Los casos confirmados, las defunciones registradas y el exceso de mortalidad en México entre 2019 y 2022

El 2 de abril de 2020, día en el que el presidente López Obrador utilizó la frase “la pandemia nos vino como anillo al dedo”, en México ya había iniciado, concretamente el 24 de marzo, la conocida como Fase 2 de Dispersión Comunitaria, es decir, la fase en la que se empezaron a registrar casos confirmados de la enfermedad que no estuvieron asociados a casos importados (^{Gobierno de México, 2020}). Para entonces se tenía un registro oficial de 1500 casos confirmados de la enfermedad y 50 defunciones, distribuidas en 22 de las 32 entidades federativas. Pasados más de 2.8 años, hasta el 27 de septiembre de 2023 se tenía un registro acumulado de 7.6 millones de casos confirmados y 334 mil defunciones, en este segundo rubro sólo detrás de los Estados Unidos, Brasil, la India y la Federación Rusa (^{WHO, 2023}). Los cinco peores registros en defunciones acumuladas por COVID-19 los tenían entonces cinco países, cuyos líderes, como se mencionó al inicio, han sido calificados como populistas.

Suponemos que con base en estos primeros datos duros queda evidenciado, hacia finales de septiembre de 2023, que la pandemia de COVID-19 en México sí se había convertido en “algo terrible, fatal” y, por supuesto, que sí había sido algo más que una “crisis transitoria”, tal y como lo declaró el presidente López Obrador el 28 de febrero y el 2 de abril de 2020, respectivamente. Adicionalmente, no menos alarmante es el hecho de que la enfermedad se ubicó en 2020 en el segundo lugar como causa de mortalidad general en el país, ocupando el primero al siguiente año, mientras que pasó al sexto en 2022, de acuerdo con lo que se muestra en la Tabla 1, con datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en nuestro país (^{INEGI, 2021a}; ²⁰²²; ²⁰²³).

El problema es que, junto con la considerable cantidad de defunciones registradas, México se ha ubicado también como uno de los peores países en lo tocante al exceso de mortalidad. Este indicador, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), permite cuantificar los efectos directos e indirectos producidos por la pandemia de COVID-19. El indicador se define por la propia OMS como:

“La diferencia entre el número total de muertes estimado para un lugar específico y un periodo de tiempo determinado y el número que habría cabido esperar en ausencia de una crisis” (^{OMS, 2022}).

En el caso de la COVID-19, tendría que ver con la cantidad de defunciones asociadas con la enfermedad, o bien con los problemas derivados por la carencia de servicios de salud esenciales para la población, problema éste que se acentuó en el caso de nuestro país, tal y como se evidencia líneas más adelante.

Con base en dicho indicador, en México el INEGI (^{INEGI, 2023}), con datos del periodo 2015-2019 y con información actualizada para el de enero de 2020 a diciembre de 2022, estimó que se esperaban 2.2 millones de defunciones por el modelo de los canales endémicos y 2.3 por el modelo cuasi-Poisson, registrándose poco más de 3 millones, por lo que se obtuvo un exceso de mortalidad de 801,000 defunciones (35.9% más) con el primer modelo y de 666,000 defunciones (28.1% más) con el segundo modelo.

Por su parte, el GIEEM (^{Grupo Interinstitucional para la Estimación del Exceso de Mortalidad, 2022}), en el que participan entre otras instancias el mismo INEGI, el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Organización Panamericana de la Salud (^{PAHO, 2020a}), incluyendo el periodo de análisis del 29 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2022, reportó entre 770,000 (vía los canales endémicos) y 650,000 (a través de un modelo lineal generalizado estimado con el método de ecuaciones de estimación generalizadas) defunciones ocurridas en exceso, cuyos porcentajes fueron del 34.5 y 27.7%, respectivamente.

Ahora bien, con independencia del tipo de método o técnica utilizado, es decir, trátese de los canales endémicos, del modelo cuasi-Poisson o del modelo lineal generalizado (véanse^{Acosta, 2023}; ^{Beaney et al., 2020}), considerando el periodo de análisis antes mencionado en el caso de México, existe al menos un reporte de investigación con una importante coincidencia en los resultados descritos. En efecto, por ejemplo, ^{Karlinsky y Kobak (2021)} con datos de marzo y abril de 2021 encontraron que en números absolutos los países con los peores excesos de mortalidad fueron los Estados Unidos (620,000), Federación Rusa (480,000), México (450,000) y Brasil (440,000), en tanto que, expresado como porcentajes de defunciones anuales, los primeros cuatro países fueron el Perú (con el 146%), Ecuador (con el 77%), Bolivia (con el 61%) y México (con el 58%).

Por otro lado, en un estudio internacional publicado en la prestigiosa revista The Lancet (^{Wang et al., 2022}) y que incluyó datos de enero de 2020 a diciembre de 2021, se reveló que de un total de 191 países analizados los peores en exceso de mortalidad fueron la India (4.7 millones), los Estados Unidos (1.1 millones), la Federación Rusa (1.0 millones), México (798 mil) y Brasil (792 mil). Nótese que este segundo estudio, a pesar de la diferencia de seis meses respecto del análisis que realizaron el INEGI (hasta el mes de junio de 2022) y de 12 meses por el GIEEM (hasta el mes de diciembre de 2022), coincide en términos generales con que el exceso de mortalidad para México superaba las 700,000 defunciones, muy distante de las 450,000 reportadas en el primer estudio (^{Karlinsky y Kobak, 2021}).

Sin duda se trata de un problema que nos muestra con su crudeza la narrativa que impuso primero en la agenda pública el presidente López Obrador, a la que se sumó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, cuando el 4 de junio de 2020, en el marco de las Conferencias Vespertinas donde se informaba sobre la situación de la COVID-19 en nuestro país, mencionó en un vídeo los escenarios posibles sobre la cantidad de defunciones que se esperaban en México (resaltados con negritas nuestros):

“El mínimo era 6,000; otro escenario era 8,000; otro era 12,500 […] y teníamos así hasta 28,000, que se redondea hasta los 30,000. E incluso un escenario muy catastrófico es que podía llegar a 60,000. ¿Cuál de ellos es real? La respuesta, todos pueden ser reales en distintas condiciones” (^{López-Gatell, 2020}).

Este escenario catastrófico se superó, por cierto, tan sólo dos meses y medio después de esa declaración, pues el 22 de agosto del mismo año se registraron oficialmente en México más de 60,000 defunciones, las cuales se habían multiplicado por cinco hacia finales de septiembre de 2023, de acuerdo con datos oficiales publicados por el propio gobierno federal.

Un panorama que, hasta este punto, no podemos calificar sino como desolador, considerando que hasta el 27 de septiembre de 2023 en México se tenían 334,000 defunciones oficiales registradas, entre 606 y 801,000 defunciones ocurridas en exceso (según el INEGI) y un escenario catastrófico que se había superado con creces. Panorama que, por cierto, pone en tela de duda lo expresado por el presidente López Obrador cuando, como se apuntó líneas atrás, el 28 de febrero de 2020 aseveró que:

“Estamos preparados para enfrentar al Coronavirus. Tenemos los doctores, los especialistas, los hospitales […]” (^{López Obrador, 2020a}).

Si según él, en los inicios de la pandemia en México se contaba con los médicos, especialistas y hospitales, cómo se explica, de acuerdo con datos del INEGI (^{INEGI, s/f}), que tan sólo en 2021, año en el que se registraron 1.1 millones de defunciones por todas las causas (de las que 238,000 fueron atribuidas a la COVID-19), el 47% del total se presentó en el hogar, en tanto que el 38% en hospitales o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud (SSA), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en otras Unidades Públicas.

Resulta obvio que el 47% de las defunciones acaecidas en el hogar, sumado al 3% de quienes fallecieron en la vía pública, el 2% en “un lugar no especificado” y el 5% “en otros lugares”, arroja un elevado 57% de personas que fallecieron fuera de un hospital o clínica de salud del sector público (e inclusive del privado), lo que se traduce en que en México, a partir del gobierno del presidente López Obrador, no sólo hemos atestiguado un pésimo manejo de la pandemia de COVID-19, sino también un alarmante deterioro de las instituciones de salud pública, con todo lo que ello presupone e implica, asunto éste que se revisa más adelante.

Por lo demás, este hecho fue denunciado oportunamente en la prensa nacional e internacional, tanto por analistas políticos como por periodistas. Cuando el Dr. Hugo López-Gatell³ en su condición de responsable del manejo de la pandemia debió haber asumido una posición de mesura, manteniendo un tono conciliador frente a los señalamientos que se hacían en la prensa, adoptó al igual que el presidente López Obrador un discurso de confrontación, en especial cuando esos señalamientos se hacían sobre el manejo de la pandemia o la presentación de datos oficiales en lo tocante a la cantidad de casos y de defunciones reportadas, así como sobre la cantidad de pruebas de detección que se estaban realizando, principalmente.

Por ejemplo, ante notas periodísticas, una de ellas publicada por Azam Ahmed (^{Ahmed, 2020}) en el New York Times sobre las cifras ocultas en las defunciones por COVID-19 en la Ciudad de México, o bien otra publicada en el mismo diario por Natalie ^{Kitroeff (Kitroeff, 2020)} sobre la opacidad en el manejo real del porcentaje de camas disponibles con ventiladores y la cantidad también real de pruebas de detección realizadas, las respuestas del responsable del manejo de la pandemia siempre se orientaron a descalificar esas y otras notas. Acusó, en el primer caso (^{Expansión Política, 2020}), “falta de rigor periodístico”, que había “huecos” en la información, un “marcado desconocimiento” de la situación real y hasta llamando al prestigiado diario como “calumniadores”, tal y como fue consignado en medios de comunicación en nuestro país, casos de Infobae (^{Infobae, 2020}) y SPD Noticias (^{Díaz, 2020}). Lo mismo ocurrió con artículos publicados en The Washington Post, The Wall Street Journal o El País, utilizando el argumento pueril de que los autores de esos artículos estaban “mal informados” y que eventualmente hasta tenían “vínculos” con actores políticos de oposición (^{Hidalgo, 2020}).

Es justo en este contexto en el que se entiende por qué el 8 de septiembre de 2020, en la sección “El Pulso de la Salud”, dentro de “Las Mañaneras”, en alusión a la estrategia del gobierno para el manejo de la pandemia de COVID-19, mencionó que:

“Es motivo de tranquilidad que en ningún momento de la pandemia se superó la capacidad del sistema de atención y esto se demostró en que hubo camas, no solo la cama física, sino el ventilador, las bombas de infusión, el equipo médico, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, los inhalo terapeutas, el personal de laboratorio. Siempre estuvieron disponibles para atender a todas las personas que siempre lo han necesitado” (^{Caso, 2020}).

No obstante que el 19 de noviembre de 2020, al responder a una pregunta de un reportero en las Conferencias Vespertinas que él mismo conducía, señaló que:

“Hay ciertos medios que persistentemente, desde el inicio de la epidemia, se han enfocado en una perspectiva alarmista, posteriormente y en ningún momento el responsable del manejo de la pandemia en México se dio a la tarea de desmentir el informe presentado por el INEGI (referido antes) sobre el elevado porcentaje de mexicanos que fallecieron fuera de un hospital o clínica del sector público en el transcurso de 2021”.

Tampoco, en ningún momento, el Dr. López-Gatell discutió sobre la abierta contradicción en la que incurrió el presidente López Obrador cuando, primero, el 28 de febrero de 2020 aseguró: “Estamos preparados para enfrentar al Coronavirus. Tenemos los doctores, los especialistas, los hospitales […]”, para luego asegurar, concretamente el 21 de enero de 2021:

“Aquellos que trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron las políticas neoliberales, los periodistas, los medios que protegieron ese modelo, son todos responsables de que en México no tengamos los doctores y especialistas que necesitamos ahora en la pandemia”.

Veamos en los siguientes apartados cómo ésta y otras flagrantes contradicciones de las que fue su propia víctima el presidente López Obrador, evidenciarán que los cuestionamientos que se hicieron en distintos medios periodísticos tenían mucho de razón.

La muerte del Seguro Popular: El nacimiento y la muerte del llamado Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (INSABI)

Cuando el presidente López Obrador recurrió en su condición de líder populista al discurso del combate a la corrupción y al de procurar la justicia social (poniendo siempre el énfasis en el apoyo a los más pobres), invariablemente ese discurso lo justificó señalando a quienes, en su lógica personal, propiciaron y/o avalaron la supuesta corrupción y la injusticia social en México. Han destacado en esa narrativa los gobiernos anteriores (calificados por él como “neoliberales”), las cúpulas empresariales (vinculadas según él abiertamente con la “derecha”), organizaciones diversas de la sociedad civil-OSC (i.e., “Mexicanos Contra la Corrupción”, “México Social” o “México Evalúa”), gremios de profesionales (médicos y abogados, principalmente), investigadores y académicos (vinculados con el sector salud o con instituciones públicas y privadas), así como reconocidos analistas políticos y periodistas. Todos ellos, insistimos, en su lógica personal, han formado parte de una suerte de “complot” en contra de sus esfuerzos transformadores, que en nuestro país se conocen como la 4a Transformación (o 4T).

Empero, unas simples preguntas que se tendrían que hacer incluyen las siguientes: Si el presidente López Obrador tomó posesión del gobierno de la República el 1 de diciembre de 2018 y la pandemia de COVID-19 inició oficialmente en México en febrero de 2020,

Es decir,

Por supuesto que cada pregunta tiene un no como respuesta. En todos los casos se trató justamente de posicionamientos públicos expresados por el presidente López Obrador.

Ahora bien, respecto de lo anterior, es necesario señalar que fue el propio presidente de México quien utilizó (y de hecho lo siguió haciendo hasta finales de junio de 2023) cuatro “argumentos” para acusar en concreto, y públicamente, a los gobiernos “neoliberales”, señalándolos como los que:

Empero, al arribar a poco más de cinco años de su gobierno, esos “argumentos” no se habían traducido en pruebas tangibles que demostraran lo que él mismo ha afirmado reiteradamente en las “Mañaneras”.

¿Por qué es importante lo antes dicho? Porque fueron precisamente esos cuatro “argumentos” con los que el presidente López Obrador justificó la necesidad de lanzar el 1 de diciembre de 2018 su propuesta del supuesto nuevo Sistema Nacional de Salud, que afirmó en un acto masivo (con motivo de su toma de protesta como presidente) permitiría garantizar a todos los mexicanos la atención médica y los medicamentos de manera gratuita. ¿Cómo lograría el presidente cumplir con ambos cometidos? Mediante la creación, el 29 de noviembre de 2019, del INSABI (^{González y Pérez, 2023}). En esa propuesta del supuesto nuevo Sistema de Salud, que puso énfasis en brindar atención a más de la mitad de la población, los más pobres, aseguró el presidente, ¿qué fue lo que planteó en su cuenta pública de Twitter sobre dicho supuesto nuevo Sistema de Salud?:

“El primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido”.

Una vez creado el INSABI por decreto presidencial, una de las primeras medidas que se tomaron desde el gobierno federal fue la eliminación del conocido como “Seguro Popular”, creado en 2013 (^{Frenk et al., 2018}) y que para finales de 2018 brindaba atención a 53 millones de mexicanos, esto es, a poco menos del 45% de la población total (^{Gobierno de México, 2020}). Esos 53 millones de personas, es importante decirlo, tenían acceso a 290 servicios de salud gratuitos y a 65 intervenciones de muy alto costo-consecuentemente, difíciles de cubrir por ellos o sus familiares-, donde destacaban los cuidados neonatales, los distintos tipos de cáncer, la infección por el VIH y el infarto agudo de miocardio (^{Frenk, 2021}). Un dato adicional de enorme relevancia, aportado por el propio Dr. Julio Frenk, exsecretario de Salud en el gobierno federal, es que gracias al Seguro Popular el porcentaje de hogares con gastos catastróficos o de alto impacto en la economía familiar pasó de 5.5% a 2.4%; por tanto, se redujo en años a poco menos de la mitad.

A pesar de los recurrentes dichos del presidente López Obrador, la realidad es que pasados cinco años de gobierno el supuesto nuevo Sistema Nacional de Salud en México está muy lejos de funcionar como el de Dinamarca, el de Canadá o el del Reino Unido; antes bien, en sentido estricto ha empeorado; permítasenos exponer algunos datos duros. Hoy día el INSABI (que dicho sea de paso fue dirigido primero por un licenciado y maestro en Administración de Empresas, sin ninguna experiencia en el ámbito de la salud) incumplió con la meta que se planteó de brindar atención a 69 millones de mexicanos. En efecto, hasta finales de 2020, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (^{INEGI, 2021b}), de los más de 92 millones de mexicanos afiliados a un servicio de salud (70.9% de la población total), su distribución porcentual era la siguiente: 51% al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 35.5% al INSABI, 8.8% al Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 2.8% a alguna institución privada; por tanto, el restante 29.1% (poco más de 33.4 millones) no contaba con afiliación a alguna institución de salud pública.

Llama la atención, sin embargo, que para el mismo año 2020 la Secretaría de Salud, con motivo del Tercer Informe de Gobierno del presidente López Obrador (^{López Obrador, 2021}), estimó que en realidad no eran 33.4 millones de personas sin afiliación, sino 46.3 millones, esto es, 13.3 millones más que las reportadas por el INEGI. Si se considera únicamente la primera cifra, mientras que el eliminado Seguro Popular atendía hasta 2018 al 45% de la población, con la creación del INSABI ese porcentaje se redujo en 10 puntos porcentuales (^{INEGI, 2021b}); naturalmente, si se tiene en cuenta la cifra aportada por la Secretaría de Salud, la brecha porcentual se acentúa más.

Además, de manera incomprensible e injustificada, el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador desapareció el Fondo Nacional para las Enfermedades Catastróficas (66 en total), que incluían a los distintos tumores malignos, al VIH/sida, al infarto agudo de miocardio en personas menores de 65 años y a los trasplantes de distintos tipos, entre otras (^{Gobierno de México, 2019}). Al eliminarse dicho fondo se dejó a la deriva a millones de personas con esas enfermedades, sin posibilidad real de recibir una atención oportuna y de calidad, a la vez que las condenó al desabasto y al creciente gasto de bolsillo, debido a la carestía de los medicamentos.

Por ejemplo, ^{Badillo (2021)} reveló que el presidente López Obrador, al vetar (por supuestos actos de corrupción, hasta hoy no comprobados) a tres de las principales empresas distribuidoras de medicamentos, propició que el 62% de las claves de medicamentos no pudieran comprarse en 2020, en su mayoría los que se utilizan para el tratamiento del cáncer, el VIH/ sida, la diabetes y la hipertensión. ^{Suárez (2021)} reveló que hasta el 16 de junio de ese año habían transcurrido 955 días sin que el gobierno federal se hiciera responsable de la compra de medicamentos para el cáncer en niños, estimando que más de mil 600 habían fallecido por su desabasto y 19 mil enfrentaban serios problemas para su atención en los hospitales en todo el país. Asimismo, ^{Martínez-Moreno (2021)} señala que hasta el 1 de julio de 2023 se tenía un retraso de más de cinco meses en la provisión de medicamentos en todo el país, con la mayoría de las claves de medicamentos quedando desiertas, a pesar de que el INSABI había firmado un acuerdo para las compras consolidadas de medicamentos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Con todo y que para finales de 2022 el presidente anunció que ya se habían adquirido los medicamentos para los próximos dos años (2023 y 2024), de acuerdo con una nota periodística de ^{Olivares y Sánchez (2022)}, la organización de la sociedad civil Cero Desabasto (que incluye a pacientes, familiares, personal que labora en el sector público de salud, otras organizaciones y hasta académicos) aportó un conjunto de datos, que como otros ya descritos líneas atrás, generan una justificada incertidumbre sobre lo que aseguró el presidente López Obrador: que en 2018 los principales subsistemas de salud (IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar) dejaron de surtir 3.2 millones de recetas, mientras que para 2022 la cifra había aumentado hasta los 15 millones; otro dato alarmante es que, mientras que en 2018 los ciudadanos afiliados a los diferentes subsistemas habían promovido 220 juicios de amparo por la falta de medicamentos e insumos, para 2022 la cantidad se desbordó hasta alcanzar más de 1,600 (^{Lino, 2023}). Conocidos algunos efectos psicológicos asociados, o a consecuencia de la COVID-19, a principios de 2023 se reportó que la producción de medicamentos para atender problemas como la depresión, la ansiedad, el estrés, déficit de atención, epilepsia, esquizofrenia, etcétera, había tenido una caída importante, del 17% que, de acuerdo con ^{Rodríguez (2023)}, equivalen a 32.3 millones de piezas.

A lo antes expuesto habría que añadir que el presupuesto real para todo el Sistema de Salud en México, medido con el Producto Interno Bruto (PIB), ha sido el más bajo entre 2010 y 2020 con el presidente López Obrador, alcanzando en los cuatro y medio años de su gobierno entre el 2.5 y el 2.8 anual en promedio (por debajo del 3.0% recomendado por la Organización Mundial de la Salud), a la vez que la inversión en salud para cada mexicano se contrajo en un 36% respecto de lo que se había invertido 10 años atrás (^{Hernández, 2023}; ^{Sánchez, 2021}). Un dato adicional, reportado en un interesante análisis realizado por ^{Méndez-Méndez y Llanos-Guerrero (2021)}, es que no obstante el incremento de 1.8% en el presupuesto asignado el año pasado al sector salud en su conjunto (12 mil millones de pesos más respecto de 2020), todavía se mantiene la brecha de 3.2 puntos del PIB, lo que de acuerdo con los autores representa la inequidad en los servicios de salud y en su acceso.

Así, con la desaparición del Seguro Popular, con un INSABI del que se desconocieron desde su nacimiento las reglas básicas de operación y con tan pobre inversión en salud, es poco factible que México tenga a la brevedad un nuevo Sistema de Salud como el de Dinamarca, el de Canadá o el del Reino Unido… Después de cinco años de gobierno y del lanzamiento de su “nuevo” Sistema Nacional de Salud a través del INSABI, ¿qué ha pasado con éste en septiembre de 2023, cuando se revisó el presente trabajo?

Pasó que, a finales del mes de abril de este año, en la H. Cámara de Diputados, con la mayoría del Partido MORENA (formado por el presidente López Obrador), se tomó la decisión de simple y llanamente desaparecer el INSABI; así nació y así murió el INSABI. En un artículo publicado en el periódico Milenio, el prestigiado historiador y analista político, Héctor Aguilar Camín, reseñando la participación del hoy diputado federal y antes secretario de Salud, Salomón Chertorivski, aportó unos datos sobre el pernicioso y grave legado que dejó el INSABI en México (^{Aguilar Camín, 2023}):

¿Y en qué quedó el INSABI, después de decretada su muerte oficial? Que se propuso que sus funciones se trasladarían al conocido como IMSS-Bienestar, programa del Instituto Mexicano del Seguro Social que se creó en 1973 con el objetivo de atender a grupos de la población sin capacidad contributiva (es decir, personas que no tenían trabajo y, por tanto, los patrones no aportaban cuotas para su afiliación), que además se encontraban en condiciones de pobreza extrema y de marcada marginación (^{Instituto Mexicano del Seguro Social, s/f}). Se trata de un programa sustentado en el modelo de Atención Primaria a la Salud, centrado en la atención médica y la acción comunitaria en el primer y segundo niveles de atención. El problema es que dicho programa, en junio de 2023, sólo atendía a aquellos grupos en 19 de las 32 entidades federativas del país y a poco más de 11 millones de personas. Si como vimos líneas atrás el Seguro Popular atendía antes de su acta de defunción oficial al 45% de la población de escasos recursos y el INSABI a tres años de su nacimiento atendía al 35% (10 o más puntos porcentuales menos respecto del Seguro Popular), ¿qué hace suponer que el IMSS-Bienestar estará en condiciones de solventar en el futuro inmediato dicha atención a 15 o 20 millones más de mexicanos?

Permítasenos señalar que, por supuesto, no se trata de una apreciación ni a la ligera ni mucho menos sin fundamentos. En un análisis conducido por ^{Campos y Cano (2022)} se reveló que el IMSS-Bienestar había sufrido en los años más recientes una caída considerable en sus indicadores operativos, consultas, equipamiento e infraestructura. Por ejemplo, en materia de consultas totales, mientras que en 2017 la institución otorgó 25.5 millones, para 2020 se otorgaron 11.1 millones y para 2021 un total de 15.9 millones; es decir, entre 2017 y 2021 la caída en el número de consultas fue de 9.6 millones, un primer dato sin duda alarmante, considerando que el IMSS-Bienestar se creó para atender a la población más desprotegida en México.

Asimismo, las consultas con médicos familiares cayeron de 24 millones en 2017 a 10 millones en 2020; las consultas en el área de urgencias cayeron de poco más de un millón en 2017 a poco más de 660,000 en 2020; finalmente, las consultas con especialistas cayeron de 478,000 en 2017 a 342,000 en 2020. Por otro lado, añaden los autores que, en el rubro de personal médico, si bien es cierto que entre 2016 y 2018 había alrededor de 7,000 médicos laborando en los distintos hospitales, clínicas o centros de salud adscritos al programa, en 2019 se recortaron las plazas en poco más de mil 200 (17%), para alcanzar 6.3 mil médicos contratados hacia 2021, todavía una cantidad menor a la reportada hasta 2018. En sentido opuesto, la contratación de personal administrativo aumentó de manera desproporcionada, pasando de mil plazas en 2017 a mil 700 en 2020. ¿Podría negar el presidente López Obrador que un programa, el del IMSS-Bienestar, que ahora sumará a millones más de mexicanos, no cuenta con el personal médico debido a decisiones de su propio gobierno y no de los gobiernos neoliberales?

Concluiremos este apartado con algunos datos, de suyo reveladores, que recientemente se publicaron a propósito de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (^{Bautista-Arredondo et al., 2023}) sobre la utilización de los servicios de salud en México en el año 2022, en personas que tuvieron alguna necesidad de salud. Destacan por su importancia los siguientes resultados:

En síntesis, son resultados que evidencian un elevado porcentaje de personas optó por atenderse en una Unidad Privada, equivalente al 48.8%. Considerando a quienes estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el 34.5 y el 40.8%, respectivamente, no obstante contar con el servicio en ambas instituciones, optó por atenderse en alguna Unidad Privada o en algún Consultorio Adyacente a Farmacias. Como escribió recientemente el analista político y periodista Ricardo Raphael, a propósito del INSABI y su anunciada defunción:

“Otro desastre de enormes proporciones fue la creación y luego enterramiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que debió haber sustituido al Seguro Popular. Cuatro años se perdieron tratando de inventar un aparato que nunca funcionó y cuya desaparición generó un grave descalabro que el IMSS tardará varios años en resolver […] Zoom: ‘Al final del mandato, el sistema público de salud será uno de los mejores del mundo’: hay temas donde mofarse es menos inmoral” (^{Raphael, 2023}).

¿Primero los pobres?

De acuerdo con el CONEVAL (^{CONEVAL, 2020a}), entre 2008 y 2018 la pobreza en México pasó del 44.4 al 41.9%, esto es, mostró una mejoría de 2.5 puntos porcentuales. ¿Y qué ocurrió en nuestro país a partir de 2018, y en particular durante el curso de la pandemia de COVID-19? Una primera aproximación la da la ^{Organización Internacional del Trabajo-OIT (2021)}, la cual llevó al cabo un estudio en el que, desde el diagnóstico mismo, se encontró que para el segundo trimestre del mismo año la caída del PIB en México había sido del 17%, estimándose que para finales del año oscilaría entre -7 y -10% (^{Morales-Jurado, 2020}).

A ello habría que sumar otros estudios en los que los resultados no han sido para nada halagüeños; por ejemplo, y no obstante la reiterada narrativa del presidente de México de que “Primero los pobres”, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), entre 2019 y 2020 a causa de la pandemia la pobreza extrema en México pasó de 10.6% a 18.3%, siendo junto con Honduras y Ecuador los tres países de la región más afectados en el rubro (^{Félix, 2020}). Por último, ^{Fuentes (2021)}, de la organización de la sociedad civil “México Social”, reveló que de acuerdo con el CONEVAL en México se estimaban 67 millones de personas en condición de pobreza, de las cuales 18.3 millones se encontraban en pobreza extrema; finalmente, el autor señala que durante la pandemia el incremento de personas pobres fue de 14.6 millones y de 9 millones en los calificados dentro de la categoría de pobreza extrema.

Estos datos son coincidentes con los análisis y proyecciones que realizó en 2020 en México el CONEVAL, el cual estimó una pérdida de empleos formales de entre 700,000 a un millón, con la subsecuente implicación de que todas las personas dejaron de tener acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, básicamente provistos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (^{BBC Mundo, 2021}). ¿Y qué explica tan alarmante pérdida de empleos formales en México? Que contrario a la lógica racional que se impuso en muchos países alrededor del mundo, en México, de acuerdo con el INEGI, en 2020 más de un millón de medianas y pequeñas empresas (MIPYMES, por sus siglas en español) cerraron definitivamente sus puertas por la falta de apoyos por parte del gobierno federal, tal y como se reportó en la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) y el estudio sobre la Demografía de los Negocios el mismo año (^{CONEVAL, 2021}). Se cumplió así con la sentencia del presidente López Obrador: ¡Si va a ver una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas! (^{Morales-Jurado, 2020}). Al igual que se echó por la borda otra sentencia, la de ¡Primero los pobres!

¿Cómo han impactado las políticas públicas impulsadas por el presidente López Obrador a los sectores más vulnerables y desprotegidos en México? En materia de atención a la salud, ha sido justamente el sector de la población clasificada en pobreza y pobreza extrema el más afectado, partiendo del entendido de que por su propia condición no tiene acceso a servicios de salud pública que brindan la SSA, el IMSS o el ISSSTE (las tres principales instituciones de salud en nuestro país) y que por lo regular era atendida a través del Seguro Popular y recientemente por el INSABI, el cual resultó un abierto fracaso al carecer de reglas claras de organización y de operación (^{Bautista-Reyes et al., 2023}).

Empero, si como vimos, de acuerdo con el CONEVAL (^{CONEVAL, 2020b}), a la par que habían aumentado de 2016 a 2020 los millones de pobres (52.2 millones en 2016 vs. 55.7 en 2020), también es cierto que para 2022 se registró una importante reducción en los niveles de pobreza general, pasando de 52.2 a 46.8 millones (^{CONEVAL, 2023}). Sólo que cuando se analiza este problema a la luz de un par de indicadores, la realidad nos muestra un rostro distinto. En efecto, no obstante que se redujeron los niveles de pobreza general, a la par se observa un incremento de 8.7 a 9.1 millones de personas en pobreza extrema; es decir, si bien se redujo la pobreza general, aumentó en casi medio millón la cantidad de personas en pobreza extrema, los más vulnerables en términos sociales y económicos.

En síntesis, no sólo el gobierno del presidente López Obrador ha sumado millones de personas al rubro tanto de la pobreza como de la pobreza extrema, sino también a millones de pobres por carencia de acceso a servicios de salud. Si es este extenso grupo de mexicanos el que, en teoría, se vería más beneficiado por las políticas sociales y por el lema de “Primero los pobres”, la cruda realidad de los datos choca frontalmente con la narrativa del presidente López Obrador. Y tampoco podemos pasar por alto la caída alarmante en los indicadores básicos del IMSS-Bienestar en los cuatro años recientes, incluyendo menos consultas generales, menos consultas con médicos familiares, menos consultas con médicos especialistas y menos cantidad de médicos contratados para atender la demanda de atención.

Por tanto, y de manera razonada, se impone una pregunta obligada: ¿Estará el IMSS-Bienestar en condiciones presupuestales para sumar y atender a más millones más de mexicanos de los que hoy en día carecen de acceso a servicios de salud oportunos y de calidad?