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Introducción
La globalización se puede entender como la creciente gravitación de los procesos financieros, socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales de alcance mundial, sobre los mismos procesos de carácter regional, nacional y local (CEPAL, 2002, 13). La propagación de conexiones supraterritoriales entre las personas implica la contracción de las barreras espacio temporales, esto es, las personas se vuelven más disponibles (en todos sentidos) para relacionarse con otras sin importar el lugar en donde se encuentren (Giddens, 1990, 64). Además, las raíces de este largo fenómeno se nutren de las sucesivas revoluciones tecnológicas responsables de la reducción en los costos de transporte, información y comunicaciones (Carrasco-Mullins y Villero- Pacheco, 2022). En su evolución ejercen una influencia preponderante los Estados-nación, las Corporaciones Transnacionales (TNC, por sus siglas en inglés) y las organizaciones supranacionales gubernamentales y no gubernamentales (Jara-Gómez, 2020).
Los historiadores modernos reconocen tres etapas o fases del proceso de globalización durante los últimos 152 años, de manera análoga a las olas de expansión del modelo capitalista de producción. La primera fase, originada en 1870 con la revolución industrial y la invención de la máquina de vapor, se caracteriza por una creciente movilidad del trabajo y el surgimiento de mejores tecnologías. La segunda fase, tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial aquí se advierte una gran variedad de sistemas económicos, además de una limitada movilidad de capitales y mano de obra. Finalmente, a partir del último cuarto del siglo XX y hasta la actualidad, se consolida una tercera fase cuyas características son: el libre comercio, las empresas transnacionales, la movilidad de los capitales y las restricciones al movimiento del factor trabajo (Arceo, 2020, pp. 11-12).
Si bien la globalización estimula el incremento global del ingreso agregado y diversifica la producción, de forma simultánea amplía la brecha entre ricos y pobres mediante la exclusión de una gran cantidad de personas del proceso globalizador. Al no distribuirse los beneficios y los perjuicios de forma equitativa, inevitablemente, han surgido ganadores y perdedores (Guillén, 2021).
Por lo tanto, la globalización se concibe como un proceso intrínseco del capitalismo1 (Scholte, 2005, 2; 24), mientras que el neoliberalismo es la idea central de un enfoque particular de gobernabilidad en el que se despliegan principios y prácticas para liberalizar, privatizar, desregular y racionalizar los mercados existentes (Peck y Tickell, 2002). Así, la globalización en su estado transitorio actual, que puede denominarse enfoque neoliberalista (Bonanno et al., 2016, p. 137), se encuentra en crisis, ello supone un momento coyuntural en términos de una nueva correlación de fuerzas a partir del cuestionamiento del orden vigente (Sanahuja, 2020). En esta línea, lo anteriormente expuesto abre, al menos, dos preguntas de investigación: 1) ¿Cuáles son las principales implicaciones de la globalización del neoliberalismo en materia de su origen, evolución y premisas subyacentes?; y 2) ¿Cuáles son los mecanismos de gobernanza global que pudieran incidir en un orden mundial más equitativo e incluyente?
En este sentido, el objetivo general de la presente investigación consiste en explicitar, teóricamente y de forma general, las principales connotaciones de la expansión del neoliberalismo en regiones periféricas como Latinoamérica y México. Especialmente, ante un escenario en donde sus lineamientos centrales y hegemónicos se encuentran inmersos de forma sistémica en el entramado socioeconómico y político.
Dado lo anterior, la hipótesis central del documento se explicita de la siguiente manera: aunque el enfoque neoliberal de la globalización ha permitido, entre otros aspectos, la diversificación y el crecimiento de la producción mundial, la globalización de las políticas neoliberales hacia regiones periféricas también ha tenido connotaciones negativas. Por tanto, ante las limitaciones del mercado internacional autorregulado para orientar los procesos de la globalización, la gobernanza global y la acción colectiva constituyen elementos viables y necesarios en términos de una nueva correlación de fuerzas a partir del cuestionamiento de las estructuras sociales, económicas y políticas.2
El documento se divide en tres secciones para atender tanto la delimitación del término globalización como ambas preguntas de investigación. En la primera sección, se delimita el concepto y se revisa, en forma breve, los acuerdos y desacuerdos del ámbito académico respecto a la globalización; en la segunda, se detallan las implicaciones de la globalización del neoliberalismo hacia las regiones periféricas y, en la tercera, se explicitan las alternativas que pudieran moldear los procesos de la globalización, tanto hacia un equilibro entre Estado y mercado como hacia un orden mundial más inclusivo.
I. Delimitación del término globalización
Siguiendo a McGrew (2001), la globalización en muchos aspectos permanece sin teorizar. Gran parte de la discusión académica sobre la globalización ha sido un intercambio entre escépticos que cuestionan su novedad y significancia (Robertson, 2017), y otros quienes la consideran una transformación clave de la organización social humana y el orden mundial (Giddens, 1990, p. 64) (véase Figura 1). De acuerdo con Scholte (2009, pp. 129-130): “algunos la definen como internacionalización, otros como la liberalización, otros con la universalización y la desterritorialización, …, la globalización implica estas cuatro tendencias a la vez”.
Fuente: elaboración propia con base en Preyer (2016).
Figura 1 Acuerdos y desacuerdos del ámbito académico respecto a la globalización
Al mismo tiempo, la globalización contemporánea se caracteriza como un proceso desigual. En primer lugar, los beneficios y perjuicios no se han distribuido de forma equitativa, en otras palabras, ha habido ganadores y perdedores. Estas desigualdades han convertido a la globalización en un escenario de enfrentamientos (Held y McGrew, 2003, p. 13). Los defensores de la globalización afirman que tanto las adversidades como las desigualdades son inevitables y serán superadas a largo plazo. En cambio, los críticos pueden catalogarse entre antiglobalización y globalización alternativa. Los primeros afirman que la globalización es inherentemente perjudicial y, en consecuencia, debería reducirse la conectividad. Los segundos, por su parte, apuntan hacia una reorientación de las políticas para lograr una globalización más benéfica (Scholte, 2009, p.131). En contraste, para Ianni (2006, p. 17): “la globalización conmueve los marcos de referencias sociales y mentales de individuos y colectividades, …, comprende relaciones, procesos y estructuras de dominación y apropiación”.
Siguiendo a Ianni (2006, p. 158), si bien las definiciones desde el ámbito profesional del historiador, el antropólogo, el politólogo, el sociólogo o el economista son generales, o se proponen especificar determinadas dimensiones, la mayoría reconoce la novedad de dicha problemática que desafía la teoría en las ciencias sociales. Por un lado, el historiador pudiera estar más interesado en la presente conectividad entre seres humanos nunca acontecida (de forma previa), así como el antropólogo y el sociólogo se enfocarían en la escala de las relaciones humanas y los procesos de incorporación de los pueblos a la sociedad global, respectivamente. En cambio, el politólogo identificaría el proceso mediante el cual la toma de decisiones en una parte del mundo subordina la vida de individuos y colectividades en lugares muy distantes, mientras que el economista examinaría como los procesos globales de producción y consumo alteran la dinámica de los factores de producción.
Ante ello, Preyer (2016) señala una clasificación para catalogar a los investigadores pioneros en heterogeneizadores y homogeneizadores. Los primeros presentan el fenómeno como la demanda de dominio universal de Occidente sobre diversas culturas. Esto es, una continuación tanto del dominio estadounidense, principalmente, como del modernismo. No obstante, su postura no se centra en el periodo de industrialización de las sociedades, sino que parte de civilizaciones limitadas por identidades culturales y tendientes a cerrarse ante la interacción social con otras civilizaciones. Por su parte, los segundos se sujetan al enfoque de una modernidad global; “debido a que la homogeneización con variantes locales es uno de los elementos que da validez mundial a la economía de mercado, plantean una convergencia en el cambio evolutivo de las sociedades” (Preyer, 2016, p. 64).
Finalmente, los enfoques híbridos describen las maneras en que los conceptos tomados de una práctica existente se recombinan con otras prácticas para crear nuevos conceptos. En este caso, la globalización se contempla como una hibridación, misma que critica tanto los planteamientos homogeneizadores como heterogeneizadores.
II. Implicaciones del neoliberalismo periférico
De acuerdo con Man (2001, p. 2): “de manera análoga al imperialismo del siglo XIX, la resistencia tanto a la globalización como al tipo de orden global se considera reaccionaria, mientras que las acciones de las potencias expansionistas se declaran racionales”3 En estas circunstancias, la globalización consiste en la expansión de redes de interacción ideológicas, económicas, militares y políticas. En sus primeras fases la globalización incluía la expansión capitalista global, la conquista militar, el gobierno autoritario y la ideología occidental dominante: el individualismo; de manera posterior, se añadió el liberalismo y la democracia.4 En el caso del capitalismo, este se considera una forma inusualmente difusa de organización del poder. Así, cada vez más liberado de las particularidades del territorio, el capitalismo se extendió por todo Occidente en formas bastante similares (Man, 2001).
El origen del capitalismo como sistema social se puede situar en 1834 con la Enmienda de las Leyes de los Pobres en Inglaterra. El subsidio otorgado por la Ley de Speenhamland en 1795 derivó en un descenso de la productividad y el salario. Así, al imponer en la conciencia colectiva la abolición del derecho incondicional que tenían los pobres a recibir un socorro y, de forma simultánea, crear el mercado de trabajo ante las necesidades de la primera revolución industrial, se incentiva la renuncia a la solidaridad humana y se impulsa el espíritu del individualismo materialista (Polanyi, 1989, p. 144).
Dado lo anterior, a partir de la década de 1830 emergen los tres dogmas liberales clásicos: i) el trabajo debe encontrar su precio en el mercado (mercado de trabajo); ii) la moneda debe someterse a un mecanismo de autorregulación (patrón oro); y iii) las mercancías deben circular libremente (libre comercio), no obstante, el propio dejar hacer dejar pasar (laissez faire laissez passer por su terminología en francés) fue impuesto por el Estado a través de continuos intervencionismos. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo se vio obligado a implementar diversas medidas en términos de soluciones colectivas o no liberales, tal es el caso de las diversas restricciones a la libertad de contrato, así como la ley de accidentes laborales (Polanyi, 1989, p. 225).
Si bien después de la segunda revolución industrial el capitalismo se convirtió en el principal restructurador de la sociedad occidental, el prestigio del liberalismo económico alcanzó su punto de inflexión con la gran depresión de 1929 (Man, 2003, p. 731).5 Como resultado, Gran Bretaña y Estados Unidos, principales defensores del liberalismo, emplearon el intervencionismo para resistir las dificultades del denominado periodo de entreguerras al abandonar el patrón oro y gestionar sus monedas (Polanyi, 1989, p. 236). De acuerdo con Polanyi (1989, p. 244): “cuando las necesidades de un mercado autorregulador se manifiestan incompatibles con las exigencias del laissez-faire, el defensor de la economía liberal, …, prefiere métodos denominados colectivistas de reglamentación y de restricción.”
A pesar de lo anterior, Man (2010, p. 460) señala las cuatro razones principales para el triunfo de un capitalismo reformado y regulado por el gobierno (liberalismo). Primero, el capitalismo se institucionalizó en las economías más avanzadas proporcionándole una ventaja económica inicial. Segundo, competitivamente, el capitalismo fue superior para generar crecimiento sostenido mediante la innovación científica y tecnológica.6 Tercero, la oposición obligó a los capitalistas a implementar compromisos de clase y conceder derechos ciudadanos. Cuarto, la mayoría de los países capitalistas convergieron hacia una forma de gobierno más atractiva para la ciudadanía: el gobierno liberal.7
En esta tesitura, la expansión de las relaciones de producción capitalistas (durante el mercantilismo) crea tanto los mercados nacionales como los Estados-nación, estos últimos incentivan un proceso de homogeneización internacional de la sociedad, la economía y la política para permitir el desarrollo del capitalismo (Bonanno et al., 2016, pp. 137-138). Siguiendo a Ianni (2006, p. 135) “en la medida en que se da la globalización del capitalismo, …, se forman las estructuras de poder económico y político también características de la globalización.”
Bajo dicho contexto, el neoliberalismo surge como una modalidad política para abordar la globalización (Scholte, 2005, pp. 2; 24). Este puede concebirse como un proyecto político promovido por las fuerzas sociales para restaurar el poder de la clase capitalista y persuadir al público de las virtudes de los mercados sin restricciones (libertad individual y prosperidad material) (Schmidt, 2016). Si bien el neoliberalismo representa la construcción de nuevos individuos caracterizados por la lógica de mercado, en donde cada persona tiene las mismas oportunidades para mejorar su estatus, el neoliberalismo impulsa la acumulación de riqueza en una sola dirección al omitir las condiciones sistémicas de la discriminación y otras formas de marginación social (Springer 2018, p. 143).8
Previamente, las tendencias liberales habían establecido parámetros entre el Estado y el mercado. Aunque el primero debe limitarse económica y políticamente, de forma institucional, debe garantizar los derechos de propiedad y promover el libre comercio con la finalidad de liberalizar los mercados (Schmidt, 2016).9 Así, la globalización representa una doble agenda para el Estado-nación. Por un lado, debe cumplir los lineamientos internacionales de las políticas financiera y comercial y, por otro, su legitimidad se ve confrontada con obligaciones no siempre favorables (Soto-Reyes Garmendia, 2006).
En otras palabras, el Estado-nación se encuentra condicionado por un conjunto de fuerzas de carácter externo, en materia de: interdependencia económica, libre comercio y flujos internacionales de capital.10 Un ejemplo de ello ocurre en los países periféricos o en vías de desarrollo, en donde, la competencia para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) de países industrializados impulsa una excesiva desreglamentación en materia de impuestos y normas laborales (OIT, 2004, p. 95).11 Así, ante la emergencia de nuevos actores y factores de influencia sobre asuntos anteriormente exclusivos del Estado tanto su soberanía como su legitimidad tienden a debilitarse (Jara-Gómez, 2020).
Si bien el Estado sigue activo en la economía de mercado, se ve obligado a modificar sus marcos normativos en favor de actores con poder económico: las corporaciones trasnacionales. Aunque dichas firmas han contribuido a aumentar el crecimiento y mejorar el entorno empresarial, las TNC adoptan el papel de regular el sistema económico y político global al moldear las estructuras de gobierno para alinearlas conforme los intereses empresariales (Bonanno et al., 2016).12
Además de crecer exponencialmente en décadas pasadas, las TNC se volvieron complejas y dispersas al retirar capital de la producción y diversificarlo en mercados financieros mediante: i) su comportamiento monopólico; ii) la fragmentación del proceso de producción (Cadenas Globales de Valor; CGV); iii) el outsourcing (subcontratación); y iv) la terciarización de la economía (Dos Santos Moura, 2021). Adicionalmente, las TNC funcionan como herramientas de dominio tecnológico y difusión selectiva, ya que realizan la mayor parte de la investigación en la generación de prototipos y patentes de forma privada. En estas circunstancias, el sistema económico internacional las convierte en los agentes centrales del proceso de globalización económica capaces de reorganizar velozmente su producción a través del fácil acceso a fuentes de energía y materias primas (Jara-Gómez, 2020).
Colateralmente, durante la globalización neoliberal, parte del deterioro de la legitimidad radicó en los constantes recortes a los Estados de bienestar (Gamble, 2018).13 Desde la década de 1970, por factores como la crisis de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y la consolidación de la liberalización financiera (entre otros), tuvo lugar una continua austeridad en los servicios públicos acompañada de recurrentes crisis fiscales (Heimberger, 2021). De acuerdo con Gamble (2018, p. 318): “la existencia del Estado de bienestar generó un conflicto entre la maximización del crecimiento y la maximización de la legitimación democrática, …, ya que no existían suficientes recursos para respaldar ambos objetivos.”
En este escenario, las corrientes neoliberales, abanderadas por Margaret Thatcher (Inglaterra) y Ronald Reagan (Estados Unidos) consiguieron un elevado nivel de reestructuración y delimitación de los Estados de bienestar mediante la introducción de mecanismos de mercado en los servicios públicos.14 Si bien algunas de las economías más exitosas en la era de la globalización disponían de algunos de los Estados de bienestar más avanzados (Estados pequeños del norte y centro de Europa), junto a la recesión internacional del año 2008 ha resurgido el argumento de los think tanks a favor de la desintegración de los Estados de bienestar para competir con las economías emergentes de Oriente. En este sentido, los estándares laborales y de bienestar se encuentran amenazados principalmente por la flexibilización del mercado laboral a través de cadenas globales de valor, es decir, en términos de la vulnerabilidad de los Estados-nación periféricos ante factores externos, así como la no disposición de las regiones centrales de aceptar una alta inmigración.
Ante dichas circunstancias, la globalización neoliberal ha incidido (con mayor o menor intensidad) sobre la vida de gran parte de la población mundial, especialmente, en regiones periféricas (OIT, 2004, p. 14; Blanco-Brotons, 2021). En África subsahariana prevalece una percepción negativa respecto a las políticas agrarias y arancelarias tanto de los países dominantes como de la Organización Mundial del Comercio. A su vez, los mercados de trabajo se caracterizan por la pobreza laboral, la informalidad generalizada, la baja productividad y el subempleo, aparte de escasos sistemas de protección social y débiles procesos de diálogo colectivo (OIT, 2022, p. 43). Mientras que, en Asia no oriental, la globalización se percibe altamente selectiva en materia de reparto de beneficios dentro del tejido productivo al no difundirse la derrama económica de manera homogénea. En donde, los cambios estructurales hacia sectores más intensivos en capital han sido acompañados de incrementos en las brechas tanto entre lo rural y lo urbano como entre las remuneraciones por ocupaciones más y menos calificadas (OIT, 2022, p. 65). Finalmente, en Europa no occidental existe preocupación por la migración ante la escasez de oportunidades laborales y el incumplimiento de la normatividad laboral por parte de las empresas multinacionales. Es decir, existe un desfase entre los procesos de crecimiento de estas economías y la creación de empleo, así como limitados márgenes de maniobra presupuestarios (OIT, 2022, pp. 71; 74).
En el caso de América Latina, la difusión de un modelo económico abierto y liberalizado se concretó con el Consenso de Washington en 1989 constituido por reformas basadas en una lógica de mercado y sujetas al modelo neoliberal previamente aplicado en Estados Unidos e Inglaterra (Martínez-Rangel y Soto-Reyes Garmendia, 2012). Por lo tanto, los recursos para impulsar el crecimiento económico surgirían del sector privado y los organismos internacionales (Cámpora, 2021).15
Aunque el Consenso de Washington lideró una etapa exitosa de la globalización, mediante practicas neoliberales, Latinoamérica no ha logrado el auge económico prometido. Si bien brindó relativa estabilidad macroeconómica en la Región, las reformas no han funcionado para solucionar rezagos de pobreza y crecimiento (Stiglitz, 2003), de manera que prevalece la desigualdad en la distribución del ingreso, los hogares con ingresos bajos y la informalidad (OIT, 2022, p. 56).
En otro orden de ideas, la agenda del Consenso de Washington puede concebirse como un conjunto de políticas económicas neoliberales impuestas por los intereses comerciales y financieros de los países industrializados a través de los organismos internacionales con la finalidad de extenderlas al resto de las regiones periféricas o subdesarrolladas una vez probada su eficiencia en Latinoamérica (Martínez-Rangel y Soto-Reyes Garmendia, 2012, p. 49). En este escenario, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es un actor protagónico, al ser el accionista mayoritario del FMI (Fondo Monetario Internacional) y el único con poder de veto, además de iniciar el proceso de creación de dinero mediante la compraventa de deuda pública en el mercado abierto (Stiglitz, 2002, pp. 44; 136).
En México, por ejemplo, la economía nacional se insertó en la lógica de la globalización neoliberal mediante dos estrategias complementarias: I) superar los desequilibrios macroeconómicos mediante el decrecimiento del déficit público, el control de la inflación y la renegociación de la deuda externa; y II) iniciar las reformas estructurales a través de la liberalización comercial y financiera, así como la apertura del sector bancario a la inversión extranjera directa, la venta de empresas paraestatales y la eliminación de la regulación estatal (Salazar, 2004). En síntesis, “el proyecto neoliberal se tradujo en el abandono del Estado interventor, …, se dio prioridad al capital financiero y se aceptaron las directrices del FMI y del Banco Mundial” (Salazar, 2004, p. 5).
Aunque el citado enfoque globalizador ha reducido los niveles de desempleo e incrementado el salario, de manera particular, en la región centro-norte, aparte de diversificar la producción, generar crecimiento y mantener una relativa estabilidad macroeconómica, la subsecuente flexibilización de los mercados laborales, como resultado de dicha liberalización, también ha impulsado: i) la precarización de las condiciones laborales; ii) la informalidad laboral; y iii) la desigualdad en la distribución del ingreso (Huesca-Reynoso et al., 2014, p. 290). El primer caso se encuentra presente tanto en las actividades económicas formales como en las informales, incluso en trabajadores de industrias modernas, y genera incertidumbre e inestabilidad en la vida laboral, al producir trayectorias laborales discontinuas y debilitar la normatividad del mercado laboral (Rubio-Campos, 2017, p. 39).
Evidencia empírica: crecimiento económico y desigualdad en la distribución del ingreso
El postulado de Kuznets (1955) según el cual la desigualdad primero aumenta y luego disminuye, conforme transcurre el crecimiento económico, ha sido sometido a un severo escrutinio empírico. En el caso de Latinoamérica, la región ha sido clasificada como la más desigual del mundo en materia de ingresos (CEPAL, 2018, p. 23; PNUD, 2022, p. 12). En esta línea, García-Rodríguez et al. (2018) sostienen la prevalencia de dichas asimetrías como resultado de la expansión del libre mercado. Mientras que Kristjanpoller y Contreras (2017) sitúan en la inversión extranjera directa el aumento de la desigualdad en la región debido a las alteraciones en el mercado laboral calificado. Con un enfoque similar aplicado a la Unión Europea, Asteriou et al. (2014) reafirma lo anterior y añade la capitalización bursátil y la apertura de la cuenta de capital como incentivos para el aumento de la desigualdad; argumentos soportados de manera empírica para una muestra mundial por Milanovic (2016).
Así, entre las múltiples causas referidas empíricamente para el aumento de la desigualdad se encuentran: 1) la búsqueda de rentas (Hickles, 2018, 240); 2) la reducción de la inversión pública (Cuesta-Luzuriaga, 2021); 3) la baja recaudación fiscal (Milianovic, 2018); y 4) la especulación del sector financiero (Galbraith, 2018, 99). Empero, Ravallion (2018) señala la falta de robusticidad en la relación entre globalización y desigualdad, al evidenciar la disminución de las disparidades en el ingreso (Parada-Rojas y Ríos-Bolívar, 2018; Parada-Rojas et al., 2021).
Bajo dicho contexto, para dilucidar las referidas implicaciones de la globalización en regiones centrales y periféricas, se examina tanto el crecimiento económico como la desigualdad en la distribución del ingreso a partir de una amplia muestra de países desarrollados y en vías de desarrollo, con énfasis en Latinoamérica y México durante la tercera fase de la globalización.16 En consecuencia, se realiza un análisis de beta y sigma convergencia del PIB per cápita (PIBpc) y se revisan los cambios en el índice de Gini, así como la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del PIB.
Dado lo anterior, al estimar la dirección de la relación entre el valor inicial y la TMCA del PIBpc, es decir, la beta convergencia, para una muestra de 110 economías desarrolladas (31) y en vías de desarrollo (79), con información del Banco Mundial (Banco Mundial, 2022b), si bien la TMCA muestral del PIB durante el periodo (1970-2021) es de 3.29%, cifra incluso superior en el subperiodo 1970 - 1996 (3.50%), y se obtiene evidencia de beta convergencia (coeficiente beta = -0.014), esto es, las economías con un valor mayor de PIBpc al inicio del periodo crecieron menos que las economías con un valor menor, no se encuentra evidencia de sigma convergencia ya que la varianza muestral aumenta claramente durante el periodo (1970-2021; TMCA: 3.59%), especialmente, en la primera mitad de este (1970-1996; TMCA: 3.63%).
Simultáneamente, al dividir la muestra en países desarrollados (centrales) y en vías de desarrollo (periféricos), en ambos casos el crecimiento promedio del PIB es mayor en la primera mitad del periodo (3.95% y 3.14%, respectivamente). En el periodo completo, los primeros crecen en promedio 3.49%, mientras que los segundos hacen lo propio con un 3.12%, además, en ambos grupos tiene lugar la beta convergencia, pero no así la sigma convergencia. Aunque la varianza aumenta con mayor intensidad en ambos bloques (durante el subperiodo de 1970 a 1996), la separación al interior de los países considerados desarrollados es mayor (TCMA: 4.56%) respecto a su contraparte en vías de desarrollo (TMCA: 3.24%).
Por otro lado, el índice de Gini promedio para una muestra de 74 economías, desarrolladas (18) y en vías de desarrollo (56), proveniente de la base de datos SWIID (por sus siglas en inglés) muestra un valor de 0.34 y 0.35 en 1988 y 2017, respectivamente. De modo que, en el citado escenario considerado de alta desigualdad, la población mundial perteneciente al decil de mayores ingresos captura al menos una tercera parte de la renta total (Piketty, 2014, p. 271); dicha desigualdad se intensifica ligeramente en el transcurso de la tercera fase de la globalización. En ambas economías la desigualdad se incrementa de forma ligera durante el periodo completo (1988-2017), no obstante, en los países desarrollados el índice de Gini promedio varía entre 0.28 y 0.30, mientras que en los países en vías de desarrollo este hace lo propio entre 0.37 y 0.38.
En el caso de Latinoamérica, la TMCA (1970-2021) del PIB es de 3.12% y registra un crecimiento superior en la primera mitad del intervalo (3.19%) en comparación al acontecido en la segunda mitad (3.06%). Aunque se encuentra evidencia de beta convergencia, la varianza se incrementa y el alejamiento entre las economías ocurre con mayor intensidad en la segunda mitad del periodo (1996-2021). A su vez, el índice de Gini para la distribución del ingreso latinoamericano presenta un valor inicial promedio de 0.47 (SWIID: 1988) y cierra en 2017 con un valor de 0.43, por tanto, las discrepancias regionales agregadas en materia de desigualdad se reducen.
De forma individual, el grueso de los países latinoamericanos (a excepción de Costa Rica [TMCA: 0.19%], Puerto Rico [TMCA: 0.14%] y Haití [TMCA: 0.07%]) disminuyeron su coeficiente de Gini durante el periodo. En donde sobresalen las reducciones promedio acontecidas en: Bolivia (-1.11%), El Salvador (-1.10%), Perú (-0.82%), Paraguay (-0.80%), Chile (-0.80%), República Dominicana (-0.62%), Brasil (-0.56%), Panamá (-0.56%), Ecuador (-0.52%), Venezuela (-0.49%), Uruguay (-0.48%), México (-0.35%), Colombia (-0.34%) y Argentina (-0.18%), mismas que pueden confirmarse empíricamente en: Lustig y López-Calva (2013) (El Salvador, Ecuador, Panamá y Venezuela); PNUD (2022, 183-191; 209) (Argentina, Brasil, Chile y México); Azevedo et al. (2015) (Perú, República Dominicana, Bolivia y Paraguay); y PNUD (2023) (Colombia y Uruguay). No obstante, CAF (2022, 28) señala: “desde la segunda década esa caída ha sido más lenta e incluso, …, posiblemente se ha revertido a consecuencia de la crisis de la pandemia por COVID-19.” Así, nueve países latinoamericanos forman (actualmente) parte de los 25 más desiguales del mundo, siguiendo la muestra de 167 países recopilada por el Banco Mundial.
En el citado grupo se encuentra México quién, además de ser el segundo país más desigual entre los miembros de OCDE (Banco Mundial, 2022c), concentra más renta en el percentil superior de la distribución que el 60% más pobre (Campos-Vázquez et al., 2018). Siguiendo a López-Morales et al. (2021), resalta la concentración del ingreso en los hogares del decil diez en todas las regiones, así como una sobrerrepresentación relativa de los hogares en los deciles altos, medios y bajos, en forma respectiva, en la región Norte (Noreste y Noroeste), Centro y Sur (Golfo Sureste y Sur).
Por otra parte, la TMCA (1980-2021) del PIB es de 2.17% y presenta un mayor crecimiento en la primera mitad del periodo (2.73%) versus la segunda (1.65%). En términos de beta y sigma convergencia del PIBpc tanto a nivel de región como de entidad federativa, en el primer caso si se encuentra evidencia de beta convergencia, sin embargo, en ambos grupos no ocurre la sigma convergencia. Lo anterior se presenta con mayor fuerza durante la primera mitad del periodo (1980-2000), el cual manifiesta una TMCA del PIBpc de 2.65% y 0.45%, respectivamente.
III. Mecanismos de gobernanza global
Si bien las tendencias de los mecanismos de regulación económica de los países centrales o dominantes se imponen, sus características principales se transforman e independizan a partir de la constitución de las instituciones de cada Estado-nación (Grabendorff, 2017). En otros términos: “no todo el problema del subdesarrollo reside en las políticas neoliberales, …, los gobiernos deben exigir y optar por políticas que respondan a las problemáticas sociales y económicas de su entorno” (Martínez-Rangel y Soto-Reyes Garmendia, 2012, p. 59).
En síntesis, la globalización ha tenido efectos positivos, tal es el caso de: 1) el acceso a los flujos de información (Marín-Agudelo, 2021); y 2) la diversificación de la producción mundial y el crecimiento de esta, entre otros (Bauman, 2016, p. 8). No obstante, los efectos negativos como: 1) la escasa regulación de las corporaciones trasnacionales; y 2) el ensanchamiento de la desigualdad en la distribución del ingreso (entre otros) son mayores de manera comparativa (González-Ulloa Aguirre, 2010).17 Empero, debe aclararse que no se argumenta en favor de regresar a Estados-nación cerrados no cooperativos, sino de encontrar mecanismos para controlar y moldear los procesos de la globalización. Análogamente, no se impulsa la idea de Estado- nación versus mercado, a manera de confrontación, sino de fomentar el equilibrio necesario entre el Estado y el mercado.
De forma general, se necesita más asistencia en forma de subvenciones (en lugar de préstamos) y un régimen comercial más justo.18 En este escenario, existe consenso de una falta de gobernanza mundial en particular en las instituciones económicas internacionales (Zedillo-Ponce de León, 2019, p. 253). Los países en desarrollo no tienen la representación que deberían. Por tanto, tiene lugar un problema de gobernabilidad en los organismos públicos internacionales que dan forma a la globalización. Dicho déficit democrático en su gobernabilidad ha contribuido, al menos parcialmente, a su falta de legitimidad y eficacia (Stiglitz, 2006, p. 13).
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004, p. 86): “estos puntos débiles de la gobernanza global han contribuido a la desigualdad de la repercusión social y económica de la globalización, …, a través de la creación de un sistema de reglas que ha perjudicado a los intereses de la mayor parte de los países en desarrollo.” En virtud de lo anterior, en las siguientes líneas se explicitan los principales mecanismos de gobernanza y acción colectiva que pudieran orientar los procesos de la globalización neoliberal de manera más incluyente y equitativa.
Siguiendo a Zedillo-Ponce de León (2019, p. 248), durante el auge de la globalización contemporánea (1945-2008) creció el comercio y los flujos trasfronterizos de capital, además de iniciarse un proceso de convergencia entre las economías desarrolladas y aquellas en vías de desarrollo. Estos países lograron acelerar su industrialización al insertar sus capacidades productivas en las cadenas globales de valor o de suministros nacidas de la revolución de las TIC. La fragmentación de la producción permite a las compañías de los países desarrollados combinar su tecnología con la mano de obra de barata para aumentar su competitividad, mientras que los países en desarrollo pueden industrializarse más rápido, aún sin la base industrial.19
Aunque la globalización impulsa la productividad y el crecimiento, sus mecanismos competitivos llevan a una desigual distribución de los resultados materiales, en consecuencia, el grado de desigualdad tanto económica como social es cada vez mayor (Väyrynen, 2009, 69). En este sentido, se debate si lo anterior es resultado de los procesos de la globalización, mismos que transforman al mundo en un gran mercado y favorecen la balanza a favor del rendimiento del capital. No obstante: “se ha invertido demasiado capital político y empresarial en la globalización, …, que no parece fácil detenerla” (Väyrynen, 2009, p. 76). Al respecto, Zedillo-Ponce de León (2019, p. 248) reconoce: “parte de la oposición puede atribuirse al aumento de la desigualdad de renta y, …, la automatización.”
En estas circunstancias, los avances de las TIC y la ampliación de la agenda global han convertido la política en algo tan complejo que ninguna potencia puede aportar por sí sola un liderazgo continuado (Väyrynen, 2009, p. 69). Un gobierno global eficaz tiene que ser más representativo, plural y eficiente, esto es, el proceso deberá tener cada vez un carácter más multilateral; las potencias económicas mundiales tendrán que ser más proactivas en su apoyo a instituciones y pactos internacionales. En esta línea, las recomendaciones de liberalizar el comercio deben ir siempre acompañadas de propuestas regulatorias que mitiguen e incluso compensen los efectos distributivos de los mercados abiertos. De no ocurrir lo anterior puede tener lugar una marginalización de los beneficios de la globalización (Zedillo-Ponce de León, 2019, p. 248).
Bajo dicho contexto, la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) encuentra un mundo con: 1) sistemas de salud debilitados e inequitativos como resultado de las visiones neoliberales dominantes; 2) elevada dependencia de cadenas globales de suministro rápidamente dislocadas; 3) gran desigualdad; 4) políticas económicas condicionantes de la reacción estatal; 4) reglas e instituciones multilaterales debilitadas y deslegitimadas; 5) mayor presencia de fuerzas nacionalistas obstaculizadoras de la acción colectiva; y 6) ausencia de liderazgos (Sanahuja, 2020).
De acuerdo con Sanahuja (2020): “la pandemia encontraba un mundo frágil, que desde 2008 atravesaba una etapa de crisis de globalización, …, con un creciente malestar social vinculado a la desigualdad y unos mecanismos de gobernanza global debilitados.” La recesión por la COVID-19 supondrá un declive económico sin precedentes, particularmente en: las cadenas de valor complejas (electrónica, automoción), el comercio de servicios (turismo), y las exportaciones de materias primas, con mayor intensidad en países en desarrollo (OMC, 2020).20 La OIT (2022, pp. 13; 30) estima pérdidas de 31 millones de empleos formales y pérdidas de ingreso para los 2,000 millones de trabajadores informales. En consecuencia, alrededor de 90 millones de personas volvieron a situarse en la pobreza en 2020.
La presente crisis se explica principalmente por un régimen de riesgos21 agravados por la particular fase de crisis de globalización que vive el sistema internacional, sin mecanismos de gobernanza global capaces de gestionarlos y con un alto grado de conectividad. En otras palabras, los Estados-nación formalmente soberanos se ven fuertemente disminuidos tanto por esas interdependencias como por el entramado de principios neoliberales sobre el que se sustenta la globalización. Además de pertenecer a un orden internacional liberal deslegitimado, debilitado y dependiente del patrón hegemónico occidental (Malamud, 2020; Sanahuja, 2020).
Aunque la globalización no afecta de manera similar a los Estados-nación debido a la asimetría de fuerzas en el entramado mundial, estos se ven mermados en mayor o menor medida ante la falta de límites en los mercados. Otro ejemplo lo constituye la crisis internacional ocurrida en el año 2008. Misma que “puso en claro los límites de la globalización para autorregularse, al hacer más visible la forma en que el mercado necesita del Estado para rescatar empresas y estabilizar la economía” (González-Ulloa Aguirre, 2010).
Contradictoriamente, las últimas grandes crisis internacionales (la recesión financiera del 2008 y la depresión derivada de la pandemia del 2020) han demostrado que, ante más mercado liberado se requiere más Estado. Por tanto, en el contexto de una globalización neoliberal, se necesita repensar al Estado en su relación con el mercado, en especial, mediante la reestructuración de las directrices emanadas de las instituciones internacionales, aparte de una mayor cooperación a escala global sin omitir las responsabilidades de cada Estado hacia el interior (González-Ulloa Aguirre, 2010). En donde, el enfoque globalizador puede ser visto como una oportunidad para fomentar un orden equitativo, ante el presente riesgo común de ser vulnerados por una nueva crisis global. En esta línea, una gobernanza global soportada en criterios más justos, democráticos e incluyentes se vislumbra como la propuesta para lograr el citado orden global (OIT, 2004, pp. VII-X; 3; Robertson, 2017, p. 64; Sanahuja, 2020; Scholte, 2020).
En este escenario, los acuerdos de múltiples partes interesadas o multistakeholderism (por su terminología en inglés) han surgido en las últimas décadas como una alternativa en el manejo de los riesgos globales. El multistakeholderismo reúne a los representantes de grupos estatales y no estatales afectados por el problema, tal es el caso de: empresas, sociedad civil, gobierno, academia, fundaciones y círculos técnicos. Así, además de impulsar la atracción de recursos y la efectividad de las soluciones a partir de la diversidad y pertinencia de los agentes involucrados, la toma de decisiones no responde directamente a un organismo intergubernamental. Dichos acuerdos constituyen una forma en que los sectores públicos y privados orientan el avance de la globalización en el contexto del capitalismo neoliberal. Si bien las jerarquías de poder podrían sesgar estos mecanismos a favor de círculos privilegiados, de forma general, este enfoque se considera más equitativo e incluyente en comparación a las formas multilaterales de carácter tradicional (Scholte, 2020).
De esta manera, los procesos de globalización en sí mismos conducen a una mayor conectividad y, consecuentemente, a una mayor integración. No obstante, estos procesos también pueden llevar a la destrucción de estructuras políticas y económicas sin construir nuevos sistemas de regulación (Held y McGrew, 2003, p.13). Ante ello, su orientación hacia la dirección correcta adquiere una relevancia fundamental, ya que el actual enfoque globalizador neoliberal incide en las estructuras regulatorias de regiones tanto centrales como periféricas.
Dado lo anterior, en las sucesivas líneas se detallan, de forma resumida y apegada a la OIT (2004, pp. 67; 91-94; 100), una serie de mecanismos previos a desarrollar (principalmente) en materia de: regulación mercantil y responsabilidad social para impulsar la consecución de acuerdos de gobernanza global y acción colectiva equitativos e incluyentes. 1) Ante el actual sistema de contingentes arancelarios debe otorgarse prioridad a los productos procedentes de los países en desarrollo. 2) Debido a las discrepancias en niveles de desarrollo, los países rezagados pudieran disponer de cierta flexibilidad para formar parte de las normativas emanadas de la OMC (Organización Mundial de Comercio). 3) Ante una laxa legislación antimonopolio en la economía global, es preciso desarrollar nuevas iniciativas de corte compensatorio para reducir las restricciones verticales en las cadenas de suministros e inhibir el comportamiento anticompetitivo. 4) Debido al prevalecimiento de los intereses prestatarios entre los países, es necesario intensificar los esfuerzos para la resolución de la deuda mediante un reparto justo de las responsabilidades. 5) Ante la volatilidad financiera internacional, es preciso acelerar la financiación de urgencia en tiempos de crisis, así como prolongar el período de ajuste para minimizar los costos sociales.
Por otro lado, 6) deben fortalecerse las instituciones con carácter solidario orientadas hacia la redistribución de ingresos a lo largo del ciclo vital y, ante la expansión de la economía informal y la exportación de productos de valor agregado medio, 7) es pertinente impulsar la inversión tanto en el desarrollo de capital humano como en el impulso de las MiPyME (Micro Pequeñas y Medianas Empresas). 8) En esta tesitura, con la finalidad de promover los sistemas de innovación, así como la actualización de las capacidades tecnológicas, los sistemas globales de producción podrían ofrecer a las empresas nacionales la oportunidad de involucrarse en un proceso de aprendizaje y adaptación, tanto en el sector de la industria como en el de los servicios. 9) Dada la magnitud de la economía informal y debido a la carencia de un marco jurídico e institucional para los derechos de propiedad en este sector, es preciso estimular formas alternativas (comunales, colectivas o cooperativas) de poseer tierras y activos; dicha extensión sistemática de los derechos de propiedad pudiera acompañarse de una acción similar respecto a los derechos laborales. 10) Finalmente, es necesario un Estado de bienestar que no solo ayude a las personas a adaptarse a las circunstancias, sino que modele activamente esas circunstancias a manera de oportunidades (Gamble, 2018).
Conclusiones
A finales de la década de 1980, aproximadamente, las premisas subyacentes neoliberales se difunden de tal manera para guiar al público en materia de sistemas de producción capitalistas y occidentalización, que transitan a un segundo plano. Sin embargo, las severas recesiones internacionales del año 2008 y 2020 regresan las ideas de fondo neoliberales al primer plano.
En estas circunstancias, el neoliberalismo prioriza la expansión de las relaciones de mercado por encima de la agenda de los sectores alternos, lo anterior, como se ha detallado en secciones previas, merma las posibilidades de un desarrollo más igualitario, al producir una distribución desigual de los dividendos de la globalización y sesgar las oportunidades de las regiones periféricas, no por la globalización del mercado en sí, sino por la desigualdad presente en los arreglos globales institucionales.
Así, un sistema de mercado genera diferentes resultados en función de sus principales características, las cuales se ciñen a las instituciones del Estado - nación en sus diferentes órdenes. Esto es, los resultados del mercado (incluyendo las disparidades en términos de desarrollo regional) dependen mayormente de la forma en la cual la acción pública moldea las interacciones económicas locales y globales.
Por tanto, la atención debe centrarse alrededor de las condiciones en las cuales dichas regiones puedan obtener un reparto justo de los beneficios, y no en si obtienen o no beneficios del proceso globalizador. En otras palabras, cómo lograr que las ventajas derivadas del progreso tecnológico y el intercambio económico se centren en los intereses de las regiones menos favorecidas. Ante ello es preciso rexaminar los criterios de distribución de los acuerdos institucionales globales, ya que la justa distribución de los beneficios depende mayormente de estos, tal es el caso de: los acuerdos comerciales, los intercambios educativos, las iniciativas de salud pública, las restricciones ambientales, la difusión tecnológica y el manejo adecuado del endeudamiento previo.
De modo que, los fenómenos de la globalización, aparte de diferenciarse geográficamente, tienen lugar de forma altamente desigual. En este escenario, el incremento sistémico de las disparidades regionales se origina a partir del debilitamiento institucional del Estado - nación. Por tanto, el proceso globalizador debe reorientarse hacia un carácter eminentemente inclusivo y redistributivo. En este sentido, socialmente, el valor de la globalización se encuentra en función de la igualdad de oportunidades para encontrar un trabajo decente y satisfacer necesidades, de omitirse lo anterior, la globalización se percibirá como un nuevo tipo de distribución asimétrica de costos y beneficios ante problemáticas globales.
Si bien el Estado se encuentra limitado en favor de entidades supranacionales y sus tareas se transforman continuamente, el Estado constituye el recurso más potente disponible para gobernar las citadas transformaciones. Por tanto, debido a las limitaciones del enfoque neoliberal para asegurar un progreso social equitativo e incluyente, el replanteamiento de los esfuerzos en materia de gobernanza institucional debe buscar ensamblar un nuevo entramado u orden mundial menos inequitativo.
