Introducción
La evolución del mercado de trabajo argentino durante el siglo XX ha sido un caso particular en el contexto de América Latina. Desde la segunda posguerra hasta la primera mitad de la década de los setenta -con la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)-, el empleo y los salarios siguieron, aunque de manera oscilante, una tendencia positiva, y así se han encontrado por encima de la media regional, lo cual se reflejó en una mayor homogeneidad de la sociedad argentina (Beccaria y López, 1996; Beccaria, Carpio y Orsatti, 1999).
En abierta oposición, a lo largo de 1975-2001 se verificó un deterioro sustancial de las condiciones de empleo y de vida de la población, proceso que culminó con la crisis de 2001-2002. Como expresión cruda de dicho empeoramiento, en tal contexto la tasa de desempleo superó 20%, y más de la mitad de la población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza (Lindenboim, 2008).
A partir de entonces se observó una importante reversión de las tendencias del mercado laboral, aunque desde 2008 esta mejora se fue desacelerando, hasta estancarse durante 2012-2017, y sin alcanzar la recuperación de los niveles vigentes a comienzos de la década de los setenta (Cazón, Kennedy y Lastra, 2016). Desde ahí se evidenció un nuevo deterioro de las condiciones de empleo y vida de la población, las que se volvieron críticas durante la pandemia de covid-19 (Poy, 2021).
Todo lo previamente expuesto conduce a preguntarse acerca de los límites que las particularidades del proceso de acumulación de capital en Argentina imponen sobre su mercado laboral. En este contexto, y en continuidad con lo desarrollado en Jaccoud et al. (2015) y Arakaki, Graña, Kennedy y Sánchez (2018), el presente artículo se propone como objetivo fundamental analizar las principales tendencias del mercado de trabajo argentino desde la década de los noventa hasta 2021, a la luz de un abordaje que toma en consideración la vigencia en cada lapso temporal, con los distintos modelos de acumulación, del determinante estructural (en el sentido de “más general”) y de la dinámica de la economía nacional: la relación entre el rezago de productividad internacional y la disponibilidad de sus fuentes de compensación.1
La exposición se organiza de la siguiente manera. En la sección I se presentan de un modo extremadamente sintético los fundamentos del referido abordaje, con énfasis en las implicaciones del incremento de la brecha de productividad ocurrida a partir de la conformación de la denominada “nueva división internacional del trabajo” (NDIT). Sobre dicha base se aborda el objetivo fundamental planteado, que se desarrolla en las siguientes tres secciones, cada una de las cuales está destinada a una etapa en particular (sin perjuicio de lo cual dentro de cada una de ellas se identifican en el análisis subperiodos relevantes): 1990-2002; 2003-2011 y 2012-2021.2 Estas tres secciones, a su vez, se dividen en dos apartados, en los cuales se examinan, en primer lugar, las tendencias generales observadas en términos de empleo e ingresos, y, en segundo lugar, el funcionamiento diferencial de los segmentos formal e informal. En el análisis de estas etapas se incluye, de modo general, la comparación con los momentos previos a la irrupción de la última dictadura militar, ya que ésta representó un quiebre histórico en los más diversos aspectos. Finalmente, en las conclusiones se sintetizan los principales hallazgos en perspectiva histórica, con vistas a aportar a la reflexión sobre la situación actual y las posibilidades futuras del mercado laboral argentino.
I. En torno al rezago de productividad de la economía nacional y sus fuentes de compensación3
Históricamente, Argentina ha formado parte del grupo de países que produce para el mercado mundial mercancías de origen agrario y minero, habida cuenta de su mayor productividad relativa del trabajo en términos internacionales en tales producciones. De manera particular, a partir de la segunda posguerra, dicho rasgo es complementado por la producción de mercancías industriales que, siendo demandantes de medios de producción e insumos importados, son destinadas centralmente al mercado interno como consecuencia de su menor productividad relativa. A su vez, dicho rezago de productividad tiene por forma -al igual que otras economías- una elevada heterogeneidad productiva (Pinto, 1970; Prebisch, 1986; Cimoli, Porcile, Primi y Vergara, 2005; Graña, 2013).
En términos generales, una menor productividad del trabajo implica mayores costos de producción para cualquier empresa, de modo que, tarde o temprano, éstas deberían sucumbir en la competencia. En este sentido, la permanencia en producción de este tipo de empresas trae consigo la pregunta acerca del origen de las fuentes extraordinarias de plusvalía que permitan compensar su rezago productivo.
La previamente referida mayor productividad de las producciones agrarias implica que esas mercancías producidas por un país como Argentina encierran en su precio una porción de renta diferencial de la tierra. De esta forma, cuando ellas se exportan, fluye al país desde el resto del mundo una masa de renta que constituye la fuente extraordinaria de plusvalía “por excelencia”. Mediante distintos mecanismos, su curso hacia los terratenientes puede ser interrumpido y redistribuido, directa o indirectamente, al conjunto de los capitales productivos.4 Adicionalmente, las empresas de mayor tamaño tienen capacidad de presión sobre el resto, al encontrar como fuente de compensación adicional la apropiación (en la esfera de la circulación) de plusvalía generada en las más pequeñas.5
A partir de lo anterior, es posible plantear que tanto el signo como la intensidad del ciclo de la acumulación de capital en Argentina tienen como primeras limitantes específicas de carácter general la magnitud y la evolución de la renta de la tierra (y sus formas de apropiación) en relación con la magnitud y la evolución del rezago de productividad que financia. Así, instancias de expansión relativa de la renta de la tierra impulsan el crecimiento de las empresas que operan en el interior del ámbito nacional más allá del límite que impone su menor productividad y, con ello, un incremento de la escala de la acumulación. Dicho proceso implica una creciente demanda de importaciones que tensiona sobre las divisas generadas por las exportaciones, lo que da lugar a una tendencia al estancamiento o retroceso de la escala de acumulación como expresión de la insuficiencia relativa de renta para continuar financiando el rezago de productividad.6 Sin perjuicio de lo anterior, tanto la utilización de reservas internacionales acumuladas en el ciclo previo como la multiplicación del endeudamiento externo pueden postergar el “choque” de la acumulación de capital con su límite específico.
En tal contexto, y estrictamente para los fines del análisis a desarrollarse en los siguientes apartados, la acumulación de reservas internacionales asociada con un superávit comercial, en el que la exportación de bienes portadores de renta de la tierra desempeña un papel importante -aunque no excluyente-, puede considerarse un indicador sintético de su capacidad de financiar la necesidad de divisas de la economía nacional. Lo propio puede afirmarse de la variación de reservas en contextos de multiplicación del endeudamiento externo.
El rezago de productividad de la economía nacional se incrementó marcadamente desde mediados de los años setenta, debido a que Argentina no participó en el avance en el desarrollo de las fuerzas productivas que tomó forma a escala mundial a partir de ese momento -el cual dio lugar a la conformación de la NDIT- (Cimoli et al., 2005; Graña, 2013; Charnock y Starosta, 2016; Fröbel, Heinrichs y Kreye, 1980). En este sentido, al hacer la comparación con los Estados Unidos (país que se toma como referencia de la frontera de productividad en la generalidad de los sectores de su economía), en la Gráfica 1 se observa que la productividad relativa se redujo aproximadamente 30 por ciento.
a El cómputo del costo laboral surge del promedio ponderado entre el salario “doble bruto” de los asalariados registrados (es decir, incluye las deducciones correspondientes a la seguridad social) y el salario de los trabajadores no registrados. Se presentan dos estimaciones del mismo en tanto desde comienzos del siglo XXI se observa una divergencia significativa en la información correspondiente al salario de los trabajadores registrados según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, véase el segundo párrafo de la nota de la Gráfica 3) y la información de registro. En este sentido, la serie basada en la información de registro puede considerarse una estimación “de máxima” de la evolución del poder adquisitivo del salario, mientras que la basada en la EPH puede considerarse una estimación “de mínima”. Para un detalle acerca de la metodología utilizada en la construcción de las variables, véanse Graña y Kennedy (2008); Kennedy (2016); Sánchez, Pacífico y Kennedy (2016), y Kennedy, Pacífico y Sánchez (2018).
Fuente: elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, INDEC, EPH, IPC según INDEC; Cuenta Generación del Ingreso del INDEC y el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (OEDE-MTEYSS); Caligaris et al. (2022); CIFRA (2012); Llach y Sánchez (1984); Graña y Kennedy (2008); Kennedy et al. (2018); Kidyba y Vega (2015); Iñigo Carrera (2007); Oficina de Análisis Económico (BEA) y Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) (Estados Unidos).
En igual sentido, la NDIT implicó una creciente participación en el mercado mundial de mercancías producidas en países con salarios aún menores que los argentinos. Como consecuencia de todo lo anterior, se produjo un incremento de la necesidad de renta de la tierra a fin de sostener un determinado nivel de actividad económica. No obstante, como también se observa en la Gráfica 1, su volumen, más allá de sus movimientos cíclicos, no experimentó tal tendencia desde entonces y hasta mediados de la primera década del siglo XXI.
Frente a ello, en 1991-2001 y 2016-2018 la expansión del endeudamiento público permitió el sostenimiento del nivel de importaciones, aspecto habitualmente identificado como la continuidad del drenaje de divisas de la economía nacional por parte de los capitales de mayor concentración (Diamand, 1972; Gerchunoff y Rapetti, 2016; Basualdo et al., 2015; Iñigo Carrera, 2007; Dileo, 2022). No sólo eso, sino que además ambos flujos se realizaron a partir del acceso a divisas marcadamente abaratadas, en cuanto la multiplicación de la deuda externa también implicó el sostenimiento de la sobrevaluación de la moneda nacional, que, por su parte, impulsó sendos procesos de concentración y centralización del capital (Kulfas y Schorr, 2000). En tal contexto, el agotamiento de la posibilidad de continuar el proceso de endeudamiento en 2001/2002 y 2018/2019 condujo a un retroceso de la actividad económica de tal magnitud que volvió a los niveles vigentes antes del inicio de cada uno de los procesos de endeudamiento; en otros términos, la multiplicación de la deuda externa no encerró la capacidad de traducirse en un aumento de la escala de la acumulación.
Como reflejo de lo comentado anteriormente, el producto argentino desde 1975 evidenció prolongados lapsos de estancamiento y retroceso (Kennedy, 2018), entre los que destacan los años ochenta y la década de 2010. En este sentido, desde el punto de vista que se sostiene en el presente artículo, a partir de la conformación de la NDIT se incrementa el rezago de productividad y, por lo tanto, la necesidad de fuentes de compensación, lo cual constituye la determinación más general del deterioro estructural de las condiciones de vida de la población ocurrido desde entonces, más allá de las particularidades propias de cada lapso histórico -y, en particular, de la me jora registrada en 2003-2012-, que se analizarán a continuación. En efecto, como puede observarse en la Gráfica 1, el poder adquisitivo del salario argentino en relación con el estadunidense se contrajo desde mediados de la década de los setenta entre 20 y 40% (dependiendo la serie utilizada). En consecuencia, el salario promedio en Argentina tiene en la actualidad un poder adquisitivo equivalente a entre 25 y 35% del estadunidense (Cazón et al., 2017). Sobre esta base es posible afirmar que la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor se constituyó desde la década de los setenta en una permanente nueva fuente extraordinaria de plusvalía, de diferente relevancia cuantitativa en el tiempo (Graña y Kennedy, 2009; Jaccoud et al., 2015; Kennedy, 2018).
II. El mercado laboral durante la convertibilidad y su crisis (1991-2002)
1. La evolución general del mercado de trabajo y su vínculo con el ciclo de la acumulación de capital
El referido deterioro en las condiciones de empleo y de vida de la población argentina a lo largo de 1975-2002 se desarrolló en dos lapsos con características diferentes, el segundo de los cuales lo constituye la década de los noventa. En este sentido, resulta relevante considerar brevemente lo ocurrido durante la primera etapa.
En la segunda mitad de los años setenta, la dictadura militar encaró un proceso de reformas sumamente nocivo para la economía argentina. Luego de sostenerlo con base en endeudamiento externo, en la década de los ochenta se dio conjuntamente un contexto de ausencia relativa de renta y la imposibilidad de acceder al crédito externo. Todo ello tuvo su reflejo en la permanente reducción de las reservas internacionales y en un nivel prácticamente inalterado del producto a precios constantes (más allá de sus permanentes oscilaciones, incluyendo la tendencia creciente evidenciada hasta 1980) (Gráfica 1). Ahora bien, a lo largo de dichos años no se observa una merma en la absorción de empleo, ni tampoco un incremento importante en la tasa de desempleo (Gráfica 3). Tras tal contradicción aparente, se encuentra el deterioro de la calidad de las ocupaciones en la economía argentina, el cual se expresa de dos maneras: la creciente incidencia, por un lado, del denominado sector informal urbano7 (SIU) en su papel de refugio, con lo que cumple una función morigeradora del deterioro del mercado de trabajo (Monza, 1999); por otro lado, una extensión del empleo asalariado no registrado (Beccaria y López, 1996; Beccaria et al., 1999; Monza, 1999; Poy, 2015). No obstante, hacia finales de la década de los ochenta comienzan a elevarse las tasas de desocupación y subocupación (de alrededor de 4.5 y 6.7% a aproximadamente 7 y 8%, respectivamente), lo que representa el primer signo de agotamiento del SIU para operar como refugio y, con ello, el comienzo del deterioro abierto del mercado de trabajo (Gráfica 3). En lo que respecta a las remuneraciones reales, como se observa en la Gráfica 2, dicha etapa estuvo caracterizada por una marcada volatilidad que, aunque con un promedio similar al de la etapa anterior, presentó en 1977, 1982 y 1989 niveles equiparables a los experimentados en los años cuarenta -es decir, antes de la ISI- (Kennedy, 2018).8
Fuente: elaboración propia con base en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1988); el Banco Central de la República Argentina (BCRA, 1993); cuentas nacionales del INDEC; cuentas internacionales del INDEC, EPH, IPC-INDEC; Cuenta Generación del Ingreso del INDEC y el OEDE-MTEYSS; CIFRA (2012); Llach y Sánchez (1984), Graña y Kennedy (2008); Kennedy, Pacífico y Sánchez (2018), y Kidyba y Vega (2015).
a La información refiere al total de aglomerados urbanos, excepto la tasa de no registro (que para 19741994 corresponde al GBA). A su vez, la información corresponde a distintas modalidades de la EPH: 1974-2002, EPH puntual; 2003-2021, EPH continua.
Los datos referidos al mercado de trabajo provienen, principalmente, de la EPH, un relevamiento realizado por el INDEC desde 1974. Desde aquel momento se han introducido diferentes cambios metodológicos y de cobertura geográfica, por lo cual las series deben tomarse con recaudo en cuanto a su comparabilidad, aunque ello no afecta la mirada de largo plazo que aquí se propone. En términos metodológicos, la principal modificación consistió en el cambio de la modalidad “puntual” a la modalidad “continua” de la misma, en 2003. En términos de cobertura geográfica, mientras que inicialmente ésta abarcaba a 11 aglomerados urbanos (incluyendo GBA, principal aglomerado urbano argentino), con el tiempo fue incorporando a las principales ciudades del país, y ha alcanzado un total de 25 a comienzos de la década de los ochenta, 28 a mediados de los años noventa y 31 a inicios del siglo XXI.
Fuentes: EPH e INDEC.
La permanente caída de las reservas internacionales derivó en violentas devaluaciones de la moneda nacional y, con ello, en los procesos hiperinflacionarios de 1989 y 1990. La profundidad de dicha crisis habilitó socialmente la implementación de un programa de “reformas estructurales” de amplio alcance. Entre sus rasgos principales, cabe destacar una profundización del proceso de apertura comercial y financiera, la privatización de las empresas estatales y la flexibilización del mercado laboral. En este marco, a comienzos de 1991 se implementó el régimen de convertibilidad, el cual vinculaba la emisión de dinero con la evolución de las reservas internacionales del banco central a una paridad fija con el dólar estadunidense ($1 = 1 USD). Como puede verse en la Gráfica 4, el tipo de cambio real (TCR) resultante quedó establecido en un nivel sostenidamente bajo, lo que implica una moneda nacional sobrevaluada (Iñigo Carrera, 2007), cuya fuente de sostenimiento fue (como se anticipó en la sección precedente) la expansión de la deuda pública externa.
Fuente: elaboración propia con base en el IPC del INDEC, BCRA, CIFRA (2012); Ferreres (2005), e Iñigo Carrera (2007).
En tal contexto, aún en las fases de crecimiento económico (1991-1994 y 1995-1998) (Gráfica 2) no se verificó un incremento de la demanda de fuerza de trabajo (Gráfica 3), a la par que el SIU, que a pesar de continuar con su papel compensador en medida similar a la década anterior, no pudo hacerlo de manera ampliada (Monza, 1999).9 Esa saturación se observa en un acelerado incremento de las tasas de desocupación, subocupación horaria y precariedad laboral, que suceden incluso antes de la primera crisis vinculada con las dificultades para sostener el endeudamiento (la “crisis del tequila” en 1994). A su vez, su recuperación parcial entre 1995 y 1998 no sólo no logra recuperar niveles previos -en este sentido, la tasa de desocupación nunca perforó la barrera de los dígitos-, sino que es un punto intermedio en el continuo deterioro hasta 2001, en el contexto de las crisis del Sudeste Asiático, Rusia y Brasil. De esta forma, en 2001 las tasas de desocupación, subocupación y precariedad se encuentran en torno a 18, 16 y 38%, respectivamente, valores que resultan significativamente superiores a los vigentes a comienzos de la década (Gráfica 3). Por su parte, el salario real se consolidó en un nivel equivalente a 75% del vigente hacia comienzos de los años setenta (Gráfica 2). Como reflejo sintético de lo anterior, la población por debajo de la línea de pobreza se consolida alrededor de 30%, un escalón superior al de la década anterior (Arakaki, 2018).
Con el correr de 2001 se volvió imposible acceder a un nuevo endeudamiento externo, lo que implicó abandonar la paridad cambiaria y generó una violenta devaluación y una profundización del proceso recesivo que se inició unos años antes (Gráfica 2). Como consecuencia, se produjo una crisis social a una escala sin parangones, caracterizada en términos generales por un retroceso de la tasa de empleo y, con ello, un marcado incremento de la tasa de desempleo (la cual superó 20% de la población económicamente activa; véase la Gráfica 3), y por un salario real que, con un desplome de 20-25% en 2002 (seguido de una nueva caída de 5% en 2003), evidenció su nivel más bajo desde la irrupción de la dictadura militar (Gráfica 2). Nuevamente como reflejo, la población bajo la línea de pobreza alcanzó a más de la mitad de la población (Arakaki, 2018).
2. Dinámicas diferenciales en el interior del mercado laboral
Como se dijo anteriormente, el contexto macroeconómico de la década de los noventa impactó en la dinámica del volumen de empleo de los distintos tipos de segmentos, así como en su calidad relativa, de manera diferencial.
Con cierta volatilidad, el segmento formal crecería hasta 1998, con un salto particularmente importante en 1993, mientras que el informal comenzaría su contracción ya desde 1993, lo que muestra hasta qué punto el esquema macroeconómico no permitía espacios de acumulación para las pequeñas empresas (Gráfica 5). En los últimos años de este periodo, en un contexto de recesión y, luego, de crisis económica, las tendencias de ambos segmentos se revierten: mientras que la participación del sector formal decrece, la del informal crece. Ahora bien, aunque hasta el 2000 este movimiento está explicado por un crecimiento del número de ocupados en el sector privado informal y un estancamiento de su contraparte, a partir de ahí ambos caen, pero el sector privado formal lo hizo a un ritmo mayor.
En el interior del sector formal la categoría asalariada fue excluyente en su peso, pero también en su evolución. Sin embargo, en el sector informal no sólo su composición es más diversa -donde cuentapropistas y asalariados representan la mayor proporción-, sino que además la evolución de esos componentes también resulta más heterogénea. En el crecimiento del SIU hasta 1993, punto máximo de la década, todas las categorías crecieron, pero la de asalariados fue la que más contribuyó. Luego, la contracción observada desde entonces hasta 1998 está explicada por una caída del número de trabajadores por cuenta propia que más que compensa el continuo crecimiento del empleo asalariado. Finalmente, en los últimos años de esta etapa, sólo los cuentapropistas logran crecer, mientras que los asalariados registran una caída.
Ahora bien, este desarrollo diferencial de ambos segmentos tiene una implicación muy clara en términos de la calidad del empleo. En primer lugar, puede observarse que las condiciones laborales en el sector informal son marcadamente peores (Cuadro 1): mientras los establecimientos de menor tamaño muestran niveles elevados de precariedad laboral (68% en promedio), en las unidades más grandes tal composición es inversa (77% de ellos protegido). Estas situaciones opuestas responden, de manera general, a las diferencias de productividad que registran los distintos tipos de establecimientos. Sin embargo, no sólo los establecimientos de menor tamaño precarizan -y algunos lo hacen en función de las imposiciones de su cadena de valor-, ni éstos precarizan a todos sus trabajadores (Arakaki y Graña, 2018). En este sentido, el crecimiento observado en la participación del empleo en el sector formal estuvo acompañado por un deterioro de la calidad, en tanto la participación del empleo asalariado precario también aumentó en este segmento. No obstante, debe notarse que la caída del empleo protegido tiene una mayor intensidad en el caso de las unidades de menor tamaño, lo cual es una expresión del menor nivel de productividad que caracteriza a este segmento.
Asalariados del sector privado | Asalariado | |||
---|---|---|---|---|
Sector formal | Sector informal | |||
1990 | Protegido | 82.5 | 37.1 | 70.0 |
Precario | 17.5 | 65.7 | 30.0 | |
1993 | Protegido | 79.5 | 33.1 | 65.3 |
Precario | 20.5 | 66.9 | 34.7 | |
1998 | Protegido | 73.8 | 28.5 | 59.4 |
Precario | 26.2 | 71.5 | 40.6 | |
2002 | Protegido | 75.1 | 27.1 | 59.1 |
Precario | 24.9 | 72.9 | 40.9 |
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la EPH.
Sin embargo, la diferencia entre segmentos no termina allí, se expresa en términos de las remuneraciones de manera muy cruda, siendo que aquellos trabajadores que se emplean en establecimientos de menor tamaño perciben ingresos sustancialmente menores. De acuerdo con la información del Cuadro 2, en el que se considera el ingreso promedio de los ocupados como referencia, esta relación es, en promedio, 297.9% frente a 174.6% para los patrones; 261% frente a 92.4% para los trabajadores por cuenta propia, y 98.1% frente a 65.4% para los asalariados.
Sector público | Patrón | Cuenta propia | Asalariado | Servicios domésticos | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector formal | Sector informal | Profesional | No profesional | Sector formal | Sector informal | ||||
1990 | 111.4 | 278.2 | 175.4 | 258.4 | 89.0 | 104.1 | 68.1 | 55.5 | 100 |
1993 | 99.3 | 295.6 | 175.4 | 276.0 | 102.1 | 97.0 | 70.5 | 81.9 | 100 |
1998 | 121.9 | 327.9 | 165.8 | 321.9 | 89.0 | 95.0 | 58.8 | 74.4 | 100 |
2001 | 128.1 | 314.3 | 157.3 | 266.6 | 83.5 | 99.6 | 64.1 | 74.6 | 100 |
2002 | 128.0 | 345.9 | 173.1 | 245.4 | 82.0 | 100.6 | 62.9 | 74.3 | 100 |
Promedio | 115.6 | 297.9 | 174.6 | 261.0 | 92.4 | 98.1 | 65.4 | 76.8 | 100 |
a El promedio no sólo considera los valores presentados en el cuadro, sino todos los años del periodo.
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la EPH.
Respecto de la evolución en esta etapa, lo que se observa es una tendencia desigualadora portada en el segmento de inserción laboral: hasta 2001, la porción formal de cada categoría presentó un desempeño mejor que el promedio, lo cual contrasta con lo ocurrido con su contraparte, aunque en el caso de los asalariados se expresa como una caída menor respecto de la media.
III. El mercado laboral en el ciclo expansivo (2003-2011)
1. La evolución general del mercado de trabajo y su vínculo con el ciclo de la acumulación de capital
Una vez superado el momento más complejo de la crisis, hacia fines de 2002 se inició un proceso de recuperación económica que, con la excepción de 2009 -producto del impacto de la crisis internacional-, continuó hasta 2011. En efecto, como se observa en la Gráfica 2, la expansión total entre dichos años fue de 73%, lo que implica una tasa de crecimiento anual superior a 6%. Tanto por su magnitud como por su carácter sostenido, dicho proceso contrasta abiertamente con lo evidenciado desde mediados de la década de los setenta.
El nivel del tipo de cambio real “competitivo” (en relación con el vigente en la década anterior), establecido luego de la violenta devaluación de inicios de 2002 (Gráfica 4), se convirtió en la explicación generalizada de aquel proceso, al brindar protección cambiaria a la producción local respecto de la competencia internacional (Arceo, Monsalvo y Wainer, 2007; Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino [CENDA], 2010; Frenkel y Rapetti, 2004). Ahora bien, desde el punto de vista de este artículo, la base de los primeros años de crecimiento (hasta 2007) está constituida por la contracara del tipo de cambio real competitivo y estable: el violento deterioro del salario real de 30% (Gráfica 2), de modo que su función como fuente extraordinaria de plusvalía se vio ampliada en relación con la década precedente. Ello generó un espacio de acumulación para el conjunto de capitales, pero, en particular, para el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME), caracterizado por una mayor demanda de empleo.10 De ahí que hasta 2007 el empleo se expandió notablemente, lo que redujo la tasa de desempleo a menos de la mitad (de 18.5 a 8.1), aunque todavía se encontraba por encima de los niveles observados en la segunda mitad de los años setenta (Gráfica 3). De ese proceso es importante destacar dos aspectos: por un lado, que estuvo sustentado principalmente en empleo de jornada completa, lo que se tradujo en una fuerte caída de la tasa de subocupación, aunque ésta tampoco alcanzó sus mejores registros históricos (Gráfica 3); por el otro, se basó en empleo protegido -sin un decrecimiento del número de asalariados precarios (Arakaki et al., 2018)- que permitió reducir la tasa de precariedad de 43.5 a 36.9% (Gráfica 3 y Cuadro 3). Como reflejo de todo lo anterior, la pobreza se contrajo fuertemente, así se lograron valores parecidos a los de la segunda mitad de los años noventa, esto es, en torno a 30% (Arakaki, 2018).
Asalariados sector privado | Asalariados | |||
---|---|---|---|---|
Sector formal | Sector informal | |||
2002 | Protegido | 75.1 | 27.1 | 59.1 |
Precario | 24.9 | 72.9 | 40.9 | |
2003 | Protegido | 70.5 | 25.4 | 56.9 |
Precario | 29.5 | 74.6 | 43.1 | |
2007 | Protegido | 73.8 | 28.6 | 61.5 |
Precario | 26.2 | 71.4 | 38.5 | |
2011 | Protegido | 77.5 | 33.3 | 66.1 |
Precario | 22.5 | 66.7 | 33.9 |
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la EPH.
Entre 2008 y 2011 el salario real continuó -aunque a menor ritmo- su tendencia creciente, de modo que dejó de cumplir el papel ampliado de fuente extraordinaria de plusvalor en relación con la etapa de la convertibilidad (Gráfica 2). Por su parte, el flujo de renta de la tierra registró un primer “salto” en los primeros años posteriores a la convertibilidad, para luego expandirse fuertemente desde 2007, como consecuencia del crecimiento de los precios internacionales de las commodities. Por lo tanto, es posible afirmar que la base material que le dio sustento general a la continuidad de dicho ciclo expansivo evidenciado hasta 2011 fue el ampliado flujo de renta de la tierra.
Ahora bien, ante la imposibilidad de apropiar una porción de la renta incrementada a partir del aumento de los derechos de exportación, la sobrevaluación de la moneda nacional comenzó a cumplir dicho papel, tanto que la progresiva apreciación cambiaria llevó al tipo de cambio real a niveles similares a los de los años noventa (Gráfica 4) y, como durante aquella etapa, afectó el desempeño del mercado de trabajo. No sólo se redujo el ritmo de creación de empleo, sino que también lo hicieron las mejoras en las tasas de desocupación, subocupación y precariedad (Gráfica 3). Como resultado de dichas tendencias, la proporción de población bajo la línea de pobreza continuó descendiendo a un ritmo menor; así, para 2011 logró ubicarse alrededor de 24%, es decir, por debajo de los niveles verificados en la segunda mitad de la década de los noventa, pero todavía elevados en términos históricos (Arakaki, 2018).
2. Dinámicas diferenciales en el interior del mercado laboral
Si se consideran los segmentos del mercado laboral, puede observarse que la recuperación de los primeros años del periodo analizado -sobre la base del fuerte abaratamiento de la fuerza de trabajo- se expresó en todos los estratos.
No obstante, aquellos de mayor tamaño relativo presentaban dos ventajas adicionales. Por un lado, eran las empresas que habían podido incrementar y actualizar tecnológicamente su capital fijo durante la vigencia de la convertibilidad, razón por la cual contaban con capacidad ociosa en el inicio del periodo analizado. Por otro lado, los mayores niveles de productividad relativa dentro de la estructura productiva nacional les permitieron abastecer el mercado interno, dinamizado por el crecimiento económico y la mejora de los ingresos, aun cuando el tipo de cambio real fue apreciándose progresivamente luego de la devaluación. En consecuencia, el empleo creció considerablemente en el sector formal entre 2002 y 2007. Lógicamente, a medida que todas esas condiciones favorables (la capacidad ociosa, el abaratamiento de la fuerza de trabajo, el crecimiento económico sostenido, etc.) fueron desapareciendo, este dinamismo también se redujo, lo cual se verifica entre 2007 y 2011. Por su parte, el empleo en el SIU creció inmediatamente después de la crisis, movimiento que fue posibilitado por la fuerte caída del salario, para luego estancarse entre 2006 y 2011.11 Como producto de esta dinámica, la participación de los trabajadores en el sector privado formal creció hasta 2007 y, a partir de ahí, se mantuvo virtualmente estancada (Gráfica 6).
Por lo tanto, el lapso que va de 2002 a 2011 presenta ciertas similitudes con el proceso descrito por Beccaria y López (1996), y Beccaria et al. (1999) para el periodo de la ISI, es decir, un estancamiento del universo de ocupados en el sector informal frente al crecimiento observado en los demás establecimientos. Sin embargo, a diferencia de dicha etapa, el sector informal no absorbió a los trabajadores excluidos de los establecimientos de mayor tamaño sino a los que terminarían en la inactividad o el desempleo en función de sus características.12
Ahora bien, como se señaló para la convertibilidad, y ante la falta de modificaciones sustanciales en la estructura productiva, la calidad del empleo en ambos segmentos continuó siendo muy diferente (Cuadro 3). Los establecimientos de menor tamaño presentan niveles elevados de precariedad laboral (en promedio alrededor de 70%) y las unidades más grandes muestran la situación inversa (en promedio aproximadamente 75% de ellos protegido). Debe notarse que el contexto particular de estos años permitió que las condiciones de empleo, aproximadas a partir del registro en la seguridad social, mejoraran para ambos segmentos y en mayor medida para los establecimientos de menor tamaño. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se alcanzaron los niveles observados a principios de los años noventa.
En términos de ingresos, las diferencias continuaron siendo relevantes durante la década: esta relación fue 234.1% frente a 139.5% para los patrones; 205.6% frente a 80.7% para los trabajadores por cuenta propia, y 105.1% frente a 66.9% para los asalariados (Cuadro 4). Ahora bien, lo que se observa es una tendencia igualadora en todos los casos, la cual respondió principalmente a una mayor aproximación a la media de los ingresos de los trabajadores en unidades de mayor tamaño. Ello, sin embargo, no alcanzó a borrar las diferencias.
Sector público | Patrón | Cuenta propia | Asalariado | Servicios domésticos | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector formal | Sector informal | Profesional | No profesional | Sector formal | Sector informal | ||||
2002 | 128.0 | 345.9 | 173.1 | 245.4 | 82.0 | 100.6 | 62.9 | 74.3 | 100 |
2003 | 136.1 | 214.3 | 155.7 | 236.4 | 84.6 | 105.8 | 64.7 | 71.1 | 100 |
2007 | 141.0 | 202.5 | 152.7 | 227.6 | 79.4 | 105.2 | 64.3 | 57.5 | 100 |
2011 | 140.7 | 164.6 | 122.7 | 170.1 | 79.2 | 104.7 | 71.5 | 59.7 | 100 |
Promedio | 139.0 | 234.1 | 139.5 | 205.6 | 80.7 | 105.1 | 66.9 | 61.3 | 100 |
a El promedio no sólo considera los valores presentados en el cuadro, sino todos los años del periodo.
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la EPH.
IV. El mercado de trabajo en el ciclo de estancamiento y contracción (2012-2021)
1. La evolución general del mercado de trabajo y su vínculo con el ciclo de la acumulación de capital
Al proceso de sostenido crecimiento le sucede, entre 2012 y 2017, uno de estancamiento en el cual se alternan años de (leve) crecimiento y retroceso para luego culminar en el bienio recesivo de 2018-2019. En 2021 el producto bruto alcanza un nivel similar al de 2019, luego de la contracción de 10% en 2020 (consecuencia de la irrupción de la pandemia por covid-19 y las consecuentes medidas de restricción a la movilidad) (Gráfica 2).
Con base en el abordaje propuesto en el presente artículo, el periodo de 2012 a 2021 resulta de la insuficiencia relativa de renta de la tierra (consecuencia de la caída de los precios internacionales de las commodities), expresada en el agotamiento del superávit comercial que caracterizó al periodo precedente.
En este contexto, la necesidad de divisas de la economía nacional fue sostenida de 2012 a 2015 con reservas internacionales acumuladas en la etapa previa, y, luego, en 2016-2018 con la multiplicación del endeudamiento público externo llevada a cabo por el gobierno asumido en diciembre de 2015, el cual incluye un acuerdo sin precedentes con el Fondo Monetario Internacional (Dileo, Kennedy y Sánchez, 2022).13 En efecto, la imposibilidad de sostener dicho endeudamiento, en un contexto de importante salida de capitales privados en 2018 (ingresados desde 2016 a fin de aprovechar las elevadas tasas de interés domésticas) y la sequía (que afecta profundamente a la producción agropecuaria), implicó en 2018-2019 la mayor reducción anual de reservas internacionales del periodo que, devaluación mediante, se tradujo en la referida recesión económica.
Esta dinámica económica general se expresó claramente en las tendencias del mercado de trabajo. En primer lugar, a tono con el estancamiento económico de 2012-2017, tanto la evolución del poder adquisitivo de las remuneraciones laborales (Gráfica 2) como la tasa de desocupación, subocupación y no registro (Gráfica 3) evidencian un claro estancamiento. En segundo lugar, en el contexto de la recesión económica imperante en 2018-2019, se observa un deterioro de las tasas de desocupación (que prácticamente vuelve a alcanzar los dos dígitos), de subocupación y de no registro (la cual supera a 35% de los asalariados). En este marco, la aceleración inflacionaria condujo a una caída del salario real de 15% (Gráfica 2). Como reflejo sintético de dicho proceso, en el segundo semestre de 2019, 35% de la población se encontró bajo la línea de pobreza. Finalmente, luego de la crisis de covid-19,14 las tasas de empleo, de desocupación y de subocupación -aunque no la calidad del empleo asalariado- muestran en 2021 niveles apenas más auspiciosos a los vigentes en 2019 (Gráfica 3).15
Ahora bien, no ocurre lo mismo con el nivel de las remuneraciones reales: como se observa en la Gráfica 2, en 2021 el poder adquisitivo del salario muestra, más allá de la serie que se considere, niveles similares a los de 2007. Esta situación se expresa claramente en que en 2021, con similares niveles de tasas de empleo y de desocupación a los de 2017, la población bajo la línea de pobreza resultó de 39%, cuando en dicho año la misma fue algo superior a 27 por ciento.
2. Dinámicas diferenciales en el interior del mercado laboral
Desde el agotamiento de los factores que habían impulsado el crecimiento del empleo hasta 2012, no hubo otros que los remplazaran, de manera que la evolución terminó respondiendo a procesos coyunturales de escaso impacto. Ante la progresiva sobrevaluación de la moneda, las empresas comenzaron a sufrir una reducción de su espacio de acumulación, el cual intentó ser compensado con crecientes barreras arancelarias y paraarancelarias, así como con un estricto control cambiario. Éstas redujeron el impacto de la sobrevaluación a costa de dificultar el acceso a insumos y maquinarias necesarios para la acumulación. Así también, a pesar de tener relativamente protegido el mercado interno, su nulo dinamismo y el estancamiento de los ingresos terminó por agotar el crecimiento.
De esta forma, durante 2012-2019 el empleo en las unidades de mayor tamaño se estancó (con un comportamiento oscilante), mientras que el empleo en el SIU se expandió desde 2015. En consecuencia, se observa un crecimiento de la participación del número de ocupados en el sector privado informal y un decrecimiento de los ocupados en el sector privado formal (Gráfica 7).
Por lo tanto, el escenario en 2012-2019 pareciera ser similar ya no a la dinámica de la ISI sino a la de la década de los ochenta, donde el sector informal crece en tamaño y recupera aparentemente su papel como refugio en el sentido más tradicional del término; es decir que crece frente a la falta de dinamismo de su contraparte, mientras contiene el crecimiento del desempleo. Sin embargo, estas afirmaciones deben ser tomadas con cautela, en particular si se tiene en cuenta la magnitud de los movimientos observados. Por su parte, la pandemia tuvo un efecto fuertemente negativo sobre el empleo privado y por ello crece el peso del empleo público. Sin embargo, en el interior del sector privado la intensidad fue similar entre los segmentos formal e informal.
Las dinámicas observadas en 2012-2019 también tuvieron su correlato en términos de la calidad del empleo (Cuadro 5). Mientras que la participación del empleo asalariado precario en el sector formal se mantuvo prácticamente inalterada en los niveles elevados que lo caracterizan (alrededor de 78%), en el sector informal hubo un crecimiento de la proporción de empleos no registrados en la seguridad social, pasó de 68 a 71.7%. En otras palabras, aquel leve aumento observado del peso de las ocupaciones en el sector privado informal estuvo acompañado por un deterioro también leve en la calidad del empleo. Entre 2019 y 2021 la caída del empleo precario en el segmento formal está explicada por la destrucción mayor de este tipo de puestos, mientras que en su contraparte informal persiste la tendencia creciente observada previamente.
Asalariados sector privado | Asalariados | |||
---|---|---|---|---|
Sector formal | Sector informal | |||
2011 | Protegido | 77.5 | 33.3 | 66.1 |
Precario | 22.5 | 66.7 | 33.9 | |
2016 | Protegido | 78.0 | 30.7 | 66.7 |
Precario | 22.0 | 69.3 | 33.3 | |
2019 | Protegido | 77.1 | 28.3 | 65.0 |
Precario | 22.9 | 71.7 | 35.0 | |
2021 | Protegido | 78.1 | 27.3 | 67.6 |
Precario | 21.9 | 72.7 | 32.4 |
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la EPH.
En lo que respecta a los niveles de ingreso, entre 2012 y 2019 se evidencia un movimiento contrapuesto entre sectores para cada una de las categorías (Cuadro 6). Mientras que el sector informal registró una pérdida de terreno respecto de la media, en el formal ocurrió lo contrario. La única excepción fue por lo ocurrido con los patrones, en cuyo caso ambos sectores registraron un crecimiento, pero en el sector informal fue claramente menor. La crisis producida por la pandemia en 2020 afectó a todos los trabajadores, pero en menor medida a los del sector público, a los patrones en establecimientos de menor tamaño y a los asalariados del sector privado en establecimientos de mayor tamaño. Hacia 2021 sólo los patrones formales y los asalariados públicos se encontraban en mejor posición relativa respecto de 2019.
Sector público | Patrón | Cuenta propia | Asalariado | Servicios domésticos | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector formal | Sector informal | Profesional | No profesional | Sector formal | Sector informal | ||||
2011 | 140.7 | 164.6 | 122.7 | 170.1 | 79.2 | 104.7 | 71.5 | 59.7 | 100 |
2016 | 138.2 | 223.3 | 125.4 | 194.0 | 73.7 | 105.5 | 66.5 | 67.8 | 100 |
2019 | 135.9 | 243.6 | 124.1 | 196.8 | 77.1 | 105.8 | 68.3 | 61.6 | 100 |
2021 | 136.6 | 354.0 | 117.8 | 179.2 | 72.5 | 105.7 | 61.3 | 58.4 | 100 |
Promedio | 138.0 | 216.3 | 115.9 | 180.0 | 76.7 | 105.0 | 69.2 | 64.0 | 100 |
a El promedio no sólo considera los valores presentados en el cuadro, sino todos los años del periodo.
Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la EPH.
V. Consideraciones finales y perspectivas
Como se mencionó en la introducción, en abierta oposición a lo ocurrido desde la segunda posguerra hasta la primera mitad de la década de los setenta, durante 1975-2001 se verificó un deterioro sustancial de las condiciones de empleo y de vida de la población, el cual no fue revertido con las mejoras ocurridas en 2003-2011. Sobre esta base, el presente artículo partió de considerar que ello resulta indicativo de la conformación de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor como fuente extraordinaria de plusvalía en el marco de una insuficiencia en la disponibilidad de renta de la tierra como fuente de compensación del creciente rezago de productividad. En este contexto, el trabajo se propuso como objetivo fundamental analizar las principales tendencias del mercado de trabajo argentino desde la década de los no- venta hasta 2021, con base en la vigencia -mediante los distintos modelos de acumulación- de dicha relación entre renta y rezago productivo.
En este sentido, un primer aspecto a destacar radica en que la postergación a partir del endeudamiento externo del choque con el límite que impone la insuficiencia relativa de renta de la tierra no logró tener la capacidad de obtener mejoras en las condiciones de empleo y de vida de la población. Por el contrario, ambas dimensiones verificaron estancamientos y retrocesos tanto en la década de los noventa como en 2016-2019 (segunda y cuarta sección, respectivamente), lo cual resultó particularmente agudizado a instancias del cierre en la posibilidad de continuar sendos procesos de endeudamiento.
A partir de las tendencias evidenciadas a lo largo de 2003-2011 (tercera sección) no sólo se revirtió la situación heredada de la crisis del régimen de convertibilidad, sino que también se presentó una situación más favorable a la existente durante la vigencia de dicho esquema. Tras dicha dinámica se encontró, primero, el redoblado pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor (aproximadamente hasta 2007-2008, cuando el salario real recupera los valores vigentes en la década de los noventa) y, luego, el renovado flujo de renta de la tierra, como reflejo del incremento del precio de las commodities. En este sentido, un segundo aspecto a destacar es que sólo en tales circunstancias se verificó una mejora “genuina” en las condiciones de empleo y vida de la población.
Así, la situación vigente hacia comienzos de la segunda década del siglo XXI se reveló como un “máximo”. En este sentido, y a modo de cierre, resulta de interés considerar dicha situación en una perspectiva de largo plazo; en particular con los momentos previos a la irrupción de la dictadura militar, en tanto en los más diversos aspectos representa el punto de quiebre histórico que da origen a la sociedad argentina actual.
Sin desconocer que la comparación propuesta no está exenta de problemas metodológicos (habida cuenta de los ya referidos cambios en la EPH), al considerar la información expresada en la Gráfica 3 es posible afirmar que tanto la tasa de desocupación como las de subocupación y de no registro presentan niveles marcadamente superiores a los vigentes a inicios de la década de los setenta. A su vez, en la actualidad, un tercio del total de ocupados se emplean en el SIU, guarismo que se eleva a 40.6% si se incluye también al servicio doméstico, y que, de acuerdo con la estimación de Poy (2015) es mayor al registrado hacia el final de la ISI.
Por su parte, en lo que respecta al nivel del salario, una mirada a la Gráfica 2 permite concluir que hacia 2012 su poder adquisitivo se encontraba -con base en el conjunto de ambas estimaciones- aproximadamente en el mismo nivel de 1970, mientras que en la actualidad se encuentra en torno a 85% de aquél, situación que implica una ampliación de la brecha internacional en la capacidad de consumo en relación con los países desarrollados (Cazón et al., 2017). Ahora bien, ese nivel relativamente similar hacia 2012 refiere al salario promedio, el cual encierra una expansión de la brecha de ingresos por condición de registro y de la desigualdad del ingreso en general (Arakaki, 2012).
Como expresión sintética de las referidas tendencias, la población con ingresos insuficientes para la adquisición de la canasta básica de consumo entre comienzos de 1970 y 2012 se ha triplicado -en el mejor de los casos- (Arakaki, 2018), mientras que, si se considera el nivel vigente en 2021, es posible hablar de una cuadruplicación.
En este sentido, existen bases ciertas para afirmar que en Argentina se ha producido un incremento manifiesto de la sobrepoblación relativa para las necesidades de la acumulación. Esta situación no se expresa como un hundimiento generalizado y homogéneo de la clase trabajadora argentina, sino a partir de una creciente diferenciación en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, lo cual tiene su correlato en la marcada fragmentación que caracteriza a la sociedad argentina actual vis-à-vis aquella de los años setenta que se destacaba en el panorama regional.