El papel institucional como un quehacer asistencialista

A partir de las indagaciones hechas sobre las relaciones entre instituciones y pobladores de la cuenca, encontramos que existe una dinámica asistencialista preponderante. Los datos de 2016 registran diversas interacciones entre estos dos actores. Cuando se preguntó a los miembros de unidades de riego de qué forma otorgan apoyo las instituciones o cuál es la atención que brindan en caso de requerirlo, la mayoría de sus respuestas señalaron que reciben diversos apoyos para la realización de actividades económicas del ramo agropecuario. Estos apoyos incluyen sumas monetarias e insumos para la producción, descuentos para la adquisición de fertilizantes y semillas, créditos, facilidades para el trabajo de la tierra para la mejora de los sistemas de riego, tareas de mantenimiento, o atención a otro tipo de problemáticas con el agua.

Los apoyos que se otorgan no son del cien por ciento, por lo general los productores deben costear un porcentaje del insumo o servicio que necesitan y, como se puede observar en la siguiente cita, las experiencias pasadas respecto a estos apoyos han hecho que muchos productores esperen que el gobierno otorgue un apoyo mayor.

Cuando era gobernador este yo le hice un escrito, de hecho, yo tengo copia, le ponemos la queja de que nos alivianen [ayuden] y no, nomás oyen, todos los apoyos que vienen federales o de donde vengan, a los más puestos lo reciben, por ejemplo, hicimos una, por ejemplo, yo necesito un tractor pues, me están pidiendo el 50% ¿y yo de dónde voy a agarrar 200 mil pesos para hacer mi aportación? (Informante 23, Mesa del Seri, 2016).

Otro problema con respecto a los créditos o apoyos bajo esta dinámica es la canalización de estos recursos, ya que algunos de los informantes perciben que estos se otorgan a personas que no los requieren y no a los pequeños productores, quienes tienen más necesidad: “Sí, pues hay apoyos de la Sagarhpa, pero a nosotros no nos apoyan, apoyan a los puros grandes, tú sabes que el dinero se va al dinero” (Informante 19, San Pedro, 2016).

Al analizar el quehacer institucional a partir de la contaminación, dentro de los marcos estipulados en el plan del Fideicomiso Río Sonora, se evidenció su consistencia con un esquema asistencialista de trabajo, en el cual la institución asume un rol paternal de proveedor de bienes. En este caso, se materializó en bienes individuales como pagos por concepto de indemnizaciones (a comerciantes, ganaderos, agricultores, o por toma de agua) o tinacos para almacenamiento de agua, entre otros. Como señala una informante en Mazocahui: “Estuvieron entregando garrafones, y bueno, nos dieron tinacos a todos, aunque yo tengo tinaco desde antes de la contaminación” (Informante 41, Mazocahui, 2019). Otro informante agregó:

Pues las ayudas que dieron nomás, y eso que pues, hicieron, pusieron estas, plantas para qué, para purificar el agua (…). También nos dieron en garrafones el agua, galones, todo porque fue mucho, era mucho porque pues no era solamente aquí, sino que, en todos los pueblos para arriba, fue mucha la contaminación en todos los pueblos (Informante 65, Puerta del Sol, 2019).

A pesar de que los pobladores de las comunidades del río Sonora reconocen que se aplicaron diversos apoyos, también existe la opinión generalizada de que el reparto y distribución de los bienes se dio de forma inadecuada, favoreciendo a personas no afectadas, excluyendo a afectados dentro de la cuenca, o bien, brindando apoyos insuficientes en relación con los gastos provocados por el daño sufrido.

Pues nada, de hecho, yo le voy a decir que pues, vino un representante de Grupo México a una reunión, entonces según, pues, sabe si usted oía decir que millones, según para los afectados, aquí hubo gente que no agarró ni un peso de la afectación. La agarró otra gente de otras instituciones, no sé, del gobierno o de qué. Entonces, ahora dicen que Grupo México sí pagó, sí se sabe, sí salió en redes sociales que dio esa cantidad de dinero, pero ¿a quién se lo dieron? Si nuevamente, la gente afectada que no le sirvió ni los 15 mil pesos de las tomas de agua. Y yo digo, ¿dónde quedó ese dinero de la afectación? Si era para los afectados. Si oyes decir que el ranchero que todo agarraron, y ¿por qué lo agarraron? Si no estaban ni a la orilla del río, ni estaban afectados. Aquí hay personas de unos ranchos lejísimos que les dieron una cantidad de dinero, oiga, que ni los afectados les daban esa cantidad. Porque aquí mi esposo agarró 40 mil pesos, supuestamente en la milpa (Informante 76, Bacanuchi, 2019).

Hay que puntualizar que, si bien el Fideicomiso incluyó diferentes acciones en su plan de remediación, como la realización de muestreos en agua superficial y subterránea para la detección de metales, trabajo de remoción de suelos y otras acciones auxiliares para la salud humana, estas se han visto empequeñecidas ante otras cuestiones referentes al actuar de las instituciones gubernamentales que adquirieron mayor peso para los pobladores. De entre las condiciones en que estas acciones institucionales cobraron recepción por la población destaca, la percepción de que estas ocurrieron en desvinculación con la población, así como ser de dudosa pertinencia o de un alcance insuficiente respecto a la magnitud del problema, dichas cuestiones se abordarán más adelante. Por el momento basta con mencionar que estas acciones se desarrollaron sin coordinar o establecer contacto con los pobladores, por lo cual estos las perciben como ajenas a ellos y a su realidad.

Procesos de comunicación deficiente

Como se mencionó, existe una percepción de desvinculación con la población respecto a las acciones llevadas a cabo por las instituciones en respuesta al derrame de 2014. Las personas entrevistadas señalan que estas acciones se ejecutaron sin una información o consulta previa y sin coordinación con los habitantes del río Sonora. Tal es el caso de la instalación de potabilizadoras de agua que se realizó, según los informantes, de forma tardía, la primera de estas en enero de 2016 en Bacanuchi y dos años después, en 2018, en las comunidades de Mazocahui y San Rafael. En este sentido, indicaron que la planta potabilizadora de Bacanuchi se construyó sin realización de dialogo o consulta a la población; como afirma el siguiente entrevistado, no realizaron alguna reunión informativa, ni dieron a conocer el proyecto a realizar o el proceso de funcionamiento de la planta.

¿De la que según puso Grupo México? Pues, también vino a ponerla como le digo y no nos informaron, no hicieron una junta. Según vino la gobernadora que a inaugurar y nunca nos tomaron en cuenta, ni cómo se iba a trabajar ni nada. Sabemos que esta, que, porque sabemos que la pasan por un tubo, la echan por los filtros, pero como le digo, yo no he subido a la pila ahorita, no sé cómo estará pasando esa agua (Informante 76, Bacanuchi. 2019).

Con respecto a los muestreos realizados, uno de los entrevistados mencionó que hicieron muchos estudios para conocer la calidad del agua, pero nunca les informaron sobre los resultados. Además, afirmó: “quisiera ver un resultado nomás, lo tiene la mina, puras empresas pagadas por la mina, que es información confidencial que no la sacas de ahí” (Informante 36, Guadalupe de Ures, 2016). Sobre este tema, otro informante agregó:

Pues de principio vinieron, como le digo, cuando fue la afectación. Vinieron a hacer análisis, luego vinieron a decir que estaba bien el agua, pero como le digo, uno no sabe los estudios ni según nadie para decir si está bien o está mal. Pues porque no estamos confiados a lo que parece Grupo México, porque con el pueblo nada (Informante 76, Bacanuchi, 2019).

Como se pudo observar, varias acciones desplegadas por parte del fideicomiso fueron implementadas sin participación de la ciudadanía y no contaron con los flujos de información sobre la calidad del agua pertinentes para una adecuada comunicación del riesgo dentro del contexto del derrame. A esto se suman las percepciones sobre la falta de seguimiento en la atención médica, tal como señala uno de los entrevistados acerca del papel desempeñado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS) dentro del plan de atención a la contingencia de 2014: “Sí, pero no salimos de donde mismo, UVEAS cerró las puertas y no, ya ni siquiera nos atendió” (Informante 73, Molino de Camou, 2019).

Esta comunicación deficiente de las instituciones gubernamentales hacia los actores no se presentó solamente en el tratamiento de la contaminación. Uno de los informantes, en 2016, mencionó que no fueron bien recibidos por las instituciones cuando los pobladores acudieron con solicitudes a las instancias respectivas, ellos percibieron rechazo y desagrado, también señaló que los trabajadores de las instituciones no fueron enviados a atender las problemáticas con regularidad.

Pues le tenemos que hablar, para que vengan unos, para que nos escuchen los problemas que hay, porque según esto no les gusta a ellos que vayamos para allá, y de repente manda uno para acá, pero como le digo esto no es seguido, no es arreglo bueno porque nunca se ha hecho nada, escuchan los problemas internos (Informante, Molino de Camou, 2016).

Los entrevistados refieren que existe una barrera en la comunicación y el diálogo por parte de las instituciones, tanto en lo relativo al tratamiento de la contaminación, como a los asuntos generales de la gestión de agua. Como consecuencia de esta falta de apertura al diálogo y poca eficacia de las instituciones para atender los problemas y demandas de los pobladores, ha surgido una dinámica alternativa, en la cual la comunicación entre estos actores es tensa y los procesos para una gobernabilidad están mediados por acciones fuera del marco institucional y de procesos burocráticos oficiales para la solicitud de atención a problemáticas o demandas. En estos procesos cobra especial relevancia la manifestación de inconformidad, es decir, la gobernabilidad o la consulta se da a partir de una disputa como relación de poder.

En el estudio pudimos observar que, dentro del contexto referente al agua urbana y las unidades de riego, existen manifestaciones como protestas y muestras abiertas de inconformidad a partir de la vía no institucional, como una forma de interacción para informar a las autoridades sobre las necesidades y posturas de las poblaciones. En el estudio de 2016 un informante destacó el bloquear calles como una alternativa viable para hacer escuchar sus demandas, y mencionó experiencias pasadas en las que se hizo uso de este recurso como medio para exigir atención:

Pues yo creo que ya hacer manifestaciones en las dependencias, manifestaciones para que nos pusieran atención, porque el gobierno está impuesto a que si no le tapas una calle para que te la arreglen, no te la arreglan, dejó muy mal impuesto el gobierno del PAN, así se manejan acuérdate, cuando se inundó Zamora, Pesqueira, se inundó con un arroyo y ya tenían tiempo haciéndole que les arreglaran ese arroyo y no se lo arreglaba, se hizo un desbordamiento, se afectaron muchas viviendas, se unió la gente y se plantaron y taparon la carretera como a las 6 horas, que no había maquinaria y que no había recursos, como a las 6 horas, ahí estaban pasando en la televisión dónde estaban las máquinas ya limpiando el arroyo y haciendo el bordo y todo (Informante 25, San Juan, 2016).

Como se muestra, los pobladores no solo consideran las medidas de presión como una posibilidad, sino las consideran una práctica común para hacerse escuchar por las autoridades. En el siguiente testimonio se evidencia cómo estas relaciones hostiles se han instaurado a partir del rechazo percibido por parte de las instituciones hacia los pobladores de las comunidades.

Mientras ustedes no me contesten todas las solicitudes y todas las denuncias nosotros no podemos hacer nada. No me pidas a mí que haga mi chamba cuando tú no estás haciendo la tuya, ahí te va un ejemplo, le dije, hice una vez una denuncia de robo de agua del acueducto El Molinito, fueron [a ver] los de Agua de Hermosillo, dieron media vuelta porque el amigo les sacó pistola. Cuando voy a la Conagua, les digo, oye mis funcionarios no son inmortales, bueno entonces si la ley va a funcionar a punta de pistola pues díganmelo, porque es lo que me están diciendo que a punta de pistola y las cosas no deben ser así, y no considero correcto que los que estamos bien sentimos cierto hostigamiento, conmigo han ido muchas veces y nunca me han encontrado nada (Informante 22, Molino de Camou, 2016).

Igualmente puede observarse este comportamiento en los pobladores que abordaron el tema del tratamiento a la problemática del derrame. Según narran los informantes, tomaron acciones de carácter confrontativo como una alternativa ante la insuficiente respuesta institucional a las necesidades y los intereses de las comunidades. Entre estas acciones hay marchas, bloqueos en carreteras, manifestaciones en diversas dependencias y palacios municipales. Un ejemplo de esta forma de interacción con las autoridades se presenta a continuación:

No nos hizo caso, nos cerraron las puertas, aquí veníamos comitivas y nos cerraron las puertas, las del Palacio Municipal, pues, siempre veníamos muchos, y ya después no nos creyeron y nomás veníamos diez-doce gentes. Pues vinimos a hacer un paro en el palacio, frente a Catedral, pero nunca nos tomaron en cuenta, luego hicimos manifestaciones de acá de la plaza Emiliana de Zubeldía, a unas oficinas creo que son la Sagarhpa, están por el boulevard Navarrete, más o menos periférico, unas oficinas, pero nomás (Informante 73, Molino de Camou, 2019).

En el siguiente fragmento de entrevista se reafirma la idea del rechazo de las instituciones hacia los pobladores, tal como señala uno de los informantes de San Isidro respecto a las peticiones de atención a partir del derrame:

Ahí fuimos con López Caballero², con Semarnat, fuimos a algunas partes, a manifestarnos, a hablar, a ver qué estaba pasando, y no, no había una respuesta bien, siempre fue de que no, que no había pasado nada, o sea, no era algo grave, nunca nada, sí nos firmaban las peticiones que hacíamos […] Hasta que ya llegó el caso de que no nos recibían, la última vez que fuimos a una dependencia un señor nos dijo que el caso no se iba a reabrir (Informante 74, Molino de Camou, 2019).

Estos mecanismos alternos en los que se da la comunicación de demandas y necesidad de atenciones tienen cierta eficacia, pues los pobladores logran ser escuchados por las instituciones y posicionarse dentro de la agenda de estas. Esto puede observarse en el siguiente extracto de entrevista realizada al coordinador de organismos rurales en 2016 en el ejido de La Victoria, municipio de Hermosillo.

Los líderes comunitarios de aquí que pudieron haber hecho, y que hacen, porque son líderes muy inconformes, son muy inquietos, a nosotros nos, nos hacen ver seguido la falta de, en el caso del agua, son los mejores termómetros que tenemos nosotros […], entonces, pero sin embargo la presión que ejercieron fue buena, fueron buenos líderes por eso te digo, llegó el momento en que me dijeron, no, atiéndelos, y ahorita lo estamos haciendo, tenemos una semana ahí con ellos (Informante 13, La Victoria, 2016).

De este modo es que aparecen y se consolidan en la población discursos en los que la búsqueda de atención a demandas se relaciona con concepciones que posicionan a las instituciones como antagónicas a las propias poblaciones. Esto se observa en las declaraciones de los informantes: “Pues si afectara lo que es la presa, pues pelearíamos por una indemnización definitiva, ¿qué vamos a hacer?” (Informante 26, San Francisco de Batuc, 2016). Asimismo, encontramos otros pronunciamientos, tanto en 2016 como en 2019, que refuerzan esta idea:

Es un proyecto que viene de la mina, que supuestamente del fideicomiso, pero no le tocó a El Sauz, ni a la Estancia, ya fui con la muchachita, la encargada del fideicomiso, tanto tú y como yo hemos tenido pláticas sobre cómo corren los mantos acuíferos, me imagino que vas a las reuniones al CEA que invitan cada uno tres-cuatro meses, cada cinco-seis meses, cómo corren los mantos, tenemos que luchar para que todos los pueblos que quedaron sin equipo que los bajen ustedes como gobierno, y sí parece que tiene una buena noticia para nosotros (Informante 33, Heroica ciudad de Ures, 2016).

Pues..., yo pienso que no perdemos la esperanza, seguimos luchando, y digo, yo si mañana la mina compra el pueblo, porque no hay otro cerca, pues no nos va a quedar otra más que irnos del pueblo, y lo mejor yo pienso que podemos hacer es irnos (Informante 79, Bacanuchi, 2019).

Desvinculación de intereses percibidos entre institución y pobladores

El posicionamiento confrontativo descrito anteriormente se nutre de la percepción de que los encargados de las dependencias e instituciones persiguen su propio interés y se encuentran distantes de las comunidades. Las personas entrevistadas usaron categorías como “poder” o “dinero” como principios que adquieren relevancia en la agenda institucional y la toma de decisiones, por encima de las propias comunidades o los objetivos de las instituciones.

Lo anterior se evidencia en el siguiente testimonio: “El gobierno para nosotros no hace nada, el gobierno es para los de arriba, a los buenos a los que tienen lana, tiene muchos programas y ahí quedan en el camino, para acá no llegan” (Informante 39, San Rafael, 2016). Un informante muestra su inconformidad al indicar que los beneficiarios de los apoyos gubernamentales son personas con menor necesidad: “Pues, me imagino que pura transa [corrupción] del mismo gobierno, que cobran, todo el tiempo van a estar adinerados a los que tienen y los que no tienen se van a ir jodiendo” (Informante 43, Guadalupe de Ures, 2016).

Las entrevistas de 2016 ilustran este proceso, en ellas se menciona el caso de una infraestructura hidráulica construida para retener agua a beneficio de un gobernador del estado de Sonora, o bien otro tipo de situaciones que refieren a la percepción de que los permisos de agua son otorgados a empresarios, personas poderosas o adineradas.

¿Dónde está la caballeriza de Padrés³?, por eso se conectó para el Acueducto Independencia, para su caballeriza, por eso hizo una obra de 6 millones y medio de pesos o más, para sus caballos, porque ahí no había agua, anteriormente había agua, pero se secó esa parte de ahí, lo bueno que le valió madre ¿no?, a él, ahora lo bueno para nosotros es que recortamos el agua y le estamos dando agua más o menos a 60, 70 gentes también (Informante 13, La Victoria 2016).

Otros informantes mencionaron a familias de políticos y empresarios, señalando que la obra pública dentro de la cuenca ha sido destinada al beneficio de estos, igualmente cuestionaron el proceder de Conagua al conceder permisos para la perforación y extracción de agua dentro de la región.

Como que quiere el gobierno desaparecer esta parte de presa a presa, porque andan muchos intereses, tanto los Coppel como los Bours como ya ves los Padrés, todos querían abarcar los derechos del río Sonora, ya han comprado algunas parcelas. Pero ahora las empresas grandes, volvemos a caer en lo mismo, el mismo gobierno tiene la culpa por no controlar, en la misma contaminación de la presa, de la minera de Cananea, ahí está. Simplemente con el rancho de Padrés, que tenía creo 12 pozos, esos pozos no los hizo de su bolsa, esos pozos sacó recursos del gobierno, como todo sacó recursos, tenía un presón [represa grande] tapado, por eso no llegaba agua para acá. Entonces, ¿quién le dio esos permisos? CONAGUA, la CEA, entonces hay una mafia tremenda involucrada en el gobierno, que controla, con mala palabra disculpe usted, joden al más jodido, porque cuántas empresas no están contaminando pues, ya sea como lo hizo esta minera, de diferentes partes del estado Grupo México [...] muchos pozos profundos que el gobierno hizo para preservar la ciudad, pero también mucho pozo profundo y el área norte de los viñedos y dijeron que no iban a dar más permiso para hacer pozos, cuando no hubo permisos para los pobres, pero para el rico sí, para los viñedos, para esos sí tuvieron y para los ejidatarios no (Informante 25, San Juan, 2016).

Otro informante menciona cómo esto afecta los intereses de los pobladores en las comunidades de la cuenca:

[…] desgraciadamente así se maneja, el dinero hace todo aquí, por ejemplo, yo por ejemplo como autoridad no puedo dar permisos para que hagan tantos pozos, si sé que una familia sola va a destruir, una familia sola poderosa va a destruir el sustento de miles de gentes que estamos aquí, todos los ejidos que estamos aquí, entonces, pero desgraciadamente así se maneja, el poder. El país está podrido, desgraciadamente, es triste decirlo, pero ahorita para la gente que trabaja honradamente es mucha batalla, los apoyos, el dinero que tira el gobierno federal, tanto hablan de los apoyos, desgraciadamente los apoyos vienen para cuatro, cinco familias más poderosas en los estados, para esos vienen los apoyos (Informante 20, La Victoria, 2016).

Los entrevistados identifican un desempeño de las instituciones comprometido con otros actores y sus intereses, los cuales son antepuestos a las necesidades de las comunidades. Vale la pena señalar que estos en su mayoría son empresarios o políticos.

Vinieron gentes de Conagua de México, vinieron en todos los ejidos cancelando permisos, ¡eh! A nosotros nos cancelaron un permiso de un pozo, del pozo con el que regamos, pero se fue el agua para abajo y cancelaron muchos permisos en todos los ejidos, pero ojo, anduvieron cancelando permisos dentro de los ejidos, pero ¿sabes por qué lo hace la Conagua? Yo tuve una discusión grande, porque todos esos permisos, el gobierno lo que hace es mandar gente, inspectores a cancelar permisos a los ejidos porque esos permisos los agarran y se los dan a gente que va a sacar el agua de donde esté. Entonces todo eso es lo que hace, desgraciadamente es lo que ha hecho el gobierno, es que eso lo ha hecho últimamente Conagua, ha andado cancelando pozos, pero lo hacen para tener margen para darle a la gente. Como le digo, cómo es posible que una familia por hacerse más millonario de lo que esté, van a dejar sin trabajo a miles de gentes aquí, entonces esas cosas no deben de ser, no deben de ser y aparte de todo ahí le pegaron como a 2000, 3000 hectáreas de monte, de palo fierro, de pitaya y todo eso que no debe de ser pues, destruir la fauna, son muchas hectáreas, no son cinco hectáreas ni diez, fueron 2000, 3000 hectáreas. Súbanse al camión, pasen por la carretera y van a ver todos esos viñedos que están por la orilla de la carretera, de Pesqueira, todos esos viñedos no les alcanza la vista para ver para abajo, todo eso es una causa muy grande de la sequía que hay en esta área (Informante 20, La Victoria, 2016).

En el caso de la contaminación, los pobladores locales perciben que el quehacer de las instituciones responde a intereses de la empresa minera. Esto se hizo patente en las acciones llevadas a cabo por el fideicomiso las cuales, de acuerdo con la percepción de los informantes, invisibilizan las consecuencias del derrame y permiten a la mina operar con libertad e impunidad sin que las instituciones apliquen reglamentación alguna. Esta perspectiva se registró en diversos comentarios de los entrevistados: “Esa contaminación de la mina es un cochinero todo eso […] ¿Qué le hace el gobierno? Nada, son muy poderosos y a ellos les vale, eso les toca a ustedes en Hermosillo también, ahí están tomando agua” (Informante 36, Guadalupe de Ures, 2016). De igual manera, en reuniones de las instituciones con las comunidades los informantes observaron estas actitudes: “Hicieron una junta aquí, están más del lado de la minera, del grupo México, que de lo justo” (Informante 73, Bacanuchi, 2019). Un último comentario reitera la idea: Pues de principio vinieron, como le digo, cuando fue la afectación. Vinieron a hacer análisis, luego vinieron a decir que estaba bien el agua, pero como le digo, uno no sabe los estudios ni según nadie para decir si está bien o está mal. Pues porque no estamos confiados a lo que parece Grupo México, porque con el pueblo nada (Informante 76, Bacanuchi, 2019).