Introducción

Las conductas delictivas han estado presentes y evolucionado en la historia de la humanidad; y en las sociedades del siglo XXI con la acelerada revolución tecnológica han surgido y crecido exponencialmente los ciberdelitos o delitos informáticos (^{Acurio del Pino, 2016}). Su conceptualización, características y legislación aplicable, han sido temas del debate jurídico en los últimos años, y en México es un tema pendiente, por lo que se considera importante analizarlos y determinar si su reconocimiento explícito en los ordenamientos penales contribuye a la denuncia, investigación, persecución, prevención y disminución.

Los primeros delitos informáticos comenzaron en los años sesenta con la recopilación de información personal sin consentimiento (^{Morales, 1984}, p. 229); pero el uso de computadoras en el sector comercial supuso que los más comunes fuesen el fraude informático, la manipulación de datos o el espionaje empresarial (^{Hernández, 2009}, p. 229). En los ochenta y noventa, la generalización de computadoras en la población originó infracciones masivas contra la propiedad intelectual como la piratería del software, en productos audiovisuales, la música y el cine. Con internet en el siglo XXI, se crearon nuevas formas y métodos de violar la intimidad personal, suplantar la identidad, cometer fraude o robo, acceder y difundir contenidos o productos y servicios ilícitos (^{Hernández, 2009}, p. 230).

Estos delitos han incrementado por el confinamiento que trajo la pandemia originada por la covid-19, que obligó a que todas las actividades transitaran a la digitalización; y en México de acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reportó un aumento del 4.1% en delitos relacionados con derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, contra vías de comunicación y correspondencia, falsedad y falsificación de información (^{Gobierno de México, 2021}, pp. 70-72). Con lo anterior en consideración, se evaluará el marco jurídico internacional y nacional aplicable a los delitos informáticos, se analizarán los ordenamientos penales de las entidades mexicanas para determinar si reconocen los delitos informáticos, y si esta acreditación contribuye a la denuncia e investigación.

Metodología

Se investigaron los delitos informáticos previstos en los ordenamientos de las entidades mexicanas (ver anexo) y los indicadores de incidencia delictiva correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. Se utilizaron los Instrumentos para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 (^{Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022}), que proporcionan las cifras de enero a diciembre de la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las procuradurías generales de justicia y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.

Muchas de las conductas revisadas no han sido legisladas como tipos penales en algunas entidades del país, lo que para una entidad es delito, para otro no lo es, además, las sanciones son diversas, algunas son muy leves en comparación con el daño que causan al bien jurídico tutelado (ver anexo), pero tampoco se identifica el bien jurídico u objeto material en un tipo penal específico, es decir, no se identifica y considera el medio por el que se comete un robo o acoso informático (computadora, teléfono u otro objeto material informático), pues pueden seguir existiendo medios o nuevos medios u objetos materiales para cometer conductas ya contenidas en nuestra legislación penal.

Análisis y discusión de resultados

Al revisar el delito de revelación de secretos, este presenta sanciones en las entidades que van de los seis meses hasta los cinco años de prisión, y multas que oscilan entre cinco cuotas hasta 500 UMA. Baja California Sur, Guerrero y Querétaro, obligan además a realizar trabajo en favor de la comunidad; Campeche, Guanajuato, Jalisco y Sonora ordenan la suspensión de la profesión, cargo o empleo; Aguascalientes exige la reparación del daño y Coahuila maneja la libertad supervisada. En contraste, el Estado de México y San Luis Potosí no integran este delito en su legislación.

En tanto a la violación de correspondencia y de comunicaciones privadas, localizamos sanciones desde tres días hasta cinco años de prisión, y multas desde cinco cuotas hasta 1 500 días. Se observa que además algunas entidades obligan a la reparación del daño (Aguascalientes), otras sancionan con trabajo en favor de la comunidad (Sonora, Tabasco y Yucatán) y con libertad supervisada (Coahuila).

Por su parte, el acceso informático indebido o acceso ilícito a sistemas informáticos no está contemplado en Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. En el resto de las entidades se establecen sanciones desde los dos meses a los dos años de prisión y multas de 50 a 1 000 cuotas. Al respecto, Aguascalientes, nuevamente, considera la reparación de daños y perjuicios.

Se identificó que la suplantación de identidad no está regulada en Puebla, Querétaro, Veracruz y Yucatán, y en Guerrero únicamente se considera la suplantación del estado civil o de la filiación. En las demás entidades las sanciones van desde los seis meses de prisión hasta los doce años, multas desde 400 a 2 000 UMA y de 400 a 900 días de salario. Aguascalientes contempla como agravante cuando el delincuente se aprovecha de su cargo o empleo para suplantar la identidad de la persona, añadiendo a la pena prevista hasta una mitad más, mientras que en Morelos se indica la reparación del daño.

En cuanto a la violación a la intimidad personal, este delito no se encuentra como tal en las normativas de Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas; en las demás entidades se sanciona desde seis meses a ocho años de prisión, y tiene multas que van de 100 a 2 000 UMA. Aguascalientes señala la reparación del daño y Chihuahua de 90 a 180 días de trabajo en favor de la comunidad. En este punto cabe destacar el Código Penal de Baja California que, además de las sanciones previstas, ordena a la empresa de prestación de servicios digitales o informáticos (servidor de internet, red social, administrador o titular de la plataforma digital) el retiro inmediato de la publicación y el contenido íntimo no autorizado del medio de comunicación o cualquier otro donde se encuentre.

El delito de hostigamiento digital no se encuentra regulado en la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa y Veracruz; en las demás entidades las sanciones van desde los seis meses a los ocho años de prisión y multas de los 50 a los 500 días de salario o de 100 a 600 UMA. Aunado a ello, Aguascalientes consagra como agravante cuando el hostigamiento se da por familiares o servidores públicos, sumando una mitad más a la pena prevista; Baja California y Baja California Sur consideran como agravante cuando el ofendido es menor de catorce años, sancionando con dos a tres años de prisión y dos a cuatro años, respectivamente; Tabasco añade como castigo la destitución del cargo, empleo o servicio público.

El acoso digital no se encuentra regulado en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Mientras que Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas, establecen sanciones que van desde los cinco meses a los ocho años de prisión, multas de 100 a 600 días o de 36 a 1 000 UMA. Coahuila además agrega la inhabilitación del cargo, empleo o servicio público o profesional.

En los códigos penales de Chihuahua, Jalisco y Querétaro, los artículos que contemplaban el delito de pornografía fueron derogados, y este delito no se menciona en el de San Luis Potosí. En las demás entidades las penas van desde dos a 18 años de prisión, multas desde 300 a 5 000 días y de 1 500 a 12 000 UMA. Situación similar ocurre con el delito de extorsión, derogado en los códigos de Chihuahua y Puebla; en el resto de las entidades se contemplan sanciones que van desde los cuatro a los 15 años de prisión, multas desde los 50 a los 4 000 días de salario, o de los 100 a los 1 500 UMA; y nuevamente Aguascalientes agrega la reparación del daño.

El fraude se encuentra en los códigos de las 32 entidades federativas, con sanciones que van desde los seis meses a los doce años de prisión, multas desde quince a 1 200 días de salario o de 100 a 1 000 UMA. El robo también se encuentra en todas las entidades, con sanciones desde los seis meses a los catorce años de prisión, dependiendo del valor de lo robado, y multas de 100 a 1 500 días de salario o de 36 a 1 200 UMA; aunado a ello, Aguascalientes obliga al pago por reparación de daños y perjuicios.

Finalmente, la falsificación y uso indebido de documentos, sellos, marcas, llaves, boletos, contraseñas, troqueles o cuños oficiales o particulares, documentos públicos o privados, o tarjeta plástica, conlleva sanciones desde los tres meses a los diez años de prisión, multas que van de 25 a 500 días de salario y de 18 a 700 UMA. Chihuahua agrega trabajo en favor de la comunidad, Coahuila libertad supervisada, y Aguascalientes la reparación de daños y perjuicios.

Se encontró que, en las cifras totales anuales de los delitos registrados, solo se reportan los delitos de: hostigamiento, acoso, fraude, robo, extorsión y falsificación de claves, sellos y documentos. Es necesario apuntar que estos instrumentos agregan apartados en los que señalan: otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; otros delitos contra la libertad personal; otros delitos contra la libertad y la seguridad sexual; otros delitos contra el patrimonio; otros delitos contra la sociedad; y otros delitos contra otros bienes jurídicos afectados. A pesar de esto, en ningún apartado del instrumento se precisa a qué delitos se refieren, en qué consisten este tipo de delitos o qué elementos se están considerando para que se destaquen como “otros delitos”.

Además, no integran la revelación de secretos, violación de correspondencia, acceso informático indebido, suplantación de identidad, ciberacoso, hostigamiento, violación a la intimidad y pornografía, aun cuando estos se encuentran regulados en los Códigos Penales de las entidades. Aunado a ello, los delitos que sí están registrados en los instrumentos, no puntualizan cuántos se realizaron a través de medios digitales, lo que llevó a indagar en la web de las Fiscalías estatales para encontrar si se reportan o no los delitos informáticos en los informes presentados ante la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Información.

Derivado de la investigación se encontró que, en casi la totalidad de los sitios web de las Fiscalías, no se encuentran los informes de incidencia delictiva en delitos informáticos, únicamente se reportan en sus diferentes modalidades: el homicidio, el robo, la violación, las amenazas, la extorsión y el fraude, todos los anteriores divididos en delitos con y sin violencia. La excepción a lo anterior es el caso de Zacatecas, que sí informa los números de los delitos que se muestran en la tabla 2 (^{Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, 2019}, ²⁰²⁰, ²⁰²¹).

Se encontró en la web de la Fiscalía de Jalisco que la Policía Cibernética (2022), con la finalidad de detectar, por medio del patrullaje en la red, sitios, procesos y responsables de las conductas delictivas que se puedan cometer en contra y haciendo uso de medios informáticos y electrónicos, brinda orientación a la ciudadanía respecto para presentar una denuncia en caso de ser víctima de un delito cometido a través de las tecnologías de la información; pero a pesar de la búsqueda no se encontraron los pasos para presentar las denuncias, únicamente se identificaron recomendaciones de seguridad para compras por internet, para ofertas de empleo falsas que llegan por correo electrónico, para usuarios de citas o chats, para evitar ser víctima de fraude, phishing o ransomware.

Como consecuencia de la falta de datos respecto a los números de incidencia de delitos informáticos, se consideró necesario realizar solicitudes de información a las fiscalías estatales, a los secretariados ejecutivos de las secretarías de seguridad pública y a los órganos garantes de acceso a la información, con el objetivo de localizar estos indicadores y comprobar si estas dependencias los registran de forma especial en las carpetas de investigación o si estos delitos son a los que se refieren con “otros”.

Después de realizar solicitudes de información sobre los datos de incidencia delictiva correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021, la mayoría de los órganos garantes de acceso a la información se declararon incompetentes para facilitar la información, los secretariados de seguridad pública señalaron que no contaban con los datos y que correspondía a las fiscalías proporcionarla, quienes, por su parte, en su mayoría, no facilitaron los números de estos delitos registrados en carpetas de investigación ni aclararon a qué se refieren con “otros delitos”, con excepción de las Fiscalía de Quintana Roo (tabla 3) y de Guanajuato (tabla 4). Al analizar los datos de estas entidades, se observa que los delitos con mayor número de denuncias son: suplantación de identidad, afectación a la intimidad, acoso y hostigamiento.

Por su parte, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (2022), a través de la Coordinación de Transparencia Proactiva de Información Criminal, órgano de política criminal, unidad de estadística y transparencia, atendió nuestra solicitud de información e integró en el documento de respuesta el desglose de delitos, conformando un total de 670 127 filas que describen la fecha y hora de presentación de las denuncias, el tipo de impacto de delito, el delito denunciado, la modalidad, la fecha, la hora, las calles, la colonia y la delegación de los hechos. Debido a que la información no fue entregada como se solicitó, fue necesario filtrar los datos que se proporcionaron, resultando interesante la descripción que integran en los delitos (tabla 5).

Al comparar los datos, la Ciudad de México presenta un alto índice de denuncias por delitos cometidos a través de medios digitales y electrónicos, similar a lo que ocurre en Quintana Roo y Guanajuato. Dentro de los principales se encuentran: usurpación de identidad; producción, impresión, enajenación, distribución, alteración o falsificación de títulos al portador, documentos de crédito públicos o vales de canje; delitos contra la intimidad sexual; falsificación o alteración y uso indebido de documentos; ataques a las vías de comunicación, revelación de secretos; pornografía; y en menor medida, violación de correspondencia.

Tras la revisión de los datos, se concluye que las fiscalías son las responsables de promover la cultura de la denuncia e investigación de los actos delictivos, pero si no se hace una intensa difusión de la posibilidad de denunciar los delitos cometidos por los medios digitales, y si no se reportan como tales, tampoco será posible promover la cultura de la prevención, de la investigación y la aplicación de la justicia a los mismos.

Conclusiones

La ciberdelincuencia es un fenómeno internacional que integra actividades efectuadas a través de internet y de las tecnologías digitales como conductas antijurídicas relacionadas con el procesamiento, uso, tratamiento y transmisión ilícita de datos mediante la red, sistemas o programas informáticos, en las que el bien jurídico afectado es la información. Las conductas ilícitas que se valen de recursos tecnológicos o medios masivos de comunicación afectan los datos de un individuo (mensajes, imágenes, sonidos, etcétera), ya sea por su difusión, tratamiento, mal uso o modificación, atenta contra derechos, bienes e intereses jurídicos básicos, como la intimidad, la imagen, la dignidad, el honor, la libertad sexual, la propiedad intelectual, la privacidad de datos personales y sensibles.

Por esto se consideró necesario clasificar los delitos informáticos en función de la información, toda vez que, en México, aunque sí existen definiciones en el ámbito federal y algunas otras en las legislaciones locales de las entidades, estos delitos no se encuentran tipificados como tal en un ordenamiento específico. De igual forma, las sanciones que se contemplan en los ordenamientos son diversas o muy leves en comparación con la afectación del bien jurídico tutelado.

Derivado de la investigación de los indicadores de incidencia delictiva, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021, se observó que el nivel de ciberdelincuencia en México ha ido en aumento desde 2020, inclusive varias instituciones federales han sido vulneradas. Asimismo, se encontró que, en las cifras totales anuales de los delitos registrados, solo se reporta: hostigamiento, acoso, fraude, robo, extorsión y falsificación de claves, sellos y documentos, y no integran la revelación de secretos, violación de correspondencia, acceso informático indebido, suplantación de identidad, ciberacoso, hostigamiento, violación a la intimidad y pornografía, a pesar de que estos delitos si se encuentran regulados en los Códigos Penales de las entidades.

Aunado a esto, en los delitos que sí están registrados en los instrumentos, no se puntualiza cuántos se realizaron a través de medios digitales. Al ahondar al respecto en los sitios web de las Fiscalías estatales, se encontró que, con excepción de Zacatecas, en casi la totalidad no se reportan los delitos informáticos.

Ante la falta de datos respecto a los números de incidencia de delitos informáticos, se realizaron solicitudes de información a las fiscalías estatales, sin embargo, los datos obtenidos de estas solicitudes fueron escasos. Las excepciones fueron las fiscalías de Quintana Roo, Guanajuato y Ciudad de México, en los que se encontró que los delitos con mayor número de denuncias son: la suplantación de la identidad, la afectación a la intimidad y el acoso u hostigamiento.

Por estas razones se concluye que México debe implementar medidas políticas, tecnológicas y estratégicas que garanticen la ciberseguridad, de igual forma, resulta importante señalar que las Fiscalías son las responsables de promover la cultura de la denuncia e investigación de los actos delictivos, pero si no se hace una intensa difusión de la posibilidad de denunciar los delitos cometidos a través de medios digitales, y además no se reportan como tales, tampoco será posible entonces promover la cultura de la prevención, de la debida investigación y la aplicación de la justicia a los mismos.