Marco referencial

Retomando la propuesta de ^{Lenoir (1993)}, observando situaciones específicas en un contexto social-político-económico particular, un problema social (en este caso, el modelo de desarrollo alimentario en pandemia) se logra convertir en un objeto de estudio al cual se le pueden hacer preguntas, y la categoría “alimentación” es factible de ser desnaturalizada y desentrañada. Aquí se desarrollan brevemente algunos conceptos que nutren la discusión de este trabajo: a) la perspectiva territorial y de estatalidad, b) el sistema agroalimentario como sistema complejo y abierto, c) la sostenibilidad de la vida, las tareas de cuidado como trabajos no remunerados y la construcción de escenarios.

Siguiendo a ^{Schmidt (2014)} y los autores allí citados, tomamos la visión del territorio como un espacio multidimensional en constante cambio (con historicidad), principalmente producido por las relaciones entre actores y sus respectivas intencionalidades (conflictivas y contradictorias). Focalizamos en la disputa dentro del sistema agroalimentario entre las formas locales de garantizar la alimentación y la expansión del sistema agroalimentario industrializado que, como parte del capitalismo, desterritorializa los modos de alimentarse preexistentes. ^{De Souza (2011)} propone que es relevante poner en valor las estrategias de las comunidades para sostener su vida y su cultura en los propios territorios. Acciones de re-existencia (^{Porto-Gonçalves y Hocsman, 2016}) enmarcadas en procesos de re-territorialización, en tanto las comunidades y organizaciones reconstruyen sus apropiaciones territoriales bajo las situaciones adversas y cambiantes que amenazan su sostenibilidad (^{Haesbaert, 2002}). En nuestro caso, para garantizar su derecho a la alimentación y recrear la propia cultura alimentaria.

En tanto a las políticas públicas, se entienden a los distintos programas, planes, asistencias, etc., como políticas históricamente situadas, que no sólo responden a demandas concretas del momento, sino también como estructurantes y transformadoras de la realidad social en la que se inscriben (^{Grassi, 2003}). ^{Shore y Wright (1997)} ofrecen la idea de que la formulación y la recepción de las políticas públicas están pensadas originalmente como procesos lineales en mundos sociales homogéneos y que, en realidad, son procesos continuos, construidos, en donde se disputan sentidos y resultados.

Respecto al sistema agroalimentario, adoptamos la perspectiva desarrollada por ^{Patricia Aguirre (2017)} de la antropología alimentaria, que concibe detrás de la comida y la alimentación un sistema complejo, dado en un contexto histórico. La complejidad del evento alimentario humano implica las políticas nacionales e internacionales, la tecnología, la historia, la economía, los sistemas de derecho, las relaciones sociales de clase, de género, etarias, los sistemas de creencia, la religión, la salud y la estética. Así, adoptamos una actitud de vigilancia epistemológica para evitar reducir la alimentación: a) a su materialidad biológica (reduccionismo naturalista), b) a una decisión individual (reduccionismo individualista), c) a la inmutabilidad temporal (reduccionismo a-histórico). Complementariamente se articula con el concepto “trama de valor” de la AFCI, con enfoque integral y territorial. El cual busca visibilizar la complejidad y multiplicidad de acciones y actores involucrados en la producción y comercialización del sector, característica que se denomina como “tramas”, en tanto relaciones sociales, culturales, políticas, y simbólicas (^{Caracciolo, 2014}) para la reproducción de la vida en los territorios. Por otro lado, se propone la triangulación entre los conceptos de “invisibilización del trabajo” (^{Federici, 2013; 2018}), “sostenibilidad de la vida” (^{Carrasco, 2016}), “tareas de cuidado” entendidos como “trabajos reproductivos” (^{Fraser, 1997}; ^{Esquivel, Faur y Jelin, 2012}).

Se observa así a la producción de alimentos en pandemia en Santiago del Estero, poniendo en el centro del análisis el “sostenimiento de las condiciones de posibilidad de vidas que merecen la pena ser vividas” (^{Pérez, 2014, p. 74}), teniendo en cuenta la informalidad de la cuestión, la invisibilización/naturalización, la esencialidad y la lógica de cuidado que rige el trabajo de producir alimento para todas las vidas (entendidas de forma integral). Quienes alimentan y nutren el mundo serán contempladas/os aquí con el fin de problematizar las estructuras asimétricas en los modelos agroalimentarios presentes en el país, como así también su capacidad de responder a la responsabilidad social de “dar de comer” (^{Jelin, Motta y Costa, 2020}; ^{Domínguez, 2019}).

Consideraciones metodológicas

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que abordó los efectos sociales de la pandemia multidimensionalmente en la provincia de Santiago del Estero, aquí presentamos los relativos al eje agroalimentario. Para contemplar la diversidad y las desigualdades estructurales, recurrimos al concepto de escenarios territoriales, para agrupar territorios con características en común reduciendo el universo a conjuntos relativamente homogéneos en su interior (^{Corbetta, López y Steinberg, 2008}). Así, para analizar los posibles efectos sociales del Covid-19, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), en Santiago del Estero se definieron de antemano construir escenarios con base en: a) el tamaño de la población y b) la distancia a centros de servicios, ciudades. Los escenarios fueron: centros urbanos (Santiago-La Banda y Termas de Río Hondo), barrios periféricos de centros urbanos, pueblos y población dispersa. Para la realización de la investigación se optó por un diseño mixto cuali-cuantitativo. Se realizaron: a) entrevistas semiestructuradas telefónicas (debido a las restricciones a la circulación) a referentes barriales comunitarios/as en el segundo semestre de 2020, b) encuestas por hogares (autoadministrado mediante la plataforma Google Forms en línea e impresa y entregada a referentes sociales) a principios de 2021 y c) estudios de caso en profundidad mediante entrevistas semiestructuradas presenciales a finales de 2021 y principios de 2022. En el Anexo de este trabajo se presentan las preguntas detalladas de cada uno de los instrumentos de investigación. Si bien las muestras no son representativas de la población provincial, porque no fueron probabilísticas, la información resultante es de interés para aproximarnos a los objetivos planteados en este trabajo.

Para la estructuración de los resultados y la discusión se siguen las preguntas de investigación como guía. Los resultados se presentan en función de los temas emergentes y la discusión se reestructura sutilmente para sintetizar los aspectos principales para abonar a la discusión de los objetivos (Tabla 1).

Efectos de la pandemia sobre el acceso a la alimentación adecuada. ¿Cuáles son las desigualdades y vulneraciones a derechos alimentarios que se han evidenciado o agravado?

Problemas de abastecimiento

De los escenarios encuestados se identificaron cambios en el abastecimiento de los hogares en todos los casos, fue mayor en los centros urbanos (81%) y en los pueblos (83%) (Tabla 2).

Según la encuesta, en los escenarios en pueblos y ciudades, dentro de los cambios en el abastecimiento, se identificó el incremento en el costo de los alimentos (44%) como el más frecuente entre una diversidad de cambios (Figura 1. A.). Según la encuesta por hogares, en los escenarios de población dispersa, se resaltó la imposibilidad de transporte como principal dificultad, implicando falta de provisión en las comunidades (38%), no poder ir a la ciudad (12%) adecuarse a con lo que se cuenta (10%) (Figura 1. B.). En general, las restricciones de circulación tuvieron un fuerte impacto en el abastecimiento de alimentos. Según las entrevistas a referentes, la mayoría de las familias solían recorrer un kilómetro en los barrios periféricos y, más aún en el resto de los escenarios, para su adquisición.

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta por hogares. ^{Garay et al., 2021} (no publicado).

Figura 1 A. Porcentaje de hogares con cambios en el abastecimiento de alimentos durante el ASPO por tipo y por escenario. B. Porcentaje de casos por cambios en el abastecimiento de alimentos durante el ASPO en población dispersa.  

En cuanto a las diferencias entre escenarios, en general las familias que viven en el medio rural, valoran la posibilidad de producir sus propios alimentos frente a situaciones de crisis. “Mucho no ha cambiado, tenemos huerta, tenemos gallinas, huevos” (entrevista 10, 26/08/2020). “Y la gente también empezó a consumir más su propia carne.” (Entrevista 18, 06/09/2020). “O sea, si tenías cabras en tu casa, la vas a carnear para comer”.

Pero también se señala la dificultad que implicaron las restricciones de circulación horaria para el abastecimiento del pueblo desde la perspectiva del delegado comunal. Especialmente las verduras que se debieron empezar a comprar en el Mercado Frutihortícola de la ciudad de La Banda (que antes iban a vender desde Tucumán o Salta). Lo cual resolvieron flexibilizando localmente de hecho las normas provinciales. En palabras del delegado comunal: “Querían que estén hasta el otro día durmiendo a la vera de la ruta para poder ingresar con alimentos. (…) desde el municipio flexibilizábamos eso para que la gente no esté hasta el otro día con los alimentos.” (Entrevista 43, 08/09/2021). En disonancia, una vecina del pueblo señala que estas flexibilizaciones fueron manipuladas según la afinidad política: “(...) había algunas situaciones complicadas, si no eras del partido [del partido político del gobierno municipal] cambiaban las condiciones, no era parejo” (entrevista 41, 07/09/2021).

Otra referente sugirió la necesidad de generar políticas públicas para que no se recarguen los precios por los costos de traslados, que se ven aún más afectados, no solo por las distancias, sino también por el estado de los caminos. Por su parte, las organizaciones populares de las ciudades tuvieron dificultades con los permisos para hacer llegar los alimentos al merendero, en un contexto de incremento de la demanda de integrantes del grupo familiar que asisten a los merenderos, al sumarse padres y abuelos/as para solicitar su porción.

El agua también es un problema

En los diferentes escenarios de la provincia, el acceso al agua no siempre está garantizado en cantidad y calidad. Según las entrevistas a referentes, en las ciudades, este aspecto no es problemático, pero en pueblos y población rural, además de que no todo el mundo tiene acceso, cuando hay red de agua, en muchos casos el estado es regular o malo. Esto implica un problema más relativo a la alimentación que el estado no garantiza y carga la responsabilidad de resolverlo individualmente a la familia especialmente en pueblos y población rural. En palabras de una vecina de El Bobadal: “Esa agua dice que no es potable, trae mucho barro. (…) tenemos que comprar el agua mineral, que también es otra cosa. [Otro gasto] Y encima en la pandemia, había que comprar con más razón.” (Entrevista 42, 07/09/2021).

Emergencia de la agricultura familiar

En los escenarios en los que existe producción de la AFCI, los referentes señalaron la disminución o falta de ventas de la producción, por la falta de circulación de intermediarios, por el miedo al contagio y a la introducción del virus en la comunidad y por la falta de permisos para transitar. Una referente de Guasayán hacía referencia a la dificultad de traslado y al peligro de contagio en la comercialización:

Tampoco tenemos la estructura como para salir a pelear por ese espacio (la comercialización de la economía popular en las ciudades), porque tampoco podríamos tener cómo trasladarlos, cómo distribuirlos aquí en Santiago. Y también con todos los riesgos que eso significa (Entrevista 18, 06/09/2020)

Los permisos para transitar afectaron también a los trabajadores rurales, en palabras del delegado comunal de El Bobadal: “Teníamos peones que trabajaban en la finca distante a 20 kilómetros y no podían salir.” (Entrevista 43, 08/09/2021).

Ferias

Según los referentes, en menos de la mitad de los escenarios había ferias o espacios de venta directa de productores de la AFCI. En ningún caso siguió igual su actividad y en la mayoría de los casos (6 de 8) dejaron de funcionar. En un caso, cambió de lugar o frecuencia y en una feria que antes estaba destinada para el turismo, pasados dos meses de ASPO se empezó a abrir al vecindario.

Políticas alimentarias. ¿Cuáles han sido las políticas públicas (nuevas o preexistentes) movilizadas para garantizar estos derechos?

Asistencia alimentaria

Las políticas de asistencia alimentaria son diversificadas: merenderos y comedores comunitarios, viandas o bolsones de mercadería provistas por instituciones estatales (escuelas, comisionados, etc.) y la “tarjeta AlimentAR”. El porcentaje de hogares encuestados que reciben algún tipo de asistencia alimentaria es, en los escenarios históricamente vulnerabilizados (barrios periféricos y población rural dispersa), alrededor de la tercera parte y mucho menor en los centros urbanos y los pueblos (Figura 2).

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta por hogares.

Figura 2 Porcentaje de hogares que reciben asistencia alimentaria durante el ASPO por escenario. 

En los barrios periféricos es más importante la incidencia de comedores y merenderos comunitarios, mientras que en las zonas rurales lo son los bolsones de alimentos y la asistencia de las escuelas (Figura 3). La “tarjeta AlimentAR” es más frecuente en pueblos y barrios

periféricos.

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta por hogares. ^{Garay et al., 2021} (no publicado).

Figura 3 Porcentaje de casos de asistencia alimentaria recibida durante el ASPO por tipo y por escenario. 

Merenderos. El diagnóstico a partir de las entrevistas a referentes territoriales realizadas en 2020 indicó que más de la mitad de los barrios consultados contaban con merenderos, comedores u ollas populares. Estos son sostenidos casi en su totalidad por la gestión de las organizaciones populares y de vecinos y financiados con ayuda estatal (principalmente nacional).

Con la emergencia de la pandemia en 2020, aumentó la cantidad de personas que asistieron a comedores, merenderos u ollas populares, en un principio, pero no el número de comedores; “donde se cocinaban 6 kg. de arroz ahora se cocinan 10 kg” (entrevista 16, 27/08/2020). Tuvieron que implementar protocolos y preparar la comida en viandas para que retiren los padres/madres o acercarlo a las casas, en lugar de que asistan las infancias. Además cambiaron la regularidad y los horarios, pasando, en algunos casos, de brindar solo desayuno a ofrecer más de una comida y ollas populares cada 15 días.

Como se ve en la encuesta (realizada a comienzos de 2021), los merenderos y comedores estaban solo en las grandes ciudades; sin embargo, en 2021, según las entrevistas tanto en el caso de El Bobadal (pueblo), como en el caso del departamento Guasayán (población rural), se describe la creación de varios merenderos en ambos escenarios, vinculados además al programa “PotenciAR trabajo.³”

Escuelas. Con la pandemia, el sistema de alimentación escolar abastecido por el Ministerio de Desarrollo Social y “Comedores Escolares”, se reprogramó para que los alimentos sean entregados una vez por mes a las familias en “módulos alimentarios”. Estos módulos debían ser gestionados y entregados por el personal escolar bajo los debidos protocolos. Sin embargo, en el departamento Guasayán, una docente de escuela primaria rural explicaba que a su escuela los alimentos no llegaron porque dependía de la capacidad logística del personal de la escuela, y esta escuela contaba solamente con un director y la docente entrevistada únicamente.

Bolsones. En cuanto a la entrega de bolsones de mercadería, principalmente implementada por los gobiernos municipales, esta medida toma más presencia en los pueblos y población dispersa. En el caso del departamento Guasayán (población rural dispersa), las familias criticaron la calidad y fecha de caducidad de los alimentos entregados en los bolsones, y los consideraron insuficientes para satisfacer una alimentación saludable: “Te trae ese bolsín con fideos, que andá sabe qué año lo envasa.” (Entrevista 49, 20/08/2021). “eran cosas vencidas.” (Entrevista 23, 20/08/2021). En la ciudad, según el relato de una referente territorial, con la pandemia se implementó una asistencia formalizada para solicitar bolsines para las familias aisladas: “Y en el caso de familias enteras que estaban aisladas, (…) nosotros llamábamos al Ministerio, (…) para que se les alcance los bolsines.” (Entrevista 50, 29/10/2021).

Tarjeta Alimentar. Finalmente, respecto a la “Tarjeta Alimentar”, se identifican problemas con los comercios por la especulación en los precios en los dos casos en profundidad, y también con la circulación y accesibilidad a los comercios lejanos, departamento Guasayán y El Bobadal: “Y aquí no ayudan la verdad los comerciantes. (...) aquí no hay control (...) al principio ella recargaba. El primer mes creo, recargaba el 10 por ciento. Sí, hasta que ha ido alguien y la ha denunciado.” (entrevista 26, 20/08/2021. Departamento Guasayán). “Yo quería comprar en Tucumán porque era más barato, no se ha podido. (…) te sacan los ojos o te cobran el 20% más.” (Entrevista 37, 08/09/2021. Departamento Jiménez, El Bobadal).

Producción de la AFCI

En este aspecto, las políticas públicas han sido deficitarias, los protocolos y las restricciones de circulación dificultaron la producción por las distancias que se deben recorrer para adquirir insumos, ir a trabajar al predio o vender la producción. Estos protocolos contemplan excepciones para sectores esenciales, como la producción de alimentos, sin embargo, las familias productoras de la AFCI de la provincia no accedieron. Un referente señaló que las políticas públicas benefician al mercado agroalimentario, perjudicando a las familias productoras: “…hay productores perdiendo su producción por no poder vender y tampoco sembrar...aquellos que discursivamente usan el termino de alimentos esenciales incluyeron solo los de góndolas” (entrevista 11, 26/08/2021). Otro referente señala las limitaciones de las políticas de huerta: “Lo cierto es que las huertas deben tender a convertirse en políticas públicas, pero el gobierno lo toma como un parche en la coyuntura. (...)” (entrevista 53, 02/11/2021).

¿Cuáles han sido las estrategias significativas de las familias y organizaciones populares para mejorar las condiciones alimentarias?

Además del trabajo en los merenderos, como estrategias comunitarias y familiares, emergen alternativas de comercialización, el aumento del autoconsumo, el inicio de nuevas producciones, el intercambio entre vecinos/as y la reapertura de ferias con protocolos (sobre fines de 2020 y supeditado a los permisos). En todos los escenarios se destaca el (re)surgimiento de actividades productivas para el autoconsumo o como alternativa de generación de ingresos. Respecto a la comercialización o distribución, en los escenarios rurales o de pueblos se tendió a fortalecer la venta entre vecinos/as. En el caso de los barrios han implementado la venta por delivery. Se destaca que dentro de la población agrupada de los hogares que iniciaron actividades productivas para el autoconsumo, el 79% de las familias encuestadas inició actividades de huerta. El incremento de huertas individuales y comunitarias ha sido un fenómeno de relevancia en ciudades y pueblos.

Según referentes de ProHuerta,⁴ han tenido un aumento altísimo en la demanda de semillas, porque se han incrementado las huertas urbanas y periurbanas. Muchas son huertas comunitarias que abastecen a comedores, además de las domiciliarias. El Ministerio de Producción de la provincia y algunas municipalidades también han dado algún apoyo a estas iniciativas. La proliferación de huertas, se da por la disponibilidad de tiempo en la casa, por el incentivo de las organizaciones con el “PotenciAR Trabajo” y por la necesidad de alimentos para merenderos y familias. Según un relato de un referente de huertas que surgieron con la pandemia: “Normalmente los fenómenos de crisis han alentado a las poblaciones a recuperar las huertas. (...) varios movimientos sociales se han volcado a hacer huertas, porque no podían salir y hacer otras cosas.” (entrevista 53, 02/11/2021).

Por otro lado, en escenarios de población rural, esta tendencia no es tan alta debido a las dificultades en la disponibilidad de agua para el riego y a las condiciones climáticas (altas temperaturas en verano y falta de agua en invierno). Una referente de Guasayán indica al respecto: “También podríamos tener una hermosa huerta si mejoramos el sistema de riego, o sea, política pública para afianzar a los pequeños productores.” (Entrevista 18, 06/09/2020).

La valoración de la alimentación adecuada

Por un lado, es de remarcar que las preferencias alimentarias cambian según los escenarios, no como algo determinado, sino como una construcción cultural especialmente adaptada al modo de vida. En palabras de dos vecinas que se han criado en el campo y actualmente viven en el pueblo El Bobadal: “(...) Yo soy criada en el campo, más con maíz, zapallo, esas cosas que eran como más sano. A mí, le digo, me han enseñado que una buena alimentación es una leche de vaca, un pedazo de pan casero.” (Entrevista 42, 07/09/2021). Por otro lado, un referente que trabaja con producción hortícola hace referencia en su caso a la significación de la huerta: “…la huerta nos ha ayudado a recuperar hábitos alimentarios saludables…” (Entrevista 11, 26/08/2021). Por último, en cuanto a los cambios sobre la alimentación durante la pandemia, una referente de la organización campesina en Guasayán decía: “yo creo que hay una deficiencia en cuanto a la alimentación, porque se empieza a consumir más harina y más papa. Más guiso. Menos verduras, menos frutas. (...) Y como te digo, los chicos, comían en la escuela y ahora están comiendo en su casa.” (Entrevista 18, 06/09/2020).

Los saberes

Se ha remarcado la importancia de la estrategia de familias y comunidades de (re)surgir producciones alimentarias, en todos los escenarios. Para ello es necesario remarcar que se requieren saberes particulares en cada caso. Por un lado, las familias cuentan con un acervo de conocimientos productivos, de hacer huerta, de cultivar y de cría animales, por su crianza en familias campesinas. Según una referente de huerta comunitaria en la ciudad de Santiago del Estero: “(...) muy poca es la gente que no sabe cómo hacer, porque muchos de los que viven aquí, tienen sus abuelos o padres que han venido del campo y saben cómo sembrar la huerta, como cuidarlo.” (Entrevista 50, 29/10/2021). Por otro lado, está presente el programa ProHuerta, que viene hace años trabajando con promotores en los diferentes escenarios. Por último, se describió la acción de la organización campesina fomentando el intercambio de saberes entre familias campesinas, diversificando la producción de las familias.

La solidaridad

En buena medida las familias de pueblos, del medio rural, como de los barrios valoran el lugar de la solidaridad que ha evidenciado la situación de la pandemia. En el caso de algunas organizaciones se han fortalecido las relaciones de cooperación interfamiliares y de la organización. En palabras de un reciente incorporado en el programa “PotenciAR trabajo” que participa del merendero:

a veces andamos peleando con los vecinos, sin darse cuenta que después nos van a hacer falta. (…) a veces uno está muy equivocado. Capaz que yo digo a aquel no lo voy a necesitar nunca, y capaz en estos momentos, lo necesito (Entrevista 23, 20/08/2021).

El protagonismo de las mujeres

La mayor parte de las personas con las que trabajamos en este proyecto fueron mujeres, en tanto referentes comunitarias (74% de mujeres de 27 personas) o como representantes de las familias a disposición para realizar entrevistas (75% de mujeres de 24 personas) o encuestas (77% de mujeres de 330 personas). Vale señalar que todas las autoras también somos mujeres. En general observamos que las responsables tanto de los cuidados de la salud, de la gestión de la alimentación, así como de las responsables de comedores, merenderos, como referentes territoriales, la mayoría son mujeres. Además, los cambios de la pandemia han sido las mujeres las que han desarrollado estrategias familiares y comunitarias para atender las situaciones de emergencia.

¿Qué implicancias tienen en el arraigo territorial y la territorialización de la alimentación?

Se entiende que cada organización posee diferentes formas de trabajo, aquí destacamos las que tuvieron un rol protagónico para el tema de interés del trabajo. En palabras del comisionado municipal: “Sí ha habido algunos vecinos que han aportado, de la organización, (…) que está dedicada a ayudar a la gente, a generar mejor calidad de vida.” (Entrevista 24 20.08.2021). Las gestiones del comisionado municipal son percibidas como su obligación y, en muchos casos, insuficientes en calidad y cantidad y poco comprometidas. Por el contrario, la percepción de las familias acerca del trabajo de la organización remarca la calidad y el compromiso de la organización por el bienestar de la comunidad. En palabras de una vecina: “hemos estado teniendo ayuda de este comedor de aquí, (…) con remedios, mercadería, termómetro. Son los que siempre han estado presentes.” (Entrevista 26, 20/08/2021).

A pesar de que las organizaciones tuvieron dificultades, porque su principal herramienta de trabajo consiste en reuniones presenciales, quienes fueron referentes siguieron acompañando y desarrollando estrategias para afrontar los diferentes escenarios que se fueron presentando durante la pandemia. Se dejó ver el hecho de que la organización genera estrategias comprometidas orientadas a mejorar la alimentación vinculadas a los cuidados y a la salud: “No quedaba otra. (...) hemos optado por comprar naranjas, Y se han hecho mermelada. Y muy bien preparado” (entrevista 20, 22/08/2021). Pero, además, los merenderos, mediante el proceso de elaboración de alimentos intervienen desde la cultura alimentaria local, proporcionando una legitimación a la comida ofrecida. El espacio del merendero es, además, como las ferias, un espacio de encuentro y recreación para las infancias. En la Tabla 3 se esquematizan sistemáticamente los principales temas abordados en los resultados (ver Tabla 3).

Problema estructural de las políticas públicas alimentarias y el mercado

El porcentaje de los ingresos generalmente se destina en su mayoría a la alimentación, cuando los ingresos son menores, pudiendo alcanzar hasta un 60 y 80% (^{Grupo E.T.C., 2017}). Frente a la reducción de ingresos que generó la pandemia, en algunos sectores aumenta el consumo de alimentos de menor precio que permiten una compra más abundante y que duren más; por lo que se consumen alimentos de menor calidad nutricional (^{Egaña et al., 2020}). Esto resultó ser un evento común en países latinoamericanos, como Argentina (^{Bonfiglio, 2021}; ^{Cordero y Cesani, 2020}; ^{Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siespro) (2021)}; ^{Sudriá et al., 2020}), Ecuador (^{Robayo, Iza y Mejía, 2020}), México (^{Flores, 2020}; ^{Rodríguez-Ramírez et al., 2021}), Venezuela (^{Villalobos et al., 2020}) y Chile (^{Egaña et al., 2020}). De acuerdo con nuestros resultados se evidencia que este fenómeno se agrava especialmente para los sectores históricamente vulnerabilizados (barrios periféricos del aglomerado de Santiago del Estero-La Banda y población rural dispersa).

La salida más evidente fue la asistencia a comedores y merenderos comunitarios conducidos por organizaciones populares y apoyados por el estado. Esta fue común en los casos citados de Argentina, Ecuador, México, Venezuela y Chile. Aunque la dieta resultara adecuada en términos de salud y apropiada culturalmente, la frecuencia en la entrega de alimentos sería insuficiente para cubrirla (^{Daniels, 2021}). También en Santiago del Estero, la demanda aumentó muchísimo y lo destacado de esta asistencia no fue suficientemente atendida por el estado en la inmediatez de 2020. Así, por ejemplo, en la ruralidad los comedores y merenderos se presentaban en forma nula o escasa y en contexto de pandemia se iniciaron o incrementaron de la mano de organizaciones populares durante el 2021.

La situación genera una alarma sobre la vulnerabilidad alimentaria en la que se encuentran grandes sectores de la población de la región. Lo que evidencia, que el sistema agroalimentario hegemónico no se hace responsable de la garantía de la alimentación adecuada, transfiriendo la responsabilidad al individuo (reduccionismo individualista). Queda con ello, vulnerado el derecho alimentario frente a crisis económicas, ante las cuales las acciones del estado resultan insuficientes, dado que están dirigidas a “pobres” y no a garantizar el derecho (^{Aguirre, 2021}). Aunque la visión de las políticas públicas alimentarias se ha ido complejizando y ampliando en materia de derecho y soberanía alimentaria, aún sigue siendo limitada (^{Aguirre, 2021}; ^{Blasich, 2020}). Se ha evidenciado en este sentido el valor del concepto de soberanía alimentaria para pensar la garantía de la alimentación adecuada y el análisis del caso de estudio pueda aportar algunas luces sobre la fertilidad de las diferentes políticas públicas alimentarias implementadas.

Las políticas públicas alimentarias. Limitaciones y potencialidades

Logística entre producción y consumo

Según los resultados obtenidos, la forma en la que se han planteado las políticas, ha impreso una mirada centralizada sobre territorio provincial en las restricciones de circulación, las cuales generaron importantes dificultades en los pueblos y población rural dispersa para el abastecimiento y acceso a otras políticas públicas. Lo cual es percibido como una importante limitación. En relación a la AFCI, los resultados coinciden con lo relatado por ^{Gutiérrez, Suárez y Villalba (2021)} en un caso similar al oeste de la provincia: la gran mayoría de las tramas de comercialización del sector de la AFCI se vieron interrumpidas. Aunque la actividad agroalimentaria fuera exceptuada de las restricciones generales, la falta de formalización de la AFCI dificultó el acceso a los permisos, a pesar de ser un sector esencial. Las reglamentaciones fueron pensadas para medianos a grandes establecimientos productivos extensivos.

Un mercado relevante para la AFCI son las ferias. Las mismas han sido muy significativos en este período, si bien han cerrado durante el confinamiento estricto, su ausencia ha sido muy sentida y las organizaciones han desplegado las estrategias necesarias para recuperar su funcionamiento tan pronto como se pudo. En este sentido la política del Plan Federal de Ferias ha resultado beneficiosa para apoyar el entramado de la soberanía alimentaria. Según ^{Cristian Jara (2020)}, las ferias en Santiago del Estero fueron promovidas (en aspectos comerciales, materiales) entre 2006 y 2015 por políticas estatales, que se desmantelaron entre 2015 y 2018. Aun así, la trama de relaciones sociales que se tejió alrededor de la política pública logró dar continuidad a esos espacios. Acordamos con el autor, al sostener que el establecimiento de ferias, territorio específico y alternativo al agronegocio, posee el potencial de colocar la producción, generar ingresos y reivindicar las prácticas tradicionales, permitiendo así diversificar la producción y el agregado de valor en origen; son además espacios de construcción política y de cooperación. En suma a esto, reconocemos que, ante la situación de dificultad para la circulación, una de las primeras estrategias socio-comunitarias que se presentaron, estuvieron abocadas a la construcción y consolidación de espacios de venta, compra e intercambio de producciones locales. Lo que dio lugar a un notable crecimiento de la economía local.

Producción de la AFCI

El cambio de contexto de la pandemia, da cuenta de cuáles son las políticas que se privilegian para pensar los territorios por acción del Estado. En relación a la producción se ha evidenciado una histórica subalternización estructural de políticas para la territorialización de la AFCI. Es decir, las políticas públicas están pensadas, principalmente, para un modelo de desarrollo productivo hegemónico vinculado al mercado. Los referentes del sector de la AFCI manifiestan que con la pandemia ha sido aún más evidente el potencial de la producción familiar de alimentos para garantizar el derecho a una alimentación saludable. En este sentido, las políticas de ProHuerta, junto con el “PotenciAR trabajo”, los merenderos y el Plan Federal de Ferias, articuladas a través de organizaciones sociales han mostrado buen funcionamiento.

El rol de las organizaciones sociales

Ante las limitaciones del Estado, se ha evidenciado y reforzado el rol que han cumplido las organizaciones sociales con respecto a la provisión de alimentos, ayudando a aliviar los impactos de la pandemia. Las organizaciones, a través principalmente de la iniciativa de sus referentes con base en las necesidades emergentes han elaborado propuestas fértiles para pensar la soberanía alimentaria como política territorial. Las iniciativas más visibles han sido la proliferación de huertas y comedores comunitarios vinculados entre sí (especialmente en los barrios de ciudades), los intercambios de saberes para diversificar la producción alimentaria y el establecimiento de alternativas y diversificación de la comercialización en ferias o redes.

En sintonía con las estadísticas de Seguridad Alimentaria Nacional, desde 2015 se evidencia un aumento de la demanda y creación de espacios comunitarios vinculados a la alimentación (comedores y merenderos). Ante este contexto, las respuestas y posibles soluciones son brindadas por las organizaciones sociales territoriales. En 2021 se crean muchos merenderos o comedores, incluso en escenarios en donde no había. Estos vienen de la mano de la ampliación de planes PotenciAR trabajo del cual son beneficiarios principalmente jóvenes. En base a nuestros resultados, decimos que no es solo el programa PotenciAR, sino la gestión y planificación que realizan algunas organizaciones sociales sobre este programa, lo que ha mostrado un aporte significativo para las garantías de la alimentación, para el valor agregado en la producción local y para la soberanía alimentaria.

Siguiendo esta línea, las organizaciones en cuestión se ven obligadas a aprender las reglas del juego de las políticas públicas que cambian en cada gestión de gobierno. Es decir, el desafío de “dar respuesta” y asumir la responsabilidad de solucionar los conflictos propios de los contextos de crisis, está ligado a un (re)aprendizaje constante acerca de las normativas, vínculos humanos e institucionales, requerimientos y financiamientos que se transforman de gobierno a gobierno, de modelo político a modelo político.

La presencia constante de la organización formulando políticas públicas para mejorar las condiciones de vida, incide de manera significativa en la adaptación de las familias a las dificultades emergentes del contexto. Según la propuesta de ^{Grassi (2003)}, entendemos a las políticas públicas desde una mirada dinámica, es decir, reconocemos que estas políticas ejercen fuerzas, crean nuevas acciones y transforman agencias, territorios y relaciones, cambian las formas de vivir alrededor de lo que la política pública pretende resolver. En este sentido, ante un panorama nuevo (como el de la pandemia), se abren lugar nuevas demandas y nuevas formas de gestionar las posibles respuestas. Los nuevos contextos, contaron con territorios y relaciones que estuvieron transformadas a través de una enfermedad con contagio masivo y con políticas públicas planificadas por el Estado y gestionadas por las organizaciones. Rompiendo con la lógica lineal de entender a las políticas públicas como respuestas direccionadas a determinadas demandas históricas (Chiara y Di virgilio,2009), lo observado demuestra un escenario de múltiples transformaciones (en las relaciones sociales, en las prioridades colectivas, en las problemáticas sociales, etc.) en que las políticas públicas no estaban exentas de ser transformadas por parte de las organizaciones sociales, aprendiendo y aprovechando la maleabilidad de las políticas públicas ofrecidas desde “lo oficial”.

Se valora la solidaridad comunitaria, colaboraciones además que suelen ser parte de descripciones del sector en tanto “telaraña rural” (^{Gutiérrez, et al., 2021}; ^{Van der Ploeg, 2011}) o “trama” que sostiene a la AFCI (^{Caracciolo, 2014}). Se entiende que esto no es una consecuencia inexorable del contexto, sino que surge del rol activo que juegan las organizaciones fomentando la colaboración entre vecinos/as. Se observa una trama más fortalecida en territorios con presencia de organizaciones sociales como consecuencia de las prácticas colectivas que implican sus acciones de re-territorialización. En síntesis, se puede entender que la estrategia principal para sostener en el tiempo la economía social, es principalmente política (^{Caracciolo et al., 2017}).

Oportunidades y desafíos

En el presente trabajo se articulan las políticas públicas y el trabajo de alimentar a la población de la provincia en el contexto de pandemia, con las estrategias colectivas y comunitarias posibles para sortear las desigualdades que respecta al mundo social de la producción de alimentos. Para esto, se debe transversalizar el análisis del ejercicio de estas políticas públicas más allá de los efectos “económicos” de las mismas. Tener en cuenta el “poder creador” (^{Quiroz, 2009}) de los financiamientos públicos ofrecidos durante la pandemia, que brindaron estás herramientas como promociones de huertas, de la producción agroecológica y de la AFCI, de asistencias alimentarias en familias, en organización e instituciones comunitarias. Estos planes se convirtieron en formas de organizar territorios, solucionar el problema del hambre, la malnutrición y la producción de alimentos en espacios donde se ponía en evidencia el conflicto en el contexto de pandemia.

Cabe mencionar que este proceso no hubiera sido posible tampoco sin la presencia estatal, que participa en tanto financia el programa “PotenciAR trabajo” y que facilitó material para el armado de las ferias mediante el Plan Federal de Ferias. Políticas públicas preexistentes que se movilizaron especialmente a partir de la pandemia, hubieran resultado insatisfactorias de no ser porque las organizaciones sociales han desplegado su potencial de sostener la vida en los territorios. Con lo que nos ha dado a pensar la pandemia, se pone en valor la disponibilidad de saberes y espacios para la producción agroalimentaria, tanto en el campo como en los pueblos y las ciudades. Así mismo, permitió poner en práctica políticas públicas alimentarias gestionadas comunitariamente. Pero sobre todo lo que reconocemos es la importancia de la existencia de políticas públicas territorializadas que integren las dimensiones de la vida para pensar futuros modos de vida plausibles, con lógicas de producción, intercambio y comensalidad de alimentos locales.

Detrás de la alimentación está también el modelo de desarrollo imperante en el territorio. El modelo de desarrollo hegemónico opera en contra de la garantía del derecho a la alimentación saludable, y otros derechos, a través de la concentración y homogeneización de los bienes y servicios (^{Aguirre, 2021}). Se requieren políticas territorializadas pensadas para sostener la vida en cada lugar. El cambio requiere de la participación comprometida de cada quien, en cada lugar, desde la agroecología, redes de comercio justo, desde la promoción de otras dietas. Para cambiar la territorialidad se requiere del trabajo en diversidad de dimensiones integradas en pos de mejorar las condiciones de vida colectiva pero también de políticas públicas, y desplazar al mercado como eje integrador (^{Aguirre, 2021}).

Diferencias entre escenarios en la provincia

Dentro de los escenarios en estudio, existen diferencias significativas principalmente entre el ámbito urbano y rural, las cuales giran en torno al grado de dependencia del mercado para la provisión de alimentos. Así en el espacio rural existe mayor posibilidad de producir alimentos, carnes y verduras. Estas producciones están relacionadas al acceso a la tierra, al agua, a los saberes y a las redes de relaciones locales que facilitan el intercambio de insumos. Lo que se traduce en una mayor soberanía que se revaloriza en contexto de crisis. Por su parte en el escenario urbano, principalmente en las poblaciones vulnerabilizadas, la imposibilidad de generar ingresos, disminuyó la capacidad de adquirir alimentos. Estos contextos cambian la forma en la que se piensa la política pública y el rol de las organizaciones para pensar la territorialización de la soberanía alimentaria. Por otra parte, en cuanto a las diferencias entre escenarios según el tipo de asistencia, como en las políticas de entrega de alimentos, la cercanía a los centros de distribución facilitó la garantía del acceso en escenarios urbanos. Esta centralidad, distancia a los centros de comercialización, en el caso de la tarjeta alimentar, hizo que los escenarios rurales se vean afectados con un aumento de precios por la escasez de comercios en los que se podía comprar.

Como ya señalamos, no existe una política universalizante para la garantía del derecho alimentario. La política que puede acercarse a la condición de universalidad es la tarjeta “Alimentar”, la cual, es criticada por un lado por la dependencia a los mercados formales (comercios bancarizados), en un contexto en el encarecimiento de los precios de la comida es tendencia mundial y constante desde hace tres décadas por lo menos (^{Lizarraga, 2022}). Lo cual refuerza desigualdades estructurales entre espacios rurales y urbanos y crea contradicciones con respecto a la soberanía alimentaria (es más coherente con el paradigma de seguridad alimentaria). Las políticas de entrega de mercadería presentaron mayores problemas de igualdad, las desigualdades dadas por los diferentes escenarios han sido más marcadas en la democratización a su acceso. Los comedores resultan insuficientes por depender de la existencia de organizaciones sociales y son espacios muy precarizados. Respecto a las políticas de huerta, remarcar que carecen de universalidad por la desigualdad de acceso a la tierra y al agua.

En este contexto, se sostiene que se necesita que las políticas públicas sean universales y diferenciantes (^{Corbetta, 2019}), que estén acordes a las heterogeneidades de necesidades y capacidades en las respuestas de modo tal que permitan construir un modelo de territorio incluyente, desde el reconocimiento del/la “otro/a”. De más está decir que el desafío de pensar una política pública universalizante para garantizar el derecho a la alimentación requiere de un abordaje complejo y de contemplar diferencias entre escenarios. Para ello no solo se debe pensar políticas públicas que estén centradas en la posibilidad de consumir a través del mercado. Más bien, se debería universalizar la garantía del derecho a la alimentación mediante, por un lado, una política que fortalezca los comedores y mercados locales (como la política de ferias) en todos los barrios y parajes rurales y, por otro lado, asegurar el acceso a la tierra y al agua para la producción alimentaria.

El rol de las mujeres

En nuestros escenarios de estudio, el “dar de comer” (^{Jelin et al., 2020}; ^{Domínguez, 2019}) es una tarea fundamentalmente asignada a las mujeres. Si bien no es el eje central de este artículo problematizar los roles de género y la carga de trabajo no remunerado que realizan las mujeres, omitir el hecho implicaría un sesgo importante en materia de derechos. En este trabajo abordamos las estrategias para garantizar el derecho alimentario, evidenciando su vulneración de manera situada y estructural. Desde nuestra perspectiva de políticas públicas y género, entendemos que las mujeres están llenando los vacíos estructurales que genera el estado por sus ausencias. El trabajo, en general, en materia de cuidados es feminizado y mal pago o no remunerado (^{Federicci, 2013; 2018}), esa condición se exacerba, siendo las mujeres quienes velan por garantizar los derechos básicos.

El tejido relacional en los territorios que mejora las condiciones de vida y la garantía de derechos básicos es estructuralmente sostenido por mujeres y organizaciones sociales. El estado se vale del trabajo de las mujeres sin reconocerlo, lo cual podemos considerar explotación. Así, la informalidad de trabajos “esenciales”, sobre los que se sostiene la vida en los territorios, llevó a que solo algunas referentes de los comedores y el personal docente contara con permisos. No fue el caso para el conjunto de referentes. Lo que demuestra una paradoja, entre la esencialidad de las actividades y sus condiciones de existencia, destacando la problemática de desigualdad en una doble perspectiva: la clase social (quienes trabajan de manera informal) y el género (las mujeres frente a la responsabilidad de cuidar, alimentar y limpiar). Lo mismo sucedió con los permisos para desarrollar la investigación que dio lugar a este trabajo, si bien se suponía que tendríamos excepciones, esos permisos nunca llegaron, mientras otras dependencias de laboratorios de investigación pudieron continuar con sus tareas. Es un caso más en el cual se señala que las condiciones de vulneración de derechos básicos y el trabajo para compensarlos recaen más sobre las mujeres.

Retomando lo expresado, las mujeres (en el lugar asignado de dar respuestas y soluciones a las diferentes problemáticas históricas) han tomado un papel principal en el contexto de pandemia, enfatizando en la construcción de lo común y la sostenibilidad de la vida. En contraste, el Estado, garante de derechos, se encuentra trabajando desde afuera de los territorios por lo que sus representantes técnicos/as trabajaron de manera remota alejados de las necesidades concretas de las comunidades (^{Paz y Gaitán, 2020}).

Con los aportes de ^{Paz y Gaitán (2020)}, observamos desde una perspectiva crítica la dimensión real y vivida de las políticas públicas en los territorios trabajados. Con esto, exponemos que la responsabilidad del Estado de garantizar derechos estuvo (y está) limitada estructuralmente y que requiere, necesariamente, del trabajo sostenido y sostenible que realizan las mujeres en los territorios para que las políticas públicas planteadas sean ejecutadas “positivamente”. Es decir que, el Estado reconoce la problemática de la desigualdad en los territorios en los que trabajamos, a la vez que se alimenta y apoya en redes de trabajos feminizados, invisibilizados e informatizados.