Hacia la feminización docente: leyes en favor de su educación
El acceso a la educación en nuestro país por parte de las mujeres fue lento, pero paulatinamente, con la emisión de las leyes, se abrieron paso para estudiar y obtener un trabajo digno, paulatinamente, igualando el trayecto de los varones, aunque a cuentagotas y tardíamente. Staples (2012) señala que la educación de las niñas fue preocupación de algunas autoridades que “sentían la responsabilidad de preparar a las niñas para ser educadoras” (p. 184). Poco a poco el grupo liberal ganó terreno y para 1867 tenemos el triunfo liberal con Benito Juárez, proclamando la República Restaurada. La política educativa era la de formar a personas educadas y ordenadas, utilizando el método positivista con su lema “libertad, orden y progreso”. Barreda pensó en la educación para hombres y para mujeres, por lo que se procuró la implantación de escuelas primarias, tanto para niños como para niñas, aunque estas últimas con un plan de estudios de género.
En este contexto, la ley nacional de 1857, en su artículo 3º establecía que la enseñanza era libre y, que paulatinamente, se establecería qué profesiones necesitaban título para su ejercicio y cuáles eran los requisitos para expedirlos (Dublán y Lozano, 1876). La ley de 1861 estipulaba que la instrucción elemental para el Distrito y territorios, quedaría bajo la inspección del gobierno federal, se comprometía a abrir escuelas para niños y niñas, y a auxiliar económicamente a las sostenidas por las sociedades de beneficencia y las municipalidades. Los artículos 36 y 37 de esta ley, proporcionaban los primeros pasos hacia la inspección oficial de la educación privada, al establecer que “todo estudio realizado ‘en establecimiento particular o bajo la dirección privada de un profesor’ debería acreditarse mediante la presentación de un examen en cualquiera de los establecimientos públicos” (Alvarado, 2004, p. 116). Los mismos requisitos se exigían a quienes hubieran estudiado en el extranjero y desearan obtener su título profesional. El Estado educador, legado de la Revolución francesa y de la Constitución de Cádiz, adquirió a partir de entonces, carta de naturalización en México (Alvarado, 2004).
El nuevo "arreglo" de la instrucción pública, signado por Ignacio Ramírez, incorporaba el tema de la educación femenina, destinando un rubro específico a la formación secundaria de las jóvenes capitalinas, el cual -precisaba- correría a cargo del gobierno. Solo que, esta vez, no se partió de cero, como aconteció cinco años atrás (1856), sino que las autoridades se valieron de dos antiguos colegios, para transformarlos en planteles oficiales de educación secundaria para niñas.
En esta perspectiva, fue en la ley de 1869, en la cual se introdujeron materias para enseñar, como lo fue la de Métodos de enseñanza comparados, en la Escuela Superior para Señoritas (Dublán y Lozano, 1876). Era la segunda ocasión en nuestra historia independiente, en que el gobierno federal abordaba el tema de la educación poselemental femenina, de una manera decidida y directa. Tal innovación reflejó el interés del gobierno juarista por dotar no solo a los varones, sino también a las mujeres, de una educación política y cívica actualizada, debido en parte a la creciente importancia que se les asignaba como formadoras naturales de los futuros ciudadanos. Esta prescripción fue literal, en virtud de que no se consideró la ciudadanía de las mujeres, esta fue una conquista de la siguiente centuria. De este modo, para el siglo XIX sólo había que formar a las mujeres, que se erigirían como madres y educadoras de los ciudadanos que demandaba la República.
Así, para Ignacio Ramírez (1948), la esencia de la maternidad radicaba precisamente en su función de educadora: "La instrucción pública, científica, positiva no será general y perfecta sino cuando comience en la familia; la naturaleza no ha querido que las mujeres sean madres sino para que sean preceptoras" (p. 149).
Otra ideología que permeó en la educación y la política mexicana decimonónica fue el positivismo y sus ideas de libertad, orden y progreso, vigentes en el Porfiriato. En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo filosófico recibió la influencia de la Escuela del Positivismo, a través de las ideas de Augusto Comte y Herbert Spencer. Este sistema filosófico admitía únicamente el método científico experimental y rechazaba toda noción a priori y todo concepto universal absoluto. De esta manera, se valoraban preferentemente los aspectos materiales de la realidad y se daba mucha importancia a la ciencia. Según los positivistas, el orden era primordial porque hacía posible el avance de la sociedad.
Ahora bien, como lo ha señalado María de Lourdes Alvarado, desde los años sesenta del siglo XIX y hasta finales del Porfiriato, se efectuaron innovaciones de particular trascendencia en la educación, que impactaron en la población femenina. En la Ciudad de México, este avance se debió en parte a la creación de una Escuela Secundaria para Personas del Sexo Femenino (1867); mientras que en Veracruz, repercutió positivamente la fundación de instituciones análogas, estableciéndose en Xalapa el Colegio de Niñas en el mismo año, el cual dejaría de funcionar en 1875 por falta de apoyo económico, para instaurarse después la Escuela Superior de Niñas de Xalapa en 1881; la de Orizaba en 1869 y las de Córdoba y el puerto de Veracruz en 1870.
Para cristalizar lo anterior, fue contundente el escenario contextual del siglo XIX, que demandó una mayor mano de obra femenina, incluso con una formación educativa, por los elementos de modernidad y progreso que hicieron acto de presencia, los cuales, solicitaron personas educadas, como la telegrafía, la telefonía y la mecanografía, entre las centrales. Naturalmente, en esta convocatoria no fue exento el magisterio, de hecho, fue la orientación profesional que más adeptas tuvo, en tanto que no contravenía con la construcción de género de las mujeres (Gutiérrez, 2013).
Para el gobernador veracruzano Francisco Hernández y Hernández, la educación de las mujeres fue de trascendental importancia, ya que, en su memoria asentó: “no descansará el Gobierno […] de que para tener buenos ciudadanos es necesario formar […] buenas madres, que […] son las que educan el corazón del hombre y las que […] ejercen siempre en el mismo una poderosa influencia” (Hernández, 1870, p. 746). En este punto, es necesario poner de relieve que no fue propiamente por ellas el que buscarán su educación, sino por la conceptualización que de ellas tenía el Estado educador, por la gran influencia e impronta ejercida en el contexto doméstico y familiar, desempeñando la triada madre-esposa-ama de casa, particularmente en la atención y cuidado a su cónyuge, hijas e hijos.
En este sentido, aunque la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 14 de agosto de 1873, consideró disponer de escuelas de enseñanza superior para niñas, además de la apertura de una Escuela Normal para formar “buenos” profesores de instrucción primaria, este proyecto se pudo realizar hasta 1886, con el apoyo del gobernador Juan Enríquez. Mientras tanto, la Escuela de Niñas de Xalapa tuvo desde sus inicios una triple función: la educación de esposas y madres, la formación de profesoras, y cultivar y dotar de medios a las mujeres para que pudieran valerse por sí mismas. La escuela prosiguió estas funciones hasta 1907, último año durante el cual las alumnas pudieron obtener títulos de profesoras. La tarea sustantiva de la Escuela Superior de Niñas se vio alterada con la Escuela Normal Primaria, un centro escolar más sólido en el aspecto académico, socioeducativo y económico, con lo cual se modificó radicalmente su programa docente.
Silvia Arrom (1988) afirma que a lo largo del siglo XIX las mujeres de la clase media se sumaron progresivamente a la fuerza de trabajo. Uno de los empleos que más dignificó a la mujer fue el magisterio, por lo que a finales del siglo XIX y principios del XX fue la principal opción de trabajo para ellas. Más aún, el ejercicio docente tuvo una feminización en la recta final del Porfiriato, tal como lo precisan Loyo y Staples (2010):
En 1900, al parecer, 91% de los estudiantes de normal en el país eran mujeres. En 1907, de los 15,525 profesores, sólo 23% eran varones. En menos de 30 años, la profesión de maestro de primaria se había convertido en una actividad femenina (pp. 135-136).
Visto en estos términos, en este artículo proponemos destacar la importancia de la educación de las mujeres, así como el apoyo que se les otorgó por diversas autoridades gubernamentales para que se establecieran escuelas, en este caso, la Escuela Superior de Niñas, más tarde reconocida como de Señoritas y, el establecimiento de la Escuela Normal Primaria de Xalapa, que en un principio no abrió sus puertas a las mujeres, pero lo hizo a partir de 1889, año en que ingresó la primera mujer: Genoveva Cortés.
Proponemos un estudio de las mujeres en su profesión como profesoras, los logros y obstáculos por los que atravesaron, en este caso una de ellas, Constancia Martínez Macías, quien mostró durante su trayectoria el interés y gusto por el estudio, al mismo tiempo que la entrega a su trabajo y a quien le tocó vivir y enfrentar diversas problemáticas, como complicaciones escolares y su lucha por tener un salario digno y acorde con sus esfuerzos, pues contó con dos títulos: el de profesora de instrucción primaria elemental y profesora de instrucción primaria superior, así como la entrega que tuvo hacia su trabajo. Vale la pena subrayar que, en el periodo de estudio, de acuerdo con el Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública (1889-1890) y las leyes al interior de los estados, se decretó que la instrucción primaria tendría dos niveles: cuatro años de elemental y dos de superior; este último para quienes optaran por una formación académica poselemental (Gutiérrez, 2013).
Desde esta perspectiva, en las Escuelas Superiores de Niñas se trató de incorporar, como lo señaló José Díaz Covarrubias, “a la mujer en el movimiento intelectual del mundo, al brindarle conocimientos que incrementarán su carácter e hicieran provechosa su justa influencia en la sociedad” (1875, p. 188). Este funcionario decimonónico, en su obra La Instrucción Pública en México, señaló -con respecto a la instrucción que se proporcionaba a las mujeres en Veracruz- que era “digno de llamar la atención” que hubiera cuatro secundarias, igualando el número de las existentes en la Ciudad de México; aunque criticó que la instrucción impartida en ellas fuera deficiente y no propiamente “científica fundamental”, ya que la enseñanza giraba en torno a “las matemáticas, la teneduría de libros, la higiene doméstica […] [y] ciertas labores femeniles” (Díaz, 1875, p. 191).
Para Díaz Covarrubias (1875), las Escuelas Normales para mujeres tenían una importancia especial, en virtud de que algunos pedagogos como Pestalozzi, veían a las mujeres como las personas ideales para educar a los niños y las niñas; porque “la mujer conoce más el corazón humano principalmente el de los niños” (p. 120-121). También aseveraba que la mujer, tenía menos carreras abiertas y, por ello, se dedicaba al profesorado, y perseveraba más en ella que los hombres, quienes estaban dispuestos a seguir en otra profesión. En este tenor, y no menos importante, se consideraba que:
Las funciones desempeñadas por las maestras estaban dentro del modelo femenino vigente, por lo que fueron apoyadas por el aparato gubernamental para optar por esta profesión. El interés del Estado fue claro, las maestras tenían facultades “naturales” para la atención de la niñez, además de que “salían más baratas”, por lo que estaban dispuestas a aceptar las ayudantías y las escuelas en el ámbito rural, donde se pagaban los menores sueldos (Gutiérrez, 2013, pp. 433-434).
Con base en lo anterior, fue un denominador común el que las mujeres optaran por la formación magisterial, en tanto que esta carrera no contravenía su construcción de género, sino que lo reforzaba, por lo que se impulsó y aplaudió su incursión, tanto por el Estado, como por la sociedad. Lo anterior, fue una realidad en todo el país.
En Veracruz, la Escuela Superior de Niñas, inaugurada en 1881 por el gobernador Apolinar Castillo, tuvo desde un inicio como directora a la profesora Concepción Quirós Pérez, quien anteriormente contaba con una escuela particular. A este plantel acudieron alumnas de todo el estado para poder cursar, ya fuera la carrera del magisterio o alguna o varias materias para desempeñar con mayor esmero “las labores de su sexo” como costura, arreglo de flores y posteriormente, mecanografía y taquigrafía, entre otras (García, 2014). A esta escuela acudió Constancia, junto con sus hermanas Emilia y Margarita (algo común en la época, que varias integrantes abrazaran el magisterio), xalapeñas de nacimiento y de corazón. Las tres ejercieron la profesión docente siendo muy jóvenes. Constancia, quien es el eje de este estudio, ingresó a la Escuela Superior de Niñas de Xalapa, en el momento en que esta abrió sus puertas en 1881, a la edad de nueve años [Archivo Histórico de la Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez” (AHEICQP), 1907).
Constancia (ver Figura 1) se distinguió por su aplicación y dedicación, ya que desde el primer año ganó el primer lugar en la cátedra de cosmografía y, al siguiente, en la de aritmética. Al presentar el examen para obtener su título de Instrucción Primaria Superior, el 26 de febrero de 1886, obtuvo en sus notas la calificación de sobresaliente. El documento fue expedido por el gobernador Juan Enríquez (AHEICQP, 1907). Al poco tiempo fue nombrada profesora adjunta de las cátedras de álgebra, cosmografía e higiene de la Escuela Superior para Señoritas. A partir de 1891 se desempeñó como Segunda Ayudante en la Escuela Municipal de Niñas No. 2, llamada posteriormente “Manuel R. Gutiérrez”, en la ciudad de Xalapa, centro escolar donde fungía como directora su hermana Margarita Martínez.
Constancia (ver Figura 2), junto con su hermana Margarita acudieron años después a cursar nuevamente la carrera de profesora, pero ahora en la renombrada Escuela Normal Primaria de Xalapa. Aquí obtuvo su título en el año de 1894, como profesora de Instrucción Primaria Elemental. La disertación, texto que tenía que desarrollar sin ningún apoyo y bajo la vigilancia del secretario del plantel en un tiempo de hora y media (García et al., 2020), fue acerca de las “Condiciones indispensables para organizar una escuela con provecho bajo el modo simultáneo”. En su documento, destacó que:
La enseñanza individual es muy buena, pues se puede estudiar el carácter de cada niño, pero sólo es posible enseñar a cuatro o cinco niños, mientras que por el modo simultáneo atienden a 40 o 50 alumnos con bastante provecho y si el maestro es bueno puede estudiar el carácter de cada uno en particular (Martínez, 1894, f. 19).
La educación a “garrotazos”
A pesar de que la profesora Constancia se destacó por su cumplimiento en el trabajo y de que se hizo acreedora a varios cargos administrativos como ayudante 2ª, ayudante 1ª, subdirectora y directora, en su vida académica tuvo que enfrentar varias problemáticas fuertes. Una de ellas fue la acusación velada que hizo un periódico de la ciudad, llamado Jalapa al vuelo, en el número 16, con fecha 26 de julio de 1917, donde se publicó en primera plana una nota titulada “Educación a garrotazos”. En ella, daba a conocer que varias niñas de una escuela habían sido objeto de maltratos, ya que, por no aprender la lección recibieron varios golpes. Tanto el edil de Instrucción Pública, como el inspector de dicho ramo en la ciudad, que en ese entonces era el renombrado maestro Manuel C. Tello, se encargaron de hacer las indagaciones correspondientes y actuaron de inmediato, ordenando el cese de la directora de la escuela “Manuel R. Gutiérrez”. En ese entonces, fungía como directora la profesora Constancia Martínez Macías. Este oficio fue enviado a la profesora Martínez Macías por parte del Presidente Municipal, donde además la citaba para que entregara la dirección a su homóloga Lucía Zurutuza.
Como en el mencionado artículo, se asientan hechos indignos y que la ley respectiva marca con castigos de destitución, el edil de instrucción pública hizo las averiguaciones del caso, para no obrar precipitadamente:
En seguida se apersonó este señor con las niñas que habían sido maltratadas de hecho para oír de sus propios labios la confesión del caso, y como resultado; vino la aclaración de ser exactos los acontecimientos relatados por el periódico. Cité a una sesión extraordinaria hoy por la mañana dando cuenta al ayuntamiento con los hechos y resultando acordado por voluntad del mismo Cuerpo que para sentar un precedente […] y en cumplimiento de la Ley y con fundamento en el artículo 323 fracción III y fracción XI […] fue acordado el cese aludido (AHBENV, 1917, f. 1).
La situación por parte de las autoridades estuvo dividida, en virtud de que el Sr. Manuel E. Aguilar, vocal de la junta de educación primaria, hizo pública en el mismo periódico Jalapa al vuelo, su indignación. Al mismo tiempo, se unieron varias ex alumnas de la Srita. Profra. Martínez Macías. Este escenario motivó que los estudiantes de la Escuela Normal Primaria de Xalapa de aquel entonces hicieran escuchar su voz y, al igual que muchas personas, su inconformidad. Entre estas destacan Juan Zilli, Daniel Ariza, Benjamín Ramírez, Juan G. Alarcón, Luis Zuccolotto, Juan Reyes López, José Daniel Vargas, Rogerio Fentanes, Joaquín Jara, Félix Santiago, Luciano H. Ferat, Agustín Rodríguez, José Aguilar, Edmundo H. Fentanes, Severiano Pérez, Enrique S. Márquez, Samuel B. Hernández, Enrique Martínez, Arturo Canseco, Ramón Villanueva, Ubaldo Castañeda, Leonardo Garrido Duarte, Alberto Licona (quienes más adelante ocuparon importantes cargos directivos), por lo que decidieron enviarle al C. Gobernador de aquella época una enérgica protesta, porque a la aludida no le habían permitido su derecho de réplica. Le enviaron un telegrama donde exponían:
Creímos que no deberíamos guardar más silencio y nos dirigimos a usted […] protestando contra actos de los señores Edil de instrucción pública y Manuel C. Tello, inspector de zona que son las personas que por sus cargos inclinaron sin duda al H. Ayuntamiento a tomar una resolución festinada y atentatoria a la Ley de Educación Primaria que rige en el estado (AHBENV, 1917, f. 1).
Por el envío del telegrama, los estudiantes fueron citados por el C. Presidente Municipal, el que además de llamarles la atención, les pidió que se retractaran, ya que “algunos” lo habían hecho. El grupo de estudiantes se negó a hacerlo y afirmaron que solo uno lo había hecho porque era un estudiante supernumerario, pero que todos los demás seguían con su convicción de defender a la profesora. Además, los estudiantes adujeron “no son personalidades las que tratamos de defender, sino orientarnos en el terreno que pisaremos mañana al ser contratados como maestros de una escuela” (AHBENV, 1917, f. 1).
En sintonía con lo anterior, los alumnos, ante el Presidente Municipal de aquel entonces, llamado Trinidad García, advirtieron de todas las fallas en que había incurrido el profesor Tello, ya que él estuvo presente en la sesión del Ayuntamiento, cuando fue destituida la citada profesora. Como no tenía una causa justificada, consintió que el ayuntamiento lo hiciera. De esta manera, externaron que el citado ha sido el que más ha atacado a la asociación de maestros y maestras; asimismo, que no notificó a la interesada, ni se le dijo quién la acusaba; no se le permitió escuchar su acusación, ni mucho menos su defensa. Finalmente, también le externaron que, conforme a la Ley de Educación Popular, artículo 195, Fracción III, vigente en aquella época, solamente correspondía hacer la destitución por el H. Consejo de Educación Popular (AHBENV, 1917).
Los estudiantes tenían razón, pues en la Ley de 1915, emitida por el Gral. Cándido Aguilar, en el capítulo V, artículo 253, con respecto a las atribuciones de los inspectores, se señala que estos pueden: “proponer la destitución, o simple separación de los directores y profesores, cuando queden incluidos en los artículos relativos del capítulo que se refiere a personal docente” (Ley No. 43 citada en Hermida, 1992, p. 76). Y, en su capítulo VII, artículo 325, con respecto a la destitución del profesorado, en el inciso III señala: “por imponer a los alumnos penas infamantes o castigos que lesionen el derecho a la integridad física”. Asimismo, en el IV especifica “por reincidir después de dos amonestaciones por maltrato a los alumnos” (Ley No. 43 citada en Hermida, 1992, p. 94). Por consiguiente, ya para proceder a la destitución, se necesita que: “la acusación sea presentada formalmente, que se instruya el proceso respectivo por el Consejo de Educación, que se oiga en defensa del acusado y que resulte comprobada la falta” (Ley No. 43 citada en Hermida, 1992, p. 95). Por lo cual, se hace énfasis en que, de acuerdo con la Ley de 1915, los estudiantes tenían la razón.
Con la acción anteriormente descrita, se corrobora que, en muchas ocasiones, tanto por su juventud, como por sus valores y el no tener miedo por defender causas nobles y justas, fueron los estudiantes los que primero alzaron su voz contra este atropello. Naturalmente, en estos acontecimientos, también estaba de por medio lo que en un futuro pudiera presentarse, en tanto que dichos alumnos iban a engrosar las filas magisteriales.
Por su parte, el profesor Tello también clamó por los “fueros de justicia y honradez” y escribió al director del periódico, señalado que publicara su escrito, en el que defendía su actuar:
En tanto que se habló de indirecta manera de la Inspección Técnica que es a mi cargo, en el caso de la destitución de la C. Martínez Macías, guardé silencio, pero hoy que el diario de su digna dirección publica el texto de un mensaje enviado al C. gobernador del estado por alumnos normalistas y que en él se me acusa de “complicidad” y de violación a la ley de educación popular, los intereses escolares reclaman una aclaración y mi individual honor me lleva a suplicar a usted se digne publicar […] el contenido de las copias que van adjuntas [….] espero que, […] se sirvan expresar públicamente también, pero de una manera concreta y terminante, las bases de su acusación (AHBENV, 1917, f. 2).
En 1915, se dio en Veracruz la primera convención de maestros y maestras y, a partir de ella, se comenzaron a organizar como frente laboral de estos profesionistas, lo que después se convirtió en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (CNDH, 2023). Es por ello que la sociedad veracruzana del profesorado envió una misiva al citado periódico, en la que hicieron saber que dicha sociedad tomaba cartas en el asunto, por lo que se nombró una comisión, integrada por el maestro Delfino Valenzuela como presidente y los profesores Martínez Murillo, Antonio Castellanos y Félix Guerra, así como la profesora Elisa Alarcón, para que analizaran concienzudamente el caso y acordaran lo que resolvería la referida asociación en el caso de la maestra Constancia Martínez Macías (AHBENV, 1917).
Lo paradójico de esta situación fue que años más tarde se publicó la obra Los sindicatos de maestros, por el profesor Manuel C. Tello, quien habló de un intento de organización de la Asociación Veracruzana de Maestros, y mencionó la ayuda mutua, la solidaridad, el mejoramiento técnico de labor social, la acción económica, la defensa de intereses del profesorado, entre otras líneas de acción, directrices que él no puso en práctica, tal como se advierte en el caso de la citada maestra Martínez Macías (Tello, 1928). Es relevante señalar que, a finales del Porfiriato, hubo un interés general por las maestras y los maestros del país para formar sociedades, toda vez que el Estado educador fue incapaz de cumplir lo que indicaba la normatividad educativa en materia de emolumentos y sus condiciones laborales y de sobrevivencia (Gutiérrez, 2023).
La sociedad xalapeña de ese entonces se mostró indignada por el proceder contra la profesora, por lo que los estudiantes solicitaron al gobernador, en septiembre de ese año, que revocara el acuerdo edilicio con el que se destituía a la profesora Constancia Martínez Macías. A la par, demandaron que se hiciera verdadera justicia, lo pedían en nombre y a favor de todo el magisterio veracruzano.
Por su parte, el director de la Escuela Normal también reprimió la actitud de los estudiantes, recomendándoles que fueran “serenos, reflexivos y respetuosos, al juzgar la conducta de los demás, y especialmente la de las autoridades” (AHBENV, 1917, f. 2). Aunque, los estudiantes se defendieron y dieron explicaciones del hecho, el director de esta, profesor Delfino Valenzuela, les respondió que “no pretendía analizar el valor de las pruebas que poseían, sino aconsejarles cordura y justificación” (AHBENV, 1917, f. 2). A todas luces, era también importante que, ante sus autoridades superiores, el titular de la Normal tuviera bajo su égida al alumnado que se formaba en las aulas de tan notable institución.
Afortunadamente, para todas las personas involucradas en este hecho, el asunto se resolvió favorablemente para la profesora Constancia Martínez Macías, a quien le restituyeron su puesto. Sin lugar a dudas, es claro que, si no hubiese sido por la intervención oportuna y solidaria de los estudiantes, quienes en ningún momento se amedrentaron y sostuvieron su defensa, no se hubieran obtenido estos resultados. En este tenor, podemos aseverar que dichos alumnos dieron una lección de vida, puesto que defendieron un hecho injusto y no se retractaron, a pesar de que por parte de las autoridades del ayuntamiento y del plantel les amedrentaron y trataron que lo hicieran. A la vez, demostraron sentimientos respaldados en acciones que, desafortunadamente hoy son más difíciles de apreciar en los espacios laborales, particularmente en los semilleros de formación de las nuevas generaciones, las escuelas en las que es más fácil seguir en una zona de confort y/o indiferencia, que ser personas solidarias ante arbitrariedades.
En el ámbito económico, a la citada profesora Constancia Martínez García también le tocó vivir varios sinsabores, ya que cuando la nación y la entidad pasaban por tiempos difíciles, como recortes presupuestales, estos afectaron varias veces su sueldo. Ella, como muchos y muchas profesoras del periodo en cuestión, aceptó por “amor a la patria” la reducción de su exiguo salario, no sin antes exigir la explicación del por qué su percepción económica se veía afectada, en virtud de que siempre señaló que ella debía estar mejor pagada, puesto que ostentaba los títulos de profesora de instrucción primaria elemental y superior.
Lo anterior denota una empatía y comprensión de la citada profesora, respecto de la ínfima situación económica que fue común en los presupuestos al magisterio en el Porfiriato. A la par, se observa la valía que la citada profesora tenía respecto a su formación educativa normalista, que había cursado y acreditado, situación que no fue nada común para las y los integrantes de las filas magisteriales, porque a decir de Bazant (2009), en este periodo, en la ciudad de México, el 90% del profesorado no tenía título, situación que tenía eco en otras entidades. Citando el ejemplo de Zacatecas, Gutiérrez (2013) precisa que: “En 1908, de 588 profesores y profesoras que estaban laborando […], sólo 125 eran titulados, lo que arroja un porcentaje de 21%” (p. 314). El profesorado que no había pisado las aulas normalistas era considerado como empírico.
De esta manera, advertimos que en el año de 1923, la profesora Constancia Martínez García gozaba de un sueldo de $125.00 (ciento veinticinco pesos), pero un año después, en 1924, su salario fue reducido a $100.00 (cien pesos). Aquí la evidencia de la fuente primaria que da cuenta de ello, a propósito del nombramiento que recibió por el gobernador Adalberto Tejeda:
H. Veracruz 2 de mayo de 1924. Se aprueba el nombramiento que expida la Dirección General de Educación en favor de la señorita Profra. Constancia Martínez Macías, como Ayudante de la Escuela Primaria para Niñas “Manuel F. Gutiérrez” de la ciudad de Jalapa, con un sueldo mensual de $100 (cien pesos) que percibirá, con la antigüedad del día primero de marzo del presente año, con cargo a la partida respectiva de Presupuesto de Egresos vigente. Comuníquese (AHDGEPE-SEV, 1928, f. 32).
La diferencia económica y nominal del nombramiento no fue indiferente a la profesora, quien sabía perfectamente lo que implicaba ser ayudante de una institución, en detrimento del cargo que antes ostentaba como directora, por lo que envió una carta al director general de aquella época, el profesor Rafael Valenzuela, en la que le pregunta que revisó su nombramiento y le encontró dos detalles: 1) no traía firma, por lo que ella le solicita si es tan amable de firmarlo; y 2) el sueldo era menor al que ella percibía dos años antes, pues se había reducido a $100.00. Aquí un fragmento de su escrito:
Sr. Valenzuela, usted ha sido tan bondadoso con nosotras que espero no tomará a mal la pregunta si es disposición de esa H. Dirección que me rebajen el sueldo de ciento veinticinco pesos que disfrutaba, o es equivocación de la Secretaria; pues siendo como soy profesora normalista y Ayudante de una Escuela Completa y creyendo no haber dado motivo para esto, me parece que será lo segundo. De todas maneras, acaté las disposiciones de esa H. Dirección y le quedo muy agradecida (AHDGEPE-SEV, 1928, f. 33).
Dos años más tarde, el 21 de abril de 1926, realizó otro escrito dirigido al director general de educación, en el que le exponía su inconformidad y le suplicaba se le aumentara el sueldo “por así ser de justicia”. Entre otras cosas, aducía para su favor lo siguiente:
Que hasta el año de 1924 el sueldo que tenía asignado por el Superior Gobierno del Estado era de $125.00 y en 1925 se me rebajó a $100.00 temporalmente por la escasez de fondos en el Erario. Que siendo Profesora Normalista no debiera tener sueldo como empírica. Que teniendo más de treinta años de servicio en la Instrucción Pública en esta entidad debiera tomar un aumento de sueldo según marca la Ley de Instrucción vigente (AHDGEPE-SEV, 1928, f. 41).
Desafortunadamente, las condiciones del erario estatal no permitieron que se le pagara según sus derechos, por lo que en el año de 1928 solicitó se le diera de baja por jubilación, después de 37 años de servicios, en los cuales le tocó enfrentar varias situaciones lastimosas a su persona y a su condición de profesora titulada en dos instituciones, además de su entrega y compromiso con la niñez y con la sociedad xalapeña y veracruzana.
Consideraciones finales
El caso de Constancia Martínez Macías es un claro ejemplo del amor que tuvieron la mayoría de las mujeres a su oficio del magisterio pues ellas dejaron su vida en el desempeño de su trabajo. No obstante, sus acciones laborales no fueron retribuidas de la misma manera, en tanto que una gran mayoría de ellas tuvieron que sufrir malos tratos, vejaciones, sueldos no acordes con sus estudios y otorgados con retrasos, enfermedades por el ejercicio de su profesión y un largo etcétera.
A la luz de estas pinceladas de la historia de vida laboral, de la maestra veracruzana Constancia Martínez Macías, fue evidente que ni aún con lo señalado líneas arriba, el profesorado de esta época abandonó su labor, sino que siguieron con su misma entrega. Así mismo son brazos de un Estado educador que no los apoyó como debiera y sin embargo continuaron con su discipulado magisterial, para sacar adelante a la ingente población analfabeta de finales del siglo XIX y principios del XX.
La situación de los profesores en sus labores fue mejor que el de las profesoras, ya que podían ocupar con mayor facilidad los puestos en la toma de decisiones, como por ejemplo en las direcciones de los planteles o como inspectores en los distritos; sin contar con que tenían mejores salarios, aunque sus homólogas hicieran el mismo trabajo o más, considerando que las maestras tenían a su cargo saberes de género con sus alumnas, como por ejemplo la costura y/o corte de ropa. Es decir, hubo sesgos de género en la actividad magisterial, las profesoras recibían un menor salario por el hecho de ser mujeres. En esta tesitura convenía contratar a profesoras, “ya que ellas salían más baratas”.
Por otro lado, también es digno de encomio, el valor que mostraron los jóvenes estudiantes, quienes, aunque recibieron reprimendas por sus superiores, optaron por defender a la profesora Martínez Macías de la injusticia de que fue objeto. Con ello demostraron empatía y solidaridad entre el gremio, además de ponderar que se debían defender los derechos y actuar conforme a las leyes.
Finalmente, hacemos hincapié en señalar que la profesora veracruzana, Constancia Martínez Macías, como muchas en el país en este periodo, entregaron literalmente su vida a la labor magisterial, con tres o más décadas de labor educativa, bajo contextos adversos como los que se han mencionado en este trabajo, por lo que es necesario conocerlas y reconocer su trabajo, su entrega, sus testimonios y sus prácticas educativas, que hicieron posible la educación de muchas y muchos mexicanos y cimentaron la enseñanza pública en el país.