Introducción

Los primeros casos de la COVID-19 se suscitaron en diciembre de 2019, en el entorno del mercado público de Huanan, en Wuhan, provincia de Hubei, en el país asiático de China. A partir de allí, esta sepa se propagó por los cinco continentes, de modo que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró estado de pandemia mundial y es que hacia el 07 de junio del mismo año, había más de 7 millones de habitantes a nivel global infectados del SARS- CoV-2 con alrededor de 406 mil fallecimientos por la misma causa. La COVID-19 es una infección a nivel viral que afectó generalmente las vías respiratorias, ocasionando casos severos con respuesta inflamatoria y fenómenos trombóticos en diversos órganos. Con base en los datos estadísticos, al 80% de los pacientes les generó síntomas leves, mientras el 20% demandó hospitalización y cerca del 5% ingresó a una unidad de cuidados intensivos; la producción de anticuerpos se suscitó en algunos casos después de 20 días de la exposición y de la aparición de los síntomas. Algunas secuelas que se suscitaron por esta enfermedad son el daño miocárdico, respuestas inflamatorias sistémicas y alteraciones en el sistema inmune. Conocer la historia, gestión e impacto de esta enfermedad, permitió aprender y generar conocimientos que son útiles en la mejora de la gestión de estos casos donde la aparición de una nueva enfermedad pone en riesgo la salud de toda la población¹.

Con este contexto, la pandemia COVID-19, provocó transformaciones no solo en el campo de la medicina, sino en la salud en general, las relaciones sociales, lo que afectó la protección de los derechos humanos. La emergencia sanitaria, impactó a millones de personas, no solo desde la perspectiva del derecho a la salud; ya que la discriminación y la desigualdad generó afectaciones a otros derechos sociales y económicos; hasta el punto, que, en ocasiones, se obstaculizó el goce de los mismos, representando una violación a los mismos.

En los hospitales, se documentaron casos en donde usuarios a pesar de haber esperado un tiempo prolongado, no pudieron admitirse debido a la falta de infraestructura y el poco personal de salud disponible. Lo cual, afectó a la atención médica adecuada. El derecho a la salud, incluye el acceso a esta atención, el derecho a acceder a la información y la libertad de no recibir tratamiento médico no consentido. No obstante, desde el inicio de la pandemia, los países tuvieron problemas respecto a su ejercicio².

En este momento de la pandemia, sobra destacar el reconocimiento al personal de salud, médicos y enfermeras quienes, pese a las dificultades existentes, fueron responsables y solidarios en la protección y cuidado de la salud, con un sentido ético y humanista. Durante la crisis, los problemas no solo fueron del entorno de la salud, sino también del ámbito familiar, emocional, escolar, laboral y económico. Esto, significó un reto en los gobiernos de todos los niveles respecto a la implementación de acciones creativas que protegieran el bienestar de la población.

La pandemia fue un factor de pobreza y desigualdad, su contagio no distinguió ni el nivel de ingresos ni la condición social de las personas. El fallecimiento de familiares y jefes de familia, así como el desempleo replanteó el papel del Estado en la economía y en la protección de los derechos humanos³.

El derecho a la salud, como todos los demás, nace del contenido constitucional; su garantía debe ser eficiente y oportuna, fuera de la improvisación y el desorden. Aunado a los problemas que se manifestaron, la falta de coordinación entre los niveles de gobierno trajo consigo la duplicación de acciones, el irracional uso de recursos y una mala organización de la atención de la población⁴. De esta manera, la pandemia fue un salto a una nueva relación entre el gobierno y el ciudadano, entre los gobiernos subnacionales y entre los gobiernos del mundo; siendo un reto la colaboración y la búsqueda de mejores prácticas que atiendan a la población⁵.

La COVID-19, trajo consigo problemas físicos, económicos, sociales y morales; trastocando el propio derecho de las personas de acompañar a un ser querido que acaba de fallecer, o de darle sepultura en apego a la tradición. El derecho humano de decir adiós, ha sido poco estudiado; la crisis sanitaria, modificó el proceso de la entrega del cuerpo y la velación, buscando evitar el contagio, pero trayendo otras afectaciones a la salud física, psíquica y mental de familiares y amigos. La pobreza y la marginación agudizaron el impacto a la salud y a la economía de este proceso, cuando no se contaban con los recursos y medios para la sepultura, dejando en ocasiones deudas importantes⁶.

Por otro lado, debe recordarse que el 31 de diciembre del año de 2019, la denominada Comisión Municipal de Salud de Wuhan comunicó la presencia de diversos pacientes de neumonía en dicho territorio, concluyéndose que fue por el naciente coronavirus. Al mes siguiente, el 12 de enero de 2020, en China se dio a conocer la secuencia genética del virus que origina la COVID-19. Este virus, traspasó la frontera de China al día siguiente, el 13 de enero, confirmándose un caso en Tailandia. El 20 y 21 de enero de 2020, la propia Organización Mundial de la Salud realizó una visita a Wuhan con el fin de conocer más profundamente el caso⁷.

El coronavirus, representó una situación inédita en la historia, dejando en claro la fragilidad del ser humano y lo vulnerable que es. Esta crisis sanitaria, marcó un antes y un después en el goce y disfrute de los derechos humanos, ya que las autoridades de todos los niveles de gobierno intentaron por todos los ámbitos de la vida humana proteger a la población del virus, poniendo en marcha medidas que restringieron derechos y libertades de índole fundamental. En este periodo, los derechos humanos aparecieron como eje central de la implementación de políticas públicas que contiendan y atiendan la pandemia, lo cual se estudia desde diversas disciplinas de la ciencia social y la propia medicina⁸.

Como se observa, la COVID-19 generó alarma en todos los países, con contagios que crecían de forma exponencial, poniendo en riesgo el sistema de salud y la economía misma. Afectó principalmente a los adultos mayores y a quienes padecían enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades de vías respiratorias e hipertensión. Un aspecto a destacar es el riesgo del contagio que se generó en instalaciones penitenciarias y de detención de inmigrantes, espacios de residencia para adultos mayores, donde generalmente la atención medica es inadecuada.

Pese a estas circunstancias, los gobiernos nacionales, se vieron en la necesidad de adaptar la atención médica y hospitalaria, de modo que el derecho a la salud se siguiera protegiendo en estas circunstancias extraordinarias. El papel de la sociedad civil, las empresas, el sector académico y de investigación fue fundamental para detectar y atender los riesgos de infección ante la gravedad de la propagación, por ello la implementación de medidas de control debía ser urgente y contundente. Tomando como base que desde el derecho internacional hasta el local, los derechos humanos protegen que todo individuo pueda disfrutar del acceso a la salud, brindando estos servicios a quien lo requiera e identificando los posibles riesgos a la salud pública.

Una justificante con respecto a las restricciones que se establecieron durante la pandemia, es el reconocimiento en la norma de derechos humanos, de los escenarios de amenaza a la salud pública y de emergencia que ponga en riesgo la integridad de la población; en donde se implementan restricciones a raíz de una evidencia científica y experiencias del momento, observando que su aplicación no sea arbitraria ni discriminatoria, respetando la dignidad humana. Lo cual justificó la imposición de la cuarentena y el aislamiento^9.

La atención de la pandemia, representó un llamado a las naciones para considerar la cooperación y la corresponsabilidad como ejes de la protección de los derechos de las personas. No debe dejarse de lado, que el empleo, estuvo fuertemente afectado, llevando a una recesión y una severa crisis de la que diversos países no han podido escapar aún. La escases de recursos, la desigualdad y la pobreza se agudizaron. Se incrementaron los casos de violencia doméstica y maltrato durante la pandemia, afectando deliberadamente a mujeres y menores de edad.

La COVID-19, no fue un fenómeno netamente sanitario, sino que trastocó el ámbito económico, político y social, por lo que disciplinas como el derecho, tuvieron un rol importante en su atención¹⁰. La crisis generada por la COVID-19, incrementó la discriminación estructural y generó problemas para el goce de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, políticos y civiles¹¹.Tuvo consecuencias severas en los sectores que sufren de exclusión social, de discriminación y de desigualdad; de quienes viven en situación de calle, en confinamiento y distanciamiento social¹².

El impacto negativo de la pandemia en la protección de los derechos humanos, afectó particularmente a las mujeres, debido a los cierres de empresas y el confinamiento, dejando a familias sin seguridad social. Además, que muchas mujeres, quedaron atrapadas en sus casas en un entorno de violencia. Hoy, gran parte de las mujeres se han ocupado en el sector informal, donde no cuentan con servicios de salud, quedando en riesgo ante las nuevas olas de contagio que se han suscitado¹³.

La inclusión, la participación y la solidaridad, deben imperar en la intervención gubernamental en la pandemia, generando nuevamente entornos propicios para el goce de los derechos humanos, incluido el acceso a la salud, que se ejerza con calidad e igualdad¹⁴. Deben replantarse los modelos económicos redoblando el combate a la desigualdad social y a la pobreza, atendiendo primeramente a la población con mayor marginación, atendiendo la protección de los derechos humanos de las minorias¹⁵. Actualmente, es necesario recapitular las estrategias, impacto y efectos vinculados con la COVID-19, para reflexionar alrededor de las vivencias de la población, el conocimiento generado y la experiencia de las autoridades¹⁶.

A partir de la revisión documental, a nivel internacional, uno de los documentos que se promovieron para direccionar los derechos humanos en los servicios hospitalarios durante la COVID-19 es la Resolución No. 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denominada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fue adoptada el 10 de abril de 2020. En dicho documento se reiteró que esta enfermedad afecta la vida, la salud y la integridad de las personas. Dejó en claro el riesgo que sufren las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que los Estados deberían brindar apoyos transversales para asegurar la integridad, alimentación y acceso a la salud de los mismos. En lo que respecta al tema de estudio, menciona que se debe tener total atención en las personas enfermas, discapacitadas o que cuentan con una necesidad especial. Del mismo modo, debe salvaguardarse la privacidad y los datos personales de la población que fue atendida por el sector salud¹⁷.

De igual forma, La CIDH, pronunció otra resolución que fue la No. 4/2020 titulada “Derechos humanos de las personas con COVID-19”, adoptada el 27 de julio de 2020. Este documento definió que el cuidado de la salud en esta pandemia incluye tanto lo físico como lo mental, considerando en todo momento los principios de equidad y no discriminación conforme a la estandarización internacional en materia de derechos humanos. Señala que los países miembros deben buscar mantener la cantidad suficiente de personal sanitario, contar con las pruebas de diagnóstico necesarias, contar con medicamentos, equipos y tecnologías para la atención médica; todo alrededor de la atención preventiva, curativa, paliativa, de rehabilitación y de cuidado de los pacientes con COVID-19.

Con esto, se busca evitar que se colapsen los sistemas de salud, lo cual pondría en una situación de riesgo los derechos de las personas con COVID-19 y de los propios empleados de la salud. Las plataformas que se usen para la atención de los casos sospechosos y con síntomas deberían ser eficientes, para que se contara con un control de los contagios¹⁸.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron recomendaciones con el objeto de salvaguardar la vida y la salud, generando discusión acerca de las instalaciones, infraestructura, bienes y servicios tanto sanitarios como médicos. Pese a ello, se presentaron diversos problemas en la atención médica debido a las malas condiciones hospitalarias, de higiene, falta de profesionales de la salud capacitados y competentes, insumos y materiales insuficientes, poco conocimiento sobre la enfermedad y en general, la escasez de recursos¹⁹.

En México, se estableció un acuerdo por el que se instauraron las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud, que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); el cual estableció medidas preventivas para los sectores público, privado y social, donde se evitaba la asistencia a lugares concurridos, la suspensión temporal de las actividades escolares y la protección de los grupos de riesgo. Para tal fin, la Administración Pública Federal, debió garantizar la continuidad de su operación y la continua protección de los derechos humanos. Esto, sumado a las medidas básicas de higiene que toda la población debió atender²⁰.

No obstante, no fue el único documento rector en materia atención contra el coronavirus. La tabla siguiente, presenta la normativa publicada en esta materia en el Diario Oficial de la Federación y las recomendaciones que establece para proteger el derecho de la salud de la población y los casos confirmados de esta enfermedad.

La tabla 1, demuestra como a lo largo de la pandemia, se publicaron acuerdos en materia de restricciones de movilidad, aislamiento, cierre temporal de actividades económicas no esenciales; así como de reactivación económica.

Materiales y métodos

Este artículo se fundamentó en un enfoque cualitativo, debido a que, a través del análisis documental, crítico y la reflexión se analizó la protección de los derechos humanos y la ética en los servicios hospitalarios durante la pandemia de la COVID-19, considerando la atención de quienes han sobrevivido a esta enfermedad que conllevó a millones de muertes a nivel mundial y que no solo afectó el ámbito sanitario, sino económico y social²¹. Para ello, se estudió información de los últimos tres años para contar con un panorama acerca de las dificultades del servicio médico hospitalario durante la pandemia y cómo se direccionó la práctica médica con base en la ética. Lo cual, incluyó el análisis de los decretos, lineamientos y políticas emitidas por el Gobierno de México y publicados en el Diario Oficial de la Federación relativos a la atención de la pandemia de la COVID-19, así como los difundidos en el portal de internet del Gobierno de México destinado al coronavirus, durante el período del 2020 al 2023.

En lo que respecta a la estadística del servicio hospitalario durante la pandemia se consultaron los datos del Gobierno de México que emitió la Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los datos generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del “Sistema de Información de la Red IRAG”. El periodo de estudio va del 2020 al 2023, es decir, desde que se comenzó a producir esta información al año actual.

Esta investigación se presentó con un enfoque inductivo, que partió de lo general a lo particular. Fue una investigación descriptiva porque buscó abordar las características del fenómeno, sus alcances, estableciendo opiniones con respecto a la idoneidad de las estrategias establecidas para atender el derecho a la salud. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron libros, revistas científicas, informes y opiniones³⁰.

Resultados

Como se describió al inicio de esta investigación en México hospitales particulares y del sector público, se transformaron en unidades de atención de pacientes COVID-19, donde se utilizaron equipos médicos para salvar la vida de cientos de pacientes. En el país, para el 11 de febrero de 2023, a nivel nacional se cuentan con 7,400,848 casos positivos, 332,580 defunciones y una estimación de 25,488 casos activos; de los casos activos el 9.75% requirió hospitalización³¹.

A continuación, a partir de los datos del Sistema de Información Red IRAG, editado por el Instituto de Geografía de la UNAM, se presenta la estadística hospitalaria de los casos de COVID-19 para el período 2020-2023.

De acuerdo con la tabla 2, al inicio de la pandemia, entre los años 2020 y 2021, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guanajuato, Oaxaca, Puebla y Morelos fueron los estados del país con mayor ocupación de camas en hospitalización general. Para 2023, con los esfuerzos realizados, el porcentaje en las entidades disminuyó drásticamente y las entidades de Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit e Hidalgo son las que lideran este indicador.

Con base en la tabla 3, se observa que ha disminuido con rapidez el porcentaje de camas con ventilador ocupadas. En las entidades de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas actualmente no se encuentran ocupadas las camas de este tipo disponibles.

Con respecto a la tabla 4, actualmente, las únicas entidades federativas donde se cuenta con ocupación de camas con ventilador en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla y Guanajuato, es decir, solo en el 19% de los estados de la república, cuando para 2020 la ocupación era generalizada en todo el país.

Con el contexto que presentan las tablas anteriores, debe considerarse, que la pandemia, puso en evidencia una serie de prácticas y omisiones que arriesgaron la protección y el ejercicio de los derechos humanos, lo que se reflejó en mayores problemas de atención a la discriminación, la desigualdad de los pueblos indígenas y adultos mayores, el maltrato hacia la población migrante, la violencia de género, el deficiente acceso a los servicios de salud, a la vivienda y a la seguridad social.

Si bien, ya se habían vivido periodos de crisis social en décadas anteriores, la naturaleza de esta, y que se ilustra en la situación hospitalaria; ocasionó un cambio en los paradigmas de las políticas públicas. Cada país, adaptó sus propias medidas, con gobiernos que asumieron su compromiso y protagonismo en contener la enfermedad; no solo considerando su financiamiento sino también su gestión y evaluación. En los servicios de salud, el Estado mantuvo desde el inicio una presencia activa protegiendo a todos los individuos sin importar su condición. No obstante, uno de los retos fue vigilar el cumplimiento de estas políticas que buscaban proteger la vida y la integridad de los habitantes; ya que no podía hablarse de una sanidad selectiva, debido a que es inaceptable en estos tiempos de gobernanza.

La contención del virus tomó entonces un giro público complejo; donde se buscó disminuir el impacto de la COVID-19 en los sistemas de salud. A la fecha, siguen apareciendo nuevas variantes del virus, con mayor letalidad y nivel de contagio. Pese a que se han minimizado las restricciones y otras estrategias como el uso del cubrebocas, aun en algunos países es latente el riesgo de volver a los niveles de inicio de la pandemia. La vacunación, fue otra política que marcó un antes y un después en este período histórico. Por otro lado, hay naciones que aún están haciendo esfuerzos sobrehumanos para que la atención a la salud llegue a toda su población³³.

Durante la pandemia COVID-19, se produjeron violaciones al derecho a la salud, debido a la falta de provisiones para el tratamiento intensivo que se realiza en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), debido a la falta de disposición de camas, la nula asistencia y poca disponibilidad de respiradores mecánicos. De igual forma, se suscitaron casos de discriminación para el acceso a la salud. Las barreras en el acceso a los servicios básicos y a derechos sustanciales como los vinculados a la salud, generaron una crisis hospitalaria que afecto a todo el sistema de salud³⁴.

En México, el gobierno federal y de las entidades federativas, de acuerdo con sus facultades formularon medidas sanitarias propiciadoras de mejor entorno de bienestar y de protección de la integridad de las personas, que no solo se centraron en el ámbito de la salud y hospitalario, sino que incluyeron aspectos como la movilidad, la gestión empresarial, el empleo y el comercio. En lo que concierne al tema de la salud, las políticas y las instituciones existentes buscaron generar un escenario propicio en la práctica médica, pese a las amenazas y daños a la infraestructura hospitalaria. En algunos casos, la población se manifestó en contra de que hospitales se convirtieran en centros de atención COVID-19, ya que representaron un foco de contagio. No obstante, la atención de la salud no pudo detenerse, debido a la obligación legal del Estado.

La discriminación no solo afectó a los usuarios de los servicios de salud, sino también a los profesionales de la salud, como médicos y personal de enfermería; lo que puso en riesgo su integridad y vida. Para abril de 2020, en el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se recibieron 159 quejas vinculadas con esta pandemia, por agresiones y actos delictivos contra personal del sector salud³⁵.

La protección de los derechos humanos en tiempos de pandemia, requirió la intervención de toda la comunidad, dejando de lado toda forma de discriminación y estigmatización, garantizando el acceso gratuito a las pruebas de detección de COVID-19 y eliminando las barreras del acceso a la salud en las comunidades más alejadas de las ciudades.

A como la pandemia iba avanzando, las experiencias y condiciones modificaron las políticas de salud, siempre buscando la atención integral, servicios y diagnósticos necesarios para quienes fueron víctimas de esta enfermedad, siendo esencial el papel de los funcionarios de salud³⁶.

En México, la Ley General de Salud regula la política en materia de emergencia sanitaria, donde el Consejo de Salubridad General deberá implementar las medidas adecuadas para la seguridad en salud, con base en los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Esta legislación en comento, define el papel de las autoridades y los particulares en caso de pandemia³⁷. Como se observó, el personal de salud fue el más involucrado en la atención directa de los enfermos de COVID-19. Su atención enfrenta diversos retos, donde se han identificado los denominadas “tres p”, que son el pandemónium, procedente de la celeridad del avance de la pandemia y del caos inicial para dar respuesta; la precariedad del sistema de salud para resolver un problema de salud pública de estas características, y la paranoia nacida en la respuesta social del temor ante lo desconocido³⁸.

La COVID-19 ocasionó un cambio en la organización y asistencia del sistema sanitario que impactó de forma directa a la gestión de su comunicación de los hospitales, tanto interna como externa. De forma interna, la ética y la moral, buscaron humanizar la atención de la salud, ofreciendo información oportuna y aplicando los mejores mecanismos para empatizar con los usuarios de los hospitales y sus familiares. Externamente, se dejó de lado la desinformación, difundiendo las medidas de prevención y atención de la COVID-19 y las enfermedades relacionadas con ella, y las que presentan como secuela. Aquí, el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) fue esencial para la apropiación del conocimiento de la salud y el intercambio de información entre las instituciones de salud y los grupos de interés a su alrededor. Al igual, la llamada telemedicina, se manifestó como una nueva vía de comunicación entre el médico y el paciente²⁹. Las áreas de urgencias y hospitalización, que tuvieron un papel más activo en la pandemia, se beneficiaron de estas estrategias, al tiempo que su personal se capacitó para gestionar de forma eficiente la presión y el estrés al que fueron expuestos³⁹.

En el caso de las secuelas por COVID-19 que requieren atención, se encuentran la debilidad muscular y los problemas respiratorios, que necesitan de rehabilitación y terapia, ya sea en casa o en alguna institución especializada⁴⁰.

Con esta dirección, las investigaciones sobre la COVID-19, deben incluir el estudio de las secuelas posteriores y los efectos de esta pandemia a nivel físico y psicológico, debido a que existen personas que estas secuelas les impiden su recuperación total, lo que deteriora su integridad y su vida cotidiana, incluyendo su capacidad para trabajar. Los problemas a la salud que surgen post COVID-19 incluyen síntomas del tracto respiratorio, trastornos psiquiátricos, neurológicos, ansiedad y algunas lesiones inflamatorias, por lo cual se deben generar los protocolos y medidas para su atención antes que se vuelvan problemas severos de salud pública⁴¹.

Así, la OMS, formuló la definición de lo que se conoce como la enfermedad pos-COVID-19, la cual contraen los individuos que han tenido infecciones, confirmadas o probables, de coronavirus, aparece noventa días después del inicio de los síntomas de coronavirus, durando sus síntomas hasta dos meses más. Por su reciente conceptualización, no existen muchas investigaciones que lo estudien y tratamientos que lo ataquen. Sus síntomas incluyen la fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva. Esto deja en claro que la COVID-19, tiene efectos en el largo plazo, principalmente en el sistema pulmonar, cardiovascular y nervioso, incluyendo también efectos psicológicos. Estos cuadros de esta nueva enfermedad, se dan con mayor frecuencia en mujeres, personas de mediana edad y en aquellos que mostraron más síntomas al inicio de estar contagiados.

La definición de esta enfermedad, es un avance para su estandarización y reconocimiento, para que el personal médico y sanitario la reconozca en sus pacientes y realicen la intervención pertinente, a través de modelos sanitarios integrales. Un reto es que no existen pruebas para detectar las afecciones posteriores a la COVID-19, por lo que sus causas no son completamente claras⁴².

A través de estos paradigmas, los derechos humanos en tiempos de COVID-19, en los servicios de salud y hospitalarios, no terminan cuando el paciente tiene una prueba negativa, sino continúan con la atención de las afecciones posteriores que puedan presentarse. A la fecha, los sistemas de salud deben formular las políticas necesarias atendiendo no sololos síntomas de quienes se contagian, sino también en como integrar nuevamente a su vida cotidiana a quienes presentan secuelas, respetando en todo momento su integridad y dignidad humana.

Al hablar de la ética en el servicio médico, debe comprenderse que el fin de este último es propiciar un bienestar físico y mental, curar y aliviar enfermedades, desde un sentido humanista. El médico, debe ser un profesional con competencias surgidas a partir del conocimiento científico y las verdades actualizadas. La ética médica, es una disciplina que busca el beneficio del paciente, privilegiando su dignidad y su vida, con un alto sentido de alta responsabilidad⁴³. Hipócrates, fue uno de los primeros pensadores de la ética médica, que sigue siendo vigente desde la Asociación Médica Mundial (AMM) teniendo como pilares la ética y los derechos humanos en la práctica de esta profesión⁴⁴.

Hoy en día, la telemedicina y otras tecnologías, han evolucionado la relación médico-paciente, pero siempre basándose en la reflexión filosófica y en la moral⁴⁵. La medicina, exige trabajo en equipo y coordinado, responsable y digno; donde la comunicación es fundamental para crear un ambiente positivo y prudente. El médico, no solo se involucra con el paciente, sino también con sus familiares y amigos, para enfrentar la situación que conlleva la enfermedad, siendo capaz de ofrecer toda la ayuda que pueda⁴⁶.

Además, en la práctica médica, el triaje, es un sistema encargado de la selección y clasificación de los pacientes en los servicios de urgencia, el cual se basa en las necesidades terapéuticas y los recursos con que se dispone, diferenciando a los pacientes. Este criterio persistió en la pandemia, pese a la urgencia sanitaria, lo cual evitó injusticias, discriminaciones, vulneraciones o exclusiones de pacientes; con el respeto al derecho fundamental a la salud y la vida. Es una herramienta que privilegia la ética de la salud pública para maximizar el bien social⁴⁷.

En otro sentido, en cuanto a los principios éticos en la atención hospitalaria durante la emergencia sanitaria, es importante mencionar que estos se encuentran vinculados con la protección de los derechos humanos e intrínsicamente ligado a la gestión pública en materia de salud. En este sentido, el brote de la COVID-19, evidenció la carencia y dificultades operativas de los sistemas de protección en salud, lo cual hizo compleja la atención médica durante la pandemia. Aun en estas circunstancias, médicos y personal de salud tenían que continuar laborando bajo un enfoque ético que defienda la dignidad humana.

El derecho a la salud, debe caracterizarse por las prácticas profesionales éticas en todos las instituciones de salud. Al inicio de la pandemia, existió una preocupación por implementar medidas objetivas, criterios fundados y principios éticos con el fin de orientar a los profesionales de la salud y a las organizaciones sobre cómo manejar esta crisis sanitaria, centrándose en la atención y control de la población contagiada y sus familiares.

Este último grupo de población, en esta pandemia, ha sufrido rechazo en ocasiones por su condición de pobreza, estando en una situación de vulnerabilidad. La confidencialidad, ha sido otro de los principios éticos que se han implementado, ya que el personal de salud debe contar con el consentimiento informado de las personas contagiadas antes de utilizar los datos vinculados a la enfermedad del paciente.

La atención ética de la salud en pacientes de COVID-19, incluye que el Estado debe asegurar las vías para ejecutar indagaciones acerca de los errores en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que pueda recibir el paciente⁴⁸.

La práctica clínica en estos últimos años se ha visto entonces envuelta en presiones, adaptándose a las circunstancias y cargas de trabajo extremas, donde el personal debía reflejar su capacidad de enfrentar los nuevos dilemas morales y éticos. Enfoques como la bioética y los derechos humanos desempeñan en este fenómeno un papel fundamental, empoderando al paciente. El cuidado humano, debe contextualizarse bajo la preocupación autentica por el prójimo, con amabilidad; lo cual sirve de contrapeso contra el dolor, la ansiedad, la angustia, el sentimiento de pérdida, el temor de lo desconocido y otros sentimientos que afectan al paciente y a sus familiares en estas situaciones de vulnerabilidad.

Pese a que el exceso de pacientes puso en jaque hospitales y demás instituciones de salud, el personal de salud se ha caracterizado por hacer como propios los dolores e incertidumbre que aquejan a los enfermos, comprenden su sufrimiento y miedo. Lo anterior, en un contexto en que las jornadas laborales eran largas debido a la escasez de personal de salud.

Es importante destacar que el aislamiento hizo más fuerte esta vulnerabilidad por el miedo de contagio de los familiares de los pacientes. Así, la humanización de la atención de la salud fue fundamental para atender la pandemia, trabajando con empatía, comunicación y compasión.

La COVID-19 representó un punto de cambio frente a la seguridad económica y sanitaria, ya que ningún país estaba preparado para afrontar una situación de esta magnitud. En este, la ética y los derechos humanos propiciaron una respuesta adecuada conforme a las libertades y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y a la vida, entre otros, basando el gobierno su atención en los valores⁴⁹.

Discusión

La pandemia de la COVID-19 no representó una excusa para la realización de actos de violación de los derechos humanos. Las acciones en el sector hospitalario y de la salud en general, se implementaron respetando los estándares internacionales, las mejores prácticas y el conocimiento disponible⁵⁰.

Las recomendaciones y estrategias para controlar la pandemia, abarcaron del ámbito internacional hasta el local, considerando la inclusión de la población rural en la atención de la enfermedad, el trabajo coordinado para la organización de los equipos de salud y la sistematización de la información, promoviendo una práctica interprofesional y el intercambio de tareas para expandir la capacidad de atención⁵¹. Otra estrategia fundamental, se realizó al buscar que los centros de salud de atención primaria, contarán con los elementos de información, prevención, atención y tratamientos esenciales para adelantarse a la atención de los casos graves. Las áreas de hospitalización y emergencia deberían contar con capacidad de atención, lo que incluye ambulancias, camas, espacios adecuados y medios para facilitar el traslado oportuno de pacientes, quienes también tienen derecho a la protección, manejo adecuado y conocimiento de su historial médico. En casos extremos, los países deberían considerar los cuidados paliativos en casos graves.

Por otro lado, los pacientes que sobrevivan al virus, en algunos casos necesitarán de rehabilitación y seguimiento de las secuelas. La población de las regiones rurales y de lugares alejados a los centros de población, son los que tuvieron mayores dificultades para tener acceso a estas acciones.

Un criterio de aplicación general durante la pandemia para todos los países, fue el derecho de los pacientes y sus familiares a contar por parte de los prestadores de servicios médicos de una información oportuna, completa, comprensible y clara sobre su situación médica; informándole de igual manera sobre su diagnóstico, las alternativas, beneficios, posibles efectos y riesgos sobre su tratamiento.

Desde el otro lado de la moneda, cuando se abordan los derechos del personal de salud, uno de ellos estriba en la búsqueda de su estabilidad laboral, descanso y remuneración adecuada, ya que se sometieron a largas jornadas de trabajo llenas de presiones y exposición a este virus. A lo que también era necesario que contaran con todo lo necesario para su protección personal y bioseguridad.

En los casos de fallecimiento que se suscitaron, los familiares tuvieron en todo el momento el derecho de que fuera respetada su integridad personal y salud mental, recibiendo información sobre sus seres queridos; teniendo asimismo el derecho de poder llevar su duelo y realizar sus ritos mortuorios, a la vista de sus tradiciones y religión, bajo las recomendaciones de las autoridades de salud para proteger la salud de los mismos familiares¹⁸.

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) efectuó las acciones y ajustes necesarios para vigilar y dar seguimiento a los acuerdos y medidas de seguridad sanitaria establecidos por la Organización Mundial de la Salud y demás organismos en la materia. Atendiendo de manera prioritaria las quejas recibidas por probables violaciones a los derechos humanos a consecuencia de la COVID-19. Al inicio de la pandemia en el año 2020, la CNDH generó discusión y opinión sobre las acciones emprendidas por los gobiernos⁵².

Otra medida que fue fundamental para la gestión de la pandemia, fue la reconversión hospitalaria, la cual se realizó de forma temprana en una labor conjunta entre las autoridades hospitalarias y el personal de salud. Se incrementaron las áreas de terapia intensiva y se buscaron recursos, a fin de equipar dichas áreas conforme a las necesidades del momento. No obstante, los materiales y equipos como los de ventilación eran insuficientes con respecto a la demanda, haciendo más compleja la atención hospitalaria⁵³.

A partir de estos escenarios, es que los sistemas de salud se vieron obligados a buscar apoyo de toda la sociedad civil, el sector privado, académico y de investigación; con el propósito de trabajar en conjunto para prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos. Sin embargo, la tarea del sector salud continua, ya que además que se siguen suscitando casos de COVID-19, existen pacientes que aún tienen secuelas y que deben ser atendidas sin importar condiciones de cualquier tipo⁵⁴.

Como se analizó al inicio de esta investigación, organismos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud, emitieron recomendaciones y estrategias para proteger el derecho humano a la salud de la población en general y de los contagiados por esta enfermedad. A lo que paralelamente, el Gobierno de México, en estos últimos tres años, ha emitido decretos y acuerdos para mitigar los efectos de la pandemia, proteger la integridad de la población, proteger el acceso a los servicios hospitalarios, generar entornos seguros para los grupos vulnerables, promover la vacunación, proteger la seguridad del personal médico y hospitalario, y dar paso a la conocida nueva normalidad.

Más aún, la toma de conciencia, la corresponsabilidad y la ética, si bien no fueron motivo de regulación por el gobierno mexicano; su ejercicio fue significativo para contar con servicios de calidez en los hospitales y demás instituciones de salud. La protección de los derechos humanos en la COVID-19 incluyen recibir información objetiva, atención sanitaria y un tratamiento oportuno, acceso a servicios para la prevención y atención de la violencia, acceso a programas de seguridad alimentaria, protección ante los riesgos de contagio, respeto a la identidad de género en el ámbito hospitalario, a la disponibilidad de servicios públicos y a la atención post hospitalaria⁵⁵.

Al mismo tiempo, la moral, fue primordial en la COVID-19, dando pie a la toma de decisiones bajo el concepto del juramento hipocrático en la práctica médica, con fundamentos como el triaje y demás precepción del orden de la ética médica. El personal médico, tuvo la tarea de identificar las situaciones de riesgos que podrían vulnerar los derechos humanos para fomentar en ellos los valores y la corresponsabilidad⁵⁶.

La COVID-19 ha trazado dilemas éticos para los gobiernos, sus sistemas sanitarios, los profesionales de la salud, las personas con la enfermedad y para la sociedad en su conjunto, los cuales fueron gestionados desde la moral y los valores⁵⁷. La ética, desde sus comienzos, se ligó a la medicina, siendo la ética médica un núcleo que contextualiza los principios morales que se aplican a la práctica clínica, a partir de conceptos y guías basadas en valores. Durante la pandemia, estos elementos revistieron la acción médica y hospitalaria, hacia un cuidado respetuoso y digno, con trabajo en equipo, reciprocidad, flexibilidad, capacidad y toma de decisiones. La COVID-19 ha sido la base para una nueva cultura social y ha dejado entrever nuevos desafíos éticos a los que se enfrenta la medicina⁵⁸.

La ética y la moral, han sido aliados en la protección de los derechos humanos, en un ambiente complejo debido al aislamiento, la cuarentena, la crisis médica y hospitalaria. El liderazgo, ha sido fundamental en la respuesta al coronavirus, donde fue necesaria la intervención activa de toda la sociedad, en un entorno de corresponsabilidad.

La ética, es un componente necesario para las decisiones políticas, que conlleva al compromiso hacia todas y todos, que en esta emergencia que aún no termina, debe seguir siendo la base para el rumbo de su atención, que debe centrarse en su impacto y sus efectos⁵⁹.

Conclusiones

El ejercicio ético y la protección del derecho humano, sin importar las circunstancias del momento, deben prevalecer en cualquier sociedad, por lo que desde el inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, fueron la base para el establecimiento de las medidas y políticas necesarias para atender y combatir los efectos negativos de esta pandemia.

En materia de salud, no solo se centró la atención en su acceso, sino a la disponibilidad, calidad, eficiencia, rapidez y trato durante la misma; concientizando al personal médico y de hospitales para que sus actos se realizarán con pleno respeto de la dignidad humana, amabilidad, empatía y comprensión.

Aunado, se consideró en la acción pública vinculada con la COVID-19, el papel que juegan los familiares de los pacientes, cuando estos fueron atendidos, hospitalizados y en los peores casos en los que fallecieron. Fue un escenario complejo que requirió del fortalecimiento de la ética y la moral, considerando que el fin último era proteger la vida humana.

Hoy, a más de dos años del inicio de la pandemia, aún continúan apareciendo nuevos casos, nuevas variantes del virus y nuevos fenómenos como las enfermedades que el coronavirus deja como secuela en el sistema respiratorio, inmunológico, nervioso y en la salud mental. Pese a que organismos internacionales como la OMS y la CIDH, por mencionar algunas, han generado discusión sobre estas temáticas; es necesario que las Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación orienten parte de sus investigaciones en caracterizar y comprender esta nueva normalidad, para aprender de esta pandemia y mejorar la respuesta ante ellas en el futuro.