Introducción

Este artículo se inscribe en la tradición analítica de la Semiótica Jurídica Crítica para abordar la deriva del sentido de veridicciones judiciales estratégicas que forman parte, desde su emergencia en tanto posicionamiento discursivo, de relaciones de fuerza.

El foco de nuestro análisis asume como la principal característica del medio semiótico judicial la asimetría tribunalicia entre actores profesionales y actores legos.² Sin embargo, la pone en tensión, a requerimiento de la especificidad de nuestro corpus: los performances enunciativos de las últimas palabras de siete acusados exmilitares en un juicio por crímenes de lesa humanidad.

El viernes 2 de julio de 2010, en el marco de las causas judiciales reabiertas en 2005 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) argentina, comenzó el rito judicial que tomamos para este análisis, realizado en la ciudad argentina de Córdoba por las causas denominadas up1 (Unión Penitenciaria 1) o Alsina³ y Gontero.⁴

La descripción de la especificidad que impregna el material de nuestro corpus requiere una mención al proceso social que derivó en esta reapertura de las causas en Argentina. El juicio llevado a cabo en la ciudad de Córdoba en 2010 se inscribe en este proceso, que tiene como punto de llegada, y a la vez de partida, el reinicio de las investigaciones que se encontraban vedadas por las denominadas leyes del perdón⁵ desde 1987.

En junio de 2005, la SCJN resolvió la inconstitucionalidad de estas leyes en un fallo que resolvía sobre una denuncia que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una de las infatigables organizaciones de DDHH argentinas, había presentado en 1998, en tiempos de la clausura de la vía judicial. A continuación reseñamos los hechos que precedieron al evento jurídico y político de la reapertura de las causas en 2005.

Dos de los acontecimientos producidos en Argentina luego del retorno de la democracia son la publicación del informe titulado Nunca más y la celebración del juicio a las juntas militares que dirigieron la represión genocida en la dictadura cívico-militar. El libro Nunca más surgió de una minuciosa investigación emprendida de diciembre de 1983 a septiembre de 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Esta comisión fue conformada para elaborar una descripción detallada de la modalidad de los crímenes; para iluminar, en definitiva, los hechos que el carácter clandestino de la acción estatal había dejado en las sombras. Las cientos de páginas que resultaron de este trabajo significaron el principal instrumento probatorio del que el juicio a las juntas se valdría durante 1985.

Tanto el informe Nunca más como el juicio a las juntas inauguraron una temporalidad específica y, desde entonces, indisociable de la temporalidad democrática: la de una ruptura simbólica. Esta aparece identificada desde el comienzo con un proceso de irrupciones de verdades no-dichas, de devolución de la autoridad semántica a las víctimas y de reconstrucción de memorias que reconocían las historias compartidas y colectivas detrás de las afecciones individuales.

Los crímenes de lesa humanidad y los juicios en Argentina

La funcionalización del tipo penal de crímenes de lesa humanidad en el ordenamiento jurídico nacional y la reapertura de las causas son el corolario de un conjunto de acciones colectivas. Las organizaciones de DDHH, funcionarios del poder judicial y actores de la política argentina convergieron en un desplazamiento de las políticas de memoria que determinó que el Estado encarne la demanda histórica de memoria, verdad y justicia ante los estrados judiciales.

Algunos años antes se produjeron los denominados Juicios por la Verdad, iniciados en la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, en 1998. Estas escenas exhibían luego de una década la comparecencia de los represores castrenses ante jueces nacionales, pero no contaban con el poder de producir efectos jurídico-penales. La experiencia fue replicada en juzgados de Córdoba en el año 2000 y ratificada a partir de una solución amistosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus conclusiones del caso Ragnar Hagelin/Estado argentino. La resolución en el caso Hagelin reconoció el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas y estableció la obligación estatal de esclarecer las violaciones a los derechos humanos.

Otro antecedente significativo de la reapertura de las causas en Argentina es la sentencia 16/2005 de la Asamblea Nacional de España, que agrupó causas por crímenes de Estado en Chile y Argentina. El veredicto sobre uno de los acusados, Adolfo Scilingo, determinó que los hechos juzgados corresponden a crímenes de lesa humanidad.

El juez de instrucción, Baltazar Garzón, había descrito los hechos como constituyentes de delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Su categorización sería rechazada por el tribunal español pero retomada por fiscales argentinos y querellantes en las causas reabiertas en 2005. De hecho, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que condenó, en 2006, al exdirector de investigaciones de la Policía bonaerense y comprobado genocida, Miguel Etchecolatz,⁶ citó el criterio de Garzón en los fundamentos de la sentencia.

En 2005, cinco años antes del juicio de 2010, la SCJN resolvió la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. La decisión de los ministros de la Corte resolvió en última instancia sobre una causa abierta en 1998 por una denuncia de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Esta organización había denunciado la apropiación de Claudia María Poblete, hija de desaparecidos, nacida en cautiverio.

Casi veinte años después del cierre de las causas por los crímenes de Estado de la dictadura cívico-militar, las leyes que clausuraban la posibilidad de la vía judicial en Argentina perdían su vigencia. Desde este momento, fiscales y jueces de todo el país comenzaron a conducir las investigaciones que desembocarían en juicios orales y públicos, televisados y seguidos por gran cantidad de argentinos como el puente a un nuevo régimen de construcción del pasado reciente argentino.

El juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Córdoba en 2010 es la 39^a causa investigada desde la primera en 2006. Representó un acontecimiento significativo, diferencial en relación con otros acontecimientos incluidos en este retome de la vía judicial. Reunió la mayor cantidad de imputados, 31, tuvo una duración de seis meses, y fue la superficie de aparición de la voz de Jorge R. Videla, expresidente de facto que no se pronunciaba en juicios orales y públicos desde 1985. Este exmilitar, junto a otros seis, hizo uso del derecho a las últimas palabras antes de la deliberación de los magistrados el 21 de diciembre de 2010.

Días antes, durante la etapa procesal de la discusión final, había tenido lugar el alegato del fiscal Maximiliano Hairabedián. Luego de argumentar que las audiencias habían probado “el sistemático plan represivo”, el fiscal incrementó la designación al considerarlo un plan de eliminación de opositores y asegurar que:

...en la cárcel penitenciaria, hubo un antes y un después, narrado por todos los exdetenidos que declararon en esta causa. Hubo un régimen antes y otro después del 24 de marzo. Antes no los sacaron para matarlos y después sí...

Antes del 24 de marzo no había habido denuncias en el exterior por violaciones a los derechos humanos. Pero ya estaban lanzados en este plan de exterminio y no lo detuvieron. Había una voluntad férrea en lo general de seguir adelante en este programa de exterminio, programa que ideológicamente se lo he atribuido a él (a Videla) incluso desde sus albores... (la aclaración es mía).

Los hechos atribuidos a los 31 imputados constituyen crímenes de lesa humanidad: 31 asesinatos y 38 casos de torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. De los acusados, diecisiete son exmilitares y, entre estos, siete son los que accedieron a la instancia de las últimas palabras las mañanas del 21 y el 22 de diciembre de 2010: Rafael Videla, Vicente Meli, Osvaldo Quiroga, Enrique Monés Ruiz, Gustavo Alsina, Francisco P. D’aloia y Luciano B. Menéndez.

En octubre de 1975, el Consejo de Defensa de las Fuerzas Armadas, con la aprobación del presidente provisional, Ítalo Luder, dictó la directiva 1/75. Entre los efectos prácticos producidos por esta orden castrense, se encuentra uno que da el encuadre a los hechos que componen la causa up1 o Alsina:

Las Fuerzas Policiales y Servicios Penitenciarios Provinciales, sobre la base de los convenios firmados con el Ministerio del Interior y Gobiernos Provinciales, actuarán bajo control operacional del comando de la fuerza correspondiente a la jurisdicción (Directiva 1/75, de Lucha contra la subversión).

La directiva contaba con un precedente que allanaba el terreno de su llegada. A comienzos de este año, la presidente María Estela Martínez de Perón había firmado el primero de los conocidos como decretos de aniquilamiento,⁷ que ordenaba a las Fuerzas Armadas “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.⁸ Los restantes tres decretos de aniquilamiento⁹ fueron rubricados en octubre del mismo año.

La UP1 funcionó como un centro para la detención de presos políticos a disposición directa del poder ejecutivo de facto¹⁰ que, por entonces, compartían el edificio de la penitenciaría con condenados por delitos comunes.

La prisión política era justificada por actores que la revestían de corrección jurídica mediante una referencia al artículo 23 de la Constitución Nacional. Según la normativa, el poder del presidente de la República durante estados de sitio se reserva, “respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación”. La situación difería de esto, porque los presos reubicados en la up1 se encontraban a disposición del poder ejecutivo implantado de facto, que no reconocía la forma de gobierno republicana, ni concretaba un traslado oficial del detenido a la prisión.

Para cumplir con las directivas ilegales de escala nacional, se conformó el Área 311, parte de la Zona 3, operativa en la provincia de Córdoba bajo la jefatura del que pronunciaría sus últimas palabras en el último turno del rito judicial que analizamos aquí: Luciano Benjamín Menéndez.¹¹

Asumir la realización ritual de roles procesales como la construcción de posicionamientos discursivos y el marco de la adjudicación de normas a hechos como el espacio semiótico de una disputa por sedimentar un concepto de lo justo comporta consecuencias que es necesario explicitar. En primer término, implica superponer dos niveles de comprensión: el que busca describir los procedimientos jurídicos de verdad y el que se propone asignar los juegos estratégicos de poder.¹² En otras palabras, pensar en la resolución que formaliza la memoria histórica por medio de una sentencian conduce a considerar especialmente el acontecimiento discursivo (significante) de la inversión de las tensiones producidas dentro del campo judicial entre profesionales y legos.

Nuestro presupuesto considera la posibilidad de que los enunciados de los exmilitares, que emergen luego del enunciado del fiscal, converjan en la construcción de un sujeto agente de Estado, con autorización a remitir a la norma con efectos de derecho. En otras palabras, la norma referida por el mismo sujeto que produce la referencia, como un objeto externo, trascendente.¹³

El acusado, en el contexto de la arena de lucha del discurso jurídico, enfrenta dos alternativas: la primera, la asumida dócilmente por el confesante, es la de quien acepta compatibilizar el sujeto de su enunciado con el ethoï prescripto en el rito judicial.¹⁴ La segunda es una que el contrapositivismo considera como latente y nosotros hemos planteado como nuestro punto de partida. Supone un enunciador que deshace la identidad elaborada para él cuando dramatiza un posicionamiento que niega asideros a la verdad jurídica con la que se lo vincula.

“Para el juez, ya no se trata de decir (...) ‘dime si, en efecto, has cometido el crimen de que se te acusa’”.¹⁵ A partir del siglo XXI, el decir veraz sobre la propia subjetividad es un requerimiento de un juez que reclama: “no te limites a decir lo que has hecho sin decirme al mismo tiempo y por su intermedio quién eres”.¹⁶ Lo requerido por el tribunal de justicia al acusado, como dijimos, es un drama, un performance que restaure la prueba practicada y que se reconozca a sí mismo en ella, que estampe su sello en el discurso de la sentencia por venir.

Siempre es posible hallar, en palabras de Kiley,¹⁷ escenas donde “el acusado afronta directamente, juega para y litigia con el jurado desde el otro lado de la sala de audiencias”.¹⁸ El reconocimiento del combate de una verdad jurídica como una de las condiciones de posibilidad (junto con la de la convalidación) nos exige considerar el carácter agonístico como una dimensión transversal e histórica del enunciado judicial.

El discurso lego de los acusados puede constituir un nuevo punto de resistencia en la relación de fuerza judicial. Y puede hacerlo mediante la puesta en funcionamiento de lo que Balandier¹⁹ denomina estrategia de inversión. Sin embargo, el tiempo de lo dramatizado por las últimas palabras de los exmilitares argentinos -la inversión del orden- es uno finito, inserto en la cadena dialógica de la comunicación discursiva judicial cuyo último eslabón es constituido en la sentencia. Es decir, el código jurídico formal, en un solo movimiento, otorga la palabra al sujeto de la inversión pero, a la vez, prescribe las fronteras de su expansión simbólica.

Es posible aportar un ejemplo de las estrategias de inversión de los roles procesales y la contraposición de regímenes narrativos²⁰ que resulta de su despliegue. Se trata de un fragmento de la interacción oral durante la etapa del debate final del juicio que incorporamos en el corpus de nuestro análisis:

Alegato del querellante de SERPAJ [Servicio de Paz y Justicia], Vaca Narvaja, durante la ronda de alegatos finales: A partir de 1870 se llevó a cabo la llamada “conquista del desierto”. Mientras el Ejército avanzaba sobre las tierras tehuelches, mapuches y ranqueles, la Sociedad Rural, uno de cuyos miembros activos y expresidente era José Martínez de Hoz, alambraba y se apoderaba de esos territorios usurpados. (...) Uno de los responsables de llevar adelante aquel exterminio contra los pueblos originarios fue Adolfo Alsina, exministro de guerra de Avellaneda. (...) El “eterno retorno” de Nietzsche parece corporizarse, cuando en 1976, un teniente de nombre Gustavo Adolfo Alsina se hace cargo de la vigilancia de la UP1...

Últimas palabras del exmilitar perpetrador Jorge R. Videla: ...el doctor Vaca Narvaja se apartó totalmente del objeto procesal de este juicio para desarrollar un peligroso revisionismo histórico...

En este sentido, el análisis de las últimas palabras de exmilitares acusados sigue el objetivo general de describir y comprender las estrategias discursivas desplegadas para deshacer el sí mismo²¹ que el discurso de la acusación les atribuye.

Partimos de asumir que el principal elemento formal que distingue el rol procesal de actores profesionales del de actores legos es la facultad diferencial de producir efectos jurídico-penales con sus enunciados. Por lo tanto, desde una postura deconstructivista que asume la acontecimentalización del discurso,²² consideramos, antes que la distinción austineana entre actos de habla performativos y constatativos, la fuerza performativa de todo enunciado que aparentemente referencia a una racionalidad jurídica que lo antecede. Lo performativo es el carácter de la fuerza contenida en el mismo revestimiento inocencia y univocidad que se tiende sobre el enunciado judicial.

Son precisamente las diferencias entre las concepciones del nivel referencial del discurso del derecho las que delimitan las posiciones en el campo de la crítica jurídica. Barthes,²³ en El efecto de realidad, remonta a la Antigüedad el reconocimiento de la descripción que construye su objeto, cuando se “agregó (...) a los géneros expresamente funcionales del discurso, el judicial y el político, un tercer género, el epidíctico”. Y agrega: “lo verosímil no es aquí referencial sino abiertamente discursivo: son las reglas genéricas del discurso las que dictan la ley”.²⁴

El discurso de los acusados no hace otra cosa que recomponer, en un aquí y ahora, y bajo singulares regímenes narrativos,²⁵ las evidencias del régimen de verdad sobre lo justo, en continuidad o discontinuidad, en acuerdo o en lucha con verdades sobre lo justo y lo democrático recompuestas en el pasado.

Metodología

Nuestro corpus está compuesto por las transcripciones de los enunciados que corresponden a las últimas palabras de los siete exmilitares acusados en las causas bajo investigación.²⁶ Organizamos la exposición de los resultados con arreglo al orden de aparición de los performances enunciativos: a) Jorge R. Videla, b) Vicente Meli, c) Osvaldo Quiroga, d) Enrique Mones Ruiz, e) Gustavo A. Alsina, f) Francisco P. D’aloia y g) Luciano B. Menéndez.

El abordaje del material que compone nuestro corpus se orienta a la puesta en función de la técnica que Calvo González²⁷ denomina narralysis. Se trata de asignar las estrategias desplegadas por el posicionamiento emergente en las últimas palabras en un medio donde cada actor apuesta a “ordenar, unir y presentar el material fáctico y normativo”.²⁸

Los dominios de memoria inscritos en las apuestas narrativas referencian determinadas normas sobre el debido, que aquí llamamos nomos históricos y, al narrar estratégicamente el presente del campo judicial, sancionan los que denominamos nomos procesales. Nuestro análisis se propone describir y comprender los referentes, u objetos de discurso, construidos en el marco de esas estrategias de normalización del pasado judiciable y del presente del juicio. Pero al mismo tiempo nos proponemos reconocer las relaciones que se forman en la intersección entre las categorizaciones del medio semiótico judicial y los regímenes narrativos.²⁹

Análisis del Corpus

El “remedio judicial” para la liberación

Como dijimos, el performance de Videla construye un saber compartido con “la sociedad argentina toda” sobre la necesidad jurídica de su discurso pedagógico.

…en su afán por expandir su poder ideó una forma sutil de romper aquel equilibrio, usando un subterfugio, cual era el de alentar los movimientos de liberación nacional, en el caso de África, anti-colonialismo, col… colonialistas, en el caso de Latinoamérica, contra las desigualdades sociales...

…La estrategia así concebida, llamada también estrategia indirecta, o guerra revolucionaria, buscaba la toma de poder en dichos países mediante acciones violentas amparadas bajo la bandera de la liberación...

…el doctor Vaca Narvaja se apartó totalmente del objeto procesal de este juicio para desarrollar un peligroso revisionismo histórico cuyo objeto, apuntando a una visión progresista, no es casualmente afirmar los valores de nuestro tradicional estilo de vida...

El yo-enunciador inscrito atribuye tanto al sujeto del discurso profesional del rito judicial (del presente) como al sujeto del “afán de expandir su poder” (del pasado), un mismo posicionamiento. Uno cuya función es cumplida, en el presente, por medio de la sustitución de categorías de la gramática jurídica, como objeto procesal, por las de una gramática historiográfica, como “revisionismo”, que carece de los estándares de prueba característicos de la gramática jurídica.

Los posicionamientos designados “peligroso revisionismo judicial” y “el afán de poder” son incluidos en un sujeto colectivo al que se atribuye la táctica de presentar “revisionismos históricos” como si fueran objetos procesales, y “acciones violentas” como si fueran de liberación.

Es en contraposición con las acciones “negar” y “sustituir”, atribuidas a este sujeto transhistórico (del presente tanto como del pasado), que el yo-enunciador se asigna “el deber inexcusable”, e igualmente transhistórico, de la afirmación y la restitución.

…La presente exposición, conforme lo indica el gráfico que está al frente, pido disculpas a los señores fiscales que lo tienen de espaldas…, pero es muy breve, lo voy a leer. Tiene como título Manifestación ante los jueces. Se compone de tres capítulos. El primero, es muy breve, es un introito, el que indica el alcance que tiene en definitiva la exposición. El segundo, que es el central, se denomina Nuestra última guerra interna. (...) Y termino la exposición con un breve capítulo, epílogo, que es una reflexión final con proyección a futuro...

…Antecedentes inmediatos. El empleo de las fuerzas armadas en mil novecientos setenta y cinco para combatir contra el terrorismo subversivo no fue un hecho ni improvisado ni novedoso...³⁰

La norma construida presupone un saber compartido sobre la profesionalidad del deber cumplido y prescribe una categorización de ese saber a través de un esquema conceptual que proviene del exterior distante y objetivo proyectado sobre la pared, a espaldas de los fiscales. El performance argumenta no solo su sujeción a la norma que construye (o proyecta) sino también la posición privilegiada de acceso y comprensión a aquel saber compartido. Ensayamos, a continuación, una descripción de los principales elementos de ese esquema prescripto.

“Los antecedentes inmediatos” designan acontecimientos que una racionalidad jurídica singular, castrense, reconoce tipificados de antemano en textos legales (“la hipótesis de conflicto preveía una agresión por parte del terrorismo subversivo”). La estrategia de autojustificación del yo-enunciador consiste en inscribir “Manifestación ante los jueces” en un dominio donde rige un código que normaliza sus acciones pasadas (“el ejército puso en práctica el plan de capacidades”) y las implicadas en el pronunciamiento de los relatos en el presente (“el empleo de las fuerzas armadas no fue un hecho ni improvisado ni novedoso”).

De lo dicho hasta este punto se desprende que el dominio de memoria inscrito en la apuesta narrativa de Videla relata las acciones de un sujeto de afán de negación y sustitución como hechos judiciables.

…En forma simultánea, como comandante…, perdón, como presidente de la nación, el señor Lanusse tuvo la iniciativa de crear la cámara federal penal, para actuar con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional a efectos de juzgar exclusivamente los delitos terroristas y conexos...

…Ya en mil novecientos setenta y uno, después del Cordobazo y el secuestro y muerte del teniente general Aramburu, el ejército puso en práctica el plan de capacidades marco interno cuando su comandante, el general Lanusse, ordenó a dicha fuerza, realizar en forma limitada operaciones de seguridad...

…al finalizar el mandato del general Lanusse, el 25 de mayo de 1973, con observancia del debido proceso, había cerca de mil quinientas personas detenidas, bajo proceso o cumpliendo condena en relación con los delitos ya sindicados...

…al asumir la presidencia, el doctor Cámpora dictó en esa misma noche un decreto de indulto (...), se dispuso la libertad de todos los deteni…, los terroristas que estaban detenidos, los cuales fueron recibidos como héroes por sus simpatizantes...

Las acciones incluidas en la designación “guerra revolucionaria” son categorizadas como hechos previstos (“delitos terroristas y conexos” y “delitos ya sindicados”) en un código jurídico-castrense denominado “Plan de capacidades internas”.

Es bajo el ejido de este singular dominio que las designaciones “detenidos” y “comandante” representan sustituciones ilegítimas de “terroristas que estaban detenidos” y “presidente”. El yo-enunciador escenifica un sujeto que restituye lo sustituido.

En la misma red de correspondencias, la acción “operaciones de seguridad del general Lanusse” es recategorizada como “iniciativas judiciales del presidente Lanusse” y “eficaz remedio judicial”, el actor “doctor Cámpora” es recategorizado como “gobierno constitucional que revierte los efectos de un remedio judicial efectivo”, y los actores “terroristas que estaban detenidos”, como “terroristas como si fueran héroes”.

El campo judicial y el campo político

El relato de Videla construye un destinatario lego que requiere de un yo-enunciador profesional el saber que había ejercido en el campo político del pasado relatado.

…Ante ese desasosiego y la radicalización que adquirió el enfrentamiento iniciado por los grupos terroristas, en los primeros días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cinco, el doctor Lúder convocó a una reunión de gabinete para coordinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el accionar subversivo (...) fuimos invitados los comandantes generales, quienes íbamos a exponer también nuestros puntos de vista sobre el particular...

El performance aparece como la dramatización recurrente de un saber profesional que restaura una gramática singular, olvidada, de administración de la palabra:

…Por ser un problema típicamente terrestre, correspondía al ejército la responsabilidad primaria y en esa ocasión, con el acuerdo de mis camaradas de las otras dos fuerzas debí exponer...

En el relato del acontecimiento “reunión de gabinete de Luder” se inscribe un enunciador de un saber sobre el nomos que prescribe acciones de contingencia pero, ante todo, el sujeto de un saber jurídico-castrense requerido por los destinatarios de un campo discursivo político.

El yo-enunciador inscrito en las últimas palabras de Videla construye un destinatario que provee a Videla el reconocimiento que este había obtenido de sus destinatarios en la reunión de gabinete. En este orden, “el doctor Luder”, que en aquella reunión optó por “el curso de acción más riesgoso”, es un actor de un “coraje cívico” del que enunciadores como el querellante Vaca Narvaja carece.

Así, el discurso judicial de Videla dramatiza la iteración de un sujeto de saber castrense que, al cabo de un tiempo, toma la palabra en una nueva reunión política (el rito judicial) para “exponer” los detalles de un “curso de acción”. El relato de la actuación verbal del pasado (“debí exponer”) en las últimas palabras de Videla produce un efecto de sentido singular en el contexto mismo del campo judicial. Vale detenernos en este punto.

La exposición donde el represor había informado “los cursos de acción” se reconstruye como una exhibición virtuosa de un profesional requerido por sus saberes en un pasado de “guerra”. Sin embargo, sobre la superficie de las últimas palabras del acusado el tiempo de lo relatado y el tiempo del relato (la reunión de gabinete en 1975 y el juicio en 2010) aparecen fuertemente ligados. Uno aparece como la consecución del otro. Las últimas palabras de Videla escenifican la iteración o el retorno de un discurso que debía aparecer nuevamente. El deber del pasado (“debí exponer”) que había interpelado su discurso era el denominado “terrorismo marxista”. El deber del presente (“siento el deber inexcusable”) que lo hace nuevamente presente es el “terrorismo judicial”.

El relato del pasado incluye, por lo tanto, el del presente que a cada momento deja de ser presente. Tanto la condición de posibilidad como el efecto simbólico de esta operación llevan al mismo punto, se produce una repetición y una diferencia. La justificación de las acciones del pasado en discursos del presente es el correlato de una iteración: el mismo discurso actual se presenta como una iteración de las acciones que intenta justificar. De conformidad con este efecto, el discurso judicial de Videla no solo justifica lo que considera como respuestas del pasado al terrorismo subversivo, sino también, al mismo tiempo, presenta esa justificación como respuesta del presente al “terrorismo judicial”. Podemos reconocer la efectividad simbólica del discurso de Videla si focalizamos en su fuerza performativa: fuerza que se presenta como retroalimentada en un circuito que se cierra sobre sí mismo. El discurso es actual porque busca aparecer como una actualización. Es este el sentido que entraña la noción de performance, “que significa nunca por primera vez”.³¹

…No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país...

…el doctor Vaca Narvaja se apartó totalmente del objeto procesal (...) apuntando a una visión progresista. (...) Pareciera llegado el momento para que la sociedad toda a través de su dirigencia asuma su protagonismo perdido y, dejando de lado la memoria asimétrica, predicada desde los círculos oficiales, fuera de cualquier especulación sectorial o de escapismos hipócritas, promueva, mediante un diálogo superador, el exhaustivo e imparcial examen necesario...

Si, en el pasado, la politicidad del campo discursivo político permitió a un general del ejército advertir sobre las implicancias políticas del quehacer castrense, en el presente la politicidad del campo discursivo judicial le permite extraer las implicancias políticas de “la victoria militar”.

Finalmente, “la exposición” del “general del ejército” durante “la reunión con el gabinete del doctor Luder” compone, junto a la exposición del “testigo-partícipe” durante el juicio, un conjunto enunciativo distinto del subgénero de las últimas palabras:

…Señor Presidente, sean ahora sí mis últimas palabras, para expresar mi reconocimiento a la doctora Bazán, brillante profesional del derecho que tuvo a su cargo mi defensa, pero en especial a Natalia Bazán, entrañable persona por su calidad humana y su comprensión. He terminado.

“Para mí, educado en el ejército”

En la continuidad de la misma estrategia argumentativa, el reconocimiento de la vigencia de “los cargos” y “grados” castrenses representa la primera instancia del procedimiento prescripto por la gramática doctora Bazán.

…pasaré directamente a declarar lo que se me ha dicho. En primer término adhiero totalmente a lo expresado por el teniente general Jorge Rafael Videla...

…Pasaré a mi descargo por responsabilidades profesionales que se me han imputado. Con respecto a las acusaciones formuladas propias a mis responsabilidades profesionales, las mismas fueron recusadas por mi defensora oficial, doctora Natalia Bazán, en forma clara, precisa y circunstanciada...

Reponer la jerarquía profesional castrense y, con esto, deslegitimar la degradación que el discurso judicial produce sobre “un teniente general” tributa al ejercicio de una práctica de veridicción con pretensión de corrección jurídica. Esta característica, la pretensión de corrección, es el elemento distintivo principal de la argumentación jurídica.³²

El performance de Meli incluye los performances que analizaremos más adelante en un régimen de jerarquías profesionales. Conforme a este régimen, Quiroga, Mones Ruiz, Alsina, D’aloia y Menéndez deben dar señales de su “educación” en un dominio de saber castrense, probar su sujeción a un nomos doctrinario.

…¿Dónde están los derechos humanos? Me pregunto. En una clara violación de normas jurídicas internacionales vinculantes para nuestra nación, y en oposición a la postura de la justicia penal internacional, al adjudicarla exclusivamente a agentes del Estado...

…Al respecto, aprecio que no se meritaron y o mal interpretaron para imputar acusaciones, normas doctrinarias castrenses, en razón de la tendencia de asimilar la actividad profesional y militar a la jurisprudencia civil...

…La orden de operaciones número uno, la orden de operaciones número dos, impartida en el mes de marzo, con una vigencia desde marzo al treinta y uno de diciembre del año setenta y seis, impartidas estas últimas cuando el suscripto estaba en Buenos Aires...

El orden que prescribe que “los cargos” y “grados” militares no se extinguen por el paso del tiempo ni por pretensiones judiciales de degradación es superpuesto con el orden jurídico que aplica “la jurisprudencia civil” y respeta “los derechos humanos”, pero, sobre todo, que introduce una prescripción procedimental.

El performance de Meli construye el código que rige los procedimientos judiciales válidos. Según este código implícito, todo juicio que investigue las acciones de un agente castrense del Estado debe informarse sobre las acciones que son “naturales” a su ejercicio profesional, y, por lo tanto, no judiciables.

Deslindar responsabilidades penales, entonces, deviene un oficio jurídico con una limitación: no puede derivar en un reproche de responsabilidades militares. Según este nomos procesal, que veremos más claramente referenciado en el performance de Quiroga, uno y otro tipo de responsabilidades no pueden ser incluidos en el relato de un mismo enunciado de acusación.

…Para imputarme en los hechos, se recurrió a supuestas expresiones genéricas, vagas e imprecisas, carente de probanzas claras, precisas y circunstanciadas que demuestren sin lugar a dudas, y con el grado de certeza requerido que desempeñé el cargo de estado mayor del área trescientos once...

…Además, no se acreditó cuál fue el cargo que cubrí dentro del cuadro orgánico dentro del área de defensa número trescientos once...

Las pruebas que el sujeto de enunciación exige no son aquellas capaces de establecer hechos delictivos, sino las que delimitan la verdad de “los grados” y “cargos” desempeñados.

…El carácter manifiestamente político y unilateral de la persecución, no facilita la superación de antinomias en pos de una convivencia pacífica...

…Se ha olvidado hoy a quienes defendieron la república contra la amenaza terrorista con total desinterés personal, motivados exclusivamente por el cumplimiento de sus deberes, como lo acredita, entre numerosísimos ejemplos, los sacrificios de los coroneles Gay, Larrabure e Ibarzábal...

En este marco, el relato del acontecimiento del “sacrificio de los defensores de la república” funciona como una estrategia en dos direcciones. Por un lado, delimita una gramática castrense que obligó a los profesionales militares del pasado a subordinar sus intereses personales al objetivo de “defensa de la república” -operación que es reforzada por Quiroga-. Por otro lado, reconoce un efecto de derecho actual de esa misma gramática: la prohibición a los profesionales del Estado de convertir a los “sacrificados por la república” en acusados.

De esta manera, la estrategia de inversión de las tensiones entre legos y profesionales consiste en presentar la propia inversión en curso como segunda inversión, como inversión de otras inversiones.³³ Es decir, la única república que acusa a sus defensores (primera inversión) es la que viola el principio de legalidad procesal por el cual ningún defensor puede ser al mismo tiempo imputado, pero constituye, además, un contrasentido: un defensor imputado por su defendido.

Los testigos falsos y condenados

El performance de Mones Ruiz categoriza dos conjuntos enunciativos como posicionamientos contrapuestos del campo judicial. Por un lado, designa a “testigos falsos” y, por otro, a “testigos verdaderos”.

…voy hacer referencia a esa primera introducción, mencioné lo siguiente: “escucharemos a testigos falsos”. (...) Señor presidente, no me equivoqué. Imputaciones mendaces y contradictorias se han escuchado...

…También deseo reiterar lo expresado y demostrado con una abundante prueba, el direccionamiento que con claridad se advirtió contra el ejército argentino, el regimiento de infantería aerotransportado ii, general Balcarce y el entonces teniente Mones Ruiz...

…la doctora Bazán, aunque no le guste, en un documento de trabajo le escribí unas líneas al dorso, donde con absoluta sinceridad, le transmito mi absoluto sentimiento de admiración, respeto por su profesionalismo, por su idoneidad...

La inclusión del enunciado que el performance denomina “mi introducción” inscribe un yo-enunciador/norma: “señor presidente, no me equivoqué”. Se delimita un singular régimen de prácticas judiciales, justificado en una remisión a la racionalidad jurídica “doctora Bazán”.

…Del mismo modo, cuando me presento en el dos mil siete para que me detengan, diecinueve homicidios, dieciocho me habían imputado...

…En toda la etapa de instrucción tuve que demostrar que no tenía ninguna participación en cada uno de ellos...

En relación con ese régimen, el yo-enunciador dramatiza un actor procesal que impulsa una causa (“me presenté para que me detuvieran”) y la cierra durante la etapa de instrucción por falta de mérito (“tuve que demostrar mi inocencia”). Dramatiza, por lo tanto, un sujeto que toma la palabra en un juicio que no debió ser.

Los testigos “verdaderos” y “libres”

El performance legitima a testigos castrenses extraños al colectivo de testigos falsos y les atribuye la función positiva de esclarecer.

…También, no puedo dejar de mencionar una omisión, que entiendo, no ha sido casual del doctor Hairabedian en su alegato. A muchos oficiales jefes y superiores que se hicieron presentes en el debate por sus conocimientos, tal es el caso del coronel Esteban, el teniente coronel Listorti, el capitán Ramos Monzo, testimoniaron y se utilizó el testimonio como peritos, fueron veraces y aportaron y esclarecieron muchas cuestiones propias de nuestra profesión. Pero, sin embargo, el doctor Hairabedian, casualmente, entre comillas, omitió lo que el coronel Esteban refirió sobre mi persona, refiriéndose a esa época cuando dijo que el teniente Mones Ruiz en esa época no usaba bigotes...³⁵

El mismo dominio de saber que sostiene “la verdad que hace libre” a quien la conoce es el medio de acceso a un universo normativo que invierte la función de la jurisdicción. En este orden, el testimonio de “testigos falsos” carece de la justificación jurídica atribuida a los “peritos castrenses”.

La práctica judicial de “los testigos profesionales” es presentada como una prueba pericial que se debe valorar como un saber que funda su veracidad en la disciplina.

El entonces cabo Pérez, el teniente Mones Ruiz y el alférez Farías

Así, el performance recategoriza los enunciados que el rito que no debió ser distinguió entre probatorios y desestimables. Esta distinción es recategorizada: enunciados probatorios “periciales” y argumentos probatorios de “coartada”.

…el ejército argentino, sus integrantes no teníamos experiencia y no éramos de presos guardar. Pero esa experiencia que se alude a los gendarmes no creo que sea exclusivamente para con el trato a los detenidos, y me atrevo a decir que va más allá y podría abarcar la capacidad de esgrimir en pocos segundos una coartada, una versión mendaz...

…el imputado Pérez Miguel siempre dijo, incluso en el debate, “un gendarme fue el que me retira el arma”, y al manifestar “se me escapó un tiro”, es inmediatamente corregido e inducido a decir “no, le intentó arrebatar el arma”...

…falsedades, como la de un testigo que estuvo presente en el patio el día de la muerte de Bauducco y que frente al honorable tribunal negó absolutamente (...) me refiero al alférez Farías...

Esta distinción reenvía estratégicamente a otra: la que reconoce dos dominios profesionales del pasado: los militares del ejército con experiencia jurídica y los gendarmes con experiencia en esgrimir coartadas. Por un lado, el colectivo profesional de gendarmes es designado como un sujeto de techné en “la guarda de presos” y la elaboración de coartadas pero, sobre todo, como uno con la competencia de comprometer a otros actores en su coartada.

El dominio de saber jurídico-castrense legitimado reconoce, en una primera instancia, la legalidad de la práctica “guarda de presos”, y establece una relación pedagógica entre actores con saberes diferenciales en relación con esa práctica (gendarmes sobre militares).

Conforme a esta estrategia, ambos actores pueden esgrimir coartadas en sus relatos. Sin embargo, es el gendarme quien posee la competencia profesional de elaborarlas. En el discurso de Mones Ruiz, un gendarme la ostentó al comprometer a un militar con ellas y la ostenta en el presente al “negar absolutamente todo”.

Cabe finalmente destacar otra operación argumentativa del performance de Mones Ruiz. El yo-enunciador categoriza al actor de la elaboración de “la coartada” en el pasado y al actor de su sostenimiento en el rito judicial el mismo grado profesional (“alférez Farías”). En cambio, el exmilitar, tras haber aceptado sostener la coartada, es excluido de la formación castrense: “el entonces cabo Pérez”.

La defensa democrática de un soldado victorioso

Esta apuesta narrativa incluye, desde su misma emergencia, un conjunto de enunciadores a los que se asigna la formulación de textos legales y precedentes jurisprudenciales. El yo-enunciador aparece dramatizando un ajuste narrativo antes que una de las apuestas del campo judicial.

El dictamen del juez que este enunciador interpela no está entre las palabras del juicio, sino en la clausura de sentido que rompe el silencio desde fuera del marco de la enunciación. No constituye, por lo tanto, una de las apuestas narrativas del campo discursivo judicial sino el nodo de su ajuste. Este es el posicionamiento invertido por el relato de Menéndez.

Menéndez: ...¿Puedo preguntarme por qué se nos juzga a nosotros cuando un juez en aquella ocasión los condenó a ellos?

M: En lo que va de ayer a hoy, es que en ese entonces los ilegales estaban en la ilegalidad y las fuerzas nacionales éramos legales. Y nadie nos discutía y mucho menos nos disputaba esa condición...

Juez: ...los imputados tienen una última oportunidad de hacer cualquier manifestación que crean oportuna a su derecho conforme lo establece la ley ritual...

J: Silencio, Por favor. Dec… De… Silencio, por favor. Décimo sexto… Décimo séptimo. Tener presentes las reservas del caso federal efectuadas por las defensas técnicas. El juicio ha terminado.

El sujeto de enunciación emerge dramatizando un sujeto autorizado a pronunciar enunciados resolutivos en un nuevo campo judicial, delimitado en su mismo discurso.

La estrategia que asignamos consiste en referenciar, en tres momentos, un concepto de justicia polémico en relación con los conceptos formados en otros discursos del rito judicial.

El primero de esos momentos se produce con la emergencia del objeto procesal “guerra revolucionaria”. El segundo, con la inclusión del yo-enunciador en el colectivo “los argentinos”, regido por un orden contrapuesto al que rige la doctrina ideológica de los apátridas, y en concordancia con los sujetos de “la guerra injusta”. Finalmente, el tercer momento es el producido con el relato de acontecimientos pasados que retornan como precedentes normativos y jurisprudenciales.

…Frondizi? ¿Guido? ¿Ilía? ¿Perón? Lo cierto es que la Nación Argentina, para defenderse de la agresión subversiva ensayó todos los métodos desde 1964 en adelante...

…El país volvió a la ley común sin resultados, declaró ilegal al erp y al prt por decreto presidencial 1474/73 del gobierno constitucional de Lastiri...

…Ante el crecimiento en efectivos y en peligrosidad de estas bandas, la Nación Argentina, por decreto presidencial 2.770/75, creó el consejo de seguridad interior...

En el marco de esta estrategia argumentativa, “los demócratas” designan un sujeto de la acción compartida, no individualizable y, por lo tanto, no incriminable. “Los subversivos”, en cambio, designan uno cuyas acciones, “guerra revolucionaria” y “negaciones” estratégicas, son imputables a actores individuales: los enunciadores testimoniales ideológicos.

Reconocemos la construcción de los objetos democracia y defensa democrática y su relación con dos sujetos antagónicos: uno, democrático, defensivo y diseminado en la multiplicidad de actores que conforman “los argentinos”, y otro, terrorista, ofensivo e individualizable.

Esta contraposición inscribe, en el campo judicial polémico construido en el discurso, un yo-enunciador-querellante, y comporta una representación de los efectos de derecho de la contraposición misma. Es decir, el carácter ofensivo que comparte el sujeto individual subversivo con el objeto guerra revolucionaria prolonga sobre el subversivo el carácter injusto de la guerra, y justifica, por lo tanto, la delimitación simbólica de un objeto procesal y una incriminación.

De los tres momentos que mencionamos, nos interesa destacar el tercero. Este transcurre en la atribución al individuo “subversivo” de la pretensión de desapropiar al colectivo democrático. “El subversivo” es un actor común a dos relatos. El que designa a combatientes que antes dramatizaban ser “verdaderos ejércitos” y el que designa a combatientes que hoy dramatizan ser testigos y víctimas.

…La subversión desbordó todos estos sistemas y prohibiciones...

…En todo caso, en su mayoría, eran combatientes que sabían que asumían cierto riesgo...

…Nuestros enemigos fueron los terroristas marxistas, como quedó demostrado con los testigos que desfilaron frente al tribunal...

Las acciones del actor “subversivo” que devienen individualizables e incriminables no se apoyan en precedentes normativos, como las de “los argentinos”, sino en su “desborde”.

El performance, en este sentido, dicta la regla democrática al tiempo que distingue las prácticas que se le ajustan de las que la desbordan. Así, mientras la juridicidad atribuida al testimonio nacional otorga a su enunciador la categoría de “testigo”, la no-juridicidad del testimonio ideológico le adjudica a este la de “enemigo”.

(...) En la revista Cristianismo y Revolución de septiembre de mil novecientos setenta y siete, aparece una breve historia de Montoneros, que dice: “...creemos que la maniobra electoral montada”, es la que culminaría en mil novecientos setenta y tres, aclaro yo, con la elección de Cámpora, “se les va a volver en su contra, y los vamos a fusilar con sus propias armas”...

…¿Qué hubiera pasado si el ERP hubiera triunfado? ¿Hubiera prevalecido la idea de establecer la democracia o de adoptar una dictadura del proletariado? No nos chupemos el dedo”, esta expresión grosera no es mía. “La verdad es que nosotros nunca pensamos en la democracia”. Esto lo dice el jefe del ERP.

En el mismo sentido, la juridicidad del discurso de un sujeto colectivo democrático convierte la formulación “elección de Cámpora” en la reformulación del enunciado “la maniobra electoral montada”.

Los dos acontecimientos construidos en las apuestas narrativas de Menéndez (“guerra revolucionaria” y “estos juicios”) son excluidos de toda justificación jurídica posible, porque son portadores de un nomos singular, “subversivo”: la apertura del espacio intermedio de “la guerra” en el pasado representa el precedente normativo que Menéndez atribuye la norma del espacio intermedio de “estos juicios”.

“No conocía esa regla”

Durante su actuación, el acusado dirigía su mirada a donde se encontraban las víctimas, los familiares de víctimas y los organismos de derechos humanos. Una de las abogadas querellantes, María Elba Martínez, llamaba la atención del juez Jaime Díaz Gavier sobre esta situación con su mano en alto. Al notarlo, el Presidente del Tribunal interrumpió al enunciante para dar la palabra a Martínez:

Juez: Menéndez, un segundo por favor.

María Elba Martínez: Voy a solicitar que el imputado Menéndez se dirija al tribunal y no continuamente donde están los familiares, ya que es su última palabra y debe decírsela al tribunal.

J: Efectivamente, está diciéndole la última palabra al tribunal, señor Menéndez. No quiere decir que no pueda mirar a su alrededor, pero diríjase al tribunal.

M: No conocía esa regla. Por eso…, lo cierto es que la Nación Argentina, para defenderse de la agresión subversiva, ensayó todos los métodos desde mil novecientos sesenta y cuatro...

Al momento de la irrupción del juez, Menéndez interpelaba a un destinatario que reconoce, detrás de aparentes ciudadanos pacíficos, guerrilleros, y referenciaba un nomos procesal que impide a todo actor revelado como guerrillero declarar como testigo.

En el marco de un agon narrativo, Menéndez desplegaba una estrategia de corrección jurídica cuando el juez interrumpió su enunciado. “No conocía esa regla”, contestó el acusado, y retomó la lectura del escrito en el punto en que lo había interrumpido.

¿Cuál es la regla que el juez y la abogada adjudican a la dirección de la mirada de Menéndez? Esta pregunta parece tan relevante como otra: ¿cuál es la regla ritual que el yo-enunciador considera violada por los guerrilleros que aparentaban ciudadanos pacíficos y aparentan testigos? Y si fuera posible pensar en esta regla, ¿podríamos asignar una relación significante entre la dirección de la mirada de Menéndez y el nomos procesal sancionado por su performance, que impide que guerrilleros sean reconocidos formalmente como testigos y, por lo tanto, absueltos?

La regla desconocida es la que lo reafirma en el posicionamiento de acusado, que limita el espacio de las apuestas narrativas al conjunto de las últimas palabras y lo distingue de la instancia del ajuste narrativo. Al mismo tiempo, es este régimen el que autoriza al juez a la administración de la palabra y el que obliga a los demás actores procesales a reconocer su exclusividad en relación con esa función. Los actores de la escena de recreación de la ley incluyen la función del juez como la “gramática organizadora” de sus propias actuaciones.

Pero, ante todo, es este régimen el que interpela a todo acusado al reconocimiento de la gramática procesal con arreglo a la cual su palabra no solo se distingue de la del juez en que no es administradora sino también de la del testigo, en que no es testimonial, y de la del abogado, en que no es alegato.

La norma que un juez cita en sus resoluciones dicta la necesidad de que el acusado reconozca y se adecue al funcionamiento ritual de las relaciones de fuerza tribunalicias. Es este el régimen que Menéndez desconoce.

Los efectos simbólicos de este desconocimiento no se ajustan a la regla desconocida. Evidentemente, no obedecen a la regla procedimental que impide dirigirse al público de una audiencia como un tribunal se dirige a un grupo de acusados.

Conclusiones

Desde la perspectiva de la crítica jurídica que hemos adoptado para el análisis de las últimas palabras de los siete acusados, el problema semiótico que reconocemos desde el inicio de nuestra investigación es el reenvío a singulares dominios de justicia a partir del despliegue de estrategias de categorización y recategorización del pasado y del campo discursivo donde emergen. El reconocimiento de estas operaciones estratégicas encuentra su eje tópico específico, en torno al cual gravita todo el planteamiento: asignar un carácter estratégico a la construcción de sujetos terceros equidistantes.

Los performances de las últimas palabras de este rito, el que más exmilitares acusó entre los juicios realizados hasta el momento en Argentina, convergen en nodos comunes y, al mismo tiempo, en un complejo campo de variaciones. Las estrategias comunes a algunos enunciadores, que consisten en construir una polémica entre una racionalidad jurídico-castrense que recupera la autoridad semántica para las víctimas de la racionalidad política, pueden distinguirse de las desplegadas por otros, como los inscritos en las últimas palabras de D’aloia y Alsina.

Por un lado, distinguimos la racionalidad profesional que prescribe adjudicar la norma castrense al hecho judicial (Videla, Menéndez, Meli, Quiroga y Mones Ruiz) de otra que prescribe que esa norma sea encarnada por un sujeto con la facultad de juzgar y absolver a otros (D’aloia). El caso paradigmático de esta última, en el performance de D’aloia, merece una consideración especial. En el nivel del hecho lingüístico, su estrategia podría describirse como una apuesta por excluir la racionalidad castrense que sanciona los procedimientos válidos y establece las condiciones de necesidad de la verdad. Sin embargo, en el nivel polémico y estratégico del performance, nuestro análisis cristaliza una estrategia opuesta. D’aloia recategoriza el campo discursivo judicial categorizado por “mis camaradas”, y al mismo tiempo dramatiza una voz que encarna un nomos profesional castrense alternativo. La estrategia se despliega en la inversión de las tensiones del campo judicial donde aparece y, a la vez, en la convalidación de esas tensiones. Construye un sujeto que absuelve a la autoridad del rito. El mismo al que otros enunciadores de las últimas palabras habían reconocido como el autor de un hecho justiciable -la condena de sujetos libres-, es reconocido por D’aloia como “el excelentísimo tribunal”. Uno de los elementos de la descripción legitimadora del sí mismo (“mi independencia de juicio”) no solo alude a la ruptura de un lazo de obediencia debida. También, y sobre todo, se pronuncia a propósito de un orden procesal en el que el yo-enunciador ostenta la facultad de absolver y condenar.

La absolución del juez representa, en el espacio de las últimas palabras, la absolución del sujeto que condena al militar que la verdad ha liberado (Mones Ruiz) y al actor que se adelanta a la verdad persistente que después de todo despuntará (Alsina).

Ahora bien, el performance de Menéndez, posterior al de D’aloia, aparece como el último en la serie que compone la controversia en torno al saber verdadero y su legitimación jurídica. Su estrategia reenvía a una restitución del saber de “la verdad que libera” sobre el saber de la verdad que absuelve. Confronta con la estrategia de D’aloia. El discurso de Menéndez representa el rito judicial como el medio de absolución de opresores de sujetos “libres”.

En performances anteriores al de D’aloia, la verdad que hace libre condenaba opresores. En el de este acusado, la controversia se resuelve de modo contrario: absuelve a los opresores y condena a los libres. “La norma de mi carrera” se distingue del nomos castrense del resto de los acusados. El punto de inflexión es el que marca la instancia procesal: la norma de D’aloia no obliga al enunciador absuelto a ser orgánico con un colectivo de sujetos liberados por la verdad y condenados por la justicia.

Por otro lado, asignamos una diferencia entre la necesidad jurídica que Videla, Meli, Menéndez, Quiroga, Mones Ruiz y D’aloia atribuyen al reconocimiento de una norma castrense y la necesidad jurídica que Alsina atribuye a la norma dictada por el mundo referido independiente de todo saber profesional, castrense, jurídico-castrense o jurídico.

El sujeto representado en el performance de Alsina es uno obligado a probar la persistencia de una verdad natural. Esta verdad que Alsina referencia aparece asociada a la que Videla había pronunciado profesionalmente en sus últimas palabras. El exmáximo jerarca militar había argumentado, a su turno, “haber guardado un prudente silencio” hasta toparse con un “inexcusable deber de exponer”. La verdad prescrita y profesional que rompe el silencio con Videla deviene, a instancias del discurso de Alsina, una verdad entre otras, que emerge en un medio donde proliferan mentiras repetidas. Alsina repone la verdad de Videla para naturalizarla, desformalizarla y devolverla al silencio de la que Videla la había sacado. Finalmente, se desprende del discurso del subordinado Alsina, aparecerá inexorablemente un sujeto histórico que le dará nueva resonancia y la consagrará formalmente.

En el mismo sentido, el performance de Alsina referencia un ámbito de justicia donde la verdad liberadora de Mones Ruiz se recategoriza, junto con la libertad que produce, como persistente. Es decir, por el nomos histórico y procesal de Mones Ruiz, ninguna voz puede esgrimir una verdad que condene a un sujeto libre, so pena de apartarse del nomos de procedimientos jurídicamente preferibles. Este impide pensar en una verdad que condene al sujeto que ella misma ha liberado y, por lo tanto, implica pensar en otra que condene al que produce la condena misma (contraria a “la verdad que hace libre”).

Mones Ruiz establece una distinción entre dos procedimientos, el de presentación de una mentira como una verdad que condena y el de retome de una verdad que libera. Tanto las de Quiroga como las de Alsina, en cambio, subordinan esa distinción a otra: la establecida entre “las verdades repetidas” y las verdades que persisten a pesar de ellas, o entre las referencias y el mundo que se independiza de toda referencia. Los discursos de Quiroga y Alsina escenifican enunciadores con acceso a un mundo referido. El primero, incluido en el colectivo profesional castrense que Videla delimitó desde el inicio, y el segundo, presentado como vocero del flujo natural de la historia de la verdad. Sin embargo, ambos comparten una estrategia: construyen una verdad sobre el pasado que tributa a un argumento: el juicio recubre con un éxito transitorio una verdad y produce una condena que restringe la libertad. Aquí, a diferencia de Mones Ruiz, la verdad (recubierta) no consigue liberar a los enunciadores y, por lo tanto, la condena logra oprimirlos. La injusticia no radica en condenar a un liberado, sino en oprimir por la condena.

La voz del yo-enunciador inscrito en el performance de Videla converge en una misma sede tópica con las voces de Menéndez y D’aloia. Los tres acusados construyen un sujeto que invierte la función de la sentencia “con juicio propio”. En este mismo punto se diferencian de Mones Ruiz, Alsina, Quiroga y Meli: su estrategia de inversión no construye un sujeto profesional a cargo de su defensa técnica, como Meli. Tampoco convierte al enunciador en un perito especializado que argumenta la necesidad de reformular el discurso del fiscal de conformidad con un sistema de correspondencias judiciales-castrenses, como Quiroga y Mones Ruiz. No construye, en definitiva, un sujeto histórico que reconoce la condena inminente como una verdad forzosa que no es necesario contradecir toda vez que es temporaria, como en Alsina.

En las escenas del rito judicial analizadas, determinados enunciadores se asignan la autoridad de dar existencia procesal al mundo que sus enunciados designan.

Los perpetradores exmilitares acusados instituyen y reinstituyen, en sus últimas palabras judiciales, una tradición procesal normativa ad hoc, como un dominio de justicia al que los posicionamientos del campo discursivo deben obediencia. Pero, además, categorizan y recategorizan el saber castrense como la sede o el lugar tópico de su práctica procesal. Sede o lugar tópico autolegitimante sin efectividad formal, en tanto la instancia procesal de las últimas palabras es seguida por la de la sentencia. Estas singulares apuestas narrativas al servicio del antiguo dispositivo de enunciación castrense se replican en tribunales de todo el país desde la primera lectura de sentencia, en agosto de 2006. Sin embargo, los efectos de sentido son sucesivamente clausurados por los jueces que pronuncian las secciones resolutivas de las sentencias, frente a los acusados, el público y los restantes operadores jurídicos. Videla, Meli, Menéndez, Mones Ruiz y Alsina fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, y D’aloia y Quiroga resultaron absueltos.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen escenas donde una voz que históricamente nos ha interpelado por medio del terror estatal, que construye la distinción orden democrático/desorden anti-democrático, es desplazada al lugar de una segunda voz, al lugar de acusados con una última manifestación. Esta voz es la misma que hoy, en Argentina, pugna con renovada fuerza por invertir el orden que trabajosamente estamos construyendo para lidiar con las afecciones producidas por el suyo.