Introducción

En la primera mitad del siglo XX en Ecuador se produjo un lento pero sostenido proceso de modernización capitalista; durante este periodo Ecuador se convirtió en un país agroexportador; desde los últimos años del siglo XIX hasta 1950, su principal fuente de divisas fue la exportación de cacao;¹ esta circunstancia hizo que en ese tiempo su economía fuera muy frágil y estuviera marcada por periodos de auge y de crisis, y que estos cambios estuviesen directamente relacionados con los procesos de expansión o contracción de la demanda de la “pepa de oro” en el mercado mundial.² Los hechos políticos más importantes de esta época se pueden resumir en lo siguiente: en 1895 triunfó la revolución liberal encabezada por Eloy Alfaro; durante este periodo se impulsó la construcción del ferrocarril Durán-Quito con el fin de facilitar el intercambio de productos entre la Sierra y la Costa y promover la constitución de un mercado nacional, también se impulsó el laicismo y la secularización del Estado; los cambios jurídicos y políticos realizados por Alfaro encontraron una feroz resistencia por parte de la Iglesia católica y la aristocracia terrateniente serrana que no se resignaban a perder sus privilegios;³ el 28 de enero de 1912 Alfaro fue asesinado, su cadáver arrastrado por las calles de Quito y luego incinerado en una “hoguera bárbara” en el parque de El Ejido.

En la década de los años veinte del siglo pasado, Ecuador atravesó una grave crisis económica debido a la caída del precio del cacao; el 15 de noviembre de 1922 la clase obrera ecuatoriana recibió su bautismo de sangre: miles de trabajadores fueron asesinados en las calles de Guayaquil y sus cadáveres arrojados a las aguas del río Guayas.⁴ En 1925, el gobierno de Isidro Ayora impulsó un proceso de modernización de la administración pública y creó el Ministerio de Previsión Social; al año siguiente expidió la Ley de Sanidad y Asistencia Pública; en 1928 la Ley sobre el Trabajo de Mujeres y Menores y Protección a la Maternidad.⁵ En 1938, el gobierno del coronel Alberto Enríquez Gallo expidió el Código de Trabajo y la Ley de Comunas Campesinas.⁶ En 1941 se produjo un enfrentamiento bélico entre Ecuador y el Perú; Ecuador perdió más de 200 000 km² de la Amazonía y esta derrota militar provocó un fuerte descontento en la población; en 1944 hubo una revuelta popular (conocida como La Gloriosa) que terminó con el derrocamiento del presidente Carlos Arroyo del Río y la entrega del poder al líder populista José María Velasco Ibarra. En 1945 se aprueba una nueva Constitución⁷ que se mantiene vigente hasta 1978. Cabe indicar que este proceso está marcado por una encarnizada disputa por el control del poder del Estado entre una corriente modernizante encabezada por el Partido Liberal y el socialismo,⁸ por un lado, y una corriente renuente al cambio encabezada por el Partido Conservador y la Iglesia católica, por otro.

En la primera mitad del siglo XX, la migración del campo a la ciudad aumenta, crecen las barriadas populares en las ciudades de Quito y Guayaquil, la economía urbana se dinamiza con la instalación de fábricas, almacenes y otros negocios, pero la carencia de servicios básicos (agua potable y alcantarillado) provoca graves problemas en la salud de los habitantes. Las transformaciones políticas y económicas ocurridas en las primeras décadas del siglo XX originaron cambios en el imaginario civilizatorio, de manera que “la población misma del país empieza a ser percibida como una fuente de riqueza nacional”.⁹ Estos cambios obligan a que desde el Estado se promuevan medidas pronatalistas que exaltan la función social de la maternidad; estos conceptos van gestando la idea de que la principal función del cuerpo de la mujer es garantizar la procreación. Para los defensores de esta teoría, la vida del feto debía ser protegida por encima de cualquier otra consideración.

En este escenario histórico, en el presente artículo se analizan los distintos mecanismos sociales y morales que se implementaron en la ciudad de Quito en la primera mitad del siglo pasado y que permitieron que el imaginario hegemónico sobre la ma terni dad se materializara en prácticas cotidianas consideradas normales; también se trata de entender el papel que tuvieron las trabajadoras sociales de la Junta Central de Asistencia Pública de Quito (JCAP-Q) en este proceso; este análisis se enriquece con reflexiones sobre el honor y la honra, así como también con datos e informaciones sobre las estrategias de promoción de la higiene, la puericultura y el “cuidado científico” del niño, impulsado por los médicos salubristas de esa época.

La modernización de la economía urbana, las crisis económicas que vivió Ecuador en la primera mitad del siglo XX y la situación de extrema pobreza en la que vivía la mayoría de los hogares del centro histórico y los barrios populares de Quito obligaron a hombres y mujeres a cambiar los papeles tradicionales de género; muchas mujeres se vieron en la necesidad de salir de sus hogares para trabajar como obreras, artesanas o vendedoras ambulantes, lo que las obligó a combinar sus papeles tradicionales de madres, amas de casa y cuidadoras de niños y enfermos, que los desempeñaban en el espacio doméstico-privado, con su nuevo desempeño como obreras asalariadas o trabajadoras por cuenta propia, que desarrollaban en el espacio público; esta nueva realidad trajo como consecuencia un aumento de sus responsabilidades y un alargamiento de su jornada laboral.¹⁰ Por otro lado, su irrupción en la esfera laboral puso en entredicho el papel clásico de macho proveedor, asignado a los varones, y el de madre, abnegada y sumisa, totalmente dependiente de su marido, asignado a las mujeres; también puso a prueba el modelo de la familia monogámica formada por el padre, la madre y los hijos “legítimos”, nacidos dentro del matrimonio, que había sido promovido como el ideal a seguir por la Iglesia y la clase terrateniente serrana.

En los boletines pastorales publicados por las autoridades religiosas de la época se exaltaba la idea de que la familia era la célula de la sociedad y que la principal razón de ser de esta institución era la crianza de los hijos, puesto que era por ellos y para ellos que la Divina Providencia había instituido la familia; aunque resulte paradójico, estas ideas fueron funcionales a las propuestas modernizantes impulsadas por las corrientes liberales que planteaban la necesidad de promover un crecimiento poblacional ordenado y saludable. En este sentido, hubo una coincidencia entre la Iglesia católica y el Estado en el tratamiento de este tema pues, aunque desde diferentes vertientes ideológicas, ambas instituciones consideraban que los niños eran la alegría del hogar y que era antinatural la existencia de una familia sin hijos. En este contexto, desde 1920, los médicos salubristas impulsaron un conjunto de ideas positivistas para adaptar los cuerpos de las mujeres y los niños a las necesidades del progreso nacional; estos médicos consideraban que la adquisición de hábitos de higiene era fundamental para garantizar una crianza sana y saludable de los niños y evitar la muerte prematura de los bebés; según estos autores, el mejor ambiente para ello era el que les podía brindar un “hogar bien constituido”; por lo tanto, “el modelo familiar era una preocupación común debido a la visión de la familia como la base para formar buenos ciudadanos y buenos cristianos”.¹¹ Sin embargo, este ideal distaba mucho de la realidad de los hogares de los sectores populares, donde había una diversidad de modelos de familia, entre los que se podían distinguir los hogares monoparentales, las familias ampliadas en las que convivían bajo un mismo techo varias generaciones, y las múltiples formas de parentesco basadas en relaciones de consanguinidad, amistad, afinidad, vecindad y proximidad.

Discursos médicos sobre la maternidad: lo permitido y lo profano

La tesis de que el progreso social depende del crecimiento demográfico de un país llevó a los médicos salubristas ecuatorianos a demandar la creación de políticas públicas encaminadas a la protección de la infancia y la reducción de la mortalidad infantil; su propuesta central fue la promoción de hábitos de higiene, el fomento de la puericultura en los hogares y la difusión de las normas del “cuidado científico” de los niños. Para que esta propuesta tuviera el éxito deseado era necesario que la mujer asumiera su papel de madre y cuidadora del hogar pues, según afirmaban, en la propuesta del cuidado científico ella estaba destinada a cumplir un papel protagónico.¹² Las recomendaciones del cuidado científico buscaban disciplinar el cuerpo del niño desde su más tierna edad por medio de regímenes estrictos de aseo y alimentación¹³ con el fin de que el bebé se acostumbrara a dormir, amamantarse y permanecer despierto de acuerdo con un determinado horario.

Los defensores de las ideas salubristas consideraban que el cuidado científico de los niños confería a la mujer un estatus especial en el cumplimiento de su papel de madre, pues las convertía en un agente del progreso social. Gracias al cuidado cientí fico, la mujer, con su labor de madre, contribuía a disminuir la mortalidad infantil de la nación y a formar futuros ciudadanos sanos y robustos. Se debe indicar que las ideas de los médicos ecuatorianos no eran únicas de ese país, pues eran compartidas por autores contemporáneos de otros países latinoamericanos.¹⁴

Según los médicos salubristas, el desaseo y la falta de cuidados eran la principal causa de la mortalidad infantil; la enfermera francesa Suzana Ferreire, que había venido al país invitada por el gobierno ecuatoriano, afirmaba que la mortalidad infantil debía ser tratada como un problema racial, puesto que la ignorancia, el desaseo y la superstición eran más acentuadas en las poblaciones indígenas y en las clases obreras y campesinas.¹⁵ Otro tema que atrajo la atención de los médicos fue la atención de partos y el tratamiento de enfermedades por parte de personas empíricas; en este sentido, desde la Facultad de Medicina se impulsó una agresiva campaña de desprestigio del trabajo de las comadronas y curanderas; también se trató de descalificar el papel de las abuelas en la atención de partos en los hogares; autores como Valenzuela (1924) se quejaban de que la superstición “aleja a la gente del hospital y lleva a los niños al cementerio”, pero a su vez reconocían que la gente confiaba más en la medicina tradicional que en los hospitales y que muchas personas preferían escuchar los consejos de “mujeres ignorantes, que son verdaderas directoras del desastre”, antes que las recomendaciones de los médicos.¹⁶

Los principales defensores del salubrismo hicieron grandes esfuerzos para convencer a la población de que acuda a los dispensarios a recibir capacitación y asesoramiento, promocionaron la adopción de hábitos de higiene en la crianza y cuidado de los niños y alentaron la realización de controles periódicos de salud a los bebés; también se preocuparon de elaborar folletos y materiales de divulgación sobre la atención a los enfermos, recomendaron que los muertos no fueran velados en las viviendas y combatieron las prácticas empíricas de parteras, curanderos y brujos.¹⁷

Los médicos salubristas acuñaron el término “venenos raciales” para referirse a las enfermedades venéreas, el alcoholismo y otros males como tuberculosis, sífilis, viruela y malaria; según estos autores, los venenos sociales constituían una verdadera amenaza para los niños¹⁸ porque ponían en riesgo su vida y su salud. Varios autores de la época plantearon la necesidad de reprimir las pasiones humanas, corregir los instintos y controlar el impulso sexual. Uno de los mecanismos que propusieron para ello fue la educación moral. Estos autores acuñaron varios términos nuevos como el de “amor consciente”; según estos médicos, por medio del amor consciente se podía practicar una sexua li dad responsable, regular la reproducción humana y reducir el riesgo de nacimientos de niños con taras físicas o mentales; otras estrategias recomendadas para reducir el deseo sexual era la adopción de hábitos de higiene, el autocontrol y el uso de métodos anticonceptivos; también se debían evitar los encuentros sexuales ocasionales, “la promiscuidad irresponsable [propia] de los salvajes, y la maternidad [o paternidad] por “desliz”.¹⁹

Los salubristas propusieron al Estado que se exigiera a los contrayentes de una unión matrimonial la presentación de un certificado médico que permitiera comprobar si los futuros cónyuges eran genéticamente compatibles; la presentación de este requisito permitiría a los médicos comprobar si la nueva pareja era apta para procrear hijos sanos y sin taras.²⁰ Esta demanda de los médicos no tardó en rendir sus frutos; en 1938 el gobierno del presidente Alberto Enríquez Gallo expidió una ley en la que se señalaba que uno de los requisitos para la celebración del matrimonio era la presentación de un certificado médico en el que se demostrara que los contrayentes no poseían enfermedades que pudieran afectar la salud de sus futuros hijos; esta ley sancionaba con fuertes multas al sacerdote o al funcionario del Registro Civil que celebrara un matrimonio sin exigir la presentación de dicho documento; además, anulaba el matrimonio si se había celebrado; en la práctica, la aplicación de esta ley resultó inviable y fue derogada mediante la expedición de una nueva normativa publicada en el Registro Oficial del 30 de agosto de 1938.

Para los salubristas, el destino natural de toda mujer era casarse y tener hijos; a partir de este supuesto se fue construyendo un discurso de causa y efecto en el que la responsabilidad por la muerte de un infante recaía de manera exclusiva en la madre, a la que se le acusaba de no haberlo cuidado debidamente. Para la construcción de este discurso se partió de la siguiente hipótesis: para que el modelo funcionara, el niño debía nacer en un hogar donde el padre cumpliera su papel de proveedor y la madre, su función de cuidadora del hogar y ama de casa a tiempo completo; desde esta óptica, la existencia de una madre soltera era vista como una grave infracción a las normas de comportamiento de una mujer “decente”; pero, además, la madre soltera transgredía otra norma legal muy importante, la de la legitimidad de los hijos. Los médicos higienistas más radicales consideraban que la madre soltera era un “veneno social”. Una corriente más flexible incluía en sus análisis consideraciones socioeconómicas y culturales y reconocía que, en la mayoría de los casos, estas mujeres eran víctimas de las circunstancias en las que les había tocado vivir y que la falta de ingresos económicos y el bajo nivel de instrucción las convertía en víctimas de un círculo vicioso de pobreza, bajos niveles de educación, marginalidad y miseria; estos médicos manifestaban que en estas circunstancias, a estas mujeres les era muy difícil cuidar y alimentar adecuadamente a sus niños y que, por esta razón, estas criaturas tenían pocas posibilidades de vida. Refiriéndose a estos hechos, en 1937, un galeno sentenciaba: “madre soltera fábrica de ángeles, su hijo muere para que haya un ángel más en el cielo”.²¹

Los salubristas radicales afirmaban que las madres solteras eran mujeres que carecían de una sólida formación moral y que no tuvieron la firmeza suficiente para sobreponerse a la tentación del deseo sexual; aunque reconocían que estas mujeres vivían en una situación de pobreza y desamparo, no dudaban en señalar que estos padecimiento debían servirles de escarnio por haberse convertido en “madres por desliz”.²² Los autores de la otra tendencia se mostraban más comprensivos, consideraban que no se debía satanizar la figura de la madre soltera y que al contrario, se debía comprender a estas mujeres, que son sujetos tristes, víctimas de las circunstancias que les ha tocado vivir, a las que la sociedad debe amparar y proteger.²³ Según estos médicos, el verdadero responsable del drama que vivía la madre soltera era el padre de la criatura, quien se desentendía de sus obligaciones y negaba todo apoyo financiero a la mujer, obligándola a acudir a pedir ayuda en instituciones de beneficencia.

Los textos sobre el cuidado científico de los niños fueron escritos de modo didáctico, en forma de manuales de puericultura, y estuvieron dirigidos a las madres de las clases populares con el fin de “civilizarlas, [y] hacerlas más productivas y ordenadas”.²⁴ A pesar de los esfuerzos de los médicos, la difusión de estos manuales no tuvo el éxito deseado porque la mayoría de las mujeres de las barriadas populares de Quito era analfabeta y, además, estas mujeres reinterpretaban estos textos de acuerdo con sus hábitos culturales y su vida cotidiana. Para superar esta falencia, los médicos consiguieron que, a partir de 1928, se incluyera la asignatura de puericultura en el currículo del Instituto Normal “Manuela Cañizares”.²⁵ En los años posteriores, la materia de puericultura fue incorporada en los planes de estudio de las escuelas y colegios femeninos de la ciudad de Quito y en general del país.

Aunque los médicos salubristas reconocían que desde la segunda mitad de los años veinte los gobiernos de corte liberal-socialista habían expedido un conjunto de leyes para proteger a la madre trabajadora y a su niño, autores como Carlos Sánchez se mostraban inconformes con esta legislación por considerar que incentivaba a las mujeres pobres a salir del espacio doméstico para buscar trabajos mal remunerados y muy exigentes físicamente, provocando el abandono moral y físico de sus hijos de corta edad.²⁶ Por esta razón este autor propuso que se dictaran leyes para proteger a las mujeres mediante una estricta vigilancia médica y la adopción de medidas para evitar accidentes laborales de mujeres embarazadas; también planteó la necesidad de crear casas cuna y cantinas maternas o espacios para lactancia para los hijos de mujeres trabajadoras.²⁷

En 1942, el médico salubrista Carlos Andrade Marín participó como delegado de Ecuador en el VIII Congreso Panamericano del Niño, donde presentó un informe en el que se señalaban los avances y las dificultades del país en la aplicación de sus políticas de protección a la infancia; también invitó a los demás países a repensar los desafíos de la aplicación de las políticas salubristas y la protección a la madre y al niño en contextos de confrontaciones bélicas; este hecho es sumamente importante porque en ese año el mundo vivía los efectos de la segunda Guerra Mundial y en Ecuador había un clima de descontento luego del enfrentamiento bélico con el Perú de 1941.

El trabajo de los médicos higienistas contribuyó a modernizar la administración pública. Cambió radicalmente los enfoques de la prestación de los servicios de salud y la implementación de estrategias para combatir epidemias y enfermedades contagiosas; también incentivó la formación de nuevas profesiones como la de enfermera y la de trabajadora social,²⁸ que desde sus inicios fueron ejercidas casi exclusivamente por mujeres.

La creación del Ministerio de Previsión Social, en julio de 1925,²⁹ planteó la necesidad de instaurar nuevos puestos de trabajo en la administración pública, para atender asuntos relacionados con la protección social a mujeres y niños desamparados, ancianos, enfermos, personas con discapacidad física o mental, mendigos, menores infractores y otros “seres desvalidos”; en consecuencia, era necesario profesionalizar a un grupo de funcionarios para que se encargaran de dar seguimiento a estos casos y pudieran orientar a los jueces en la toma de decisiones en favor de estas personas y grupos desamparados. En 1938 se expidió el Código de Trabajo; con estos antecedentes, en 1939, el gobierno nacional organizó un curso de un año de duración para formar visitadores sociales, entre 1939 y 1941, la Corte Nacional de Menores creó un nuevo curso de visitadores sociales, de dos años; en marzo de 1945 se creó la Escuela Nacional de Servicio Social “Mariana de Jesús” de orientación católica; en noviembre del mismo año la Escuela Nacional de Servicio Social, de orientación laica, adscrita al Ministerio de Previsión Social; estas escuelas tenían como propósito formar profesionales que ayudaran a reducir la pobreza y la mortalidad infantil.³⁰ Para graduarse, las egresadas de estos establecimientos debían realizar prácticas preprofesionales supervisadas por maestras tutoras durante varias semanas en la Junta Central de Asistencia Pública de Quito (JCAP-Q). Por medio de estas prácticas, las futuras trabajadoras sociales aprendían a realizar encuestas y entrevistas, a elaborar informes, visitar hogares, fábricas, orfelinatos, escuelas, hospitales y “todos aquellos lugares de la vida colectiva donde el hombre necesita asistencia o mitigación de su dolor”.³¹ La labor de las escuelas de trabajo social fue bien vista por la prensa nacional, pues se consideraba que las estudiantes y autoridades de esos centros “se hallan empeñadas en servir a la colectividad, investigando los traumas morales y sobre todo velando por la situación de los niños”.³²

La asistencia pública

La creación de esta institución fue una vieja aspiración de los médicos salubristas, quienes consideraban que era un deber del gobierno nacional “atender la situación de las clases menesterosas, los niños abandonados, las mujeres solas y los ancianos desamparados”.³³ En 1926 se creó la Junta Central de Asistencia Pública (JCAP-Q) “como un mecanismo para atender la enfermedad a los sectores pauperizados”;³⁴ esta entidad tuvo como propósito proteger a la familia y a la infancia.³⁵ En sus inicios la institución tuvo una etapa de transición y estuvo dirigida por la antigua Junta de Beneficencia,³⁶ entidad creada en 1864 por el presidente García Moreno³⁷ y, desde entonces, administrada por la Iglesia católica (en especial por las hermanas de la Caridad). La nueva institución heredó de la antigua Junta de Beneficencia la administración de hospitales, hospicios, lazaretos, casas de acogida, orfelinatos y cementerios, con la particularidad, no menor, de que ya no era administrada por comunidades religiosas y damas conservadoras, sino directamente por funcionarias y funcionarios del Estado; además, tenía una orientación laica. Sin embargo, se debe anotar que la nueva entidad continuó atendiendo a las personas pobres y menesterosas desde un enfoque paternalista basado en la caridad y la beneficencia, y no en el reconocimiento de sus derechos.

Para estandarizar los trámites de la prestación de sus servicios, la Junta de Asistencia Pública estableció como norma la presentación de oficios y solicitudes, así como la elaboración de informes, se preocupó de organizar un archivo de los documentos oficiales y los informes de los médicos y trabajadoras sociales; estos documentos fueron numerados, codificados y archivados en orden alfabético de acuerdo con el apellido de los niños o de las personas solicitantes. En sus informes, las trabajadoras sociales anotaban el nombre del o la beneficiaria, su domicilio y el resumen de su solicitud; los formatos de los informes sufrieron pequeñas modificaciones con el tiempo, pero conservaron su estructura básica original. En 1951 se agregó un registro sobre la condición legal de los niños, es decir, sobre su condición de hijo legítimo o ilegítimo.

Hay que señalar que esta forma de organización de los archivos tenía ventajas y desventajas. Entre las ventajas se deben anotar el establecimiento de un archivo ordenado, mientras que entre las desventajas estaba la despersonalización y pérdida de identidad de los peticionarios, quienes comenzaron a ser identificados por un número o un código y no por su propio nombre.

A más de los informes, las trabajadoras sociales de la Asistencia Pública llevaban una ficha en la que incluían una descripción sucinta sobre la situación socioeconómica y familiar de la persona peticionaria; esta información ayudaba a realizar una evaluación previa del caso y a motivar las recomendaciones sobre la aceptación o negación de la solicitud de internamiento de un niño.³⁸ El servicio que tenía mayor demanda era el de las casas cuna, el número de solicitudes era tan alto que rebasaba la capacidad de atención de la Junta, por lo que, se priorizaban las peticiones en favor de los hijos de madres trabajadoras.³⁹

Por lo general, las solicitudes presentadas a la JCAP-Q eran tramitadas rápidamente; sin embargo, había ocasiones en las que la respuesta demoraba varios meses, especialmente cuando se trataba de casos complejos. Los informes de las trabajadoras sociales incluían, en su parte final, una sección de recomendaciones que ayudaba a orientar la decisión de las autoridades; hay que señalar, sin embargo, que estas recomendaciones no tenían un carácter vinculante, pero eran fundamentadas y estaban redactadas de manera clara y comprensible, pues como se acota en un documento de la época, un informe “por su lenguaje cortés no es impositivo, pero se acotan palabras como: recomendamos, aconsejamos, sugerimos, mas no como una orden e imposición”.⁴⁰

Como ya se señaló anteriormente, los informes de las trabajadoras sociales tenían un enfoque higienista, por ello, no era raro que, a más de registrar los datos generales del solicitante (nombre, edad, género, estado civil, profesión u oficio, dirección domiciliaria), se registraran datos sobre su condición física (estatura, color de piel, estado de ánimo, forma de vestir, higiene personal, etc.). Para muestra un ejemplo: “La señora es pequeña, gorda, morena, estaba bien vestida con un abrigo plomo, zapatos de gamuza, ligeramente maquillada […]”.⁴¹

En los informes de las visitas domiciliarias se anotaba el número de habitaciones que ocupaba la familia, el número de camas, el mobiliario existente; también se anotaba cuántas personas dormían en una misma cama y si los niños dormían con personas adultas; en los casos de hogares en situación de extrema pobreza, las trabajadoras sociales pasaban por alto algunas consideraciones como la humedad, falta de luminosidad y el tamaño de las habitaciones, pero anotaban si la vivienda se encontraba limpia y ordenada o no; así: “las precarias condiciones de habitación incluyen piso de tierra, sin ventilación, sin entrada de sol, ni luz eléctrica que en las noches se alumbran con esperma”.⁴²“Personas que viven bajo una grada, antihigiénico, piso de tierra y carente de ventilación.”⁴³

Al igual que las enfermeras en las décadas anteriores,⁴⁴ las trabajadoras sociales utilizaron la visita domiciliaria como su principal estrategia de investigación social; en ocasiones, los peticionarios no entregaban una información completa a las trabajadoras sociales para que no pudieran ubicar su domicilio; por esta razón, en el momento de receptar la petición se solicitaba a los posibles beneficiarios que describieran de forma detallada cómo llegar hasta su vivienda, e incluso se les pedía que hicieran un croquis; las trabajadoras sociales eran muy prolijas al momento de ubicar una vivienda, averiguaban a los vecinos e iban de casa en casa hasta encontrar la dirección precisa. Algunas veces los usuarios daban datos inexactos para que las trabajadoras sociales no ubicaran sus casas, lo que ocurría especialmente cuando estas personas tenían la intención de abandonar a sus hijos después de ingresarlos en un orfanato.

En los hogares pobres, gran parte del ingreso familiar se destinaba al pago del alquiler de la vivienda (que en la mayoría de los casos se trataba de una sola habitación); en los hogares menos pobres, los espacios destinados al dormitorio, la cocina y el taller estaban separados por biombos hechos con madera y tela delgada para no oscurecer la habitación, mientras que en las viviendas más humildes los ambientes estaban divididos con esteras de totora o biombos hechos con madera y cáñamo cubierto con hojas de periódico pegadas con engrudo.

El único ingreso que tenían los hogares matrifocales pobres era el proveniente del trabajo de la madre; según los informes de la Asistencia Pública, a fines de la década de 1940, el valor promedio del arriendo de una habitación en el centro de Quito oscilaba entre 20 y 60 sucres mensuales.⁴⁵ La mayoría de las familias monoparentales que acudía a la Junta tenía un ingreso inferior a 30 sucres mensuales; según la clasificación de Suárez⁴⁶ este grupo correspondía a la “clase urbana de obrero A”, formada por jornaleros, cargadores y oficiales de taller; las mujeres se desempeñaban como lavanderas, planchadoras, costureras y empleadas domésticas; en este grupo también se incluía a las vendedoras ambulantes de comestibles y comerciantes que tenían un ingreso promedio de 3 sucres diarios.⁴⁷

La revisión médica era un requerimiento exigido para autorizar el ingreso de un niño a una casa de acogida pues su estado de salud era un indicador determinante para saber el tipo de crianza que recibía en su hogar. Si se constataba que tenía buenas condiciones de salud se deducía que había un cuidado adecuado y que, por tanto, no había razón para autorizar su internamiento. Al contrario, si se encontraban signos de desnutrición, enfermedad en los niños, y desaseo en las personas y en la vivienda, se solicitaba continuar con la investigación sobre la situación socioeconómica y familiar de los progenitores para autorizar el internamiento de los infantes; de esta manera, por medio de estas visitas, charlas y otras acciones de sensibilización, las trabajadoras sociales de la Junta fueron promoviendo una cultura pedagógica de aseo que diferenciaba la escasez de la insalubridad, y justificaba que las persona fueran pobres pero no sucias.⁴⁸

Los informes se redactaban a partir de un concepto de maternidad que consideraba que la misión natural de una mujer era cuidar a sus hijos, y que el cuidado de su bebé estaba por encima de todo. Las trabajadoras sociales consideraban que la madre tenía una capacidad infinita para proteger y cuidar a sus hijos y que esta capacidad le permitía sobreponerse a la pobreza, a las privaciones y a los maltratos de los que pudiera ser víctima por parte de su conviviente; se consideraba que “las buenas costumbres y el cariño que ofrece la madre a sus hijos son dignos de tomarse en cuenta y, por consiguiente, sería perjudicial el ofrecer internamiento para ellos”.⁴⁹

Las trabajadoras sociales consideraban que la madre era la piedra angular de la familia y que su función era insustituible en la crianza de los niños; pensaban que la familia debía responder al imaginario hegemónico que concebía al hogar como una institución parental unida por lazos de amor, comprensión, cuidados y afecto; con este enfoque, las trabajadoras sociales de la JCAP-Q recomendaban a las mujeres con las que trabajaban que “estime[n] el cuidado de la madre hacia sus hijos y evitará la desintegración familiar”.⁵⁰ O como se grafica en este testimonio:

Hicimos comprender la responsabilidad que tenía la madre con respecto a sus hijos, que no era posible sean colocados en un orfelinato, pues tenían madre. Responde que “de nada valía que tengan madre cuando era una persona que no las podía cuidar”. “Sugerimos conveniente que los niños vayan a la escuela […] [No tiene medios] […] indicamos las desventajas de que los chicos pasen en la calle sin concurrir a la escuela.⁵¹

Las autoridades de la JCAP-Q no admitían como razones válidas para autorizar el internamiento infantil los alegatos sobre la condición de pobreza o desempleo de las personas solicitantes; si en el informe del caso se registraba que la familia era “armónica donde la comprensión y el cariño felizmente reina”,⁵² se recomendaba hacer todo lo posible para “mantenerlos unidos y gozando de un comprensivo cariño” y evitar que los niños pudieran “sufrir emocionalmente por la separación”.⁵³

El imaginario de familia nuclear monógama que orientaba el trabajo de las profesionales de la Asistencia Pública difería de la realidad de las familias pobres de la ciudad de Quito. En épocas de crisis económica las familias pobres debían implementar estrategias de supervivencia que ponían a prueba a toda la familia; cada uno de sus miembros debía realizar una actividad que le permitiera obtener un ingreso económico propio, sobre todo si el padre-proveedor se dedicaba al trabajo informal⁵⁴ o si éste se encontraba en la desocupación. La repartición de las labores dependía del género y edad de las personas.⁵⁵ El dinero generado por los hijos y la mujer no se consideraba un ingreso individual, sino un mero complemento que ayudaba a redondear el sueldo paterno.⁵⁶

La JCAS-Q se mostraba comprensiva y colaboradora en la entrega de “socorros” en el caso de viudas o viudos, considerando que después de la muerte de su cónyuge estas personas debían asumir solas todas las responsabilidades del hogar; sin embargo, la Junta tenía un trato diferenciado de acuerdo con el género de los solicitantes; en el caso de hombres viudos, la Junta les ayudaba en el cuidado de los niños y en las labores del hogar durante unos meses después del fallecimiento de su esposa; de igual manera, cuando un hombre viudo solicitaba el internamiento de su niño en el orfanato, las trabajadoras sociales se mostraban flexibles en la exigencia de los requisitos; no se le pedía que cumpliera con los quehaceres domésticos, mantener limpia y ordenada su vivienda, ni que sus hijos estuvieran limpios y debidamente atendidos; se sobrentendía que su trabajo fuera del hogar no le dejaba mucho tiempo para arreglar la casa ni para atender a los niños; en estos casos, la JCAS-Q investigaba si el hombre tenía alguna pariente mujer que le pudiera ayudar con esas tareas y se le entregaba una pensión mensual por un determinado tiempo; en otros casos, si no se podía ubicar a una pariente para que se responsabilizara del cuidado de los niños, se recomendaba aceptar su solicitud de internamiento de los infantes en el orfanato.

En los casos de las viudas, en cambio, se les exigía que cumplieran con su papel de madre sufrida y abnegada; se consideraba que, a más de su papel de madre y cuidadora del hogar, tenía la responsabilidad de desarrollar una actividad productiva que le permitiera obtener ingresos económicos para mantener a su familia. Las trabajadoras sociales de la JCAS-Q eran conscientes de la complicada situación socioeconómica de los hogares de las mujeres viudas. Para aliviar la difícil posición de estas mujeres crearon un programa de “socorros” encaminado a proteger a la niñez y las madres pobres, pero esta ayuda tenía un carácter temporal, hasta que la mujer encontrara trabajo o desarrollara algún emprendimiento que le permitiera obtener ingresos económicos. Este programa tenía un enfoque paternalista y estaba motivado por razones filantrópicas.

No pasó mucho tiempo para que las mujeres pobres de la ciudad de Quito advirtieran cuáles eran las prioridades y el enfoque de la Junta en la atención a los sectores desvalidos; este hecho les permitió que en sus solicitudes de apoyo humanitario se mostraran a sí mismas como personas humildes “desprovistas de todo medio” económico que les permitiera subsistir dignamente; es decir, para que se presentaran como personas solas y desamparadas que “vivían el día a día”, viendo que sus hijos sufrían hambre y subsistían “gracias a la caridad de sus vecinos”, quienes ocasionalmente “les regalan un plato de comida”.⁵⁷ De esta manera, estas mujeres se acomodaban a las políticas de la Asistencia Pública enfatizando las condiciones de vida y las necesidades de sus hijos. Estas iniciativas no deben ser entendidas como una utilización fraudulenta del estereotipo de sexo débil, sino como estrategias sociales y culturales desarrolladas por las mujeres, desde la pobreza, para adaptarse a las exigencias de las políticas asistencialistas de protección a la infancia y a las mujeres desamparadas generadas desde el Estado ecuatoriano.

La imagen sacrificada de la madre viuda se humanizaba cuando ésta decidía formar una nueva pareja, pero recibía el escarnio público cuando la relación duraba poco tiempo y no terminaba en un nuevo matrimonio; en el entorno próximo se consideraba que la mujer había traicionado la memoria de su difunto marido; la compasión por la pérdida del padre de sus hijos y la solidaridad con su tragedia se desvanecen cuando se descubre que la viuda ha decidido establecer relaciones afectivas consideradas “ilegales” con otro hombre; veamos el siguiente caso:

Hijo ilegítimo de una mujer viuda, el padre del niño los ha abandonado por “haber adquirido compromiso ilegal (con) otra mujer”, por ello no recibe ningún tipo de pensión alimenticia. Subsisten de la venta de plátano cocido que le genera dos sucres diarios, la alimentación la reciben en Santo Domingo y en ocasiones en el cuartel de guardias civiles de Santa Clara de San Millán.⁵⁸

En la sociedad quiteña de los años cuarenta del siglo pasado, los casos de mujeres solteras embarazadas fueron fuertemente criticados por la sociedad local; si la mujer pertenecía a una familia pudiente, se improvisaban viajes al exterior o a otras provincias, visitas prolongadas a parientes radicados en otros lugares, viajes a las haciendas de la familia “por motivos de salud”; luego de su nacimiento, el niño era registrado como hijo de los padres de la joven o se lo entregaban a un matrimonio de sirvientes para que se encargara de su crianza. En estos casos, lo más importante era ocultar “la mancha” del honor familiar y evitar las habladurías de la gente; de esta manera, la deshonra de una “señorita de sociedad” se convertía en un secreto de familia y la reputación de la muchacha que había sido “engañada por un sinvergüenza que no tuvo la hombría de bien para asumir las consecuencias de sus actos”, quedaba intacta ante la vindicta pública, porque “las señoritas y los caballeros no pueden dar malos pasos y si los cometen no pueden ser divulgados porque atentan contra su buena honra”.⁵⁹

A las mujeres de las clases populares, en cambio, tener un hijo sin haberse casado las convertía en víctimas del escarnio popular; cuando una muchacha campesina o indígena recién llegada de la provincia resultaba embarazada, tenía que afrontar sola su “desgracia”, criar a su hijo y sufrir hambre y privaciones antes que volver a su lugar de origen, por el miedo a la deshonra y el rechazo de vecinos y parientes.

Montecino considera que en América Latina, detrás del rechazo a la madre soltera está el desprecio al mestizo; según esta autora, este fenómeno es una herencia colonial muy arraigada en el imaginario popular y hace referencia a la posesión violenta del conquistador (masculino) del cuerpo de la mujer nativa “conquistada” (femenino), en una dinámica de poder en la que existe un “hueco simbólico” que hace alusión al abandono y a la irresponsabilidad masculina en la crianza del vástago.⁶⁰ Montecino considera que el nacimiento del mestizo está asociado a su condición de hijo ilegítimo; pero señala, además, que gracias al discurso del poder hegemónico, la víctima, es decir, la mujer violada y agredida sexualmente, se convierte en culpable de haber transgredido las normas de la conducta sexual socialmente permitidas, mientras el varón violador es eximido de toda culpa.

El prejuicio social de la época era un asunto de género, porque luego de la concepción las mujeres se convertían en sujetos gestantes y vivían el embarazo; pero, además, la sociedad esperaba que después del alumbramiento fuera ella, y no su pareja, quien se responsabilizara por la crianza del niño y por todas las implicaciones morales que conlleva la ilegitimidad del nacimiento de la criatura. Los hombres, al desentenderse de esta responsabilidad, se liberaban de los efectos del prejuicio; la madre soltera llevaba implícitas las condiciones de abandono y las consecuencias de la negación de la paternidad; refiriéndose a este fenómeno, en 1937 el médico salubrista Enrique Garcés afirmaba que la madre soltera representaba un peligro para la familia tradicional porque en este caso una sola persona debía asumir el papel de proveedor y de cuidar de la crianza de los niños; sin embargo, en el Ecuador de la primera mitad del siglo XX esta realidad se reproducía en todos los hogares matrifocales⁶¹ de mujeres abandonadas por el padre de los niños o con maridos ausentes durante mucho tiempo. Estas estructuras familiares ponían en entredicho el modelo de familia monógama propuesto por la Arquidiócesis de Quito, que se había convertido en el ideal a seguir, pero que pocas veces llegaba a convertirse en realidad en los hogares de los sectores populares, donde eran comunes las uniones de hecho, las uniones entre personas casadas anteriormente y las mujeres solas con hijos ilegítimos.⁶²

Entre los casos atendidos por la Asistencia Pública de Quito consta una petición de varias esposas “legítimas” de miembros del Ejército; estas mujeres denunciaban que, por razones de servicio, sus esposos debían cumplir su trabajo en lugares distantes y se ausentaban del hogar por largas temporadas. Esta situación les creaba un serio problema económico porque durante la ausencia de su marido no recibían dinero para afrontar los gastos del hogar. Un caso parecido es el que se describe a continuación:

Se presentó en la oficina un niño de 7 años solicitando ayuda económica para su casa. El niño cuenta que es hijo de un teniente, pero hace meses que no saben de él, su madre se encuentra enferma, los ocho hijos del matrimonio “han pasado días sin comer”. El problema que presenta la familia es la separación de sus padres, pues cuenta la madre que desde hace tres años han tenido dificultades en el hogar, pero desde hace un año se encuentran separados “en general su vida de matrimonio con el teniente Alfredo Moscoso ha sido muy ardua llena de necesidades porque él es un hombre muy libertino y mujeriego.⁶³

Las trabajadoras sociales pidieron a la madre que se consiguiera un empleo y asegurara la asistencia escolar de los niños. Exigieron al teniente Moscoso, por medio del Tribunal de Menores, que pasara una pensión (aunque fuera mínima) a sus ocho hijos.⁶⁴ La JCAP-Q sugiere a la madre esperar el regreso de su esposo con la esperanza de que “se arrepienta y recapacite”. Hay que señalar que, en casos como este, a la mujer le estaba prohibido mantener amoríos con otro hombre, y peor aún, recibir visitas masculinas en su hogar porque este hecho podía ser interpretado como un acto de infidelidad y, además, podría dar lugar a habladurías de la gente. Por lo tanto, lo más sensato era que se preocupara de cumplir estoicamente sus deberes de madre y ama de casa.

La falta de cuidado de los niños se consideraba un hecho reprochable; la mujer que no cumplía esta función de manera adecuada era severamente criticada y acusada de carecer de instinto maternal; el calificativo de madre “desnaturalizada” no le eximía del cumplimiento de sus deberes, pues, mala o buena, estaba obligada a permanecer junto a sus hijos, ya que se consideraba que su presencia era infaltable. En los casos de abandono materno, la JCAP-Q hacía esfuerzos para encontrar a la mujer y “hacer todo lo posible para acercarla a los niños”;⁶⁵ este hecho se muestra en la carta que se reproduce a continuación y que fue enviada a la ciudad de Guayaquil por la jefa de las trabajadoras sociales de esa institución a una mujer que había dejado a su niño bajo el cuidado de su abuela:

Usted no puede exigir a una señora de edad, imposibilitada para trabajar, se encargue del cuidado de su hijo, es a usted a quien corres pon de velar por el bienestar de su hijo, como madre que lo es. Deseamos conocer su situación, el lugar donde se encuentra, para mantener comunicación directa con usted, porque esperamos que como madre que conoce su responsabilidad directa sobre la suerte de sus hijos, le interesará saber la situación de su hijo, y de su madre, que como hija también tiene derecho a velar por ella, ya que debemos tener presente que nuestras madres se sacrifican por nosotros y se encargan de la crianza nuestra por lo tanto si (tiene) obligación para su hijo también la tiene para su madre enferma que necesita de su ayuda, como también la ayuda de su hermana para poder vivir en las circunstancias que se encuentra el actualidad. La suerte de su hijo y la de su madre, quien nos manifestó que con ustedes ha sido una madre cariñosa y una hija ejemplar.⁶⁶

Por lo general, la ausencia del padre no provocaba el desmantelamiento de la familia porque la presencia de la mujer ga ranti za ba la protección y el cuidado que los niños necesitaban; en cambio, cuando se producía la ausencia de la madre, la situación era sumamente grave; en estos casos, los niños debían ser entregados, de manera inmediata, a familiares (mujeres) de la madre (tías, primas, abuelas) para que les prodigaran los cuidados que requerían y para que les brindaran la formación moral que los infantes necesitaban.⁶⁷

Existían casos de “extrema irresponsabilidad” de las madres, en los que la JCAP-Q se veía obligada a intervenir para “salvar al niño”; cuando esto ocurría, se realizaban entrevistas a las vecinas, a líderes barriales y a personas de respeto para conocer su punto de vista sobre el problema; estas investigaciones se realizaban cuando el padre o la madre obligaban a sus hijos a mendigar en las calles o en casos de alcoholismo de uno o de los dos progenitores.⁶⁸

La irresponsabilidad de una madre en el cuidado de sus niños era considerada una “mala influencia” para sus hijos y para las demás mujeres; en ocasiones, el desprestigio de una mujer que según sus vecinos tenía “mala conducta”, andaba en “evidentes amoríos” o convivía con un hombre que no era el padre de sus hijos⁶⁹ servía de escarmiento y le ayudaba a rectificar su conducta; en otras, era un argumento esgrimido por el padre de los niños para justificar el incumplimiento de sus obligaciones económicas para la manutención de sus hijos. En estos casos no se respetaba el principio de presunción de inocencia; las mujeres acusadas por sus convivientes o exconvivientes debían defender su honra y demostrar que eran personas decentes, poseedoras de una vida moral y sexual intachable, y probar, además, que su proceder estaba alejado de los comportamientos propios de las “mujeres dañadas en todo sentido”.⁷⁰

Una muestra de estos casos es el de los niños Nieto; su padre, Manuel Nieto, acudió a la JCAP-Q para solicitar el internamiento de sus hijos en el orfelinato para alejarlos de su madre, la señora Carmen Campaña. El motivo de esta petición era evitar la mala influencia de la madre en la crianza de los niños; el peticionario argumentaba que la mujer “es un peligro” por haber estado en la cárcel por una deuda; el denunciante manifiesta que tiene “temor de que sus hijos se queden en un ambiente malsano”.⁷¹

Un informe preliminar dice que “el señor como buen padre se ha preocupado de darles todo lo necesario”, pone de manifiesto la “incapacidad de la señora para la crianza de sus hijos y sobre todo de los varones que son como él, para ellos siempre es necesario la intervención”, es por ello que solicita que se los interne, pues él velará por ellos en el orfanato, “el internamiento quiere para dos de sus hijos, a pesar de tener tres, la hembrita es muy apegada a la madre y de ella no se preocupa el señor Nieto”.⁷²

El hombre se presenta a sí mismo como un padre “consciente, que paga la pensión sin que nadie le exija”, descalifica la conducta de su mujer tachándola de vaga y manifestando que “no ha cumplido de sus compromisos de esposa y se ha dejado influenciar por la ‘dejadez’”.⁷³

La insistencia del señor Nieto en desacreditar la conducta de su esposa despierta dudas en la trabajadora social que conoce el caso, por lo que decide averiguar la conducta de la mujer; luego de una breve investigación descubre que, en el tiempo en que ésta estuvo recluida tuvo buen comportamiento y que por esta razón la justicia le disminuyó el tiempo de la pena; la mujer demostró ser una persona “digna de toda confianza, sirviendo de ejemplo para las demás reclusas”. Además, luego de salir de la cárcel demostró ser una mujer trabajadora y una madre esmerada y amorosa, “motivo por el cual le hemos aconsejado que para construir un hogar debería conservarse como una mujer digna”.⁷⁴ El caso concluye cuando la señora Campaña se entera de que “su apacible y tranquilo marido anda con una mujer” y que todas las acusaciones del señor Nieto respecto a su conducta fueron pretextos para justificar su abandono. La trabajadora social decide ayudar a la madre y le aconseja que no tenga discusiones con su marido en la calle. “Propusimos que en lo inmediato ella debe procurar ocuparse en algo y ver por sus hijos […] Se puede observar un gran afecto de parte de los niños hacia la señora que en cada instante le abrazan y le animan, poco recuerdan al padre”.⁷⁵

En casos como el descrito, las acusaciones contra la honra de las mujeres abandonadas fueron una cortina de humo para justificar la infidelidad masculina. En esa época no era raro encontrar familias formadas por una mujer soltera, viuda o separada, y un hombre casado que no había disuelto el vínculo matrimonial con su anterior compromiso. Como ya se señaló en otro lugar de este artículo, los hijos producto de estas uniones eran calificados como “ilegítimos”, no podían educarse en colegios católicos, acceder a funciones públicas o eclesiásticas, no tenían derecho a participar en la repartición de las herencias dejadas por su padre y, en ocasiones, no se les permitía llevar el apellido paterno.

Había ocasiones en que la infidelidad conyugal se producía dentro de la casa de una familia acaudalada; esto ocurría especialmente en la zona rural, en las casas señoriales de las haciendas terratenientes; en estas casonas, no era raro que adolescentes y jóvenes solteras de origen campesino o indígena que cumplían labores de sirvientas y wasikamas⁷⁶ fueran acosadas, violadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con sus patrones o con los hijos varones de éste, y que como resultado de estas prácticas terminaran embarazadas; en estos casos, cuando su patrona se enteraba de que la “muchacha de servicio” estaba en cinta procedía a despedirla violentamente de la casa de sus victimarios.⁷⁷ Obviamente, el patrón y sus familiares jamás reconocieron la paternidad de la criatura,⁷⁸ y peor aún, que habían abusado sexual mente de estas muchachas.

En la primera mitad del siglo XX, la unión de hecho era una forma de asociación marital bastante común en las barriadas populares de las ciudades de Quito y Guayaquil,⁷⁹ situación que contribuía a la creación de un ambiente de inestabilidad familiar y dificultaba el reclamo de los derechos de las mujeres en su condición de convivientes y madres.⁸⁰ Este modelo de conyugalidad eximía a los hombres del cumplimiento de sus responsabilidades familiares y de su papel como padre proveedor, no únicamente en lo económico, sino también en la función social e intrínseca que conlleva la paternidad en la crianza; Mannarelli define a estos hombres como padres desertores.⁸¹

En los casos del padre desertor, el honor masculino no sufría ninguna afectación; por el contrario, permitía que su ego de conquistador se engrandeciera y su fama de macho seductor despertara una velada admiración en los demás varones.⁸² La palabra del hombre en las promesas matrimoniales era fácil de romper⁸³ pues, luego de que se ha puesto en duda el honor de la mujer, cualquier pretexto es válido para justificar la terminación del compromiso.⁸⁴

Esta realidad puede ser graficada en el siguiente caso: un padre, peluquero de profesión, se muestra preocupado porque, según lo manifiesta por escrito, no ve que el dinero que entrega a la madre de sus mellizas por medio del “tribunal” beneficie a las niñas. El hombre señala que está casado con otra mujer desde hace 15 años y que tiene tres hijos con su esposa legítima; reconoce que mantuvo relaciones extramaritales con la mujer demandada; él “se siente responsable de la paternidad de las pequeñas” y por esta razón destina ochenta sucres para su manutención. El “preocupado padre” solicita el internamiento de sus hijas en una casa de expósitos porque ha descubierto una “irresponsabilidad moral y material de la madre”, quien no está brindando a sus hijas los cuidados que necesitan.⁸⁵

En el expediente también consta el testimonio rendido por la esposa del demandante, quien manifiesta que ha tenido que sufrir toda clase de vejaciones, pero que las soporta para que su matrimonio no se disuelva.

La mujer cuenta que se ha casado cuando tenía 13 años, sin su consen ti mien to, sin conocer nada de la vida, su marido tenía 30 años; según la señora, este hombre era un “perfecto bandido”, porque era alcohólico y tenía relaciones con toda clase de mujeres peligrosas en su conducta y hasta enfermas, lo que conoció después de su matrimonio. La infidelidad matrimonial es un asunto que se enseñó a ocultar y disimular […] Por la juventud de la madre y las riñas constantes con su marido, la abuela del niño se hizo cargo de su hijo. Ella no estaba preparada todavía para desempeñar el puesto de una verdadera madre. La vida de casada fue de sufrimiento, pero al poco tiempo se separaron y por asuntos de negocios fue a Guayaquil, dejando al niño en poder de la abuela quien lo alimentaba y vestía.⁸⁶

Como se describe en este caso, cuando las mujeres llegaban a enterarse de las infidelidades de sus maridos preferían guardar silencio por el miedo de que el hombre dejara de entregarles el dinero para la manutención de la familia, o que el hombre las expulse de la vivienda en caso de una separación definitiva.

En la primera mitad del siglo XX, en la ciudad de Quito, dentro de una pareja heterosexual no existían relaciones de igualdad sino que la vida de las mujeres se encontraba subordinada a la voluntad del consorte masculino; más aún, muchas mujeres consideraban que se encontraban en un estado de indefensión en relación con su consorte debido a que, para subsistir, ella y sus hijos dependían de manera casi exclusiva del poco dinero que les entregaba periódicamente su marido; por esta razón, a estas mujeres no les quedaba otra alternativa que tolerar y perdonar las infidelidades y las aventuras sexuales de su pareja. De lo anteriormente descrito se infiere que había una diferenciación de género en la forma de encarar las infidelidades conyugales, pues, si era el varón quien las cometía, se consideraba una falta leve y se justificaba con el argumento de que era algo propio de la naturaleza masculina; en cambio, si la mujer era la que cometía una infidelidad se la juzgaba duramente porque había cometido un grave delito y había manchado el honor de su familia; de esta manera, la sociedad de esa época sancionaba duramente la poliandria, pero toleraba la poliginia,⁸⁷ considerándola algo normal, y con el justificativo de que, las aventuras sexuales del hombre no afectaban el honor de la familia.⁸⁸

El adulterio era “el peor delito que puede cometer una mujer”.⁸⁹ La carga social y moral que conllevaba la relación extramarital de una mujer acarreaba el desprestigio moral y el deshonor, porque se contraponía al imaginario social sobre su papel de protectora de la virtud familiar. Un ejemplo de ello es el siguiente caso:

Se presenta en las oficinas de la JCAP-Q una joven “muy nerviosa y turbada”, quien solicita el internamiento de un bebé de dos meses en un orfanato, porque se ha enterado de que el padre de su hijo mayor, que se encontraba trabajando en otra región del país, iba a regresar en los próximos días y ella “no desea que se sepa que el niño existe” porque su marido no es el padre de su segundo niño. El temor a la violenta reacción que su pareja pudiera tener al conocer su infidelidad la lleva a solicitar el internamiento del niño. La mujer “puso de relieve el mal carácter de su conviviente y en lo que le podía suceder cuando este hombre se entere que ha tenido relaciones con otro hombre”. La reacción de las trabajadoras sociales fue persuadirla de que no se separe del niño; o como dice la autora del informe sobre este caso, “le hicimos comprender la responsabilidad que tenía como madre y las consecuencias que podrían acarrear el que el niño se críe en esta institución”. Las funcionarias de la junta sugirieron a la mujer que exigiera al padre de su segundo hijo el reconocimiento de la criatura y que asumieran sus obligaciones; ella contestó que “del padre de Ernesto (su segundo hijo) es lo mismo que si no lo tuviera ya ni siquiera el nombre le ha dado”. Otro temor que tiene la mujer es el posible abandono del padre de su primer hijo porque no está casada con él y el hombre tampoco ha reconocido al niño que tuvo con él; la mujer se muestra desesperada y manifiesta que por la premura del tiempo pide a las trabajadoras sociales que acepten su solicitud de acogimiento inmediato para su bebé, porque “cualquier acción legal demoraría mucho tiempo y lo que ella deseaba es colocar al niño en el orfelinato ese mismo día, por la causa que ya había expresado”.⁹⁰ La Junta decidió no recomendar el internamiento.

La intención de la madre era deshacerse de su hijo, por lo que le aconsejan entregárselo a un familiar, pero ninguno podía ayudarle pues le habían reprochado el nacimiento del bebé […]. Tratamos de ver sí era posible que fuéramos hablar con su mamá para que se quede al cuidado del niño para que ésta le acepte de mejor manera. Parece que la madre rechaza su hijo, con el objeto de no perder al padre de su hijo mayor. Nos dio a la impresión de que se trataba de una persona inculta perteneciente a la clase doméstica.⁹¹

De acuerdo con las normas morales de la época, el honor femenino estaba estrechamente relacionado con la vida sexual de las mujeres; éstas debían ser fieles a su pareja; la fidelidad era necesaria para conservar la pureza del linaje y demostrar que tanto los miembros de la familia actual como sus antepasados eran “hijos bien nacidos” y no “bastardos”.⁹² Por esta razón, se consideraba que la infidelidad femenina no afectaba solamente la honra personal de la mujer, sino que manchaba el honor de toda su familia.⁹³ Además, la infidelidad femenina podía acarrear el nacimiento de hijos ilegítimos.⁹⁴

Como ya se señaló anteriormente, las trabajadoras sociales de la JCAP-Q consideraban que los padres viudos o solteros no estaban capacitados para responsabilizarse de la crianza de sus hijos; por esta razón, una de las primeras acciones que realizaban estas funcionarias cuando conocían estos casos era localizar a parientes cercanas de esa familia para comprometerlas a que se hicieran cargo de la crianza de los niños; para ello, la institución ofrecía pensiones, cupos para el ingreso a las escuelas y casas de acogida para los niños.⁹⁵ Cuando se comprobaba que entre las parientes del hombre no había una mujer que quisiera responsabilizarse del cuidado de los infantes, se aprobaba su internamiento en un orfanato, aunque a cambio se exigía al padre de las criaturas que cumpliera con su obligación de proveedor, que proporcionara a sus hijos los útiles escolares y la ropa que necesitaban para ingresar a la escuela, y que se comprometiera, de manera obligatoria, a realizar visitas periódicas a su niño o niña durante dos años; luego se evaluaba la situación y se entregaba el niño a su padre, puesto que este servicio era transitorio.⁹⁶ En la mayoría de los casos, luego del ingreso de los niños, los hombres, poco a poco, terminaban desentendiéndose de sus obligaciones con sus hijos internos. La principal razón por la que se aprobaba el internamiento de un niño era que su padre se encontraba solo y que no tenía entre sus familiares una mujer que pudiera velar por la crianza de su hijo. Las trabajadoras sociales de la JCAP-Q consideraban que la misión del padre era trabajar y que el cuidado de los niños podría poner en riesgo su estabilidad laboral. Los padres solteros o viudos buscaban la ayuda de la Junta para que ésta les proveyera de una persona que cuidara a sus hijos mientras él salía a trabajar. La Junta estimulaba que los padres buscaran trabajo y, por lo general, les aseguraba un cupo para su hijo en las casas de acogida.⁹⁷

El cumplimiento de la palabra dada era un signo de la seriedad del solicitante masculino; las trabajadoras sociales eran conscientes de que el internamiento era un mecanismo que los padres solteros aprovechaban para desligarse de los hijos, pero era política de la Junta tener una actitud más flexible con ellos que con las solicitantes mujeres. Cada dos años, la JCAP-Q analizaba de forma individualizada los casos de los niños internados en el orfanato y autorizaba su salida; en los informes de las trabajadoras sociales se dejaba constancia de que la mayoría de los padres no había cumplido su promesa de visitar periódicamente a sus hijos durante su internamiento; también se observaba que los hombres no se habían casado o formado “un hogar completo” con otra mujer para que fuera ella la encargada de cuidar a los niños cuando éstos retornaran a su hogar; esta situación se ilustra con el siguiente caso: “Padre soltero desempleado interna a un niño en la sección San Carlos del orfanato por no tener quien lo cuide”. Pero, al cabo de dos años, la situación económica del padre no ha mejorado ni ha cumplido su promesa de formar una familia “donde tenga protección para el egreso del niño”.⁹⁸

En síntesis, los casos atendidos por las trabajadoras sociales de la Junta Central de Asistencia Pública fueron procesados desde un concepto de maternidad construido a partir del supuesto de que el cuidado y la abnegación son un don natural del cuerpo de las mujeres. Este concepto relacionaba a la mujer con la naturaleza; por esta razón, en la ciudad de Quito de la primera mitad del siglo XX se consideraba que el cuidado de los hijos era un papel natural asignado a las mujeres, y que el cumplimiento de esta “sagrada misión” debía cumplirse a pesar de las dificultades que se presentaran, ya que la vida del niño estaba por encima de la vida de la madre. Por esta razón, no se tomaba en cuenta la situación de pobreza de la mayoría de las mujeres ni los abusos que las obreras sufrían en sus lugares de trabajo, tampoco se visibilizó la violencia intrafamiliar de la que fueron víctimas por parte de sus parejas. En otras palabras, la JCAP-Q tenía un trato diferenciado hacia los usuarios de acuerdo con su género, pues, como ya se señaló anteriormente, cuando una mujer solicitaba el internamiento de sus hijos en un orfelinato o en una casa de acogida, las trabajadoras sociales intentaban persuadir a la madre para que no se desprendiera de sus niños, y el internamiento sólo se consideraban como una última opción, cuando no era posible implementar las demás alternativas de ayuda ofrecidas por la Junta; en cambio, cuando el peticionario era un padre viudo o soltero, era muy común que las trabajadoras sociales recomendaran de manera inmediata el internamiento del niño en un orfanato de la Junta. Este trato diferenciado a los usuarios de la Asistencia Pública se basaba en una naturalización de los papeles de género que asignaba a los varones la función de proveedor y cabeza del hogar, y a las mujeres la función de madre y cuidadora del hogar. Esta naturalización de los papeles de género consideraba que los sucesos más importantes de la sociedad y las cosas realmente valiosas ocurrían en el espacio público mientras que los hechos poco importantes y las cosas de poco valor sucedían en el espacio doméstico privado; los hombres tenían un papel protagónico y desarrollaban su vida en el espacio público; en consecuencia, las mujeres debían subordinar su vida a la autoridad de los varones y cumplir como madres y cuidadoras de sus hijos en el espacio doméstico privado. Con base en estos supuestos, las trabajadoras sociales de la JCAP-Q justificaban que un padre viudo o soltero fuera relevado de las responsabilidades de la crianza y cuidado de los niños; por el contrario, en los informes de las trabajadoras sociales sobre las solicitudes de internamiento de niños presentadas por mujeres, se pueden advertir juicios de valor y perjuicio basados en creencias morales y religiosas en contra de las peticionarias, a las que consideran que no han sido capaces de proporcionar un hogar “completo” a sus hijos.