Introducción

Al preguntarnos sobre los desafíos sociales de la reproducción humana médicamente asistida en los países latinoamericanos de tradición cultural católica, la mirada se dirige hacia aquellas particularidades que, a diferencia del contexto anglosajón ampliamente estudiado, presentan las sociedades en cuestión. Es decir, cabe preguntarse si los principios religiosos del catolicismo y el reciente repunte de las religiones evangélicas han impregnado y en qué medida, las nociones sobre la intervención de terceros en la procreación de un hijo/hija, el estatus del embrión humano y las ideas sobre el parentesco y la familia.

En este sentido, la gestación por sustitución o subrogada es la práctica de reproducción médicamente asistida que más debate ético, religioso y cultural ha generado.¹ Resulta interesante observar las grandes diferencias que hoy día existen entre las regulaciones, las prácticas y los discursos de las naciones que comparten la tradición católica. Por ejemplo, en España, donde impera la prohibición de la gestación subrogada y México, donde, desde finales del siglo XX, las técnicas de reproducción humana médicamente asistida, incluida la gestación subrogada, se realizan en clínicas y hospitales públicos y privados sin contar con un marco normativo, es decir, en la alegalidad.

La pregunta socioantropológica sobre el contexto de la no regulación de la gestación subrogada en México en los últimos tres años tiene como antecedente la reflexión generada en dos coloquios académicos: el primero, llevado a cabo en marzo de 2020, Defender el Estado Laico. Religión y política en la 4T,² convocado por el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, con el objeto de dialogar “acerca de la manera en la cual lo religioso ha cobrado un papel protagónico en el escenario sociopolítico actual. (…) caracterizado por la incursión de nuevos actores y liderazgos religiosos, debates en torno al rol que tienen las iglesias en la construcción del tejido social, así como aquellas discusiones en torno al Estado laico” (^{Garma 2020}).

El segundo, Desafios sociais da reprodução humana medicamente assistida em países iberoamericanos de tradição cultural católica, convocado en 2021, por la Unión Iberoamericana de Universidades, donde se reflexionó en torno a la especificidad de las prácticas y los discursos de la reproducción humana médicamente asistida en países con características socioculturales como las de México.

Para responder ambas inquietudes, se realizó una investigación documental de fuentes analíticas, jurídicas y desde el feminismo en el periodo mencionado, para confrontarla con los principales rasgos de la perspectiva religiosa identificados en trabajos precedentes por especialistas en temas religiosos como los de ^{De la Torre (2020)}, ^{Garma (2020)} y ^{Garma et al. (2018)} y en publicaciones especializadas en la reproducción humana médicamente asistida en su relación con la disyuntiva entre laicismo y perspectiva religiosa (^{Canales de la Fuente 2019}; ^{Olavarría 2018} y ²⁰¹⁹).

¿Cuál es, pues, el escenario de la no regulación de gestación subrogada en México? ¿Son el catolicismo o el movimiento evangélico los marcos desde los cuales se explicaría la falta de regulación de la gestación subrogada? ¿Abona o no al fortalecimiento del Estado laico la iniciativa de ley sobre reproducción asistida propuesta por Morena?³ ¿Significa el poder judicial un contrapeso laico?

Este trabajo se propone responder de modo aproximado a estas cuestiones a través del siguiente recorrido:

Antecedentes

En 2018, tomó posesión como presidente de México Andrés Manuel López Obrador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en coalición con el Partido Encuentro Social (PES) de base confesional evangélica.⁴ Esta afinidad representó un cambio en tanto que “abre la puerta a un laicismo de colaboración con nuevos protagonistas religiosos de corte conservador. Estos han dejado de ser únicamente católicos y suman diferentes bloques evangélicos” (^{De la Torre 2020, 23}).

El Partido Encuentro Social, PES (hoy, Partido Encuentro Solidario) se declara contra el aborto, el matrimonio igualitario y la gestación subrogada.⁵ A pesar del reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización de la interrupción legal del embarazo en México el 25 de septiembre de 2021, el presidente evita hacer cualquier tipo de declaración al respecto con el argumento de no “afectar susceptibilidades”. En esta postura del presidente, ajena a la tradición laica separatista del Estado, se filtra de manera transversal una perspectiva religiosa que desdibuja el esquema bipolar que agruparía a opositores al aborto y el matrimonio igualitario a la derecha del espectro político y a los actores proregulación a la izquierda.

En los últimos veinte años en México, el catolicismo ha mostrado un descenso gradual a nivel nacional de diez puntos. En contraste, en el mismo periodo, las iglesias protestantes y evangélicas han tenido un aumento de casi cuatro puntos, mientras que quienes no tienen religión han aumentado siete puntos con base en el Censo de Población y Vivienda de 2020. La comparación entre los Censos de Población y Vivienda de 2010 y 2020 arroja: un menor porcentaje de fieles de la Iglesia católica de 82.7 a 77.7%; un mayor porcentaje de fieles de las iglesias protestantes y evangélicas de 7.5 a 11.2% y, sobre todo, un mayor porcentaje de personas sin religión de 4.7 a 8.1%, con un 2.5% adicional de personas sin adscripción religiosa (^{Díaz Domínguez 2021}).

A la fecha de entrega de este artículo, el más reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 8 de junio de 2021, determinó como inconstitucional por discriminatoria la propuesta del Congreso de Tabasco donde se preveía como requisito para la suscripción del contrato de gestación, que los contratantes sean ciudadanos mexicanos y se criminalizaba a los intermediarios. Con esto, se puso fin al giro en la participación de México en la cadena mundial de trabajo reproductivo (^{Olavarría y Lestage 2021}), se retorna al punto previo a la polémica 2015-2016, al estimar que “no corresponde al legislador local regular los aspectos técnicos del proceso de fertilización que implica la gestación subrogada” y se exhorta a “que se regule la práctica de la gestación por sustitución en el Estado mexicano (…) de forma urgente y prioritaria” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio 1, 2021).⁶ Esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un contrapeso frente a las innumerables dilaciones y propuestas inviables presentadas por los diferentes partidos políticos en las cámaras de diputados y senadores a lo largo de la última década.

Desde 2016, año que podría considerarse el punto de quiebre de la participación de México en el mercado global de la gestación subrogada, en particular del estado de Tabasco, y hasta 2021, significativas transformaciones se han operado en el ambiente sociopolítico de México.⁷

Entre 2011 y 2016 se presentaron en el Congreso de la Unión trece proyectos de Reforma a la Ley General de Salud en materia de reproducción asistida, así como la propuesta de creación de dos leyes específicas: la Ley de Reproducción Humana Asistida y la Ley de Subrogación Gestacional. En total, nueve propuestas del Partido Revolucionario Institucional, una del Partido Acción Nacional y dos del Partido de la Revolución Democrática (^{Grupo de Información en Reproducción Elegida A. C. 2015} y ²⁰¹⁹; ^{Casiano 2016}). Las propuestas surgidas de los tres principales partidos políticos en ese entonces (Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática) apuntaban al prohibicionismo en distintos grados y todas quedaron “en la congeladora legislativa” expresión que se refiere a que el estatus de las propuestas, según la Gaceta del Senado es “pendiente”. Otras iniciativas han sido impugnadas por contener elementos discriminatorios. Por ejemplo, la presentada en enero de 2016 en el Congreso de Tabasco y por el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión en 2015.⁸ En abril de 2016, el Senado de la República aprobó -pero no publicó- la segunda iniciativa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual excluye de su beneficio a personas homosexuales, solteras y que hayan rebasado la edad reproductiva. La propuesta presentada el 13 de octubre de 2015 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone “prohibir en el cuerpo de la mujer que se lleve a cabo la gestación por sustitución y que renuncie a su derecho de filiación materna a favor de un contratante o tercero para que este le otorgue personalidad jurídica en cuanto a identidad y nacionalidad” (^{Partido Revolucionario Institucional, 2015}). Sugiere imponer de seis a 17 años de prisión y una multa al equivalente de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo general vigente, a las personas que participen y promuevan la gestación por sustitución. Las actividades relacionadas con la promoción y la intermediación, transitaron de la no regulación a la proscripción a lo largo del periodo investigado.

Llama la atención, pues, el hecho de que, a pesar de haberse desarrollado legalmente en el estado de Tabasco desde 1997, la gestación por sustitución se haya convertido en el centro de una polémica mediática, legislativa y de opinión pública 18 años más tarde, justo cuando se hicieron públicos escándalos que involucraban a parejas no heterosexuales y no mexicanas (^{Olavarría 2018, 73}). El documento que sustentó la iniciativa de Decreto a la Ley General de Salud señala que “La explotación de mujeres con fines reproductivos, eufemísticamente denominada maternidad subrogada, es una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales” (^{Bartolini et al. 2014}).

En la Ciudad de México (antes de 2016, Distrito Federal), la situación jurídica de la gestación subrogada permaneció en la indefinición desde el año 2010, cuando la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y discutida en el pleno, no fue publicada por el Ejecutivo. En entrevista, la diputada federal que redactó dicho documento explica que la publicación es una facultad del Ejecutivo y que, tras un año de realizadas las observaciones, el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, propuso la universalidad de la gestación subrogada es decir, que preveía los argumentos de inconstitucionalidad y de discriminación que surgieran años más tarde en amparo de la Ley Federal (^{Olavarría 2018, 60}). Entre 2010 y 2016, según la misma diputada, no hubo legisladores interesados debido a que “es una materia sumamente especializada” que exige “la inversión de una gran cantidad de tiempo en conversaciones, pláticas, cabildeos, afinación de los temas (...) trabajar mucho con la Consejería Jurídica, con el Registro Civil, con los notarios, con las y los médicos especialistas, entonces sí requiere de volcarse a un trabajo y entender los conceptos...” (^{Olavarría 2018, 60}). La gestación subrogada quedó, pues, durante el periodo de 1997 a 2016 tanto en la Ciudad de México como en el nivel federal, como un reducto de la informalidad en lo que a técnicas de reproducción humana asistida se refiere, puesto que se realizó bajo el amparo de “lo que no está prohibido está permitido”.

Este debate adquiere relevancia en la medida que el fin último de la ley consiste en establecer quiénes tienen derechos como personas y quiénes no; quiénes pueden o no beneficiarse de determinadas biotecnologías; es decir, quiénes tienen derecho a formar una familia, lo que va en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.⁹

Dicho esto, con la llegada a la presidencia de Morena, la senadora por ese partido Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila presentó ante la LXIV Legislatura, el 20 de noviembre de 2018, la “Iniciativa de Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida”.¹⁰ A lo largo de la exposición de motivos, el proyecto menciona la incidencia de la infertilidad tanto a nivel global como en el nacional y la importancia sociocultural y de salud pública de las técnicas de reproducción asistida. Hace referencia al artículo 4º constitucional sobre la libre decisión reproductiva de los individuos, de forma tal que los avances médicos y tecnológicos en materia de reproducción asistida deben ser incorporados y asegurados a la ciudadanía y del mismo modo busca brindar derechos y obligaciones a los profesionales especializados en técnicas de reproducción humana médicamente asistida. También enlista técnicas de reproducción asistida de baja complejidad: coito programado e inducción por ovulación y de alta complejidad: inseminación artificial, fecundación in vitro, transferencia de óvulos fecundados, transferencia intratubárica de gametos u óvulos fecundados, criopreservación de ovocitos y óvulos fecundados, la donación de ovocitos y óvulos fecundados y gestación subrogada.

Propone la urgencia de legislar en materia de reproducción asistida para garantizar el libre ejercicio del artículo 4º constitucional a “personas que necesitan del auxilio médico”, así como para ofrecer servicios de salud de calidad subrayando la responsabilidad del Estado en materia de salubridad en general, de planificación familiar y de reproducción asistida: “En aras de vigilar la necesidad de consentimiento informado, el altruismo en las relaciones vinculadas con la donación de gametos, la irrestricta protección del embrión humano, y también con la intención de disminuir la prácticas ilegales y evitar la explotación de mujeres con fines reproductivos”.

En las siguientes páginas se discuten, por un lado, el proyecto de decreto de Morena y la Cartilla moral, y, por el otro, las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de junio y septiembre de 2021, frente a los tres principios que definen la perspectiva de la perspectiva religiosa.

Prevalencia del óvulo fertilizado

En la consideración del óvulo fecundado como persona radica el núcleo de la perspectiva religiosa. Esta noción de persona identifica tejidos celulares como concebidos. A lo largo de esta polémica, ante la posibilidad abierta por la fertilización in vitro y la gestación por sustitución de que se manipulen o destruyan embriones, estas voces claman por la prohibición del uso de estos métodos. Las dos instrucciones de la Congregación para la doctrina de la Fe que versan sobre la reproducción asistida -Donum Vitae. Sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación y Dignitas Personæ Sobre algunas cuestiones de bioética- constituyen el marco bajo el cual se amparan los principios fundamentales del Vaticano:

El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida (no. 4). El origen de la vida humana [...] tiene su auténtico contexto en el matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la mujer. Una procreación verdaderamente responsable para con quien ha de nacer es fruto del matrimonio (no. 6). En consecuencia: habría que alentar, promover y facilitar [...] el procedimiento de adopción de los numerosos niños huérfanos (no. 13).

Si bien la iniciativa de Sánchez Cordero (2018) no otorga un valor absoluto y prioritario a la vida del cigoto/embrión ni le atribuye un derecho absoluto a la vida, de su contenido se desprende la idea de que un óvulo fecundado tiene derechos y atributos propios.¹¹ El énfasis se centra en la prohibición de la obtención, suministro, conservación, utilización de gametos y embriones de forma ilícita y en la sentencia de penalización a quienes la comercien, promuevan, publiciten o favorezcan de forma ilegal. Es un intento por controlar los gametos y embriones y evitar la trata de personas en cuestiones de reproducción (dando por hecho que esta existe), retomando argumentos de la organización Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos de criminalización por supuesta trata de personas.

Frente a la ambigüedad de la propuesta de Morena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la porción normativa del artículo 4° Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que establecía la tutela del derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte”. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, en septiembre de 2021, que “las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos”, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. Además, consideró que resultaba inconstitucional la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas.

No solo el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, como noción, está ausente de la propuesta de Sánchez Cordero; su redacción deja traslucir un paternalismo en tanto reitera en “la prohibición de la realización de técnicas de reproducción asistida sin el consentimiento de todas las personas involucradas para el logro del embarazo”. Propone agregar penas para quien ejerza una técnica de reproducción humana médicamente asistida en una mujer que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad de resistir la conducta aún cuando haya dado su consentimiento”. No obstante, tal preocupación por las mujeres vulnerables, la propuesta de Morena no modifica lo ya establecido en el artículo 466 que indica que: “La mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada sin la conformidad de su cónyuge”.

Sobre este punto, en relación con el Congreso de Tabasco y no directamente sobre la iniciativa de Sánchez Cordero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de junio de 2021, sentenció que:

…en virtud de que condicionaban la participación de las mujeres en los contratos de gestación por subrogación al conocimiento o la firma de su cónyuge o concubino. De esta manera, las normas perpetuaban el estereotipo de que la mujer no puede ejercer su capacidad reproductiva de manera autónoma, provocando un efecto estigmatizante, al exigir una ‘autorización’ de su cónyuge. Así, el Pleno reconoció que la determinación de participar en un contrato de gestación subrogada corresponde a la mujer gestante.

Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que:

La determinación de participar en un contrato de gestación subrogada corresponde a la mujer gestante. Por ello, se declaró la invalidez de las porciones normativas que permitían la participación de las mujeres solamente con el conocimiento o firma de su cónyuge o concubino. Al respecto se argumentó que dichas normas perpetuaban el estereotipo de que las mujeres no pueden ejercer su capacidad reproductiva de manera autónoma, provocando un efecto estigmatizante al exigir una ‘autorización’ de su pareja. (^{Vázquez Correa 2021, 9})

Rechazo a la “ideología de género”, al matrimonio igualitario y a la interrupción legal del embarazo

En el marco de la actual configuración del Senado de la República, la principal oposición a la gestación por sustitución proviene de grupos aliados al partido en el poder, Morena, los cuales han expresado, de distintas maneras, su distancia respecto de otros asuntos concomitantes tales como la interrupción legal del embarazo y el matrimonio igualitario. Por su parte, la alianza que para fines electorales se entabló en 2021 entre los tres partidos (el partido de centro-derecha PRI, el partido opositor de derecha PAN y el de centro-izquierda PRD) no difieren sustancialmente, en esta materia, de la postura dominante. La Iglesia Católica y grupos ProVida mantienen una estrecha relación en contra de la interrupción legal del embarazo, del matrimonio igualitario y de la gestación para otros. Estos se consideran concomitantes en la medida que derivarían de la “ideología de género”: “El concepto de género se ha convertido en el fantasma y eje aglutinador del mal, equiparado con el terrorismo, un mal que atenta en contra del orden natural al promover una cultura de la muerte (antifamilia, antihombres, antiheterosexualidad, inmoralidad, etc.)” (^{Ávila González 2018}). Esta autora afirma que “Si en los años 60 el enemigo de los conservadores era el comunismo, en el momento actual este enemigo que los mantiene en lucha ha sido remplazado por la llamada ‘ideología de género’”.

El argumento principal de esta tendencia consiste en equiparar la gestación por sustitución con la actividad criminal de la trata de personas. Sobre dicha correlación:

El argumento que siempre esgrimen para su actitud prohibicionista gira en torno a que la maternidad subrogada podría ser forzada, enmarcándose así en una conducta delincuencial en relación directa con el tráfico de personas. Por supuesto, si esa situación se presenta, los involucrados deben ser castigados [...] Hay acuerdo en que, si se presentara la situación de forzar y obligar a una persona a servir como gestante los involucrados deben ser castigados con las penas marcadas por la ley. (Canales de la Fuente 2017)

Si bien en la exposición de motivos de la propuesta de Sánchez Cordero se busca incluir a sectores con preferencias sexuales distintas a la heterosexual, establece que el contrato de gestación lo firmarán “la madre y el padre” contratantes. Sobre este punto, en relación con el Congreso de Tabasco y no directamente sobre la iniciativa de Sánchez Cordero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de junio de 2021 sentenció que: “dicha porción era discriminatoria porque al excluir a las parejas del mismo sexo y a cualquier persona soltera, sea hombre o mujer, de la posibilidad de celebrar un contrato de gestación, establecía una distinción basada en categorías sospechosas (la orientación sexual y el estado civil) que no superaba un escrutinio estricto”. Es decir que, el Poder Judicial rechaza propuestas violatorias de la Constitución y de los derechos humanos de personas en solitario y parejas del mismo sexo.

La propuesta de Morena señala que “toda persona que requiera de un tratamiento de reproducción asistida deberá... cumplir con los requisitos señalados en el protocolo del establecimiento para la atención médica donde se lleve a cabo el tratamiento de reproducción asistida”, pero ¿cuáles serán estos requisitos?, ¿serán como, en el caso de Instituto Nacional de Perinatología, dentro del servicio público: que solo la pareja casada o en unión libre con diagnóstico de infertilidad y que sean menores de 35 años pueden recibir el servicio de reproducción asistida? La amenaza del reloj biológico¹² sobre las mujeres ha sido considerada, igualmente, como una de las demandas antidiscriminación:

El rechazo automático por razones de edad de los programas de reproducción asistida resulta discriminatorio, pues se realiza sin una evaluación previa que permita determinar la idoneidad de llevar a cabo el tratamiento y las posibilidades de lograr un embarazo mediante TRHA. Es decir, en lugar de establecer una exclusión a priori de cierta población, se deberían realizar estudios que permitan conocer el estado de salud en cada caso. (^{GIRE A.C. 2021, 312})

El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a los centros especializados en brindar servicios de técnica de reproducción humana médicamente asistida a atender a toda la población sin importar su preferencia sexual o su estado civil -personas en solitario- para garantizar el acceso a todos los sectores de la población. Llama la atención, desde la perspectiva de la equidad, un pronunciamiento más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la invalidez de excluir de manera injustificada a mujeres de la posibilidad de expresar su consentimiento para que sus gametos puedan ser utilizados después de su muerte en un procedimiento de fecundación (procedimiento en el que se utilizan los gametos femeninos post mortem para un proceso de fecundación in vitro).

Noción de ‘familia natural’

El enunciado que confiere sentido a los dos temas anteriormente discutidos se centra en la noción de familia natural, que aparece de manera central en la Cartilla moral. La Cartilla moral fue elaborada en su versión original por Alfonso Reyes (1952) y adaptada por José Luis Martínez (1992). Este documento forma parte de los materiales seleccionados para los Programas Emergentes de Actualización del Maestro y de la Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos. La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas distribuyó los primeros 10 mil ejemplares impresos por el gobierno federal (^{Barranco 2019}):

La familia es un hecho natural y puede decirse que, como grupo perdurable, es característico de la especie humana. Los animales, entregados a sí mismos y no obligados por la domesticidad, crean familias transitorias y solo se juntan durante el celo o la cría de la prole. Por excepción, se habla de cierta extraña superioridad de los coyotes, que tienden a juntarse por parejas para toda la vida. (Cartilla moral, 13)

Tal superioridad de las parejas monógamas de por vida conformadas por coyotes (Canis latrans) se traduce en una verticalidad de la jerarquía entre mayores y menores, igualmente “natural”:

Segundo, el respeto a la familia. Este respeto va del hijo a sus padres y del menor al mayor. El hijo y el menor necesitan ayuda y consejo de los padres y de sus mayores. Pero también el padre y la madre deben respetar al hijo, dándole solo ejemplos dignos. Y lo mismo ha de hacer el mayor con el menor. (Cartilla moral, 28)

Los términos ‘mujer’, ‘hija’ o ‘hermana’ no existen en el texto. Al suprimir la asimetría genérica, es decir, la existencia de hombres y mujeres socialmente determinados, en la Cartilla moral se refuerza la noción de familia como la unidad basada en el matrimonio heterosexual con hijos nacidos por la vía ‘natural’. Esto corresponde a los sustentos del catolicismo, religión mayoritaria en México y de otras denominaciones cristianas.

Una expresión de esta idea sobre la familia natural es la recurrente propuesta de que solo una mujer emparentada con la pareja unida en matrimonio puede actuar como gestante, lo que demuestra una voluntad de encerrar la gestación por sustitución en la familia heterosexual instituida en matrimonio por el Estado y las iglesias, aún si los/as padres/madres de intención no tienen una pariente en condiciones de maternidad

Es claro, pues, que posturas irreconciliables respecto de la maternidad, el matrimonio y la familia confluyen en torno a la reproducción médicamente asistida, las cuales: “...oscilan desde posiciones sumamente restrictivas que abarcan únicamente a parejas heterosexuales en relaciones formales de matrimonio, parejas heterosexuales convivientes o puede no poner condiciones y permitir que cualquier persona que necesite de estas técnicas acceda a ellas” (^{Luna 2008}).

Es importante mencionar que también existen iniciativas provenientes de Morena que buscan erradicar la discriminación hacia mujeres solteras y parejas homoparentales formadas por mujeres que deciden formar una familia vía técnica de reproducción humana médicamente asistida tanto en el sector público como en el privado. La iniciativa de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, el 10 de febrero de 2021, propone el libre acceso a tratamientos de técnicas de reproducción humana médicamente asistida sin importar la preferencia sexual o el género. Al igual que la de Sánchez Cordero desde 2018, este proyecto no ha avanzado en el proceso legislativo.