Introducción

El modernismo con su idea de transformar la sociedad a través de la razón, el orden y el progreso buscó acabar con la ignorancia, la superstición, las enfermedades, la pobreza y las guerras. Lamentablemente ocurrió todo lo contrario. El final de este tiempo representa el comienzo de la era en la que hoy vivimos, el posmodernismo.

Esta época se convirtió en el final de las grandes verdades, del desencanto, el cuestionamiento de todo, la cultura del úsese y tírese, la aparición del nihilismo, el pansexualismo, el hedonismo, la sociedad de consumo, el relativismo moral, el individualismo y el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace.

Con el posmodernismo apareció un nuevo modelo económico, que tiempo después se convirtió en un nuevo modelo social y que se extendió no sólo al ámbito de lo político, sino a todas las dimensiones humanas, colocando los valores económicos como la órbita alrededor de la cual giran todas las actividades humanas.

Ante esta realidad, los criterios de éxito, felicidad, legalidad y justicia - aunque sabemos que no es así - comenzaron a depender más del poder, la riqueza, el prestigio y la fama - los valores externos - y pasaron a un lado las convicciones, los principios, los ideales universalizables - los bienes internos - complicándolo todo. La priorización de los bienes externos, por encima de los internos, trajo consigo lo que hoy se volvió tan ordinario, no sólo en nuestro país, sino también en la mayoría de las sociedades: la codicia y la corrupción.

El tema se ha complicado tanto en la sociedad mundial, que una buena parte de los acuerdos y convenios internacionales la incluyen dentro de sus decálogos como algo que hay que combatir, apelando al deber ser de las organizaciones, las profesiones y de las sociedades particulares. México no es la excepción.

Nuestro país en 1995 se sumó a la lista de países de Transparencia Internacional (TI), organización que mide los niveles de corrupción en el mundo. En su momento sólo la componían 41 países, al momento se han sumado 180. En ese año - mientras llegaba el final de un sexenio controversial; donde los magnicidios y la corrupción a grande escala se instalaron como una costumbre cotidiana - apareció en el lugar 32.

En el siguiente sexenio, 1994-2000, ya no sólo crece la corrupción, sino también la impunidad y el presidente en turno entrega el país en el lugar 57 de 102, pues el número de países adheridos había crecido. Con la transición se esperaba que las cosas cambiaran; sin embargo, en 2006 el presidente Vicente Fox, entrega el país a su homólogo panista Felipe Calderón, en el lugar 70 de 163 países. En el Informe 2023, del Índice de Transparencia Internacional: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur lideran la lista.

En los siguientes 6 años, con una sociedad convulsionada por la violencia, los asesinatos y los atentados constantes en contra de la dignidad humana, el país llegó al lugar 105 de 174. En 2018, Enrique Peña Nieto, quien había ganado los comicios en 2012, dejaba la sociedad mexicana en el lugar 138, que a diferencia de los 42 países con los que comenzó ahora ya lo conformaban 180. En 2023, al momento de esta investigación, México se encuentra en el lugar 126 de 180 países que hoy conforman Transparencia Internacional.

Hoy se requiere, un retorno a las premisas básicas del deber ser, donde la integridad, la honestidad, la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas; virtudes y valores esenciales de los seres humanos, sean las variables que se reflejen en el accionar de las instituciones y organizaciones mexicanas en el entendido de que como afirma John ^{Rawls (1997)}: si vivimos en sociedades injustas, es porque hay instituciones son injustas.

Así, en la presente búsqueda profundizaremos en la relación que existe entre la integridad, movimiento contrario a la corrupción y la propuesta que hacen los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en el número 16, que tiene como intención promover sociedades pacíficas e inclusivas y proveer acceso a la justicia para todos construyendo instituciones eficaces y responsables en todos los niveles.

Etiología de la corrupción

La corrupción, como otras grandes patologías sociales, tiene causas multifactoriales. Stephen ^{Morris (1992)}, en su libro Corrupción y Política en el México Contemporáneo, afirma que las causas de la corrupción son de tres tipos. La primera es la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado. La segunda son las causas culturales donde la existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. Y la tercera son las distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente.

Se añadiría aquí, la desconfianza generalizada que el sistema político mexicano y sus prácticas en lo público y en lo privado ha promovido y permitido, impulsando otra de las grandes prácticas y costumbres a erradicar que se da a lo largo y a lo ancho de nuestro país, la impunidad, que como afirma la ^{Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2023)}, es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos.

Lo público y lo privado

¿Dónde termina lo privado y donde comienza lo público? Es la pregunta que siempre ésta en la mesa de discusión. En la esfera de lo privado, la persona vive hacia dentro sus relaciones familiares, religiosas y morales; de ningún modo se pueden imponer a los demás, aunque sí los impactan fuertemente. Lo privado se vuelve público cuando están de por medio terceros que son impactados por nuestras costumbres o formas de vida, en muchos casos se pasa de lo moral a lo legal. Cuando lo privado pone en riesgo lo público el garante del equilibrio es la ley. La frontera de lo privado es el otro y la complicación de sus derechos, intereses y oportunidades. En síntesis, cuando se lesionan los intereses de los demás.

Hanna ^{Arendt (2005)}, comenta que la esfera pública está basada en la igualdad y en la universalidad de la ley, mientras que la esfera privada está basada en la particularidad. En ese sentido, lo público tiene que ver con todo aquello que se da en el marco del escenario que es de todos. Es un ámbito heterogéneo donde todos piensan, sienten, miran y actúan distinto, por tanto, el respeto, la tolerancia y el diálogo son fundamentales.

El problema se encuentra en la confusión que existe en la sociedad, donde las personas no distinguimos ni fines, ni medios; y en muchos de los casos la máxima maquiavélica de el fin justifica los medios está a la base de las acciones. Lo ideal sería atender lo que nos propone la Crítica de la Razón Práctica donde se afirma que (…) todo ser racional, existe como sí en sí mismo, no meramente como medio para el uso o discreción de esta o aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres racionales siempre a la vez como fin (^{Kant, 1999: p. 173}).

El punto neural se encuentra justo en eso, donde una buena parte de los ciudadanos en nuestro país no distingue lo público de lo privado:

(…) el doble discurso, la simulación, el ansia de tener, la falta de sentido de trascendencia, la confusión entre fines y medios, un marco legal adecuado que garantice la hegemonía de la justicia, el pensar que todo en la vida es negocio y dinero, la falta de una cultura de legalidad diáfana, la desconfianza generalizada, el abuso, la impunidad, el compadrazgo, el clientelismo, el nepotismo, el tráfico de influencias, el soborno, la utilización indebida de la información, la ambición desmedida, la desfachatez, el abuso, la impunidad, el tráfico de influencia, los conflictos de intereses, el peculado y por supuesto el robo de combustibles, son los efectos de no distinguir entre ambas esferas (^{Balderas, 2017: p.2}).

Michel ^{Waltzer (2001)}, en su libro Las Esferas de la Justicia afirma que el problema de la injusticia en los últimos tiempos se ha dado porque en la mayor parte en la que se pone en juego el espacio de lo público una esfera invade a la otra y, por lo tanto, se complica la distribución social. Cuando los políticos dejaron de lado el liberalismo político y asumieron como prototipo de gobierno el modelo de libre mercado, la sociedad se desequilibró, la desigualdad apareció y la pobreza se agudizó. Al grito de más economía y menos sociedad, se privilegió al mercado por encima de la justicia. Ahora bien, el problema no es el mercado, es el darwinismo social.

La realidad contemporánea que vivimos en la esfera económica se da a partir de que el interés personal se pervierte, luego se parcializa y finalmente se utiliza en favor de él o de los interesados, de tal forma, que la ley deja ser garante del equilibrio social. Es decir, quienes realizan negocios, lo hacen para obtener utilidad que es parte de la esencia, pero esto ha redundado en un acaparamiento de bienes donde se ha perdido de vista el sentido comunitario. La afirmación de Connil en este apartado es contundente:

(…) La ley la responsabilidad social preceden al <<mercado>>, por tanto, la economía sólo tiene sentido dentro de un contexto político, social e institucional, con trasfondo moral. De ahí que la nueva concepción smithiana de la economía se presente como Economía Política, ya que es consciente de la enorme trascendencia que tiene para el desarrollo de los individuos y de sus vínculos sociales; y por eso se trata de una economía no separada de su responsabilidad social, sino interesada en aumentar la libertad y el bienestar de los ciudadanos (^{Connil, 2009: p. 26}).

La clave, por lo tanto - para diferenciar lo público y lo privado -, se encuentra en la falta de fidelidad a los acuerdos y a las normativas establecidas. La coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, en este orden de ideas, asume una gran relevancia.

Las causas culturales

Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, una vez que se da la Conquista, buscaron borrar todo vestigio de cultura, costumbres, cosmovisión, idioma, conocimientos científicos, educación, la medicina, las leyes, las instituciones, las normas sociales y su organización, las tradiciones, los hábitos alimentarios, el vestido, los espacios físicos, el arte y la religión.

Según ^{De las Casas (1992)}, Hernán Cortés suplanta a Quetzalcóatl y se fragua la idea de la ausencia del alma de los conquistados, lo cual permite el saqueo y la dominación sistemática que se dirime en la famosa Controversia de Valladolid en 1551, donde se afirma la tutela necesaria, que deberían de tener los conquistados con relación a los conquistadores.

La conquista de México fue una invasión injustificada y un flagrante despojo porque los españoles usaron la ley, la autoridad y las instituciones a su conveniencia y para su beneficio personal . La obsesión de la riqueza a toda costa propició la corrupción de los cimientos y las estructuras de la Nueva España. Las bases de la nueva sociedad carecieron de un sólido cimiento moral y ético. Ante esta situación, los pueblos indígenas vieron en la corrupción una manera de mantener de alguna forma, vivas sus tradiciones y costumbres, y por la otra de, literalmente, sobrevivir. De ahí la mentira constante, la alabanza al patroncito y la simulación que les trajo algunos beneficios.

La única forma de hacerse valer en la Nueva España era a través de regalos, de los sobornos y de las dádivas. Los antiguos mexicanos, como dirá ^{Miguel León Portilla (2005)}, golpeados y estoicos por su condición mantuvieron una actitud sumisa. El indio, es ladino, cínico y hasta mentiroso cuando se requiere. Puede negociar con la autoridad, las instituciones y las leyes manteniendo una doble actitud y, por supuesto, como el español, un doble discurso, afirmará el autor.

Convenios sociales, acuerdos establecidos, violación al Estado de Derecho, falta de transparencia y una cultura de rendición de cuentas, son hábitos que no adquirimos el siglo pasado y que hoy como parte de la cultura tenemos como “costumbres”. Muchas taras sociales que provocan la corrupción tienen como punto de partida el momento en el que nos conformamos como pueblo (^{Rosenmüller, 2021}).

Las brechas existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente

Pensar que la corrupción solamente se encuentra supeditada a un contexto, es pensar parcialmente. Todos somos responsables. Porque:

(…) el desconocimiento de las leyes, la falta de confianza en las instituciones, la pasividad ante las formas ordinarias que utiliza el estado para promover la justicia, el tema de la piratería, el soborno a funcionarios públicos, el abuso de autoridad, el desvío de recursos públicos para programas sociales, la reducción de la calidad en los productos ofrecidos, la falta de confianza en la clase política y la búsqueda intereses personales, de grupo o de partido, los problemas en la impartición de justicia, la deshonestidad, los pagos para la autorización de apertura de un negocio, el dinero que las empresas e individuos destinan a pagos de sobornos parecen ya una práctica habitual y ordinaria de muchos, nepotismo, tráfico de influencias y conflictos de intereses nos han traído enormes costos económicos y sociales (^{Balderas, 2016: p. 2}).

En ese sentido, la corrupción es el olvido de los valores de la ética cívica que ha dado origen a la brecha existente entre el orden jurídico y el orden social vigente. El individualismo que privilegia los bienes externos - fama, prestigio, poder y riqueza -por encima de los internos - ideales, convicciones, valores, principios -, es uno de los principales causantes de la situación que hoy experimentamos. Adela Cortina lo dice de la siguiente forma:

La corrupción de las distintas actividades e instituciones se produce cuando aquellos que participan en ellas dejan de buscar los bienes que les son internos y por los que cobran su sentido, y las realizan exclusivamente por los bienes externos que por medio de ellas pueden conseguirse: las ventajas económicas, las ventajas sociales, el poder. Con lo cual esa actividad y quienes en ella cooperan acaban perdiendo su legitimidad social y, con ella, toda credibilidad” (^{1994: p. 107}).

En nuestro caso, el Gobierno Mexicano ha firmado muchos convenios en cuanto al combate a la corrupción se refiere y con los que se ha comprometido en el ámbito internacional en materia de anticorrupción. La legalidad es un valor fundamental de la democracia porque garantiza a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; es el apego a las leyes para que los individuos las acepten y las tomen como suyas y sirve como criterio de orientación para su actuar cotidiano en un marco de respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad.

En nuestro país se ha incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 113, reformas al tema anticorrupción, dejando en claro el papel que deben de jugar los servidores públicos y el objeto y sentido del Sistema Nacional Anticorrupción, todo esto a partir de julio de 2016.

Como ya se había comentado, México se encuentra en el lugar 126 de 180 países en el Índice de ^{Transparencia Internacional (2022)}, donde no solo se requiere un marco legal para sancionar exclusivamente a los servidores públicos que se apropien de lo que no les pertenece; sino también un servicio civil de carrera, una cultura de la legalidad a toda prueba, particularmente en la burocracia y una educación sólida en cuanto a la anticorrupción, para poder hacer más corta la distancia entre el orden social vigente y el aparato jurídico.

La desconfianza generalizada

Teniendo en cuenta el punto anterior, por el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace y los enormes vacíos que existen en relación con la cultura de la legalidad, ha aparecido la desconfianza complicando aún más las relaciones entre las personas y las instituciones; poniendo en riesgo y debilitando la cultura democrática. Si no hay confianza, hay incertidumbre; de forma contraria, si hay confianza se posibilita la unidad y la cooperación. Los altos niveles de corrupción e impunidad que hemos vivido en los últimos años en nuestro país han complicado la confianza y eso se ve claramente en la participación de los ciudadanos que año con año va a la baja.

En la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (^{ENCUCI, 2020}), elaborado por el Instituto Nacional Electoral, se afirma que sólo el 30% de los mexicanos tiene confianza en otros ciudadanos, que el 63.8% tiene confianza en las Fuerzas Armadas seguidos de la Guardia Nacional con 60.5% y el Instituto Nacional Electoral (INE) con un 59.6%.

En cuanto a confianza en el gobierno, en esta misma encuesta se determinó que el 52.7% de la población se siente satisfecho con la forma de gobierno que tenemos en nuestro país, mientras que 46.8% se mostró poco satisfecho. En el plano de la confianza interpersonal el 62.1% de la población considera que se puede confiar en las personas. De manera general el 25.9% de la población tiene confianza en las universidades, el 16% en los sacerdotes, el 13.8% en los servidores públicos, el 11.2% en los medios de comunicación, el 10.3 % en sus vecinos, el 8.8% en las organizaciones sociales, el 7.7% en los empresarios, el 3.5% en los sindicatos y como siempre desde hace tiempo, en quien menos se confía es en los partidos políticos con un 2.5%.

Lo anterior, de forma semejante, se repite en otras tantas encuestas que se realizan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Sin lugar a duda, una democracia se da a partir del dialogo y la confianza que generan los diferentes actores sociales y las instituciones. La integridad se trasluce en el ámbito de lo privado y lo público a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

Los bienes internos y los bienes externos

En la sociedad en la que vivimos, todos, dependiendo de nuestra sensibilidad, motivación y por supuesto gusto, realizamos alguna actividad. Les denominamos profesiones u oficios. Por tanto, estas tareas que realizamos poseen bienes internos y bienes externos. Los bienes internos tienen como fundamentos los ideales, las convicciones, los principios y los valores; estos proporcionan en la persona sentido de vida y legitimidad social. Toda profesión u oficio tiene bienes internos.

Luego están los bienes externos. Si se desempeña un oficio o una profesión y la persona lo hace de forma excelente-virtuosa, vendrán inevitablemente la fama y el prestigio. Con ello el poder y quien así lo quiera, la riqueza. Esos son los bienes externos y en el entendido de que siempre queremos vivir mejor y el factor económico y social juega un papel preponderante en la vida de cualquier ser humano, éstos comienzan a tener más importancia que los anteriores. En síntesis, no se puede tener la mirada y la mente puesta solamente en la acumulación de bienes económicos, hay una comunidad que requiere de nuestra colaboración y esto se determina a través del despliegue de lo más noble que posee el ser humano.

Como ya se ha visto, la corrupción ha desgastado los ambientes y ha traído consigo el relajamiento de los valores morales, la perdida de vista de principios y el efecto más contundente fue el deterioro de la cultura de legalidad. Las consecuencias han sido, la aparición de una sociedad fragmentada, en el caso de nuestro país; porque la cultura de legalidad tiene que ver con el respeto a los acuerdos establecidos, particularmente el Estado de Derecho, el cultivo de las virtudes públicas y la práctica de la integridad, de la congruencia, la coherencia y la honestidad.

En ese sentido, la cultura de la legalidad es un valor fundamental de la democracia pues garantiza a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, el apego a las leyes para que los individuos las hagan suyas y hagan posible el equilibrio social y finalmente, sirve como criterios de orientación para el actuar cotidiano en un marco de respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad.

El cumplimiento y la aplicación de la ley garantizan la convivencia social. El incumplimiento y la evasión generan desorden y caos en cualquier sociedad. La ley sirve como criterios que orientan el actuar cotidiano de los ciudadanos y fomenta el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a la igualdad; y lo más importante, es el garante del equilibrio social. El problema no es la acumulación de bienes, sino la codicia desmedida y la búsqueda desbocada de bienes externos, donde inevitablemente aparecerá la corrupción.

Lo que le da sentido a una sociedad y asegura su equilibrio y armonía es la justicia; en concreto, la producción de bienes internos y no la obtención de bienes externos. Sin lugar a duda, como afirma Emilio Martínez (2010), un profesional excelente es aquel que combina una magnífica preparación técnica con una conciencia ética.

En esta realidad en la que vivimos que ha privilegiado la apropiación de bienes externos en manos de unos cuantos, se ha puesto en riesgo la supervivencia de muchos seres humanos en el planeta, complicando la paz, la justicia y la solidaridad; donde aplica perfectamente el pensamiento de ^{Charles Dickens (2005)} que en su libro Grandes Esperanzas afirma que en el pequeño mundo en el cual los niños viven su existencia, no hay nada que se perciba y se sienta con tanta agudeza como la injusticia.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS en lo sucesivo) son un proyecto liderado por la Organización de las Naciones Unidas y cuya responsabilidad está en manos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del que son parte 193 países en el mundo. Surgen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012, donde los Estados adheridos a la ONU adoptan como un llamado para combatir y poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz en el futuro inmediato.

Estos objetivos conforman un proyecto de 15 años que comenzó en 2015 y que se le ha llamado Agenda 2030. No es la primera vez que se propone un proyecto de tal envergadura, pues éste tiene su antecedente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio que tuvieron vigencia hasta el 2015 con resultados satisfactorios. Entre los logros más destacables se encuentran la disminución de la pobreza extrema, la reducción de la mortalidad infantil y el aumento en los niveles de escolarización.

Las grandes avenidas que hoy presenta la realidad que viven muchos seres humanos en el mundo requieren de consensos para buscar salidas conjuntas que aseguren un mejor futuro para las generaciones que vienen. Estas áreas de oportunidad conformaron los 17 ODS, en los que se abordan temas tan diversos y de urgente atención como la hambruna, las guerras, la pobreza, las migraciones, problemas de salud, la igualdad de género, la disponibilidad de agua, energías limpias, crecimiento económico, empleo, las desigualdades, asentamientos inclusivos, modalidades de consumo, medidas para combatir el cambio climático, conservación de océanos y ecosistemas terrestres, la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia, la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, entre otros.

Es precisamente en este punto donde el tema de la integridad adquiere una particular relevancia y dota de sentido a las aspiraciones más nobles que el individuo puede poseer de manera particular: la búsqueda una sociedad más justa, pacífica e inclusiva, lo cual es el propósito fundamental del ODS 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque la deshumanización tiene causas multifactoriales, el eje matricial sigue siendo el mismo; la ambición, el autoritarismo y el poder desmedido. Se trataba de construir un mundo mejor, promoviendo los conceptos de dignidad humana, responsabilidad, sentido de vida, trascendencia, igualdad y libertad. Pero resultó para muchos más reconfortante, el acumulamiento de riquezas. La pobreza y la violencia hicieron un maridaje perfecto abonando la deshumanización. Si humanizar tiene que ver con la dignificación de la persona, deshumanizar tiene que ver con la intención de instrumentalizar a la misma.

Las guerras, el intervencionismo, el autoritarismo, las grandes hambrunas provocadas, las enfermedades inducidas, la discriminación en todas sus formas, el terrorismo, el imperialismo, los bajísimos salarios, el cierre de puertas a migrantes y las grandes pandemias siguen marcando grandes diferencias que se manifiestan a través de la desigualdad, la pobreza y la exclusión.

Se suponía que en la medida en que el tiempo avanzara, el ser humano y las sociedades evolucionarían, pero tristemente no ha sido así. Garantizar sociedades justas, pacíficas, solidarias e incluyentes es por estos días una urgencia. La necesidad de generar sinergia entre las organizaciones, universidades, gobierno y sociedad en México y en el mundo no puede esperar más.

Tratar al hombre como fin y no como medio (^{Kant, 1999}), garantizará en el futuro inmediato, el respeto a su autonomía, a su dignidad y a la consolidación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible; donde la paz que se construye con justicia será fundamental para lograr la igualdad de todos los seres humanos sin distinción, teniendo como punto de partida la erradicación de la pobreza y el cuidado del planeta asegurando el desarrollo sostenible a través de los 17 ODS. El protagonismo deberá estar a cargo de los gobiernos, el sector privado y los ciudadanos en general. Seis años después de la declaración oficial del arranque que se dio en 2016, el conocimiento y la operación de estos en la sociedad mundial camina lentamente.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

De entre los 17 ODS el número 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, es de particular relevancia, puesto que supone la creación y afianzamiento de instituciones íntegras en las que no estén divorciados lo que se dice y lo que se hace, como se comentó anteriormente.

Así como decimos que las sociedades violentas son originadas por ciudadanos que perviven en la violencia o bien, que si se da la corrupción a grande escala no es porque la sociedad se haya corrompido, sino porque hay ciudadanos que han perdido de vista los bienes internos dándole prioridad a los bienes externos, de esta misma forma podríamos decir que las instituciones también son un reflejo de los valores y el sentido de justicia que poseen las personas que las conforman.

Si en los países con más alto índice de Producto Interno Bruto (PIB, por sus siglas en español) las instituciones, en materia económica, son la base de la bonanza de un pueblo; en el caso de los países con menor índice de PIB pasará lo contrario: se determinará el fracaso de sus políticas económicas que redundarán en la falta de realización de las mayorías.

Sin embargo, cuando tales instituciones y quienes las dirigen no tienen en claro el concepto de justicia en la interrelación cotidiana, particularmente en asuntos de remuneración, el impacto de la injusticia crece. Al respecto, John ^{Rawls (1997)} dice que el objeto fundamental de la justicia es la estructura básica de la sociedad y hace responsable a las grandes instituciones de las ventajas o desventajas provenientes de la cooperación social:

La idea principal es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad esta correctamente ordenada y es por tanto justa (^{Rawls, 1997: p. 34}).

Es decir, las instituciones aparecen como el soporte básico que permite la coacción social, la libertad de conciencia, y la igualdad de oportunidades en los ciudadanos. Para Rawls una sociedad justa es donde la justicia busca salvaguardar a la persona.

En este momento en el mundo hay más de 63 guerras activas, con cerca de 82.4 millones de personas desplazadas y donde de 26.4 millones han obtenido la figura del refugio (^{ACNUR, 2020}). En cuanto a la pobreza, según el Banco Mundial, finalizando el 2021 habrá 150 millones de personas en pobreza extrema en el planeta. El Instituto de Estadísticas de la ^{UNESCO (2022)}, afirma que 773 millones de personas en el mundo no saben leer ni escribir. Con respecto a la pandemia, que es en últimos tiempos lo que nos aqueja, en datos del Center for Systems Science and Engineering de la Universidad Johns Hopkins, a finales de julio de este año (2023) en el mundo teníamos más de 6 millones 881mil, 955 defunciones por COVID 19 (^{Juhns Hopkins University ,2023}). En todos los temas que se han mencionado, las organizaciones juegan un papel toral, de ahí la importancia de contar con instituciones íntegras.

Al pensar en el vínculo existente entre la integridad y los ODS emerge de nuevo el problema de la corrupción, el cual se erige como el mayor obstáculo en la consecución de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible. Si bien alcanzar cada una de las metas estipuladas en los 17 ODS es un asunto de corresponsabilidad, donde también es importante la participación de la iniciativa privada y de la sociedad civil, son las instituciones públicas quienes tienen una participación central y articuladora.

En la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (^{ENCUCCI, 2016}), cuando se habla de la confianza que tiene la sociedad mexicana en sus instituciones, en quien más se confía es en las Fuerzas Armadas con un 63.8%, el 60.5% en la Guardia Nacional, el 59% en el Instituto Nacional Electoral, el 25.9% en las universidades, el 16% en las iglesias, el 13.8% en los servidores públicos, el 11.2% en los Medios de Comunicación Social, el 8.8% en las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 7.7% en los empresarios y finalmente el 2.5% en los Medios de Comunicación Social.

Es por esta razón que resulta de suma importancia hablar de la integridad de estas instituciones como una condición para su correcto y eficiente funcionamiento. En el ámbito institucional, la integridad puede entenderse como un conducirse con honestidad y rectitud, siempre posibilitando la capacidad de rendir cuentas (^{Gómez, 2014}). Considerando esto, el problema de la corrupción es el problema de impedir conducirse de esta manera.

La finalidad de los ODS, en términos generales, es mejorar la realidad en la que vivimos; “estos objetivos constituyen una oportunidad para cambiar de rumbo el desarrollo humano en nivel mundial” (^{Gilli, 2017, p.44}). No obstante, los esfuerzos por alcanzarlos se ven bloqueados por la corrupción que corroe a las instituciones. Este obstáculo está contemplado precisamente en el ODS 16 mencionado anteriormente en una de las metas que lo componen donde se propone:

(…) reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales (^{ONU, 2023: p. 44}).

Así pues, de entre las diversas limitaciones que tendría un proyecto tan ambicioso y amplio como lo son los ODS; la corrupción, la simulación y la falta de mecanismos de rendición de cuentas son el problema central que obstaculiza lograr las metas de esta agenda.

¿Cómo se puede solucionar un problema tan arraigado culturalmente y tan complejo por su carácter multifactorial? Es sencillo responder a esta interrogante señalando que la solución se encuentra en la construcción de instituciones íntegras, sin embargo, el cuestionamiento se traslada ahora a la pregunta ¿cómo construimos éstas o cómo reparamos las existentes?

A manera de conclusión

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, resulta claro que el ODS 16 es prioritario, ya que sin la implementación de estrategias anticorrupción que fortalezcan la integridad de las instituciones no será posible avanzar en la carrera por el desarrollo sostenible ni alcanzar los demás ODS que quedarían como una simple lista de buenos deseos. El ODS 16 es el ODS de la integridad. Cabe señalar que el supuesto fundamental que se está asumiendo aquí es que la eficiencia y el correcto funcionamiento de una institución se deben a su integridad; sin ésta no serían posibles.

La necesidad de contar con instituciones transparentes con información accesible, de manera que haya un matrimonio entre lo que dice y lo que se hace.

Normalmente se habla de la integridad como una virtud de las personas o como una forma de calificar su comportamiento. Así, Gómez señala:

(…) que el término integridad proviene del latín integer que significa totalidad, entereza o unidad intacta. Igualmente, integritas, -is es sinónimo de totalidad, robustez, salud y buen estado físico, también honestidad y rectitud. Asimismo, de este vocablo deriva el adjetivo integer (intacto, entero, no alcanzado por un mal (^{2014: p. 124}).

Por otra parte, ^{Pellegrino (1993)} destaca que una persona íntegra es una persona virtuosa, cuyo comportamiento es predecible en el sentido de que se espera un juicio prudente y una forma de actuar correcta y orientada por lo que considera es el bien.

Con estas definiciones y precisiones terminológicas en mente, no resulta complicado extender el concepto de integridad más allá del comportamiento de los individuos hasta llegar a incluir a las instituciones y, con ello, construir una caracterización de lo que sería una “institución íntegra”; pues a fin de cuentas éstas son básicamente acuerdos entre individuos para regular su propio comportamiento (^{Abbagnano, 1995}).

Entonces, ¿qué es una institución íntegra? De acuerdo con las definiciones recuperadas aquí de integridad y con el concepto de bien interno, una institución íntegra es aquella que se dirige con honestidad y rectitud; que ha recuperado la confianza pública y de la cual se espera que sus acciones sean prudentes y estén orientadas por bienes internos; que tiene entereza, está intacta, que no ha sido alcanzada por un mal y no se orienta por bienes externos.

Algunas de las mismas metas establecidas en el ODS 16 (^{ONU, 2015}) pueden interpretarse como una caracterización de lo que es una institución íntegra. De esta manera, una institución que posea la virtud de la integridad será aquella que promueva el estado de derecho, garantice la igualdad de acceso a la justicia, evite la corrupción y los sobornos en todas sus formas, proteja las libertades fundamentales de acuerdo con la ley, sea transparente, rinda cuentas y garantice el acceso público a la información. De esta caracterización es posible extraer los derroteros mediante los que se conseguiría la integridad institucional y se evitarían las malas prácticas como la corrupción, el soborno y la simulación.

Principalmente se identifican dos estrategias para esto: la transparencia y el acceso público a la información. Diversos referentes (^{Gilli, 2017}; Schauer, 2014; ^{Uvalle, 2008}) apuestan precisamente por estas estrategias considerándolas elementos centrales para combatir la corrupción en las instituciones, por lo que se les podría llamar “estrategias de integridad”.

La posibilidad de la transparencia y del acceso público a la información implica un tipo de sociedad en la que la participación ciudadana es una realidad y en la que en los asuntos públicos la ciudadanía tiene un rol activo (^{Uvalle, 2008}). Así pues, es una tarea ciudadana monitorear de manera constante el comportamiento de las instituciones y así evitar que tengan lugar aquellas prácticas en las que los bienes internos sean sustituidos por los externos.

De acuerdo con ^{Gilli (2017)}, la transparencia es la cualidad de no ocultar nada y, en este sentido, una institución transparente es aquella que cuenta con políticas y acciones que hacen disponible información referente a diversas materias como el funcionamiento de sus procedimientos internos, el uso de sus recursos financieros y humanos, la calidad de los bienes o servicios que ofrece y el desempeño de sus funcionarios, entre otras.

Sin embargo, la transparencia, como mecanismo de disponibilidad de información, no es suficiente para procurar la integridad y evitar la corrupción; se requiere también que la información sea accesible. Shauer (2014) discute este problema señalando que hay grados de transparencia y afirma que no es lo mismo que la información esté simplemente disponible a que sea fácilmente utilizable. La posibilidad de que la información se convierta en conocimiento reside en que sea accesible y no sólo en que esté disponible.

La transparencia y el acceso libre y público a la información vienen a derrocar la cultura del secreto, la desinformación y el verticalismo (^{Uvalle, 2008}). Éstas dotan de voz a la ciudadanía para exigir cuentas sobre los motivos de las decisiones políticas y responsabilidad por parte de los funcionarios, lo cual, en última instancia, se constituye en la cura más efectiva para la corrupción. De nuevo, se trata de un asunto de corresponsabilidad.

Retomando el problema planteado en el apartado anterior de este texto, estas estrategias de integridad permiten combatir la corrupción y son indispensables para alcanzar los ODS. Si la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo sostenible y la clave se encuentra en la integridad, como se infiere del ODS 16, entonces estas estrategias permitirían construir instituciones sólidas y congruentes que de manera auténtica emprendan acciones enfocadas en la consecución de los ODS.

Con instituciones transparentes e información accesible hay una reconciliación entre lo que se hace y lo que se dice; se recuperan los bienes internos en el centro, mientras que los externos se colocan en la periferia y, de este modo, la corrupción ya no transforma a los ODS en una simple lista de buenos deseos. En síntesis, la integridad es la virtud central de las instituciones y el fundamento del desarrollo sostenible.

De ahí lo importante de la cultura de la denuncia, la creación de comités disciplinarios en los centros de formación y universidades que aseguren la integridad y el respeto al estado de derecho; la interiorización de la ética en el servicio público y privado y sobre todo el consenso en las instituciones de la formación de un proyecto ético personal y compromiso ciudadano.

En el plano personal y de formación promover perfiles y programas académicos donde predomine el bien interno (ideales, convicciones, principios y valores), donde los individuos sean formados como mínimo con una conciencia convencional - donde el respeto a las leyes y la normativa legal acordada sea lo importante - y por supuesto, campañas intensas en lo privado y en lo público de la importancia de la integridad.

Finalmente, habrá que voltear la mirada hacia países como Dinamarca, Finlandia, Noruega - en la zona nórdica - y el caso de los alemanes que de tiempo a acá han implementado programas escolares, laborales, institucionales y nacionales donde el factor de cambio lo marca la integridad con la que se conducen los seres humanos en todas las dimensiones: lo social, lo económico, lo político, lo electoral, lo sostenible, en fin, por todas partes donde los seres humanos nos movemos.