Introducción

En estudios recientes se ha debatido sobre la manera en que, cada vez con más frecuencia, los espacios rurales se convierten en objetivo de los mercados mundiales por su potencial económico, y acerca del modo como el extractivismo participa en el despojo de territorios utilizando conceptos novedosos, como el de emprendurismo, que desdeñan procesos comunitario-campesinos; o los convierten en mercancías enmarcadas en el turismo alternativo,¹ con lo que obtienen grandes márgenes de plusvalía los consorcios nacionales e internacionales ligados a elites políticas (^{Torres, Pastor, Grosso y Scoones, 2018}). Con esto no solo se extraen materias primas, también se pierden procesos culturales, historia y prácticas comunitarias.

Si bien conceptos turísticos actuales como el ecoturismo, el turismo patrimonial o el turismo de aventura, promovidos y desarrollados por grandes consorcios, son relativamente nuevos, las condiciones para que se puedan generar son resultado de procesos de larga duración en que han intervenido diversos actores, entre los cuales destaca el Estado. Las denominaciones de áreas naturales protegidas o parques nacionales en espacios habitados por comunidades indígenas son estrategias a las que se ha recurrido desde principios del siglo XX. Estas figuras jurídico-legales han causado desplazamientos de población y la comercialización de sus espacios (^{Enriz, 2020}).

En este sentido, se ha argumentado que el auge del ecoturismo comenzó en la década de 1980 y coincide con la creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ya en la década de 1990, las áreas protegidas como reservas de la biosfera o parques marinos se vieron como polos de desarrollo económico a partir de promover la recreación. A principios de este siglo XXI, las áreas naturales se alinearon con cada vez mayor fuerza a políticas ecológicas neoliberales. Como resultado, el ecoturismo se ha desarrollado en el marco del modo de producción capitalista y se ha edificado en una posición antropocéntrica que legitima el discurso moderno del crecimiento económico (^{Quintero, 2021: 129}).

Dos casos que se han documentado y fortalecen la argumentación planteada son las comunidades rarámuris de Mogotavo y Wetosachi, en el estado de Chihuahua, que a finales del siglo XX fueron despojadas de sus territorios y desde principios del XXI han sido espacios de promoción turística por parte de particulares. Estos actos de despojo territorial habilitado a partir del contubernio entre autoridades e iniciativa privada han sido analizados bajo el matiz de la injusticia estructural, que se identifica como resultado de prácticas y supuestos detrás de las reglas institucionales que minan el poder de decisión de los grupos sociales vulnerables (^{Almanza y Guerrero, 2014: 53}).

Un caso emblemático de despojo en el estado de Jalisco es el de la ribera de Chapala, donde comuneros de Mezcala sufren los efectos de la denominada acumulación por desposesión, derivada de la explosión del turismo residencial. En esta lógica de análisis, los ejidatarios o comuneros son despojados de sus territorios debido a la indefensión económica, la violación de leyes y derechos y la coerción violenta o política, que generan despojo ecológico o de medios tradicionales de subsistencia, o mediante la precarización laboral al convertir sus comunidades en «poblaciones de servidores domésticos» (^{Bastos, 2016}).

Paradójicamente, estos conceptos de turismo también los han retomado y resignificado otras comunidades para su uso colectivo. Este artículo expone la experiencia de la comunidad de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, y la del Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta (GMA), proyecto conformado por nueve municipios de la región Mixteca Alta de Oaxaca.² En ambos casos las poblaciones se han organizado y pusieron en marcha proyectos de turismo alternativo fundados en conocimientos locales, el cuidado del territorio y la creación de conciencia crítica.

Este artículo se divide en cuatro grandes apartados. En el primero se analiza el turismo como mecanismo de despojo territorial; en el segundo se profundiza en las raíces del despojo con el objetivo de mostrar que este no es un fenómeno nuevo, en todo caso ha generado estrategias afines a discursos de cuidado ambiental y respeto a los derechos humanos. El tercero se enfoca en el caso de Oaxaca; se muestran algunas experiencias de confrontación por el territorio y se reseñan las experiencias de construcción comunitaria de proyectos turísticos a partir de la organización social. Finalmente, se plantean unas conclusiones.

El turismo en el marco del despojo territorial

Desde la Colonia hasta nuestros días, las comunidades indígenas han enfrentado el desafío de sobreponerse a procesos de despojo territorial. Uno de los mecanismos más longevos para despojarlas han sido los procesos extractivistas, en los que muchos territorios han sido concesionados a la industria minera para su exploración y posterior explotación sin consultar a las comunidades afectadas y con beneficios nulos o limitados para ellas; pero también se ha recurrido a la generación de megaproyectos, y más recientemente a diversas propuestas turísticas que aluden a formas retóricas como el desarrollo sustentable y la creación de propuestas alternativas al turismo tradicional, como el turismo cultural, el ecoturismo o el turismo de aventura. Pero estas propuestas, que en teoría representan la posibilidad de redistribución económica a través del turismo en regiones históricamente olvidadas, el respeto a las tradiciones y el patrimonio tangible e intangible de muchos pueblos, en realidad no han significado necesariamente mejoras para las poblaciones; en todo caso se han convertido en nuevos procesos de despojo, ya no solo territorial, sino también cultural e identitario.

El turismo entraña una serie de paradojas que impregnan sus dinámicas internas; puede visualizarse como un motor de desarrollo, pero incuba potencialmente el riesgo de deterioro ambiental; se percibe como la posibilidad de incluir sectores históricamente excluidos del sistema económico, pero también como una estrategia más de despojo y privatización de territorios. En el contexto neoliberal, que se posiciona de manera clara a partir de la década de 1980 y posteriormente se consolida mediante reformas estructurales, se ha planteado que el nuevo turismo ha servido para desarticular las presiones de grupos ecologistas sobre el modelo capitalista y sus efectos ambientales y sociales. El modelo capitalista también se ha rearticulado a partir de propuestas turísticas «alternativas» vinculadas con la desposesión de territorios de importancia paisajística, cultural y natural (^{Solano, 2015}).

En las dinámicas en que los grandes capitales generan una visión amable de la explotación y privatización del territorio y la desposesión a partir de propuestas alternativas de turismo, la participación de los Estados nacionales es fundamental con la emisión de declaratorias de parques nacionales o, en el caso de México, áreas naturales protegidas (ANP). Con respecto a la Administración de Parques Nacionales (APN) de Argentina, se ha planteado que por medio de esta instancia el gobierno toma posesión de espacios antes administrados por comunidades para favorecer a consorcios turísticos en detrimento de las poblaciones que se asientan en los territorios ahora concesionados, y favorece a quienes pueden pagar por ello. Tales dinámicas generan una nueva concepción del espacio en que la plusvalía, a partir de la especulación inmobiliaria, aleja a las poblaciones naturales de sus territorios e inhibe su permanencia en sectores ahora visualizados como exclusivos para ciertos grupos sociales con el poder adquisitivo necesario (^{Ayala y Suárez, 2015}).

En un reciente estudio se plantea que las ANP de México se crearon con el objetivo de contener la destrucción de ecosistemas especiales y resguardar el derecho de todo ciudadano a contar con un medioambiente adecuado. En la práctica, las ANP implican procesos complejos de territorialización bajo los cuales subyacen diversas dinámicas que involucran intereses encontrados entre comunidades que han resguardado un territorio, instancias gubernamentales que administran y particulares interesados en obtener beneficios económicos o estéticos, recreativos y de ocio. También se presentan contradicciones legislativas como la de declarar zonas como ANP y concesionar esos mismos espacios de protección y cuidado ambiental a la industria minera, e incluso representan escenarios en los que se generan alianzas entre diversos actores confrontados con otros, para lograr la apropiación, defensa o el despojo territorial (^{Hensler y Merçon, 2020}).

Otro elemento detectado en el análisis de las ANP de México ha sido la forma en que, mediante reformas legales, se ha ido favoreciendo a la iniciativa privada para el aprovechamiento y la apropiación de espacios naturales puestos a la oferta y la demanda del mercado, y otro más es la elaboración de ordenamientos territoriales, en donde es cada vez más frecuente que se reflejen los intereses de grandes capitales y corporativos inmobiliarios, lo cual orilla a los ciudadanos de las comunidades a refugiarse en regiones no urbanizables debido al incremento del precio de los espacios desarrollados (^{Palafox y García, 2018}).

Un estado que se ha visto involucrado particularmente en disputas por despojos territoriales para favorecer a consorcios turísticos en la construcción de megaproyectos es Quintana Roo. En él se han documentado problemáticas que involucran el despojo de tierras ejidales, comunales e incluso áreas naturales protegidas, lo que ha tenido como consecuencias el empobrecimiento de quienes pierden su territorio, la injusticia, la precarización laboral y la corrupción. En estos espacios los mecanismos principales de despojo territorial han sido la duplicidad de títulos de propiedad o los falsos litigios laborales, lo que redunda en la regularización de territorios por las instancias gubernamentales, y algunos funcionarios suelen estar en contubernio con empresarios para obtener los lugares más rentables en el mercado (^{Marín, Zizumbo, Palafox y Vargas, 2020}).

Un proyecto turístico emblemático de principios del siglo XXI en México es el denominado Pueblos Mágicos. Al respecto se ha planteado que se enmarca en un discurso en el cual se resalta la generación de empleos para un desarrollo sustentable revalorando a los pueblos excluidos, que podrán sacar provecho por medio del turismo de su bagaje cultural y patrimonial para lograr un desarrollo económico comunitario. En la práctica se ha documentado que la participación de los habitantes de los Pueblos Mágicos se reduce a la recolección de firmas y se involucra únicamente a aquellos que tienen interés en el sector turístico (^{López, 2018: 17}). Destaca también que en muchas ocasiones la propuesta no surge de la comunidad, sino que es impuesta por el gobierno, y cuando se concreta el nombramiento gran parte de la población apenas se entera, lo cual no necesariamente hace que exista involucramiento comunitario y apropiación de la idea.

Extractivismo y despojo territorial

Hasta aquí se ha presentado una arista del neoliberalismo que muestra una cara amable y una batería de conceptos amigables en el contexto del turismo, como desarrollo sustentable, ecoturismo, turismo de aventura o turismo cultural, que aparentemente minimiza los efectos nocivos del capitalismo, caracterizados precisamente por el despojo territorial; pero las raíces del despojo están clavadas mucho más profundo y se vinculan directamente a las prácticas extractivistas, que involucran la explotación intensiva de recursos naturales por poderosos corporativos. En este contexto, la disputa por el agua cobra gran importancia, y en diferentes partes del mundo se debate la legislación sobre el líquido entre considerarlo un derecho humano o un producto negociable (^{Dillon, 2018}). El agua como producto es indispensable para actividades extractivas como la minería; pero también puede formar parte de las propuestas de turismo alternativo, como el turismo de aventura, por ejemplo, por lo que la especulación con este recurso y su apropiación se han convertido en agenda prioritaria.

La lógica planteada es posible debido al fortalecimiento del modelo neoliberal, que percibe los recursos naturales como reserva de maximización de excedentes económicos mediante su comercialización con quien tenga la posibilidad de invertir y acaparar los productos ofertados. Tal lógica de mercado se posicionó globalmente desde 1980 a través de reformas estructurales que han incentivado la privatización y comercialización de territorios, la expedición de concesiones mineras y ver el agua como un producto estratégico negociable, incluso en la bolsa de valores (^{Sabogal, 2013}).

En análisis recientes el extractivismo se ha planteado como una actividad compleja en la que intervienen actores, procesos particulares, los propios recursos obtenidos y las respuestas y resistencias de los afectados (^{Kauffer, 2018}). Tal escenario alberga conflictos en los que se configuran alianzas, aunque esto se manifiesta en un contexto de desigualdad en el cual lo común es que los gobiernos se pongan del lado de los dueños del capital. Incluso los países progresistas justifican la explotación de recursos naturales y los daños generados utilizando un discurso redistributivo de la economía. El extractivismo puede involucrar elementos como la violencia directa y simbólica, la violación de derechos humanos individuales y colectivos, represión de líderes sociales, así como contaminación y deterioro ambiental.

El extractivismo es un proceso difícil de cuantificar porque no se realiza de manera homogénea en los diversos espacios latinoamericanos donde se practica, y es difícil de superar debido a que para ello tendrían que conjugarse diversos factores, entre los que destaca el incremento de la productividad del trabajo. Esto se dificulta porque en los contextos de Latinoamérica es limitado el sector laboral con derechos, el sector empresarial es débil y dependiente, y existe un amplio sector de economía informal sin ningún derecho laboral y que en muchos casos vive al día. Esta conformación impide contar con las posibilidades de generar un incremento en la productividad del trabajo. A estos elementos se suma la precarización progresiva de empleos de mayores ingresos, lo cual bosqueja un contexto en el que la dependencia de los ingresos por concepto de renta y concesión de recursos naturales continúe (^{Burchardt, 2016}).

En las últimas décadas se han privilegiado actividades como la extracción de materias primas y recursos naturales. Esto se presenta y facilita por la realización de reformas condicionadas por instancias internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que desde 1980 incentivaron la liberalización de la economía a cambio de créditos y financiamiento para ciertas actividades económicas. Tal dinámica se ha traducido en el incremento de la deuda de muchos países latinoamericanos. Un elemento que destaca en los procesos extractivistas es el alto costo ambiental que tiene la explotación intensiva de recursos naturales, lo cual plantea un panorama incierto para poblaciones excluidas y deterioro de territorios, muchas veces difícil de revertir (^{Azamar y Carrillo, 2017}).

En los últimos años, en México la industria minera se ha convertido en un sector importante en las proyecciones de desarrollo del país; como consecuencia de ello, se ha observado cada vez mayor influencia del poder de los grandes capitales sobre las esferas políticas. Derivado de lo anterior, el gobierno pierde paulatinamente la capacidad de decidir en sectores considerados estratégicos para la nación. Así, el sector privado se fortalece frente a un Estado que se debilita, pierde control y otorga ventajas fiscales y territoriales para la exploración y explotación de recursos naturales. En este contexto, entre el año 2000 y 2012 las áreas concesionadas del país para diversos tipos de explotación llegaron a poco más de 30 % del territorio nacional (^{Azamar y Ponce, 2014}).

Si bien los procesos extractivos derivados de la minería y la actividad turística podrían verse como prácticas diferenciadas, incluso opuestas -una apunta a la explotación de recursos y otra a su protección-, la lógica neoliberal que las dirige es la misma. Es decir, el despojo de territorios ha sido una constante. Ya sea de manera violenta, a partir de resquicios legales, combinando ambas estrategias, coaccionando asambleas, por medio de presión a instancias gubernamentales o por expulsión directa, estas prácticas hacen que la explotación de recursos y su conservación apunten a un mismo objetivo: la acumulación de capital por sectores privilegiados en detrimento de poblaciones despojadas de sus formas de vida.

En el extractivismo los espacios más perjudicados por este generalmente son aquellos en que se asientan pueblos originarios, donde se violan diversos derechos -particularmente el de autonomía y a tener una consulta adecuada-, lo que provoca tensión pues las concesiones otorgadas por el Estado a consorcios normalmente se dan sin el conocimiento o consentimiento de los afectados. Tal escenario ha desembocado en procesos de organización comunitaria en defensa del territorio y en denuncias contra el gobierno mexicano interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (^{Valladares, 2017}).

En los últimos años el derecho a la consulta es particularmente recurrido por muchas comunidades originarias que han visto afectados sus territorios, aunque se ha planteado que en las consultas es complicado esperar que se tomen en cuenta las opiniones de los pueblos en las decisiones finales porque suelen ser vistas por el gobierno y las empresas como un obstáculo para el desarrollo. También se ha establecido que, si bien las comunidades pueden dar su opinión en estos espacios, no tienen la capacidad legal de vetar los proyectos desfavorables para su vida comunitaria (^{Murcia, 2014}). Es decir, la idea de la consulta se fragua para buscar la legitimación de las actividades de las empresas extractivas en los territorios indígenas con base en una retórica fincada en el respeto a los derechos humanos y la interculturalidad, pero sin escuchar su voz ni respetar su palabra.

Es importante no dejar de lado el denominado fracking, introducido en México a partir de las reformas constitucionales llevadas a cabo entre 2013 y 2017, que han permitido crear una estructura jurídica que avala la exploración en espacios pertenecientes a pueblos originarios que en teoría tienen derecho a ser consultados. El fracking ha generado diversos conflictos porque entra en contradicción con normas que protegen el agua, sobre todo la subterránea, debido a que acarrea nuevas prácticas de explotación de recursos naturales, y también ha sido catalogado como un novedoso mecanismo de despojo de agua a comunidades campesinas y territorios indígenas (^{Jacobo, 2020}).

Este modelo de extracción, principalmente de gas natural y petróleo, se basa en fracturas hidráulicas que se realizan para acceder a depósitos donde se complica la extracción de estos recursos. Cabe destacar que este tipo de extracción se ha limitado en diversos países por los riesgos que implica para los entornos natural y humano, aunque en el contexto mexicano no se han puesto restricciones en su aplicación. Entre los peligros que implica el fracking destacan la contaminación del agua subterránea por la gran cantidad de químicos que se usan en el proceso de extracción, la estimulación de placas tectónicas -que puede producir terremotos-, la contaminación del aire y el deterioro de la salud de los habitantes de poblaciones cercanas. Las regiones norte y sur de México son las que se encuentran en mayor riesgo por esta práctica, en particular los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León (^{Castillo, 2014: 46}).

Extractivismo, despojo y alternativas comunitarias en Oaxaca

Para desarrollar este apartado se ha elaborado un breve contexto del despojo territorial en Oaxaca y la organización social en torno a la defensa del territorio. Posteriormente se pone énfasis en dos casos en los que el turismo ha sido punta de lanza para generar alternativas frente al despojo territorial y la exclusión. Se presta especial atención a la comunidad de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, y al denominado Geoparque Mundial Mixteca Alta (GMA), que involucra a nueve municipios de la región. En estos espacios la organización social y su estructura política fundamentada en usos y costumbres³ han permitido el consenso y la construcción de alternativas económicas que anteponen lo comunitario a los intereses privados.

En el afán de visualizar los escenarios de tensión que se presentan a partir de la incursión de agentes externos a las comunidades con la intención de explorar y explotar territorios comunitarios, se traen a colación dos experiencias. Un primer caso aborda el escenario social en torno a la construcción de la presa Paso de la Reina en la región Costa, y en el segundo se trata brevemente la incursión de parques eólicos en la región Istmo de Oaxaca, particularmente en el municipio de Juchitán.

Con respecto al caso presa Paso de la Reina, la confrontación se presentó entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas inversoras y, por otro lado, los pobladores que se verían afectados por la inundación de su territorio. Es importante destacar que muchos de los ciudadanos afectados son miembros activos de organizaciones religiosas o sindicales, por lo que han generado una cultura del consenso y el diálogo. La confrontación entre estos grupos se presentó cuando la CFE y los inversores comenzaron a prometer beneficios a los habitantes de las comunidades afectadas para obtener el permiso de utilizar su territorio; también crearon la Oficina de Atención Social y Supervisión de Estudios (OASSE), que buscaba la integración de las poblaciones al proyecto y contrarrestar la inconformidad social. Por su parte, las poblaciones crearon el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que consolidó dos ejes de acción, uno de construcción de tejido social en contra de la presa y en defensa de los recursos naturales y una vía jurídica para contrarrestar la violación de los derechos de los pobladores (^{Tinajero y Peña, 2018}).

Otro caso paradigmático en el contexto oaxaqueño es el de las empresas de energía eólica asentadas en el istmo de Tehuantepec, específicamente en el municipio de Juchitán. Se ha planteado que este hecho lo inscribió el gobierno en el marco de la apertura del sector energético para beneficiar a la iniciativa privada en un contexto de violación de los derechos de muchas poblaciones indígenas. En Juchitán una de las primeras violaciones fue el derecho a la consulta, que se realizó pero no se circunscribió a las pautas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, dos grupos se confrontaron; por un lado, las autoridades municipales, estatales y federales, junto con empresas eólicas, y por otros habitantes de la región; ambos grupos elaboraron discursos para justificar y hacer valer sus intereses (^{Hernández y Joaquín, 2017}).

La incursión de empresas eólicas en el istmo de Tehuantepec generó un escenario complejo en el que están involucrados diversos actores. Existen voces variadas, pero en general los arrendatarios afirman que fueron engañados en la mediación ante privados para el alquiler de sus territorios, y cuestionan la falta de información sobre los impactos y riesgos del parque eólico. Los ciudadanos que no cuentan con tierra no perciben ventajas de los parques eólicos, y de asume que no están informados sobre los riesgos que corren. La autoridad municipal recibe los beneficios monetarios por el pago de derechos y trámites, mientras que las autoridades de bienes comunales se encargan de lidiar con las empresas y pocas veces reciben compensación económica. En términos generales, las autoridades ejidales se sienten abandonadas por las autoridades municipales, estatales y federales en las negociaciones y la relación que deben mantener con las empresas (^{Nahmad, Nahón y Langlé, 2014}).

Cabe destacar que el istmo de Tehuantepec, por su ubicación geográfica, ha sido un espacio de disputas e intenciones de modernización, y es visto como polo de desarrollo a partir de la industrialización. De ahí planes como la construcción del tren transístmico o la zona económica especial del istmo de Tehuantepec, proyectos que han generado mucha polémica y confrontación con grupos sociales porque no son consensados con poblaciones que, por ser comunidades indígenas, tienen derecho a ser consultadas. En este escenario de creación de proyectos implementados de arriba hacia abajo, también ha habido propuestas de comunidades que muchas veces no son visualizadas ni apoyadas por gobiernos estatales o federales, que van a contracorriente, pero a pesar de las dificultades tienen una valoración social positiva como alternativas comunitarias.

Para ejemplificar dichas alternativas ante estas situaciones de tensión y conflicto por el territorio, se presentan a continuación dos casos. Por un lado, la experiencia de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, que se enfoca en la organización social y el turismo comunitario, y por otro, la del Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta (GMA), en la región Mixteca de Oaxaca, donde el trabajo colaborativo con el Instituto de Geografía (IG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha convertido un espacio históricamente olvidado y excluido por las autoridades en un laboratorio vivo, en el que los propios pobladores explican procesos de formaciones pétreas y diversos procesos de erosión, lo cual lo convierte en una experiencia de turismo educativo sin precedentes en México.

Con respecto a Capulálpam de Méndez, se ha planteado que es un lugar con antecedentes mineros que datan de hace varias décadas; pero en el contexto actual las amenazas del sector extractivo se han agudizado debido a reformas políticas que favorecen la extracción industrial por su potencial como actividad impulsora de la economía. En este sentido, la extracción de recursos naturales se enfoca en la rentabilidad económica y no suele respetar aspectos culturales y sociales del contexto donde interfiere. La búsqueda de la maximización de ganancias económicas de consorcios extractivos se contrapone con la lucha y demanda de respeto al derecho de consulta de muchas comunidades indígenas que se oponen a la destrucción de sus territorios. En este contexto, en 2002 la comunidad de Capulálpam negó a la empresa La Natividad la explotación de minerales en su territorio (^{Fuente y Barkin, 2013}).

Lo referido en el párrafo anterior es ratificado por el presidente de bienes comunales de la comunidad de Capulálpam, Néstor Baltazar Hernández Bautista,⁴ quien fue ponente en el diplomado Autonomía y Libre Determinación de los Pueblos Indígenas.⁵ En este espacio el presidente refirió que su mejor defensa como comunidad frente a iniciativas de despojo territorial ha sido su forma de organización política, configurada en los denominados usos y costumbres y el régimen comunal de tenencia de la tierra. Tales factores les han permitido resolver problemas y tomar decisiones sobre su territorio de manera interna en asambleas. Otra figura de decisión intracomunitaria es el denominado Consejo de Ancianos o Consejo de Caracterizados.

Esta figura permite que las relaciones de poder entre la autoridad municipal y la de bienes comunales se encuentren en equilibrio. También ofrece información y consejo a la asamblea comunitaria en la toma de decisiones y resolución de problemáticas. Su palabra es importante por la experiencia de sus integrantes debido a que han ocupado todos los cargos comunitarios existentes, por lo que el Consejo de Caracterizados es una figura con autoridad moral para los ciudadanos y las autoridades actuales.

La asamblea comunitaria también se ha convertido en una instancia de cuidado y valoración del trabajo de las autoridades que dejan sus cargos, y guía las actividades de las que son electas y asumen el poder. En Capulálpam, desde hace varios años, las autoridades se someten al escrutinio de la asamblea, que trazó una ruta de acción a largo plazo, plasmada en un plan municipal de desarrollo que se debe cumplir independientemente de la ideología de la autoridad electa. En este sentido, si el presidente municipal saliente dejó algún pendiente, el nuevo tiene la obligación de finiquitarlo. El trabajo de las autoridades es comprobado ante la asamblea de manera documental, pero también en recorridos por las obras realizadas o en los avances de ellas.

En caso de que existan dudas e inconsistencias con respecto a la labor de las autoridades, la asamblea comunitaria y el Consejo de Caracterizados cuentan con la jurisdicción para hacer llamados de atención, e incluso pueden llegar a destituir a quienes no hayan cumplido con lo estipulado por la asamblea en el plan municipal de desarrollo. La estructura que se presenta responde a la intención de la comunidad de recuperar la gobernanza comunitaria indígena. Un aspecto central de esta recuperación es formar en el sistema de usos y costumbres a las nuevas generaciones para que la forma de organización no se pierda con el paso del tiempo.

La transmisión de la organización comunitaria enfrenta dos grandes obstáculos. El primero es la forma de pensar según la cual muchos padres de familia añoran que sus hijos no padezcan las dificultades que ellos padecieron. Tal situación aleja a las nuevas generaciones del sistema de cargos comunitarios porque para muchos representan una carga, una labor extra sin remuneración económica de la que llegan a ser eximidos los más pequeños. El segundo obstáculo es el hecho de que los jóvenes salen cada vez más de la comunidad con el afán de hacer estudios profesionales, lo que los aleja de las dinámicas comunitarias. Para enfrentar estos retos se apuesta por el reforzamiento de los procesos educativos oficiales con alternativas de formación coordinadas con diversas organizaciones.

La Unión de Comunidades Zapoteco-Chinantecas es una organización regional que busca la preservación de los bosques; en su oferta educativa para niños, niñas y jóvenes se encuentran pláticas sobre el cuidado del medioambiente, y se refuerzan aspectos relacionados con la gobernanza comunitaria. La música es otro vehículo a través del cual se transmiten valores comunitarios; Oaxaca se caracteriza por sus bandas comunitarias. Los niños desde muy pequeños aprenden el oficio con el apoyo de las autoridades y la propia comunidad. Una vez que están formados, se les comisiona para dar tequio -apoyo no remunerado- en actividades que la comunidad o la autoridad requiera. En esta dinámica, además de aprender música, experimentan la corresponsabilidad. A los niños también se les involucra en actividades de reforestación u otras que la comunidad necesite.

Cabe señalar que estas actividades de formación en el cuidado ambiental podrían articularse con programas sociales implementados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el denominado Sembrando Vida, que se dirige precisamente a combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, así como a fortalecer los ejidos mediante el fortalecimiento del tejido social y la organización comunitaria.

Esta forma de organización y transmisión de conocimientos ha creado una fuerte conciencia de la defensa del territorio, que se fundamenta en tres pilares. El primero lo representa la recuperación de sus bosques, que durante un periodo estuvieron concesionados a la Fábrica de Papel Tuxtepec. El segundo se relaciona con lo planteado anteriormente, es decir, con una mayor escolarización. El tercero es el despido de trabajadores realizado por la minera, lo que les dio a los habitantes de la comunidad la posibilidad de pensar en generar alternativas laborales a partir de la recuperación de su territorio.

Estos factores se refuerzan con algunas experiencias de organización que han permitido a la comunidad experimentar su autonomía. Con respecto al turismo, en 2010 Capulálpam intentó integrarse al programa Pueblos Mágicos de México. Al postularse se experimentaron diversas problemáticas, como la coacción de las instancias gubernamentales involucradas para que en Capulálpam se deslindara una parte de la propiedad comunal para permitir la incursión de la iniciativa privada. La petición fue analizada en la asamblea comunitaria, que no aceptó tal situación. Se propuso que se permitiera a la comunidad manejar colectivamente los espacios, dadas sus formas de tenencia de la tierra y organización social, y se priorizó a los ciudadanos con recursos e interés en invertir en infraestructura.

La oferta turística de Capulálpam no se limita a la denominación de pueblo mágico, también ofrece turismo de aventura. Entre otras estrategias de fortalecimiento y capitalización comunitaria se encuentran un aserradero que da trabajo a jóvenes y padres de familia, una pequeña empresa de aprovechamiento de grava y piedra y una distribuidora de agua purificada. Esta estructura económica generada por la comunidad es gestionada mediante la toma de decisiones en la asamblea, y se fundamenta en el sistema de cargos comunitarios. Se procura no otorgar beneficios económicos directos a los comuneros; en todo caso, las ganancias generadas se reflejan en obras que fortalecen la vida comunitaria, como la construcción o remodelación de escuelas o clínicas de salud.

Con respecto al GMA, es un proyecto con varias aristas. Se relaciona con la conservación de espacios geológicamente trascendentes por sus características geomorfológicas, pero la conservación implica también la generación de espacios laborales para que los habitantes del lugar puedan concretar alternativas económicas a partir del buen manejo de su territorio. Además tiene que ver con la geoeducación tanto de los visitantes que llegan como de los propios habitantes de los territorios. Este tipo de propuestas de turismo educativo surgieron en Asia y Europa a principios de 2000, pero en la última década han arraigado en Latinoamérica, donde se les da un toque particular porque muchos de los geoparques se encuentran enclavados en territorios indígenas, y en algunos casos pueden coincidir con procesos de lucha y resistencia de habitantes originarios (^{Orozco, 2020}).

Así, el discurso de los guías locales se convierte en una intrincada combinación de conocimiento geomorfológico y saberes culturales ancestrales de los pueblos originarios, que se van tejiendo durante la visita a diversos geosenderos o geositios (^{Palacio, Fernández y Rosado, 2019}). Estos espacios de explicación fueron consensados entre los investigadores del IG y los guías -pobladores de las localidades- capacitados por la instancia educativa para desarrollar su trabajo de explicación paisajística a los visitantes.

En sintonía con el trabajo realizado en Capulálpam, la idea de este proyecto se centra en que los propios habitantes se conviertan en generadores de desarrollo a partir de sus conocimientos locales y el cuidado de su territorio con la asesoría y el acompañamiento de investigadores, con lo cual se genera un proceso innovador de investigación acción participativa. Cabe destacar que no necesariamente en todos los geoparques del mundo se sigue esta lógica, pero en los procesos del GMA sí está presente.⁶

El CGG partió de la idea de retomar los procesos locales de organización comunitaria para sensibilizar a las autoridades y la población en general sobre la importancia de contar con el GMA como plataforma de construcción de alternativas turísticas, económicas y organizativas de alcance no solamente local sino también regional. Así fue como el CGG se convirtió en una asamblea bimensual permanente en que las autoridades, junto con guías locales, construyeron un reglamento -lineamientos- para el manejo del Geoparque; pero lo más destacado fue que este espacio se convirtió en un foro permanente donde las autoridades discutían sobre sus problemáticas y las posibles soluciones como región, como un cuerpo de nueve municipios, con mucho mayor fuerza y peso frente a interlocutores como las autoridades estatales y federales, para superar la relación atomizada e individualizada que tradicionalmente se tiene con las instancias oficiales.

En diversas charlas con autoridades municipales y de bienes comunales, así como con guías locales, durante el periodo comprendido entre 2017 y 2019 se pudo constatar la existencia de algunos elementos que impactaron en las comunidades a partir de la incursión del GMA. Un elemento por demás significativo es el cambio de percepción sobre el territorio. La Mixteca se caracteriza por su alto grado de erosión, lo cual dificulta el desarrollo de procesos agropecuarios; a esta característica se debió la perspectiva de que era un «desastre natural» y un lugar poco productivo. Esto, aunado al olvido de las autoridades, creaba una visión pesimista de su espacio en los habitantes.

A partir de la creación del GMA, esta imagen de la Mixteca fue cambiando. De ser identificada como un espacio en situación de desastre natural pasó a ser un laboratorio vivo donde se pueden explicar y entender claramente diversos tipos de erosión, y se convirtió en un foco de atención mundial. La alfarería ancestral del municipio de Santo Domingo Tonaltepec, que estaba a punto de desaparecer y era poco valorada, comenzó a adquirir una nueva dimensión y a cristalizar como una alternativa económica gracias al aumento de visitantes. La adquisición de conocimientos científicos con la asesoría de investigadores del IG y el rescate de conocimientos locales han generado arraigo en los pobladores, así como la revalorización de sus raíces indígenas y de su lengua originaria.

Como muestra de lo planteado en el párrafo anterior, se hace referencia a dos reuniones importantes realizadas en 2019. La primera fue una asamblea del Comité General del Geoparque realizada el 10 de enero en la comunidad de Chachoapam, en la que coincidieron las autoridades comunales y municipales de los municipios que integran el GMA, así como guías y personas interesadas en conocer sobre el proyecto. En dicha asamblea, entre otros temas, se informó de la cantidad de estudiantes y académicos que visitaron el Geoparque en octubre, noviembre y diciembre de 2018.

Se informó en plenaria que durante estos meses se desarrollaron 13 prácticas, en las que visitaron el Geoparque estudiantes de la Ciudad de México, Morelia y Campeche, y que también llegaron investigadores de Italia, Colombia y España; en total se recibieron 114 personas. Las visitas al Geoparque tienen el objetivo de mostrar in situ procesos geofísicos como el intemperismo esferoidal, la formación de diques, su exposición debido a la erosión, las diversas capas del suelo y la manera en que los antiguos y actuales mixtecos utilizaron y siguen utilizando las condiciones territoriales para generar cultura. Estos elementos le dan sentido al laboratorio vivo que pretende ser el GMA.

A estos datos proporcionados por el personal de la UNAM a los asistentes a la asamblea se suman las estadísticas de visitantes de los últimos cinco años. En 2015 se recibió a 199, en 2016 llegaron 898, en 2017 se contabilizaron 1 371, en 2018 se registraron 2 754 y en 2019 se tuvo la presencia de 3 781. En 2020 hubo un estancamiento en las visitas al GMA debido a la pandemia de covid-19, pero ya comienzan a reanudarse las actividades.

Con respecto al tema económico, se expuso que durante el periodo mencionado hubo una derrama de 206 867 pesos, que se repartieron en diferentes municipios del GMA. Gran parte de estos recursos se circunscribe a alimentación proporcionada por familias, en una dinámica definida por las autoridades correspondientes para evitar la concentración de recursos en un solo espacio. El transporte y el hospedaje -muchas veces en las propias casas de los habitantes de los municipios- son otros rubros que resultaron muy beneficiados. La venta de artesanía no se contabilizó, pero también representó un porcentaje importante.

El 28 de febrero se realizó la segunda reunión, esta vez con guías del GMA, en la que se discutió la manera como eran remunerados y se sentaron las bases para la creación de una reglamentación de guías y la planeación de capacitaciones en diversos temas, proporcionadas por personal de la UNAM y otras instancias de gobierno y no gubernamentales. Se reconstruyó la manera en que fueron asignados como guías, muchas veces a manera de cargo comunitario y otras como voluntarios en asamblea. Recordaron que al principio no recibían una remuneración fija sino un apoyo de entre 100 y 120 pesos por recorrido.

Ante esto se trabajó en una propuesta según la cual recibirían 400 pesos por recorrido, los guías nuevos y en proceso de aprendizaje recibirían 300 mientras su desenvolvimiento les permitía recibir la cuota mayor. El incremento en su remuneración y su formalización se acompañó del compromiso de asistir a las capacitaciones y apegarse a la reglamentación. El aumento, la reglamentación y la propuesta de que recibieran capacitaciones posteriormente se presentaron al CGG para que lo avalara, lo cual sucedió.

Para finalizar, se hace referencia a una iniciativa de investigadores del ig que fue cobijada por las comunidades que integran el GMA: la creación de la organización Amigos del Geoparque, A.C., que se formalizó en 2019 y en la cual participan investigadores, pobladores y líderes sociales como exautoridades y personas comprometidas con su territorio. Dos actividades que se han efectuado gracias a la participación de Amigos del Geoparque son un donativo al Comisariado de Bienes Comunales de Tonaltepec para la construcción de su Casa de la Tierra y la realización de un taller de arte y ecología para jóvenes de varias comunidades del Geoparque.

Conclusiones

En las últimas cinco décadas el sistema capitalista neoliberal ha pasado de prácticas extractivas y de despojo territorial marcadas por la violencia directa a procesos de despojo un tanto más sofisticados, que se justifican con discursos de respeto a los derechos humanos y el cuidado medioambiental, cobijados con reformas estructurales que legalizan sus prácticas y les facilitan la desposesión de amplios territorios. Uno de los nuevos discursos es precisamente el turístico; fincado en la protección ambiental, el turismo focalizado y la comercialización de aspectos culturales, mantiene procesos de desigualdad, precarización laboral y despojo territorial.

Paralelamente, muchos pueblos se han organizado y capacitado con alianzas estratégicas para no ser despojados de su territorio y generar alternativas basadas en sus conocimientos y apelando a la protección de su territorio. En este sentido, el convenio 169 de la OIT ha sido muy importante, aunque no suficiente. Es de resaltar que estos pueblos han apelado a la legalidad en un marco desigual, que no los favorece debido al poder político y económico y la afinidad que tienen con autoridades los grandes consorcios con los que se confrontan. Con todo esto en contra, luchan, resisten, construyen alternativas y demuestran que es posible pensar en otros tipos de capitalismo.

Las experiencias aquí presentadas son un botón de muestra de que la organización social puede llegar a tener mucho peso y a convertirse en un verdadero contrapeso ante la invisibilización de derechos como el de la autonomía. Se ha mostrado cómo la relación entre instancias de investigación y comunidades puede redituar en la potenciación de propuestas participativas, y cómo la formación de conciencia social puede lograr la construcción de alternativas económicas fundamentadas en el comunitarismo, el cuidado ambiental y cultural y el arraigo territorial ◊