^{1 CIURO CALDANI, M. (1999)}. “Problemática jusfilosófica de la empresa en el fin del milenio”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni, Tomo 21, p. 104.

² El concepto surge en el ámbito académico en la década de 1950 con la obra de H. Bowen, y tiene luego un desarrollo en las diversas disciplinas (economía, ética, administración).

³ El trialismo señala como objeto general de interés de la dimensión sociológica del Derecho a las adjudicaciones de potencia e impotencia relacionadas con hombres, entendiendo por potencia e impotencia a lo que favorece o perjudica al ser y, en los seres vivos, a la vida. ^{CIURO CALDANI, M. (2000)}. La conjetura del funcionamiento de las normas. Metodología jurídica. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas, p. 58. La estructura de la conducta intersubjetiva (reparto) contempla como uno de sus elementos al objeto, es decir, a lo que se reparte. Es con este significado con el que hacemos referencia al objeto de la RS, con la intención de dar cuenta qué adjudican las personas jurídicas de Derecho Privado cuando hacen referencia a su RS. ^{Goldschmidt, W. (1996)}. Introducción filosófica al Derecho, 6° ed., 5ª reimp.. Buenos Aires: Depalma, p. 55. En conclusión, cuando nos referimos al objeto, queremos señalar las ventajas (potencias) y desventajas (impotencias) que se adjudican con la RS

⁴ Para una mayor desarrollo sobre el concepto puede verse: ^{Lizcano, J. y Nieto. P. (2006)}. “La semántica de la responsabilidad social corporativa”. Serie Responsabilidad Social Corporativa, N° 3, Madrid, AECA. Desde una perspectiva del derecho de sociedades ^{Velerdas Peralta, A. (2010)}. “Aproximación jurídica a la responsabilidad social corporativa”, en Alfonso Sánchez, R. (Dir. y Coord.), Colección de estudios de derecho mercantil, N° 38, Granada, Comares.

⁵ El planteamiento meramente descriptivo que se llevará a cabo puede prima facie resultar un aporte carente de interés. No obstante, consideramos que resulta constructivo para aclarar en un plano descriptivo el contenido y el alcance del mismo que generalmente se encuentra difuso, v.gr. bajo grandes categorías; y en un plano comprensivo para entender el por qué del mismo.

⁶ Véase ^{Bardel, Daniela (2019)}. “Fuentes del Derecho y responsabilidad social”. Revista de la Facultad- Universidad Nacional de Córdoba, Vol. IX, N° 2, pp. 207- 245.

⁷ Particularmente en lo referente a los códigos de conducta unilaterales nos valdremos de los estudios de la OCDE elaborados sobre la base del análisis de doscientos cuarenta y seis (246) códigos. ^{Gordon, K. y Miyake, M. (1999)}. “Deciphering Codes of Corporate Conduct: A Review of their Contents”. OECD Working Papers on International Investment”, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/174727273520. ^{OECD (2001)}. “Codes of Corporate Conduct: Expanded Review of their Contents”. OECD Working Papers on International Investment, OECD Publishing, disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/206157234626.

⁸ En este sentido afirma Perán Quesada: “No existe una determinación previa de la naturaleza de las prácticas, medidas o acciones que permita considerarlas a priori como objeto de la RSE. La amplitud y diversidad de las materias que pueden considerarse objeto de la RSE impide su homogeneización y exige un proceso de racionalización de las mismas”.^{Perán Quesada, S. (2010)}. La responsabilidad social de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, Granada: Comares, p. 13. Asimismo, existen diferencias de carácter sectorial que responden a los intereses propios del sector y a las demandas particulares del público y el mercado. ^{Goldín, A. (2007)}. “Códigos de conducta y regímenes de cumplimiento voluntario: ¿es la autorregulación una respuesta?. Revista electrónica de Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas, Año III, Número V, p. 11.

⁹ Según la Real Academia Española en la primera acepción: conjunto de cosas diversas y desordenadas.

¹⁰ En este sentido señala Goldín el carácter selectivo que determina el modo en que se incorporan los estándares de tutela a las iniciativas voluntarias, siendo notablemente más restrictivos los de las iniciativas estrictamente empresarias (a nivel individual o de entidades de comercio e industria), respecto de las iniciativas multilaterales y respecto de las iniciativas de organismos internacionales. ^{Goldín, A. (2007)}. “Códigos de conducta y regímenes de cumplimiento voluntario: ¿es la autorregulación una respuesta?. Revista electrónica de Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas, Año III, Número V, p. 10-11.

¹¹ Así señala Estévez Araujo que uno de los mecanismos que se ha establecido para garantizar la seguridad jurídica a las EM en la economía globalizada ha sido el refuerzo del carácter imperativo del Derecho Internacional. Y, específicamente, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), incorporado como anexo al Acuerdo de Marrakeshch de 1994 por el que se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue el resultado de un proceso de negociaciones y presiones que se inició a mediados de los años ochenta (80), principalmente a iniciativa de los países del Norte (Estados Unidos y la Unión Europea –UE-) frente a la resistencia de los países del Sur. Uno de los fines fue sustraer competencias sobre la materia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que en cuanto organización especializada de la ONU, era más universalista e igualitaria. ^{ESTEVEZ ARAUJO, J. (2002)}. “La globalización y las transformaciones del Derecho”,en ZAPATERO GÓMEZ, V. (coord.), Horizontes de la filosofía del Derecho: homenaje a Luis María San Miguel, Vol. I, 2002, España: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, p. 314-315. Puede verse ^{VICENTE BLANCO, D. (2002)}. “El proceso de gestación de las fuentes jurídicas que regulan las inversiones extranjeras: el conflicto sobre la reglamentación de la inversión internacional”, Derecho de la Integración, Vol.12.

¹² De igual forma Sánchez Huete afirma que el concepto de RS posee un contenido difuso y contingente; difuso por cuanto carece de una delimitación concreta; y contingente al estar condicionado por lo que la ley considere como obligatorio en cada supuesto de hecho. Así, es un concepto que se articula con el Derecho vigente con un carácter de adicionalidad y complementariedad respecto de las normas imperativas. Aunque sostiene que no puede menospreciarse la regulación efectuada por las normas internacionales, en tanto que imponen modelos y pautas de conducta que ayudan a la expansión y consolidación, si no de normas si de culturas jurídicas. No obstante, estima que los parámetros genéricos de buena parte de la RS son de escasa utilidad en la mayoría de los Estados de su contexto (la UE), por existir unos estándares de reconocimiento normativo superiores. ^{Sanchez Huete, M. (2009)}. “La acción social y la responsabilidad social. Posibilidades y límites de la intervención normativa financiera”, en Fernández Amor, J. y Gala Durán, C. (coord.), La responsabilidad social empresarial: un nuevo reto para el derecho. Madrid: Marcial Pons, p. 91. En el mismo sentido Baz Tejedor sostiene que la RS pretende ante el creciente poder de las EM una solución transitoria o de urgencia, a fin de universalizar, en los países en vías de desarrollo un núcleo mínimo de protección, a la espera de la implantación de instancias internacionales de coacción jurídica; y como una solución más consolidada en los países actualmente desarrollados como plus o suplemento a la normativa estatal y convencional, desde una perspectiva dinámica (porque no ha de impedir la producción de nueva normativa) y relativa (porque es preciso tener en cuenta el marco normativo vigente). ^{Baz Tejedor, J. (2007)}. “Empresa socialmente responsable y derechos fundamentales laborales”. Criterio Jurídico, Vol. 7, p. 347. Para contextos de países desarrollados señala Correa Carrasco que la función de los instrumentos de RS viene dada por la intención de mejorar los niveles de protección de las normas legales o convencionales existentes (principio de adicionalidad). ^{Correa Carrasco, M. (2016)}. Acuerdos marco internacionales: de la responsabilidad social empresarial a la autonomía colectiva transnacional. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 31. En tanto, señalan Gutiérrez y Jones que la aplicación es más importantes cuando los marcos legales son limitados y la aplicación del Derecho es débil.^{Gutiérrez, R. y Jones, A.}Corporate Social Responsibility in Latin America: An Overview of Its Characteristics and Effects on Local Communities,: https://ssrn.com/abstract=1018674, p. 156. Pero no obstante, como afirma Jenkins en algunos casos el código solo requiere observar la legislación local, por ejemplo en términos de salarios mínimos o de trabajo infantil y en consecuencia no sería un código que mejore los niveles de protección en la cadena de producción. JENKINS, R. (2001). “Corporate Codes of Conduct. Self- Regulation in a Global Economy”. Technology, Business and Society, Programme Paper Number 2, United Nations Research Institute for Social Developmenrt, p. 25.

^{13 Baylos Grau, A. (2011)}. “Empresa responsable y libre empresa. Una aproximación constitucional”, en Aparicio Tovar, J. y Valdés de la Vega, B. (direc.), La responsabilidad social corporativa en España: concepto, actores e instrumentos”. Albacete: Bomarzo, p. 40.

¹⁴ Indica Barañano Cid que la mayor parte de las propuestas y declaraciones de las empresas sostienen la aplicación global de sus políticas, pero de manera inmediata señalan la limitación que suponen las legislaciones o las culturas locales o nacionales de los Estados en que desarrollan su actividad, surgiendo una dificultad o una renuncia a hacer efectiva dicha aplicación global de los compromisos de RS en estos supuestos. ^{Barañano Cid, M. (2009)}. “Contexto, concepto y dilemas de la responsabilidad social de las empresas transnacionales europeas: una aproximación sociológica”. Cuadernos de Relaciones Laborales, N° 1, 27, p. 39-40. En el mismo sentido Kearney y Justice apuntan que algunos sindicatos y ONG hablan de negociar códigos de prácticas laborales que reflejen la “situación especial” o “las circunstancias únicas” de los países o regiones. En tanto, muchas compañías han descubierto que les resulta conveniente aceptar el argumento y no interferir “imponiendo” sus propios “valores culturales”. Para los autores conformarse con situaciones por debajo de las normas internacionales mínimas es ir en contra del propósito general de un código internacional. ^{Kearney, N. y Justice, D (2003)}. “Los nuevos códigos de conducta. Algunas preguntas y respuestas para sindicalistas”. ¿Herramienta de l@s trabajador@s o truco publicitario?, WICK, Ingeborg, Friedrich Ebert Stiftung, SÜDWING Instituto de Economía y Ecumenismo, p.52. En este aspecto se detecta en los AMT la previsión de una “cláusula de cierre” que permite excepcionar lo acordado, por medio de la aplicación de un principio de subsidiaridad: el contenido solo sería aplicable cuando las condiciones existentes a nivel local así lo permitiera. ^{Soler Arrebola, J. (2008)}. “Estructura y contenido de los acuerdos marco internacionales del sector del metal”, en Escudero Rodriguez, R. (coord.), La negociación colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar. Madrid: Observatorio de la Negociación Colectiva, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, p. 493.

¹⁵ Sánchez-Calero Guilarte, J. et. al. (2010). “La primacía de los accionistas y la RSC ¿una compatibilidad posible?, ponencia presentada en el Seminario la responsabilidad social corporativa y sus actores. Mitos y desafíos de la responsabilidad social corporativa, Universidad Complutense de Madrid, p. 11.

¹⁶ Sostienen Maira Vidal y Gil Sánchez que por lo general, y exceptuado la abolición del trabajo infantil, las EM suelen ampararse en el relativismo cultural cuando se hace referencia a la universalización de las políticas socialmente responsables, separando cultural, política y jurídicamente de manera radical los distintos Estados-nación. ^{Maira Vidal, M. y Gil Sánchez, G. (2011)}. “Los actores sociales ante la Responsabilidad Social de las Empresas transnacionales con sede central en España: posiciones discursivas y prácticas implementadas”, en Aparicio Tovar, J. y Valdés de la Vega, B. (direc.), La responsabilidad social corporativa en España: concepto, actores e instrumentos. Albacete: Bomarzo, p. 118-119. Un ejemplo lo constituye el denominado “Dilema de los derechos humanos de Shell”. La empresa, conforme a sus principios, protege y promueve a los sindicatos de trabajadores, pero en uno de los países en donde operaba estaba prohibido la organización de los mismos. El dilema que se plantea es entre cumplir la legislación local que vulnera los principios de la empresa, los estándares de derechos humanos internacionalmente aceptados y el derecho del Estado donde se ubica la casa matriz de la empresa o incumplirla. La adhesión a los principios de la Declaración de Derechos del Hombre vulneraría el derecho local. ^{Anguita Oyarzún, C. (2012)}. “El rol del Derecho en la responsabilidad social de la empresa”. Revista Ars boni et aequi, N° 1, año 8, p. 226-227. Disponible en: http:// www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2012/02/08-El-rol-del-derecho.pdf , consultado el 25/3/2013. Otro supuesto es el relatado por Wolfgang Platzer y Rüb respecto de la libertad de asociación, en el que se señala la reticencia por parte de la EM en la negociación de los AMT a reconocer el aseguramiento del Derecho de organización independientemente de las leyes nacionales existentes. Es decir, que existe una negativa a que esta norma fundamental de la OIT figure como universalmente válida, por el contrario las EM se pronunciaban por la aplicación del Derecho nacional de modo prioritario. ^{Wolfgang Platzer, H. y RÜB, S. (2014)}. Los acuerdos marco internacionales ¿Un Instrumento para Imponer los Derechos Humanos Sociales?, Berlin: Friedrich- Ebert-Stiftung, p. 11. Otro caso de excepción “cultural” a las normas internacionales es la discriminación contra la mujer. ^{Kearney, N. y Justice, D (2003)}. “Los nuevos códigos de conducta. Algunas preguntas y respuestas para sindicalistas”. ¿Herramienta de l@s trabajador@s o truco publicitario?, WICK, Ingeborg, Friedrich Ebert Stiftung, SÜDWING Instituto de Economía y Ecumenismo, p.52-53. Apunta Requejo Isidro que una dificultad típica en materia de género en países en desarrollo es la ausencia de una reglamentación que plasme las consideraciones de género, así las empresas que operen allí pueden encontrarse en una difícil situación, en tanto no deben actuar en contra de la legislación local. ^{Requejo Isidro, M. (2014)}. “El género en los instrumentos para la responsabilidad social corporativa”, en Mesa Marrero, C. (dir.), Grau Pineda, C. (coord.), Mujeres, contratos y empresas desde la igualdad de género. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 545. Otro caso citado es el de libertad de expresión y privacidad en internet, el que se ejemplifica con el caso de Yahoo! En China. Puede verse: ^{RUGGIE, J. (2014)}. ¿Solamente negocio? Multinacionales y derechos humanos, DE LA CRUZ MONSERRAT, C. (trad.). Barcelona: Icaria, p. 59-62. Asimismo, puede verse como el punto dos de los Conceptos y principios de la Declaración de la Líneas Directrices de la OCDE indica: “La primera obligación de las empresas es respetar las leyes nacionales. Las Directrices no sustituyen ninguna legislación o reglamento nacional ni deberán considerarse para prevalecer sobre ellos. Si bien las Directrices a menudo van más allá de la ley, no debería –y no es ese su objetivo- colocar a las empresas en una situación en la que se vieran sujetas a obligaciones contradictorias. No obstante, en los países donde la legislación o la regulación nacional entren en conflicto con los principios y normas enunciados en las Directrices, las empresas deberán buscar la manera de respetar dichos principios y normas sin infringir las leyes nacionales”. Y el punto ocho afirma “[… ] cuando las empresas multinacionales estén sometidas a obligaciones contradictorias impuestas por países que hayan suscripto las Directrices o por terceros países, se alienta a los gobiernos en cuestión a que colaboren entre sí, de buena fe, con el objetivo de solventar los problemas que puedan derivarse de esta situación”. Véase OCDE, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD, París, 2013, en http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es. En tanto, el punto ocho de la Política General de la Declaración de la OIT sostiene: “Todas las partes a las que se refiere la Declaración sobre las Empresas Multinacionales deberían respetar los derechos soberanos de los Estados, observar las leyes y reglamentos nacionales, tener debidamente en cuenta las prácticas locales y respetar las normas internacionales aplicables. También deberían cumplir los compromisos libremente contraídos de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones internacionales aceptadas. Asimismo, deberían respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y los Pactos internacionales correspondientes (1966) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y sus principios, de acuerdo con los cuales la libertad de expresión y de asociación son esenciales para un progreso sostenido”. Véase OIT, Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2017, en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/-emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf Por su parte el principio número veintitrés (23) de los Principios Rectores de Naciones Unidas denominado “Cuestiones de contexto” señala que “En cualquier contexto, las empresas deben: a) cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen; b) buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas; c) considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen”.

¹⁷ Señala Daugareilh la presencia de un contexto favorable al desarrollo de la RS, dado por la presencia de dos asimetrías que presenta la actuación de la EM la cual se encuentra “ignorada” por el Derecho: de un lado, invisibilizada por el Derecho Internacional de los derechos humanos y de otro “inaprehendida” por los derechos nacionales; lo que ocasiona que finalmente se encuentren captadas por normas internacionales de soft law.^{Daugareilh, I. (2009)}. “Responsabilidad social de las empresas transnacionales: análisis crítico y prospectiva jurídica”. Cuaderno de Relaciones Laborales, N° 1, 27, p. 81-90.

¹⁸ Como apunta Buhmann en tanto el derecho internacional impone obligaciones a los Estados y no a las personas jurídicas privadas como las sociedades comerciales, aparece como generalmente aceptado que cuando el derecho nacional está ausente o es insuficiente en relación al Derecho Internacional, si una compañía asume obligaciones del Derecho Internacional está actuando éticamente o conforme a su ^{RS. Buhmann, K. (2006)}. “Corporate social responsibility: what role for law? Some aspects of law and CSR”. Corporate Governance, Vol. 6, N° 2, p. 197. Como interpreta Cantú Rivera respecto de los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos nos encontramos ante un “parteaguas histórico”, el de trasladar parte de la responsabilidad –una responsabilidad indirecta y secundaria- del Estado a los entes privados, de modo que las empresas deben garantizar su respeto a los derechos humanos. En tanto, el enfoque nominativo que adoptaron los principios impide trasladar directamente la obligación jurídica hacia las empresas. Así aunque aparente ser una primera aproximación a la noción de generar una obligación para las empresas en materia de derechos humanos, en la forma en que ha existido en el derecho penal internacional o en materia de inversiones, es una manifestación simplista en torno a la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. ^{Cantú Rivera, H. (2013)}. “Empresas y derechos humanos: ¿hacia una regulación efectiva, o el mantenimiento del status quo?”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XIII, p. 323-324. Véase desde una perspectiva general ^{López Jacoiste Díaz, E. (2019)}. “Los actores no estatales internacionales a la luz del derecho internacional: el caso de las empresas transnacionales”. Cuadernos de derecho transnacional, Vol. 11, N° 2, pp. 194-229- Y desde el análisis de la problemática ambiental ^{Marquez, D. (2017)}. La regulación de las empresas transnacionales domiciliadas en la Unión Europea en relación con sus estándares de comportamiento y su responsabilidad por los daños ambientales causados en terceros estados, Universitat Rovira i Virgile, Tarragona. Recuperada de https://www.tdx.cat/handle/10803/461524

¹⁹ Conforme Martín-Ortega el interrogante que se plantea es el de la existencia o no de normas jurídicas internacionales que vinculen directamente a las empresas, es decir, que establezcan obligaciones a las mismas, no a los Estados de origen o a los Estados en los que invierten. Esta cuestión es lo que verdaderamente supone un reto para la noción tradicional de que sólo los Estados y los agentes estatales pueden ser responsables por violaciones de derechos humanos. ^{Martin-Ortega, O. (2008).} Empresas Multinacionales y Derechos Humanos en Derecho Internacional. España: Bosch, p. 98.

^{20 Ortiz De Urbina Gimeno, Í. (2011)}. “Responsabilidad penal de personas jurídicas y programas de cumplimiento empresarial (<<compliance programs>>)”, en Goñi Sein, José (dir.), Ética empresarial y códigos de conducta, La Ley, p. 101-102.

²¹ Sostiene Nieto Martín que la autorregulación unida a la noción de RS deberían convertirse en las bases del modelo europeo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En efecto, sostiene como fundamento de la responsabilidad el “defecto de organización” de la empresa (modelo de imputación por autorresponsabilidad –indirecta o por hecho propio-, en contraposición al modelo de imputación por heteroresponsabilidad –directa o por hecho ajeno-) y afirma que el desarrollo experimentado por la autorregulación sirve para paliar el aspecto más delicado de la misma: su falta de determinación. Señala el autor: “La culpabilidad de la empresa por defecto de organización significa que en la dirección empresarial no se han cumplido eficazmente y de manera prolongada las obligaciones de autorregulación que impone el derecho administrativo o el derecho penal con el fin de evitar lesiones para los bienes jurídicos más afectados por la actividad empresarial. La noción de responsabilidad social refleja la tensión existente entre los intereses económicos que persigue la gestión empresarial y los bienes jurídicos colectivos e individuales a los que ésta afecta constituye el fundamento material de este nuevo tipo de responsabilidad penal. Se trata con ello de hablar en serio sobre responsabilidad social”.^{Nieto Martín, A. (2008)}. “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa”. Política Criminal, N° 5, A3-5, p. 14-15. No obstante, como señala Ortiz de Urbina Gimeno sin el elemento sancionador público (aunque no necesariamente penal) la confianza en la autorregulación no deja de ser “un brindis al sol”. La experiencia ha demostrado la banalidad de las expectativas sobre el papel que el mercado podría tener en un sistema de autorregulación puro, es decir, sin intervención estatal. Ortiz De Urbina Gimeno, Í. (2011). “Responsabilidad penal de personas jurídicas y programas de cumplimiento empresarial (<<compliance programs>>)”, en Goñi Sein, José (dir.), Ética empresarial y códigos de conducta, La Ley, p. 127. Demostrando la superación del “límite normativo” puede verse la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina. Véase ^{AA. VV. (2018)}. La nueva ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y el compliance, Caba: Erreius, pp. 1-72.

²² Señala en este aspecto Correa Carrasco la importancia de la estructura organizativa adoptada por la EM, que puede darse en grupo de empresas (donde forman parte de una misma estructura organizativa, la EM continúa siendo el productor) o en red (la empresa se vincula mediante contratos comerciales con proveedores y subcontratistas, perdiendo control sobre la cadena de “valor”). ^{Correa Carrasco, M. (2016)}. Acuerdos marco internacionales: de la responsabilidad social empresarial a la autonomía colectiva transnacional. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 34-35 Esto se vincula asimismo con la “aprehensibilidad” de las mismas para poder exigir su responsabilidad.

^{23 Ermida Uriarte, O. (2007)}. “Responsabilidad social de la empresa: entre la mercadotecnia y el Derecho”. Derecho Laboral, Tomo L, N° 226, p. 319.

²⁴ Así señala Meeran que suele ser la falta de aplicación del Derecho local, y no tanto el contenido en sí lo que resulta insatisfactorio y alienta la “doble moral”. ^{Meeran, R.}Demandas por agravios contra multinacionales por violación de los derechos humanos. Perspectiva general de la situación fuera de Estados Unidos, https:// business-humanrights.org/es/pdf-demandas-por-agravios-contra-multinacionales-por-violaci%C3%B3n-de-los-derechos-humanos-perspectiva-general-de-la-situaci%C3%B3n-fuera-de-estados-unidos, consultado el 22/11/2016, p. 8.

²⁵ Grau Ruiz, M. (2013). “Responsabilidad Social Empresarial y fiscalidad internacional en relación con la inversión directa extranjera en países en desarrollo”. Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, Georgetown University-Universia, Vol. 7, N° 3, p. 45. También ^{Sánchez-Urán Azaña, Y. et. al. (2013)}. “Concepto y caracteres de la responsabilidad social”, en Sánchez- Urán Azaña, Y. (dir.) y Grau Ruiz, M. (coord.), Responsabilidad social de las organizaciones. Una perspectiva jurídica en el marco de la economía sostenible en la Unión Europea, Madrid: Grupo 5, p. 114. El informe de la OIT “La inspección del trabajo y la función de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación: situación y tendencias” señala que se reconoce la existencia de “lagunas” en materia de cumplimiento como un factor que contribuye al desarrollo de iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación, en particular las relacionadas con la RS. OIT (2013), Informe para la Reunión de expertos sobre la inspección del trabajo y la función de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación, Ginebra, 10-12 diciembre de 2013, p. 51. Del mismo modo se señala que la inclusión en un AMT de una cláusula que reconozca la aplicación de la ley nacional, adquiere relevancia en el plano del cumplimiento efectivo de la legislación. Así, la incorporación de esta previsión otorga un mayor grado de exigibilidad en su cumplimiento y concreta la obligación de tenerla en cuenta incluso cuando no es acatada por lo sujetos locales destinatarios de sus contenidos. Soler Arrebola, J. (2008). “Estructura y contenido de los acuerdos marco internacionales del sector del metal”, en Escudero Rodriguez, R. (coord.), La negociación colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar, Madrid: Observatorio de la Negociación Colectiva, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, p. 498. O que los mecanismos de implementación de los AMT posibilitan la implementación de normas que son inexactas. ^{Sobczak, A. (2008)}. “Legal dimensions of international framework agreements in the field of corporate social responsibility”, en Papadakis, K. (ed.), Cross Border Social Dialogue and Agreements. An emerging global industrial relations framework?, Geneva: ILO, p. 124. Asimismo se ha señalado que cuando lo estándares –v.gr. los medioambientales- se incorporan en un contrato de comercio internacional, mediante una cláusula de “cumplimiento” de las leyes del Estado anfitrión, la empresa importadora “vigila” y “hace cumplir” la legislación local al proveedor. ^{Vandenbergh, M. (2007)}. “The New Wal-Mart Effect: The Role of Private Contracting in Global Governance”. UCLA Law Review, N° 54, p. 954. Un aspecto aún más peligroso es el que señala Goldín cuando afirma que las iniciativas voluntarias sirven para redefinir o reinterpretar las normas que en rigor –por imperio de la ley- se deben cumplir, de modo que en tales supuestos la RS no agrega protección sino que limita los alcances de la protección vigente. ^{Goldín, A. (2007)}. “Códigos de conducta y regímenes de cumplimiento voluntario: ¿es la autorregulación una respuesta?. Revista electrónica de Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas, Año III, Número V, p. 11. Las normas de RS privadas como fuente de eficacia de las normas estatales ha sido examinada por ^{REIS, P. (2012)}. “Les normes sociales privées: de l’ engagement volontaire a la contrainte?”. Crtique (s) du droit. Hommage au professeur Robert Charvin Mélanges en l’ honneur de Robert Charvin, Paris: Ed. Publisud, p. 391-409. Los alcances de la cuestión podemos visualizarlos con dos ejemplos. El primero, en Europa refiere a la firma del “Acuerdo Empresarial-Sindical para garantizar el pleno respeto de los Derechos del Trabajo en las cadenas de producción de Inditex en Portugal” del 13 de agosto de 2008, y la concreción del “Standard Portugal” como sistema de aplicación y verificación, con intervención sindical, de los compromisos de RS en las empresas de la industria textil, la confección y el calzado de Portugal, proveedoras de ^{EM. BOIX, I. (2008)}. “Responsabilidad social empresarial: un ámbito de necesaria intervención sindical. Consideraciones a partir de la experiencia de FITEQA-CCOO en las industrias del textil-confección-calzado y de la química y el petróleo”, Revista Lan Harremanak, N° 19, II, p. 188. En el Acuerdo se establece que el mismo permitirá […] “servir de referencia para la adecuada aplicación de los Códigos de Conducta, para el pleno respeto de los Derechos Fundamentales del Trabajo en las cadenas de proveedores de las marcas y empresas multinacionales”. Las razones que llevaron a la firma del Acuerdo fueron el supuesto trabajo infantil por parte de la proveedora detectado por la Inspección de Trabajo de Portugal que hubiese llevado a la decisión de suspensión de las órdenes de fabricación por parte de Inditex. El Acuerdo es interesante porque ilustra sobre la dinámica de la RS, pero en este apartado solo queremos destacar como la RS corre el riesgo de identificarse con el cumplimiento normativo, y en este supuesto de normas de ius cogens en un Estado miembro de la UE. Puede consultarse el instrumento en http://www.fiteqa.ccoo.es/comunes/recursos/99927/doc24917_Inditex__ Acuerdos_para_la_plena_aplicacion_del_Codigo_de_Conducta_en_Portugal.pdf , consultado el 24/5/2017. El segundo supuesto, en Argentina se da con la propuesta “Me gusta el mate sin trabajo infantil” por parte de la sociedad civil (la ONG “Un Sueño para Misiones”), que persigue elaborar una ley nacional para que la yerba mate tenga un “certificado libre de trabajo infantil”. Puede consultarse la noticia en: Diario La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1866107-como-es-el-trabajo-infantil-en-la-cosecha-de-yerba-mate, http://www. lanacion.com.ar/2022827-sabias-que-el-mate-esconde-trabajo-infantil Diario BBC: http://www.bbc.com/mundo/ noticias-internacional-36644713, Diario CNN: http://cnnespanol.cnn.com/2016/04/12/hay-trabajo-infantil-en-la-produccion-del-mate-que-toman-los-argentinos-obama-y-el-papa-francisco/

²⁶ Goldín, A. (2007). “Códigos de conducta y regímenes de cumplimiento voluntario: ¿es la autorregulación una respuesta?. Revista electrónica de Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas, Año III, Número V, p.16.

²⁷ Se advierte la situación inversa cuando v.gr. a través de la reforma legislativa se disminuyan los estándares y la RS termine actuando como adicionalidad cuando previamente no lo era. Se ejemplifica en materia laboral con el supuesto que se presentaría de aprobarse una Directiva que permita ampliar la jornada máxima de sesenta (60) a sesenta y cinco (65) horas semanales y el criterio de la Norma SA8000 de cuarenta y ocho (48) horas semanales se convierta en un barómetro de RS. ^{Morales Ortega, J. (2009)}. “Aspectos laborales y de responsabilidad social de las normas de calidad”.Temas laborales, N° 10, p. 38. Asimismo se señala en el ámbito laboral la fuga de contenidos de la negociación colectiva hacia el ámbito voluntario de la RS. ^{Baz Tejedor, J. (2007).}“Empresa socialmente responsable y derechos fundamentales laborales”. Criterio Jurídico, Vol. 7, p. 336.

²⁸ En este aspecto, vemos como en la temática el contenido para ser considerado como ventaja o desventaja, puede estar estrechamente relacionado con la forma del reparto (la autonomía), por medio de la negociación.

²⁹ Sostiene que la importancia no la tiene el contenido sino las condiciones procedimentales en las que tiene lugar el diálogo, pues únicamente la inclusión de todos con una efectiva igualdad de medios y posibilidades de participación asegura la justicia del acuerdo alcanzado. El acuerdo alcanzado sobre los resultados se constituye en el criterio moral y de este modo el contexto cultural pierde significación. Siguiendo este análisis, termina por diferenciar la responsabilidad moral, situada en un nivel procedimental, estableciendo las condiciones desde las cuales es posible hablar de un diálogo justo o moral entre los diferentes implicados, y la responsabilidad social, referida al conjunto de acciones, decisiones y políticas que conforman la respuesta que ofrece cada organización a las demandas de sus grupos de interés. ^{García - Marzá, D. (2004)}. “La responsabilidad social de la empresa: una definición desde la ética empresarial”. Revista Valenciana de Economía y Hacienda, N° 12, p. 88- 92. Así, la idea de diálogo y posterior acuerdo se convierten en un concepto normativo, en un horizonte de sentido desde el que construir razones para valorar la legitimidad de la institución. ^{García- Marzá, D. (2009)}. “¿Agentes de Justicia? La responsabilidad social de las empresas como factor de desarrollo”, Cortina, A. Y Pereira G. (edit.), Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Madrid: Tecnos, p. 200. Sobre la crítica a la ética de la empresa desde la perspectiva dialógica, a partir de la teoría del reconocimiento véase ^{Gres, Pablo (2012)}. “Ciudadanía y ética empresarial: análisis crítico y contribuciones para un proyecto de participación económica”, Derecho y Humanidades, N° 19, p. 366-368.

^{30 Correa Carrasco, M. (2016)}. Acuerdos marco internacionales: de la responsabilidad social empresarial a la autonomía colectiva transnacional. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 13 y 26. Por ello advierten Kearney y Justice la gran diferencia que existe entre hablar en nombre de trabajadores que no están representados y en tratar de negociar en su nombre. Por lo cual, sostienen que la obligación moral de todos los sindicatos para con los trabajadores no organizados es ayudarlos a adherir o formar sus propios sindicatos e impedir o disuadir a otros –sean gobiernos, partidos políticos, empleadores u ONG- a que hablen por ellos. ^{Kearney, N. y Justice, D (2003)}. “Los nuevos códigos de conducta. Algunas preguntas y respuestas para sindicalistas”. ¿Herramienta de l@s trabajador@s o truco publicitario?, WICK, Ingeborg, Friedrich Ebert Stiftung, SÜDWING Instituto de Economía y Ecumenismo, p. 49.

³¹ Los PR se estructuran sobre tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de la empresa de respetar los derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación. ^{Melish, T. (2018)}, “Volver a incluir “los derechos humanos” en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Cambiar de marco e incorporar los derechos de participación”, Rodriguez Garavito, C. (edit.), Morales De Setién Ravina, C. (trad.), Empresas y derechos humanos en el siglo XXI. La actividad corporativa bajo la lupa, entre las regulaciones internacionales y la acción de la sociedad civil. Buenos Aires: Siglo XXI editores, p. 135.

^{32 Sánchez- Calero Guilarte, J. et. al. (2010)}. “La primacía de los accionistas y la RSC ¿una compatibilidad posible?, ponencia presentada en el Seminario la responsabilidad social corporativa y sus actores. Mitos y desafíos de la responsabilidad social corporativa”, Universidad Complutense de Madrid, p. 9.

³³ Como afirma Jenkins la selección de los temas que son incluidos y los que son evitados es un aspecto principal en los códigos de conducta, los códigos se erigen así como una forma de autorregulación. Los mismos tienden a limitar la libertad de asociación o la negociación colectiva y también son selectivos en material de salud y seguridad de los trabajadores. ^{Jenkins, R. (2001)}. “Corporate Codes of Conduct. Self- Regulation in a Global Economy”. Technology, Business and Society, Programme Paper Number 2, United Nations Research Institute for Social Developmenrt, p. 22-23. Apunta Keller que la regulación de la actividad económica y de la actividad social y ambiental de los sujetos privados se ha desarrollado de forma separada y tal diversificación ha sido una escisión histórica pero artificial. ^{KELLER, H.}“Corporate Codes of Conduct and their Implementation: The Question of Legitimacy”, disponible en: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.696.2344&rep=rep1&type=pdf , consultado el 7/11/2016, p. 57. En efecto, recordamos los disímiles procesos de reglamentación que han tenido de un lado los intereses económicos y de otro los sociales y medioambientales. Señala Hernández Zubizarreta que en el fondo de los debates sobre los códigos de conducta late una confrontación política, económica y jurídica de grandes dimensiones, donde el debate jurídico queda desplazado por las relaciones de fuerza. Uno de los planos donde la confrontación se establece es en el del contenido a tratar en la regulación, con la eliminación de toda referencia a propuestas estructurales sobre el modelo de desarrollo. ^{Hernández Zubizarreta, J. (2009)}. Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa, Bilbao: Hegoa. , http:// pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/434/las_empresas_transnacionales_juan_hernandez.pdf, p. 368-369.

³⁴ Keller, H. “Corporate Codes of Conduct and their Implementation: The Question of Legitimacy”, disponible en: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.696.2344&rep=rep1&type=pdf , consultado el 7/11/2016, p. 56.

³⁵ Para los autores la concreción vendría por el elemento voluntario y por los grupos de interés beneficiarios. Sánchez-Calero Guilarte, J. et. al. (2010). “La primacía de los accionistas y la RSC ¿una compatibilidad posible?, ponencia presentada en el Seminario la responsabilidad social corporativa y sus actores. Mitos y desafíos de la responsabilidad social corporativa, Universidad Complutense de Madrid, p. 11.

^{36 Deva, S. (2018)}. “Empresas y derechos humanos: ¿momento de ir más allá del “presente”?, Rodriguez Garavito, C. (edit.), Morales De Setién Ravina, C. (trad.), Empresas y derechos humanos en el siglo XXI. La actividad corporativa bajo la lupa, entre las regulaciones internacionales y la acción de la sociedad civil, Buenos Aires, Siglo XXI editores, p. 101.

³⁷ Se convertiría así en una forma de llevar el “derecho a cuestas” (al estilo germánico). Señala Ciuro Caldani que los germanos creyeron en el Derecho como consecuencia de la tradición y no como expresión de la voluntad del soberano. Consideraron que es una posesión personal del individuo, que puede llevar con él dondequiera que se encuentre (oponiéndose así a la noción de territorialidad). ^{Ciuro Caldani, M. (2000)}. Estudios de Historia del Derecho, Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas, p. 87.

³⁸ Es en el supuesto internacional en el que ponemos nuestro acento en este apartado. El estudio de Locke et. al. analiza en este sentido como interactúa la normativa pública con la privada a través de relaciones de complementación o sustitución. ^{Locke, R. et. al. (2013)}. “Complements or Substitutes? Private Codes, State Regulation and the Enforcement of Labour Standards in Global Supply Chains”, British Journal of Industrial Relations, N° 51:3, p. 519-552. La situación refleja la doble dimensión de la globalización en los países actualmente desarrollados: de salida y de entrada, condicionadas por el tipo de actividad afectada. La de salida implica la deslocalización o relocalización de actividades productivas de empresas cuyos centros de decisión se encuentran en países actualmente desarrollados, mediante la instalación o la subcontratación total o parcial de la producción en países con costes, principalmente laborales o medioambientales más bajos (v.gr. textil, juguetes, calzado, muebles, automoción, componentes y el sector servicios a través del teletrabajo). La de entrada, se constituye por movimientos migratorios de trabajadores destinados a la cobertura de actividades y servicios no deslocalizables o no satisfechos por los mercados de empleo internos (v.gr. agicultura, ganadería, pesca, minería, construcción, servicio doméstico y de atención a personas dependientes, hostelería, etc.). El foco de nuestra atención se encuentra en la dimensión de salida. ^{Ceinos Suarez, Á. y González-Del Rey Rodríguez, I- (2008)}. “Globalización del trabajo y códigos de conducta de empresas multinacionales del sector textil”, en Escudero Rodríguez, R. (coord.), La negociación colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar”, Cinca-Madrid: Observatorio de la Negociación Colectiva, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, p. 466-467.

³⁹ Asimismo, y conforme al Informe de la OIT sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro (en adelante Informe de la OIT), las mismas pueden ofrecer oportunidades de desarrollo incluyente a las empresas proveedoras, los trabajadores y los países de acogida, y también contribuir al crecimiento económico a largo plazo y a obtener resultados en materia de trabajo decente. ^{OIT (2016)}. “Informe IV: El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra: 105° reunión, p. 31. Asimismo, señala Hadwiger que la cadena mundial de suministro tiene consecuencias a nivel de la calidad de los puestos de trabajo, como los salarios o la naturaleza de los contratos de trabajo, el tiempo de trabajo, la seguridad y salud y el género. ^{Hadwiger, F. (2015)}. “Acuerdos Marco Internacionales. Lograr el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Documento de referencia, Ginebra: OIT. p. 9. En este aspecto, Prieto Carrón remarca que si bien el razonamiento que sostiene que la liberalización del comercio promueve el crecimiento económico, reduce la pobreza y que los salarios de los sweatshops están por encima del promedio (argumento que atribuye a Segerstrom), es un argumento fuerte si se compara con las remuneraciones del mercado informal, no es suficiente para justificar las malas condiciones de trabajo y omitir que las remuneraciones resultan insuficientes. ^{Prieto CarróN, M. (2008)}. “Women Workers, Industrialization, Global Supply Chains and Corporate Codes of Conduct”. Journal of Business Ethics, N° 83, p. 9-10.

^{40 Sanguineti Raymond, W. (2008)}. “La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de producción de las empresas multinacionales”, Escudero Rodríguez, R. (coord.), La negociación colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar, Cinca-Madrid: Observatorio de la Negociación Colectiva, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, p. 450 (con cita de Baylos Grau, A.).

⁴¹ OIT (2016). “Informe IV: El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra: 105° reunión, p. 1-2.

^{42 Gala Durán, C. (2012)}. “La gestión socialmente responsable de la cadena de suministro: posibles vías de intervención legal”, LÓPEZ CUMBRE, L. (coord.), Autonomía y heteronomía en la responsabilidad social de la empresa, Granada: Comares, p. 1200.

^{43 Canalda Criado, S. (2016)}. Acuerdos Marco Transnacionales y Derechos Sociales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 94.

^{44 STRANDBERG, L. (2010)}. “La responsabilidad social corporativa en la cadena de valor”, Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, IESE Business School, Universidad de Navarra, N° 6, p. 7.

⁴⁵ Jenkins, R. (2001). “Corporate Codes of Conduct. Self- Regulation in a Global Economy”. Technology, Business and Society, Programme Paper Number 2, United Nations Research Institute for Social Developmenrt, p. 7. (Con cita de Gereffi y Kaplinsky).

^{46 Strandberg, L. (2010)}. “La responsabilidad social corporativa en la cadena de valor”, Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, IESE Business School, Universidad de Navarra, N° 6, p. 7. En este aspecto la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha manifestado en su Declaración ministerial de Singapur (1996) que:[ …] Rechazamos la utilización de las normas del trabajo con fines proteccionistas y convenimos en que no debe cuestionarse en absoluto la ventaja comparativa de los países, en particular de los países en desarrollo de bajos salarios. […]”. Conferencia Ministerial De La Omc. Declaración Ministerial (WT/MIN(96)/DEC), Singapur, 13/12/1996. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/ min96_s/wtodec_s.htm

^{47 Snyder, F. (1999)}. “Global Economic Networks and Global Legal Pluralism”, European University Institute, Working Paper Law N° 99/6, p. 8. OIT (2016). “Informe IV: El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra: 105° reunión, p. 1.

^{48 Snyder, F. (1999)}. “Global Economic Networks and Global Legal Pluralism”, European University Institute, Working Paper Law N° 99/6, p .9 (Con cita de Hopkins y Wallerstein y Gereffi). Puede verse ^{Gereffi, G. (2005)}“The global economy: organization, governance and development,”, en Smelser, N. y Swedberg, R. (edit.), The handbook of economic sociology, p. 160-182.

^{49 Snyder, F. (1999)}. “Global Economic Networks and Global Legal Pluralism”, European University Institute, Working Paper Law N° 99/6, p.10. Puede verse ^{Gereffi, Gary et. al. (2005)}. “The governance of global value chains”, Review of International Political Economy, Vol. 12, N° 1, p. 78-104.

^{50 Snyder, F. (1999)}. “Global Economic Networks and Global Legal Pluralism”, European University Institute, Working Paper Law N° 99/6, p. 10. Desde una perspectiva histórica señala el Informe OIT que las EM tendieron a crear filiales de propiedad absoluta con el propósito de acceder a los mercados locales de trabajo y consumo y de exportar sus productos. Muchos Estados impusieron entonces requisitos en cuanto al contenido local de la actividad de las filiales con el fin de promover el desarrollo nacional. Pero con el tiempo, emergieron nuevas inclinaciones, y muchas economías de industrialización reciente como Asia y América Latina se dotaron de infraestructuras y redujeron el nivel de los requisitos, establecieron zonas francas industriales y ofrecieron incentivos para atraer IED. A lo que se añade que actualmente debido a la intensidad de la competencia, las empresas proveedoras pueden subcontratar partes de su producción a otras empresas que están solo indirectamente relacionadas con la empresa compradora, quedando estas prácticas de subcontratación –a menudo informales- fuera del alcance o las capacidades de los mecanismos reguladores tanto públicos como privados. ^{OIT (2016)}. “Informe IV: El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra: 105° reunión, p. 6-8.

⁵¹ Jenkins, R. (2001). “Corporate Codes of Conduct. Self- Regulation in a Global Economy”. Technology, Business and Society, Programme Paper Number 2, United Nations Research Institute for Social Developmenrt, p. 7.

^{52 Locke, Richard et. al. (2007)}. “Más allá de códigos de conducta como el que rige para los proveedores de Nike”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 126, N° 1-2, p. 22.

^{53 Canalda Criado, S. (2016)}. Acuerdos Marco Transnacionales y Derechos Sociales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 22 y 75.

^{54 Sanguineti Raymond, W. (2008)}. “La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de producción de las empresas multinacionales”, Escudero Rodríguez, R. (Coord.) La negociación colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar. Cinca-Madrid: Observatorio de la Negociación Colectiva, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, p. 449.

⁵⁵ OIT (2016). “Informe IV: El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra: 105° reunión, p. 5-6.

^{56 Gala Durán, C. (2010)}. “La subcontratación socialmente responsable en el ámbito privado: ¿un nuevo reto para la legislación laboral?”, Temas Laborales, N° 105, p. 14 y 26-27. Como señala Canalda Criado el concepto de cadena de suministro –de alcance global- no tiene una recepción jurídica; la captación normativa más próxima se ha dado a través del concepto de subcontratación, que implica solo bilateralidad. ^{Canalda Criado, S. (2016)}. Acuerdos Marco Transnacionales y Derechos Sociales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 82. Sobre los AMT en relación a la cadena de producción global véase ^{Hammer, Nikolaus (2008)}. “International framework agreements in the context of global production”, en Papadakis, K. (ed.),Cross Border Social Dialogue and Agreements. An emerging global industrial relations framework?. Geneva: ILO, Geneva, p. 89- 111.

⁵⁷ Esta alternativa también presenta dificultades dada la compleja estructura que puede presentar la extensión de la compañía y el grupo para ser auditada. Zadek, S. y Raynard, P. (2004). The future of sustainability assurance, ACCA Research Report N° 86, p.45.

⁵⁸ Apunta Diago Diago que esta normativa (adoptada por la Unión Europea (UE) a través del Reglamento 2368/2002 del Consejo de 20 de diciembre de 2002) comporta una limitación al principio de libre comercio e incluso de la libre competencia (en tanto los Estados participantes se comprometen a articular los sistemas necesarios para que ninguna remesa de diamantes sea importada o exportada de un país no participante) a escala mundial, convirtiéndose en un hito en la historia del Derecho contemporáneo atento a que se brinda otra respuesta, y no las frecuentes de vetos a las relaciones comerciales con otros países. ^{Diago Diago, M. (2009)}. “El comercio internacional de diamantes: sistema de certificación del proceso Kimberley”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 1, N° 1, p. 74 y 81.

^{59 Diago Diago, M. (2009)}. “El comercio internacional de diamantes: sistema de certificación del proceso Kimberley”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 1, N° 1, p. 81. Para un análisis de las posibilidades de regulación véase ^{Bardel, D. (2018)}. “Una aproximación a las respuestas reguladoras del ámbito transnacional”, Valicenti, E. (comp.), Actas I Jornadas de Investigación en Ciencia Jurídica, Editorial Azul- Facultad de Derecho UniCen. Disponible en: http://www.der.unicen.edu.ar/repositorio/ ebooks/Actas%20de%20las%20I%20Jornadas%20de%20Investigaci%C3%B3n%20en%20Ciencia%20 Jur%C3%ADdica%202018%20EBOOK.pdf

⁶⁰ OIT (2016). “Informe IV: El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra: 105° reunión, p. 53-55. Sobre la dificultad de extender la aplicación más allá del primer eslabón, señalando que la subcontratación puede llegar hasta el trabajo a domicilio o la economía sumergida, puede verse Sanguineti Raymond, W. (2008). “La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de producción de las empresas multinacionales”, Escudero Rodríguez, R. (coord.) La negociación colectiva en España: Un enfoque interdisciplinar. Cinca-Madrid: Observatorio de la Negociación Colectiva, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, p. 458. También ^{Vandenbergh, M. (2007)}. “The New Wal-Mart Effect: The Role of Private Contracting in Global Governance”, UCLA Law Review, N° 54, pág. 945. Asimismo, la rendición de cuentas y la verificación efectiva de la misma depende de la calidad de la información ofrecida por los niveles inferiores. Zadek, S. y Raynard, P. (2004). The future of sustainability assurance, ACCA Research Report N° 86, p. 45. Señala Hadwiger que dado que la participación en las cadenas mundiales de suministro también implican costos de transacción adicionales, en particular respecto a la búsqueda de proveedores fiables, acuerdos contractuales, logística, supervisión y cumplimiento, el establecimiento de una regulación y unas medidas de supervisión podrían beneficiar también a las Em. ^{Hadwiger, F. (2015)}. “Acuerdos Marco Internacionales. Lograr el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Documento de referencia, Ginebra: OIT. p. 13.

^{61 OIT (2013)}. “La inspección del trabajo y la función de las iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación: situación y tendencias”, Informe para la Reunión de expertos sobre la inspección del trabajo y la función de iniciativas privadas de cumplimiento de la legislación, Ginebra, p. 48.

^{62 OIT (2016)}. “Informe IV: El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra: 105° reunión, p. 54.

^{63 Holdcroft, J. (2015)}. “Transformar las relaciones laborales de las cadenas de suministro”, Boletín Internacional de Investigación Sindical, Vol. 7, N° 1-2, p. 110.

^{64 Strandberg, L. (2010)}. “La responsabilidad social corporativa en la cadena de valor”, Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, IESE Business School, Universidad de Navarra, N° 9.

^{65 Holdcroft, J. (2015)}. “Transformar las relaciones laborales de las cadenas de suministro”, Boletín Internacional de Investigación Sindical, Vol. 7, N° 1-2, p. 113.

⁶⁶ Señalan Kearney y Justice que cuando una compañía ha adoptado un código de conducta que abarca las prácticas laborales de sus proveedores y subcontratistas, ha reconocido cierto grado de responsabilidad por sus prácticas laborales, siendo la obligación mas básica la de conocer las condiciones en las que se lleva a cabo el trabajo. Esto da lugar a tareas de evaluación previa –al inicio de la relación comercial-, auditoría e inspección. . ^{Kearney, N. y Justice, D (2003)}. “Los nuevos códigos de conducta. Algunas preguntas y respuestas para sindicalistas”. ¿Herramienta de l@s trabajador@s o truco publicitario?, Wick, Ingeborg, Friedrich Ebert Stiftung, SÜDWING Instituto de Economía y Ecumenismo, p.53.

⁶⁷ Gala Durán, C. (2010). “La subcontratación socialmente responsable en el ámbito privado: ¿un nuevo reto para la legislación laboral?”, Temas Laborales, N° 105, p. 27-28. La autora ejemplifica mediante el análisis de diversos códigos de conducta. O´ Rourke cita el ejemplo de marcas de indumentaria deportiva, véase ^{O’ ROURKE, D. (2003)}. “Outsourcing Regulation: Analyzing Nongovernmental Systems of Labor Standards and Monitoring”, The Policy Studies Journal, Vol. 31, N° 1, p. 10. V.gr. la Guía para la Gestión Socialmente Responsable de la cadena de suministro, de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas señala que las empresas en un primer momento deben realizar una evaluación del riesgo de la cadena de suministro respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Tengo una marca conocida por el consumidor final?, ¿Alguno de mis proveedores me suministra productos de alto riesgo o proviene de un sector de alto riesgo?, ¿Alguno de mis proveedores directos trabaja en un país de alto riesgo? (La guía sigue a la clasificación de Ethical Investment Research Service (EIRIS) y FTSE4Good respecto de los productores y sectores de alto riesgo en derechos laborales en la cadena de suministro, indicando a los siguientes: cosecha agrícola (caña de azúcar, café, te, cacao, fruta tropical, verduras frescas y flores); productos de consumo: ropa y calzado, juguetes, ocio y tiempo libre, textil y cuero, tratamiento de alimentación; hipermercados y grandes almacenes; pequeños distribuidores de ropa, artículos variados, textil y droguería. Respecto a los países, toma el criterio del Banco Mundial de país con ingreso alto, medio/alto, medio/bajo y bajo considerando al primero sin riesgo, y por defecto a los tres (3) restantes de riesgo). El segundo momento está dado por las fases gestión de la cadena de suministro. La primera es de diagnóstico y su objetivo es mejorar el conocimiento de los miembros de la cadena de suministro. Se puede llevar a cabo mediante un cuestionario, un sistema externo de clasificación (atento a la dualidad de niveles de exigencia normativa en la que pueden operar), o un código de conducta. La segunda fase es de planificación, con el objetivo de mejorar aspectos que se han valorado como negativos o insuficientes en la fase de diagnóstico y trazar un plan de medio a largo plazo. Incluye tareas de comunicación fluida, apoyo financiero a proveedores y formación por parte de la empresa. La tercera fase es de supervisión con el propósito de asegurarse de que los planes establecidos se cumplan, implica visitas a las plantas (con informe de evaluación) y auditorías externas. La última fase es de toma de decisiones, y en la misma la empresa ha de concluir si su cadena de suministro respeta “las exigencias de producción” y los “criterios de gestión de calidad”, se puede dar a través de incentivos al proveedor que ha cumplido los compromisos (medidas preferenciales), o en caso de incumplimiento con la ruptura del contrato (o penalizaciones). ^{red española del pacto munidal de naciones unidas (2009)}. La empresa y su cadena de suministro: una alternativa de gestión, Madrid: Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

⁶⁸ Como sostienen los autores dentro del mosaico más amplio de presiones sociales, estructuras industriales y leyes e instituciones nacionales que constituyen la arquitectura del sistema regulativo. Locke, Richard et. al. (2007). “Más allá de códigos de conducta como el que rige para los proveedores de Nike”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 126, N° 1-2, p. 25 y 36.

⁶⁹ Los autores realizan una investigación empírica a partir del código de conducta de Nike y su sistema de vigilancia e inspección (SHAPE –programa de seguridad, salud, actitudes de gestión, inversión en las personas y medio ambiente-; M-Audit; y programa de evaluación de proveedores Clasificación por Grado de Cumplimiento). ^{Locke, Richard et. al. (2007)}. “Más allá de códigos de conducta como el que rige para los proveedores de Nike”, Revista Internacional del Trabajo, Vol. 126, N° 1-2, p. 25-27 y 37.

^{70 Rodríguez Garavito, C. (2008)}. “Gobernanza global y derechos laborales: códigos de conducta y luchas antimaquila en las fábricas Globales del vestido en México y Guatemala”, Revista de Derecho Privado, N° 40, p. 14.

^{71 Strandberg, L. (2010)}. “La implementación de la RSC en la cadena de valor”, Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, IESE Business School, N° 7, p. 15-18.

^{72 Rodríguez Garavito, C. (2008)}. “Gobernanza global y derechos laborales: códigos de conducta y luchas antimaquila en las fábricas Globales del vestido en México y Guatemala”, Revista de Derecho Privado, N° 40, p.. 5-6.

⁷³ Hadwiger, F. (2015). “Acuerdos Marco Internacionales. Lograr el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Documento de referencia, Ginebra: OIT. p. 7. Hammer concluye que en las redes de producción lideradas por los compradores los mecanismos de regulación están basados en el mercado y los agentes claves están situados fuera del ámbito productivo, por lo que el énfasis radica en las normas de proceso. Por el contrario, en las cadenas de producción lideradas por los productores los sindicatos de los países de origen lideran la representación. ^{Hammer, Nikolaus (2008)}. “International framework agreements in the context of global production”,en Papadakis, K. (ed.),Cross Border Social Dialogue and Agreements. An emerging global industrial relations framework?. Geneva: ILO, Geneva, p.. 105-107.