El origen de estos propietarios: una sociedad emergente de ranchos, rancheros y rancherías

La desintegración del gobierno porfirista propició el surgimiento de grupos locales, de rancheros arrendatarios de tierra o de pequeños propietarios que reclamaron cambios en las relaciones de poder y mayores oportunidades de ascenso social. Algunos de ellos lo consiguieron ejerciendo cierto dominio en sus regiones “mediante el control de los recursos militares, políticos, económicos y sociales, [… logrando] organizar una base de poderes a través de la movilización campesina, la formación de ejércitos particulares o la integración de organizaciones políticas”.⁹

En las tres últimas décadas del siglo XIX las políticas porfiristas de apertura al capital extranjero propiciaron el desarrollo de las comunicaciones, la introducción de la energía eléctrica y el desarrollo de las industrias extractivas. La introducción de maquinaria amplió la capacidad productiva de varias haciendas que, en algunos casos, aumentaron su extensión territorial. Pero en otros, como en el caso de las llamadas haciendas rentistas, éstas se descapitalizaron y fragmentaron en propiedades cada vez más pequeñas. Nuevos ranchos se formaron a partir de esa fragmentación y del propio reparto de bienes de comunidad que incorporó otras extensiones al mercado de tierras.¹⁰

Las formas de hacer negocios a partir del comercio fueron cambiando a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XIX y las primeras dos del XX. Este desarrollo fue acompañado de la progresiva introducción de la moneda en la economía, lo que fue modificando el peso simbólico y económico que tenía la tierra como bien que se podía dar en arrendamiento.

Hasta ese momento, las prácticas de comercio oligárquicas y las formas de acumulación de capital valorizaban de manera particular la propiedad de la tierra, pues ésta tenía, además de sus usos productivos, la posibilidad de servir como aval para el financiamiento. El margen de endeudamiento de los propietarios era muy amplio, toda vez que las compañías mercantiles encargadas de refaccionarlos generalmente prestaban y recibían pagos en especie, si bien en Europa las economías tenían suficiente circulante para garantizar sus transacciones y tener consolidado su sistema financiero, donde el incumplimiento de obligaciones transfería a la banca la propiedad hipotecada.¹¹ En muchas regiones rurales de México, la escasez de circulante, el bajo valor de la propiedad raíz y el progresivo endeudamiento de las fincas, hacían que las oligarquías no se interesaran por las propiedades en sí, sino por el acaparamiento de la producción agrícola-ganadera.¹²

El descubrimiento del proceso de cianuración para el bene ficio de la plata dio un nuevo auge a la minería mexicana y permitió ampliar gradualmente la monetización de la economía.¹³ A su vez, el arribo de capitales extranjeros favoreció esta tendencia. Ambos procesos desarticularon las antiguas lógicas económicas que permitían los pagos en especie, el acaparamiento de productos agrícolas y los márgenes amplios de endeudamiento sobre el que funcionaban las haciendas rentistas.

Pese a que al iniciar el siglo XX se habían creado el Banco de Michoacán (1900), el Banco Agrícola e Hipotecario de México S.A., el Banco de Londres y México -que tenía una sucursal en Morelia- y el Banco de Guanajuato y Jalisco -este último con una sucursal en Zamora-, en el estado no había capitales suficientes para cubrir las necesidades del comercio, la agricultura y la industria. Muchos propietarios no accedieron a los créditos otorgados por estas instituciones debido a una mala titulación de la propiedad y “lo complicado y difícil del sistema de hipotecas y lo oneroso y dilatado de los trámites”.¹⁴ El endeudamiento de las fincas y las dificultades para obtener nuevos financiamientos llevaron a los propietarios insolventes a fraccionar por venta o herencia sus fincas. Varias propiedades entraron al mercado de tierras al finalizar el XIX e iniciar el siglo XX.¹⁵

Si consideramos los datos estadísticos de la gráfica 1, podemos apreciar que entre 1877 y 1910 el número de haciendas en el estado de Michoacán decreció 20 % en tanto el de ranchos se incrementó 291 %.¹⁶

En el distrito de Pátzcuaro este crecimiento ya se manifestaba en los datos correspondientes al censo publicado a finales de 1881.¹⁷ En este caso el crecimiento demográfico y la formación de ranchos es parte de un proceso iniciado desde el siglo XVIII, pero no es sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando su número aumenta debido a los repartos de bienes de comunidad y el fraccionamiento de las haciendas.¹⁸

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística, Estadísticas sociales del Porfiriato, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1956. Tomado del cuadro núm. 47, p. 41

Gráfica 1 Haciendas y ranchos en Michoacán, 1877-1910 

Por ejemplo, Gehuanguachen, propiedad de José Dámaso Delgado y Rita García, fue dividido en 12 fracciones y vendido a diversos compradores en 1876.¹⁹ El casco de la hacienda La Tareta y las propiedades conocidas como El Manzanillal, el Cerro del Vado, La Ciénega, Las Trojes, La Tinaja y El Zapote fueron vendidos a diversos propietarios entre 1884 y 1893. En el caso de La Tareta, los hermanos Gonzáles Colón dividieron su propiedad en pequeñas fracciones: lo mismo ocurrió con los ranchos La Tinaja y El Zapote, propiedad de Alejandro González.²⁰

La hacienda de Quirínguaro también se subdividió tras la muerte de José María Domínguez. El principal comprador fue su acreedor, Feliciano Cerda; le siguieron José María Reyes Juárez, Esteban Reyes, Margarito y Luis Monroy, así como el sacerdote Jesús Ortega, quien compró fracción por fracción el rancho La Reunión. Junto con ellos muchos otros compraron pequeñas fracciones, de manera que hubo dos procesos paralelos: por un lado, muchos arrendatarios lograron hacerse de una pequeña parcela, pero también algunos de estos propietarios emergentes llegaron a concentrar propiedades relativamente grandes. Ése fue el caso de José de Jesús Domínguez, nieto de José María, quien se casó con María Dámasa Ortega, una sobrina del sacerdote Jesús Ortega. En 1905 murió el padre Ortega, dejando como usufructuaria a María, y quedando como herederos sus hijos: María Soledad, Catalina Rita y Librado Domínguez Ortega. Todos entraron en la herencia menos José, el mayor, quien para ese entonces ya tenía cinco años casado con Josefa Cerda, una de las dos hijas de Feliciano Cerda, el otro gran propietario de las fracciones de la exhacienda de Quirínguaro. Feliciano murió en 1902 dejando como herederas a sus hijas Antonia y Josefa. El 19 de marzo de 1909 falleció Josefa sin dejar testamento. Josefa y José habían procreado a María Gorgonia, Elisa, María Luisa, Josefina, Jesús, Pedro y Antonio Domínguez Cerda. José Domínguez y su cuñada Antonia Cerda se disputaron la parte de la herencia que le correspondía a Josefa.²¹

Antonia movió a sus abogados para lograr que la albacea de los bienes de su hermana fuera su sobrina Elisa. Como eran menores de edad, les consiguió a cada uno un tutor, que fueron los abogados: Efrén Villalón, José Victoria y Guilebaldo Murillo, todos ellos de filiación católica, los cuales no sólo fueron tutores sino también los administradores de sus bienes hasta su mayoría de edad. Antonia Cerda dividió el gran potrero de La Venta, con una parte formó la hacienda La Providencia y la otra la vendió a José María Guizar y Guizar, un comerciante de Pátzcuaro, quien bautizó a su hacienda como “El Carmen”.²²

José María Guizar y Guizar casó con María Trinidad Alejandre (también conocida como María Trinidad Herrera) y bautizaron en Pátzcuaro en 1898 a su hijo José María del Sagrado Corazón de Jesús Guizar Herrera,²³ quien después heredaría la hacienda y sería uno de los líderes principales de la insurrección contra Múgica. ²⁴

Antonia Cerda se quedó con el potrero del Socorro, así como con la mitad del terreno denominado Primera Fracción del Monte de Quirínguaro. En 1907 le vendió la parte sur de estos terrenos a José Trinidad Chávez. Era una propiedad de 250 has que comenzó a ser conocida como el rancho de Santa Genoveva,²⁵ la que después fue comprada por Zacarias Ruelas.

José Domínguez se quedó con terrenos que había comprado a comuneros de Cuanajo y con una parte del monte de Quirínguaro; el resto estaba en manos de Jesús Domínguez Monroy.

La familia Molina se estableció al sur de Cuanajo a finales del siglo XIX. Con el reparto de bienes comunales, poco más de 6 000 hectáreas entraron al mercado de tierras en este pueblo. Arcadio y su familia se dedicaron a comprar terrenos fracción por fracción. Molina estaba casado con Josefina Lemus, con quien procreó ocho hijos; sin embargo, fueron Manuel, Miguel y Ladislao los que junto con su padre comenzaron la compra de tierras. Posiblemente Molina enviudó y contrajo nuevas nupcias con Rafaela Fraga. Sus familiares, Antonio y Florentino Fraga, también acapararon tierras comunales, sólo que éstos actuaban en las inmediaciones de Ihuatzio.²⁶

Estos grupos familiares comenzaron a formar un nuevo estrato de propietarios que carecían de recursos para modernizar sus fincas y mantenían una posición precaria respecto de la posesión de tierras debido a que ocupaban terrenos disputados por ser parte de antiguos bienes de comunidad, o por estar en terrenos limítrofes litigados entre pueblos vecinos, o por ser parte de herencias peleadas por los descendientes. Al sur de Cuanajo, por ejemplo, Arcadio Molina entró en conflicto con Irineo, Pedro y Sacramento Fuentes, quienes, al igual que Molina, compraron tierras comunales en el predio La Joya de la Víbora. Años después, Manuel Molina, en una riña, hirió con arma blanca a Antonio Fraga, quien había sido cuñado de su padre. Manuel lo acusaba de ser amigo de la familia Fuentes, a la que hacía responsable del asesinato de su padre el 5 de abril de 1907.²⁷

Fuente: elaborado por Juan Manuel Mendoza con documentos notariales y bases georreferenciadas de http://datos.ran.gob.mx. Tomado de Mendoza, “Los pequeños propietarios”, p. 364.

Predios, cascos y ranchos de Cuanajo, Tupátaro y haciendas aledañas, 1870 

Con la muerte de Arcadio y el encarcelamiento de Manuel, Ladislao administró las 44 propiedades que había comprado su padre a los comuneros de Cuanajo, iniciando la compra de otras más. Las actividades de Ladislao Molina coincidieron con las de otros personajes parecidos a él, como los propietarios Esteban Reyes, José y Jesús Domínguez, José María Guizar y Zacarías Ruelas Guerrero.

Aparecieron pequeños ranchos de vocación ganadera, que funcionaban principalmente con mano de obra familiar, y los más grandes podían incluso entregar tierras a grupos de aparceros que les trabajaban a medias. Por ejemplo, Ladislao Molina concentró entre 1907 y 1920 casi dos mil hectáreas, las cuales habían pertenecido a la comunidad indígena de Cuanajo. Éstas se ubicaban principalmente en el predio de Inguarán y en los predios comprendidos entre los cerros de Curameo, Zimbicho y Santa Juana. José María Reyes primero arrendó y luego compró cada una de las 57 fracciones del Plan Tupátaro, que habían pertenecido a los parcioneros de ese pueblo. Reyes y Andrés Flores Emeterio compraron buena parte del predio de Inguarán, que había estado en disputa entre los pueblos de Tupátaro y Cuanajo. Los pequeños propietarios destensaron los conflictos mediante contratos de aparcería, de manera que muchos de los parcioneros accedieron a porciones de tierras que las habían perdido luego del reparto de bienes de comunidad.²⁸

Fortalecer la seguridad de las propiedades se volvió una necesidad para esos propietarios una vez que el estallido de la Revolución aumentó el tránsito de grupos armados por los caminos rurales. Molina, quien mantenía una buena posición en Cuanajo, sobre todo con aquellos aparceros sin tierras que trabajaban para él, no tuvo problema en participar de la formación de la defensa civil de Pátzcuaro y quedar al frente de la misma.

La formación de defensas civiles había sido promovida por Enrique Estrada, militar designado por Venustiano Carranza como jefe de operaciones militares en el estado, en octubre de 1917.²⁹ Su encomienda fue combatir a las fuerzas de José Inés Chávez, por lo que se dio a la tarea de formar defensas civiles en varios puntos. La de Pátzcuaro, si bien fue formada por Estrada, quedó bajo las órdenes de Benigno Serrato, quien era jefe de la guarnición militar de la ciudad y quien delegó en el mayor José Carrillo Arriaga la coordinación operativa de la misma.³⁰

La predisposición gubernamental para la formación de agrupaciones armadas, que algunos llamaban acordadas, otros les decían rurales o policía rural,³¹ posibilitó la asociación de 3 a 15 personas que, si bien no recibían sueldo, sí tenían el derecho a recibir un arma y un caballo.

Con la llegada del constitucionalista Pascual Ortiz Rubio a la gubernatura de Michoacán, comenzó un reparto moderado de tierras. En 1918, el pueblo de Huiramba recibió en dotación 1 775 hectáreas, mismas que no pudieron ocupar porque la falta de ingenieros detuvo el acto de entrega.³² La ocupación de esas tierras tendría que esperar más tiempo debido a que el 23 de abril de 1920 Ortiz Rubio respaldó el Plan de Agua Prieta, que desconocía como presidente a Venustiano Carranza. Ortiz Rubio declaró a su gobierno en rebeldía, para lo cual se apoyó en la defensa civil de Pátzcuaro y en otros contingentes armados integrados por varios propietarios que estaban en la lista de afectados por el reparto. Para los propietarios la alianza militar garantizaría el olvido o la morosidad de los trámites agrarios; no obstante, Ortiz Rubio dejó la gubernatura y fue nombrado secretario de Obras Públicas por el presidente interino Adolfo de la Huerta. La gubernatura quedó en manos de varios funcionarios hasta que el general Lázaro Cárdenas, quien para ese momento era jefe de operaciones militares del estado, asumió el cargo de gobernador, en tanto que se realizaban nuevas elecciones. La cercanía de Cárdenas con Múgica favoreció que, en las disputadas elecciones, el grupo de Múgica asumiera la gubernatura, dejando inconformes a los propietarios arriba aludidos, quienes habían dado su respaldo al opositor Porfirio García de León.³³

Como gobernador, Múgica puso en práctica algunos postulados de la Constitución de 1917, bajo los ejes de educación, reforma agraria, laboral, fiscal, cruzada anticlerical y autonomía política, algunos de los cuales ocasionaron enfrentamientos en el estado.³⁴ En el ramo del fomento puso especial atención a la dotación de tierras a las comunidades, para lo cual era necesario fraccionar los latifundios, reorganizar la Comisión Agraria Local y reglamentar el artículo 123. Para consolidar a los nacientes comités agrarios como un sólido contrapeso, los organizó como defensas civiles. Durante el poco tiempo que estuvo a cargo de la gubernatura pudo repartir una considerable cantidad de tierras, casi todas en el centro de la entidad.³⁵

Múgica también implementó una política anticlerical, que incluía la prohibición de manifestaciones religiosas fuera de los templos, el cierre de escuelas religiosas y la confiscación de inmuebles religiosos para fundar escuelas. La Iglesia reaccionó en contra, organizando marchas de protesta, e incluso toleró levantamientos armados de grupos católicos.³⁶

Desde el inicio de su gobierno Múgica retomó el programa agrario y comenzó la entrega de tierras a aquellos solicitantes que ya tenían resoluciones favorables. El gobernador buscó armar a los comités agrarios a fin de que colaboraran con el gobierno para la defensa del programa agrario. Estas acciones tensaron la relación entre los comités agrarios recién armados por Múgica y las defensas civiles y acordadas dirigidas por pequeños propietarios.

Para los pequeños propietarios el reparto de tierras abría la posibilidad de que los aparceros residentes en pueblos como Cuanajo, Opopeo, Tupátaro o Huiramba, se convirtieran en solicitantes de tierra y dejaran de formar parte de sus clientelas. Armar a los comités de solicitantes era la antesala de la medición y entrega de tierras, por lo que las dificultades aparecieron casi de inmediato.

Ignacio Murillo, ingeniero comisionado para la entrega de tierras en Opopeo, el 16 de febrero de 1921, quien para ese momento era el presidente de la Comisión Local Agraria, le dirigió una carta al gobernador Múgica para comunicarle que el 29 de enero se había trasladado al pueblo de Opopeo, municipio de Santa Clara del Cobre, para formar el proyecto de do tación de tierras. Solamente dio aviso al administrador de la hacienda de Casas Blancas y a los ciudadanos José García y Vicente Tinoco, dueños del Tepeyac. Al amanecer del sábado 12, Murillo y su hermano José se hallaban en Opopeo, hospedados en la casa de Bonifacio Zinzún, hermano de Felipe Zinzún, representante de los indígenas de ese lugar, cuando Ladislao Molina, al frente de 80 a 100 hombres, atacó a los voluntarios, concentrándose el fuego donde se encontraba Murillo. Entre 10 y 15 personas rodearon la casa y dispararon contra la misma, ordenando que salieran Ignacio Murillo y su hermano.³⁷

Cuando salieron, uno de los hombres, que se encontraba en estado de ebriedad, intentó fusilarlos al momento, pero entre los atacantes había un conocido del hermano de Ignacio Murillo, quien respondió por él. También es posible que el propio Ladislao Molina y varios integrantes del grupo armado reconocieran al agrimensor como pariente de la familia Murillo, quienes eran propietarios al sur de Santa Clara, entre Turirán y La Palma, o posiblemente fueran conscientes del posible parentesco con Guildebaldo Murillo, el abogado de Jesús Domínguez y sus hermanos, quienes eran propietarios en la exhacienda de Quiringuaro y además eran cercanos a Ladislao Molina.³⁸

Acto seguido, unos seis o siete hombres entraron a la casa y sacaron a Felipe Zinzún para asesinarlo a balazos, a unos veinte metros del lugar. Volvió luego el hombre alcoholizado e intentó fusilar a los Murillo, pero el administrador de la hacienda Casas Blancas se opuso. Fueron llevados en calidad de presos a la expresada hacienda y en el camino se encontraron a Ladislao Molina, quien les manifestó que contaba con todas las garantías de que salieran con vida. En el camino de la casa a la hacienda fueron hechos prisioneros varios vecinos. A Murillo, Molina le facilitó una escolta para que recogiera sus cosas y lo dejó libre, después de manifestarle que su misión no era afectarlo. A decir del ingeniero, algunos de los hombres que estaban al mando de Molina eran arrendatarios de la hacienda de Casas Blancas, que se veían afectados por la dotación que se pretendía hacer.

El reparto de tierras en la zona no sólo afectaba a los hacendados y arrendatarios de Casas Blancas, sino a los integrantes de la familia Molina, pues Ladislao, sus hermanos y algunos de sus tíos ocupaban las tierras al sur de Cuanajo entre Opopeo y Santa Clara. Para ellos, los aparceros sin tierra eran fundamentales para sostener las defensas civiles, así como los ingresos derivados de los contratos de aparcería. La creación de comités agrarios y el hecho mismo de que les otorgasen armas y tierras implicaba cambios en la composición de las relaciones de poder, que amenazaban sus formas de vida y trabajo.³⁹

Molina se justificó con el ingeniero Murillo diciendo que su intención era aprehender a José Vázquez, tío de Felipe Zinzún, por su supuesta responsabilidad en el robo de fuertes cantidades de dinero consignado a una hacienda de dicho poblado. Según Murillo, Vázquez ya había sido capturado en Pátzcuaro el miércoles 9 del mismo mes. Después se supo que había sido asesinado por Ladislao Molina y sus hombres.

José Vázquez Alcalá era un abogado mestizo y líder de la comunidad de Opopeo. Él había organizado a treinta vecinos para iniciar los trabajos de reparto de una parte de la hacienda de Casas Blancas, propiedad de Luis Ortiz Lazcano. Cuando los agrimensores dirigidos por Ignacio Murillo llegaron a Opopeo, en enero de 1921, Vázquez les proporcionó una escolta armada para que pudieran trabajar y les consiguió que se hospedaran en la casa de Felipe Zinzún, otro de los líderes locales. El 9 de enero Ladislao Molina y su gente apresaron a Vázquez y lo trasladaron a Pátzcuaro por una serie de supuestos delitos. La noche del 11 de enero lo sacaron de la cárcel y le aplicaron la ley fuga, una artimaña común utilizada para deshacerse de prisioneros con el pretexto de haberles disparado mientras intentaban escapar.⁴⁰ Al día siguiente fue cuando se dio el asesinato de Felipe Zinzún y cinco personas más, entre ellos Bonifacio Zinzún, Valerio Martínez y Donaciano Martínez.

En su declaración, Ignacio Murillo narró los acontecimientos de la siguiente manera:

[En Opopeo, Molina] dividió a sus hombres en cuatro columnas para que rodearan la casa de Zinzún, disparando sobre ella y matando a cuatro agraristas armados que la custodiaban. Zinzún pronto se rindió y los hombres de Molina lo aprehendieron y junto a un hermano y un sobrino, los que fueron arrastrados afuera [de su casa]. Los hombres de Molina entonces exclamaron ¡Les daremos sus tierras! disparándoles en el sitio donde se encontraban. Una cuñada de Zinzún murió pocos días después por las heridas recibidas durante el enfrentamiento.⁴¹

De igual manera, las autoridades de Huiramba remitieron el 24 de febrero un informe al jefe de operaciones militares de la zona, José Rentería Luviano, para que diera órdenes a Molina de que no entorpeciera los trabajos del reparto. En otro oficio, la misma Comisión pidió al secretario general del Gobierno del Estado de Michoacán la captura de Ladislao Molina, José María Guizar, Eleodoro Ponce de León y Jesús Domínguez, por impedir los trabajos de dotación de tierras. No obstante, el encargado de operaciones militares en el estado, el coronel Francisco Cárdenas, hizo caso omiso y centró su atención en el líder agrario José Vázquez.

El agrimensor no pudo terminar su dotación por no contar con garantías, por lo que le dijo al gobernador que para hacerlo tenía que desarmar a los defensas. Múgica le respondió que para ese momento no era oportuno el desarme inmediato de la defensa civil de Pátzcuaro al mando de Ladislao Molina Lemus, hasta que la Secretaría de Guerra y Marina y las autoridades judiciales respectivas hicieran las investigaciones necesarias.⁴²

El 23 de marzo de 1921 el representante de los indígenas en Huiramba denunció que Ladislao Molina, pistola en mano, había impedido el inicio de los trabajos relativos a la dotación de tierras en esta comunidad. Antes de terminar el mes de marzo, el asunto ya lo había tomado un agente del Ministerio Público Federal, quien inició una averiguación en contra de Molina y lo llamó a comparecer, pero el acusado nunca se presentó. Casos similares ocurrieron posteriormente en el predio Las Tijeras, al sur de Tupátaro, donde los ingenieros encargados del reparto tuvieron que abandonar sus funciones por falta de garantías, ante la amenaza de grupos armados encabezados por Molina (véase la figura 1).⁴³

Los caminos de la participación política y el peso de las lealtades: la rebelión antimugiquista

Los opositores a Francisco J. Múgica comenzaron una campaña organizada contra el gobierno estatal, paralizando las actividades productivas y apoyando movimientos sediciosos para derrocar al gobernador. Dichos movimientos fueron en parte promovidos desde el centro, debido a que Múgica se opuso a la centralización política operada por el gobierno de Obregón. Uno de los espacios de esta disputa se expresó en la movilización política de dos tipos de grupos armados: los creados por el gobierno federal durante la revolución (defensas civiles controladas por los pequeños propietarios) y las defensas formadas por los comités agrarios, las cuales eran respaldadas por el gobernador.

Fuente: AHUNAM, ARA-1085.jpg

Figura 1 Fotografía de Ladislao Molina. 

Los primeros mantenían vínculos de origen con Enrique Estrada, quien había sido jefe de operaciones militares entre octubre de 1917 y julio de 1918.⁴⁴ Con la llegada de Obregón a la presidencia y tras la súbita muerte del general Benjamín Hill, el general Estrada ascendió a secretario de Guerra y Marina, cargo que desempeñó de enero a diciembre de 1921. Es muy probable que ante las diferencias entre Obregón y Múgica, hacia finales de 1921 el referido general fuese pieza clave de la planeación de las insurrecciones ocurridas en contra del gobernador Múgica, considerando que en ese momento era el superior inmediato del jefe de operaciones militares de Michoacán, el general Alfredo C. García, y que el mismo Estrada había sido enviado por Obregón a Morelia para resolver la rebelión; sin embargo, éste declaró que la rebelión no era contra el gobierno federal sino que era un problema local, por lo que se negó a intervenir. Con lo anterior, Estrada creaba las condiciones para que Múgica dejara la gubernatura.⁴⁵

La capacidad de Estrada para organizar y movilizar a estos grupos no hubiese sido posible de no existir, al menos para el centro de Michoacán, fuertes tensiones entre los grupos armados de pequeños propietarios y las defensas que protegían a los comités agrarios. Sus intereses encontrados giraban en torno a la oposición o el apoyo a la reforma agraria mugiquista. Además, muchos de estos pequeños propietarios, al estar vinculados a sacerdotes, también se oponían a los proyectos del gobernador en materia educativa y laboral.

En el mes de febrero de 1921 Eduardo Hernández y Martín Castrejón se habían levantado en armas contra el gobierno de Múgica en Zamora. Lo mismo hicieron autoridades del ayuntamiento de Tuzantla. Casi al mismo tiempo, el gobernador reportó un complot por parte de civiles de Tingüindín, un levantamiento de quince individuos en Pátzcuaro dirigidos por una persona de apellido Cerón y un despliegue de cien hombres en Indaparapeo. Movimientos similares surgieron en Turicato, donde asesinaron a varios miembros de la defensa rural integrada por agraristas. El 5 de febrero de 1922 el jefe municipal de Acuitzio, Federico Domínguez, informó al inspector de policía de Morelia que ese día por la mañana se había levantado en armas toda la caballada de la hacienda de Lagunillas.⁴⁶ En Panindícuaro, el dirigente fue Alfredo Guerrero, mientras que en Tacámbaro, Maravatío, Zinapécuaro y Zitácuaro, los disidentes estuvieron al mando de Francisco Cárdenas “El Guango”. En Uruapan, el hacendado Melchor Ortega y sus seguidores redactaron un manifiesto desconociendo a Múgica como gobernador; en Coeneo se pronunció el propietario rural Severino Herrera Reyes, en Tacámbaro se rebeló Trinidad Rodríguez, y en Apatzingán, Parácuaro y Turicato hubo otros levantamientos.⁴⁷ En este último lugar, miembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) mataron al jefe de defensa de aquella tenencia.⁴⁸ También surgieron rebeliones en la Ciénega de Zacapu, Morelia, Huiramba, Cuitzeo y otros lugares.⁴⁹

En Pátzcuaro la rebelión también fue dirigida por el presidente municipal José María Guizar, quien junto con un grupo de rebeldes de Panindícuaro cortaron las vías de comunicación con Morelia y dirigieron acciones violentas en varios pueblos de la región lacustre de la entidad. En este lugar y otros se hablaba de propietarios que armaban a su gente para intimidar a los campesinos. El más conocido fue Ladislao Molina, a quien se le acusaba de ser pagado por los hacendados de la región de Pátzcuaro y ser apoyado por el presidente municipal.⁵⁰

El 10 de febrero de 1922, Gabino R. Alcaraz, jefe el 8º cuerpo de defensa civil y acordada de Pátzcuaro, escribió una carta al gobernador Francisco J. Múgica, informando de los rumores de un movimiento sedicioso organizado por Ladislao Molina Lemus, quien acompañado por un grupo de hombres entró a la ciudad en son de guerra. Dijo que en este lugar los alzados, que sumaban unos cuarenta elementos, se hicieron de caballos y lograron que se les unieran al menos cuarenta vecinos, entre los que se encontraban Gilberto Chávez, Rafael Barriga y José María Guizar, presidente municipal de Pátzcuaro. Éste último tomó armas de la presidencia y se hizo acompañar de algunos gendarmes.⁵¹

José María Guizar era propietario de la hacienda del Carmen, cerca de Huiramba, y de otras cinco propiedades, del hotel Guizar y México, así como de una fábrica de aguardiente.⁵² Ejerció como presidente municipal de Pátzcuaro del primero de enero de 1922 al 10 de febrero del mismo año, cuando abandonó su cargo para rebelarse contra Múgica.⁵³ Era pariente de los hermanos Antonio y Rafael Guizar y Valencia, el primero obispo de Chihuahua y el segundo obispo de Veracruz; este último fue perseguido y desterrado durante el conflicto de 1926 a 1929 y la posterior persecución religiosa en Veracruz.

El mismo día que se levantaron en armas, los hombres de Guizar llegaron a la villa de Quiroga y exigieron armas y caballos, según lo informó el presidente municipal de ese lugar, Ramón F. y Fuentes. Continuaron hacia Santa Fe de la Laguna, donde recogieron armas y exigieron a los vecinos doscientos pesos, según declaró el jefe de defensa civil de esta comunidad, Sacramento Hernández.⁵⁴ Tres días después, regresaron a Quiroga y pidieron a los comerciantes del pueblo un préstamo forzoso de cien pesos.⁵⁵ El 13 de febrero el gobernador le pidió al jefe de operaciones militares que desarmara a Guizar apoyándose en Sotero Cuevas, jefe del cuerpo de defensas de Tacámbaro.⁵⁶ El mismo día, el secretario general del gobierno de Michoacán informó al presidente municipal de Quiroga que ya se habían dictado las órdenes para la persecución y exterminio de los rebeldes.⁵⁷

El 14 de febrero los rebeldes dirigidos por el llamado coronel José María Guizar pasaron por Erongarícuaro, donde recibieron armas y caballos. El mismo día, a las seis de la mañana, la partida de rebeldes asaltó la estación de ferrocarril de Ajuno. Según el ciudadano Genaro Rivera, encargado de la estación de ese lugar, los hombres armados lo obligaron a abrir la caja fuerte para llevarse 205 pesos y productos comestibles que iban a ser enviados al señor Julio Leal, dueño de una tienda en Pátzcuaro. También destruyeron aparatos de telégrafo y desclavaron un tramo de la vía del tren y en Zirahuén se reportaron muertos.⁵⁸

Al día siguiente se informó que las fuerzas federales les dieron alcance a los rebeldes en Ario de Rosales, provocando que se desintegraran y huyeran hacia diferentes direcciones. En este sitio hubo un enfrentamiento armado entre las dos facciones en el que resultaron varios muertos y heridos. Según lo comunicó Alcaráz al gobernador, el 15 de febrero, como a las cinco de la mañana, salió de Zirahuén rumbo al pueblo de Ario de Rosales, con las defensas a su mando y con el apoyo del brigadier Francisco Belmar, jefe de la guarnición en Zamora. Iban siguiendo las huellas de los rebeldes que comandaban José María Guizar, Gilberto Chávez y Gabriel Chávez, quienes habían pernoctado la noche anterior en la hacienda de Chuén. Ya en Ario de Rosales, cerca de donde se encontraba la toma de agua potable, tuvieron un encuentro con la avanzada del enemigo. Inmediatamente, el resto de los rebeldes salió del pueblo pretendiendo atacarlos, pero las fuerzas de Alcaraz lograron repeler el ataque, los acorralaron y les dispararon. Lograron la dispersión de los rebeldes, quienes dejaron sus monturas y atravesaron por los potreros a pie o regresaron al pueblo para salir rumbo a Tacámbaro, La Huacana y Nuevo Urecho. Al revisar el campo se recogieron diez cuerpos y muchos otros se encontraron entre los trigales y barrancas. Por la parte de la gente de Alcaráz, Dionisio Acevedo murió en las inmediaciones de la hacienda de Ixtaro y quedó un soldado herido.⁵⁹

En Ario se tuvo conocimiento de que Florencio Carmona y Octaviano González, jefes de un cuerpo de defensa que se encontraba repartido entre Nuevo Urecho y la Hacienda de Tipitarillo, tenían la intención de levantarse en armas. La sospecha se había generado tanto por sus ideas contrarias al gobierno local como porque últimamente habían estado recogiendo armas y cabalgaduras que tenían entre vecinos de la ranchería del Calvario. Alcaráz comunicó al general Francisco J. Belmar estos informes y la conveniencia de desarmar al cuerpo de defensa, pero, aunque Belmar aprobó la idea, no quiso proceder debido a que tenía como prioridad seguir a los alzados Guizar y Chávez. En opinión de Alcaraz, el gobernador debería pedirle al jefe de operaciones que desarmara a dicha defensa antes de que tomaran una actitud hostil.⁶⁰

La realidad es que Múgica nunca tuvo un buen entendimiento con el jefe de operaciones militares en Michoacán, el general Alfredo C. García, por lo que las acciones solicitadas por el gobernador no se ejecutaban o siempre eran cuestionadas por García. El 5 de abril de 1921 por ejemplo, el gobernador solicitó al general García el desarme de las defensas civiles de Nuevo Urecho y Tipitarillo, que estaban al mando de Octaviano González y Florencio Carmona, a lo cual el general le respondió que ya los había citado para investigar su comportamiento. Múgica le recordó que él no era investigador y que pediría a la Secretaría de Guerra y Marina que lo hicieran. García replicó que no los detendría sin investigar a lo que Múgica respondió pidiéndole que si no pensaba cooperar no obstaculizara las acciones.⁶¹

Era evidente que Múgica tenía diferencias con el presidente Obregón y con el secretario de Guerra Enrique Estrada, quienes obstruían el funcionamiento de su gobierno y posiblemente estuvieran detrás de las insurrecciones. En vista de que las hostilidades de estos grupos no fueron controladas por los militares, el primero de marzo de 1922 Múgica solicitó a la legislatura local la aceptación de su renuncia o que le otorgaran una licencia temporal para dejar el cargo. Se le aceptó una licencia de un año y en su lugar se nombró gobernador interino a Sidronio Sánchez,⁶² pero poco después de que regresó a tomar su cargo, por mandato de la Suprema Corte de Justicia fue acusado de usurpación de funciones y aprehendido por Miguel Flores Villar, quien se dice que por órdenes de Lázaro Cárdenas encubrió su fuga cuando era trasladado a la ciudad de México.⁶³

Una vez que Múgica solicitó licencia, el general Estrada, quien dejaba la Secretaría de Guerra para asumir la jefatura militar de Jalisco, todavía tuvo la encomienda del presidente de desarmar a las defensas civiles que habían protagonizado las insurrecciones. Sin embargo, hizo diversos acuerdos con estos grupos y de manera extraoficial sustituyó sus armas viejas por nuevas.⁶⁴ Las relaciones clientelares entre el general Estrada y los grupos armados de pequeños propietarios quedaron evidenciadas en diciembre de 1923, cuando como jefe de operaciones militares de Jalisco desconoció la candidatura de Plutarco Elías Calles a la presidencia y se declaró en rebeldía. Muchos de los referidos grupos armados del centro de Michoacán desconocieron a Obregón para brindar respaldo militar al general Estrada.⁶⁵

En referencia al levantamiento de Guizar, el 25 de febrero de 1922 el agente del Ministerio Público del estado, el licenciado Rafael A. Magaña, impuso una orden de detención en su contra por el delito de rebelión.⁶⁶

A decir de Guerra Manso, desde que Alfredo C. García fue nombrado jefe de operaciones militares en Michoacán, en diciembre de 1920, él y los siguientes militares que tomaron el cargo apoyaron a los hacendados, promovieron el desarme de las defensas sociales locales mugiquistas, protegieron a grupos rebeldes y se opusieron a la reforma agraria, golpeando a los grupos que estaban a favor de ella.⁶⁷ Fue precisamente Estrada quien declaró nula la acción penal contra Guizar el 24 de abril de 1922, dada la Ley de Amnistía que concedió el presidente de la República por conducto del Cuartel General de la 2ª División del Noroeste del Ejército Nacional y de acuerdo a lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 37 del código de Procedimientos Criminales.⁶⁸

Luego de su insurrección y su amnistía José María Guizar fue visto por un grupo de norteamericanos y empresarios mexicanos como alguien que podría ayudar a ganar adeptos a la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta. En un carta encriptada dirigida al señor Richard Williams, de Nueva Orleans, el 6 de octubre de 1922, un espía que firmó como J. Espinosa le informa que tuvo una larga conferencia con José María Guizar, de quien tenía magníficos informes, pues era un hombre prestigioso, con algunos bienes de fortuna, pariente del obispo de Veracruz.⁶⁹ Lo describe como un hombre joven de acción, pues fue él quien inició y llevó a cabo la revolución en Michoacán para derrocar con éxito al gobernador “volsheviqui” Múgica, y como dispuesto a servir a la causa; pero la experiencia que tuvo le aconseja no lanzarse sin elementos. La carta deja en evidencia una conspiración para apoyar la rebelión delahuertista contra los planes de Obregón de llevar a la presidencia a Elías Calles. Según el informe de Espinosa, Guizar dijo que podía “levantar en poco tiempo unos ocho mil hombres, pero que necesita armas y parque, y que con estos elementos está seguro de levantar la cifra mucho mayor para controlar dicho Estado”. Agregó que sólo esperan que pueda viajar a México y poner en sus manos los expresados elementos. En el resto de la carta habla de un movimiento revolucionario y menciona varios nombres, como Cástulo Pérez, Murguía (Francisco), Eduardo Rodríguez, Torruco (Benito), Caraveo (Marcelo), Lárraga (Manuel), Juan Barrios, Salvador Bárcena, doctor Castillo, Pons (José Graham), Pepe Carral, entre otros.⁷⁰

A pesar del interés de los empresarios por Guizar, éste decidió no involucrarse más en hechos de guerra, permaneciendo al margen de la rebelión delahuertista. Se volvió a integrar a la sociedad patzcuarense, como se ve en una fotografía de 1923 donde se está inaugurando una obra hidráulica frente a la fuente de Santa María (figura 2).

Fuente: cortesía de Bernardo Ramos H.

Figura 2 José María Guizar en la inauguración de una obra material en Pátzcuaro. Foto Rafael, Pátzcuaro, agosto de 1923.⁷¹  

Lo contrario ocurrió con Ladislao Molina y Simón Cortés Vieyra, quienes siguieron al general Estrada. Pero con la derrota de la insurrección, a los propietarios y miembros de las defensas civiles se les concedió una amnistía; sin embargo, el régimen de Calles los veía con desconfianza, por lo que mandó investigar a varios cabecillas; uno de ellos fue Ladislao Molina, quien ante la evidencia incriminatoria por su actuación en la toma de Pátzcuaro optó por levantase en armas, esta vez en el bando cristero (véase la figura 3).⁷² Simón Cortés tomó el mismo camino. Desde esa posición, cada vez más marginal, Ladislao continuó entorpeciendo las acciones del reparto agrario. La llegada de Lázaro Cárdenas a la gubernatura marcó el inicio de un proceso de pacificación de los grupos cristeros que aún no deponían las armas. Simón Cortés las depuso lo hizo e intentó convencer a Molina de hacer lo propio.⁷³ No obstante, prácticamente todos los ranchos que Molina había logrado acumular estaban sujetos a reparto, por lo que continuó con su actitud hostil hacia los agraristas hasta su muerte en combate el 21 de junio de 1929.

Fuente: Archivo particular de José Carrillo Ambriz.

Figura 3 Ladislao Molina se entrevista con José Carrillo Arriaga en las afueras de Pátzcuaro. Foto Valdés, 14 de julio de 1929. 

A manera de conclusión

La participación política y militar de los grupos citados nos muestra varios matices que podemos considerar. Primeramente, pone en entredicho las versiones que ubican al hacendado y al campesino sin tierras como los protagonistas de un tipo de relación desigual que generó descontento y malestar social. Para el caso de Michoacán, y posiblemente para muchas otras partes del país, existían diversas maneras de acceder a la tierra y diferentes formas de vincularse y tejer relaciones sociales en torno de la propiedad y la posesión de la tierra, por lo que consideramos que el empleo de la categoría campesino ha venido a demeritar todos estos matices necesarios para entender las circunstancias en las que los grupos de cada localidad participaron de la revolución y el agrarismo.

Estos propietarios fueron un grupo emergente que no logró consolidar una buena posición económica a pesar de su activa participación política mediante la formación de grupos armados. La entrega de tierras a ejidos afectó no sólo a los propietarios sino a los arrendatarios y aparceros que trabajaban las tierras comprometidas con el reparto. Ante la posibilidad de verse privados del acceso a la tierra, éstos respaldaron las posturas políticas de sus patrones. Hacen falta estudios que analicen las relaciones familiares y clientelares entre los parcioneros que habitaban rancherías de reciente creación y los propietarios de ranchos, pues entre ellos había parentescos, compadrazgos, solidaridades y prácticas sociales y religiosas compartidas. Debido a ello, las disputas entre propietarios y el gobierno agrarista de Múgica no fueron únicamente para defender la propiedad privada frente a la propiedad ejidal; también fueron disputas por las clientelas políticas que accedían a esas tierras. En el caso de los pequeños propietarios, sus aparceros eran su principal respaldo político, económico y militar, en tanto que para el gobierno representaban posibles clientelas políticas que serían integradas al aparato institucional construido por los gobiernos de la posrevolución (formación de ejidos y sindicatos agrarios).

Por lo anterior, las insurrecciones que culminaron con la licencia del gobernador Múgica no sólo fueron el resultado de las diferencias de orden político entre presidente y gobernador; también se expresaron a nivel local con el antagonismo entre las defensas civiles armadas por los pequeños propietarios y leales a la presidencia, y las que formó Múgica con campesinos sin tierra como parte de su proyecto de reforma agraria.

A partir de 1928, Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, sería el encargado de desarmar a los últimos reductos de estos grupos refugiados en el bando cristero. Así, el desarme y el debilitamiento económico y político de los mismos se llevó a cabo mediante el reparto de una parte de sus propiedades. Ello le permitió a Cárdenas despejar el camino para continuar con su reforma agraria, usando la vieja fórmula de formar comités agrarios y defensas rurales para protegerlos. Así, Cárdenas desde su etapa de gobernador disolvió a los grupos político-militares que en el estado habían apoyado al grupo sonorense. Parte fundamental de este proceso fue favorecer la inclusión de los aparceros y otros grupos desplazados por el reparto de bienes comunales dentro del programa de reparto agrario gubernamental.

Para el gobierno los pequeños propietarios al oriente de Pátzcuaro seguían siendo una posible amenaza, pues muchos de ellos se integraron dentro de formas de organización católicas que tiempo después darían forma al movimiento sinarquista en Michoacán. Debido a ello, el acotamiento de sus propiedades y el gradual desmantelamiento de las formas de aparcería dieron paso a la formación del ejidatario minifundista.