Jacobinos contra renovadores en el constituyente

El antecedente que explica buena parte de las pugnas que dividieron a los diputados de la XXVII Legislatura es el conflicto que tuvo lugar en el Congreso Constituyente entre los bloques identificados como renovadores y jacobinos. Los renovadores eran el grupo de diputados más cercanos a Venustiano Carranza y sus figuras más destacadas eran Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Félix Palavicini, Alfonso Cravioto y Gerzayn Ugarte. Ellos habían formado parte de la XXVI Legislatura, donde junto con otro destacado miembro de ese grupo, Luis Cabrera, habían apoyado desde el congreso las iniciativas del presidente Francisco I. Madero. Se denominaron a sí mismos renovadores para diferenciarse de los diputados afines al régimen porfirista.³ En el Constituyente, ese grupo de liberales moderados defendió el proyecto de reformas constitucionales presentado por Carranza, redactado por Rojas y Macías; Rojas fue elegido presidente de ese Congreso.

El otro grupo, más numeroso, entre cuyos líderes se encontraban Francisco J. Múgica, Heriberto Jara y Rafael Martínez de Escobar, se autodefinió como jacobino para diferenciarse del liberalismo moderado de los renovadores. Fueron ellos quienes impulsaron un contenido social más radical en la Constitución, que rebasó el proyecto de reformas constitucionales presentado por Carranza y defendido por el núcleo de los renovadores en temas como la educación, la relación Estado-iglesias, el trabajo, la tierra y la soberanía de los recursos naturales.⁴

Los enfrentamientos entre ambos bloques comenzaron en la discusión de las credenciales de los presuntos diputados, cuando los jacobinos trataron de impedir que se aceptara a los renovadores, a quienes acusaron de contrarrevolucionarios y de haber legitimado al gobierno de Victoriano Huerta al aceptar la renuncia de Madero y permanecer en el Congreso hasta que fue disuelto por el dictador.⁵

Carranza, al tener conocimiento de que se buscaba impedir el acceso de los renovadores, envió una carta al Congreso en la que hizo saber que él, como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, había instruido a los renovadores permanecer en el Congreso para oponerse desde ahí al gobierno de Victoriano Huerta, lo cual hicieron, incorporándose después algunos de ellos al constitucionalismo.⁶

Los renovadores se defendieron: aceptaron la renuncia de Madero para tratar de salvarle la vida. Su error, al igual que el de Madero, había sido confiar en Huerta. Francisco J. Múgica, líder de los jacobinos, aclaró que no se oponían a todos los renovadores, sino a dos de ellos, Palavicini y Macías, a quienes acusó de porfiristas. Adujo que, aunque Carranza los apoyara, el Congreso debía defender los principios y sostener su independencia. Puso en duda la instrucción esgrimida por el Primer Jefe para que permanecieran en el Congreso, pues eso contradecía al Plan de Guadalupe, documento que desconoció a todos los poderes federales y locales que, después de un mes de su proclamación, no hubieran desconocido al gobierno usurpador.⁷

Los jacobinos eran respaldados por la mayoría de los presuntos diputados, por lo que era previsible que los planes del Primer Jefe en el Congreso se vieran comprometidos si eran rechazados los renovadores. Ante ello, Cándido Aguilar, quien había pedido licencia como secretario de Relaciones Exteriores y era además yerno de Carranza, tuvo una intervención decisiva en la que denunció el complot, orquestado por Obregón y Jesús Acuña, secretarios de Guerra y de Gobernación, para impedir el acceso de los renovadores.⁸

Esa intervención inclinó la balanza para que fueran aceptados todos los renovadores, quienes hicieron una destacada labor para defender las propuestas de Carranza en el Congreso. Sin embargo, la división entre ambos bloques se mantuvo y tuvo momentos delicados, sobre todo en la discusión del artículo 3º, relativo a la educación, en donde el anticlericalismo de los jacobinos se impuso. El artículo 3º aprobado estableció la educación primaria oficial como laica, obligatoria y gratuita, y además excluyó al clero de cualquier participación en el proceso educativo. El artículo 130 suprimió la personalidad jurídica y los derechos políticos de las organizaciones religiosas, ratificando la supremacía del Estado sobre las iglesias.⁹ Los renovadores y Carranza mismo, aunque aceptaron su derrota, no estuvieron de acuerdo con ese contenido anticlerical de la Constitución. Al clausurarse el Congreso, Luis Manuel Rojas entregó la Constitución aprobada al Primer Jefe para que la firmara y jurara. Carranza, al recibir la Constitución, antes de protestar cumplirla y hacerla cumplir, señaló: “Sean cuales fueren los defectos que por deficiencia o exceso pueda tener la obra a que dais cima en estos momentos, hay en ella una prenda que asegurará para lo futuro su estabilidad”.¹⁰

La división entre ambos bloques enriqueció los debates. Tuvieron lugar memorables discusiones. Al final, pudieron salvar sus diferencias y aprobaron una constitución de fuerte contenido social, que incorporó como derechos las principales demandas sociales, agrarias, laborales y educativas de la Revolución.

No obstante, aunque se concentraron en sacar adelante la Carta Magna, la división entre ambos bloques se mantuvo. A menudo se ha sostenido que los diputados jacobinos eran obregonistas, pero eso no fue así. La mayoría de ellos eran independientes y sólo algunos eran muy cercanos al general sonorense, como Rafael Martínez de Escobar, Juan de Dios Bojórquez, Amado Aguirre, Luis G. Monzón y Esteban Baca Calderón. Más bien fue Obregón quien respaldó a los jacobinos por identificarse con sus posturas de reforma social y para distanciarse del Primer Jefe y disputarle su liderazgo. El nombre de Obregón apareció con frecuencia en las discusiones en el Congreso, sobre todo en boca de los renovadores, quienes denunciaron que Obregón estaba detrás de los jacobinos para infligirle una derrota política al Primer Jefe. Y había elementos para alimentar esas sospechas, pues el héroe de Celaya intervino directamente contra los renovadores. El 20 de diciembre de 1916, envió al Congreso una carta en la que expuso:

1°.- Que los repetidos diputados renovadores colaboraron con Huerta y de hecho sancionaron sus actos criminales, por espacio de medio año. 2°.- Que si posteriormente hicieron alguna labor en contra de Huerta, son merecedores [… ] a un nuevo cargo que antes de ahora no se había hecho pesar sobre ellos, esto es: haber traicionado a huerta.¹¹

Esa división no concluyó con el Constituyente. El día de su clausura, 97 diputados jacobinos hicieron pública una carta en la que acusaron a los renovadores de retardatarios, obstruccionistas y calumniadores. Afirmaron:

Ya sabe, pues, el pueblo mexicano, qué labor tan nefasta pretendieron hacer los políticos de oficio, que perteneciendo a la XXVI Legis la tu ra, no tuvieron valor para imitar a los renovadores que se fueron al campo de batalla, ni con mucho el de imitar a Belisario Domínguez en su labor resplandeciente [… ] no supieron coadyuvar con los revolucionarios de verdad a hacer más completa y en mejor forma la Constitución que se acaba de firmar, sino que dedicaron todo su tiempo, su experiencia, sus decantadas luces y sus esfuerzos [… ] a intrigar, a entorpecer, a dividir para quedarse dueños del campo, para atribuirse todas las reformas, para apoderarse de la opinión pública, y hacerla instrumento de sus bastardas inclinaciones e insaciables ambiciones.

Los diputados jacobinos, aprestándose para la siguiente batalla política, buscaban también descalificar a los renovadores en las inminentes elecciones para la XXVII Legislatura, concluyendo que: “Los hombres funestos, intrusos en la Revolución, dueños de periódicos falsarios, explotadores del poder, no son dignos de figurar en ningún puesto de elección popular, ni en ningún empleo administrativo, porque sólo atenderán a su interés y provecho personal”.¹²

En ese ambiente crispado tuvieron lugar las elecciones para la nueva legislatura, que sería la primera legalmente constituida después de la disolución del Congreso por Huerta en octubre de 1913.

Las juntas preliminares en la XXVII legislatura. La legitimidad revolucionaria

Proclamada la Constitución, que entraría en vigor el 1º de mayo de 1917, era necesario restablecer plenamente el orden constitucional con la elección de los poderes federales Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El todavía Primer Jefe emitió la convocatoria para elegir al presidente de la República y el Congreso federal el 6 de febrero. Las elecciones se efectuaron el 11 de marzo.

El 2 de abril de 1917 dieron comienzo las juntas preparatorias con 120 de los presuntos diputados de la XXVII Legislatura. Resultó electo presidente de la mesa directiva el abogado Hilario Medina, uno de los más destacados diputados en el Congreso Constituyente, donde se distinguió por sostener una postura independiente, progresista, con lo que obtuvo el respeto tanto de los radicales como de los moderados y quien por esos días tenía un acercamiento al Partido Liberal Constitucionalista. A continuación se eligió la primera comisión revisora de credenciales, que analizaría los expedientes remitidos por las autoridades electorales, verificaría los votos e impugnaciones y emitiría un dictamen para aprobar o rechazar la elección. En caso de aceptarse su dictamen, el ganador era declarado diputado. Quienes formaron la primera comisión revisora, dividida en cinco secciones, fueron Juan Zubarán, Antonio Ancona Albertos y Jonás García para la 1ª sección; Ernesto Aguirre Colorado, Flavio Pérez y José D. Ramírez Garrido para integrar la 2ª; Miguel Alonso Romero, Joaquín Aguirre Berlanga y Francisco Arreola Rubio para la 3ª; José Siurob, Daniel Sánchez y José Morales Hesse para la 4ª, y Filomeno Mata, Julio Zapata y Rafael Vega Sánchez para la 5ª. Aunque se buscó que esa comisión fuera plural y reflejara la armonía de los distintos grupos constitucionalistas, la mayoría de ellos pertenecían al Partido Liberal Constitucionalista y no había ninguno cercano al presidente Carranza.

La calificación comenzó el 8 de abril. De inmediato se presentó el primer problema político. Alfonso Cravioto, uno de los colaboradores más cercanos a Carranza, diputado constituyente y figura del grupo renovador, informó que otro miembro de ese grupo, Félix Palavicini, también presunto diputado, había sido apresado por publicar un artículo contra el ejército en El Universal, periódico que dirigía. Por instrucciones de Álvaro Obregón, secretario de Guerra y Marina, Palavicini había sido encarcelado y sería juzgado por un tribunal militar. Ante esa noticia, todos los presuntos diputados respaldaron al detenido, formaron una comisión para solicitar a Carranza su liberación y argumentaron que debía respetarse el fuero constitucional. La comisión salió a entrevistarse con el titular del Ejecutivo. Mientras eso ocurría, el pleno discutió el primer dictamen, correspondiente al 3er distrito electoral del Distrito Federal, donde contendieron el periodista Filomeno Mata contra Gerzayn Ugarte, otro destacado renovador, diputado constituyente y secretario particular de Carranza. Los dos candidatos habían impugnado la elección por violencia contra sus seguidores. El juez de distrito le había dado la razón a Ugarte, pero la comisión revisora consideró infundada la impugnación y ratificó el triunfo del periodista. Sin discusión, el pleno aprobó la credencial de Filomeno Mata. Cuando regresó la comisión que había ido a ver a Carranza (quien ordenó liberar a Palavicini ese día), Cravioto impugnó esa aprobación, alegando que tenía pruebas de que el triunfo de Mata había sido fraudulento, pero no se le dio curso a su protesta. El siguiente dictamen, aprobado sin discusión, fue el del segundo distrito del Distrito Federal, que dio el triunfo a Rafael Martínez de Escobar, destacado líder del ala jacobina en el Congreso Constituyente, cercano a Álvaro Obregón y enemigo vociferante de los renovadores. El derrotado fue otro personaje relevante del carrancismo: Alfredo Breceda, quien había sido secretario particular de Carranza, firmante del Plan de Guadalupe y gobernador provisional de Coahuila. De ese modo, el primer día quedaron fuera, sin discusión, dos figuras importantes con las que Carranza buscaba fortalecer su posición en el Congreso. Las siguientes credenciales aprobadas fueron las de dos destacados obregonistas: Jesús Acuña, secretario de Gobernación de Carranza cesado por éste cuando se comprobaron sus maniobras para impedir que los renovadores fueran aceptados en el Congreso, y Emilio Portes Gil. También fue aceptado uno de los mejores tribunos legislativos, el abogado Jesús Urueta, miembro del PLC y cercano a Pablo González. La única credencial aprobada ese día de uno de los hombres de Carranza fue la de Alfonso Cravioto. Así, desde el primer día quedó claro que la relación de Carranza con el legislativo no sería fácil. Los obregonistas, gonzalistas e independientes del PLC habían preparado mejor la elección; muchos de sus candidatos triunfaron en sus distritos y contaban con mayoría, tanto en la comisión revisora de credenciales como en el pleno.

Los planes del Varón de Cuatro Ciénegas sufrieron otro descalabro en la siguiente sesión. La credencial que daba el triunfo a Mario Méndez, director de Telégrafos Nacionales, fue rechazada por la comisión dictaminadora por no ser residente de San Luis Potosí, incumpliendo el requisito de residencia que marcaba la ley electoral. El dictamen lo acusó de cometer irregularidades, pues el gobierno de esa entidad había intervenido para elegirlo. En su defensa, Cravioto esgrimió que Méndez había prestado valiosos servicios al Primer Jefe al frente de telégrafos en diversos lugares de la República y por eso no residía en San Luis Potosí. Se le impugnaba, dijo, por su cercanía a Carranza. A favor del dictamen habló Martínez de Escobar, quien revivió la acusación de los jacobinos contra los renovadores del Constituyente:

Ya véis, pues, señores diputados, que el señor Cravioto, aquí [… ] es un representante de los Ugarte, de los Rojas, de los Palavicinis, y toda esa serie de renovadores enteramente nefastos para el porvenir de la República Mexicana [… ] Yo me dirijo a toda la asamblea, muy especialmente a los señores constituyentes, mis compañeros de Cámara, a aquellos con quienes tuve el honor de estar allí, en aquella asamblea, cuando los señores renovadores sólo defendían la bandera de la reacción.¹³

José Siurob, otro destacado jacobino, también constituyente, defendió el dictamen argumentando que no se podía violar la nueva Constitución; hacerlo sería traicionar a los soldados que cayeron en Celaya, quienes, “como ha dicho el general Obregón, se levantarían indignados si vieran esa ola de cuervos que se mecen sobre sus tumbas sin respetar su recuerdo; en nombre de ese grupo de soldados, yo os pido el absoluto respeto de la ley”.¹⁴

La votación contra Méndez fue abrumadora: por 158 votos a 8 se rechazó su credencial. Otra credencial, la de Antonio Villarreal, contendiente por el distrito de Tacubaya, fue rechazada por sus antecedentes huertistas como diputado por la XXVI Legislatura. Se le acusó de haber defendido como abogado al general huertista Manuel Mondragón y de haber lucrado con su profesión. El general Eduardo Hay, uno de los líderes del PLC, quien había sido en 1914 uno de los jefes del grupo pacificador constitucionalista que buscó evitar la ruptura entre Carranza y Villa, estableció con claridad el criterio que debía prevalecer en la discusión de las credenciales:

Las credenciales que son aquí discutidas deben ser discutidas bajo tres puntos de vista: [… ] legal [… ] moral y [… ] político. Es inútil que vengamos nosotros a pretender que solamente el criterio legal es el único que exclusivamente pueda existir, es inútil que pretendamos que no va a existir también, que no va a regir en parte el criterio moral y el criterio político; y puesto que esto es así afrontemos la situación francamente y procedamos con el debido orden.¹⁵

Su argumentación era diáfana: no se debía cumplir solamente con la ley. También se debía considerar la política y la moral; si algún candidato triunfaba sin haber violado ninguno de los requisitos establecidos por la ley electoral, pero tenía una trayectoria políticamente cuestionable -lo que implicaba un intachable pasado dentro del constitucionalismo, así como una integridad moral fuera de duda, alejada de crímenes, corrupción y traiciones-, no podía ser aceptado. A partir de esa intervención, los presuntos diputados hicieron suya esa postura. Llama la atención que esa asamblea legislativa, que estaba apenas cons ti tu yéndose, asumiera como criterio decisivo para pertenecer a ella el de la legitimidad revolucionaria, más allá de la legalidad. La sombra de la Revolución estaba presente en todas sus decisiones, era una presencia implacable que los vigilaba, a la que no le podían fallar ni traicionar. Era la misma legitimidad revolucionaria que, años atrás, en otro contexto, habían defendido algunos de los mismos hombres que en 1917 estaban discutiendo las credenciales de los diputados de la XXVII Legislatura. El propio Eduardo Hay, en 1914, en la Soberna Convención había defendido la legitimidad revolucionaria encarnada en los militares para excluir a los civiles en un célebre debate en el que hizo mancuerna con Álvaro Obregón para discriminar a los civiles carrancistas, encabezados por Luis Cabrera. En aquella ocasión expresó:

Actualmente se encuentran entre nosotros elementos civiles como representantes de varios militares que no pudieron concurrir a la Convención. Acerca de la presencia de esos elementos, yo me digo: ¿van a discutir los civiles con el criterio de los militares en cuya representación vienen? No podrán hacerlo. No podrán comprender los anhelos de los que padecieron hambre y sed y expusieron sus vidas en los campos de batalla [… ] Y esto no se tome como antagonismo ni mala voluntad hacia los civiles, porque yo soy civil [… ] un ciudadano armado. No soy militar [… ] ¿Por quién fue derrocado Huerta? Por el elemento militar [… ] Los militares habrían triunfado sin la ayuda de los civiles. Y si el triunfo fue de los militares, a ellos exclusivamente debe dejarse la resolución de los asuntos de la Patria [… ].¹⁶

También Obregón había defendido en la Convención el derecho exclusivo de los militares para discutir el rumbo de la Revolución en estos términos:

Nosotros tenemos más derecho de representar a los civiles que los mismos civiles. Los catorce millones de habitantes de que nos habla el señor Cabrera pusieron, por voto unánime, en el poder al señor Madero. ¡Y esos catorce millones de habitantes lo dejaron asesinar!… [somos los ] únicos que hemos devuelto, o pretendemos devolver a esos catorce millones sus libertades y tratamos de mejorar su condición social y cuanto pueda aspirar un hombre que se considere libre [… ] Señor Cabrera: ¿Usted cree que si damos tranquilidad y libertades, esos catorce millones de habitantes van a protestar porque nosotros únicamente los representemos?¹⁷

Definir el rumbo de la Revolución era responsabilidad exclusiva de los militares revolucionarios, de los ciudadanos armados, como se definían a sí mismos Obregón y Hay. Cabrera y los civiles carrancistas fueron excluidos de la Convención en octubre de 1914. Pero el argumento de fondo de esa discusión sobre la legitimidad de la representación revolucionaria en 1914 lo había planteado el propio Luis Cabrera, el líder del bloque renovador en la XXVI Legislatura cuando, al discutirse la credencial del presunto diputado católico Rafael de la Mora, el 12 de septiembre de 1912, hizo un llamado a los diputados maderistas a rechazarla en el Colegio Electoral esgrimiendo:

Es muy triste que estemos reunidos aquí, que todos sepamos absolutamente quién es nuestro enemigo y que, sin embargo, haya un grupo liberal dándose la mano con él, mientras nosotros nos hacemos pedazos enfrente del Partido Católico [… ] el mismo que trajo a Maximiliano [… ] aquí estamos viendo claramente cómo hay amigos personales que son enemigos políticos. Me refiero a los señores del Partido Católico, considerado como grupo político, que se ha organizado, tomando hasta el nombre de la religión, para [… ] recobrar los mismos elementos de lucha y los medios que usó en los luctuosos años de la Guerra de Reforma [… ] Fuera mentiras; en un parlamento se discute con razones políticas, se combate con armas políticas. En lo sucesivo vamos a tener que habérnoslas con las credenciales de los principales miembros del Partido Católico, y así, suplico una mayor unión de los elementos liberales [… ].¹⁸

Los maderistas que en 1912 calificaban la elección de la XXVI Legislatura hicieron suyo este criterio: no bastaba la legalidad para aceptar a los diputados, era más importante su postura política: a favor o en contra de la Revolución, a favor o en contra de Madero. Los revolucionarios tenían que velar para que en la Cámara no se colaran los enemigos, los con trarre vo lu cio na rios. Y ninguno de los reaccionarios conservadores era más fácilmente identificable que los católicos. Varios de los presuntos diputados de ese partido fueron cuestionados porque el criterio de la comisión no podía basarse solamente en la legalidad de su elección. Era más importante el criterio político. Así, el bloque mayoritario maderista dejó fuera a varios católicos y aun a antirreeleccionistas que habían roto con Madero y eran considerados también como enemigos.

Tres años después de la Convención y cinco después de la legislatura maderista, algunos de los mismos personajes defendían la misma postura, aunque el criterio se había hecho aún más estricto y restringido. La legitimidad revolucionaria era la primera premisa para ser aceptado en la XXVII Legislatura. Ser revolucionario era, en primer lugar, haber sido constitucionalista desde el principio y no haber apoyado a sus enemigos. Pero además de ese pedigrí revolucionario, Eduardo Hay agregaba una dimensión moral: los diputados no podían haber ayudado a criminales o delincuentes, ni siquiera en el ejercicio de su profesión. Había que distinguir entre la ley y la justicia. Para él, la ley había sido muy elástica; la justicia no podía serlo. Los representantes populares tenían que tener una conducta intachable: no podían admitir alcohólicos ni drogadictos. Sobre esta dimensión moral, Hay expresó: “Repito señores es muy importante el punto de vista moral. Si las Leyes tienen que ser morales ¿por qué no exigir que los que las forman sean morales también? o ¿cómo es posible que puedan emanar de individuos inmorales leyes morales y salvadoras de los pueblos?”¹⁹

La votación que rechazó la credencial de Villarreal nuevamente fue abrumadora: 144 votos en contra por 13 a favor; entre quienes lo defendieron estuvieron nuevamente algunos de los cercanos a Carranza, como Cravioto, López Lira y Cepeda Medrano. El triunfo de ese distrito se le adjudicó al obregonista Manuel García Vigil.

La mayoría que se definía a sí misma como de izquierda impuso sus votos para dejar fuera de la XXVII Legislatura al coronel José Federico Manzano, postulado por el 19 Distrito Electoral de Jalisco. Manzano había sido jefe del Estado Mayor del general constitucionalista y gobernador provisional de Jalisco, Manuel M. Diéguez, y participó también en el Congreso Constituyente. Fue acusado de ser un terrateniente en Jalisco y de haber despojado de sus tierras a los indios de Copala. En cambio, aprobaron la credencial del teniente coronel Anastasio Hernández, por el 2º distrito de Tlaxcala, a pesar de que no cumplía con los requisitos de la ley electoral pues no había renunciado con anticipación a su puesto de comandante militar del estado cuando se postuló y no obstante que su contrincante, otro militar, había sido encarcelado durante la campaña.

Otro caso paradigmático fue el del doctor Luis G. Cervantes, por el 4º distrito de Coahuila. La comisión rechazó su credencial por no cumplir con el requisito de seis meses de residencia en el estado. El propio Cervantes, en su defensa, describió su pasado constitucionalista. Había sido de los fundadores del antirreeleccionismo en Monclova; fue apresado por Huerta, escapó a La Habana y se incorporó al constitucionalismo a su regreso. Alegó que él, al igual que otros jefes como Pablo González, Francisco Murguía y Fortunato Maycotte, no podía cumplir con ese requisito de vecindad porque habían tenido que seguir al Primer Jefe a donde éste se desplazara. Negó ser del bloque renovador, a pesar de que se había sentado del lado derecho, refiriéndose a que, como en la asamblea revolucionaria francesa, los presuntos diputados jacobinos se sentaban en el lado izquierdo del auditorio y los renovadores en el derecho. Recordó que cumplía una misión diplomática del Primer Jefe en Washington cuando lo postularon como candidato del PLC en Coahuila, habiendo sido el candidato más votado en ese distrito. Después de una larga discusión, en la que nadie objetó su pasado revolucionario dentro del constitucionalismo, se negó su credencial por 129 votos contra 20. Se le despidió entre aplausos y con palabras de agradecimiento.

El 11 de abril se discutió la credencial de Eduardo Hay. La comisión la aprobó y sometió el dictamen a la asamblea. El general Federico Montes, uno de los jefes militares más cercanos a Carranza, quien había sido gobernador de Querétaro, la impugnó y protestó por las distintas varas con las que se juzgaban las credenciales: “a unos se les dice que será legal su credencial en las elecciones verificadas en su favor; pero que son indignos de ocupar una curul en la Cámara por reaccionarios, por traidores, por pillos. A otros se les dice que serán todo lo revolucionarios que quieran, que se les despide de esa Cámara con aplausos, pero que al fin se les despide, porque no están hechas las elecciones legalmente. A otros se les dice que serán muy legales las elecciones hechas en su favor, y que serán muy revolucionarios, pero que es inmoral que ocupen una curul en la Cámara”.²⁰

Objetó la credencial de Eduardo Hay porque, siendo subsecretario, había renunciado a su cargo el mismo día en que fue publicada la convocatoria a elecciones, lo que lo invalidaba, pues debía haberlo hecho tres meses antes. Eduardo Hay se defendió: había presentado su renuncia a Carranza el 6 de febrero, pero se le aceptó hasta el 10. Martínez de Escobar señaló que se atacaba a Hay por ser del PLC, partido al que se estigmatizaba, e hizo una viva defensa de éste, al que calificó de patriótico y de tener a los mejores militares y más prestigiados civiles; señaló que, aunque no le quemaban incienso a Carranza, sí eran leales con su gobierno. Ofreció que el PLC tendría una relación de cooperación con el presidente Carranza; dijo que cuando éste necesitara facultades extraordinarias en el ramo de guerra o hacienda, cumplirían con su deber y serían los primeros en levantar la mano.²¹ Sin embargo, los hechos muy pronto demostrarían lo contrario.

En la discusión, Federico Montes y otro constituyente, Cepeda Medrano, cuestionaron la credencial de Hay y le pidieron que hiciera honor a su limpia trayectoria revolucionaria y no pisoteara la Constitución. Sin embargo, esos argumentos no fueron atendidos y, nuevamente, se impuso la mayoría jacobina. De ese modo Hay y Siurob, quienes siendo funcionarios públicos no habían renunciado en la fecha establecida por la ley electoral, fueron aceptados en la legislatura, por ser política y moralmente revolucionarios, mientras que Cervantes había sido rechazado por no cumplir con el requisito de residencia. Eran dos maneras distintas de aplicar la ley; dos raseros con fundamentaciones contradictorias. En unos casos se aplicaba estrictamente la ley; en otros, se pasaba por encima de ella. La diferencia estaba en quiénes eran amigos y parte del mismo proyecto político y quiénes no. Así, desde los primeros días, en la calificación de las elecciones, se mostró que los miembros radicales del PLC habían logrado ser el bloque parlamentario predominante en la Cámara de Diputados. Tenían una agenda y unos intereses de grupo que no eran en muchos casos los de Carranza y convirtieron al parlamento en un fuerte contrapeso al Poder Ejecutivo. Pronto chocarían.

La endeble cultura democrática

El México de 1917 era un país que apenas daba sus primeros pasos en la vida democrática. El lema maderista de sufragio efectivo, no reelección comenzó a ser realidad en las elecciones presidenciales de 1911, en las que Madero alcanzó el poder. Ésas fueron las primeras elecciones democráticas después de décadas en las que los ciudadanos elegían formalmente a sus representantes, pero no existían realmente comicios libres, equitativos y transparentes. El sistema político porfirista era elitista, controlado por una minoría que ocupó los principales cargos políticos, se benefició de ellos y, en muchos casos, se perpetuó en el poder de manera prácticamente vitalicia. Esta minoría legitimaba sus cargos mediante elecciones periódicas, controladas por el régimen por medio de las autoridades, caudillos, caciques y notables de las localidades, con la aprobación y supervisión de Porfirio Díaz. En tiempo de elecciones, se formaban clubes políticos alrededor de los candidatos. Quienes triunfaban, contaban con recursos económicos, redes de apoyo y la aprobación oficial. Las campañas políticas, cuando había, eran muy cortas; después de la elección, los clubes desaparecían. No había partidos políticos ni organizaciones ciudadanas permanentes. Este control oligárquico del poder, mecanismo calificado por François-Xavier Guerra como “ficción democrática” se repetía una y otra vez en épocas electorales para legitimar a un sistema político autoritario y centralizado, cuya concentración del poder tenía en Porfirio Díaz a su pieza maestra.

Un político de la época, José López Portillo, describió así esa práctica:

Así se estableció la costumbre de que nadie acudiera a las casillas electorales y de que las elecciones degenerasen en meros actos de aparato donde se representaba desairada la comedia del sufragio público. Nadie ponía un pie en los comicios los días de las elecciones y los comparsas encargados de desempeñar la representación, se aburrían soberanamente en los zaguanes de las casas donde colocaban mesas, ánforas, tinteros y demás componentes de la utilería democrática. Pasaban las horas tediosas en medio de la soledad y del silencio; pero al sonar la hora reglamentaria, se rellenaban las ánforas de cédulas falsas con todos los nombres del calendario, se fraguaba un escrutinio y se levantaban actas embusteras, por donde constaba que el voto de los ciudadanos del distrito, había recaído a favor de persona determinada.²²

A finales del siglo XIX y comienzos del XX la disputa por el poder se dio entre dos grandes grupos: el de los llamados científicos, grupo de tecnócratas eficientes en quienes Díaz había confiado la administración pública federal, y el de los reyistas, compuesto por políticos y militares encabezados por el general Bernardo Reyes. Al despuntar el nuevo siglo, se fue formando una opción opositora al margen del aparato oficial, expresión de nuevos actores que representaban a grupos sociales en ascenso, clases medias y trabajadores, que tomaron forma a través de tres distintos canales: los clubes liberales de los que surgió el Partido Liberal Mexicano, representante del liberalismo radical que había evolucionado al anarcosindicalismo; el reyismo popular de 1908-1909, una insurgencia cívica para abrir el sistema político a partir de la movilización de los sectores populares; y el maderismo antirreeleccionista de 1909-1910, que propugnó una democracia plena a partir del respeto al voto popular y el restablecimiento de las libertades políticas. Sobre todo este último fue un movimiento democrático multiclasista con una amplia base social que buscaba la inclusión en la política de sectores hasta entonces excluidos.

El Partido Nacional Antirreeleccionista, tal vez el primer partido político moderno del siglo XX mexicano, se formó no sólo alrededor de un caudillo, sino de principios, con un programa que tenía como eje la democracia. Las giras de Francisco I. Madero para formar clubes antirreeleccionistas y promover su candidatura presidencial fueron las primeras manifestaciones de una forma de hacer política electoral inédita, logrando atraer a numerosos simpatizantes hacia los postulados de transformación democrática. Esos clubes se convirtieron en correas transmisoras para promover el voto y también, de manera novedosa, para defenderlo.²³

Poco antes de las elecciones de 1910, el Partido Antirreeleccionista hizo llegar un instructivo a sus miembros para cuidar el voto el día de la elección. En él, se les pidió conseguir un padrón de electores, emitir una copia al comité ejecutivo estatal, permanecer en las casillas hasta que se terminara el cómputo y el presidente publicara el resultado; deberían hacer constar las irregularidades ante tres testigos o un notario e instalarse en las calles si no se hacía constar en actas la irregularidad. En el Colegio Electoral, los electores deberían vigilar que se votara en el sentido en que los mandataban los ciudadanos que los eligieron; debían dar cuenta al juez de distrito, a la Cámara de Diputados y al Comité Ejecutivo del partido en cada estado. Para evitar fraudes descarados, el punto 15 decía: “No se permitirá que los electores de los pueblos pequeños sean recogidos, encerrados en lugares públicos o privados y conducidos por policías o gendarmes a las sesiones del Colegio. Tomarán nota de estos hechos los partidarios, para reclamar la nulidad de la elección que se hiciere en esas condiciones”.²⁴

El Antirreeleccionista fue también el primer partido que hizo uso de los mecanismos electorales para documentar y solicitar la anulación de la elección presidencial de 1910 argumentado un fraude electoral que fue desechado por el Congreso que calificó esa elección. A partir de ese rechazo, Madero tuvo la legitimidad para desconocer esa elección y llamó al pueblo a la insurrección que derribó en seis meses a un régimen que parecía invencible. La consigna de sufragio efectivo y no reelección tuvo tal legitimidad que fue incorporada a la legislación y se convirtió en uno de los principios básicos de la política mexicana, como objetivo y aspiración.

En las primeras elecciones federales después del triunfo maderista, en 1911, no dio tiempo de cambiar la ley electoral, por lo que se hicieron con la de 1901, que establecía el voto indirecto por medio de 27 000 electores y se mantuvo la misma división electoral que en 1910. En esas elecciones, el recién creado Partido Constitucional Progresista, impulsado por Madero, se convirtió en el partido más importante, por lo que fue el único que tuvo representantes en todas las casillas y Madero no tuvo problemas para ganar con holgura la elección, pues además fue postulado también por lo que quedó del Partido Antirreeleccionista y por el Partido Católico Nacional, fundado en mayo de 1911.²⁵

Las elecciones federales de 1911 fueron las primeras en las que hubo avances democráticos durante la etapa revolucionaria. En términos generales fueron limpias, con irregularidades que, sin embargo, no alteraron el resultado. Al calificar la elección, se anuló la votación en siete distritos, siendo la principal anomalía la no instalación de casillas. Hubo protestas por el apoyo de autoridades federales y estatales a algunos candidatos del PCP. Se denunciaron también prácticas comunes en las elecciones porfiristas, como los acarreos de votantes, la inducción del voto, el control de las casillas por los funcionarios, pero, sobre todo, el uso ilegal del poder público para apoyar a los candidatos oficiales y anular a sus adversarios. El partido maderista, con el apoyo del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, participó con ventajas en la elección que le dio la presidencia a Madero.²⁶

Los primeros cambios en la legislación con el fin de garantizar elecciones democráticas tuvieron lugar con la ley electoral del 19 de diciembre de 1911. En ella se especificaban los procedimientos para el cómputo y la calificación de los votos, así como los mecanismos para asentar las irregularidades y las sanciones para quienes violaran la ley. La ley establecía los criterios para validar o nulificar los votos y los requisitos que debían cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, entre ellos, el de haber nacido en el lugar por el que contendían al cargo, ser propietario de bienes raíces o tener al menos tres meses de residencia antes de la elección, o bien, ser dueño de alguna industria o comercio en ese lugar, al menos seis meses antes de los comicios.

Con ese marco normativo se efectuaron las elecciones para diputados federales y la mitad de los senadores el 30 de junio de 1912. Compitieron los partidos Constitucional Progresista, Antirreeleccionista, Católico, Liberal y Popular Evolucionista, así como algunos candidatos independientes. La legitimidad y el prestigio que conservaba Madero hicieron que el Constitucional Progresista obtuviera una amplia mayoría y se formara el bloque conocido como renovador. Esas elecciones, sin embargo, las primeras en las que el voto fue directo, estuvieron poco con curri das, con una abstención de casi 80 por ciento.²⁷

Los debates de la XXVI Legislatura demostraron la pluralidad política que se abrió paso con la Revolución. Discutió algunos de los problemas más acuciantes del país a los que se enfrentaba el gobierno de Madero, como el reparto agrario y el problema laboral, así como la ley de suspensión de garantías para combatir la rebelión zapatista. La inestabilidad que prevaleció en el corto tiempo que gobernó Madero no permitió que su labor legislativa fuera productiva. El congreso fue disuelto por Huerta en octubre de 1913. Los avances democráticos alcanzados durante el maderismo desaparecieron. Los partidos políticos surgidos en esa etapa no pudieron mantenerse; no hubo elecciones y la política fue sustituida por la guerra durante cuatro años. El Poder Legislativo federal, al igual que el de las legislaturas de los estados, desapareció. Ese vacío fue llenado por las disposiciones jurídicas del Primer Jefe y de los caudillos militares entre 1913 y 1917. El Congreso federal se restableció hasta la XXVII Legislatura, pero muchos de los vicios y limitaciones de la naciente democracia mexicana subsistieron.

En ese marco surgió un nuevo partido político, impulsado por varios de los principales líderes militares y políticos del constitucionalismo, la corriente ganadora de la Revolución. La reunión para crear el Partido Liberal Constitucionalista tuvo lugar en la casa de Pablo González, en la ciudad de México, el 23 de octubre de 1916. Asistieron Obregón, Cándido Aguilar (secretario de Relaciones Exteriores), Pablo González, Cesáreo Castro (gobernador de Puebla), Benjamín Hill (comandante de la plaza de la ciudad de México), Rafael Cepeda (gobernador del Estado de México), Nicolás Flores (gobernador de Hidalgo), Francisco Cossío Robelo, César López de Lara (gobernador del Distrito Federal), Jesús Acuña, Pastor Rouaix (secretario de Fomento), Jesús Urueta, Manuel García Vigil, José Siurob, Manuel Aguirre Berlanga (subsecretario de Gobernación) y Eduardo Hay, entre otros. Era buena parte de la plana mayor del constitucionalismo, que incluía comandantes militares, gobernadores, secretarios de Estado y prominentes militares y políticos que decidieron fundar un partido político con tres propósitos: apoyar la candidatura presidencial de Carranza, competir en las elecciones legislativas federales y estatales e impulsar a personajes que se identificaran con ellos como los genuinos representantes de los ideales revolucionarios. No obstante, era notorio que varios de los más cercanos colaboradores de Venustiano Carranza no hicieron suya esa convocatoria. La propuesta de impulsar la candidatura de Carranza iba acompañada de algo que no gustó al Primer Jefe: si aceptaba ser candidato, debía renunciar al Poder Ejecutivo que ejercía de facto. Sus seguidores se opusieron, argumentando que si se retiraba del poder se pondría en riesgo la paz.

Dos días después, en otra reunión entre quienes impulsaban el partido, De la O propuso que se llamara Partido Liberal Constitucionalista, ya que no era un partido reciente, sino que tenía una larga tradición. Se acordó lanzar un manifiesto. En él, establecieron que era necesario “el restablecimiento del orden constitucional en toda la República a la mayor brevedad posible, porque así tendremos la base para el gigantesco trabajo de reconstrucción a que debemos entregarnos, sin que nos distraigan las inesperadas atenciones y momentáneos problemas que son propios de un régimen provisional”. Urgían a hacerlo para no ser más un partido triunfante sino “un gobierno nacional ungido por el voto popular”.

En los días siguientes se sumaron múltiples organizaciones y personajes políticos y militares tanto al PLC como a la candidatura de Carranza. Se propuso que tuviera un periódico propio. Carranza decidió apoyarlos y les ofreció que podían utilizar una parte del diario El Pueblo, dirigido por Heriberto Barrón, pero en una asamblea los del PLC prefirieron que fuera El Demócrata, que publicaría una página especial para ello. En noviembre y diciembre de 1916, mientras sesionaba el Congreso Constituyente, el entusiasmo de los fundadores del partido decayó, pues el Constituyente acaparó toda su atención. Unos pocos iniciaron la discusión de su reglamento interno. En enero del siguiente año casi no tuvieron reuniones. Para entonces, no habían discutido aún su programa. No obstante, al convocarse a las elecciones federales, emergió el PLC como la principal fuerza política nacional. En el Distrito Federal ganaron 8 de las 12 diputaciones federales y su fuerza hizo que se adueñaran de las principales comisiones revisoras de credenciales, por lo que ahí consolidaron su mayoría legislativa.²⁸ Sin embargo, el retroceso democrático producido por la dictadura huertista y la guerra civil revolucionaria entre 1914 y 1916 no pudo ser superado. El PLC era un partido dominado por los grandes caudillos militares y varias de las principales figuras políticas de un sector del constitucionalismo. No era un partido de principios, como el maderista: no hizo campañas políticas proselitistas.

La ley electoral de 1917

El 6 de febrero de 1917 Carranza promulgó una nueva ley electoral. Era muy similar a la de septiembre de 1916 que sirvió para elegir a los diputados al Congreso Constituyente. En el primer capítulo establecía que se seguiría la división por secciones en los municipios, como en 1916, así como el padrón electoral, haciendo las correcciones en caso de fallecimiento, cambio de domicilio u otras causas de fuerza mayor. El padrón definitivo se publicaría el primer domingo de marzo de 1917.

El capítulo 2 detallaba el mecanismo para instalar las casillas y la manera de emitir el voto. Las autoridades municipales designarían un instalador propietario y un suplente para cada sección, los cuales debían saber leer y escribir; asimismo, las autoridades municipales designarían los lugares de las casillas e imprimirían las boletas electorales. Cada boleta tendría un número progresivo, así como el número del distrito electoral, entidad, municipio, sección y el lugar de la casilla. Debían estar impresas en papel blanco, sin ninguna inscripción al reverso, y serían entregadas a cada sección, garantizando que estuvieran en su poder antes de la víspera de la elección. El día de la elección, a las ocho de la mañana, el instalador, el suplente y los empadronadores instalarían la casilla. Si a esa hora no había al menos nueve de los ciudadanos inscritos en el padrón, “mandarían citar, por conducto de la policía y mediante orden escrita, a las personas necesarias para completar dicho número” con el fin de nombrar a los funcionarios de la mesa todos los cuales debían saber leer y escribir. Las casillas abrirían desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde; sólo podrían estar en ella los funcionarios y los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes. El artículo 26 señalaba el procedimiento para el voto: cada votante escribiría de su puño y letra el nombre y apellido de la persona por la que sufragaba, así como su firma, entregando dobladas las boletas para presidente, diputado y senador. Y, al igual que en la ley de 1916, se establecía el procedimiento para la ciudadanía analfabeta: “Si el elector no supiere firmar, se presentará en la casilla acompañado de un testigo, y, en presencia de la Mesa, dirá en alta voz el nombre de las personas a cuyo favor vota, para que dicho testigo, en presencia de la misma mesa, le escriba en las boletas correspondientes y firme a ruego del votante”.²⁹

La ley prohibía que hubiera tropa armada cerca de la casilla. Tampoco personas que indujeran el voto de los ciudadanos. El personal militar, al sufragar, tendría que hacerlo en la sección en que estuvieran empadronados, en sus cuarteles o campamentos, sin armas e individualmente. Los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, igual que cualquier ciudadano, podían presentar por escrito las reclamaciones por votos suplantados, error en el cómputo, presencia de gente armada o sufragio de votantes que no estuvieran en el padrón. El cómputo iniciaría al cerrar cada casilla; los escrutadores leerían en voz alta y corroborarían cada uno de los sufragios. Terminado el recuento, se levantaría un acta con el resultado, haciendo constar los votos obtenidos por cada candidato, así como los sobrantes, firmándose por todos los miembros de la mesa por duplicado, remitiéndose un ejemplar de ella a la autoridad municipal y la otra se resguardaría en el expediente electoral. Ambas actas se pondrían bajo una cubierta cerrada, sobre la que firmarían las mismas autoridades. Cada expediente contendría el nombramiento del instalador, el acta de instalación, el padrón, las boletas con los votos y las boletas en blanco, las listas de escrutinio, las protestas habidas y el acta del cómputo de votos.

Concluido el cómputo, los secretarios fijarían en un lugar visible los votos obtenidos por cada candidato. Entregarían a los representantes de los partidos copias certificadas de las actas. Si alguna casilla se instalaba en un lugar distinto al señalado por la autoridad electoral, se consideraría ilegítima y se anularía.

El capítulo tres establecía el proceder de las juntas computadoras. Éstas se integrarían el jueves posterior al domingo de la elección con los presidentes de las casillas electorales de cada distrito, quienes elegirían a la mesa directiva. Una vez comprobado que los paquetes no estaban alterados y contenían toda la documentación necesaria, iniciarían el cómputo. Uno de los escrutadores leería en voz alta las boletas de cada expediente; uno de los secretarios anotaría el nombre del votante y otro iría sumando los votos para cada candidato. Terminado el recuento, el presidente leería en voz alta el número de votos de cada aspirante; al ganador, se le extendería una credencial, firmada por el presidente y los secretarios, levantándose un acta. Terminado el escrutinio, se publicaría el resultado en los periódicos oficiales de las entidades federativas y se fijaría en lugares públicos. Las impugnaciones serían remitidas a las autoridades judiciales. La Junta Computadora no calificaría los vicios de la elección, sólo los haría constar en el acta respectiva.

El capítulo 5 detallaba los casos para declarar nulas las elecciones. Todo ciudadano podía reclamar la nulidad de las eleccio nes a diputados, senadores o presidente de la República cuando el ganador incurriera en un acto prohibido por la ley o no cumpliera con los requisitos para ser elegido; hubiera habido cohecho, soborno o amenazas graves de una autoridad para inducir el voto; hubiera violencia en las casillas por autoridades o particulares armados así como error o fraude en el cómputo, se hubiera instalado la casilla contraviniendo lo dispuesto por la ley y cuando no se hubiera permitido ejercer su cargo a los representantes de los partidos o candidatos independientes.

Los partidos políticos podrían realizar las acciones que esa ley les otorgaba, con la condición de no tener alguna connotación religiosa ni actuar en favor de individuos de alguna creencia o raza. Los partidos y candidatos independientes podrían tener un representante en cada casilla, debiendo registrarlos ante la autoridad municipal.

El 2 de abril comenzarían las juntas preparatorias, con los dipu ta dos y senadores presuntamente electos, con el fin de autocalificar su elección y, una vez constituida la Cámara de Dipu tados, calificar la elección presidencial. Los diputados constituyentes de 1916 habían aprobado por unanimidad y sin discusión en el ar tícu lo 60 de la Carta Magna que cada cámara calificaría de manera soberana las elecciones de sus miembros y que su resolución sería “definitiva e inatacable”,³⁰ lo cual dejaba totalmente en manos del Colegio Electoral de cada cámara la facultad de calificar la elección de sus propios miembros, lo que daba un poder indisputado a los bloques políticos mayoritarios que se constituyeran en ellas, los cuales controlarían las comisiones dictaminadoras.

El procedimiento establecido señalaba que, una vez completado el quorum, se elegiría una comisión de 15 personas en la Cámara de Diputados y de 6 en la de Senadores, para dictaminar la validez de la elección de todos los miembros de sus respectivas cámaras; se elegiría una comisión de 3 integrantes en cada cámara para dictaminar la validez de quienes formaron la primera comisión. El 8 de abril comenzaría la discusión de los dictámenes elaborados por las comisiones revisoras. Concluida la discusión y aprobación de las credenciales, se tomaría protesta de los ganadores y se instalaría el nuevo Congreso. La instalación de ambas cámaras sería el 14 de abril. El periodo extraordinario de sesiones comenzaría el 15 de abril. Una vez hecho eso, la Cámara de Diputados se constituiría en Colegio Electoral y elegiría una comisión de 31 diputados para revisar y dictaminar la elección para presidente de la República, cuyo dictamen presentaría el 26 de abril. El 1^o de mayo, el presidente rendiría protestaría en sesión solemne del Congreso.

Como se observa, la ley electoral de 1917 precisaba el procedimiento para las elecciones federales, con el fin de garantizar la efectividad del sufragio y evitar el fraude electoral. En términos de formalidad jurídica no se le podían hacer objeciones. El problema sería llevarla a la práctica, debido a la todavía muy frágil cultura democrática, la ausencia de instituciones, la inexistencia de partidos con experiencia, el peso de los caudillos militares, las rebeliones que asolaban varias regiones del país y la premura de tiempo, pues todo el proceso electoral tendría que hacerse en menos de tres meses.

Los vicios electorales en la XXVII legislatura

Durante la calificación para constituir la XXVII Legislatura se suscitaron discusiones que mantuvieron la polarización entre los grupos parlamentarios que se iban conformando. En muchos dictámenes, las comisiones anulaban el triunfo de los candidatos a quienes las autoridades electorales locales les habían extendido la credencial de ganadores porque, al revisar las impugnaciones, detectaban múltiples irregularidades. Al anular tales votos, muchas veces el derrotado resultaba ganador por tener más votos legales al final del recuento.

Una de las irregularidades más frecuentes era que en las zonas rurales aparecían muchos votos firmados por una misma mano. En esos casos los ciudadanos no sabían leer ni escribir, por lo que una tercera persona, en voz alta, lo hacía por ellos, levantándose un acta en la que constaba la voluntad del elector en favor de uno de los candidatos, lo que permitía expresamente la ley electoral. Al respecto, el artículo 25 de la Ley electoral vigente señalaba:

[… ] Todas las boletas deberán ir firmadas por el respectivo elector y ser presentadas por él personalmente. Si el elector no supiere firmar, irá a la casilla acompañado de un testigo, y en presencia de la mesa dirá en voz alta el nombre de las personas a cuyo favor sufraga, para que dicho testigo, en presencia de la misma mesa, los escriba y firme a ruego del votante doblando en seguida la boleta y entregándola en la forma antes indicada. Cada votante, al entregar la boleta, dirá en alta voz su nombre, y uno de los Secretarios lo anotará en el padrón con la palabra “votó”.³¹

Sin embargo, las comisiones revisoras los invalidaban por tener la misma letra. Hubo casos en los que se anularon varios miles de votos a candidatos que habían triunfado con amplia ventaja pero que al decantar los votos perdían.

Esas decisiones provocaron fuertes discusiones. Algunos diputados argüían que anular esos votos iba en contra de la Constitución, pues en ella no se estableció como condición para el sufragio saber leer y escribir. Al parecer, sólo algunos de los presuntos diputados conocían la ley electoral, pues la invocaron muy poco para refutar los dictámenes. En ese tenor, al discutirse la credencial de José Mares, por el distrito de Salvatierra, Guanajuato, la comisión invalidó su triunfo y se lo dio a Alfredo Robles Domínguez, quien se había distanciado por entonces de Carranza, argumentando que se habían pedido listas de peones en las tiendas de raya para llenar las boletas con sus nombres en favor de Mares. Le anularon a Mares más de tres mil votos. El carrancista Cepeda Medrano argumentó que la comisión revisora estaba haciendo fraude al anular tantos votos legítimos. Uriel Avilés criticó el dictamen, aduciendo que el pueblo no conocía las leyes electorales, que algunos ejemplares de la ley vigente llegaron a los pueblos el mismo día de la elección, por lo que no pudieron conocerla, sobre todo en las zonas indígenas en donde unas cuantas autoridades eran las que organizaban la elección, lo cual siempre había sido así. Criticó que se anulara el triunfo de Mares aduciendo la falta del padrón electoral o del presidente de casilla. Si esos criterios se aplicaran de manera estricta, ninguno de los diputados ahí presentes aprobaría. Y concluyó:

Si nos vamos a querer apegar a la ley, aquí me surge aquella idea que se propuso en el Constituyente, de que sólo votaran los individuos que supieran leer y escribir, haciéndose a un lado al que no sabía. Esto llegó a proponerse en el Constituyente, y todos lo desechamos; pero ahora parece que aquí se viene con esa pretensión. Hay pueblos de indios, que entre todos ellos uno solo sabe leer y escribir. Allí naturalmente hay que hacer las elecciones y las hacen como mejor pueden.³²

Aurelio Manrique expresó que la aplicación de la ley debía ser flexible:

Bien está, y en tesis general debe aceptarse, que el criterio legal es el que debe privar en todas nuestras resoluciones; sin embargo, la ley no es algo absoluto, sino algo perfectamente relativo, variable con el tiempo, con el lugar, con el medio, y, en consecuencia, no podemos medir con la misma medida a los habitantes cuya suma de cultura suponemos máxima en el Distrito Federal, a los habitantes de alguna apartada ranchería del estado de Yucatán, de Sinaloa o de la Baja California. En ese sentido, pues, paréceme estrecho el criterio de la comisión al exigir un perfecto cumplimiento de la ley electoral que, como con acierto afirmó algún orador en pasada ocasión, es digna de un país tan adelantado como Bélgica, pero acaso demasiado avanzado para nosotros. Las condiciones actuales de nuestro país exigirán, efectivamente, y no me refiero a las personas presentes, sino al promedio de cultura, alguna ley más concreta y sencilla que contuviese preceptos más claros. Digo, pues que no podemos exigir, sin caer en un absurdo, un exacto cumplimiento de la ley electoral a todos los habitantes de la república sin distinción alguna de cultura, situación geográfica, etcétera [… ].³³

No obstante simpatizar con Mares, Manrique dijo que votaría porque no se le aceptara puesto que se había demostrado que se había repartido propaganda impresa con el sello de la presidencia municipal, lo que estaba prohibido. Mares se defendió: lo habían hecho porque no tenían papel y se usó papel viejo con esos sellos. Al final, el criterio de la comisión se impuso y se aceptó el triunfo de Robles Domínguez por 108 votos a 32.

Un caso que ejemplifica el tipo de solidaridad que se daba entre los diputados que habían sido constituyentes es el de Froylán Manjarrez, cuyo dictamen lo dio por ganador en el 6º distrito electoral en Atlixco, Puebla. El jefe militar Jesús Castillo Tapia envió un oficio para invalidar la elección pues la mayor parte de ese distrito estaba en poder de los zapatistas. Sánchez Pontón atacó el dictamen, haciendo suyo el oficio del jefe militar. Debido al control zapatista del distrito no pudieron efectuarse las elecciones; en su lugar, sus amigos habían llenado las urnas en favor de Manjarrez en Tochimilco, de donde era oriundo. Lo acusó de haber trabajado en el gobierno de Huerta y haber sido zapatista; se había amnistiado y enrolado al constitucionalismo, protegido por Palavicini. Comentó que sabía de un pacto que habían hecho los exdiputados constituyentes de votar en bloque para que se aceptaran sus credenciales. Los exhortó a no hacerlo si eso violaba la Constitución que habían firmado en Querétaro. Luis Llorente refrendó lo dicho por Pontón, añadiendo que Manjarrez había combatido al ejército de Obregón en Otumba. Manjarrez se defendió aceptando su pasado zapatista, cuando éstos “eran revolucionarios”. Sin más argumentación, en forma económica se aprobó su credencial.

Sin embargo, al siguiente día el general Justino Cotero envió una carta en la que protestó por la aprobación de Manjarrez. En ella hizo una relación pormenorizada de los hechos de armas en los que éste participó con los zapatistas. Varios de quienes habían aprobado su ingreso lamentaron haberlo hecho y se justificaron alegando ignorar su pasado. Roberto Pesqueira pidió que se le consignara al Gran Jurado. El general Céspedes se dijo sorprendido al saber que Manjarrez era de los que habían combatido, matado y castrado a varios de sus soldados en la batalla de Ometusco. El carrancista Cravioto se arrepintió de su voto, aduciendo que lo había hecho por solidaridad constituyente y por buena fe. Sin embargo, como su credencial ya había sido aprobada, se consideró que no se podía anular su decisión y se decidió que la Cámara, una vez instalada, se ocupara del asunto. De ese modo, a pesar de los serios cuestionamientos, Manjarrez tomó protesta como diputado y siguió participando en la discusión de las credenciales en los días siguientes.

El 13 de abril se discutió la elección del distrito primero de Tabasco, en la que compitieron dos de los paladines de las corrientes enfrentadas, cuya rivalidad venía desde el Constituyente: Félix Palavicini y Rafael Martínez de Escobar. Palavicini había resultado ganador, con 1 746 votos; Escobar había obtenido 746. Sin embargo, al revisar las boletas, la comisión anuló más de 1 000 votos a Palavicini por estar con la misma letra, dejándole sólo 546. A Escobar le invalidaron 103, por lo que éste era el ganador con 608 sufragios. Al discutirse el dictamen, Cravioto pidió que se aplazara hasta que Palavicini estuviera presente, pues se había reportado enfermo. Le avisaron por teléfono y se presentó de inmediato al recinto parlamentario. Palavicini asumió su propia defensa. Señaló que buscaban echarlo del congreso por razones políticas, de las cuales el responsable era Obregón, quien lo había en car cela do. Con vehemencia, expresó que se le quería expulsar por su antimilitarismo.

Me dirijo aquí a los admiradores del general Obregón. Mi antimilitarismo no es de hoy. ¿Por qué he combatido al militarismo? [… ] El ejército entre nosotros ha sido siempre un elemento de opresión y nunca un elemento democratizado [… ] he sostenido que los militares no pueden ser buenos gobernantes, y ahí es donde está el origen de mis persecuciones [… ] No busquéis, señores diputados, subterfugios en la ley electoral, no busquéis argumentos de índole legal; valientemente, honradamente, sin caretas, expulsadme de la Cámara a pesar de los votos de mis conciudadanos para que pueda ser aprehendido y perseguido; expulsadme de la Cámara para que no haya una sola voz que proteste contra el militarismo imperante; expulsadme de la Cámara para que entonces en cada curul haya un sepulcro blanqueado y toda la asamblea sea un cementerio de almas [… ]³⁴

La comisión justificó el dictamen. Hernández Garibay señaló que las razones eran exclusivamente técnicas; se habían invalidado muchos votos por estar firmados por una sola persona. Cuando el diputado Aguirre Colorado lo increpó para preguntar si esos votos habían sido hechos “a ruego de votantes”, el miembro de la comisión aceptó que sí, es decir, que la comisión no estaba aceptando uno de los procedimientos que marcaba la ley electoral para los votos de quienes no sabían leer ni escribir. José Siurob, uno de los líderes del PLC y también exconstituyente, justificó los ataques de Obregón contra Palavicini pues éste era un reaccionario y por eso se le había aprehendido, por denigrar al ejército. Con claridad, expresó que los motivos eran políticos:

El señor Palavicini, por sus antecedentes revolucionarios, por haber defraudado las esperanzas de la nación en el puesto de ministro de instrucción pública, por su labor en la prensa que con el pretexto de ser antimilitarista es esencialmente reaccionaria y, por último, por su ataque absolutamente directo al ejército constitucionalista, se ha hecho dignamente acreedor a que su credencial sea rechazada por esta asamblea.³⁵

Al ponerse a votación el dictamen, Palavicini quedó fuera por 139 votos contra 17. Martínez de Escobar tomó protesta como diputado días después. Lo que nadie objetó, fue que el mismo Martínez Escobar había contendido por dos distritos electorales, en el Distrito Federal y en Tabasco, y que desde el primer día había sido declarado ganador en el D.F., derrotando a otro connotado carrancista, Alfredo Breceda; así pues, después de derrotar a Palavicini en Tabasco, optó por quedarse por la curul de su estado natal, dejando fuera a su acérrimo rival.

El criterio de anular votos firmados con la misma letra continuó siendo aplicado. El 14 de abril, se rechazó la credencial de Hernández Garibay por el 16º distrito electoral de Guanajuato. Garibay reprochó a la comisión ignorar un hecho que reflejaba el estado de la educación en el país y que además tenía justificación en la ley electoral vigente. Era imposible, adujo, que cada votante analfabeto llevara a un testigo distinto a la hora de votar:

No es posible que se exija a cada votante que no sabe leer ni escribir, que se acompañe con distinta persona, a fin de que las boletas vengan firmadas con diversas letras, pues para eso se necesitaría que el 50 por ciento cuando menos de nuestro pueblo supiese leer y escribir, lo que desgraciadamente no es así [… ] no es justo que me vengan a nulificar una cantidad de novecientos y tantos votos, por el simple y sencillo hecho de que fulano de tal no supo ni firmar.³⁶

Siurob defendió nuevamente el criterio político como cedazo para que sólo entraran los revolucionarios. Planteó que en esa elección se habían enfrentado un candidato de los hacendados y otro del pueblo:

Aquí tienen ustedes el caso típico: uno es el candidato de los hacendados, de los ricos, de los que no necesitan más que una sola palabra para que todos los que están en sus haciendas voten según su gusto; el otro es el candidato humilde, el de los pobres, quien había formado, venciendo grandes dificultades, su partido asociándose a los obreros luchando y pugnando en pro de ideales. El candidato del pueblo cumple con la ley, envía representantes a las casillas electorales, hace una labor educativa, instruye al pueblo en sus derechos y le enseña a votar; en cambio, los hacendados que hicieron la campaña en favor del señor Hernández Garibay, nada de esto han hecho: ordenaron olímpicamente y las elecciones se efectuaron bajo la presión del capital [… ] si queréis votar en favor del capital, dad vuestro voto al señor Hernández Garibay; si queréis votar en favor del pueblo, dad vuestro voto al señor Salvador Rodríguez.³⁷

Aurelio Manrique criticó la máscara de legalidad con la que actuaba la comisión dictaminadora. Se trataba simplemente de hacer a un lado a sus enemigos políticos. Si un candidato ganador había cumplido conforme a la ley, pero se le consideraba enemigo de la Revolución se le eliminaba. En cambio, cuando se exhibían documentos fidedignos que evidenciaban un fraude, pero que afectaban a candidatos del bloque mayoritario, se desechaban sin más. Cuestionó también el oportunismo de muchos de los votantes, que no votaban por conciencia, sino por quedar bien con la mayoría, esperando a ver por dónde se inclinaba una votación para sumarse a ella, o bien, cuando los votos eran nominales, esperando la instrucción de los jefes de su grupo. Al votarse la credencial de Hernández Garibay, fue rechazada por 80 votos a 61.

Una credencial más, la de Fernando Sansalvador, por el distrito de Zacatecas, fue objetada por la misma razón política. Aguirre Escobar argumentó así su negativa:

Lo más esencial en este Congreso, una de las cosas que deben imperar es el criterio político; se ha hablado mucho del criterio legal, que es muy relativo, dada la ignorancia en que se encuentra nuestro pueblo [… ] En cambio el criterio político que debe imperar sí es efectivo. Si tuviéramos después de esta revolución uno, dos, tres o cuatro períodos de Congresos constitucionales, se permitiría la entrada en esta Cámara a toda clase de elementos; pero acabando de pasar por un periodo revolucionario bastante intenso, no conviene por ningún motivo, pues a todo el mundo le consta que el enemigo no descansa, que el elemento reaccionario de nuestra patria no se doblega con facilidad, sino que se arrastra, intriga y, carente de valor personal, siempre busca la manera de mezclarse con los verdaderos revolucionarios [… ] cuando encontremos a un individuo que no llene las condiciones necesarias para representar al pueblo, estamos en el derecho de decir que las elecciones son nulas y que el punto legal tiene que subalternarse al punto político por ser la salvación de la patria.³⁸

Sansalvador, en febrero de 1913, era presidente del Congreso de Zacatecas que avaló el asalto al poder de Huerta. Según dijo Aguirre Escobar, rehusó adherirse al constitucionalismo. Por ello, concluyó:

[… ] vengo a pedir a la asamblea, que por los antecedentes políticos de Sansalvador, por el perjuicio que a la revolución ha causado con su presencia entre los elementos huertistas, y también por lo que de malo pudiera hacer en este Congreso, puesto que un individuo carente de ideales, un individuo que no tiene amor a la patria, no puede hacer nunca labor revolucionaria en un Congreso que se dice revolucionario; por tal razón, repito, pido a mis compañeros, que por honor a la revolución y prestigio del gobierno que viene, no se admitan elementos de la calaña de Fernando Sansalvador.³⁹

El dictamen que daba por buena la elección de Sansalvador fue desechado.

Otra credencial rechazada fue la del mayor Alejandro Castañeda, jefe del Estado Mayor del gobernador de Querétaro, Federico Montes, uno de los hombres más cercanos a Carranza. Se denunciaron múltiples irregularidades en su triunfo por el 2º distrito electoral de esa entidad: coacción del voto, movilización militar para presionar a los electores, amenazas del pre siden te municipal y de hacendados contra sus opositores, además de un proceso criminal contra Castañeda por haber asesinado al mayor Justino López en un burdel. Montes defendió el triunfo de Castañeda aduciendo que había sido legal y que no hubo protestas en las casillas, que las denuncias se habían hecho desde la ciudad de México. Siurob le reviró que no hubo protestas en las casillas porque en todas ellas había militares uniformados. En votación económica, Castañeda quedó fuera. Después de esa credencial, se informó que había ya 148 credenciales aprobadas, por lo que se podía instalar el Congreso.⁴⁰

Una vez instalada la Cámara continuó sesionando el colegio electoral. La comisión desechó la credencial de otro connotado carrancista y exconstituyente, Manuel Cepeda Medrano, quien encaró a sus compañeros diciendo que se le rechazaba ilegalmente por ser enemigo del Partido Liberal Constitucionalista, y que éste había permitido el ingreso de muchos diputados que no podían levantar la frente porque habían entrado por la puerta del chanchullo y la picardía. Se le anularon muchos votos por haber sido llenados por el presidente de la casilla y se le acusó de haber sido impuesto por el gobernador de Coahuila, Gustavo Espinosa Mireles; se dijo que en el Constituyente Medrano se alió no con los revolucionarios, sino con los renovadores. García Vigil, aunque reconoció en Medrano a un revolucionario, expresó que quienes odiaban al PLC eran los reaccionarios, quienes buscaban el fracaso de la Revolución, así como “todos los parásitos de la Primera Jefatura”. Con vehemencia, expresó:

Aquí detestan al Partido Liberal Constitucionalista, porque [… ] desde su iniciación siguió una conducta absolutamente independiente y no mendigó ni un solo centavo de nadie, sino que por su propio esfuerzo ha ido a luchar y aquí está la metrópoli entera, que atestigua que por su propio esfuerzo ha triunfado. Por esto se detesta al Partido Liberal Constitucionalista porque en él se ha refugiado como en último refugio, el espíritu verdadero de la revolución [… ]⁴¹

Después de una tortuosa discusión, que llevó a Cepeda Medrano a romper su credencial y salir del salón, se le aceptó.

Estos ejemplos muestran cómo el PLC iba construyendo su mayoría parlamentaria. Habiendo ganado la mayoría de los distritos, con una mayor presencia de sus diputados presuntamente electos, pudo tener mayoría para elegir a las comisiones dictaminadoras y éstas emitían sus dictámenes con un fuerte sesgo en la interpretación de la ley, favoreciendo a sus correligionarios y rechazando a sus adversarios. De esa manera, en el cuerpo legislativo se iba fortaleciendo un grupo de interés con afinidades políticas que, al controlar el Congreso, lo convertiría en un contrapeso del Poder Ejecutivo en los casos en que sus respectivas agendas e intereses políticos no coincidieran. De ese modo, el Congreso fue afianzando su autonomía respecto al presidente Carranza, pues sus líderes y sus correligionarios no tenían la misma visión ni las prioridades del titular del Ejecutivo, como muy pronto se vio. El ejercicio del poder presidencial no fue fácil, como parecería a simple vista mirando las facultades de que lo había dotado la Constitución de 1917. Carranza no contó con un legislativo dócil, dispuesto a seguir siempre sus designios. Por el contrario, cada iniciativa importante fue objeto de una ardua negociación y, en muchos casos, el legislativo se impuso y bloqueó sus iniciativas.

Así, con 148 diputados, el 14 de abril quedó formalmente instalada la XXVII Legislatura. El PLC había logrado ya una amplia mayoría en la Cámara, lo que se corroboró en la elección de la mesa directiva. Para presidente, Eduardo Hay obtuvo 111 votos contra 12 de Federico Montes; para primer vicepresidente, Alberto Román logró 97 votos contra 10 de Marciano González; Alfredo Robles Domínguez derrotó por 98 votos a 12 a Alfonso Cravioto.

En los debates se advertían dos bloques: uno, que contaba con la mayoría de los votos, muchos de cuyos miembros pertenecían al PLC, y otro, reducido, de los colaboradores de Carranza. Sin embargo, el grupo pelecista no era homogéneo, había simpatizantes de Obregón, de Pablo González y también estaban quienes mantenían distancia respecto a ambos.

En la discusión de las credenciales afloraron no sólo las diferencias políticas entre quienes se consideraban garantes de la Revolución, los pelecistas, y los liberales moderados cuyas figuras más visibles eran los renovadores que habían logrado ingresar a la legislatura. Pero también llama la atención la virulencia, el encono de la discusión. Cuando se impugnaba una credencial, muchas veces se volvía una cuestión de honor. Salían a relucir el pasado de los candidatos, su trayectoria, sus amistades, sus alianzas, sus cargos. Si los aludidos estaban en la sala, contestaban defendiendo su honor, esgrimían sus argumentos, sus pruebas, y buscaban denigrar a sus opositores. Era, en muchos casos, una batalla campal en la que había insultos de uno y otro lado, enfrentamientos verbales que fueron origen, o a veces consecuencia, de odios, resentimientos y rencores que en muchos casos no se superarían.

El 26 de abril de 1917, la Cámara de Diputados calificó la elección presidencial. El dictamen reconoció la validez de la elección y presentó los resultados. Las únicas regiones en donde no hubo comicios fueron todo el estado de Morelos y tres distritos de Puebla, zona controlada por los zapatistas, así como cinco distritos de Chihuahua, controlados por Villa.

El último día de abril se eligió la mesa directiva para el mes de mayo. Nuevamente ganaron los pelecistas: Alberto Román la presidiría; Martínez de Escobar sería el primer vicepresidente y Juan Zubarán el segundo. El 1^o de mayo, ante el Congreso, Carranza rindió protesta como presidente constitucional de la República. Sin embargo, en los siguientes meses esa relación sería muy complicada, pues el legislativo se convertiría en un dique para varias de sus principales iniciativas y en un factor de poder con notable independencia, un auténtico contrapeso al poder presidencial.

Como se observa, la oposición política al presidente Carranza por parte de la mayoría legislativa integrada por diputados afines a Obregón se consolidó en la XXVII Legislatura y sería aún más fuerte en la siguiente, en la medida en que se acercaba la sucesión presidencial de 1920. Parecería entonces que la rebelión de los jefes sonorenses para imponer a Obregón en la silla presidencial fue una decisión precipitada, pues el héroe de Celaya se iba perfilando como la figura política dominante en el escenario nacional. Sin embargo, para entender las razones de esa ruptura dentro de la corriente que triunfó en la Revolución habría que considerar la polarización que se dio entre el bloque de militares y políticos carrancista y el obregonista, así como el de los seguidores de Pablo González y la decisión de unos y otros de conservar o alcanzar el poder al costo que fuera en 1920, tema que excede los objetivos de este artículo.