Introducción

El fuego es considerado como un factor ecológico en los diversos ecosistemas del mundo donde se presenta (^{Rodríguez, 2012} citando a ^{Agee, 1993}; ^{Waring & Running, 1998}; ^{Whelan, 1997}). Es considerado un proceso natural que ha jugado y juega un importante rol en la evolución de especies (^{Pausas & Schwilk, 2012}), en la configuración ambiental global y de conservación de la diversidad biológica en la misma escala, tiene beneficios e impactos de considerable magnitud en una importante cantidad de hábitats y en la sostenibilidad ecológica (^{Shlisky et al., 2007}). También se le ha estudiado buscando comprender el uso que se le da por parte de distintos grupos humanos en diversos territorios (^{Rodríguez, 2001}). Como parece natural, el fuego es investigado fundamentalmente desde la ecología, la biología y la química, entre otras áreas del conocimiento. En el contexto de la perspectiva socio-económica ha sido analizado desde la historia (^{Araque, 1999}; ^{Pyne, 2001}), la sociología (^{Priego y Lafuente, s/f}) y la economía (^{Merino, 2008}), entre otras ciencias sociales. En esta perspectiva se ubica el presente texto.

Tradicionalmente se considera que los incendios tienen entre otras causas: las de carácter natural, por accidentes, por negligencia e intencionales; en la tipología de formas intencionales se pueden mencionar entre otros tipos: a) para cambiar el uso del suelo forestal a agrícola, ganadero o urbano y b) para aprovechar las maderas afectadas por el fuego (^{Rodríguez, 1994}).

En diversos países y en México, poco a poco se comienza a mencionar otra causa en las de tipo intencional: los producidos por intereses ligados a la producción de cultivos ilícitos (^{Rodríguez, 2001}; ^{Carrera, Morales y Gálvez, 2002}; ^{Jardel, 2006}; ^{Pava, 2011}, entre otros). En México la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde hace algunas décadas manejo en sus estadísticas como causa de incendio a los cultivos ilícitos, sin embargo por cuestiones de seguridad dejó de atribuir directamente a esa actividad incendios intencionales. En tal sentido el presente artículo tiene como objetivo analizar desde la perspectiva socio-eco-ambiental el posible vínculo entre los incendios forestales y la práctica de los cultivos ilícitos.

Enfoque metodológico

La CONAFOR a través de la Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales, dependiente de la Coordinación General de Conservación y Restauración, genera datos globales sobre los incendios forestales que se presentan a lo largo y ancho de la geografía nacional, presentándola desglosada por entidad federativa, por estrato de vegetación afectada y por tamaño y duración de los incendios, entre otros indicadores (^{CONAFOR, 2012}); la misma CONAFOR maneja información a nivel municipal, pero es detectable que en los estados donde existe fuerte incidencia de los cultivos ilícitos, los datos estadísticos se refieran a “causas desconocidas” o “indeterminadas”.

Toda vez que el presente texto trata de presentar el vínculo entre los incendios forestales y la producción de cultivos ilícitos, se realizó un breve análisis de la producción de cultivos ilícitos. Para ello se usan las estadísticas procedentes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Para otros países dicha fuente desglosa la producción de cultivos ilícitos, por ejemplo, superficie sembrada, precios, y en algunos casos zonas de cultivo (entidades federativas y municipalidades); pero en lo referente a México dicha fuente no contiene el desglose hasta dicho grado de detalle (^{UNODC, 2011}). Las fuentes mexicanas únicamente presentan la información referente a los cultivos ilícitos en forma global, por ejemplo superficies erradicadas de marihuana (Cannabis sativa L.), amapola (Papaver somniferum L.), armas y vehículos decomisados, entre otros (^{Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2017}). Por ello, se realizó una búsqueda en Google a través de la utilización de los nombres de los municipios y la región como palabras clave del motor de búsqueda para localizar información que hiciera referencia a los municipios y región de análisis. Así, se hizo una combinación de fuentes de información primaria y secundaria.

La región de estudio

Coloquialmente conocida como el “Triángulo Dorado” o “Triángulo de Oro”, es una zona de la Sierra Madre Occidental en la cual confluyen los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango; se compone entre otros de los municipios de Batopilas, Guadalupe y Calvo, Guazapa y Morelos, pertenecientes a Chihuahua; Tamazula, Canelas, Topia, Ocampo, Otáez, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro, de Durango y, los municipios de Badiraguato, Choix, Concordia, Cosalá, Rosario y Sinaloa, ubicados en territorio del estado de Sinaloa. Este “Triángulo” comprende una extensión aproximada de 63,426 kilómetros cuadrados (Cuadro 1 y Figura 1).

Fuente: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/13056989/El-Chapo-Guzman.html

Figura 1 Triángulo de oro. 

Desde la década de los setenta del siglo pasado se le conoce como el “Triángulo Dorado”, toda vez que aprovechando su accidentada orografía los narcotraficantes la han constituido como uno de sus centros de producción de amapola y de operaciones (^{Astorga, 2010}; ^{CNN México, 2011}) y, más recientemente, como área de ubicación de laboratorios de producción de metanfetaminas (^{León, 2012}). La mayoría de los municipios antes mencionados están entre los más pobres de las entidades citadas (Cuadro 1). Esta situación de pobreza puede ayudar a comprender por qué la población de esos lugares se dedica a esta actividad.

Los incendios forestales

De acuerdo con información de la ^{CONAFOR (2012)}, en la década comprendida entre 2002 y 2012 se presentaron un promedio anual de 8,368.2 incendios anuales, afectando un promedio anual de 301,242.1 hectáreas. De dicho lapso, 2007 es el año que menor número de incendios presentó con 5,893 y 2011 es el año más conspicuo en cuanto al número de incendios presentados con 12,113 incendios. En cuanto a la superficie afectada, en dicho período 2004 es el año con la menor cantidad de hectáreas afectadas con 81,322 y 2011 en donde se quemaron una mayor cantidad de hectáreas al alcanzar la significativa cifra de 956,405 ha. (^{CONAFOR, 2012}).

Datos de la misma Comisión indican que para el periodo 2013-2016 se han presentado un total de 27,821 incendios, estos siniestros afectaron una superficie de 912,509 hectáreas, de este periodo 2013 fue el año que mayor superficie fue afectada con 411,250 hectáreas.

Los tipos de vegetación más siniestrados son los pastizales y, arbustos y matorrales. La superficie arbolada afectada ha disminuido sensiblemente en la primera década de referencia, ya que en 2003 participaba con el 27.4% del total de la superficie afectada y en 2012 constituye el 7.7% del total (^{CONAFOR, 2012}). En lo que se refiere al periodo 2013-2016, se refuerza la tendencia a disminución de la superficie arbolada como estrato más afectado, reduciéndose sensiblemente (^{CONAFOR, 2016}).

Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Puebla ocupan en el 2012, en dicho orden, los primeros cinco lugares por el número de incendios presentados en su territorio. Sin embargo son Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Baja California, las entidades que tienes más superficie afectada. En el lapso de 2013 al 2016 las entidades más afectadas han cambiado, pero Chihuahua y Durango siguen estando en las diez entidades más afectadas por los incendios. Como se puede observar, en este rubro destacan Chihuahua y Durango, dos de las tres entidades que conforman la región en análisis, claro está que los incendios presentados no se ubican en su totalidad en la misma y tampoco se puede afirmar que los mismos tienen en el narcotráfico su principal agente causal. Es importante también señalar que en los últimos años la CONAFOR ha dejado de reportar la causa de los incendios.

La producción de amapola en México

México es productor y consumidor de opio desde el Siglo XIX (^{Astorga, 2010}), el mismo autor señala que la siembra de cultivos ilícitos y el tráfico de la producción nacieron al amparo del poder político. En los años cuarenta del siglo pasado, México era el principal abastecedor de los Estados Unidos (^{Astorga, 2010}).

Después de un poco más de un siglo transcurrido, ¿el papel de México en la producción de cultivos ilícitos ha cambiado? En el Siglo XXI, ¿cuál es el papel de México en el mercado mundial de la amapola? ¿La situación de pobreza de amplias zonas del país cataliza el desarrollo del cultivo? Si bien en el presente texto no se dará respuesta a dichos cuestionamientos es importante tenerlos en cuenta.

De acuerdo con ^{Astorga (1999} y ²⁰¹⁰⁾ lo que ha cambiado en el escenario es la mediación entre el campo político y el del tráfico de drogas. Un escenario en el que además se presenta un actor relevante de manera más explícita: el gobierno norteamericano; de tal forma que la intervención vía la certificación dio pasó a la estrategia militarista impuesta en el gobierno de Fox (2000-2006), misma que se profundizó con Calderón (2006-2012) y ha tomado tintes trágicos en la administración de Peña Nieto (2012-2018).

En el contexto actual, y aún y cuando la producción mexicana de amapola apenas significa el 5% de la producción mundial, ello le “alcanza” para sobrepasar en los dos últimos años a la producción de Myanmar, Laos y Colombia. En la última década ha desplazado a Colombia del primer lugar en el ámbito latinoamericano y del tercero a escala mundial (Cuadro 2). Es importante tener presente que México ha sido históricamente un productor de heroína y marihuana destinadas al mercado norteamericano.

Paradójicamente, ahora que en el discurso gubernamental mexicano se ha emprendido un combate frontal a las drogas ilícitas, la producción de éstas crece, por lo que diversos académicos han analizado la “guerra contra las drogas” del régimen de Felipe Calderón y la continuidad por el gobierno de Peña Nieto y han insistido en que dicha guerra tenía el propósito en el caso del primero “legitimar” a un gobierno que asumió las riendas del país fuertemente cuestionado después de las accidentadas elecciones de 2006; y en el caso del segundo, mantener a raya el descontento social. Aunado a ello, el gobierno del primero se subordinó ante la cada vez más cuestionada hegemonía norteamericana al firmar, en junio de 2008, la denominada “Iniciativa Mérida” (^{Chabat, 2010}), y el segundo también. El estado de Guerrero y la denominada región del “Triángulo de Oro” son las áreas que contribuyen con la mayor producción de amapola.

Incendios forestales y producción de amapola: una mezcla más explosiva

El vínculo entre la producción de cultivos ilícitos y los incendios forestales ha sido documentado por diversos estudios, por ejemplo para el caso de Colombia, ^{Álvarez (2003)} señala la conversión de bosques en áreas agrícolas y en específico de coca (Erythroxylum sp.); ^{Armenteras et al. (2013)} evidencia similar situación para la Amazonia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2016:189) en el informe 2016 señala que: “Los agricultores pueden invadir los bosques para cultivar ilícitamente cosechas como arbusto de coca, adormidera o plantas de cannabis en zonas remotas por dos motivos: las deficientes condiciones socioeconómicas de los agricultores en la frontera agrícola pueden llevarles a buscar cosechas comerciales; y el carácter ilícito de esa actividad y la necesidad de mantenerla en la clandestinidad pueden propiciar el traslado a zonas relativamente remotas.”

Para el caso de México se pueden mencionar autores como ^{Jardel (2006)} que caracteriza a la narcoproducción como uno de los nuevos problemas del sector forestal mexicano e indica que diversas áreas naturales protegidas son zonas activas de producción de cultivos ilícitos. Para zonas específicas se puede mencionar a ^{Asbjornsen y Gallardo (2004)} para Los Chimalapas, Oaxaca y a ^{Jardel et al. (2006)} para la Sierra de Manatlán, ubicada entre los estados de Colima y Jalisco.

En el caso de las entidades donde se ubica la zona en estudio se puede referir que el “Plan Estratégico Forestal de Durango 2030” considera al narcotráfico como una seria amenaza para el recurso forestal “por el constante cambio de uso del suelo y la aplicación del fuego sin control para limpiar los terrenos” (^{Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006}); de similar manera el “Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua” considera a las actividades asociadas a los cultivos ilícitos y el narcotráfico como una amenaza para las actividades forestales de dicha entidad (^{Gobierno del Estado de Chihuahua, 2012}). En el caso de Sinaloa fue prácticamente imposible localizar el programa de desarrollo forestal respectivo, para constatar si en el discurso oficial se tenía en cuenta la presencia de los cultivos ilícitos como factor detonante de incendios forestales.

Como se ha señalado en párrafos anteriores la región tiene una larga historia en la producción de cultivos ilícitos, dicha actividad afecta sensiblemente las áreas forestales de los municipios integrantes de la misma. Por ejemplo en el 2002 un documento de la CONAFOR, citado por el corresponsal de La Jornada, indicaba que “de enero a la fecha han ocurrido en territorio sinaloense 90 siniestros, los cuales han afectado sobre todo al municipio de Concordia…una de las principales causas de los incendios forestales es la preparación de terrenos para cultivos ilícitos en las partes altas de la sierra de Sinaloa" (^{Valdez, 2002}).

Para el período 2000-2004 el “Plan Estratégico Forestal de Durango 2030” estimaba que los incendios forestales asociados a cultivos ilícitos significaban el 32 % del total. En la misma entidad la gerencia regional de la Comisión Nacional Forestal en Durango informaba que de los eventos que se habían presentado en el mes de mayo de 2003 “por lo menos un 12 por ciento de ellos son provocados por la preparación de tierras de cultivos ilícitos (narcotráfico), pero un 20 por ciento de ellos, que es la cifra que más preocupa, son causados por motivos desconocidos o no clasificados”. Es relevante observar que la mayoría de la superficie siniestrada en la entidad, reportada en el plan estratégico para el período señalado, se ubica en los municipios localizados en la región en análisis y estos en su conjunto representan el 40.9 % (Cuadro 3).

^{Ávila-Flores et al. (2010)} en su análisis sobre la incidencia de incendios en zonas forestales del estado de Durango, construyen una elipse de tendencia de concentración de incendios, si se observa con atención la imagen obtenida, permite colegir como una de las zonas de considerable concentración de siniestros coincide con la zona de estudio, principalmente en los municipios de Topia, Canelas, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes.

Para 2004, en el Informe Técnico de la Evaluación del Programa Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales, Ejercicio fiscal 2004 (^{Tchikoué et al., 2005}) se reportaba a Guerrero, Sonora, Durango, Jalisco y Baja California como las entidades donde ocurrían incendios asociados a la producción de cultivos ilícitos, participando con 2,707; 2,095; 1,503.55; 895.5 y 350 hectáreas, respectivamente, significando en conjunto una superficie de 7,551.05 hectáreas, lo que representa el 90.6 % de la superficie afectada por tal situación; en forma global el mismo informe señala que los incendios causados por cultivos ilícitos representan un nada soslayable 10.3 %.

Por otro lado, en la Sexta Expo Forestal México Siglo XXI, la CONAFOR, a través de su director general, reconocía que el narcotráfico estaba afectando seriamente a las áreas forestales: “los narcotraficantes pueden ofrecer a los productores mayores ganancias para que presten sus hectáreas para la siembra de enervantes, esa dependencia federal impulsa una serie de proyectos para erradicar ese fenómeno” (^{El Informador, 2008}).

El 09 julio de 2013 el coordinador del programa de prevención y combate de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal en Sinaloa, declaró que la siembra de mariguana y amapola en la zona serrana son la causa principal de los incendios forestales, el municipio de Choix fue el más afectado con dos mil 633 hectáreas siniestradas producto de 26 incendios (^{A discusión, 2013}).

Como se consigna en el Cuadro 3, en Chihuahua, el municipio de Guadalupe y Calvo es el que mayor número de incendios presenta, esto es reforzado por datos para el período 1995-2000 que muestra cómo esta es la municipalidad que históricamente presenta el mayor número de conflagraciones (^{Alanís et al., 2001}). Situación que es reforzada por los datos de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Chihuahua (2006) en el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del estado de Chihuahua, en donde se consigna que el referido municipio ocupó en el 2003 el primer lugar con 173 incendios, representando el 32 por ciento del total de dicho año.

Conclusiones

La presente es una primera aproximación desde el campo de conocimiento socio-eco-ambiental al vínculo entre la producción de cultivos ilícitos y los incendios forestales en el ámbito nacional, siendo enfocada a una de las zonas de mayor tradición histórica en la producción de enervantes.

El trabajo muestra la existencia de serias limitantes en cuanto a la información oficial disponible sobre los incendios que desglose la estadística a nivel municipal y comunitario, sería pertinente que la misma estuviera disponible con datos de georreferenciación.

Los documentos de planeación estratégica del aprovechamiento forestal de las entidades (excepto Sinaloa) en las que se ubican los municipios pertenecientes al “Triángulo de Oro”, si bien mencionan a los cultivos ilícitos como uno de los nuevos problemas de la actividad, son casi omisos en cuanto a estrategias a impulsar para coadyuvar a minimizarlos. No se percibe en dichos planes una estrategia con enfoque socio-ambiental.

La situación de pobreza imperante en dicho territorio es un catalizador de la incursión de los campesinos en la producción de amapola y marihuana; diversos estudios sostienen que la asumen como una estrategia de sobrevivencia y reproducción; es probable que en las estrategias de desarrollo social de dichas entidades no se considere al narcotráfico como uno de los fenómenos a resolver.

La complejidad de los problemas asociados a los cultivos ilícitos y su imbricación con los derivados del aprovechamiento forestal, demanda el desarrollo sistemático de investigación con enfoque socioambiental.

Pese a las declaraciones de CONAFOR sobre la temática, ellas no se han traducido en estrategias claras que busquen coadyuvar a la minimización del problema.