Introducción

El 9 de octubre de 2019 el presidente Sebastián Piñera aseguró que Chile era “un verdadero oasis” dentro de una “América Latina convulsionada”.¹ Sólo nueve días después se inició un multitudinario estallido social que todavía persiste.² El presidente optó por amedrentar a los movilizados: decretó Estado de emergencia en el Gran Santiago y otras ciudades del país. No le bastó con Carabineros³ para controlar el orden público y mandó el despliegue militar en las principales ciudades. El país volvía a tiempos oscuros.

El 21 de octubre Piñera anunció: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”. Se equivocaba. Las masivas movilizaciones de octubre no habían sido capturadas por “enemigos poderosos”, tampoco eran un ataque de alienígenas (como dijo su esposa).⁴ Se trataba de un estallido popular espontáneo, de personas sencillas, que se rebelaban contra un sistema económico, promotor de desigualdades y abusos, cobijado por un régimen político protector de ricos y poderosos.

Las palabras y las decisiones de Piñera, en vez de frenar las protestas, las han multiplicado. El propio jefe militar de la zona de emergencia de la ciudad de Santiago, el general Javier Iturriaga, desmentía al presidente al declarar que él no estaba en guerra contra nadie. Posteriormente, la presión política y ciudadana obligó al presidente a terminar con el Estado de emergencia, y, aunque Piñera convocó el 7 de noviembre al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena),⁵ las movilizaciones no se detendrían.

Las protestas han recorrido todo el país, pero, aunque en su mayoría han tenido un carácter pacífico, la violencia del Estado se desenfrenó como nunca en los 30 años de democracia. Las fuerzas represivas han actuado con inoperancia y maldad: disparos a los ojos, agresiones sexuales a mujeres, torturas, asaltos a casas particulares en poblaciones modestas. El resultado ha sido dramático: más de 20 muertos y casi 300 personas con pérdida de visión por bombas lacrimógenas y perdigones de fusiles de Carabineros, a lo que se agregan miles de heridos y encarcelados.⁶

Como suele suceder con los levantamientos populares, también ha habido saqueos y quemas contra empresas en general, aunque especialmente contra el comercio, los bancos y las instituciones considerados abusadores y símbolos del modelo económico chileno. Los atacantes son jóvenes marginales, algunos que no estudian ni trabajan, otros que han estudiado en escuelas públicas inservibles y también aquellos que ingresaron a la universidad, pero que quedaron endeudados de por vida con el denominado crédito universitario (CAE).⁷ El odio y el resentimiento de los excluidos en contra del régimen de injusticias han generado una violencia desconocida en el país.

El presidente, en medio de su desesperación y pasadas varias semanas de movilizaciones, no ayudaba con sus declaraciones. Equivocaba nuevamente el blanco, al sostener que las protestas obedecen a un accionar “deliberado” y que la ola de violencia es “profesional, organizada con tecnología de punta y que busca destruirlo todo”.⁸ No asumía el enojo ciudadano contra el “modelo chileno” y sus instituciones.

El alza de 30 pesos de la tarifa del Metro (transporte subterráneo) fue el desencadenante de las movilizaciones, con estudiantes secundarios que decidieron evadir el pago, saltándose los torniquetes de control. Pero, en realidad, la protesta se extendió rápidamente al conjunto de la ciudadanía, que, sorpresivamente y de forma masiva, decidió reclamar contra las desigualdades y los abusos del sistema económico, el cual ha servido para acumular inmensas riquezas en sólo 1% de la población.⁹ Los pobres y las capas medias se habían cansado y tomaron las calles del país para exigir un nuevo trato: “es el ‘ya basta’ del grueso de la población ante una clase económica y políticamente dominante que ha perdido el recato, el pudor y los buenos modales que la pudieron acompañar -tal vez- en otros tiempos” (^{Valenzuela Feijóo, 2019}).

El vigoroso crecimiento de la economía chilena de las últimas tres décadas ha generado empleo y reducido la pobreza de ingresos. Es lo que destacan, con satisfacción, el empresariado, sus economistas y gran parte de la clase política, organizada en los partidos de derecha, pero también en la denominada centroizquierda (primero Concertación y luego Nueva Mayoría). Incluso organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentaban a Chile como un referente de estabilidad y progreso, el modelo a seguir. Sin embargo, ni el crecimiento ni la disminución de la pobreza de ingresos han servido para reducir las desigualdades y menos para frenar los abusos de ricos y poderosos sobre la mayoría de la población.

En efecto, en el “modelo chileno” la salud, la educación y la previsión social son mercancías que se tranzan en el mercado. Los sectores de altos ingresos pagan servicios de salud (Isapres)¹⁰ y educación privada de calidad, y reciben buenas jubilaciones en el sistema de AFP,¹¹ mientras que las familias pobres y de clase media se encuentran condenadas a una salud pública vergonzante,¹² educación pública de baja calidad y pensiones miserables en la vejez.¹³

A esas manifiestas desigualdades se agregan los persistentes abusos contra trabajadores, pequeños empresarios y consumidores. En efecto, en el mundo del trabajo predominan muy bajos salarios, resultantes de la precariedad laboral y de limitaciones legales a la sindicalización; los consumidores sufren con una sistemática colusión empresarial;¹⁴ los pequeños empresarios se enfrentan al poder monopólico y monopsónico de las grandes empresas junto con la desidia de un Estado inmóvil; finalmente, como consecuencia de los reducidos salarios, ha crecido geométricamente el endeudamiento de las familias pobres y de clase media,¹⁵ principalmente mediante el mecanismo de tarjetas de crédito que otorga directamente el gran comercio, a tasas de interés elevadísimas.¹⁶

Adicionalmente, en años recientes, se ha observado un fenómeno inédito para la cultura chilena: la corrupción. No es que no existiera en el pasado, es que ahora se ha generalizado. Ésta se multiplicó en el mundo empresarial, se extendió a la clase política y se instaló en los altos mandos de Carabineros y Fuerzas Armadas, con un Poder Judicial que ha sido en extremo timorato en sancionar los delitos de “cuello y corbata”.¹⁷

La concepción del derrame del crecimiento, así como la política de focalización de la pobreza han sido los rostros vergonzantes del modelo económico. Más allá de las buenas cifras que ha mostrado el crecimiento, las desigualdades y los abusos son demasiado evidentes, y es lo que ha inundado las calles de movilizados. La desesperanza se ha universalizado y ahora la ciudadanía apela a la calle, a las movilizaciones. La protesta va más allá de reivindicaciones parciales y demanda cambios estructurales, pues desafía directamente el régimen de injusticias.

El pueblo chileno ha comprendido que el modelo económico, sus instituciones y el Estado subsidiario, consagrados en la Constitución de 1980, son los que cierran las puertas a una distribución equitativa del poder y la riqueza. También ha comprendido que los políticos que hasta ahora han gobernado el país no tienen voluntad para cambiar el orden de las cosas.¹⁸ Esto explica que las demandas de los movilizados reivindiquen una nueva constitución¹⁹ que termine con el Estado subsidiario, que garantice derechos sociales a todos los chilenos y que abra espacios para una nueva representación política a la ciudadanía.²⁰

La Constitución Política de 1980, a diferencia de otras cartas en el derecho comparado, impone un modelo concreto de organización de las relaciones económicas del país. Ayudó a este propósito la asesoría al gobierno de Pinochet de Milton Friedman, quien, desde la escuela de Chicago, adoctrinó a un grupo de economistas para que instauraran el neoliberalismo, aprovechando la inexistencia de libertades para la oposición sindical y política.

Esos economistas, junto con un empresariado que se benefició a precio vil de las privatizaciones de las empresas del Estado durante la dictadura, optaron por promover una constitución que no fuera neutral respecto de modelos económicos. Instalaron un tipo de organización económica que no estuviese sujeta a una ulterior deliberación democrática.

La Constitución de 1980, aprobada durante el régimen militar, fue la intransable letra de cambio para que la derecha, el empresariado y los militares aceptaran en 1989 el término de la dictadura de Pinochet. Esto explica que los gobiernos democráticos, desde 1990 en adelante, conservaran la esencia del sistema económico, social y político. El abogado Jaime Guzmán, principal redactor de la Constitución de 1980, señaló textualmente el propósito que perseguía la carta fundamental:

La Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría; porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario [^{Atria, 2015}].

Cuando nos remitimos al ámbito económico, la Constitución de 1980 es clara en la prohibición que tiene el Estado para ejercer actividades empresariales; también fija límites a las regulaciones que puede ejercer sobre el empresariado (^{Bauer, 1998}). Además, en ella se hace explícita la intervención de la empresa privada en la salud, la educación y el sistema de pensiones.

Si uno quisiera sintetizar en dos palabras el núcleo neoliberal de la Constitución que tenemos, ello podría resumirse en una constitución que pone como fundamento al mercado y la economía de mercado, los que no pueden ser modificados por las decisiones democráticas de la mayoría de los chilenos. En términos del neoliberal Hayek esto significa que la “libertad”, es decir, la propiedad y el derecho privado tienen supremacía constitucional frente a la “legislación”, es decir, frente a la democracia y la expresión de la voluntad popular [^{Ruiz Schneider, 2019}].

En este artículo nos ocuparemos, principalmente, de la base material que ha dado sustento a las desigualdades, los abusos y, también, a la corrupción; vale decir, el modelo económico y, en particular, su matriz productiva y exportadora.

La economía chilena se caracteriza por la explotación y la exportación de recursos naturales, lo que ha favorecido rentas extraordinarias al gran empresariado, especialmente en los años noventa. A partir de esa base se extendió su escala de acumulación hacia el sector financiero y los servicios comerciales, para posteriormente realizar masivas inversiones en el exterior. La política económica ha sido complaciente con el empresariado rentista y renunció a apoyar iniciativas para que otros empresarios impulsaran actividades industriales o agregaran valor a los recursos naturales.

El Estado, entonces, no ha sido neutral respecto del gran empresariado rentista. En realidad lo ha apoyado para que dirija sus inversiones hacia la explotación de recursos naturales, mediante una política deliberada de subsidios. Por lo tanto, la neutralidad de la política económica, presentada por la teoría como característica del neoliberalismo, no ha operado plenamente en el caso de Chile.

Al mismo tiempo, la explotación y la exportación de recursos naturales encontraron un apoyo muy fundamental en la política de apertura económica indiscriminada al mundo que impulsaron todos los gobiernos de Chile.

I. Apertura económica y matriz productiva

La política de apertura de Chile al mercado mundial ha dinamizado el comercio exterior²¹ y aumentado los flujos de inversión,²² lo que ha favorecido un crecimiento económico vigoroso, especialmente en el periodo 1990-1998, con una tasa media anual de 7.4%. Sin embargo, ese crecimiento se reduce a 4.4% en 1999-2007 y a 2.2% en 2014-2018 (^{Ffrench­Davis, 2018} y ²⁰¹⁹). Esa política también ayudó a la globalización del gran empresariado nacional que, de forma inédita, invierte masivamente en los mercados externos, principalmente en Sudamérica.²³

La apertura se inició durante la dictadura militar, con la reducción unilateral de los aranceles, el otorgamiento del mismo trato al capital extranjero que al nacional y la facilitación de los flujos del capital financiero. A partir del retorno a la democracia, aunque continuó la apertura unilateral,²⁴ la globalización de la economía ha tenido su soporte más importante en las negociaciones bilaterales. A la fecha, Chile ha suscrito 28 acuerdos comerciales con 64 países, que abarcan 64% de la población mundial, y que representan 86% del PIB mundial.²⁵

La gran cantidad de tratados no ha estado acompañada por una estrategia de diversificación de la estructura productiva y de la canasta exportadora. En efecto, de cada 100 dólares que el país vende al mercado global, 97 son materias primas en bruto o con escasa transformación, provenientes de los sectores minero, forestal, pesquero y agrario (^{OCDE, 2018}).

A pesar de la ampliación de los mercados externos y las menores barreras de entrada, la empresa privada no se ha interesado en la diversificación productiva. Prefiere explotar recursos naturales -en los que priman ventajas competitivas naturales-, extender sus actividades a los servicios o, incluso, invertir en el exterior. Así las cosas, la participación de la manufactura en el total de la producción nacional se ha reducido desde alrededor de 20% del PIB que representaba a principios de los años noventa hasta 10% en la actualidad (^{Ahumada, 2019}).

Tampoco el Estado se ha interesado en la diversificación productiva. Con el retorno a la democracia, la estrategia económica que caracterizó al país durante 17 años de dictadura militar no sufrió modificaciones sustanciales. En democracia hubo algunos cambios en el manejo macroeconómico, una fuerte inversión en infraestructura y aumento del gasto social. Se insistió prioritariamente en el crecimiento y en la estabilidad macroeconómica, pero sin mayor interés por cambios estructurales en el ámbito productivo ni en políticas redistributivas.

La historia se repite. El destacado economista Aníbal Pinto señalaba en un antiguo trabajo que en el periodo 1830­1930 el país logró un crecimiento económico sin precedentes, que lo colocó a la cabeza de América Latina y que “nada tenía que envidiar al de los Estados Unidos o al de muchas naciones europeas del norte y del viejo continente”. Sin embargo, ese exitoso crecimiento de Chile, con economía abierta, gracias a las exportaciones agrícolas y sobre todo al salitre, tuvo “una pata coja”: le faltó una política industrial. El progreso técnico en los enclaves exportadores no se difundió al conjunto de la economía. Sin diversificación de la estructura productiva y de las exportaciones, se frustró el desarrollo (^{Pinto, 1996}).

Posteriormente, con la grave depresión mundial del siglo XX, Chile se vio obligado a impulsar un desarrollo industrial de manufacturas livianas. Sin embargo, este nuevo camino fue más bien consecuencia de “la presión de los hechos” antes del resultado de una política deliberada. Así las cosas, la industrialización no se vio complementada con diversificación de las exportaciones. Subsistió así la heterogeneidad productiva de la economía, con un sector exportador tecnológicamente avanzado y una actividad manufacturera liviana, de baja productividad, que obligó a seguir dependiendo de las importaciones de maquinarias y equipos provenientes de los países desarrollados.

El auge cuprero ha sido inhibitorio de la diversificación productiva, gracias a la apropiación de rentas crecientes generadas por la explotación de ese recurso. Así fue durante la industrialización sustitutiva de importaciones, y sucede lo mismo en el periodo actual, con la fuerte expansión exportadora, especialmente en 1990­2004; aunque en este caso no exclusivamente sobre la base del cobre, sino también con la explotación maderera, de la pesca y la fruticultura.

La estructura productiva chilena fue criticada en 2008 por Michael Porter, destacado profesor de Harvard, quien señalaba: “Estoy preocupado por Chile. Cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender. Siguen vendiendo lo mismo” (^{Guzmán, 2018}).

Después del notable crecimiento de la década de los noventa, la economía chilena ha disminuido su dinamismo. Se ha visto afectada principalmente por razones estructurales, aunque su debilidad se acentúa como consecuencia del naciente proteccionismo internacional. En efecto, el PIB y las exportaciones disminuyen tendencialmente, lo que se ha agravado en los últimos años.

La productividad no crece desde hace varios años en el país, como consecuencia de la escasa diversificación productiva, las colusiones oligopólicas, la baja inversión en investigación y desarrollo y la mala calidad de la educación. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación del informe 2018 sobre Chile enfatizó que “el crecimiento de la productividad ha tenido una tendencia a la baja en muchos sectores de la economía chilena y es urgente su elevación”.²⁶

Así las cosas, después del ciclo productivo­exportador expansivo de recursos naturales de la década de los noventa, en los últimos años, más que el capital productivo, lo que explica el crecimiento positivo del PIB es la multiplicación de los servicios.²⁷ Durante los últimos 10 años se ha producido una alteración de precios relativos entre bienes transables y no transables, en favor de estos últimos. Así, la rentabilidad de los servicios, gracias a su manifiesto predominio oligopólico, ha tendido a crecer claramente y a mantenerse alta de forma persistente. Esto no sólo vale para los servicios de capital financiero y el comercio, sino también para las inversiones en salud, educación, previsión, energía y agua, que antes eran derechos sociales, pero han sido convertidos hoy en día en negocios privados.

En Chile el capital industrial ha sido desplazado paulatinamente por el capital financiero. Cuando esto sucede, se dificulta el aumento de la productividad del trabajo y la incorporación del progreso técnico. Sus ganancias dependen de las tasas de interés, de la especulación bursátil y de la colusión empresarial. Es sintomático que Sebastián Piñera, el dos veces presidente de Chile, se haya convertido en uno de los hombres más ricos del país²⁸ sin haber dirigido nunca una empresa productiva, y habiéndose dedicado sólo a actividades de especulación bursátil.

Actualmente, cuando el mundo se dirige nuevamente hacia el proteccionismo, se pone en evidencia la fragilidad que significa para la economía y la sociedad vivir de la explotación de recursos naturales y de los altibajos del capital financiero. La guerra comercial que imponen los Estados Unidos a China acentúa las dificultades económicas de la economía chilena, ya que 35% de las exportaciones se dirigen a este país.²⁹ Consecuentemente, la caída del precio del cobre y del de otras materias primas de exportación, afectadas por la disminución de la actividad económica china, limitan las holguras del sector externo y agravan las dificultades estructurales para el crecimiento económico.

II. Globalización de la década de los noventa

A partir de la década de los noventa se consolidó una nueva fase de globalización económica en el mundo. Los Estados Unidos, junto con los principales organismos internacionales, lideraron la liberalización y la apertura de la economía mundial.

Se amplió el protagonismo de las empresas trasnacionales, facilitado por la implementación de políticas nacionales de libre movilidad de bienes, servicios y capitales. Así, la deslocalización de las trasnacionales en distintos países permite a esas empresas disminuir costos de producción y aumentar ganancias, gracias a sus inversiones en países de bajos salarios.

Adicionalmente, la multiplicación de tratados de libre comercio en el mundo ha favorecido a las empresas trasnacionales con el desmantelamiento de las barreras al comercio y las inversiones, lo que ha permitido un fluido despliegue de las cadenas de valor a través de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, esos acuerdos bilaterales protegen sus inversiones, las que además se encuentran garantizadas por acuerdos multilaterales, en particular por los compromisos alcanzados en la Organización Mundial de Comercio (OMC).³⁰

El mundo económico del siglo XX, con “centros” y “periferia”, ha abierto paso a una realidad más compleja. Ya no existen sólo los países exportadores de materias primas y los centros industrializados productores de manufacturas. Hoy en día, China, la India y algunos otros países de Asia se han convertido en los principales productores de manufacturas, mientras que Europa, Japón y los Estados Unidos fundan su dinamismo en el dominio del capital financiero, así como en los beneficios que se derivan del control de la ciencia y la propiedad industrial e intelectual.

Por su parte, los países de América Latina y África se encuentran acorralados en la producción de alimentos y materias primas, para abastecer principalmente la producción manufacturera de Asia. Chile ha sido funcional a este nuevo paradigma internacional.

III. Del libre comercio al proteccionismo

El tipo de globalización, que ha caracterizado al mundo en los últimos 30 años ha sufrido un sorpresivo viraje con el gobierno del presidente Trump. Los Estados Unidos se han volcado hacia el proteccionismo, aunque no está claro todavía si por razones estratégicas o de política coyuntural. Trump atacó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),³¹ calificándolo como desastroso para su país, y obligó a una renegociación a su placer que culminó en el Acuerdo Estados Unidos­México­Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés). Luego, con el desafío que ha colocado China a su hegemonía, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto una guerra comercial a este país, al elevar aranceles y, sobre todo, cuestionar su desarrollo tecnológico. Asimismo, recientemente aumentó tarifas a las exportaciones europeas. Además, ha criticado el multilateralismo en aquellos aspectos que, según Trump, afectan los intereses de los Estados Unidos, en especial instancias para resolver las controversias comerciales entre los países.

El retorno al proteccionismo ha reducido el crecimiento y las inversiones de la economía mundial. Por primera vez en años, en el bienio 2018­2019 el comercio mundial está creciendo menos que el PIB mundial, rasgo antes visto en la posguerra, ya que por largas décadas la tasa de crecimiento del comercio había duplicado el aumento del producto (^{Rosales, 2019}).

También se han agregado otros factores de tensión, que apuntan al proteccionismo y generan incertidumbre en la economía mundial. El triunfo del Brexit en el referéndum del Reino Unido en 2016 ha producido alarma en los mercados, y esta opción nacionalista se proyecta también a otros países de Europa, muy especialmente en el ámbito migratorio.

El nuevo proteccionismo y las tensiones mundiales golpean América Latina, muy especialmente a la economía abierta de Chile. Las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos a China y la reducción de la actividad económica de este país se transmiten directamente a la economía chilena por la vía de disminución de la demanda de importaciones.

IV. Frágil fundamento de la economía chilena

El camino adoptado por Chile, fundado en la explotación de recursos naturales, es frágil frente a los cambios en la demanda internacional de materias primas, con consecuencias en la inestabilidad de los precios de exportación. Sobre todo, los enclaves de recursos naturales privan al conjunto de la economía de más amplios empleos productivos, mejores encadenamientos económicos y de una mayor difusión de los beneficios del crecimiento económico.

Por cierto, para el empresariado la explotación de recursos naturales tiene ventajas sobre las actividades con mayores procesos de transformación. La renta del suelo junto con los menores salarios (en comparación internacional) ofrece ventajas indiscutibles: hay menores presiones competitivas para mejorar rendimientos productivos, pero generosas utilidades. La explotación de recursos naturales, así como las políticas de flexibilización laboral y subcontratación (generalizadas sobre todo en la minería y la agricultura) aumentan la precariedad de los trabajadores y agudizan la inestabilidad del empleo.

La explotación, la exportación y las utilidades del cobre ilustran con propiedad el buen negocio que han significado los recursos naturales para el empresariado rentista. En efecto, a partir de 1990 los gobiernos democráticos fomentaron la inversión privada en la minería del cobre, al entregar, en plena concesión y sin aplicación de royalties, amplios derechos de explotación.

Según cifras calculadas por Eduardo ^{Titelman (2013)}, entre 1990 y 2011 la gran minería privada (GMP) del cobre atrajo cerca de 26 000 millones de dólares de inversión extranjera en minería y, junto con empresarios nacionales -entre otros el Grupo Luksic-, permitió un crecimiento sustancial de la explotación minera, especialmente de cobre, pero también oro, molibdeno y plata. Gracias a las facilidades entregadas por el Estado al capital privado, se potenció la producción del mineral rojo.

Hay que tener en cuenta que en 1973, con la nacionalización del mineral implementada por el gobierno de Salvador Allende, 100% de la producción cuprífera estaba en manos del Estado. Actualmente, ese porcentaje se reduce a 30%, con 70% en concesiones a privados. Así las cosas, la producción de cobre de la GMP se multiplicó casi nueve veces durante el periodo: aumentó de 393 000 toneladas en 1990 a algo más de 3.5 millones de toneladas en el periodo 2005­2011 (^{Titelman, 2013}), situación que ha permanecido hasta ahora.

La GMC tuvo una extraordinaria rentabilidad sobre patrimonio en el periodo 2005­2011, que alcanzó 77% en promedio, cifra muy superior a 33% de las Isapres, 23% de las AFP y 22% de los bancos (^{Titelman, 2013}). Esa rentabilidad generó utilidades extraordinarias, como destaca el Cuadro 2, que presenta Titelman, quien la compara con otros sectores económicos, también altamente rentables.

Tales rentabilidades y utilidades elevadas fueron posibles por varias razones. En primer lugar, por las concesiones gratuitas a inversionistas extranjeros y a algunos empresarios chilenos. A diferencia de la mayor parte de los países del mundo, esos recursos de propiedad de todos los chilenos no están afectos a royalties.

Sólo a partir de 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se estableció por primera vez un impuesto específico a la actividad minera (no un royalty). Luego, en 2010, con el presidente Piñera, ese impuesto aumentó, de forma temporal, para financiar la reconstrucción del terremoto de febrero de 2010. Gravamen pequeño, a cambio del cual las empresas de la GMP recibieron garantías legales de invariabilidad tributaria hasta 2023. Así, se aseguraba al gran empresariado minero evitar eventuales nuevos impuestos en gobiernos futuros.

En consecuencia, el notable crecimiento de la inversión privada en la minería chilena, que fue determinante en la expansión económica del país durante la década de los noventa, se vio favorecido, en la práctica, por un generoso subsidio a los inversionistas. Ésta es una demostración, entre tantas otras, de que la política económica chilena parece ser más bien de corte proempresarial antes que promercado.

Algo similar ha sucedido respecto de la explotación forestal. El Estado entrega un subsidio estatal, en este caso explícito, a las plantaciones de pinos y eucaliptos, decretado durante el mismo régimen militar: en 1974 se decidió ese subsidio mediante el Decreto Ley (DL) 701, implementado por el director de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de la época, Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Pinochet, hoy conocido por ser un poderoso empresario en la explotación del litio.

El Decreto 701 bonifica en 75% a quienes planten pinos y eucaliptos, beneficio que fue hábilmente aprovechado por las grandes empresas forestales, como la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones del Grupo Matte y la Celulosa Arauco del Grupo Angelini. Ambos grupos, junto con Luksic, constituyen los empresarios más poderosos del país (véase apéndice).

Tras la implementación del DL 701, el bosque nativo comenzó paulatinamente a desaparecer, en medio de acusaciones de talas ilegales e incendios sospechosos. Según varios agricultores, el principal daño que generan las plantaciones de pinos y eucaliptos es la escasez de agua y la condena irreparable para los suelos, que no pueden ser reutilizados para labores agrícolas. Adicionalmente, los cuestionamientos se han extendido al conflicto de tierras de las comunidades mapuche, en las regiones del Bío­Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos (^{González, 2017}).

Igual que en la minería, los gobiernos posteriores a la dictadura no modificaron la política de explotación de los bosques. El presidente Frei Ruiz Tagle extendió el DL 701 por 15 años en 1998 y Piñera por dos años más en 2010. En 2012 el propio presidente Piñera intentó prorrogarlo nuevamente por 20 años. La iniciativa no prosperó en el Congreso. Luego, en el gobierno de Michelle Bachelet, en 2014, se anunció que se prorrogaría el DL 701, pero esto nunca llegó a concretarse. Sin embargo, según Mayol y Camargo, todavía la Corporación Nacional Forestal (Conaf) estaría entregando el subsidio, al menos hasta 2016, cuestión que sería una manifiesta irregularidad (^{Mayol, 2017}).

El tercer caso de subsidio a la explotación de recursos naturales es algo más complejo, ya que se vincula directamente con corrupción política. A comienzos de 2015 se conocen varios casos de financiamiento empresarial ilegal para campañas parlamentarias y presidenciales. De éstos, uno de los más graves fue el pago a parlamentarios para favorecer una ley de pesca, en 2011, para asegurar los negocios de la gran industria pesquera.³² La ley otorgó a esas grandes empresas (conocidas como las siete familias) derechos de explotación, con renovación automática, vale decir, derechos permanentes a la explotación pesquera.³³

Ha sido evidente, entonces, el apoyo del Estado chileno al gran empresariado para que dirija sus inversiones hacia la explotación de recursos naturales. No ha hecho lo mismo respecto de las actividades de naturaleza industrial, generadoras de mayor valor agregado.

Los subsidios explícitos o implícitos, incluso bajo la forma de corrupción, en favor de la explotación de recursos naturales por parte del Estado chileno han desincentivado, en los hechos, potenciales iniciativas para que los inversionistas se orienten hacia la producción de bienes y servicios de transformación.

Mientras se sobreexplotan las riquezas naturales y sus beneficios se concentran en una minoría empresarial rentista que los produce y exporta,³⁴ el medio ambiente se ha visto crecientemente afectado: el agua se ha convertido en un bien extremadamente escaso y las empresas que trabajan con energía de carbón han convertido a Quintero y Puchuncaví en “zonas de sacrificio”.³⁵

El caso del agua es dramático. Su privatización data de 1981 y se encuentra consagrada en la Constitución. En efecto, la dictadura de Pinochet estableció que el agua era un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo permitió su comercialización. El Estado entrega de forma perpetua a particulares los derechos de aprovechamiento del agua, los que pueden usarlos o arrendarlos.

Así las cosas, la escasez de agua se ha convertido en un problema serio en el país, como consecuencia de la utilización del agua dulce en la industria extractiva y los agronegocios. Hoy en día son cinco las regiones declaradas en emergencia hídrica, la más grave en los últimos 70 años, lo que además ha provocado en la región de Petorca una situación de extrema gravedad: sus 80 000 habitantes tienen que vivir con 50 litros de agua a la semana, mientras que una planta de aguacate llega a consumir 187 litros al día en los periodos de riego. No es casual entonces que el movimiento en defensa del agua, encabezado por Modatima, haya nacido en esa zona.³⁶

V. La continuidad neoliberal

Cuando los Chicago Boys chilenos, inspirados por Milton Friedman y Arnold Harberger, y apoyados en la fuerza militar del general Pinochet, implementaron el proyecto neoliberal, la preocupación exclusiva por la macroeconomía, el libre mercado y el crecimiento fue muy criticada por los opositores al régimen militar. Sin embargo, a partir del momento en que la oposición -la Concertación de Partidos por la Democracia- se instaló en el gobierno no se implementó una estrategia alternativa.

Antes de 1990 la crítica de los economistas opositores al régimen económico cuestionaba “la creencia ingenua en el libre mercado no regulado” (^{Foxley, 1984: 15}) y la pasividad del Estado en la economía. Además, se discutía la “total ausencia de una concepción global del desarrollo del país” (^{Foxley, 1984: 16}). Es lo que decía Alejandro Foxley, presidente del centro de estudios opositor más importante (la Corporación de Estudios para Latinoamérica [Cieplan]), quien posteriormente sería ministro de los gobiernos de la Concertación.

En esos años Foxley rechazaba la existencia de un Estado inmóvil y sin propuestas estratégicas para el desarrollo económico del país. También destacaba críticamente que “la discusión en estos años ha estado dominada por la macroeconomía” (^{Foxley, 1984: 16}). Incluso sostenía la necesidad de la reindustrialización de Chile. Proponía para ello utilizar todos los instrumentos de la política económica, discriminando selectivamente en favor de la industria: líneas de crédito especiales, subsidios, aranceles y tratamientos tributarios de excepción.

Llama particularmente la atención su postura radical en el ámbito arancelario: proponía elevar los aranceles y diferenciarlos con el objeto de “maximizar el empleo, la difusión tecnológica y el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas” (^{Foxley, 1984: 64}). Alejandro Foxley habla de “protección selectiva con apertura externa” y es explícita su identificación con los modelos de industrialización de Asia: “Contrariamente a lo sostenido por quienes defienden el libre mercado, países como Japón, Corea y Taiwán han protegido sectores completos; a veces con altas tarifas y más a menudo restricciones cuantitativas, como cuotas de importación o aún mediante trabas burocráticas” (^{Foxley, 1984}).

Como ministro de Hacienda del presidente Aylwin, Foxley cambiaría radicalmente la postura que se le conoció como opositor. Lo mismo sucedería con los economistas democristianos del Cieplan (con la digna excepción de Ricardo Ffrench­Davis), a los que siguieron disciplinadamente los socialistas.

Edgardo Boeninger, mentor y amigo de Foxley, quien fue ministro de la presidencia durante el gobierno de Patricio Aylwin, refiere en su libro Democracia en Chile (^{Boeninger, 1997}) el giro copernicano del liderazgo de la Concertación y el importante papel que en ello desempeñaron los economistas, al acercarse ideológicamente a los Chicago Boys. Ese giro habría facilitado la transición política pactada sobre la base de la Constitución de 1980:

En este proceso de convergencia económica tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento, fueron los economistas democristianos, los que, en contraste con las décadas del 60 y 70, pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales […] La inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista [^{Boeninger, 1997: 369}].

Ese discurso ayudó a que los gobiernos democráticos aceptaran la misma concepción sobre el desarrollo que impulsó el régimen de Pinochet y, en particular, asumieran como propio el Estado subsidiario. No realizaron esfuerzos por modificar la estructura productiva; se amplió la apertura de la economía al mercado mundial, se privilegió el crecimiento y se valoraron al extremo los equilibrios macroeconómicos.

El crecimiento tuvo su periodo de mayor gloria en 1990­1995, gracias a un notable aumento de las inversiones, sobre todo en la minería del cobre, pero también en la explotación de otros recursos naturales. Esto se vio favorecido por la generosidad de las concesiones estatales y, además, gracias a una reinstauración democrática que reconocía la continuidad del modelo económico neoliberal y, al mismo tiempo, garantizaba la paz social.

Ricardo Ffrench-Davis reconoce que el vigoroso crecimiento económico de la década de los noventa se explica por las voluminosas inversiones, sobre todo extranjeras, en recursos naturales. Pero también valora la importancia de la política macroeconómica que se implementó en esos años. En mi opinión, la valora en exceso.

Ffrench-Davis fue un destacado funcionario del Banco Central en esos años y, gracias a su perseverancia, logró que se impulsara una política cambiaria de flexibilidad administrada, y además con un mecanismo de encaje sobre los flujos de capital de corto plazo. Ambas medidas fueron importantes para favorecer nuevas inversiones extranjeras, de carácter productivo. Esta política macroeconómica se modificaría posteriormente. En efecto, según el mismo Ffrench­Davis, esas medidas se debilitarían después de 2005, ya que “el país se había incorporado, aunque gradualmente, a la poderosa corriente que propiciaba la liberalización de las cuentas de capital en boga por entonces en los mercados internacionales” (^{Ffrench­Davis, 2018: 69 y 70}).

A diferencia de Ffrench­Davis, pienso que el neoliberalismo no termina con una política económica de control de la cuenta de capitales. Persiste con el acceso indiscriminado de las inversiones extranjeras a cualquier sector de actividad y, por cierto, con la permanencia de leyes, decisiones e institucionalidad favorables a la privatización de los servicios públicos, así como con la complacencia estatal frente a los oligopolios y la colusión de empresas, y con una apertura sin restricciones a la economía mundial.

Los empresarios extranjeros, en vez de desempeñar un apoyo complementario en lo productivo y lo tecnológico, no sólo invirtieron en la explotación de recursos naturales, sino que también se extendieron a la propiedad de servicios sociales como educación, salud y pensiones, y a los servicios de utilidad pública, como agua, luz y transporte, y posteriormente al sistema de concesiones de carreteras. Se trasladaron a actividades de alta rentabilidad, casi todas oligopólicas.

Como señalábamos anteriormente, en la misma Constitución Política de 1980 se plasmó el ordenamiento político, administrativo, social y económico del país, bajo la concepción dominante del neoliberalismo (^{Bauer, 1998}). Fue, sin duda, la intransable letra de cambio para que la derecha, los empresarios y los militares aceptaran el término de la dictadura.

En suma, gracias a la Constitución de 1980, e incluso con los cambios introducidos por Ricardo Lagos en 2005, el sector privado ha encontrado un campo indiscriminado de acción para el ejercicio de cualquier tipo de actividad mercantil, incluido el ámbito social. En cambio, las puertas del Estado se encuentran cerradas para impulsar cualquier actividad económica. Es el Estado subsidiario.

Las garantías constitucionales, los subsidios al empresariado en la explotación de recursos naturales y las limitaciones a la organización sindical favorecieron una gran concentración de la riqueza en unos pocos grupos económicos, lo que les permitió ampliar sus actividades desde los recursos naturales hasta el sector financiero, el comercio y el ámbito social, los cuales adquirieron preponderancia desde el 2000 en adelante, convirtiéndose en fuentes de elevadas ganancias.

Así las cosas, sólo 1% de la población chilena ha logrado, como en ningún otro país del mundo, capturar 33% de todos los ingresos que se generan en el país.³⁷ Chile encabeza el vergonzoso ranking de desigualdad, con un índice de Gini, antes de impuestos, de 0.50. Esa concentración de riqueza y la desigualdad se explican, en gran parte, por los bajos salarios existentes en el país. En efecto, 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $400 000,³⁸ y prácticamente siete de cada 10 trabajadores reciben menos de $550 000. Sólo 20% recibe más de $750 000 (^{Durán S. y Kremerman S., 2018}).

La ausencia de royalties y de una escasa tributación sobre las utilidades de los recursos naturales y, en general, los bajos impuestos que pagan los sectores de altos ingresos han ampliado el poder y la riqueza de ese 1% de la población. En efecto, el aporte al fisco por conceptos tributarios, como porcentaje del PIB, en el promedio de los países de la OCDE, es de 34%, y en Chile sólo de 21%. De esta captación tributaria, 50% corresponde al impuesto al valor agregado (IVA), vale decir que afecta proporcionalmente más a los sectores de bajos ingresos.

La inmensa fuerza material que han adquirido los grupos económicos les ha permitido influir en gran parte de la clase política. Por iniciativa propia, también por debilidades de los gobiernos, se han convertido en un poder fáctico en el país.

Durante la dictadura, el empresariado se apropió del aparato productivo, a muy bajo costo, gracias a las privatizaciones a precio vil de las empresas públicas que impulsó el gobierno militar (^{Mönckeberg, 2001}). Incluso algunos allegados y parientes de Pinochet, como Julio Ponce Lerou, José Yuraszeck y Roberto de Andraca, sin un centavo, se adueñaron de grandes empresas estatales, como SQM, Enersis y CAP.³⁹ Bien les calza a estos individuos el calificativo de lumpenburguesía que utiliza André Gunder.

El carácter rapaz del extractivismo ha conducido a un agotamiento de los recursos naturales. Es el caso del cobre, que luego de un acelerado crecimiento entre 1990 y 1994, con una tasa promedio anual de 9.6%, experimentó una disminución de su dinamismo a sólo 0.1% en promedio anual en el periodo entre 2004 y 2017. El estancamiento de la producción se explica tanto por el aumento de los costos de producción como por la disminución de las mejores leyes de mineral (^{Titelman, 2019}).

Por su parte, la sobrepesca industrial ha provocado el colapso de los principales recursos marinos,⁴⁰ y algo similar sucede con los efectos negativos de la salmonicultura. Asimismo, el arrasamiento del bosque nativo y de los suelos agrícolas ha recibido el impacto negativo de las plantaciones forestales exóticas, especialmente pino y eucalipto. La eliminación de los bosques autóctonos ha provocado erosión de la tierra, contaminación ambiental y tensiones sociales con agricultores e indígenas. Además, a ello se une que las plantaciones de pinos y eucaliptos exigen gran demanda de agua, en momentos de elevada escasez y de un cambio climático incontenible.

A pesar del agotamiento y la caída de la productividad en la explotación de recursos naturales, el gran empresariado no se ha extendido a nuevas actividades productivas, directamente industriales o, en general, de transformación. En cambio, ha optado por volcarse a sectores improductivos: banca, servicios públicos, Isapres, AFP, medios de comunicación, colegios, universidades, clínicas privadas y equipos de futbol. Estos sectores oligopólicos han sido fuente de elevadas ganancias empresariales.

A pesar del agotamiento de los recursos naturales, tampoco el Estado se compromete con la transformación productiva. No impulsa políticas para favorecer sectores industriales o servicios de mayor valor agregado; tampoco hace esfuerzo alguno por elevar el gasto en investigación y desarrollo, ni extiende la calidad educativa a todos los jóvenes del país. En consecuencia, la productividad y la competitividad internacional han caído radicalmente. Lo destaca, con preocupación, el último informe de la OCDE sobre Chile: “Es urgente elevar la productividad, estancada en niveles comparativamente bajos. La productividad laboral continúa en 50% del promedio de la OCDE”. Y agrega, “Chile necesita también mejorar su competitividad internacional y diversificar sus exportaciones, ya que 97% de las exportaciones de bienes sigue siendo materias primas y productos manufacturados basados en recursos naturales y en actividades que requieren menores destrezas” (^{OCDE, 2018}).

Sin un sistema educacional de calidad igual para todos los niños y los jóvenes del país, y sin investigación, innovación y nuevas tecnologías, se cierran las oportunidades para construir un modelo productivo que trascienda la explotación de los recursos naturales o que se limite a sectores improductivos.

VI. El camino del desarrollo

Con una economía basada en la explotación de recursos naturales, sin diversificación productiva y con un Estado inmóvil, las posibilidades de recuperar el crecimiento, mejorar la productividad y avanzar en competitividad internacional se oscurecen. Agregar valor a los recursos naturales, procesar bienes y generar servicios avanzados es complejo: exige una creciente innovación e incorporación de nuevas tecnologías y una fuerza de trabajo más calificada, extendida al conjunto de la sociedad.

Con la actual estructura productiva del país, al sector privado no le interesa invertir en ciencia y tecnología. El Estado tampoco lo hace. Evidencia de ello es que apenas 0.40% del PIB se gasta en ciencia y tecnología, con un mínimo de inversión de la empresa privada, mientras que el promedio de la OCDE es 2.4 por ciento.

Por otra parte, el Estado no se siente obligado a enfrentar las desigualdades de calidad en la educación y elevar así las capacidades formativas de todos los estudiantes, porque no resulta indispensable para el modelo productivo existente y porque estima que el libre mercado elevará su calidad automáticamente. Esto explica en parte los bajos salarios existentes, a lo que se agregan, por cierto, las restricciones institucionales a la sindicalización y la negociación colectiva.

Para potenciar la economía a mediano y largo plazos e incentivar el desarrollo es insoslayable caminar más allá de la producción de recursos naturales: “La esencia del desarrollo económico es impulsar industrias no vinculadas con recursos naturales. ¿Por qué Japón produce autos, Finlandia, teléfonos celulares o Corea, acero? Porque las ventajas se crean” (^{Chang, 2010}).

Incluso, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un estudio del año 2000, junto con los economistas de Harvard, Sachs y Warner, coincide con esta tesis:

Chile no se ha integrado a la economía mundial como un innovador independiente o como generador de tecnologías de vanguardia, sino como un proveedor de unos pocos recursos naturales. Y […] estos sectores son insuficientes para impulsar a Chile hacia una etapa de elevado crecimiento del ingreso. Chile tendrá que diversificar su base exportadora o es altamente probable que experimente una caída en su crecimiento [^{Larraín B., Sachs y Warner, 2000}].

Sin embargo, como autoridad económica, Larraín no hizo nada por imprimir un cambio de dirección en la estrategia productiva, como tampoco las autoridades de “centroizquierda” en el pasado: los anuncios, de mediados de la década de los noventa, para avanzar hacia una segunda fase exportadora y los de finales del primer gobierno Bachelet, con el fin de agregar valor a los bienes y servicios mediante una estrategia de clústeres, nunca se materializaron.

VII. ¿Por qué no hay transformación productiva?

Para que se produzca una transformación productiva en favor de la diversificación es indispensable terminar con el Estado subsidiario y contar con representantes políticos que respondan a la ciudadanía y no a los grupos económicos. Esto no ha sido posible por dos razones: la aceptación transversal del neoliberalismo y la captura de los políticos de parte de grupos económicos.

Economistas y también políticos de la centroizquierda se convencieron de las bondades de la economía de mercado autorregulada, postura que se generalizó en América Latina en la década de los noventa y se instaló en la cátedra. Además, fue sugerida vigorosamente por los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. Por ello, la aceptación del modelo neoliberal que impuso Pinochet no es sorprendente. Lo dice Alejandro Foxley, sin inhibiciones:

Pinochet […] realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, a la cual están tratando de incorporarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno [en] el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza […] Ésa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile [^{Portales, 2005}].⁴¹

Junto a la aceptación intelectual del modelo neoliberal, la fuerza avasalladora que han adquirido los grupos económicos, nacionales e internacionales, domesticó a los ayer opositores al neoliberalismo, los que por poder o por dinero se convirtieron en sus incondicionales.

Por una parte, ministros y otras autoridades, que habían ocupado posiciones de poder durante los gobiernos de la Concertación, fueron contratados como ejecutivos o miembros de los directorios de grandes empresas nacionales o extranjeras. Otros se convirtieron en lobistas para facilitar los negocios de las grandes empresas, siendo al mismo tiempo asesores de los gobiernos de la Concertación.

Por otra parte, a partir de 2015 quedó en evidencia el financiamiento irregular de la política, lo que ha terminado por quebrar completamente la confianza pública de la ciudadanía en el sistema político. Los grupos económicos Penta, SQM y Corpesca financiaron transversalmente campañas parlamentarias de partidos políticos e incluso pagaron coimas a funcionarios de gobierno.

La transversalidad de la corrupción, con involucramiento de políticos de derecha y de centroizquierda, permitió que los delitos quedaran impunes: los dueños del grupo Penta fueron sancionados con clases de ética; Ponce Lerou, dueño de la empresa SQM, no recibió sanción alguna y, por el contrario, se benefició con la ampliación de concesiones para la explotación minera del litio, y, finalmente, la ley de pesca, impulsada por Corpesca, ha permanecido sin mayores modificaciones. Por su parte, los políticos que habían sido corrompidos por los empresarios se vieron beneficiados por la prescripción de los delitos o fueron sancionados con multas monetarias de escaso monto.

VIII. Transitar hacia un nuevo modelo productivo

La estructura productiva fundada en la explotación de recursos naturales ha llenado de incertidumbre el desarrollo económico del país. La caída de la productividad y la pérdida de competitividad han disminuido el crecimiento y las exportaciones. Ni las espontáneas fuerzas del mercado ni el Estado subsidiario, que protege al empresariado rentista, sirven para construir una economía con diversidad productiva. Se espera que una nueva constitución resultante de las movilizaciones sociales libere al Estado de sus ataduras; un Estado garante de derechos sociales, pero también un agente activo en la transformación productiva que requiere el país.

En la Constitución de 1980 el sector privado ha encontrado un campo indiscriminado de acción para el ejercicio de cualquier tipo de actividad mercantil, incluido el ámbito social. Entretanto, el Estado está impedido para desplegar actividades económicas, lo que olvida que casi toda la industria chilena, así como en los Estados Unidos, internet, la nanotecnología y las invenciones farmacéuticas tuvieron su origen en iniciativas e inversiones del sector público.

En consecuencia, un Estado activo resulta determinante por varias razones: en primer lugar, para impulsar directamente o apoyar emprendimientos económicos privados innovadores; en segundo lugar, para terminar con las conductas empresariales monopólicas y colusiones oligopólicas; en tercer lugar, para promover con fuerza el desarrollo de la ciencia y la tecnología y, a partir de ello, favorecer la incorporación de nuevos conocimientos a los procesos productivos, y, finalmente, el Estado tiene la tarea insustituible de recuperar la educación como derecho social, para elevar la calidad de formación de todos los niños y los jóvenes, independientemente de sus condiciones sociales. Basten los comentarios del economista Ricardo Hausmann para validar la urgencia de una educación de calidad en el conjunto de la sociedad:

La cultura empresarial chilena es extremadamente cerrada. El gran empresariado viene de los mismos tres o cuatro colegios, de dos universidades, de los mismos apellidos y tiene dificultades para relacionarse con los que no pertenecen a su mundo. Esta característica hace que Chile sea un país que no da oportunidad de movilidad a su propia gente y no se beneficia del talento que existe en el resto del país [^{Hausmann, 2015}].

La ciudadanía se ha dado cuenta de que la incapacidad del Estado para responder a sus demandas no tiene que ver sólo con errores puntuales de las políticas públicas. La conciencia ha crecido suficientemente para comprender que el modelo económico y el Estado subsidiario son los que han promovido la notable acumulación de riqueza en sólo 1% de la población, lo que ha cerrado las puertas a su distribución equitativa.

Conclusiones

El crecimiento de Chile, con un Estado maniatado, ha conformado una economía rentista, depredadora de los recursos naturales. Ese crecimiento ha perdido dinamismo y, para recuperarlo, se precisa construir una economía que incorpore conocimiento a los bienes y los servicios, que ofrezca empleos de calidad a los trabajadores, con relaciones equilibradas entre el capital y el trabajo. Para ese propósito el Estado subsidiario no sirve. Se requiere un sector público promotor de transformaciones, con una política económica orientadora de los mercados y no disciplinada por los mismos.

La apertura de Chile al mercado mundial amplió notablemente las ventajas en el acceso exportador, pero esto no se aprovechó para diversificar la estructura productiva. El peso del cobre disminuyó en la canasta exportadora, lo que aumentó la participación de los sectores forestal, agrícola y pesquero. Sin embargo, estos nuevos sectores, y algunos bienes procesados, son de muy baja intensidad en conocimiento.

Los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría asumieron como propio el neoliberalismo y aceptaron el papel pasivo del Estado. Implementaron una política económica que ha servido para que se amplifiquen los negocios de los grandes empresarios, pero en ámbitos distintos de la inversión industrial. Así las cosas, los capitales acumulados en la explotación de recursos naturales se orientaron hacia el sector financiero, comercial y otros servicios, y, sobre todo, se invirtieron en el exterior.

La particular economía de mercado “a la chilena” ha sido dominada, sin contrapesos, por grandes grupos económicos. El Estado pasivo ha servido para favorecer la concentración y el predominio oligopólico en la economía (véase Apéndice). Su consecuencia inevitable ha sido una pésima distribución del ingreso, la peor de los países de la OCDE.

En suma, la inexistencia de esfuerzos para impulsar una transformación de la estructura productiva, así como las condiciones difíciles que presenta hoy en día la globalización ofrecen un panorama oscuro para la economía chilena. El estancamiento exportador y la desindustrialización revelan que el camino elegido llegó a su límite. No hay más alternativa que provocar un giro de 180 grados en la estrategia de desarrollo.

El estallido social abre la oportunidad no sólo para desafiar las desigualdades y los abusos, sino también para impulsar un nuevo modelo productivo fundado en equilibrios territoriales, sociales y medioambientales. El primer paso para enfrentar estos desafíos, como lo han señalado los movilizados, es una nueva constitución.