La migración en el contexto actual

La migración, una de las muchas formas que adopta la movilidad humana, se ha inscrito en el presente siglo como un elemento de mayor relevancia en las agendas políticas, legislativas y económicas de las naciones involucradas en este proceso, se trate de los países a donde los migrantes buscan dirigirse -aquellos por los que atraviesan para llegar a su objetivo, de donde son oriundos-, o bien a donde el migrante retorna, de forma obligada o voluntaria.

Las cifras, por una parte, son elocuentes en términos de mostrar un incremento sostenido en la magnitud del proceso migratorio: el número de migrantes internacionales ha incrementado de 173 millones en el año 2000 a 220 millones en 2010 y a 258 millones para 2017. Estas cifras representan un aumento del 2.8% de la población total del mundo en el año 2000 y un 3.4% en 2017 (Informe sobre Migración Internacional 2017, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)). Cada vez más la migración se presenta, no como una oportunidad, sino como la última alternativa de los grupos más marginalizados, desposeídos, vulnerados y despojados. De igual manera, el aumento de la movilidad humana se ha visto acompañado por un resurgimiento en la narrativa de la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras nacionales y étnicas, representadas como las preocupaciones centrales del Estado (^{Glick-Schiller y Salazar 2013}), así como de respuestas de solidaridad con el migrante por parte de determinados grupos de la sociedad civil. Desde la emisión de pasaportes y visas, hasta la persecución legal y la violencia tolerada hacia el migrante; desde la aceptación a la diversidad, el multiculturalismo y los enfoques cosmopolitas, hasta la asimilación forzada o la exclusión; desde la tolerancia y la solidaridad, hasta la insensibilidad y el nacionalismo exacerbado, el incremento de los flujos migratorios y la presencia del “otro” en territorio nacional es interpretado como un problema complejo.

De acuerdo con un estimado del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, hacia 2017 prácticamente todos los gobiernos del mundo habían adoptado una o más políticas para el control de la migración irregular. Destaca el hecho de que el 99% de los gobiernos aplica medidas para multar, detener o deportar a migrantes irregulares, un 77% impone multas a quienes los empleen y apenas un 34% ha tomado medidas para regularizar su estatus (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2017).

Nuestro país no escapa a estos procesos y en el curso de los últimos años el tema de la migración ha ocupado un espacio relevante en la esfera pública. El fenómeno migratorio en México tiene una larga tradición y características específicas: es masivo, unidireccional y de carácter permanente; se calcula que existen 12.3 millones de personas nacidas en México residiendo en Estados Unidos de América (^{CONAPO 2019}). Sin embargo, a lo largo del tiempo se produjeron cambios y nuevas dinámicas a observar en los procesos migratorios. México, además de ser un país expulsor de migrantes, también se ha convertido en un país de tránsito, destino y retorno.

No es lo mismo migrar voluntaria y legalmente para ocupar un puesto de trabajo relacionado con alta tecnología en una empresa multinacional que hacerlo porque se está huyendo de la persecución, se es desposeído y no se tienen cualidades discernibles de interés para el país anfitrión, por lo que, en el mejor de los casos, el migrante solo puede aspirar a tener derechos humanitarios mínimos (^{Estévez 2018}). Es justamente en la protección de los derechos y en la búsqueda de estos como mecanismos de integración a la sociedad, que la presencia y acción de las OSC han jugado un papel fundamental en el trabajo con las y los migrantes, trátese de origen, tránsito, destino y retorno.

La integración del migrante en la sociedad

La investigación enfocada al estudio de la integración ha derivado en la elaboración de diferentes modelos que buscan explicar las dinámicas por las que las personas migrantes experimentan estos procesos dentro de las comunidades de acogida. Esto ha resultado en la postulación de perspectivas diversas que, difícilmente, han permitido definir una teoría general sobre la integración por lo que existe un amplio debate en torno a la definición de este concepto. Una de las propuestas que explica la integración es determinada por dos condiciones: la ausencia de discriminación hacia los grupos minoritarios y la necesidad de condiciones mínimas de cohesión social para generar un mínimo de afinidades entre los grupos minoritarios y el grupo dominante, con la finalidad de generar entornos en los que todos los miembros de la comunidad se sientan integrados (^{Blanco 2006}).

Otras explicaciones amplían el concepto al recuperar elementos de diferentes esfuerzos propuestos por la academia, el sector público, la sociedad civil y organismos internacionales para la definición de la integración. Se presenta un modelo compuesto de distintos dominios agrupados en cuatro categorías: la primera se relaciona con los medios de integración y se compone de las dimensiones de empleo, vivienda, educación y salud; la segunda categoría incluye las conexiones sociales que ocurren entre personas de un mismo grupo social, personas extranjeras y miembros de la comunidad local y personas extranjeras e instituciones del país de recepción; en tercer lugar, el modelo contempla la categoría de los elementos facilitadores de la integración como el idioma y el conocimiento de la cultura receptora; y la cuarta categoría hace referencia a los fundamentos para la integración, entre ellos, el acceso a la ciudadanía como otro elemento que facilita el proceso de integración (^{Ager y Strang 2008}).

La definición del concepto de integración ha conducido a la elaboración de diferentes modelos para explicar este proceso; las principales propuestas son los modelos de asimilación, melting pot y pluralismo cultural.

El modelo de asimilación contempla la integración como el proceso de incorporación de las personas migrantes a la sociedad receptora; las personas adoptan sentimientos, ideas y actitudes sobre personas con diferentes orígenes a través de experiencias o intereses compartidos (Alba y Nee 2014). Generalmente en este modelo se espera que el grupo minoritario asimile los valores del grupo dominante. Al respecto, el contacto intercultural promueve en el grupo minoritario la adopción de la cultura dominante, lo que eventualmente reducirá las diferencias promoviendo la cohesión social (^{Blanco 2006}). En el modelo de asimilación, generalmente las personas migrantes son obligadas a abandonar los valores de su cultura de origen para tener acceso a derechos, servicios y la participación social.

En contraste, el modelo de melting pot surge como una crítica a la propuesta de asimilación. Este modelo se define como un proceso en el que el migrante transfiere o aporta elementos de su cultura de origen a la comunidad receptora, ocasionando que ambas culturas se fusionen para generar una nueva estructura cultural homogénea (^{Escrich 2014}).

Finalmente, el modelo de pluralismo cultural acepta a los grupos minoritarios como sujetos que participan activamente en la construcción de la sociedad en la que interactúan y, en consecuencia, su pertenencia a esa comunidad es igual a la de la población local. Este modelo descarta la necesidad de abandonar elementos de la cultura de origen para lograr la integración. Así, el pluralismo promueve la diversidad al abrir la posibilidad de conservar los propios factores culturales a pesar de la adquisición de algunos elementos de la cultura mayoritaria (^{Giménez y Malgesini 2000}).

De este apartado podemos destacar dos puntos: en primer término, la dimensión laboral es de especial relevancia en los procesos de integración, no solo porque permite que el migrante pueda sustentarse a través de su propio esfuerzo y esté en capacidad de desempeñar un papel positivo en la sociedad de acogida, sino porque también representa, en términos de salud mental, un importante elemento para generar una autoimagen positiva, rescatar la dignidad personal y disminuir la sensación de vulnerabilidad y alienación al entorno.

Por otra parte, resulta evidente que los procesos de integración no descansan exclusivamente en elementos de orden material, sino que, en gran medida, dependen de la interacción que se entabla entre el migrante y su grupo de origen y la sociedad de acogida, así como del diseño e implementación de políticas públicas para favorecer una inserción positiva de estas personas a la sociedad. No importa cuánto valor agregado presupone la presencia de migrantes en un país, si la percepción mayoritaria de la sociedad es de rechazo a su presencia, o bien si las autoridades no actúan de manera puntual para garantizar la vigencia de los derechos del migrante y asegurar condiciones de igualdad de oportunidades entre nacionales y extranjeros.

Inserción laboral del migrante: el caso de México

La inserción laboral es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los contactos y la incorporación a redes, a la vez que permite la participación en acciones colectivas dentro de la sociedad. El trabajo se puede interpretar como la incorporación social, fuente de sentido para la vida personal, espacio para participación ciudadana y fuente de progreso material para el individuo (^{Weller 2007}).

Para que una persona pueda participar en el mercado laboral en México debe pertenecer a la Población Económicamente Activa (PEA), definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2019 como las personas de 12 años o más que han realizado alguna actividad económica -toda acción cuyo propósito sea producir bienes y servicios comercializables en el mercado y que genere ingresos monetarios o en especie, o las acciones productivas no retribuidas, como las actividades para el autoconsumo y el trabajo impago- en la semana de referencia de la encuesta o que buscaron activamente hacerlo. No forman parte de la PEA personas pensionadas o jubiladas, estudiantes, personas de edad avanzada o con alguna incapacidad que imposibilite realizar una actividad económica. Con el crecimiento demográfico, ya sea por nacimiento o por la llegada de migrantes extranjeros o de retorno, la PEA se incrementa cada año, por lo que se requiere que el sistema económico genere puestos de trabajo para absorber a esta población y mantener tasas de desempleo lo más bajas que sea posible.

Cuando el país que recibe migrantes no cuenta con una estructura económica lo suficientemente dinámica para absorber el incremento de la oferta de mano de obra -como en caso de México-, se establecen condiciones de rivalidad y conflicto entre los distintos grupos que pretenden obtener un puesto de trabajo, lo que ocasiona para algunos sectores una presión a la baja en los salarios. Asimismo, de acuerdo con el reporte OECD territorial reviews: competitive cities in the global economy, organization for economic co-operation and development de 2006 de la OCDE, el aumento de la población que no se puede insertar al mercado laboral complica el problema de la integración; los inmigrantes en situación de pobreza se concentran en lugares marginales donde se carece de los servicios más elementales, con altas tasas de desempleo y deserción escolar, y lejos de los centros de trabajo, generando un círculo vicioso difícil de romper y que a su vez crea tensiones sociales entre la población local y la migrante.

En México, el mercado laboral está dividido en dos sectores: el formal y el informal. En el primero, los empleadores ofrecen, además de un salario determinado, una serie de prestaciones de seguridad social a sus empleados, entre otros beneficios; por ello, el empleo formal se mide por el número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las posibilidades para un migrante de acceder al mercado formal de trabajo en el país son más bien escasas debido no solo a la limitada oferta de empleo disponible -aún para mexicanos-, sino a temas administrativos como la regularización de la situación migratoria y la disponibilidad de documentación que sea aceptada como suficiente por el empleador para ocupar un puesto de trabajo.

Por su parte, el sector informal está integrado por un conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios (^{Loayza y Sugawara 2009}). Su falta de regulación conlleva a la evasión de impuestos y a que los trabajadores no gocen plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado pueden proporcionar. Para 2018, según un artículo publicado ese año por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el 57% de la población trabajadora en México estaba en el sector informal; de ahí que podamos deducir que la población migrante tiene elevados incentivos para integrarse al sector informal; aunque esta nueva contravención de la normativa mexicana la haga más reacia a tener contactos con autoridades de todo tipo y nivel, no existen prácticamente alternativas reales para el migrante que no sean en ocupaciones de alto riesgo o con una impronta criminalizada, como el trabajo sexual.

La informalidad puede entonces resultar atractiva y contribuye a que un elevado número de actores económicos salgan del sector formal; en otros casos, se debe a que los agentes son “excluidos” de la formalidad porque esta se ha tornado restrictiva y la economía, segmentada. La informalidad no solo es un reflejo del subdesarrollo, sino que podría también ser la fuente de un mayor atraso económico, ya que implica una distribución inadecuada de los recursos y trae consigo la pérdida de las ventajas de la legalidad, como son la protección judicial, el acceso a instituciones crediticias formales o la participación en los mercados internacionales. Un grado extremo de inserción laboral negativa es la inclusión de migrantes -de grado o por la fuerza- en las bandas criminales que se dedican al narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y otras actividades delictivas. Los migrantes son objetivo frecuente de organizaciones delictivas debido a la falta de protección del Estado. La sanción por no prestarse a estos manejos puede ser drástica: cabe recordar la masacre en 2010 de 72 migrantes en la localidad de San Fernando, Tamaulipas, a manos de uno de los cárteles que operaban en la región.

Específicamente, podemos hallar una serie de limitaciones a la posibilidad de un migrante de integrarse laboralmente en la capital del país y su zona conurbada: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el INEGI, el mercado laboral de la Ciudad de México presenta estas características: (1) una densidad poblacional elevada y por ende tiene una PEA elevada en comparación con otras entidades federativas; (2) la población ocupada recibe, en su mayoría, menos de 5 salarios mínimos; (3) la población ocupada en 2018 se ha precarizado, ya que se insertaron mayormente en puestos de trabajo donde la remuneración es inferior a tres salarios mínimos con respecto a 2015; (4) hay una correlación positiva entre bajos niveles educativos y la remuneración que reciben los trabajadores, y (5) más de la mitad de la PEA ocupada no tiene acceso a instituciones de salud (^{Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2018}). La OSC Sin Fronteras mencionó en la entrevista que “empleo digno sería contar con todos los derechos… pero en un mercado laboral como el mexicano… lo más probable es que se inserte en el nivel informal”.

Otro elemento a tomar en cuenta es el perfil de la población migrante en la Ciudad de México. Según ^{Bustamante (2018)} el perfil de los migrantes que llegan a la capital se puede clasificar en 4 grandes grupos: migrantes de retorno, repatriados, irregulares y refugiados. Mientras que los dos primeros y el cuarto presentan perfiles con mayores grados de educación y preparación, así como experiencia laboral diversa, aquel correspondiente a los migrantes principalmente centroamericanos presenta una mayoría con nivel educativo medio superior, mientras que uno de cada cinco no cuenta con ningún nivel educativo. La heterogeneidad en los perfiles de los migrantes en la ciudad de México, aunado a las características del mercado laboral, dificulta la implementación de políticas públicas para la inserción laboral del migrante.

Respuestas en materia de política pública laboral para migrantes

Debido a que los mercados operan esencialmente por criterios de maximización de ganancias y se basan en el interés particular, su efecto en términos de equidad social es muy limitado; de ahí que el sector público plantee, a través de la implementación de programas y políticas públicas, ofrecer a quienes estén en territorio nacional alternativas para poder desempeñar una labor remunerada, así como distintos apoyos en los ámbitos de salud, vivienda y educación, entre otros bienes y servicios ofrecidos por el Estado.

En principio, esta intervención a nivel social de las instituciones, tanto en lo nacional como en lo local, representaría un importante factor para propiciar la pronta integración de los migrantes a la comunidad, sin embargo, existe una marcada diferencia entre lo que está consignado en la ley y la manera como las autoridades interpretan sus obligaciones para su cumplimiento o inclusive, respecto al conocimiento mismo de las acciones que deben llevar a cabo.

Desde la promulgación en 2011 de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, existía la inquietud de consignar en el principal instrumento normativo que regiría la gestión del fenómeno migratorio una serie de derechos propios de los migrantes, derivados de distintos tratados y convenciones que México ha ratificado. Esto representaba un importante avance respecto a los límites y el desfasamiento de la Ley General de Población de 1974, sin embargo, factores como la publicación del reglamento correspondiente casi año y medio después, propiciaron que los derechos a custodiarse en el nuevo ordenamiento quedaran circunscritos a un nivel meramente declarativo, sin que existiera la manera de hacer operativos dichos mandatos en beneficio de la población migrante.

Otro elemento que dificulta la integración es el vacío que existe dentro de la legislación respecto la definición que tiene el Estado mexicano sobre este tema; tan solo se expresa una responsabilidad abstracta del Estado con relación a la generación de los medios necesarios para lograrla. La Ley de Migración otorga vagamente el derecho a la integración a la ‘vida económica y social’ de algunos perfiles migratorios, sin embargo, no se especifican los medios para asegurar el cumplimiento de tal derecho:

Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural (^{Ley de Migración 2011}).

Igualmente, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, afirma el compromiso del Estado para promover el proceso de integración de las personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria o asilo, sin embargo, tampoco presenta los mecanismos para estos efectos:

Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará las medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los refugiados, así como auxiliarlos con el objeto de facilitar su integración al país, tomando en consideración el contexto social y cultural de donde provengan, así como si son niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en estado de vulnerabilidad (^{Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 2011}).

De jure, esta ley garantiza a los migrantes una serie de derechos, como a la libertad de movimiento, a la salud, educación, identidad, unidad familiar, justicia, documentación migratoria, igualdad y no discriminación. Sin embargo, de facto, aún al día de hoy, se registran serios rezagos en las instituciones que deben garantizar el respeto a estos derechos, esencialmente en el Instituto Nacional de Migración, simbolizado por insuficiencia presupuestal, ausencia de capacitación de los funcionarios encargados de la atención directa al migrante, ausencia de precisión en las acciones bajo responsabilidad del funcionario público, inexistencia o desfase de los manuales de procedimientos aplicables, así como amplios niveles de discrecionalidad, falta de transparencia, impunidad y corrupción.

Por su parte, en la Ley Federal del Trabajo se consignan las condiciones generales obligatorias para todo trabajador, entre las que se cuentan: duración de la jornada laboral; medidas que garanticen salud, seguridad e higiene en el trabajo; vacaciones remuneradas, aguinaldo y reparto de utilidades, seguridad social; pago de emolumentos extras en caso de despido injustificado o el derecho a la reinstalación en el empleo; derecho a organizarse libremente, así como a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, y un espacio de trabajo libre de violencia de género, hostigamiento y acoso sexual. Evidentemente, estos derechos están reservados para aquellos que se inserten en el mercado laboral formal, quedando excluidos, y por lo mismo, marginados de la protección de la ley quienes se dediquen a actividades en la informalidad.

No hay previsiones específicas en este ordenamiento para atender a los migrantes, salvo la obligación de las autoridades laborales de llevar a cabo visitas de inspección a los lugares donde laboran migrantes, y estas se conducen de manera muy limitada. Muchos migrantes que trabajan en labores agrícolas o domésticas se encuentran por ello en un alto nivel de vulnerabilidad respecto a los abusos de los que son objeto por parte de sus empleadores, lo que es agravado por su propia situación de irregularidad, que les impide acercarse a las autoridades en busca de justicia o denunciar las violaciones de las que sus derechos son objeto, por miedo a la deportación.

En la Ciudad de México se han promulgado distintos instrumentos jurídicos, como la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana de 2011 y la propia Constitución de 2017 que -nuevamente en principio-, representan una posición de vanguardia respecto a temas como la integración del migrante en la sociedad y el combate a la discriminación por razones de género; existen además distintos programas como “Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes”, o “Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante” específicamente orientados a este grupo, incluyendo sectores minoritarios entre ellos, como la población LGBT -sigla que hace alusión de manera colectiva al grupo conformado por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero. De hecho, la Ciudad de México se declaró como “ciudad solidaria” para migrantes y retornados forzados o voluntarios y sus familias que desearan residir en la ciudad de manera temporal o permanente, por lo que se acordó modificar las reglas de operación de los programas sociales y servicios públicos con el fin de garantizar y facilitar el acceso a estos servicios y programas (^{Bustamante 2018}).

También la Ciudad de México reconoce la necesidad de implementar estrategias y acciones de atención que garanticen los derechos humanos de las poblaciones migrantes. Además, el gobierno de la ciudad, a través del Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, ha colaborado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) con el fin de integrar a las personas solicitantes de refugio, refugiados reconocidos y beneficiarios de protección complementaria, en programas como “Trabajo Digno hacia la Igualdad”, “Seguro de Desempleo” y “Apoyo a la Capacitación y Fomento a la Productividad” (Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México y Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba 2018).

Sin embargo, en este ámbito se tropieza con problemas similares a los que privan a nivel federal respecto a los que están enunciados en los textos legales y la manera de implementar en la práctica dichas medidas. A esto se suma la presión existente en las finanzas de la ciudad debida a la existencia de amplios sectores con altos niveles de marginación y pobreza, los factores derivados de la economía informal y la inseguridad, así como al recurrente tema de la corrupción gubernamental.

Es posible percibir así tres brechas en la implementación de políticas públicas: la brecha discursiva o discrepancia entre los discursos públicos y la política; la brecha de implementación o la disparidad entre los proyectos y su puesta en práctica, y la brecha de eficacia, que muestra las limitaciones en el cumplimiento de los objetivos propuestos (Cooper 2015). Estos tres factores muestran la debilidad institucional, las falencias en cuanto a planeación y ejecución y la ausencia de coherencia entre el decir y el hacer, lo que se traduce en un déficit de la capacidad institucional y disfunciones organizacionales con limitaciones en los sistemas de recursos materiales y humanos (^{París et al. 2016}).

Las OSC y la inserción laboral de migrantes

El principal espacio de intervención de las OSC se desarrolla en el ámbito público, pues se trata del lugar en donde se desarrollan todas las relaciones sociales y, por lo tanto, se convierte en el área indicada para tomar decisiones sobre la convivencia y las estrategias de desarrollo de una sociedad (^{Müller 2014}). La intervención de las OSC en dichos espacios es uno de los principales mecanismos de la sociedad para monitorear las acciones del gobierno y exigir una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de compromisos, resultados y la garantía de los derechos de la sociedad, por lo que las acciones de las OSC pueden ser consideradas como actores de una lucha por los derechos que se gestan desde la sociedad y que no están influenciadas por los intereses estatales. Esto permite que se genere una actitud solidaria hacia colectivos cuyos derechos han sido o podrían ser violentados por decisiones o políticas gubernamentales. Los espacios de solidaridad surgen debido a que los actores de la sociedad civil contemplan no solamente el futuro de la fracción dominante sino también aquel de grupos que enfrentan condiciones adversas; es decir, buscan asegurar el bienestar de toda la comunidad.

Cabe mencionar la importancia que tienen las acciones de las OSC al cubrir aquellas zonas en las que la acción gubernamental presenta limitaciones u omisiones -en ocasiones graves- que se traducen en situaciones de incremento de la vulnerabilidad de distintos sectores y que representan la claudicación que ha tenido el aparato gubernamental respecto a su obligación de proporcionar condiciones de desarrollo igualitario para la población, que va de la mano de la visión neoliberal de que corresponde a los individuos el subsanar, por sí mismos, sus necesidades.

Así, entre los principales objetivos de las OSC que trabajan con personas migrantes, se pueden identificar la visibilización de sus derechos humanos y su vulnerabilidad; la identificación de vacíos en las instituciones encargadas de la gestión migratoria; la sensibilización de la sociedad respecto a la situación del migrante y las deficiencias para ofrecer acceso a los derechos básicos; la expresión del desacuerdo respecto a ciertas decisiones o políticas públicas, así como el empoderamiento de los migrantes para asegurar el ejercicio de sus derechos (^{Müller 2014}).

En México, las OSC argumentan que las leyes y la Constitución presentan inconsistencias que conducen a la vulneración de diversos derechos de las personas migrantes; entre ellos, los derechos laborales. Si bien en el artículo 123 constitucional se reconoce el derecho a toda persona para trabajar en condiciones dignas sin restricciones relacionadas al estatus migratorio, en la Ley de Migración se restringe expresamente el acceso al empleo, especialmente de personas no altamente calificadas, pues su artículo 7 limita la participación de personas extranjeras en categorías laborales técnicas y profesionales (^{Sin Fronteras 2014}). Asimismo, el Estado ofrece escasas oportunidades para la capacitación técnica y limita el acceso a servicios de seguridad social como la salud o la protección laboral.

La Ley de Migración, por su parte, impone requisitos a los empleadores que contemplan contratar trabajadores extranjeros, pues tienen la obligación de obtener una constancia de inscripción del empleador, lo que puede considerarse como un obstáculo para dar trabajo a extranjeros y para su movilidad laboral. En el caso de personas solicitantes de la condición de refugiado o refugiadas, no existe en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político mención alguna relacionada al derecho al trabajo y/o programas o apoyos para la vinculación laboral. Sin embargo, a partir de 2018 estas personas pueden acceder a una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y una CURP temporal, lo que les otorga el derecho a trabajar. No obstante, lo anterior, el desconocimiento del sector privado sobre los derechos que conceden tales documentos, en conjunto con los requisitos solicitados por las autoridades migratorias para emplear a personas extranjeras, fomentan su exclusión del ámbito laboral como bien lo ejemplifican los siguientes testimonios recuperados en el curso de la visita a Sin Fronteras I.A.P el 23 de octubre de 2019.

Un matrimonio de origen venezolano afirmó que tuvo problemas para buscar un trabajo formal:

No tuve la oportunidad de hacerlo porque sin papeles no me iban a dar trabajo, eso es verídico; incluso en Migración nos dieron algo, una credencial que decía “visitante” y según esto me iban a dar trabajo con eso, pero falso, totalmente falso, nadie nos contrató con eso… porque en la empresa decían ‘no te vamos a dar trabajo con eso, porque eso no es un documento oficial’… aun con la residencia permanente, como tengo el pasaporte vencido, para abrir cuentas [de banco] era un problema.

Un ciudadano de Haití mencionó que no ha buscado ocupación en el sector informal, por lo que se sostiene con el apoyo de sus padres: “deseo vivir como un ciudadano, pagar mis cuentas, pagar impuestos, pero para todo eso necesito documentos; no deseo hacer nada al margen de la ley, el trabajo informal está fuera de la ley”.

Una venezolana indicó que,

quizá porque las empresas no tengan la documentación ante Migración no dan esta carta de trabajo; quizá quieren estar transparentes ante Migración… de hecho en las entrevistas me va bien, dicen que cumplo con el perfil de todo pero se frenan cuando ven que no tengo el permiso de trabajo… yo lo que necesito es una oferta laboral para que Migración me dé permiso de trabajo… pienso que no quieren hacer ningún trámite ante Migración porque quizá piensan que les va a costar dinero; yo misma fui a Migración y me dijeron que no cuesta dinero, que ellos nomás se tienen que registrar, y a pesar de que les digo eso me dicen ‘bueno, déjame verificar ante Migración y te llamamos’ y ahí ya nada.

En este sentido, las OSC tienen el interés de incidir en la política pública migratoria, con la finalidad de reducir los obstáculos que enfrentan las personas migrantes para integrarse al mercado laboral, así como para proteger y promover sus derechos, especialmente los de seguridad social. Esta labor se ha implementado a través de la exigencia en los espacios públicos para homologar las leyes y los reglamentos de las distintas entidades gubernamentales involucradas en la gestión migratoria, así como para sensibilizar e informar a la sociedad y al sector privado respecto a los derechos de este grupo, con el objetivo de promover la emisión de documentos que faciliten la inserción laboral, el acceso a derechos como la salud por parte del IMSS, la vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y formalizar el trabajo de las personas migrantes, especialmente de personas con perfiles laborales de baja calificación.

Con el fin de conocer de manera directa las estrategias diseñadas por distintas OSC para apoyar a los migrantes, fundamentalmente en materia de inserción laboral, se llevaron a cabo sendas entrevistas con responsables designados de estas organizaciones que respondieron el cuestionario correspondiente. A continuación, presentamos, de manera sintetizada, la información surgida de dichas entrevistas, no incluyendo aquellos comentarios hechos a título personal, a petición expresa de quienes participaron en este ejercicio.

Sin Fronteras, I. A. P.

Sin Fronteras surge en 1996 para responder a la situación derivada de la presencia en México de refugiados de los distintos conflictos centroamericanos; originalmente se mantenía una relación estrecha con el ACNUR, pero con el paso del tiempo la organización se orientó también a los migrantes de otras nacionalidades. Dicha organización ofrece una serie de servicios específicos a los migrantes en las vertientes jurídica y psicosocial. Respecto a la primera, brindan acciones de orientación, asesoría y representación en materia legal, con el fin de apoyar la obtención de documentos de identidad, regularización de la situación migratoria, reconocimiento como refugiado, atención de denuncias por violaciones a derechos humanos o alternativas a la detención migratoria, entre otras. En la segunda vertiente se engloban acciones de apoyo orientadas a la atención de la salud orgánica y mental del migrante, así como atender cuestiones educativas, como alfabetización, revalidación de estudios, obtención de certificados, aprendizaje del idioma español, conocimientos generales de desplazamiento en la ciudad y su vida diaria, acompañamiento y asesoría en la búsqueda de oportunidades de empleo, ayuda alimentaria en especie, orientación para temas de vivienda, acercamiento a programas sociales oficiales, facilitación de la comunicación vía Internet o telefónica, y servicios recreativos y de integración.

La interacción con las autoridades a partir de labores de incidencia con legisladores e instituciones gubernamentales se ha dificultado en el cambio de administración por el paso del tema migratorio del Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el alineamiento de las autoridades citadinas con el orden federal por ser del mismo partido político. Sin Fronteras comentó: “intentamos tener una interlocución pero… es una visión totalmente diferente… es un momento de cambio cualitativo” que implica volver a empezar la creación de vínculos y relaciones con la autoridad desde cero.

Para esta organización, la inserción laboral es un aspecto central de la posibilidad de reducir la incertidumbre y el estrés del migrante, así como facilitar su vinculación positiva con el entorno. Se reconoce que lo ideal sería que los migrantes tuvieran acceso a posibilidades de empleo formal, con las prestaciones correspondientes, pero la realidad es que la situación actual dificulta ese proceso inclusive a los nacionales. Por otra parte, en ocasiones se dispone de oportunidades específicas de empleo, pero que rebasan completamente las capacidades o formación profesional de los migrantes promedio, cuyos niveles de capacitación y escolaridad suelen ser bajos. De ahí que para esta organización la idea es que el empleo, más allá de que sea formal o informal, es parte de la dignidad de la persona, por lo que se busca apoyar al migrante para obtener un empleo que sea remunerativo, exento de condiciones de explotación o abuso y en plano de igualdad con el ofrecido a nacionales.

Sin Fronteras propone el programa Empleo Digno, con el patrocinio del Nacional Monte de Piedad, para poder acceder a un empleo y que incluye ofrecer una red de empleadores solidarios dispuestos a apoyar a migrantes en búsqueda de trabajo, además de fomentar el desarrollo de “habilidades blandas” en la búsqueda laboral -como redactar adecuadamente un curriculum vitae o presentarse debidamente a una entrevista de trabajo.

Desde el punto de vista de esta organización, uno de los principales problemas que enfrenta el migrante se da a nivel de ventanilla, es decir, cuando se establece un contacto con las autoridades a través de los funcionarios públicos encargados de la atención directa. Pese a que se reconocen los avances existentes en cuanto a instrumentos legales inclusivos, promoción de derechos humanos y creación de programas sociales de apoyo, existe un desconocimiento de los mismos entre los servidores públicos de primer contacto, además de una serie de prejuicios y actitudes discriminatorias hacia los migrantes en función de su nacionalidad o identidad de género. A este respecto, en cuanto a materia de tolerancia, dicha organización mencionó que, además de capacitar a los principales actores respecto a las necesidades de este colectivo, la acción debe incluir a los propios migrantes que, debido a sus orígenes e ideología, principalmente campesinos, religiosos y conservadores, pueden tener una percepción negativa de este grupo.

Casa Tochan

La incuria de las autoridades de la Ciudad de México respecto a las necesidades de vivienda de personas migrantes que no tienen la capacidad de pagar un alquiler o quedarse con familiares, obliga a que sean las OSC las que, de manera extremadamente limitada, ofrezcan la posibilidad de proporcionar albergue, alimentación, cuidados médicos básicos y apoyos administrativos y legales a un número determinado de migrantes. En muchos casos, la orientación de este tipo de organizaciones es religiosa, sin que ello se traduzca en sesgos o discriminación a migrantes de afiliación distinta al catolicismo. Un ejemplo de este tipo de organizaciones es Casa Tochan, en náhuatl: “nuestra casa”.

Pese a sus reducidas proporciones y estar localizada en una zona insegura por la marginación, así como consumo y venta de enervantes, ha hecho por más de siete años una labor laudable al ofrecer el servicio de albergue hasta a veinticinco personas. El perfil del usuario de Casa Tochan es predominantemente de migrantes varones, siendo también bienvenidos los hombres homosexuales, quienes hacen un alto en su camino hacia la frontera norte en lo que pueden tramitar una visa humanitaria, proceso que puede llevar varios meses.

Casa Tochan ofrece a los migrantes alojamiento, ropa, consultas médicas, llamadas telefónicas y acceso a Internet, capacitación para desempeñar trabajos que les permitan percibir un ingreso propio y apoyo para la regularización de su situación migratoria a través del apoyo de la organización Sin Fronteras. En cuanto a la inserción laboral, se imparten talleres de artesanías, pintura y corte de cabello, en la medida en que los recursos lo permiten. Recientemente han creado una bolsa de trabajo donde participan cuatro empleadores. Sin embargo, debido a los escasos recursos disponibles, las estancias se restringen en el tiempo: un refugiado que sufrió de violencia de género en Tenosique afirmó que “estuve cinco meses y Doña Gaby (administradora de Casa Tochan) me dijo que mi tiempo se acabó… y tuve que irme a Iztapalapa con una fundación que se llama Arcoíris que tiene un convenio con el CECATI y con el INEA”. Esto muestra la inexistencia de medios oficiales de atención y la limitación de las OSC para cubrir esas necesidades de manera eficiente.

Casa Mambré

Es dirigida por la Organización Scalabriniana Misión para Migrantes y Refugiados (SMR), a la que, desde 2013, han llegado personas migrantes víctimas de tortura, secuestro, violencia sexual o intentos de asesinato.

Este albergue ofrece estancias de tres meses a un año a personas que son canalizadas a través de los oficios de Casa Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y distintas dependencias de gobierno, independientemente de su orientación sexual. Se dispone de un cupo de sesenta residentes, a los que se les proporciona vivienda, alimentación, ropa, lentes, servicio dental y de salud, así como apoyo psicológico y orientación en la búsqueda laboral e integración en el país, incluyendo clases de español y programas de regularización de estudios básicos con el apoyo del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

Respecto a la inserción laboral, a partir del 2018, el albergue creó el programa de vinculación laboral, considerándolo una dimensión importante dentro del modelo de atención del albergue. Los objetivos del programa son: identificar las oportunidades de trabajo disponibles para personas migrantes en la Ciudad de México, a través de programas del sector público y del acercamiento de la organización con empleadores del sector privado para dialogar sobre las posibilidades de emplear personas migrantes, especialmente solicitantes de la condición de refugiado.

Los trabajos más comunes que circulan dentro del programa se ubican en el sector laboral informal, especialmente en la industria de la construcción. Esto se debe principalmente a los retos que enfrentan las personas solicitantes de la condición de refugiado en relación con el acceso al empleo, entre ellos la falta de documentación para trabajar. Sin embargo, actualmente todas las personas solicitantes tienen el derecho de acceder a la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) y a la Clave Única de Registro de Población (CURP), que autorizan y facilitan el acceso al empleo. No obstante, existe un amplio desconocimiento sobre los derechos otorgados por la TVRH en el sector privado, lo que dificulta que las personas regularizadas a través de dicho documento puedan integrarse al sector laboral formal. Finalmente, la organización afirma que otro reto importante es la naturaleza de movilidad constante de las personas migrantes y sus expectativas de trasladarse a Estados Unidos. Casa Mambré afirmó que “la inserción del migrante tiene un acento de transitoriedad hasta que llegue a la frontera”; los programas oficiales y aún la gestión de las OSC se ve acotada por los deseos de los propios migrantes, que prefieren buscar su futuro en el país del norte y por lo tanto no tienen un incentivo real para normalizar su situación en el nuestro.

A pesar de los retos, SMR considera que desde el inicio del programa ha crecido notablemente el número de oportunidades laborales de las personas a las que brindan atención. Esto se debe particularmente a buenas prácticas desempeñadas por la organización, tales como actividades para la sensibilización del sector privado, la promoción de los estudios a través del INEA y de la formación técnica para el empleo.

Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A. C.

Se ha orientado en la actualidad a llevar a cabo labores de difusión e incidencia a favor del reconocimiento de los derechos de los migrantes, especialmente aquellos pertenecientes a la comunidad LGBT, a través de su participación en foros académicos y oficiales, en conjunto con distintas instituciones o autoridades, como la Cruz Roja o el Instituto Nacional de Migración, o bien por medio de la organización de actividades de capacitación. Se distingue, por ejemplo, la creación de la Guía para Personas Migrantes LGBT, en la que se incluye información acerca de regulación migratoria, a dónde acudir en caso de discriminación y violaciones de derechos humanos, localización de otras organizaciones que apoyan a la comunidad, derechos como el libre tránsito, salud, educación, seguridad jurídica y debido proceso, reconocimiento de personalidad jurídica y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, Arcoíris mencionó que “hay vacíos, lagunas en la política pública, en la implementación, evaluación y monitoreo… estamos frente a desafíos estructurales, culturales, económicos, sociales”, lo que, aunado con la limitación presupuestal de las OSC, trae como resultado un nivel insuficiente de incidencia.

Originalmente, sus horizontes eran más amplios, puesto que preveían acciones de apoyo a la integración del migrante a través de acompañamiento para conseguir vivienda, uso del transporte público, fomento a la salud y búsqueda de empleo. Sin embargo, la falta de recursos, la elevada rotación del personal voluntario y las mismas dificultades derivadas del perfil y las capacidades de los migrantes ocasionaron que este programa se desactivara. No obstante, actualmente se trabaja en un proyecto que busca la integración de una Red Nacional de Apoyo al Migrante LGBT, que permita reunir a aquellas organizaciones e instituciones favorables a los intereses de este colectivo para hacer visibles sus problemáticas, ofrecer información y capacitación en temas de género y encontrar soluciones prácticas para su más pronta integración a la sociedad mexicana.

Esta organización destaca que muchos de los problemas que enfrenta el migrante LGBT en su búsqueda de trabajo están vinculados a la falta de capacitación; la ausencia de documentos probatorios de niveles escolares; en el caso de las mujeres trans, la imposibilidad de tener documentación que sustente su actual elección de género o la posibilidad de asistir con asiduidad a sesiones de tratamientos hormonales; la existencia de actos de discriminación, hostigamiento y rechazo por género y nacionalidad al interior del entorno laboral y en los procesos de selección para ocupar un puesto de trabajo; los bajos niveles salariales disponibles para los migrantes no calificados, así como el desconocimiento de los empleadores de las medidas para favorecer su integración al sector laboral, independientemente de su situación migratoria. Esta dinámica a la que se enfrentan, en muchos casos orilla a esta comunidad a dedicarse al trabajo sexual.

De igual manera, se han identificado otros factores por los cuales la comunidad LGBT ve mermadas sus posibilidades de acceso a empleos a diferentes escalas: estas van desde las creencias personales de aquellos con el poder de influir en los procesos de reclutamiento y contratación hasta las políticas de Estado que no salvaguardan cabalmente sus derechos, lo que impacta negativamente en su integración.

Por ello, se dirigen esfuerzos para lograr esta sensibilización a través de la impartición de cursos o foros de capacitación para funcionarios públicos en cuanto a los derechos que la normativa federal y local otorga a la población migrante, así como acompañar e involucrar a empresas privadas para la generación de posibilidades de empleo a este grupo.

En cuanto a los migrantes de la comunidad LGBT, dicha organización, puntualizó que las condiciones de la Ciudad de México, en contraste con la situación imperante en los países de origen, resultan muy favorables, pero que aún se resienten temas de hostilidad hacia migrantes con otras opciones de identidad de género. Se destaca que, por el tamaño de la ciudad, es más factible encontrar espacios de recepción para esta comunidad, así como para permitir mayor anonimato a quienes deseen mantener su privacidad. Sin embargo, esta organización hizo hincapié en el tema de las mujeres trans quienes, además de necesitar procesos médicos especializados y encontrar dificultades desde el punto de vista administrativo, experimentan el más alto nivel de discriminación y violencia dentro de la población migrante. En general, no ha habido muchas posibilidades de favorecer su integración laboral fuera de los contextos de la cultura de la belleza o el trabajo sexual, contexto en el que el y la migrante trans se ven expuestos a otra serie de riesgos como las adicciones, violencia o infecciones de transmisión sexual, entre otros.

Situación laboral de la comunidad migrante LGBT

Uno de los grupos más vulnerabilizados en el contexto de la migración en tránsito que identificamos en nuestra investigación es el de la comunidad LGBT. Ante las dificultades en el ámbito laboral, el trabajo sexual resta como uno de los pocos medios de subsistencia financiera que les queda abierto. Este espacio de circulación, usualmente ejercido en la vía pública, vuelve muy visibles a estas personas, por lo que el hostigamiento por parte de la policía o las leyes que sancionan estas conductas en nombre del orden o la moral pública forman parte de un panorama más general, llevando a la criminalización de sus identidades y su presencia en el ámbito público. Aunque son escasos los trabajos cuantitativos que midan los indicadores de la violencia estructural que padecen, existen varios estudios que señalan lo profunda que es esta violencia, en sitios tan diversos como Mérida o la Ciudad de México (^{Suárez 2009}). Las mujeres trans en situación de calle muchas veces se encuentran inmersas en disputas públicas relacionadas con otros temas contemporáneos, como el crimen organizado, por lo que actualmente se encuentran en una encrucijada que responde a muchas de las preocupaciones contemporáneas (^{Suárez 2009}).

Lo mismo pasa cuando las personas migrantes retornan a sus países de origen, tal es el caso de México. Al llegar a este país, se enfrentan a una realidad muy diferente a la que estaban acostumbradas, por lo que sus vidas pueden dar un giro total al tener que adecuarse o reincorporarse de una manera distinta a la conocida. Cabe destacar, en este sentido que aunque dos de cada diez emigrantes retornados se refieren a ellos mismos como miembros de la comunidad LGBT (^{Cypher y Delgado 2012}), al momento del retorno, es posible que no se asimilen o no quieran hacerlo por miedo o por rechazo social y/o familiar, el cual viene asociado a identificarse con otra opción de género. Lo anterior se acompaña de absoluta desinformación por parte de las empresas y/o reclutadores, hechos que perpetúan una cultura heteronormativa que excluye totalmente a esta población.

Ante el aumento de la movilización y demanda por el reconocimiento de derechos de las minorías sexuales en México, se pasó de la despenalización hacia políticas incluyentes y garantistas. La amplia red de acción e influencia por medio de organizaciones sociales, además de sus conexiones con organizaciones políticas clave, entre otros, explican la fuerza de las demandas del movimiento LGBT en la capital y la capacidad que han tenido para incidir en la legislación local (^{De la Dehesa 2015}; Diez 2011) y en acciones concretas; por ejemplo, en septiembre de 2018 se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo para la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual donde veinticinco empresas ofertaron 320 vacantes para la Ciudad de México.