I. Introducción

A través de la historia de la humanidad, han existido diversos factores que condicionan a la criminalidad, pero nunca como hoy se había conocida una criminalidad que funcionara tan eficientemente como una verdadera empresa transnacional, frente a un derecho nacional que no ha comprendido a plenitud la magnitud y eficiencia de estas organizaciones criminales, quienes aprovechando los huecos de oportunidad que dejan los sistemas jurídicos de los diversos países del mundo, logran fácilmente concretar diversas acciones ilícitas que comienzan su ejecución en un país para perjudicar gravemente a diversas personas y sociedades en varios más. El derecho no está avanzando a la velocidad que se requiere y cada día que pasa se reclama a los abogados y a los juristas la falta de atención de determinados problemas, en virtud de que las conductas humanas ya no son reguladas por el derecho¹. Este fenómeno, puede ser atribuido a muchos y muy diversos factores, pero en lo que no tenemos duda, es que nuestros legisladores no han encontrado la fórmula para proyectar con oportunidad en una norma, las conductas de las personas.

II. Planteamiento

La jurisdicción limitada del derecho nacional, la soberanía, la extraterritorialidad de la ley, las diferencias culturales, la moral, la religión, el idioma y las diversas políticas públicas tendientes al combate a la criminalidad local, todas ellas con base en determinadas reglas evidentemente claras pero fruto del iluminismo, son reductores que hoy en día ya no resultan eficaces para poder someter a investigación a una persona por su probable responsabilidad en la comisión de algunos delitos modificados o para que la justicia alcance a los autores mediatos. Estos elementos, además de los prejuicios con base en paradigmas arraigados son factores que propician el desarrollo de ilícitos² que no conocen fronteras como aquellos que ahora se ven día a día en cualquier comunidad por tradicional y modesta que esta sea, el lavado de dinero, la trata de personas, plagio de la propiedad intelectual, la piratería, extorsión, robo de identidad y la delincuencia cibernética en sus diferentes modalidades.

A lo anterior, habría que abonarle otras circunstancias que agravan el problema, como el hecho de que dichas organizaciones criminales cuentan con un despliegue económico importante que les permite generar un gran aumento de la violencia considerada como doméstica, para por medio del terror y la amenaza, sembrar en la población un sentimiento de inferioridad y respeto hacia los miembros de dichas organizaciones criminales. Por otra parte, la gran cantidad de recursos económicos que generan por el desarrollo de las acciones ilícitas de su giro en combinación con esa violencia exponencial de la que hablamos, también les permite corromper³ a funcionarios de cualquier índole y nivel de cualquier país, sea de inicio, de ejecución, de tránsito o de efecto final o consumación de sus acciones. Por ello el tema de Extinción de Dominio⁴ debe ser otro esquema que cobra importante relevancia dentro de las políticas públicas de combate a la criminalidad.

Por otro lado, deben resaltarse las dificultades fácticas y jurídicas existentes para procesar a los miembros de una organización criminal de esta naturaleza, lo que evidencia una tarea ardua para el Estado por enfrentar problemas de complicidad de autoridades, fragmentación de pruebas a través de diversos países, la no disponibilidad de pasivos, la abstracción de bienes jurídicos tutelados, la compra de testigos y en fin, un sin número elementos condicionantes que hacen casi imposible dilucidar la tarea de manera aislada.

Por esa razón, nos resulta verdaderamente ilógico ver como en nuestro país y en otros más, personas de quienes se dice son miembros de alto rango dentro de organizaciones criminales, luego de ser aprehendidas se les deja en libertad para ser procesadas a veces sólo por delitos menores a los que en un inicio se le atribuían, como la posesión de armas, amenazas, evasión de impuestos u otros delitos de menor trascendencia que aquellos a los que verdaderamente dedican sus esfuerzos. Y este es un hecho recurrente que ha venido sucediendo a través de la historia, ya que hay que recordar cuando a uno de los capos más famosos en la historia de la humanidad⁵ luego de ser llevado a juicio en Estados Unidos de Norte América, ante la insuficiencia probatoria, sólo se le procesó por evasión de impuestos. Lo mismo en México con importantes líderes de asociaciones criminales a quienes se les ha enjuiciado y ejecutado su sentencia por cualquier otro delito, menos a los que en esencia los describía.

III. Marco Teórico Jurídico.

Parece increíble como las organizaciones criminales se han desarrollado a partir de la ciencia, es decir, han aprovechado los adelantos tecnológicos que sin duda no fueron creados para el servicio de estas organizaciones, pero nadie dijo que no estuvieran a su alcance y aprovechamiento. Siguiendo al Doctor Carlos Ignacio Massini Correas podemos ver que los promotores de la concepción moderna de la ciencia la pensaron con una finalidad meramente descriptiva, para ellos, conocer era analizar o verificar fenómenos, en especial, con el recurso auxiliar de las formulaciones matemáticas. Pero, además, en el transcurso de la modernidad que puede situarse, en rigor y en ese punto, en un periodo que va desde Okham⁶ al positivismo, la concepción del conocimiento científico fue adquiriendo cada vez más un sesgo tecnológico, esdecir, subordinándose a su utilidad para la producción fáctica; dicho en otras palabras se transformó en tecnología, realidad en la que el factor técnico fue adquiriendo progresiva superioridad sobre el estrictamente científico. Por lo tanto, si se habla aquí de finalidad, sólo es posible referirse, o bien a una finalidad solo expositiva, o bien a una finalidad útil en sentido tecnológico radicalmente diferente de la finalidad de que se trata en el caso del conocimiento práctico⁷.

Efectivamente, la ciencia ha desarrollado grandes avances tecnológicos que permiten la utilización de sistemas biométricos⁸, al comunicarse instantáneamente mediante la recepción de voz, huellas y datos en tiempo real e intercambiar capitales de un lado a otro del planeta en cuestión de segundos, los medios de transporte resultan ahora mucho mas efectivos, el Internet, las radio comunicaciones y en fin, todo aquello que de inicio fue creado para que mediante la globalización se obtuviera la oportunidad de generar negocios y transacciones legitimas, intercambiando bienes y servicios y la movilización a gran escala de las economías; sin embargo, hoy en día vemos con certeza que esos mismos elementos han propiciado una criminalidad diferente que ha acarreado problemas mas complejos y crecientes y los cuales demandan una solución oportuna, retando de esta forma nuestro intelecto para desafiar hasta hoy, los paradigmas que en materia de criminalidad han venido rigiendo nuestro comportamiento.

Primeramente, por tratarse de políticas públicas debe tenerse claro la magnitud del problema⁹, es decir, debemos de tener perfectamente definido que la lucha contra organizaciones internacionales solo puede hacerse frente, si se entiende que un problema global debe tener una solución también globales o trasnacionales; por lo que cada país a fin de diseñar e implementar una estrategia contra la delincuencia organizada, en vez de aislarse, debe observar al menos los siguientes puntos:

En ese tenor, hay documentos internacionales ejemplificativos, como el del 15 de Diciembre del 2000, cuando se llevó a cabo una convención en la ciudad de Palermo, Italia, misma sede que no fue propiamente circunstancial sino representativa de los problemas que durante varios años han enfrentado internamente los sicilianos y los palermitanos, con una de las organizaciones considerada decana de la delincuencia internacional, nos referimos propiamente a la cosa nostra¹¹. El éxito de la convención fue tal que 124 países del globo, suscribieron el documento y a la fecha son 141 naciones las suscriptoras de la denominada Convención de Palermo¹², que representa la intención decidida de la comunidad internacional para luchar, a esas fechas, contra ese nuevo fenómeno delincuencial.

La importancia en la suscripción de este documento, además de las intenciones descritas anteriormente, se refiere a que hasta antes de la existencia de este documento no había una definición precisa o acuerdo internacional de que se debe entender por “delincuencia organizada”, en dicho documento se estableció como definición estipulativa la existencia de 6 características fundamentales, que son:

VI. Discusión

Es dable recordar que la suscripción de la convención implica para los países miembros, ciertos compromisos, requerimientos y recomendaciones a que deben sujetarse dentro de los próximos años siguientes a su adhesión y posteriormente mantenerlos como requisitos de permanencia, dichos requerimientos implican abandonar un poco los paradigmas históricamente establecidos, e incluir en su marco legal diversas figuras delictivas como la conspiración, el auxilio de cualquier forma en relación con delitos graves del grupo criminal organizado, el lavado de dinero, la corrupción, la obstrucción de la justicia, etc. Igualmente, los países miembros deben adecuar a sus legislaciones los elementos necesarios para permitir la reglamentación y supervisión de los bancos e instituciones financieras, establecer mecanismos para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo; adoptar medidas administrativas y legislativas para promover la integridad y prevenir, detectar y castigar la corrupción; igualmente deberán de adoptar diversas medidas para garantizar la intervención eficaz de las autoridades encargadas de su persecución; adoptar determinaciones necesarias a fin de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas; establecer mecanismos para el decomiso de productos e instrumentos del delito, aceptar la extradición, la asistencia jurídica reciproca, promover la efectiva protección de víctimas y testigos y otras medidas más que amplían el espectro que hasta entonces habíamos tenido del concepto limitado de Estado y su Soberanía.

La anterior posición es factible, en términos de Ferrajoli, quien propone que la salida de la crisis es en dirección a un refuerzo del estado de derecho y no de su disolución, dependerá de una refundación de la legalidad ordinaria y estatal. Acerca de la refundación del estado legislativo de derecho, el autor sugiere dos líneas de reforma: una, en relación con la dimensión liberal del estado de derecho, que propone, en materia penal, sustituir la reserva de ley por una reserva de código y, otra, en relación con su dimensión social, que "requeriría la distribución de sus prestaciones según la lógica universalista de las garantías de los derechos sociales, en vez de intervenciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático"¹⁴. En cuanto a la crisis del estado constitucional, la reforma debe ir por la integración jurídica e institucional internacional y, por tanto, al desarrollo de un constitucionalismo sin Estado, es decir, de nivel supraestatal¹⁵.

V. Conclusiones

Para Ferrajoli la tendencia es clara, la globalidad nos ha llevado a abandonar los paradigmas en busca de las nuevas expectativas, en donde el punto de partida se orientará a la carta fundante, en otras palabras, la efectividad de cualquier constitución supone un mínimo de homogeneidad cultural y pre política. Pero es todavía más cierto lo contrario: que es sobre la igualdad en los derechos, como garantía de la tutela de todas las diferencias de identidad personal y de la reducción de las desigualdades materiales, como madura la percepción de los otros como iguales¹⁶ y, por ello, el sentido común de pertenencia y de identidad colectiva de una comunidad política y en general a un estado social y democrático de derecho.

Por ello, una vez verificado lo anterior, para cumplir con las enmiendas constitucionales y con el nuevo paradigma, no sólo se requiere una amplia y profunda información de las legislaciones vigentes en México y en otros países que ya transitan sobre el mismo, sino que además, es de particular relevancia someterlos a diversos criterios de evaluación que nos permitan descubrir la efectividad tanto de los nuevos sistemas de enjuiciamiento penal, como de las funciones de gobierno y problemáticas relativas a la seguridad pública, puesto que este conocimiento de analizar las experiencias ajenas, nos permitirán, primeramente experimentar sobre prueba y error en prácticas de dichas entidades, a la vez que nos dan la posibilidad de establecer nuestro propio ritmo los sistemas y modelos más acordes a nuestra realidad en base a la información empírica que para el efecto se genere.¹⁷ modificaron diversos artículos de la Constitución, el cambio más significativo que se logró con la reforma es el que se hizo al Artículo 1° en sus párrafos primero y quinto y Adicionalmente a lo anterior, a la vez que nos invita a observar dichas experiencias, nos permite caminar con cautela y al mismo tiempo con seguridad sobre los criterios con los que deben analizarse las múltiples modificaciones legislativas e incluso las operativas contenidas en el derecho positivo que requieran reformas, proporcionándonos instrumentos para detectar aquéllos requerimientos que son de diseñarse e implementarse sin una resistencia material o personal de los actores de los sistemas en modificación, por el cambio de los roles que les impone el nuevo paradigma.¹⁸