Características de la población paraguaya

Uno de los rasgos principales de la demografía paraguaya es su gran debilidad, así como su dependencia de los flujos respecto a los dos grandes países circundantes, Argentina y Brasil. Con una población total en 2012 de algo menos de 6.5 millones, existen en la actualidad casi 800 000 emigrantes residentes en el extranjero (que representan 12% de la población total), mientras que la presencia de población extranjera se eleva a 169 011 personas; esto es, 2.7% del total (^{Oddone, 2011: 25}).² El origen mayoritario de esta población extranjera es Brasil (47.7%) y Argentina (36.5%). Ambas suman más de 84% de los extranjeros residentes en Paraguay.

Los procesos clave de la historia migratoria paraguaya arrancan con el desastre nacional de la guerra de la Triple Alianza en 1870. Con su población y su economía totalmente destruidas, los gobiernos de la inmediata posguerra se orientaron a políticas de colonización agrícola a través de población inmigrante con la intención de repoblar el país e intensificar la producción del sector primario. Esas políticas, no obstante, fracasaron en su intento de captar la inmigración deseada, especialmente la europea que, con un volumen 100 veces superior a la que llega a Paraguay, se dirige a los países triunfantes en la guerra, fundamentalmente Argentina, Brasil y, en menor medida, Uruguay (^{Oddone, 2011}).³

Reviste especial importancia la llegada, en época de la dictadura de Stroessner (a mediados de la década de 1960), del más importante flujo inmigratorio que registra la historia paraguaya. Se trata de un gran contingente procedente de Brasil, que jugó un papel protagonista en la consolidación de un modelo productivo agro-ganadero de alta tecnología y baja demanda de mano de obra. No obstante, el modelo agroexportador, como sucede con el modelo extractivista, vinculado a empresas trasnacionales, no hizo sino reforzar la tendencia hacia la emigración, ya que su implantación no dinamizó el mercado de trabajo formal, sino que sentó las bases de un mercado altamente informal caracterizado por el subempleo y el desempleo. “Estas condiciones castigan particularmente a personas jóvenes y mujeres, lo que da a la emigración paraguaya un perfil eminentemente joven y femenino” (^{Oddone, 2011: 6}).⁴

Durante los últimos 60 años se registra el incremento poblacional más acusado de toda la historia paraguaya. En este lapso la población nacional casi se quintuplica, pasando de 1 328 452 habitantes del año 1950 a 6 461 041 de 2012. La fiabilidad de las fuentes censales paraguayas es algo precaria, especialmente por lo que respecta a las encuestas censales de las grandes áreas rurales y selváticas del país. Por ello, los datos deben tomarse con reservas.

La principal concentración de población extranjera se sitúa en la región oriental y, muy especialmente, en el departamento de Alto Paraná. Este aporta 35% del PIB nacional. Las principales actividades económicas son la agroexportación de la soja, así como la producción ganadera e hidroeléctrica (centrales de Itaipú y Acaray).

Frente a los imaginarios del poder, que piensan la “nación paraguaya” como una entidad blanco-mestiza, el efecto llamada de sus políticas territoriales colonizadoras, especialmente por lo que respecta a la incorporación de población de origen europeo, ha sido siempre muy limitada. Tan solo los vecinos brasileños y argentinos, mediante generosas concesiones territoriales y exenciones fiscales, han ido ocupando el territorio paraguayo desde la segunda mitad del siglo XX. En el seno del Cono Sur, Paraguay se caracteriza por una tolerancia fiscal extrema para las actividades empresariales trasnacionales, que lo convierten en un duty free regional. La puesta en explotación de millones de kilómetros cuadrados no reporta a las arcas del Estado más que pírricos beneficios que, además, no son redistribuidos de manera equitativa.

La imagen de un territorio nacional vacío, en que se han fundamentado históricamente las políticas de llamada a la inmigración extranjera, se corresponden con el prejuicio étnico y racial de no contabilizar a las poblaciones indígenas con sus usos particulares del territorio y con sus artes de subsistencia. Ya la Constitución paraguaya de 1870, en su artículo 6o dedica una mención explícita a la necesidad de poblar el país: “El Gobierno fomentará la inmigración americana y europea y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio paraguayo de los extranjeros que traigan por objeto mejorar las industrias, labrar la tierra e introducir y enseñar las ciencias y las artes” (^{CP, 1870, Art. 6o}).

A pesar del siglo y medio transcurrido desde 1870 y de las drásticas reformas constitucionales y legislativas en materia de derechos de los pueblos indígenas, el imaginario de las élites paraguayas (como del resto de países latinoamericanos, en general) sigue excluyendo a los indígenas, no solamente del territorio, sino de cualquier imaginario relacionado con la modernidad y el desarrollo. Este olvido histórico tiene su expresión en el campo estadístico y demográfico. A pesar de la realización hasta el presente de tres censos indígenas, estamos muy lejos de saber a ciencia cierta cuántos indígenas habitan en Paraguay. El baile de cifras entre los censos y las estimaciones de organismos internacionales y estudiosos independientes son muy significativas. Por otro lado, como destacan numerosos especialistas, existe un problema técnico derivado de una cuestión ideológica: quién es indígena, en qué consiste ser indígena. Los criterios de definición de la categoría fluctúan entre variables como la lengua materna, la región habitada y la autoadscripción, entre otras (^{Pujadas et al., 1999}; ^{Pereira, 1999}; Peyser y Chakiel, 1999; ^{Lloréns, 2002}).

Los primeros datos sobre población indígena datan de 1940, cuando la OIT hace pública una estadística contando una población de 442 519 indígenas en Paraguay (^{Marroquín, 1972}). El mismo autor aporta datos estimados del mismo Instituto Indigenista Interamericano correspondientes a 1960, que calculan la población indígena en 68 000 personas. No es hasta 1981 cuando el propio gobierno paraguayo lleva a cabo un primer censo indígena, y arroja datos de una población indígena compuesta por 38 703 individuos. El segundo y tercer censo indígena se llevan a cabo en 2002 y 2012, y ofrecen un conteo de 89 169 y 117 150 personas, respectivamente (^{DGEEC, 2012}).

Fronteras

Las fronteras constituyen uno de los dispositivos clave en que se expresa el principio de soberanía de los Estados. Establecer, guardar, proteger y vigilar las fronteras nacionales son algunas de las funciones políticas y administrativas de los Estados nación. A propósito de esto, veamos lo que establece la Constitución paraguaya de 1870, en su Capítulo VIII, dedicado a las atribuciones del Congreso:

Corresponde al Congreso: 3. Legislar sobre Aduanas y establecer los derechos de importación y exportación [...] 12. Arreglar definitivamente los límites de la República. 13. Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al cristianismo y a la civilización (^{CP, 1870 Art. 72, ap. 3,12 y 13} ).

Resulta aleccionadora esta declaración solemne por parte de los congresistas constituyentes paraguayos. Por un lado, se trata de establecer la dimensión mercantil de la frontera, legislando la entrada y salida de mercaderías. Este papel de arbitrio económico pasa por delante de la regulación del paso de personas. La segunda referencia a la frontera no constituye un tema menor, pues establecer los límites territoriales exactos requiere una gran movilización técnica y humana y, por supuesto, la concertación con los vecinos, junto a los que se debe pactar el trazado de la línea fronteriza. De todos modos, el apartado más interesante del texto constitucional es la referencia a las “fronteras interiores” de la República; esto es, la frontera entre civilización y barbarie. La seguridad de las fronteras no se vincula a los países vecinos, sino que está directamente conectada con los territorios de unos indígenas a los que hay que pacificar y civilizar por medio de su conversión al cristianismo. Queda claro, pues, que las declaraciones de ciudadanía universal para las poblaciones de la República no contemplan a los pueblos originarios, al menos en su estado salvaje o bárbaro. No existe ninguna duda, si confrontamos esta cosmovisión con la de cualquiera de los demás países latinoamericanos, de que el proyecto republicano de national building pasa por las políticas indigenistas de asimilación india y con la idea del liberalismo político, heredada de Europa, de construir una ciudadanía culturalmente homogénea.

A pesar del origen bélico-militar del que procede el término frontera, que deriva de frente (del latín frons), las fronteras no solamente separan territorios de soberanía estatales, sino que pueden concebirse más como “puentes” que como “muros”, en la medida en que suelen constituir centros neurálgicos de actividades comerciales y de trasiego humano (^{Douglass, 1994}). No es casualidad que, en el caso paraguayo, tanto la capital, Asunción, como Ciudad del Este, el segundo agregado urbano paraguayo, estén situadas, respectivamente, en la frontera occidental con Argentina y en la frontera oriental con Brasil y Argentina. Claramente, el Estado paraguayo ha tendido a profundizar más la función de puente y de nexo de intereses con sus vecinos que a concebir la frontera solamente en términos de soberanía nacional. No es posible, por otro lado, obtener una fotografía de ninguna frontera que nos dé cuenta del dinamismo y la complejidad de los intercambios fronterizos (^{Pujadas, 1997}). En la toponimia fronteriza paraguaya existen marcas indiscutibles de antiguos frentes bélicos como las hoy ciudades de Fuerte Olimpo o Fortín General Caballero. Ello nos habla del largo proceso de fijación de la frontera frente a dos poderosos vecinos, como Argentina y Brasil y, en menor medida, frente a Bolivia, que linda con Paraguay en el sector noroccidental.

Más allá de los usos estratégicos de la frontera, derivados de las políticas estatales en cada momento histórico, debemos tomar en cuenta el rol que juegan las poblaciones fronterizas; esto es, el conjunto de habitantes situados a un lado y otro de cada frontera y cuya vida cotidiana gira alrededor del hecho fronterizo, bien como agentes de control y vigilancia, bien como trabajadores que cruzan diariamente la divisoria para ir a su trabajo “en el otro lado”, bien las personas dedicadas al comercio interfronterizo (de manera legal, para-legal o ilegal), bien los residentes que van a abastecerse a la ciudad más cercana del país vecino o a procurar servicios médicos o centro de estudios y, en fin, los visitantes y turistas que trasiegan por los espacios fronterizos. La lógica de la frontera como límite o como muro separador excluye la misma existencia de regiones fronterizas, entendidas como espacios de encuentro, de intercambio, de hibridación, de mestizaje y de conflicto de intereses (^{Pujadas, 2014: 60}).

En una época como la actual, marcada por dinámicas trasnacionales, lo local hay que releerlo como espacios particulares de un mapa global. La perspectiva glocalista resulta especialmente relevante cuando nos enfrentamos al complejo desciframiento de las prácticas transfronterizas, que están atravesadas por poderosos vectores e influencias exógenas de carácter estratégico, político y económico. Como sugiere Appadurai:

Paradójicamente, para el Estado-nación los movimientos humanos característicos del mundo contemporáneo son una amenaza tan peligrosa como los apegos de los sujetos locales a la vida local. Las formas de circulación humana características del mundo contemporáneo amenazan el isomorfismo de gente, territorio y soberanía legítima que constituye la carta normativa del Estado-nación moderno. Hoy en día se reconoce ampliamente que la movilidad humana es un aspecto más definitivo que excepcional de la vida social del mundo en que vivimos (^{Appadurai, 1996: 42}).

El incremento exponencial de la circulación, a través de las líneas fronterizas, no debemos interpretarlo como resultado de un eventual declive del Estado en su capacidad de control y de imposición de reglas. Se trata, más bien, de un doble proceso simultáneo de apertura y cierre fronterizo, que se corresponde con los intereses de las élites que gobiernan el Estado. Se trata de la imposición de un nuevo “régimen de movilidad”, que abre las fronteras a la llegada de capitales y a la exportación de mercaderías, al tiempo que las cierra a determinados sujetos y actividades de pequeña escala (^{Glick y Salazar, 2013}).⁵

Prácticas trasnacionales

Lograda su independencia, durante la presidencia de José Gaspar Rodríguez de Francia, Paraguay se recluyó tras sus fronteras, prohibiendo entradas o salidas de población y limitando al máximo las transacciones comerciales con los países vecinos. Los sucesores en la presidencia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López, proyectaron un cambio de rumbo, intentando atraer población extranjera y buscando expandirse hacia las fronteras y fomentar las relaciones externas. Esto se vio frustrado por la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Tras el conflicto, que le costó al país gran parte de su territorio y población, Paraguay buscó recomponerse poniendo a la venta predios del Estado (tierras fiscales), para atraer inversión y población extranjera. Los principales inversores foráneos fueron argentinos, británicos, estadounidenses y alemanes, que orientaron sus actividades a la extracción de recursos naturales (tanino en la región occidental y madera y yerba-mate en la región oriental), y también a la ganadería, al transporte ferroviario y náutico, a las telecomunicaciones y a la banca. En ese proceso se constituyeron grandes latifundios extractivistas, lo que generó escasa fijación en el país de nueva población, ya que se sirvieron de la explotación de la mano de obra nativa (^{Souchaud, 2007}; ^{Nickson, 2005}; ^{Glauser 2009}; ^{Alegre y Pozzo, 2008}; ^{Vázquez, 2006}; ^{Carrón y da Silva, 2007}; ^{Cepal, 1987}).

Eremites de ^{Oliveira y Esselin (2015)} afirman que la explotación de la yerba-mate vertebró las relaciones fronterizas entre Paraguay, Argentina y Brasil, fruto de la concertación público-privada, lo que supuso la explotación de extensas áreas de la región fronteriza, con indígenas locales como principal mano de obra. Estas grandes empresas extractivistas tenían el control de toda la región, lo que propició las prácticas de contrabando interfronterizo

Estas actividades declinaron con la crisis económica mundial de 1929 y con la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935). El periodo estuvo marcado, además, por la inestabilidad política y las luchas sociales en Paraguay. De esa forma, en los años 1940-1950 se produce un cambio en la estructura política y económica del país. Con la asistencia financiera y técnica de Estados Unidos, Paraguay amplió sus infraestructuras, principalmente de transporte y comunicación, lo que mejoró la integración de la economía del país y produjo, asimismo, una aproximación a Brasil (^{Cepal, 1987}). Así empieza un nuevo ciclo en la estructura productiva del país, a partir de políticas de expansión agrícola. Con este fin se crearon el Estatuto Agrario y el Instituto de Bienestar Rural (IBR), como puntos de arranque de la Reforma Agraria y de la colonización del interior y de las fronteras nacionales.

En ese contexto, en el decenio de 1970 la expansión de la frontera agrícola en Paraguay se acelera con masivas inversiones internacionales. Las principales inversiones provienen de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Alemania, seguidos de España e Italia (^{Cepal, 1987}). Además de un gran flujo interno de migración para ocupar y producir en el interior y en torno a las fronteras, significativos contingentes brasileños llegaron a la región de colonización, situada en el interior de Paraguay. Se estima que entre 1960 y 2000 la migración brasileña se situó entre las 300 000 y 500 000 personas (^{Souchaud, 2007: 106}). En su mayoría llegaron al país por la disponibilidad de tierras de colonización privada, ofertadas por el IBR, que adjudicó tierras públicas a personas que no reunían los requisitos previstos en la Reforma Agraria, estimulando así una colonización privada en manos extranjeras. Estas políticas estatales marginalizaron a las poblaciones campesinas e indígenas, con lo que la Reforma Agraria sirvió básicamente para consolidar el agronegocio trasnacional, de cuyos beneficios participan las élites nacionales.⁶

Desde la década de 1970, pues, asistimos al avance del mercado agroexportador y a la aproximación política entre Brasil y Paraguay, que entonces estaban siendo gobernados por dictaduras militares. Se desarrollaron políticas concertadas en infraestructuras, como la construcción de la Central Hidroeléctrica de Itaipú o el Puente de la Amistad, que comunica Ciudad del Este con Foz do Iguaçu, dando continuidad a la Ruta Nacional 7 paraguaya con la BR-277 brasileña (^{Rabossi, 2011}). Esta mejora en las comunicaciones terrestres potenciaba la actividad exportadora y daba salida al mar a Paraguay. Esta nueva situación liberaba a Paraguay de la dependencia histórica de Argentina, ya que hasta entonces toda la actividad de importación y exportación se realizaba a través de los ríos Paraguay y Paraná.

^{Carrón y da Silva (2007)} analizan la transformación demográfica en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil con los flujos determinados por la expansión de la soja. Miles de personas llegan a la región para atender esta producción, mientras otros se hacen cargo de los servicios que requieren las nuevas áreas rurales y urbanas transfronterizas. En ese sentido, argumentan que este proceso tiene como consecuencia una restructuración de las relaciones fronterizas bilaterales:

La frontera, en cuanto límite divisor de espacios económicos diferentes según los países que la conforman, deja de existir. Ahora se halla un continuo que responde uniformemente a las oscilaciones del mercado internacional y se apoya en una infraestructura financiera que funciona con la misma fluidez, en ambos lados de la simbólica frontera (^{Carrón y Silva, 2007: 19})

En este mismo sentido, ^{Yaluff (2007)} sugiere que la organización económica del territorio paraguayo responde a lógicas comerciales regionales vinculadas a la exportación de ganado y de soja, lo que hace que la economía nacional sea satélite de intereses externos. Según el autor, al tiempo que las fronteras operan como interfases, permitiendo la circulación y facilitando el desarrollo de las actividades económicas, “homogeneizan espacios que se constituyen en regiones económicas trasnacionales” (^{Yaluff, 2007: 91}). De esta forma, Paraguay compone una red de producción trasnacional, que trabaja para atender el mercado internacional. Por ejemplo, sobre la producción y exportación en Paraguay Yaluff afirma que: “El 70% de la soja se exporta como grano y el 26% va a la industria. El 60% de la soja en grano se destina a EEUU, 28% a la Argentina, y 1.07% a Brasil. Por otro lado, el aceite de soja se exporta a la Comunidad Andina.”

Y sobre la ganadería plantea que “en 2004, el 73% de la producción se destinó a la exportación, mientras que el 27% al mercado local. Los principales mercados de exportación son Rusia, Chile, Brasil, Líbano e Israel” (^{Yaluff, 2007: 87}).

El agronegocio es la principal práctica económica del país en la actualidad y se compone de redes trasnacionales. ^{Rojas Villagra (2009:36)} menciona que “de las 12 trasnacionales en el sector del agro-negocio que operan directamente dentro de la economía paraguaya, cinco provienen de los Estados Unidos, seis de países europeos y uno de Asia, específicamente de Hong Kong”. Sobre la gestión de agrotóxicos y fertilizantes en Paraguay, ^{Franceschelli (2016)} destaca que solo ocho empresas manejan el 80% del negocio de las sustancias químicas, todas ellas vinculadas a capital extranjero. Lideran como importadoras de pesticidas Monsanto Paraguay con 12% del volumen ingresado, Agrotec S.A. con 10.4% y Tecnomyl S. A. con 9.5%. De esa forma, la autora denuncia que la producción agrícola nacional es altamente dependiente de insumos extranjeros, y que no existe política pública que apunte a disminuir esa dependencia. Al mismo tiempo, gran parte de la producción agrícola y ganadera está en manos de inmigrantes brasileños, menonitas, japoneses y alemanes. Además, el agronegocio en Paraguay está directamente relacionado con la acumulación de tierra en manos de unos pocos y el consecuente desplazamiento forzado de los pequeños productores y la falta de tierra para las poblaciones indígenas y campesinas, con la disminución de la producción campesina autóctona y la seguridad alimentaria, así como con el deterioro ambiental (^{Palau, 2016}). El agronegocio en Paraguay supone un reto, tanto para la soberanía nacional como para el equilibrio ambiental y los derechos ciudadanos.⁷

En Paraguay, por otro lado, la extracción de hidrocarburos, de minerales, así como la gestión del agua están asimismo en manos de empresas trasnacionales. Hasta el momento no se ha podido extraer gas o petróleo, pero el territorio está dividido en concesiones para realizar prospecciones desde los años 1940. En este sector están registradas 31 empresas, de las cuales 50% provienen de Estados Unidos, cuatro son nacionales y las demás son de otros países. La minería no está demasiado explotada, lo que lleva al gobierno a buscar su desarrollo con incentivos a los inversores foráneos. Existen 112 empresas registradas en dicho sector y los principales actores son canadienses y estadounidenses. El agua, que es abundante en algunas regiones de Paraguay, con acuíferos compartidos con los países vecinos, posee una legislación frágil y su uso desmedido está en manos de empresas privadas, nacionales y trasnacionales (^{Ortega, 2016}).

El caso de la explotación del oro en el departamento de Guairá se centra en la concesión por parte del Estado paraguayo del derecho de explotación a la empresa canadiense Latin American Minerals, que opera a través de la filial paraguaya Lampa, en Paso Yobai. La exclusividad del contrato supone que las familias propietarias de tierras en ese distrito no pueden explotar oro en su respectiva propiedad. El Estado recibe impuestos por parte de la empresa minera en función del producto que esta declara extraer, pero el alcalde de Paso Yobai confirma que no existe ningún tipo de control público sobre la cantidad de oro obtenido (^{Bejarano, 2016}). En declaraciones públicas, la empresa afirma extraer aproximadamente 8.5 kilos de oro al mes. Sin embargo, las estimaciones de los medios paraguayos consideran bajísima esta cantidad declarada. La exportación de este y otros minerales no está grabada con ningún impuesto (^{Díaz, 2011}; ^{ÚH, 2016}).

Muchos de los procesos productivos vinculados a la ganadería y a la agroexportación en Paraguay se vinculan a la deforestación masiva del territorio (^{Villagra, 2014}). Esta deforestación se inicia a finales del siglo XIX, con la tala del quebracho blanco, madera muy valiosa, tanto por su riqueza en tanino como por su gran valor en ebanistería. Hoy en día, sin embargo, la tala de las masas arbóreas no tiene como objetivo principal el uso de la madera, que sirve básicamente para la producción de carbón vegetal o para la exportación maderera ilegal, sino que se usa para la roturación de nuevas explotaciones para el cultivo de la soja o de plantas forrajeras. También las actividades mineras y las prospecciones petroleras suponen actividades depredadoras de los bosques. Los datos sobre deforestación en Paraguay arrojan un cifra de 350 000 hectáreas de desmonte anuales, lo que supuso la destrucción de cinco millones de hectáreas entre los años 2010 y 2015 (^{Inecip, 2016}). El impacto sobre el medio natural es palpable en forma de reducción de la biodiversidad, de cambio climático, tanto en el área tropical como en la atlántica, y a nivel social supone la eliminación del hábitat consuetudinario de las poblaciones indígenas y su expulsión del territorio.

La deforestación masiva que padeció la región oriental durante el proceso de expansión agrícola de los años 1970 a 1990 llevó a las autoridades a promulgar en 2004 una Ley de Deforestación Cero. Fue entonces cuando empezó la tala sistemática de bosques en la región occidental, para crear nuevas explotaciones ganaderas, siendo, la mayor parte de esta actividad, ilícita y al margen del sistema administrativo, que regula en teoría el aprovechamiento de la masa forestal. Este incumplimiento sistemático del sistema jurídico no conlleva en la mayoría de los casos ningún tipo de acción legal. Se calcula que anualmente la destrucción de los ecosistemas arbóreos y naturales representa 1.44% del territorio, lo que sitúa a Paraguay entre los países con mayor deforestación en el mundo (^{Inecip, 2016: 13-14}).

Un buen ejemplo de las prácticas transfronterizas en el Alto Paraná son los flujos trasnacionales que registra Ciudad del Este, su capital, ubicada en la frontera con Brasil y Argentina, a 330 km de Asunción y con una población aproximada de 300 000 personas. Esta ciudad se caracteriza por su dinamismo comercial y por la pluralidad de su población, reconocida como cosmopolita. Distrito creado en 1957, nació como enlace con Brasil, a raíz de la construcción del Puente de la Amistad, y el desarrollo de esta zona está directamente vinculado a las relaciones establecidas con ese país, con la construcción de la Central Hidroeléctrica de Itaipú y con el comercio fronterizo. Además, desde su fundación se estableció como zona franca, donde se instalaron migrantes nacionales e internacionales que invierten o trabajan en el comercio de productos importados. Las principales poblaciones extranjeras son de origen árabe, chino, indio, coreano, japonés y brasileño. En el Distrito se identifican, pues, dos grandes actividades: el agronegocio, que atiende a la región a partir de las mayores empresas del ramo, y el comercio de bazar, que incluye electrónica, cosméticos, bebidas, utensilios domésticos, productos textiles y calzado. Estos centros comerciales se ubican en la línea fronteriza y atienden a un gran flujo de personas, principalmente de Brasil. Durante las décadas de 1990 y 2000 Ciudad del Este llegó a ser el tercer mayor centro comercial del mundo, tras Miami y Hong Kong.

El comercio de Ciudad del Este emplea a miles de personas, muchas de ellas de forma ilegal, con la venta y distribución de mercaderías importadas que pasan como contrabando a Brasil (^{Rabossi, 2004}). Con ello, cuando la policía federal brasileña fiscaliza las mercaderías que entran en el país, se ven afectados directamente tanto el tejido comercial de la ciudad como toda la población regional. La relajación o intensificación de los controles aduaneros a lo largo del tiempo responde a intereses y acuerdos bilaterales. En cualquier caso, resulta evidente que en las épocas de mayor celo aduanero el cierre de comercios y los movimientos migratorios que comportan están vinculados al aumento de las tasas de criminalidad en el área fronteriza. De todos modos el sistema tiende a recomponerse mediante las densas redes trasnacionales, de base familiar o comercial (^{Pinheiro-Machado, 2012}; ^{Cardin, 2011}).

Sin embargo, el comercio transfronterizo va mucho más allá de los productos adquiridos en Ciudad del Este. También existe el tránsito de mercancías procedentes de Brasil y Argentina hacia Paraguay, protagonizado principalmente por comerciantes paraguayos que cruzan la frontera sin pagar impuestos, muchas veces mediante el pago de sobornos a autoridades, o bien mediante la contratación de “paseros”.⁸

Ropa, calzado, joyería y productos alimenticios están entre los principales rubros que circulan por las fronteras de forma ilegal, y que alimentan el mercado paraguayo con productos extranjeros.

Con el paso controlado de forma efectiva por las aduanas, el flujo entre Ciudad del Este y las ciudades fronterizas de Foz do Iguaçu, en Brasil, y Puerto Iguazú, en Argentina, es dinámico. Además de las personas que circulan como turistas y comerciantes, la población local está en constante tránsito entre los países. Es común vivir en un lado de la frontera y trabajar o estudiar en el otro lado; por ejemplo, muchos brasileños pasan a estudiar en las universidades paraguayas porque son más accesibles y, al mismo tiempo, muchos paraguayos estudian en universidades brasileñas, tanto por la diversidad de estudios ofrecidos como por su supuesta mayor calidad (^{Rabossi, 2010}, ²⁰¹¹).

“Pasar el puente”, cruzar la frontera, se hace por numerosas cuestiones más allá del comercio: ir a restaurantes u otros lugares para comer, ir a fiestas, pasear, visitar a alguien. Muchas familias mantienen residencia en ambos lados de la frontera, o tienen algún familiar próximo en el país vecino. Numerosas personas poseen pasaporte de más de uno de los países (^{Rabossi, 2004}). Las fiestas en Paraguay y Argentina son bastante frecuentadas por brasileños. Y en cualquiera de los tres países se puede comer la gastronomía del otro, en la calle o en restaurantes. El terere, el mate y el chimarão, bebidas regionales de los tres países se consumen en cualquier enclave transfronterizo. El intercambio es constante. Pero eso no presupone la homogeneidad de las ciudades, sino al contrario, cada una posee sus características definidas, lo que motiva los flujos entre ellas (^{Grimson, 2005}).

En este contexto, la población paraguaya tiene un flujo permanente con Brasil y Argentina, principalmente para asuntos como la atención médica, estudios y compras. Tanto brasileños que viven en Paraguay como paraguayos buscan en Foz do Iguaçu asistencia médica, y las clínicas están preparadas para ese flujo, disponiendo, por ejemplo, de teléfono con línea paraguaya para contestar al público extranjero e incluso se pueden ver carteles de clínicas médicas y odontológicas brasileñas en algunas ciudades de Paraguay. Con este panorama, en toda la región fronteriza es recurrente que los medios de comunicación hagan publicidad de comercios y servicios en los países vecinos (^{Rabossi, 2004}, ²⁰¹¹).

En Paraguay, en los distritos con gran presencia de inmigrantes, las emisoras de radio incluyen programas en sus lenguas maternas, como portugués o alemán. Y además de eso, los inmigrantes hacen uso constante de redes de radio y televisión de su país de origen, manteniéndose en contacto con la actualidad. En ese sentido, en la frontera existen asociaciones árabes, chinas, japonesas, alemanas, entre otras, así como mezquitas y hasta un templo budista. Y en las zonas con predominio de población brasileña existen Centros de Tradiciones Gauchas (CTG), que reproducen prácticas tradicionales regionales de Brasil, pero que en el exterior pasan a representar al país e incluyen gran parte de los migrantes en acciones colectivas. Así, los inmigrantes establecen prácticas de forma trasnacional.

Otro aspecto importante en las prácticas fronterizas es la política. Con una gran población de cada país viviendo en el territorio vecino, en periodos electorales la propaganda política se hace en los tres países. Cuando se concurre en Brasil, los políticos de la frontera entran a Paraguay a buscar votantes. Lo mismo ocurre en elecciones paraguayas, con propaganda en Brasil y Argentina. Además de eso, en Paraguay los migrantes brasileños, japoneses, menonitas y otros, ejercen una gran influencia política, eligiendo a representantes acordes con sus intereses en diversas instancias.

Los indígenas también componen esa red de relaciones transfronterizas. Los guaraníes constituían un gran territorio⁹ que, desde tiempo inmemorial, les fue negado a raíz de la formación de los Estados nacionales de Brasil, Argentina, Paraguay, y en menor medida, Bolivia y Perú. En la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, así como en el interior del territorio paraguayo, los guaraníes, que poseen la movilidad como una de sus características principales, ven criminalizada la circulación por su antiguo territorio. Varios estudiosos muestran que el derecho de los indígenas de ambos lados de la frontera a la tierra no es respetado ni asegurado por los respectivos Estados nacionales (^{Grünberg, 2008}; ^{Carvalho, 2013}). A pesar de existir políticas específicas orientadas a los indígenas en cada uno de esos países, estos se ven discriminados de los procesos productivos emprendidos en la región y marginalizados en las políticas públicas, lo que muestra su exclusión del estatus de ciudadanía.

En un marco de fronteras abiertas, en Paraguay se registra la presencia del narcotráfico. Situado en el centro de América Latina, con legislación blanda y fiscalización corrupta, el país además de tener producción ilegal de marihuana, también está en el centro de la ruta trasnacional de tráfico de estupefacientes. Son escasas las incautaciones dentro del país y muchas las denuncias internacionales sobre la centralidad que tiene Paraguay en la distribución mundial de drogas (^{Rabossi, 2011}).

Las relaciones transfronterizas en Paraguay se perciben desde los límites geográficos hasta los límites culturales y simbólicos de su población. Con una construcción del país centrada en la capital y en los intereses de las élites criollas y mestizas, el resto de la población y del territorio se ven históricamente constreñidos a servir a estos intereses. El control de la frontera física ha sido siempre escaso para propiciar el avance del extractivismo, del agronegocio, del comercio y del narcotráfico. Diferentes inversiones extranjeras se aprovechan de las ventajas fiscales, de su blanda legislación y del poco rigor en el control de su cumplimiento por parte de gobiernos y policías corruptos y de la productividad de la región, mientras que una gran masa de población empobrecida, que no responde al proceso de producción capitalista, circula por el territorio en busca de espacio para su reproducción sociocultural y económica y es criminalizada por sus reivindicaciones sociales.

Conclusiones

Soberanía, democracia y ciudadanía son ejes centrales de la retórica del Estado-nación, así como de su ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el caso de Paraguay, como en muchos países de América Latina, se trata de una ficción, más formal que real, que esconde prácticas de un verdadero deep state (^{Lofgren, 2016}), en que las élites políticas gobiernan pasando por encima de sus mismas leyes para su propio beneficio y el de sus socios económicos nacionales y extranjeros. Así, se marginaliza a una parte sustancial de la población nacional. Estas prácticas se escudan en un discurso de modernidad y progreso, al tiempo que invisibilizan y excluyen formas locales de organización productiva, desplazando a amplias capas de la población de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes nacionales y de empresas extractivas y agro-ganaderas extranjeras, que roturan bosques y se orientan a una desmedida producción del espacio productivo que pone en peligro el futuro ambiental y biótico de los diferentes ecosistemas del país.

Provistos de una legislación permisiva, de políticas facilitadoras de la implantación y el desarrollo de grandes corporaciones trasnacionales y siendo Paraguay un enclave libre de impuestos, las prácticas económicas del país oscilan entre la insaciable voracidad de un capital orientado a la generación de grandes beneficios, por medio del agronegocio y el extractivismo, y unas políticas fiscales radicalmente permisivas para las operaciones transfronterizas de los grandes operadores. Esto convierte a Paraguay en un gran duty free, en que el control aduanero solamente se manifiesta en forma de periódicas persecuciones del pequeño comercio de los enclaves fronterizos.

Junto al expolio ambiental que supone la deforestación sistemática del país, en aras del desarrollo de la economía extractivista, hemos constatado que las políticas públicas en materia de desarrollo económico empobrecen y desincentivan cualquier iniciativa o emprendimiento de la mayoría de la población paraguaya. Como señalan ^{Acemoglu y Robinson (2012)}, para tener éxito económico se requiere una economía organizada de manera que cree incentivos y oportunidades para la mayoría de la gente en la sociedad. Y que eso ocurra depende de cómo funciona el sistema político. Las élites paraguayas, ya lo hemos señalado, obcecadas por su propio beneficio de casta, han ofrecido históricamente el territorio al capital extranjero, sin abrir ventanas al desarrollo social y económico de sus propios ciudadanos. Por ello, y siguiendo la terminología propuesta por ^{Acemoglu y Robinson (2012)}, las élites paraguayas han de ser vistas y analizadas como una verdadera casta extractiva.