adoptadas fue visible. Entre los años de 1918 y 1920, los habitantes y las autoridades de las comunidades fueron las que expresaron una adopción de los preceptos higiénicos y exigieron para sí las ventajas de su aplicación. Eso manifestó la población y el Ayuntamiento de Acanceh en una carta dirigida a la JSS en la que solicitaron la creación de una oficina sanitaria. El texto aludió a la experiencia que las delegaciones estaban recolectando en localidades como Progreso, Motul y Tekax para que el gobierno estatal atendiera su solicitud, ya que en todas ellas “se ha comenzado a sentir la acción benéfica y humanitaria de la sanidad que es la encargada de velar por la salud del pueblo”.¹⁶ La carta de la población muestra que la iniciativa popular condujo a cierto grado de negociación en los espacios en los que se promovían los proyectos del Estado. Ese hecho equilibró, al menos durante los primeros años de la Revolución, la ambición centralizadora de las autoridades y los intereses de los habitantes de Yucatán. Como el historiador Ernesto Aréchiga ya ha comentado para el caso de la Ciudad de México, ese tipo de documentos muestran que la población tenía un conocimiento práctico de las ventajas de la sanidad pública y una asociación directa entre la higiene y el bienestar. Los estratos populares de la sociedad yucateca en diversos momentos pudieron tener un papel activo en la conformación de un proyecto sanitario con servicios de vigilancia constantes (^{Aréchiga 2013, 47}).

El último aspecto relevante promovido por las autoridades fue el intento de expandir hábitos higiénicos y medidas de prevención de enfermedades epidémicas entre las poblaciones de Yucatán. Los delegados sanitarios se encargaron de visitar periódicamente los municipios y consolidar ese proyecto. La JSS presumió que, con la ayuda del PSS y las Ligas de Resistencia, enviaría médicos y agentes sanitarios para entrar en contacto con la población que, por haber sufrido la explotación del antiguo sistema jerárquico, continuaba sin conocer “la verdad meridiana de los últimos adelantos de la higiene” (^{La redacción 1918c, 67}; ^{Rojas 1919, 283-289}).¹⁷ Ese apoyo pronto se tradujo en pasajes de transporte subsidiados y la conformación de comisiones extraordinarias.

Como en otras partes del país, esas comisiones quisieron exponer, de manera rápida, un grupo de consejos para evitar conductas que afectaban la salubridad pública y que podían arruinar el programa de renovación higiénica. Sin embargo, se puede vislumbrar otro reto de las brigadas de la JSS: anteponer las recomendaciones de las autoridades sanitarias a las prácticas arraigadas en las comunidades, sobre todo las que remitían a las formas de preservar la salud. Con ese discurso policial y, ciertamente, racista, el Estado dictó que era necesario desarraigar las estrategias terapéuticas de las poblaciones, recalcando que éstas eran dañinas e ineficaces. Por otro lado, se debía defender las ventajas de la higiene para prevenir diversos padecimientos (^{Gudiño 2008, 76}; ^{Joseph 2010, 248}).

El ejemplo de lo antes mencionado fue la persecución de los actores sociales encargados de las prácticas terapéuticas en las poblaciones. Entre enero y febrero de 1917, el comandante militar de Ticul fue comisionado para investigar a la esposa del presidente municipal de Tekit. La señora Delfina fue acusada de ejercer “la medicina sin derecho ni facultad para el caso. Y como estos males deben cortarse de raíz y evitarlos a tiempo” se ordenó catear su casa.¹⁸ El informe señaló que se realizaron entrevistas y revisiones exhaustivas sin lograr encontrar evidencia de la transgresión, por lo que, al final de la pesquisa, sólo se le recordó al presidente municipal y a su conyugue que estaba estrictamente prohibido despachar medicinas sin el permiso correspondiente.¹⁹ En el mismo año, los vecinos de Oxkutzcab escribieron una carta, dirigida al gobernador del estado, para solicitar que al señor José Vázquez se le permitiera seguir auxiliando a los habitantes sin título médico. En el escrito se mencionó que los agentes de la JSS habían prohibido a Vázquez ofrecer sus servicios sabiendo que “hace el espacio de más de veinte años que nos cura” y que, además, no contaban con ningún médico titulado en las cercanías. La respuesta de las autoridades sanitarias y del gobernador fue contundente: las labores de José Vázquez debían detenerse apenas se comisionara un facultativo para la población.²⁰

Comisionar médicos en el estado no fue una labor sencilla. Las delegaciones sanitarias de Progreso, Hunucmá, Motul, Temax, Tekax, Peto, Sotuta, Valladolid, Espita, Tizimín, Maxcanú y Ticul no siempre pudieron expandir su influencia a otras poblaciones, y la crisis económica de la década de 1920, originada por la disminución del precio de la fibra del henequén, ocasionó que muchas interrumpieran sus actividades. Sin embargo, se crearon estrategias para resolver esos problemas. De esa manera, cuando fue imposible contratar los servicios de un médico, los gobiernos del PSS se encargaron de enviar brigadas sanitarias conformadas por estudiantes de la Escuela de Medicina y Cirugía. Así, en enero de 1922, durante la campaña contra el paludismo y la tos ferina, la JSS propuso que el estudiante Eduardo Puerto fuera enviado al pueblo de Huhí “con la asignación de 120 pesos mensuales a cargo de la Tesorería General del Estado”. En ese mismo año, el joven José Dzul fue enviado a la villa de Peto para vigilar la campaña contra el sarampión, ya que en esa localidad “hay tres curanderos que sólo se ocupan en explotar al pueblo y no son competentes”.²¹

El reclutamiento tampoco fue una actividad fácil. En diversas ocasiones los estudiantes se negaron a cumplir las comisiones de los organismos gubernamentales. Ellos alegaban que era imposible ausentarse de sus clases o que muchas veces el Estado no les entregaba los honorarios prometidos. Por ejemplo, en febrero de 1919 el gobernador de Yucatán se comunicó con la dirección de la escuela de Medicina y Cirugía para informarle que tres de sus alumnos se habían resistido a unirse a las brigadas de los pueblos Tinum, Uayma y Calotmul. Con ese antecedente se solicitó a las autoridades de la escuela “se sirvan averiguar si efectivamente aquellos estudiantes se niegan a desempeñar la comisión que se les ha encomendado y en caso afirmativo, suspenderlos en sus estudios o expulsarlos”.²² La solicitud pronto se reflejó en la vida cotidiana de los jóvenes. Durante el curso de 1919-1920, el programa de la escuela mencionó que, para aprobar la asignatura de sexto año titulada “Higiene”, era obligatorio que los alumnos, acompañados de sus maestros, visitaran “habitaciones, escuelas, fábricas, edificios públicos y servicios sanitarios” ^{(“Escuela de Medicina y Farmacia” 1919, 15}). Ese mandato produjo que jóvenes doctores prestaran servicios elementales en las comunidades durante un periodo prolongado. Ese fue el caso del municipio de Dzitás y sus alrededores; entre los años de 1923 y 1929 recibió, dos veces por semana, a médicos y estudiantes de la ciudad de Mérida que se encargaron de ofrecer consultas médicas, primeros auxilios y conferencias sobre el cuidado sanitario de los espacios públicos de la población (^{Cheever 1933, 115}).

Las autoridades pensaron que promover el vínculo entre los habitantes y los brigadistas era un pilar para el fortalecimiento de los “prácticas saludables” de la sociedad. La JSS sostuvo que la renovación higiénica de los yucatecos, mediante el trabajo de las brigadas, empezaría a resolver los estragos sociales que la injusticia había generado los treinta años anteriores a la llegada de la Revolución a la región. Durante la campaña nacional contra la fiebre amarilla, de 1921-1922, el gobernador del estado recomendó a diversos equipos de médicos yucatecos que, para combatir la proliferación de los criaderos del mosco Stegomyia aegypti, era necesario desarrollar “una gran suavidad y una gran cortesía en el trato con las familias para no hacer odiosa la labor sanitaria”.²³ Se esperaba que, al establecer una relación cordial con la sociedad, las campañas alcanzarían sus objetivos con pocos problemas. Cuando la comisión especial para combatir al mosco presentó el resumen de su trabajo, destacó las facilidades que los yucatecos brindaban, ya que, durante los primeros quince días de abril de 1921, habían inspeccionado 12 270 casas en Mérida y Progreso; además, lograron localizar 1 579 criaderos de mosquitos en los pozos de la capital.²⁴

La presencia de las brigadas en diversas áreas del territorio debía resaltar que era fundamental para la población asistir a los servicios ofrecidos por las autoridades para adquirir preceptos sanitarios necesarios para conservar su salud. La JSS y los gobiernos del PSS intentaron oficializar actividades que impactaran en las prácticas de los habitantes del estado. De esa manera, del 23 al 29 de septiembre de 1923 quedó instaurada la Semana de Salubridad en Yucatán. Como la prensa estatal mencionó, la intención del evento era promover la participación colectiva para presentar los avances culturales y sanitarios que permitían formar personas “sanas y fuertes por la higiene, el pensamiento y la acción” (La semana de la salubridad 1923, 4). Es importante señalar que aquel evento estaba inserto dentro de las festividades del aniversario de la proclamación de independencia de México, por lo que se realizó en varios estados del país. Debido a la magnitud de la celebración, el programa de actividades fue encargado al doctor Lorenzo Núñez, vocal de la JSS, y al profesor Saturnino Gómez. La planeación del festival fue rápida, el día 4 de septiembre las actividades se notificaron por medio de quinientos folletos que fueron enviados a diversos municipios, como Progreso, Kanasín, Valladolid y Temax. Además, el programa de conferencias, exposiciones y labores se publicó en los periódicos Tierra y La Revista de Mérida para que la mayor parte de la sociedad pudiera identificarlos y motivarse a participar.²⁵

Durante la Semana de Salubridad todos los ayuntamientos tuvieron la obligación de apegarse al programa. Cada jornada estuvo dedicada a una actividad y existieron los siguientes títulos: día del encomio de la higiene, día del reconocimiento médico, día de las obligaciones cívicas relativas a la salubridad, día de la limpieza y día del niño. Los asistentes al evento tuvieron la tarea de elaborar “carteles que se fijarán en las esquinas” y que hablarán “de la necesidad de observar los preceptos higiénicos”. Durante toda la semana las familias, sobre todo los niños, tenían que cerciorarse de que su hogar no se encontrara sucio y asistir a las conferencias sobre “los prejuicios de la mosca”, “la defensa del árbol”, “el uso de escupideras” y “la denuncia de lugares peligrosos” (^{“La Semana de Salubridad” 1923, 14}). Esas estrategias pretendieron demostrar que, por un lado, la responsabilidad del gobierno en materia de salubridad era atendida de manera constante y, por el otro, que la participación de los habitantes de la región en eventos masivos era considerable, ya que sólo ellos podrían afianzar la aplicación de más programas de conservación de la salud colectiva.

Otras actividades que involucraron a un número importante de asistentes fueron los servicios brindados por las brigadas. Esos eventos tuvieron la intensión de que los habitantes de Yucatán entraran en contacto directo con los organismos estatales. En diciembre de 1928, el diputado del distrito de Izamal organizó una serie de conferencias sobre “profilaxis social” en el teatro de la población. Entre los conferencistas invitados figuraron los nombres de los doctores Ángel de la Garza y José Esquivel, que expusieron a los espectadores ponencias tituladas “Higiene general” y el “Peligro de las enfermedades venéreas” (^{Jefes de redacción 1928, 75}). Asimismo, la Liga Central de Resistencia ofreció, de manera periódica, servicios de salud gratuitos. En 1931, el dentista Gonzalo Cárdenas fue seleccionado para atender, sin ningún tipo de retribución, “a los socialistas pobres que lo deseen” (^{Director 1931, 6}). Aquellas actividades eran intensamente promocionadas en la prensa local y a los afiliados a las ligas de resistencia se les motivaba a asistir para demostrar simbólicamente el éxito de los programas.

Por el discurso oficial se puede inferir que las brigadas fueron utilizadas por el PSS para justificar una cruzada que prometió “modernizar” a la población yucateca, difundiendo modelos occidentales de salud, curación y consumo. Bartolomé García Correa, durante su presidencia del partido, trazó como objetivo guiar a los yucatecos “a un mejor camino de vida”, proveyendo una mejor educación sanitaria. Los servicios médicos gratuitos vinieron acompañados de otros medios de promoción que incluyeron concursos de higiene infantil, belleza femenina y destreza masculina para premiar a los niños más limpios y a los padres y madres más “progresistas”. Para motivar la participación en aquellos actos públicos, los ganadores recibieron alguna remuneración económica y un reconocimiento en los periódicos del estado (^{Fallaw 1997, 558}). Durante la década de 1920, la JSS instauró el concurso del Niño Sano. En las convocatorias se indicó a los padres de familia que podían inscribir a sus hijos de entre ocho meses y seis años edad en las oficinas del organismo. Los jurados seleccionados fueron médicos del DEP y de la Universidad Nacional del Sureste, como Eduardo Urzaiz y Conrado Menéndez. Los reglamentos publicados en la prensa aseguraban que el gobierno del estado entregaría hasta 150 pesos al niño “que reúna las mejores condiciones de salud, de fortaleza, de vivacidad, de inteligencia, etcétera” (^{Castillo 1923, 19}). En ese caso la motivación económica fue una estrategia utilizada para involucrar a los padres y las madres de familia en una campaña destinada a la promoción de la salud nutrimental, mental y física de los niños de Yucatán.

El eje común de los servicios gubernamentales de sanidad fue que manifestaron el ideal de que correspondía al Estado coordinar y expandir, “desde arriba”, las medidas necesarias para que las condiciones higiénicas de la población mejoraran paulatinamente. Los órganos sanitarios sostuvieron que exigir a los habitantes vincularse con sus agentes era un pilar fundamental para el reordenamiento de la sociedad. Esos mismos actores sociales pensaron que la renovación de los yucatecos, mediante el proyecto de fomento de la higiene, empezaría resolver los estragos sociales que la injusticia y la desigualdad habían generado los treinta años anteriores a la llegada de la Revolución.

Consideraciones finales

El deseo gubernamental de instaurar programas que respondieran a la lógica de la renovación higiénica desarrolló una estructura institucional y un “escuadrón” de agentes, que tuvieron la obligación de diseñar los proyectos de promoción de la higiene pública entre 1915 y 1930. Los personajes encargados de su difusión fueron médicos, estudiantes de medicina y maestros de la sección de Inspección Médica Escolar del DEP y las delegaciones sanitarias de la JSS. Dichas estrategias abarcaron desde el ámbito educativo hasta la vigilancia de los espacios públicos. De la misma manera, aprovecharon toda clase de oportunidades para propagar sus manuales higiénicos. Los medios de comunicación utilizados fueron los periódicos y libros, conferencias y eventos masivos organizados por brigadas sanitarias. En todo ese proceso estuvo plasmada la intención de llegar a la mayor cantidad de gente posible, al “pueblo yucateco”, imaginado, desde el discurso higienista, paternalista y clasista, como ignorante de los cuidados de su salud y del espacio social que lo rodeaba.

No se puede negar que, durante las labores sanitarias, se configuró el ideal de construir una nueva sociedad yucateca libre de enfermedades, acumulación de basura y contaminación de alimentos. El esfuerzo del Estado fue claro y el intento de crear delegaciones por todas las áreas territoriales de Yucatán fue un trabajo grande y continuo. Sin embargo, las quejas sobre los malos hábitos de los habitantes, el envío de emergencia de agentes sanitarios a las delegaciones abandonadas y la negativa de los estudiantes de medicina para participar en brigadas temporales en alguna población se repitió tanto que parecen demostrar que pocas campañas consiguieron el objetivo de motivar a los habitantes a participar activamente.

Como el historiador Ernesto Aréchiga ha manifestado, los programas de sanidad pública muy pocas veces encontraron una correspondencia entre discurso y práctica. En el Yucatán posrevolucionario, las actividades de promoción en materia de higiene no tuvieron un refuerzo con la realización de obras públicas indispensables para llevar a la práctica las enseñanzas ni tampoco en los presupuestos que el Estado dedicaba para las mencionadas infraestructuras (^{Aréchiga 2007, 87}). Eso quedó demostrado con el hecho de que muchas escuelas, poblaciones y barrios populares no contaron con agua potable o baños hasta la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, en el año de 1946, la compañía Refrigeradora Yucateca S. A., empresa a la que se le otorgó la concesión para la distribución de agua potable en Mérida, señaló que su red de distribución pasaba sólo por 3 500 casas de las casi 18 000 existentes (^{Escamilla 2018, 298-299}).

A pesar de todo ese panorama, se debe resaltar que la instauración de brigadas y el envío de médicos a municipios permitieron a un gran porcentaje de la población entrar en contacto y familiarizarse con agentes de la JSS. Como se plasmó en el texto, varias poblaciones exigieron al gobierno del estado la conformación de delegaciones sanitarias similares a las que podían encontrar en otras localidades vecinas. Lejos de manifestar desdén por esos proyectos, los ejemplos mencionados demostraron que los habitantes utilizaron los argumentos de los programas sanitarios para intentar favorecer sus intereses y la protección de su salud. Por ese hecho, se espera que este texto motive la realización de investigaciones históricas que ayuden a dilucidar, de manera mucho más detallada, cómo la diversa sociedad yucateca reaccionó a la propaganda higienista. Esa perspectiva permitirá ampliar el abanico de los actores involucrados en el desarrollo de los programas de salubridad pública. Además, ayudará a entender, con un análisis de largo alcance, los éxitos y los fracasos de proyectos posteriores, puestos en marcha en las décadas de 1930 y 1940, como los Servicios de Higiene Rural y Medicina Social, impulsados por el gobierno federal, y los Servicios Médicos y Sanitarios Ejidales, auspiciados por la cooperativa Henequeneros de Yucatán.