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Introducción
La violencia que ha caracterizado la política en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo XX sigue copando el debate público, intensificándose en el marco del confinamiento provocado por la Covid-19. Desde la declaración del estado de alarma el 18 de marzo de 2020, tuvieron lugar múltiples asesinatos y masacres (Naciones Unidas, 2021), reflejando la fragilidad democrática de este sistema político y la importancia de la presencia en el terreno de las organizaciones internacionales. Por ello, estas organizaciones se han convertido en un altavoz internacional, denunciando la coyuntura y acompañando a las personas defensoras de Derechos Humanos (PDDDHH), así como a firmantes de la paz en el proceso de reinserción en la vida sociopolítica, quienes ahora vuelven a ver su vida peligrar.
El Estado colombiano declaró el conocimiento de 53 asesinatos de PDDDHH y 135 del Programa Somos Defensores hasta septiembre de 2020 (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020; OEA, 2021). Por otro lado, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas alertó de 73 asesinatos de firmantes de paz (La Vanguardia, 2021). En 2021, 57 PDDDHH, de liderazgos sociales y 22 firmantes de paz han sido asesinados o desaparecidos (Observatorio de DDHH, conflictividades y paz, 2021). En estos datos no se incluyen 44 muertes de manifestantes, 4 687 casos de brutalidad policial, 2005 casos de arresto arbitrario, 228 casos de disparos de arma de fuego y 784 intervenciones violentas por parte de la policía durante el Paro que empezó el 28 de abril (Temblores, 2021).1
Desde 1991 hasta 2022, la inseguridad, la incertidumbre y la poca resolución de las instituciones gubernamentales para frenar o minimizar los abusos y las restricciones al libre ejercicio de la participación política y defensa de los Derechos Humanos (DD. HH.) ha producido un debilitamiento del Estado y la salud democrática de la sociedad colombiana. Como explica O’Donnell (2011), la democratización no es un punto de llegada, sino que es un proceso siempre abierto e inacabado. El desafío de la democracia no se halla únicamente en su formación, sino en el desarrollo de sus instituciones y en la promoción de todas las libertades fundamentales, las cuales deben colaborar en la promoción de una ciudadanía más participativa, abierta, plural y democrática (Lanza y Kaye, 2018). Con esto, se hace referencia al funcionamiento de la llamada democracia plena, que incluye un régimen político pero que no se agota en él. Este régimen implica elecciones competitivas e institucionalizadas, así como un conjunto de libertades de asociación, expresión, movimiento y la existencia de otras ciudadanías (O’Donnell, 2008: 26).
La negociación, firma y puesta en marcha de los Acuerdos de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre de 2016, puede ser reconocido como el primer paso que dio el Estado -y la sociedad colombiana- para comenzar a dirigirse hacia un sistema democrático pleno. Este proceso ha sido reforzado por la realización de los procesos electorales competitivos en los que participan firmantes de paz a través del partido político Comunes. Sin embargo, su presencia en la competencia electoral de 2018, 2019 y 2022 se vieron limitadas por la retirada y las ejecuciones de los que dirigían el partido político. Por otro lado, también se han presentado matanzas de liderazgos sociales y de PDDDHH.
En 2021 se registraron 996 agresiones a liderazgos sociales, 102 homicidios de PDDDHH y 26 homicidios de firmantes de paz, en 96 masacres en las que fallecieron 343 personas (Comisión Colombiana de Juristas, 2022; El Espectador, 2022). Estos datos contrastan con los proporcionados por parte de la Defensoría del Pueblo, que señala que únicamente fueron agredidos 145 liderazgos y PDDDHH. La vulneración de los DD. HH. ha afectado directamente a la democracia y a la sociedad colombiana. Por una parte, provoca la desvalorización de la democracia, “tanto por los que en algunos momentos la vieron como una trampa insidiosa tendida por el ‘sistema’ para perpetrarse, como por los que, en otros momentos, la consideraron un obstáculo para lograr la necesaria y justificable eliminación de los adversarios” (O’Donnell, 1982). Mientras que, a nivel social, se incluye no sólo el componente de la actual y constante ejecución de PDDDHH y firmantes de paz, sino las secuelas que ha dejado la práctica de los falsos positivos.
El término acuñado por la prensa “falso positivo” hace referencia a la figura retórica utilizada en el mundo militar cuando se lleva a cabo una misión. Cuando dicha misión es un éxito, se adjetiva como “positivo”; por ello, “falso positivo” indica un falso éxito. A partir de esta nomenclatura militar, se utiliza esta expresión para recordar la práctica que se agudizó en el periodo 2002-2010 por la que muchos ejecutados no eran guerrilleros como se afirmaba (Semana, 2019). Por este motivo, entendemos como falsos positivos aquellas ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por parte del personal militar con la intención de hacerlas pasar por miembros de grupos armados ilegales muertos en combate entre 2002 y 2010 [Sentencia Villamizar Durán y Otros vs Colombia, CIDH del 21 de diciembre de 2018]. Se adjetivan como “prácticas extrajudiciales” porque se cometen fuera del sistema jurídico colombiano (Gutiérrez, 2013); éstas siguen marcando el presente de las familias, quienes exigen conocer la verdad y persisten en la búsqueda de desaparecidos, a la vez que luchan por un sistema democrático más seguro, en el cual se cumplan las normas constitucionales y se garantice la protección de los DD. HH.
La investigación que aquí se llevó a cabo, analiza cómo la falta de voluntad gubernamental ha limitado la protección de la sociedad colombiana y cómo la implementación de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe estimuló la existencia de los falsos positivos hasta el 2010, y el asesinato de PDDDHH y liderazgos sociales en pleno siglo XXI. Estos factores han contribuido a la baja implementación de los Acuerdos de paz de 2016 y a una menor consolidación de la democracia colombiana. Se concluye que el cambio de la política interior del nuevo presidente Gustavo Petro puede estimular un mejor proceso de democratización. Finalmente, el acompañamiento internacional se ha revelado como una herramienta efectiva para facilitar la construcción de espacios de seguridad y de diálogo entre las instituciones del gobierno y las PDDDHH, los liderazgos sociales y los firmantes de paz para garantizar el libre ejercicio de sus derechos constitucionales con todas las garantías de seguridad correspondientes a una sociedad democrática. Además, puede facilitar los espacios necesarios para la puesta en común de experiencias personales y llevar a cabo las denuncias correspondientes por la desaparición de sus seres queridos.
El artículo dialoga con las características de la democracia defectiva colombiana con el modelo de democracia plena de O’Donnell. Este diálogo es contrastado empíricamente utilizando la entrevista como técnica de investigación. Durante el trabajo de campo, se realizaron 60 entrevistas2 en los Departamentos del Meta y Guaviare durante el mes de agosto del 2019. Unido a ello, se hizo una profunda revisión bibliográfica y de los discursos oficiales. Para demostrar la hipótesis de análisis se ha estructurado este artículo en seis partes:
1)se describe un breve acercamiento a las causas que provocaron el surgimiento y la prolongación del conflicto armado en Colombia hasta el 2022; 2) se estudia el efecto que ha tenido en la sociedad colombiana la implementación por parte del Gobierno colombiano de la política de seguridad democrática y la impunidad, además de explicar las formas en que provocaron el aumento de falsos positivos; 3) se realiza un breve análisis del papel del Estado en la garantía de los DD. HH. en el marco del conflicto armado; 4) se analiza el impacto que ha tenido para la sociedad y la democracia colombiana la firma del Acuerdo de paz de 2016 en La Habana, Cuba; 5) se plantea la relevancia que ha tenido el acompañamiento internacional en la configuración de un espacio de seguridad; y 6) se presentan las reflexiones finales, que incluyen los resultados más significativos de la investigación y los efectos que puede tener el acompañamiento internacional para seguir reforzando un régimen democrático en Colombia.
Breve relato histórico del conflicto armado en Colombia
Entre la década de 1960 y 1970, se presentó en Colombia un aumento del cultivo de la planta de coca y del procesamiento de la hoja. Esta mayor producción conllevó una propagación de esta droga y, consecuentemente, un consumo más pronunciado en otros países, lo que, acrecentó su producción: a mayor consumo, mayor demanda; esto facilitó la consolidación de un mercado de cocaína gestionado por narcotraficantes importantes (Mejía y Rico, 2010). El aumento del narcotráfico contribuyó a la degradación del conflicto en el país y al aumento de la violencia. Este problema afectaba -y sigue afectando- la calidad de la democracia en Colombia, siendo las clases más desfavorecidas y rurales las que resultaron más perjudicadas. Por este motivo, la única opción viable para sobrevivir en estas regiones y obtener recursos económicos era incorporarse a la compraventa de los cultivos de coca. Un firmante de paz entrevistado (José Juan, 2019) declaró que les resultaba más fácil sacar cinco kilogramos de coca en moto que cinco kilos de yuca en coche, dado que lo primero podía ser transportado en la chaqueta o mochila mediante la realización de un viaje en pocas horas, mientras que para desplazar lo segundo se necesitaba un medio de transporte más grande y el doble de horas.3
Esta situación causó una mayor sensación de inseguridad para el campesinado y contribuyó al incremento en las movilizaciones de la guerrilla. Por su parte, el gobierno colombiano, en su lucha contra las FARC-EP, replicó la estrategia implementada por Estados Unidos (EE. UU.) y desarrollada en la década de los años sesenta y setenta. En Colombia, la aplicación de estas medidas se llevó a cabo a través del Plan Laso en 1962, enmarcado en la Doctrina de la Seguridad Nacional colombiana. El núcleo de este plan era reducir las guerrillas, sin embargo, empujó el surgimiento de nuevos núcleos, como los casos de las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). En 1978, y como respuesta al paro de 1977, se redactó el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, convirtiéndose en “la expresión máxima del estado de sitio” (CEV, 2020) y acarreando consigo actuaciones alarmantes de la policía y las fuerzas militares (CEV, 2020). Mediante este estatuto, se creaba un modelo de control de la oposición política y “de ‘represión legal’ que se distinguió por diferentes tipos y grados de prácticas violatorias de los DD. HH. enmarcadas en medidas legales expedidas y ratificadas por esta política de seguridad” (Jiménez, 2009: 91).
Tras la llegada de la cocaína a EE. UU., Nixon declara, por un lado, la “guerra contra las drogas” [War on Drugs] y, por otro, la “guerra contra el comunismo en territorio latinoamericano”, especialmente en Colombia. En los años ochenta, con Reagan y Bush, respectivamente en la presidencia, la guerra contra las drogas se impregna de tintes militarizados y, por ello, en Colombia se persiguió a los cárteles de la droga (Rosen y Zepeda, 2016: 75). Por otro lado, se ascendió la inversión económica norteamericana en el territorio colombiano hasta los 16 millones de dólares estadounidenses (Linton, 2015), destinados al fortalecimiento de las instituciones y de la lucha contra las guerrillas. A pesar de esta inversión, ambos gobiernos fueron incapaces de obtener los resultados esperados. Por ejemplo, en la misma década de 1980, el aumento de los secuestros cometidos por parte de las guerrillas provocó que los narcotraficantes pusieran en marcha el denominado grupo “Muerte a Secuestradores” (MAS), el cual tenía como principal finalidad ejecutar a dichas figuras.
Este escenario consolidó las denominadas autodefensas, es decir, grupos originados por mandatarios de las Fuerzas Armadas colombianas, por fuerzas políticas y debido a un aumento de la violencia en las regiones montañosas (InSightCrime, 2011), ya que el escuadrón no sólo se centró en secuestradores, sino también en civiles que se presumía que estaban relacionados con las guerrillas. En este contexto, muchos de estos grupos terminaron trabajando para narcotraficantes y terratenientes, dejando de lado su objetivo inicial.
Ante esta situación, gobiernos colombianos subsecuentes se esforzaron por desarrollar procesos de negociación y paz con las guerrillas, pero nunca lograron una estabilidad pacífica a largo plazo. En 1982, el entonces presidente Belisario Betancur planteó una apertura democrática que facilitaría la participación de movimientos políticos alternativos a los establecidos a nivel estatal, por ejemplo, el partido político Unión Patriótica (UP), nacido en 1984 como resultado de los Acuerdos de la Uribe, que contemplaban el cese al fuego, la tregua y paz entre el gobierno y las FARC (Mora, 2016). Para poder llegar a una expresión democrática de tal magnitud, se convocó a las urnas a la población para elegir a los alcaldes. Sin embargo, esto quedó lejos de ser una oportunidad real, dado que llevó a la persecución de miembros de la UP por parte de paramilitares y el ejército, culminando en el asesinato de más de 4 000 militantes (Mora, 2016; CNMH, 2018). Este hecho fue considerado como un acto de genocidio político y la mayor represión política de la historia contra un partido (CIDH, 2022; CNMH, 2018), además de limitar la calidad de la democracia (O’Donnell, 1982).
De esta manera, entre 1990 y 1994, bajo el mandato del expresidente César Gaviria, el M-19 y el EPL se desmovilizaron y, con ello, hubo un aumento de partidos políticos fuera del bipartidismo establecido. Por su parte, en 1991 se redactó la Constitución y, siete años más tarde, con la llegada de Andrés Pastrana, se iniciaron diálogos para la paz con las guerrillas de las FARC en San Vicente del Caguán, generando expectativas tanto a nivel nacional como internacional (Ríos Sierra, 2016). Estos diálogos duraron cuatro años y fracasaron, lo que tuvo como consecuencia un escalamiento de tensiones del conflicto armado. Simultáneamente a los diálogos, el gobierno colombiano anunció su colaboración con EE. UU. mediante el Plan Colombia, cuya finalidad era la de crear políticas punitivas para luchar contra el tráfico de drogas al mismo tiempo que una estrategia para frenar y poner fin a las insurgencias presentes en Colombia. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en varias sedes estadounidenses, este país cambió su política exterior y optó por la rápida movilización de la fuerza militar y propició una guerra en el extranjero. Un año más tarde, el recién electo presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez estableció la Política de Seguridad Democrática (PSD), cuya finalidad era la de recuperar territorios tomados por los grupos adjetivados como “ilegales”, sin embargo “se desvió en varias partes, y en múltiples ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran presentados como guerrilleros muertos en combate” (Semana, 2014; OIDHACO, 2013; Cárdenas y Villa, 2013), es decir, mediante la comisión de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, como hemos mencionado. Después de dos mandatos de Uribe, los acercamientos del mandatario Juan Manuel Santos para dialogar culminaron en una declaración pública de su voluntad de instalar una Mesa de Negociación en Oslo y La Habana (Moreira, Forero y Parada, 2015). De manera efectiva, los diálogos se llevaron a cabo y el 24 de noviembre de 2016 se firmó el histórico Acuerdo de paz, con lo cual se puso fin a un conflicto de más de medio siglo. En este escenario, se activó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) con el objetivo de garantizar el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. En este marco, el acompañamiento de la sociedad internacional -en particular la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE)- junto con varios actores sociales que participaban en la política interna colombiana, estimularon la adquisición de un compromiso ético a nivel nacional, regional e internacional, además de contribuir en el fortalecimiento de la democracia en Colombia y en América Latina. Con ello, el Estado colombiano adquirió la obligación de hacer regir la ley en todo su territorio (O’Donnell, 1982). En este sentido, O’Donnell (2011) considera que no existen condicionamientos que limiten el crecimiento de la democracia y que las normas internacionales pueden estimular el desarrollo de un diálogo en igualdad de condiciones entre las partes. Al mismo tiempo, se produce un compromiso moral entre todas ellas, fruto de un diálogo sin condicionamientos, con el objetivo central de consolidar la estabilidad social y la democracia. Este aspecto toma especial relevancia ya que las leyes internacionales sancionan y promueven visiones de ética universal que pueden ser compartidas por diversas tradiciones culturales (O’Donnell, 2010), con ello, se forma parte de un horizonte normativo próximo, socialmente exigible, de la democratización e, incluso, como una línea de base para evaluar comparativamente la calidad de las democracias (D’Alessandro, 2015: 253).
Para alcanzar este horizonte normativo, el gobierno colombiano y los actores políticos están obligados a seguir los siete elementos que recomienda O’Donnell (2010): 1) la realización de elecciones libres y limpias, 2) acceso a medios legales, sociales y materiales para ejercer la agencia, 3) la fundamentación legal de derechos universales para cada individuo, 4) protección de violencia arbitraria o ilegal, 5) respeto igualitario a todos los agentes, 6) reconocimiento de la ciudadanía, por parte de los funcionarios, como sustento de la autoridad y 7) apego de las autoridades a las reglas constitucionales y legales. A primera vista, cada uno de estos elementos está presente en la democracia colombiana, sin embargo no funcionan con la calidad democrática necesaria que permita llegar al horizonte normativo en el marco político. Esta realidad es un reto para el nuevo presidente Gustavo Petro y para toda la sociedad, ya que es necesario seguir consolidando las instituciones democráticas que existen en el país y poner en marchas otras que permitan construir un sistema democrático pleno.
La puesta en marcha de tres organismos enmarcados en el SIVJRNR, encargados de gestionar el acceso y la garantía de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, puede contribuir a alcanzar el horizonte normativo antes mencionado (OACP, 2019); estos organismos -vigentes desde abril de 2017- son la Jurisdicción Especial para la Paz “como mecanismo de justicia transicional, teniendo la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado, y hasta el 1 de diciembre de 2016” (JEP, 2023), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con el objetivo de “[e]sclarecer los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera” (CEV, 2023) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que “tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto” de conflicto armado (UBPD, 2023).
Origen de los falsos positivos
La comisión de las ejecuciones extrajudiciales se remonta hasta los primeros años del conflicto armado, sin embargo, fue hasta los años 2002 a 2010 que llegó a ser un problema de gran envergadura y, consecuentemente, de importancia internacional, periodo en el que se adoptó el concepto de falso positivo (Mauricio García, director del CINEP, del 2007 al 2012).
Asegurar que esta práctica era una política institucional de facto puede resultar inexacto, pero sí se puede afirmar su directa consecuencia. Un buen número de miembros de las Fuerzas Armadas conocían su existencia y en algunos casos se ocultaron o pasaron por alto por la necesidad de entregar resultados al presidente (Morales, Peláez y Velásquez, 2009). A las Fuerzas Armadas se les ofrecían incentivos para luchar contra la guerrilla, “si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos en el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre [...] el soldado que diera más bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país” (Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012). Estos beneficios se reflejaron en la Directiva ministerial 029 de 2005, firmada por el ministro de Defensa, mediante la cual se reglamentó el pago de las recompensas y la política de incentivos. “El pago de recompensas es una práctica extendida, presente en todas las democracias. Y su reglamentación constituye la aceptación de esta realidad. Pero en la práctica la política de recompensas parece haber tenido consecuencias escabrosas” (El Espectador, 2008).
Este tipo de incentivos, junto con los castigos asociados a la falta de resultados (COHA, 2009), generó una lógica desmedida por mostrar resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la Ley (Cárdenas y Villa, 2013: 64-72). El punto clave de dicha política fue no pensar en un control específico a la fuerza pública dentro del fortalecimiento judicial. Este escenario provocó un aumento de asesinatos de campesinos y de jóvenes de barrios pobres provenientes de grandes ciudades hechos pasar por guerrilleros muertos en combate, dado que el gobierno carecía de herramientas para comprobar si efectivamente el cuerpo entregado era de un guerrillero o de un civil. Estas dinámicas se convirtieron en incentivos para trabajar con ahínco, (Laffont y Martimort, 2002: 1) motivando a los miembros del ejército a seguir luchando por la obtención de resultados y, cuando no era posible, pagaban a un informante ficticio que les pudiera justificar la solicitud de más recursos (Cárdenas y Villa, 2013: 64-72).
Los falsos positivos en número y la impunidad
Como sucede en otros contextos, en el caso colombiano el número de víctimas del conflicto armado proporcionado por el Estado no concuerda con el contabilizado por las instituciones defensoras de DD. HH. La obvia diferencia entre las víctimas contabilizadas por unos y por otros ha llevado a un aumento de la desconfianza hacia el gobierno, situando a este país sudamericano entre los 16 países que menos confían en esta institución (Edelman, 2019); 86 % de la población colombiana cree que hay corrupción en todas instituciones del Estado (Giraldo, 2019), estableciendo a las ON como “segundas instituciones más creíbles después de las empresas y esperando de ellas impactos positivos que se mantengan en el tiempo” (El Espectador, 2019). Esto concuerda con lo postulado por diferentes autores quienes afirman que, en las democracias, son tan válidas las preferencias de las mayorías como las demandas de individuos con intereses y experiencias compartidas, aunque sean minorías (Hero y Tolbert, 2004; Hänni, 2017).
El bajo prestigio social de las instituciones deja un vacío de poder legal y gubernamental abriendo la puerta a la impunidad de actores económicos, militares y no militares para ocupar el poder en aquellos espacios donde las instituciones del Estado no son capaces de llegar. Esta condición estructural ha favorecido la presencia de la violencia que tiene lugar en el país (Franco, 2003). Mientras que Ávila (2019) considera que han sido miles los que han sido asesinados por agentes estatales y los han hecho pasar por miembros de grupos armados ilegales, otros consideran que “algunos llegan a considerar la impunidad como endémica en la sociedad colombiana, estableciendo de esta manera una relación de doble vía entre violencia e impunidad” (Franco, 2003).
Entre 1988 y 2014 -y teniendo en cuenta que 97 % de los casos investigados sucedieron entre 2002 y 2008- el número de víctimas llegó a las 2 248, y 6 402 procesados por falsos positivos (EFE, 2020; CEV, s.f.), desglosadas en 3 826 soldados, 992 suboficiales y 514 oficiales, entre otros (Saffon y Güiza, 2019). Sin embargo, el estudio realizado por la ACNUDH calculó que “en el periodo que va de octubre de 2007 a diciembre de 2008 se reportaron 1.686” (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020). A este descuadre de cifras se suman las 1 741 víctimas de falsos positivos en el periodo que va desde los años ochenta hasta 2011 (Saramiento, 2019). Mientras que el Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda denunció otros 62 casos con 74 víctimas de falsos positivos, (OFB, 2019). Estas cifras inciden en el número de violaciones de DD. HH. y de ejecutados pertenecientes a zonas campesinas, la cual aumentó exponencialmente. Entre 2002 y 2010, el número de ejecuciones extrajudiciales incrementó 154 % (Cárdenas y Villa, 2013) mientras que en 1990 y 1999 la tasa era de 0.11 y del 2000 al 2009 de 0.28 (CINEP, 2011). En relación con los falsos positivos se aprecia un aumento de 52 %, pasando de 1.96 a 2.99 en los años mencionados. En términos absolutos, se demuestra que las ejecuciones extrajudiciales aumentan de 393 a 1 220; sin embargo, el número de guerrilleros dados de baja en combate pasa de 7 218 a 12 302 (CINEP, 2011) lo que lleva a concluir que el número de falsos positivos podría ser considerablemente mayor.
Tabla 1 Casos de falsos positivos en Colombia
| Casos y víctimas por año | ||
|---|---|---|
| Número de casos | Número de víctimas | |
| 2002 | 17 | 39 |
| 2003 | 34 | 52 |
| 2004 | 72 | 122 |
| 2005 | 87 | 131 |
| 2006 | 143 | 244 |
| 2007 | 241 | 388 |
| 2008 | 130 | 213 |
| 2009 | 8 | 10 |
| 2010 | 8 | 12 |
| Total | 740 | 1211 |
Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP), 2011.
Considerando los otros periodos de tiempo, se puede observar una relación de directa proporcionalidad entre la implementación de la psd y las ejecuciones extrajudiciales durante los dos mandatos de Uribe (2002-2010) (CINEP, 2011) y, a partir del año 2003, el número de falsos positivos aumentó. Estos datos permiten afirmar que la política gubernamental aplicada por Uribe propulsó la comisión de falsos positivos por la carencia de mecanismos y herramientas de control de las Fuerzas Armadas (CINEP, 2011).
Las medidas tomadas por el gobierno no surtieron los efectos esperados, ya que, como se observa en los datos de la ACNUDH, de la CIDH y del CINEP, en 2011 las víctimas de falsos positivos no habían desaparecido del escenario social, especialmente del campesinado. Este escenario es propio de la falta de responsabilidad del gobierno colombiano, entendida como una falta de reacción como dimensión de la baja calidad de la democracia; habría que hacer énfasis en la ausencia de respuesta como una dimensión de la calidad de la democracia (resultado) o como centro de la misma idea de calidad (Diamond y Morlino, 2005; Levine y Molina, 2007; Hagopian, 2005; Roberts, 2010). De acuerdo con la clasificación realizada por Inmaculada Szmolka (2012), este tipo de democracia puede ser considerada como defectiva.4 Este “déficit” democrático está presente en la sociedad, ya que el gobierno no brinda datos sobre procesos judiciales que este desarrolló para judicializar por los falsos positivos. De hecho, romper con esta práctica gubernamental sería una de las pruebas que tendrá que superar Petro y su coalición “Pacto Histórico” para garantizar una mayor transparencia democrática y mayor justicia política y legal.
A este contexto se suman las denuncias presentadas por el colectivo OFB sobre la existencia de cinco cementerios en la zona del Meta y Guaviare (Villavicencio, Vista Hermosa, La Macarena, Granada y San José del Guaviare) en los que se ha registrado la presencia de al menos 2 304 cuerpos que no han sido identificados, la mayoría de ellos registrados como muertos en combate y víctimas de falsos positivos. En este caso, no se apunta al cuerpo militar en su totalidad, sino que hace referencia directa a los batallones de la Séptima Brigada del Ejército adscrito a la Cuarta División y denuncia que, de 1 674 cuerpos reportados por dichas unidades, al menos 74 se corroboran como falsos positivos (OFB, 2019). A ello se suman 1 190 asesinatos que pueden ser relacionados de forma directa con los agentes estatales (ODHDHC Colombia, s.f.). El informe afirma que 955 son debidos a las ejecuciones extrajudiciales, y 235 a desapariciones forzadas. Aspecto que demuestra la total impunidad con la que se realizaban los asesinatos y el vacío de poder existente en las regiones más vulnerables de Colombia.
De acuerdo con el estudio, entre julio de 2002 y junio de 2007, el total de violaciones al derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado se incrementó 87. 4 % (las desapariciones forzadas aumentaron 305.17 % y las ejecuciones extrajudiciales 65.51 %). Este panorama cuantitativo pone en evidencia que la PSD no fue una medida idónea ni eficaz para garantizar y proteger el derecho a la vida (ODHDHC Colombia, s.f.). De acuerdo con O’Donnell (1982), el Estado tiene la obligación de hacer regir la ley en todo su territorio, articulándose con los rincones donde la presencia de la democracia es menor, ya que, de lo contrario, no podría garantizar la seguridad de su sociedad. Esta situación permitió que los militares que realizaban estas prácticas, después de acabar con la vida de la persona en cuestión, se centraran en ocultar cualquier tipo de evidencia que los pudiera relacionar con la comisión del hecho. De esta manera, manipulaban la información sobre lo que había sucedido y modificaban la posición y la vestimenta de las personas. Estos procedimientos son los que han proporcionado hasta ahora una vía de escape a la fuerza pública, construyendo antecedentes de impunidad en cuanto a la comisión de falsos positivos.
Política de seguridad democrática vs. derecho fundamental de la vida
A finales de 2007 en Colombia quedaron al descubierto prácticas de homicidios sistemáticos y de mercado de víctimas. Por un lado, traficantes ofrecían trabajo a jóvenes provenientes de veredas rurales con la falsa promesa de ganar grandes cantidades de dinero, posteriormente eran vendidos a miembros del ejército o se les asesinaba (Pachón, 2009: 327-353). Por otro lado, miembros del ejército colombiano secuestraban a jóvenes provenientes de barrios ubicados en las periferias de las ciudades, los asesinaban y después los daban de baja como guerrilleros (Pachón, 2009: 327-353); los estímulos que recibían los militares en el marco de la PSD propiciaron el aumento de los falsos positivos (Miranda, 2019).
De acuerdo con un reportaje publicado en The New York Times, altos mandatarios ordenaban al personal militar que doblaran el número de “criminales y guerrilleros que mataban, capturaban o forzaban a rendirse en combate” (Miranda, 2019). Por esta razón, el respeto a los DD. HH. en general y al derecho a la vida o integridad física en particular pasó a segundo plano, especialmente, por la voluntad manifiesta del entonces presidente Álvaro Uribe. La comisión de falsos positivos se centró en las zonas rurales, dado que las respuestas institucionales eran menores y menos frecuentes, lo que simplificaba dicha práctica. Se identificaron grandes repercusiones a nivel social, empezando por los desplazamientos forzados en las zonas donde los falsos positivos eran más comunes (Soledad y Egea, 2011). Como consecuencia, la población se desplazó internamente a veredas y departamentos cercanos, intentando escapar de los tratos inhumanos. En una entrevista realizada, una mujer familiar víctima de falsos positivos, declaró que “si les dicen que se vayan, ¡váyanse! No se queden con las cosas materiales, que vida hay sólo una. Si no queríamos seguir recogiendo otros [cuerpos], nos tocaba irnos de allá”.5 Muchas de estas familias siguen divididas, con familiares exiliados en países y continentes lejanos, mientras que otras siguen denunciando las desapariciones de sus seres queridos desde el territorio.
Una característica común a varios casos era la desaparición de jóvenes en un departamento y la recuperación de su cuerpo en otro más lejano, lo que complicaba el transporte y la recuperación del cadáver. Muchas familias ahorraban y recuperaban fuerzas para desplazarse hasta el área de medicina legal del departamento en el que se habían encontrado los restos sin vida del familiar; cuando llegaban, se les informaba que el ser querido era miembro de las guerrillas y que había muerto en combate, impidiéndoles la identificación del cuerpo. Otro procedimiento habitual era informar a las familias que no se había podido recuperar los restos debido al estado de estos; otras personas no recibían respuesta a sus denuncias y, aún hoy, diez años más tarde, siguen buscando a sus seres queridos. La búsqueda incesante llevó a muchas madres a enterrar a personas desconocidas, personificándolas como sus hijos desaparecidos, para poder llorar la pérdida. En otra entrevista realizada a una mujer familiar víctima de falsos positivos, declaró que “muchas familias expresan la necesidad de encontrar al desaparecido vivo o muerto, pero que lo importante es que aparezca”,6 ya que la constante incertidumbre no les permite vivir en paz.
Con el paso de los años, algunas familias se han unido para denunciar colectivamente los casos de falsos positivos y han organizado movilizaciones para reclamar al Estado que responda ante las desapariciones de sus familiares. Una de estas movilizaciones fue por parte de las madres de hijos víctimas de falsos positivos, quienes realizaron una exposición llamada “Madres Terra” en Bogotá en 2018. Madres de miles de jóvenes que sufrieron este tipo de ejecuciones extrajudiciales se enterraron dejando el rostro y los brazos al descubierto, representando el limbo en el que se encuentran: “Para que nadie se olvide de ellos, han dejado que les echen tierra encima como si se enterraran en el lugar en el que aparecieron estos jóvenes” (Marcos, 2018).
Posteriormente, en el marco de la pandemia por Covid-19, las madres víctimas de falsos positivos crearon mascarillas con el mensaje “¿Quién dio la orden?”, es decir “quién y en qué jerarquía ordenó el asesinato de sus hijos, civiles de franjas vulnerables de la población que fueron presentados como guerrilleros en una práctica que es considerada uno de los peores escándalos en la historia de las fuerzas militares del país andino” (Oquendo, 2020). De hecho, la CIDH ha observado que, tras la firma del Acuerdo de paz, los ataques violentos y mortales, particularmente los asesinatos y amenazas en contra liderazgos y PDDDHH, incrementaron sostenidamente (OEA, 2021). A esto se suma el impacto de las restricciones a la movilidad que el gobierno colombiano ha implementado para frenar la pandemia y por la falta de los recursos humanos gubernamentales necesarios para garantizar la integridad física de las personas amenazadas.
Finalmente, la ausencia de organizaciones internacionales defensoras de DD. HH. eleva el nivel de impunidad de grupos contrarios al proceso de paz y disminuye la protección para liderazgos sociales y firmantes amenazados.
El rol de Estado ante el conflicto armado
Esta realidad no es ajena al contexto colombiano, ya que, es la misma práctica que ha utilizado el crimen organizado para ocupar los territorios y penetrar las instituciones mexicanas. Como explica Estévez (2015) , en México, el Estado administra la muerte y el sufrimiento a las personas mediante una violencia privatizada que involucra a grupos criminales (Estévez, 2015: 7). Ambos países contaron con el respaldo de Estados Unidos para combatir al tráfico de drogas, al comunismo y al crimen organizado. Sin embargo, sus efectos fueron contrarios a los esperados por ambas sociedades, ya que, en ambos casos, se estimuló la degradación del sistema democrático de los dos países, al limitar la protección de los DD. HH., como el derecho a la vida en Colombia a través de la puesta en marcha de la Directiva Ministerial 029/2005 y la libertad de expresión en México, siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo (Naciones Unidas, 2022; Article 19, 2022).
Como explica Ríos (2012: 290), en la medida en que el tráfico de drogas se fue desplazando desde Colombia hacia México, el número de periodistas asesinados ha disminuido en el primer país y aumentado en el segundo. En ambos países, la inacción del Estado para garantizar el respeto de los DD. HH. provocó el enquistamiento del conflicto, el aumento de la violencia y la corrupción, así como una mayor impunidad para ejercer violencia y asesinatos por parte del crimen organizado, de los paramilitares y de los propios agentes estatales. En este punto, nos preguntamos ¿por qué el Estado colombiano no asegura la correcta implementación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la seguridad de los liderazgos sociales, las firmantes de paz, PDDDHH y del medio ambiente? En primer lugar, el Estado colombiano no ha garantizado el respeto de los DD. HH. porque no controlaba todo el territorio nacional, en ocasiones delegando en grupos paramilitares, fruto de política gubernamental puesta en marcha por Álvaro Uribe (2002-2010). Esta política tenía como objetivo incrementar el papel jugado por la sociedad colombiana el combate a la violencia. Sin embargo, no brindó los resultados que se habían anunciado, ya que, junto al Estado, existieron una multiplicidad de actores no estatales generadores de violencia, que se disputaban con este el control territorial, aunque el Estado siguió siendo un actor relevante tanto en la producción como en la contención de la violencia” (Ansolabehere, Serrano y Vázquez, 2015: XXVI).
Este contexto, fue un reflejo de la voluntad política e ideología y de la relación que existía entre los actores no estatales y los estales, durante el siglo XX y los inicios del XXI. Además, en esta etapa “los eventos de negociación fueron superiores a los de represión” (Archila, 2019: 113), dejando entrever tintes de autoritarismos, a pesar de que existiera una alternancia en el poder entre representantes del Partido Liberal y el Conservador. Como explican Arango Restrepo (2023) y Archila (2019), la tendencia autoritaria reapareció en la presidencia de Álvaro Uribe, en el contexto de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo y no disminuyó en ninguno de los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Siguiendo el ranking de Lauth et al. (s.f.) y Lemm et al. (s.f.), Colombia ha sido clasificada como “democracia defectiva”, pasando del puesto 76 con 0.61 puntos en 2019 al puesto 83 con 0.576 puntos en 2021. Coincidentemente, entre la legislatura del 2002 y 2022 los dos últimos presidentes han sido miembros del Partido Liberal, si bien el presidente Juan Manuel Santos negoció, firmó y presentó a referéndum el Acuerdo de paz con las FARC, es importante señalar que éste fue ministro de defensa durante la presidencia de Uribe. Esto es un claro ejemplo de cómo pueden cambiar la visión de las instituciones de acuerdo con el contexto histórico y así poder garantizar los DD. HH. y la paz social. La democracia en Colombia ha tendido a una COHAbitación extensa, compleja y difícil con un violento conflicto armado; el conflicto ha coartado el desarrollo pleno de las libertades civiles y políticas de muchísimos colombianos yendo en detrimento de la calidad de los procesos electorales y dificultando el desarrollo libre del pluralismo político (CEDAE, 2019: 94).
La comunidad internacional en el marco de la negociación de la paz colombiana
Con la finalidad de poner fin al conflicto armado, se estimularon las negociaciones gracias a la participación de varias organizaciones internacionales, lo cual se cristalizó en la Mesa de Negociación de Oslo y La Habana y, posteriormente, en la firma del Acuerdo de paz de La Habana. En dicho acuerdo se tratan seis grandes puntos: 1) la Reforma Rural Integral (RRI), que se centra en establecer las bases para una transformación estructural del campo y en crear condiciones que puedan incrementar el bienestar de la población rural, entre otras (OACP, 2019); 2) la participación política, estableciendo la apertura política y la ampliación democrática, donde se menciona la dejación de armas y la proscripción de la violencia como acción política (OACP, 2019); 3) el cese al fuego y a las hostilidades, la dejación de armas, la reincorporación de las FARC a la vida civil y garantías de seguridad, reubicando a firmantes de paz en Espacios Territoriales de Capacitación y Reinserción (ETCR) (OACP, 2019); 4) la búsqueda de solución al problema de las drogas, tratando el consumo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas (OACP, 2019); en este punto, se incluyó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); 5) el esclarecimiento de la verdad en lo que concierne al conflicto armado y a las víctimas como elemento clave, nacido del sentimiento de injusticia por parte de la población; 6) el establecimiento de mecanismos de implementación y verificación.
Impacto del Acuerdo de paz en la sociedad colombiana
La puesta en marcha de la JEP, CEV y la UBPD ha sido de vital importancia en el proceso de paz y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, así como en la voluntad política del gobierno para cumplir con el Acuerdo de paz. El SIVJRNR tiene como principal funcionamiento trabajar de manera coordinada “con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz” (OACP, 2019).
Por esta razón, la firma del acuerdo y la presencia de estos organismos han marcado un punto de inflexión en la historia del país, ya que es la primera vez que las FARC-EP y el gobierno colombiano se unen en un Acuerdo de paz con la finalidad de rendir cuentas ante un tribunal de jurisdicción nacional, encargado de investigar, juzgar y sancionar las conductas llevadas a cabo en el marco del conflicto armado. De igual manera, se ha respetado el derecho internacional que prohíbe la amnistía de los crímenes internacionales, ya que la transición hacia la paz conlleva la garantía de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad (OACP, 2019).
El posicionamiento de ambas partes y, en menor grado, el de la participación de la sociedad en la negociación, pudo haber incidido en la estructura final del acuerdo de 2016. De hecho, los seis puntos que lo componen están interrelacionados, ya que “resalta como ejes transversales el fortalecimiento del estado de derecho en todo el territorio (en especial en zonas en donde la cooptación hizo que la violencia reinara) incorporando la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo enfocado en la participación de las víctimas y los movimientos sociales” (Saffon, 2019).
De acuerdo con Saffon y Güiza (2019), las esperanzas de transformación se tornaron elusivas tras el resultado negativo del plebiscito sobre la paz de octubre de 2016. Las declaraciones extraídas en los Llanos Orientales y en las entrevistas realizadas en dos ETCR recogieron el trato inconexo de los puntos del Acuerdo de paz y el incumplimiento de éste por parte del Estado. De hecho, en las entrevistas realizadas a firmantes de paz, las preguntas que más se repitieron por parte de las personas entrevistadas fueron: “¿Cuál es el proceso de paz? ¿Salir de las armas para ser población civil y que nos maten individualmente?”.7 Desde la firma del Acuerdo de paz, el grado de inseguridad al que se enfrentan este colectivo ha aumentado, contando ya más de 361 firmantes de paz ejecutados (Observatorio de DDHH, Conflictividades y paz, 2023). Este escenario hace que muchas personas que se acogieron al Acuerdo no tengan esperanza en que el gobierno implemente ni siquiera 60 % de los puntos; en particular, los que remiten a la protección de los DD. HH. especialmente el derecho a la vida-, al establecimiento del PNIS, la falta de alimentos y de condiciones sanitarias, especialmente, por la falta de futuro para sus hijos.
Este ha sido el resultado fallido de no establecer un acuerdo con la oposición para que aprobara un nuevo texto negociado y la decisión del Gobierno de someter su aprobación al Congreso en diciembre de ese mismo año condujeron a que el nuevo convenio fuera acusado de falta de legitimidad y a que la discusión política se concentrara en si podía ser implementado o debía reformarse (Saffon y Güiza, 2019: 218). Estos hechos comportaron la victora de Ivan Duque en 2018 con la premisa de campaña electoral de ser el Gobinero que “haría trizas el Acuerdo de paz”.
En contexto, Andrés y Martín, firmantes de paz se preguntan: “¿será que nuestros hijos no se volverán a la insurgencia? ¿Será que nos tocará volver a soltar lágrimas para que vuelvan nuestros chinos?” “Nuestros hijos se van otra vez, sea con los paramilitares que con insurgencias”.8 Sus dudas están claramente fundamentadas, ya que la mayoría de las reformas previstas en el Acuerdo que implicaban cambios sustanciales, de carácter político o económico, no han sido aprobadas (Saffon y Güiza, 2019: 218). De esta manera, al carecer de una situación de bienestar y de posibilidades de mejora en las condiciones de vida, muchos jóvenes han vuelto a las armas.
Este contexto propició que el 29 de agosto de 2019, Iván Márquez -exnúmero dos de las FARC-EP- declarase, junto con Jesús Santrich, Óscar Montero y Henry Castellanos Garzón, que volvían a las armas: “Anunciamos al mundo que ha comenzado una nueva Marquetalia [lugar del Tolima donde nacieron las FARC-EP], bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de paz en La Habana” (Argüello, 2019).
La declaración de la vuelta a las armas y las tensiones internas en el partido Comunes han tenido grandes repercusiones tanto a nivel político como a nivel social, dado que las tensiones han aumentado y la esperanza puesta en el cumplimiento y en la utilidad de los acuerdos ha decaído drásticamente. Si previamente existía un sentimiento de desconfianza hacia el convenio, desde que una figura como Iván Márquez volvió a las armas, se ha abierto una posibilidad de que los firmantes que se adhirieron a dicho acuerdo puedan seguir su paso. Este escenario fue uno de los detonantes del paro nacional del 21N en 2019, donde se trataba de reivindicar las exigencias de la sociedad al gobierno y a las instituciones. De acuerdo con Archila, García, Garcés y Restrepo (2020) respecto al proceso de paz con las FARC-EP, los convocantes del paro exigían el cumplimiento del pacto, el respeto a las instituciones emanadas del mismo y medidas urgentes para detener el asesinato de líderes sociales y de excombatientes (Archila, García, Garcés y Restrepo, 2020: 18). En este punto, la confianza depositada por la comunidad internacional en el Estado se ha visto afectada y no se podrá recuperar hasta que se demuestre una voluntad política real de apoyar las transformaciones que protejan el bienestar de las comunidades y sujetos (Cruz y Prieto, 2020: 96)
La paz adquirió una connotación minimalista con el ascenso de la derecha al poder y sus intentos de construir un muro contra las aspiraciones transformadoras del Acuerdo (Saffon y Güiza, 2019: 230). Al mismo tiempo, la paz transformadora adquirió protagonismo con la amplia y diversa coalición de partidos y colectivos que respaldaron la candidatura de Petro, candidato a la presidencia entre 2010 y 2018. Sin embargo, en las elecciones del 2022, la elección de Petro como nuevo mandatario, fue fruto del buen funcionamiento de la coalición Pacto Histórico y del diálogo político entre diferentes partidos políticos con ideologías diferentes, pero con el objetivo de fortalecer la paz y la democracia colombiana, así como la implementación del Acuerdo de paz. En ambos casos, el nuevo gobierno puede apoyarse en el acompañamiento internacional que vienen realizando una veintena de países y entidades internacionales, que incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea, los países garantes y acompañantes, y las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas (Cartilla Pedagógica, 2016).
Papel del acompañamiento internacional en el proceso de paz
Una herramienta de contingencia que ha servido para reducir las sistemáticas violaciones de DD. HH. es el acompañamiento internacional, ya que tiene la capacidad de actuar desde una doble intención: por un lado, interviene para recordar al Estado colombiano sus obligaciones y, por otra, genera un mecanismo inmediato de protección hacia las personas y las organizaciones acompañadas.
El acompañamiento internacional promociona la protección tanto a las PDDDHH como a liderazgos sociales y firmantes de paz, ya que la impunidad ha sido transversal en el contexto colombiano actual. A través de la presencia física de personas de otras nacionalidades, se aboga por la creación de espacios seguros donde estas personas pueden realizar su labor con mayores garantías, fomentando el respeto de los DD. HH. La presencia del personal de las organizaciones internacionales en el terreno fomenta una mayor preocupación de los actores armados que, para evitar la internacionalización del conflicto, reducen la comisión de violaciones de DD. HH. De hecho, desde el año 1994, se ha demostrado que la presencia de las organizaciones internacionales es un instrumento especialmente útil, ya que sirve como mecanismo de cooperación para las organizaciones sociales en resistencia no violenta. Aunque no está exento de riesgos, el carácter internacional de las personas y organizaciones que lo realizan y, sobre todo, la relación en sus países de origen con redes sociales, políticas asociativas y mediáticas, ejerce un importante factor de presión y disuasión sobre los actores armados. Este mecanismo de protección contribuye a la construcción de paz y a la reconciliación, considerando la paz como una apuesta colectiva por experiencias sociales e institucionales prolíficas y variadas, que plantean nuevos escenarios y herramientas para la superación del conflicto y la consolidación de la justicia social (Checa, 2008).
A nivel teórico, el acompañamiento internacional se fundamenta en dos conceptos. Por un lado, en la acción sin daño, cuyo objetivo es neutralizar o disminuir los factores que agudizan un conflicto y de favorecer los factores que promuevan una solución no violenta del mismo (Anderson, 2009). Por otro, en la teoría de disuasión, que se basa en dos vertientes igualmente efectivas, siempre y cuando se retroalimenten: la disuasión inmediata y la disuasión general (Stafford, 2015). La primera suscita una protección directa a las personas receptoras del riesgo, fomentando espacios de seguridad, lo cual se hace a través de la presencia física de extranjeros en terreno. En cambio, la segunda se activa a partir de la presión internacional real o potencial percibida por el posible transgresor, lo cual se garantiza a través de la incidencia política y la difusión a través de los medios.
Es necesario garantizar que el conflicto no vuelva a aparecer o resurgir (Calderón, 2016). Así, mediante el acompañamiento internacional, se trata de actuar de forma sensible ante los conflictos, aprovechando y fortaleciendo los potenciales de paz, neutralizando o disminuyendo los potenciales de violencia e incrementando la organización ciudadana. Permitir que la ciudadanía pueda organizarse, reunirse, tener espacios de discusión y construcción que perciban como seguros es un aporte a la participación democrática. Fortalecer la sociedad civil sienta las bases para que la ciudadanía colombiana sea partícipe y corresponsable de la construcción de su propio desarrollo, sin que, desde la cooperación internacional, se interfiera en su definición. Sin embargo, la visibilización del conflicto también puede generar una respuesta violenta por parte de los actores armados en la zona. Mediante el acompañamiento internacional se busca minimizar los efectos negativos y permitir que aquellas personas y organizaciones acompañadas puedan reclamar sus derechos sin ver afectada su integridad física o psíquica. Por ello, dicho acompañamiento internacional también tiene una vertiente de apoyo psicosocial, ya que, mediante la presencia internacional, ofrece el apoyo a personas que viven y desarrollan su actividad bajo el peso de la inseguridad y del miedo a la represión. En este contexto, el acompañamiento internacional cumple una función reforzadora y representa un apoyo a nivel humano que promueve la legitimación de las actividades estigmatizadas por la represión y la mejora de las condiciones físicas de protección. Esto puede considerarse como una herramienta que eleva la percepción de seguridad por parte de las PDDDHH y firmantes de paz, actuando como elemento disuasorio contra las violaciones por parte de actores estatales o paraestatales.
La complejidad que tiene el acompañamiento internacional en Colombia está dada por las particularidades que tiene cada una de las regiones y las sociedades que las habitan, en conjunto con las posiciones de grupos armados al margen de la ley, por la posesión de distintas materias primas, que por consiguiente están valoradas en el mercado internacional de distintas formas, o su simple posición geográfica, entre otros muchos factores históricos y estructurales. Aun así, podemos encontrar puntos comunes, que son fruto de la vivencia nacional de un conflicto social y armado que acecha al país desde hace más de 60 años, y cuyas víctimas más frecuentes vienen de la población civil, sobre todo la que vive en comunidades campesinas, donde el Estado sólo llega en su condición militar y no en su dimensión de bienestar social. Finalmente, para contrarrestar las amenazas a PDDDHH, liderazgos sociales y firmantes de paz es clave la presencia en terreno, así como la labor de incidencia política y visibilización nacional e internacional.
Reflexiones finales
El contexto histórico colombiano demuestra que la falta de voluntad para implementar una democracia efectiva por parte de los presidentes de los últimos sesenta años, ha provocado que el país continúe inmerso en un conflicto armado y en una alta inseguridad social. A pesar de los intentos de poner fin a la violencia y de la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016, las violaciones de derechos humanos (DD. HH.) persisten. La ejecución de personas defensoras de Derechos Humanos (PDDDHH), liderazgos sociales y firmantes de paz que denuncian esos actos sigue en el orden del día. La desprotección de este sector de la población ha hecho que hasta diciembre de 2020, el Estado haya declarado el conocimiento de 53 asesinatos de PDDDHH, la ACNUDH de 120 y 135 el Programa Somos Defensores hasta septiembre de 2020 (OEA, 2021), por otro lado, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas alerta de 73 asesinatos firmantes de paz en 2020 (LaVanguardia, 2021). En 2021, 57 PDDDHH y liderazgos sociales y 22 firmantes de paz han sido asesinadas o desaparecidas (Observatorio de DDHH, conflictividades y paz, 2021).
Este escenario es un reflejo de la grieta que tiene la democracia colombiana en el siglo XXI. De acuerdo con Cruz y Prieto, una democracia en la que los espacios de participación no son suficientes, y los que existen responden a intereses ajenos a los deseos de la población, no es una democracia real, sino apenas una cortina que oculta intereses capaces de moverse por medio de todo tipo de vejación (Cruz y Prieto, 2020: 96); en palabras de Inmaculada Szmolka, una democracia defectiva. Esta posibilidad hace que sea necesario reforzar la democracia y cada una de sus instituciones gubernamentales. Al mismo tiempo, obliga al Estado colombiano a cumplir y hacer cumplir las normas y los derechos constitucionales democráticos, incluyendo el Acuerdo de paz, ya que puede contribuir al fortalecimiento progresivo, y la trasformación que está realizando la democracia, y las instituciones colombianas desde el 2016.
Desafortunadamente, la impunidad es un problema estructural en Colombia. En el caso de los falsos positivos, este rasgo es mayor ya que tienen relación directa con los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. La ineficacia del sistema judicial y penal en la sentencia efectiva de los culpables de la comisión de falsos positivos hace que los perpetradores de este tipo de violencias, entre otras, no sientan un condicionamiento por la ley a no realizar dichos actos. Esto se presenta especialmente en las zonas rurales, donde ocurren principalmente los asesinatos de las PDDDHH (73 % de los casos) y en muy alto porcentaje en municipios en los que, además, existe un alto índice de pobreza multidimensional (91 %), donde las tasas de homicidio indican la prevalencia de violencia endémica (93 %) y tienen presencia economías ilícitas de diverso tipo (96 %). El Departamento del Cauca, por ejempo, es el que registra el mayor número de PDDDHH asesinadas (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020: 3).
Por ende, es necesaria una mayor presencia de las instituciones gubernamentales y de organizaciones internacionales en cada uno de los puntos más desfavorecidos y donde el poder institucional ha sido ocupado por paramilitares al servicio de los terratenientes o empresas nacionales y extranjeras con intereses en la región. Por ello, es necesario un gobierno representativo que requiera de una maquinaria para la expresión de los deseos de los representados y que el gobierno responda a estos deseos o, en caso negativo, que tenga buenas razones para no hacerlo (Pitkin, 1967: 232). No bastan las intenciones de actuar en función del interés de sus representados, sino que es necesario que existan instituciones que permitan la materialización de este “ser responsivo”.
Existen diferentes formas de aportar a la construcción de la paz: por medio de la formación, mediante la construcción de vínculos o creando espacios adecuados para que las organizaciones de víctimas del conflicto sean reconocidas social y políticamente, pero siendo partícipes de tales herramientas, aportando experiencias y saberes para aprovechar las relaciones del Estado con la sociedad civil (Cruz y Prieto, 2020: 96). En la construcción de este espacio de diálogo y de reconstrucción de la sociedad colombiana, el acompañamiento de las organizaciones internacionales puede tener un papel esencial facilitando la promoción de los DD. HH. y la configuración de una democracia plena, con un marcado corte colombiano, aunque homologable a los sistemas democráticos occidentales y latinoamericano, como es el caso de Costa Rica.
El reto que tiene el presidente Gustavo Petro en conjunto con la sociedad civil pasa por profundizar la transformación de su democracia, del modelo social, político y económico tomando como punto de partida la correcta implementación de los diferentes puntos que abarca el Acuerdo de paz. Además, es imprescindible seguir trabajando para cerrar todas las heridas que ha dejado el conflicto y la violencia política armada entre el Estado y la sociedad colombiana. De hecho, esto puede ser una buena vía para contrarrestar la presencia y el poder que tienen los actores no estales como los paramilitares o el crimen organizado en el escenario político y económico de Colombia. Finalmente, es imprescindible reforzar el acompañamiento internacional para que se rescate y reconstruya efectivamente una democracia plena para el bien de todos los colombianos.
