Introducción

Con un valor total de más de 1350 millones de dólares, Costa Rica fue, en el 2018, el mayor exportador de piña fresca en el mundo, dominando un 56 % de dicho mercado a escala global (^{Harvard’s Growth Lab 2020}), lo cual es significativo para un país que cuenta con un poco más de 5.1 millones de hectáreas totales y una población de más de 5 millones de personas. En términos de la distribución territorial, de las 65 670.68 ha que cubren las plantaciones de piña en Costa Rica, un 67 % se localiza en la región Huetar Norte (RHN),¹ la cual concentra la mayor parte del límite fronterizo con Nicaragua (^{Vargas Bolaños, Miller Granados y Arguedas González 2020, 26}).

La concentración de la producción piñera en esta región no es una coincidencia. A partir de la década de 1990, la RHN se convirtió en un espacio de promoción de la agroexportación -como parte del proyecto de liberalización económica costarricense- y de recepción de una creciente migración circular y estacional de personas nicaragüenses, empujadas por el proceso de empobrecimiento generalizado en las zonas rurales de Nicaragua, después de la derrota electoral del Frente Sandinista y la imposición del proyecto neoliberal en dicho país (Cortés Ramos, en prensa). El resultado fue la configuración de una economía de plantación transfronteriza basada en la concentración del poder sobre la tierra por parte de terratenientes costarricenses y sus contrapartes transnacionales, así como la explotación de mano de obra barata nicaragüense y la conversión del Estado costarricense en facilitador del proceso. También, la frontera nacional entre ambos países separó formalmente los espacios de producción -las plantaciones costarricenses- de los espacios de reproducción social de una significativa parte de la fuerza de trabajo utilizada -comunidades nicaragüenses- (^{Granados, Brenes y Cubero 2005}; ^{Morales y Castro 2002}). Así, plantear que la expansión de la economía de plantación piñera en la región está directamente relacionada con su posición fronteriza no es, en lo más mínimo, controvertido.

Sin embargo, más allá de la separación entre espacios de producción y reproducción social, en este artículo argumentamos que las fronteras, tanto las nacionales como las agrarias, tecnológicas e identitarias, entre otras, han tenido un rol fundamental en la expansión de la actividad piñera en la RHN y en el lugar que tiene este cultivo dentro de la economía político-agraria costarricense. Para fundamentar este argumento, presentaremos un conjunto de elementos históricos y etnográficos del proceso de formación de la región fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, así como su articulación con el cultivo de piña en la década de 1990. Con esto en mente, el presente artículo se organiza en cuatro partes: 1) una breve descripción del proceso histórico de transición agraria de la RHN antes de la década de 1990; 2) una caracterización de las transformaciones, tanto en la política agraria costarricense como dentro del proceso de producción de la piña, que permitieron su expansión a través del territorio nacional y su definitiva consolidación en la RHN; 3) una discusión sobre las formas en que operan las fronteras dentro de la economía de plantación piñera en la RHN, mediante un conjunto de viñetas etnográficas y, finalmente, 4) un esfuerzo de articulación de los elementos presentados anteriormente para analizar el trabajo de la frontera en la expansión piñera.

La región Huetar Norte: de sistema fluvial transfronterizo a frontera viva

Aunque el límite entre Costa Rica y Nicaragua quedó formalmente definido desde finales del siglo XIX, la presencia estatal costarricense en dicha zona fronteriza fue bastante limitada. Inicialmente, la colonizaron campesinos empobrecidos de la meseta central costarricense que buscaban tierras para trabajar, huleros nicaragüenses y comunidades indígenas guatuso. En la década de 1940, se construyó la primera carretera que unió la región central del país con Ciudad Quesada, la más importante de la RHN. Debido a este aislamiento, la RHN se constituyó históricamente como una región poco integrada con el resto de Costa Rica, pero articulada con Nicaragua, por medio de un sistema de comunicaciones y transporte fluvial (^{Girot 1989}).

Esta situación empezó a cambiar hacia finales de 1970, debido a la coincidencia del aumento de conflictos agrarios en diferentes partes de Costa Rica y la victoria militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, en contra de la dictadura de Somoza. El resultado fue un aumento de atención e interés del Estado costarricense en la región. Debido a su relativo despoblamiento, primero se convirtió en una válvula de escape para los conflictos por la tierra que estaban sucediendo en diferentes partes del país como resultado de la combinación entre la modernización del campo y la concentración de la tierra, transformándose en un imán de inmigración interna, tanto planificada como espontánea. Después, debido al ascenso al poder político nicaragüense de un grupo de tendencia comunista, la RHN se convirtió en un espacio fundamental dentro de la estrategia de contención de la amenaza roja estadounidense en el istmo centroamericano. Para el caso específico de la RHN, esta estrategia de contención se tradujo en dos objetivos fundamentales: 1) asegurar la presencia de población costarricense para limitar la influencia sandinista en la zona, y 2) funcionar como zona de retaguardia de la guerrilla antisandinista, conocida como la Contra, que era apoyada logística y militarmente por Estados Unidos de América. El resultado fue una estrategia de frontera viva, es decir, de inversión en servicios públicos e infraestructura para poblar y controlar la frontera entre ambos países, con financiamiento de EE. UU.² (^{Granados y Quesada 1986}; ^{Girot 1989}). Así, por ejemplo, en 1985, se inaugura la primera carretera que conecta Ciudad Quesada con Los Chiles -uno de los pueblos más significativos en la zona fronteriza y otrora importante puerto fluvial entre la región y el lago de Nicaragua- y, en la misma década de 1980, se construyen un hospital y las oficinas de varias instituciones públicas. En términos prácticos, la estrategia de frontera viva tuvo dos efectos: primero, generar en la RHN una importante industria agraria dividida, fundamentalmente, entre la producción de granos básicos y la ganadería extensiva; y segundo, limitar, aunque no eliminar, los vínculos transnacionales entre ambos lados de la frontera. Por ejemplo, las dinámicas de comercio fluvial, tan importantes en la región antes de 1980, se detuvieron completamente y provocaron que un pueblo como Los Chiles pasara de ser un centro comercial dinámico y el principal puerto del lado costarricense a convertirse en un callejón sin salida.

Sin embargo, esta situación duró poco. Después de la derrota electoral del FSLN, en 1990, y el fin de la Guerra Fría, los intereses geopolíticos estadounidenses se alejaron de Centroamérica y, con ellos, el financiamiento de proyectos infraestructurales en la región. Además, las décadas de 1980 y 1990 marcan el proceso de cambio estructural en Centroamérica y la imposición de un conjunto de políticas de liberalización comercial que se conoce, comúnmente, como el proyecto neoliberal (^{Robinson 2003}; ^{Segovia 2004}). En este contexto, se da lo que Alberto ^{Cortés Ramos (en prensa)} ha denominado la coincidencia estructural entre los procesos económico-políticos de Nicaragua y Costa Rica. Por una parte, en Nicaragua, la imposición del proyecto neoliberal se tradujo en un conjunto de políticas, o su ausencia, que llevaron a un mayor nivel de empobrecimiento, particularmente a las zonas rurales del país; como consecuencia, el número de personas emigrantes a Costa Rica, en búsqueda de trabajo, aumentó significativamente. Por otra parte, en el caso costarricense, la imposición del proyecto neoliberal se materializó en un conjunto de políticas de liberalización económica orientadas a la transformación de la economía nacional, en la línea de aprovechar las ventajas competitivas del país; es decir, de redireccionar la producción hacia aquellos bienes en los que se es competitivo a nivel global y de utilizar las rentas generadas para cubrir la demanda interna. El resultado fue la promoción de nuevos productos de exportación, junto con el desestímulo de la producción para el mercado interno. En la siguiente sección, discutiremos lo que esto significó para el caso específico de la piña.

Ensamblando la república piñera

Para entender cómo Costa Rica se convirtió en el principal exportador de piña fresca en el mundo, tenemos que empezar en Hawái, en la década de 1970, cuando, debido a los crecientes costos de producción (tierra y trabajo) y a la degradación de los suelos, las principales empresas fruteras empezaron a buscar otros posibles destinos para ubicar su producción (^{Bartholomew, Hawkins y López 2012}). En el caso de la transnacional Fresh Del Monte, Costa Rica se presentaba como un destino atractivo: contaba con las condiciones climáticas correctas, mostraba una estabilidad política poco común en la región y ya contaba con una subsidiaria bananera en el país. Fue así como, hacia finales de la década, la empresa creó las primeras plantaciones piñeras en el cantón de Buenos Aires, en el sur del país, a través de la Pineapple Development Company (PINDECO).

Las razones para instalar la PINDECO en Costa Rica no eran simplemente ecológicas, sino también económicas y políticas. No solo Costa Rica ofrecía tierra y fuerza de trabajo más barata que Hawái, sino que, como parte del proceso de ajuste estructural, uno de los elementos centrales para el agro era diversificar la oferta exportadora más allá de los cultivos tradicionales de banano, café y azúcar. De este modo, con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) como garante financiero, el gobierno se embarcó en una política de diversificación de su oferta de exportación, centrándose en la promoción de productos no tradicionales de exportación, tales como los tubérculos, los cítricos, las plantas ornamentales y, por supuesto, la piña. En el centro de esta estrategia se encontraba el otorgamiento de un conjunto de incentivos fiscales y económicos para que empresas transnacionales se instalaran en el país y los utilizaran como plataforma para exportar, sobre todo, hacia el mercado estadounidense, aprovechando las ventajas que otorgaba el país del norte mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).³ Así, entre 1982 y 1986, este tipo de empresas recibió préstamos blandos (con intereses bajos) por más de doscientos millones de dólares, mientras que la oferta crediticia dirigida a la producción de granos básicos para el mercado interno cayó alrededor de un 90 % (^{Cerdas Sandí 2015}; ^{León Araya 2012}; ^{Edelman 2005}).

Las empresas piñeras fueron de las más beneficiadas por este proceso de promoción de las exportaciones. Por ejemplo, entre 1982 y 1984, la cantidad de crédito que recibió el sector por parte del Banco Nacional de Costa Rica (el banco público más grande del país) aumentó un 506 % (^{Quijandría, Berrocal y Pratt 1997, 13}). Aún más importante fue el incentivo que recibieron estas empresas a través de los certificados de abono tributario (CAT), creados en 1972 y ampliados en 1984, bajo la lógica de los así llamados contratos de exportación; se trataba de un conjunto de exoneraciones de materias primas, bienes de capital, impuestos sobre las exportaciones y subsidios entre el 15 y el 45 % del impuesto franco a bordo (FOB, por sus siglas en inglés) de las exportaciones no tradicionales. Además, de acuerdo con ^{Fernández Alvarado y Granados Carvajal (2000, 22)}, entre 1973 y 1993, crecieron a un ritmo superior al 150 % anual y pasaron de significar el 3.4 % del gasto público,en 1987,al 5.7 %,en 1997.En 1999 se canceló dicho programa de incentivos, en el marco de un conjunto de denuncias de corrupción y reclamos de concentración de los recursos en un limitado grupo de empresas: en 1989, un 51 % de los CAT se concentró en veintiséis empresas; la PINDECO, por sí sola, recibió un 10 % (^{Willmore 1997, 178}).

Como podemos observar en la figura 1, el avance más significativo de la extensión de hectáreas del cultivo inicia a partir de la década de 1990. Esto tiene que ver, en parte, con la profundización de la agenda liberalizante en el país durante dicha década, pero también con una innovación tecnológica que vendría a resolver dos de los principales obstáculos que había enfrentado la actividad piñera hasta ese momento. En la década de 1980, se empieza a experimentar en las plantaciones de la PINDECO, en el sur de Costa Rica, con un conjunto de variedades de la fruta traído desde Hawái. Un híbrido en específico, conocido como MD2, empieza a mostrar unos resultados particularmente prometedores, debido a su mayor longevidad, lo que le permite llegar fresco a los mercados más lejanos, con un sabor más dulce y un tamaño más homogéneo, y lograr ser vendido a precios tres veces mayores a los de otras variedades (^{Amar, Tong y Ng 2015}). Además, debido al paquete tecnológico utilizado y a sus características particulares, la variedad MD2 podía sembrarse en un espectro de condiciones climáticas más amplias. Como resultado, la MD2 vino a expandir tanto la frontera comercial de la fruta, ampliando las distancias y los mercados en los que pudo ser comercializada, como la agraria, al permitir su producción en lugares donde antes era imposible.

Figura 1 Cantidad de hectáreas dedicadas a la producción piñera en Costa Rica entre 1975 y 2018.⁴ Elaboración propia a partir de FAOSTAT 2020.⁵  

Al mismo tiempo, la MD2 generó una barrera tecnológica y legal con respecto a quienes podían producirla. En términos legales, a mediados de la década de 1990, Del Monte logró una controvertida patente sobre la variedad, que le permitió tener control exclusivo sobre su producción hasta el 2003.⁶ En términos tecnológicos, sus costos de producción (entre diez y quince mil dólares por hectárea) son significativamente más altos que los de otras variedades de la fruta, lo que limita el acceso de los pequeños y medianos productores, a menos que sea a través de arreglos de agricultura por contrato, donde los pequeños productores ponen la tierra y el trabajo, y las grandes empresas, los insumos de producción y el apoyo técnico y financiero, a cambio de contratos de exclusividad (^{Rojas 2006}; ^{Contreras Solera y Díaz Porras 2017}). Estos arreglos colocan a los pequeños productores en situaciones de gran dependencia con respecto a las grandes empresas (^{Shaver et al. 2015}).

El impacto de la variedad MD2 no debe ser subestimado: en 1997 representaba solo un 20 % de las ventas totales de la PINDECO, pero un 64 % de las ganancias ( ^{Ian Contreras Solera y Díaz Porras 2017, 45}). Además, para autores como ^{Greig (2004)}, en la historia, difícilmente, se ha visto que una actividad agrícola se vea transformada a nivel global de manera tan absoluta por la introducción de una nueva variedad. Hoy en día, la variedad del híbrido MD2 o golden, como es conocido comercialmente, dominan no solo la producción en Costa Rica, sino también a escala global.

En términos geográficos, después de su inicio en el cantón de Buenos Aires, en el sur del país (8030.15 ha, en el 2015), se extendió hacia la zona norte, en la región fronteriza con Nicaragua (37 745.64 ha), durante la década de 1990, hasta llegar en los años 2000 al Caribe sur costarricense (11 579.57 ha). Lo que tienen en común estas tres regiones es su construcción histórica como fronteras agrarias. Su producción, en tanto fronteras, tiene que ver con una realidad marcada por algunos de los niveles de empobrecimiento más importantes del país, con formaciones económicas dominadas por el binomio latifundio-minifundio y con una importante presencia de ganadería y monocultivos.

En el caso de la RHN, la década comprendida entre mediados de 1980 y 1990 estuvo dominada por una presencia significativa de la ganadería, acompañada por un importante, pero decreciente, sector de pequeños productores de granos básicos para el mercado doméstico. Así, cuando se comparan los datos de los censos agropecuarios de 1973 y 1993, se observa un descenso en la extensión dedicada a la producción de granos básicos en la región (con excepción de los frijoles) y un aumento significativo en lo que respecta a los cultivos no tradicionales como la naranja (de 55.7 ha, en 1973, a 18 000, en 1993) y la piña (de 264.4 ha a 3184 ha) (^{León Araya 2008, 109}). Este proceso de transición agraria fue, fundamentalmente, de suma cero. Lo que encontramos, por una parte, es a grandes y medianos terratenientes remplazando sus pastizales por plantaciones de piña, atraídos por los mejores precios en el mercado internacional; y por otra, a los pequeños productores afectados por la falta de apoyo estatal para la producción y comercialización de sus productos, quienes se veían sumidos en una profunda crisis que obligaba a muchos a vender o arrendar sus tierras a las plantaciones piñeras vecinas en expansión.

Pero, además de estas fuentes de tierra relativamente barata, la otra ventaja competitiva con la que contaba y cuenta la RHN es la mano de obra barata. En general, las fronteras nacionales son espacios donde, al mismo tiempo que se generan diferenciaciones entre distintos espacios de regulación, se dan procesos intensos de confluencia y articulación. En el caso de la RHN, esta tensión se muestra claramente: mientras que Costa Rica concentra mejores servicios públicos y sociales (educación, salud, electricidad, entre otros) y salarios más altos,⁷ los costos de vida en el lado nicaragüense son significativamente más bajos.⁸ Esto genera las condiciones perfectas para la instalación de una economía de plantación transfronteriza: los incentivos económicos y políticos, así como las mejores condiciones sociales y de infraestructura de Costa Rica, la vuelven más atractiva para las empresas exportadoras; además, los salarios que estas pagan -altos para Nicaragua y bajos para Costa Rica- y el acceso a los servicios básicos se convierte en un imán para migrantes nicaragüenses en búsqueda de trabajo. Si a esto le sumamos la cercanía geográfica entre comunidades nicaragüenses y plantaciones piñeras del lado costarricense y los múltiples vínculos sociales (de parentesco, amistad, etcétera) entre las poblaciones de ambos lados de la frontera, nos encontramos frente a una situación donde, en una sola formación territorial, tenemos dos sistemas legales de gobierno. El resultado más evidente es que la frontera diferencia los espacios de producción -las plantaciones piñeras en Costa Rica- y los de reproducción social -las comunidades nicaragüenses o con vínculos transfronterizos-. Sin embargo, esta separación entre producción y reproducción social no es la única función que tiene la frontera nacional entre ambos países.

En la próxima sección, a partir de tres viñetas etnográficas, exploraremos estos otros elementos. Las viñetas son el resultado del trabajo de campo etnográfico realizado desde el 2019, en el marco de un proyecto de extensión universitaria que busca el fortalecimiento del tejido organizativo comunitario en el contexto de la expansión de monocultivos en la zona. Durante el 2020, debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se mantuvo el contacto con varias personas de la comunidad, a través de llamadas telefónicas y mensajería digital. Para el caso específico de la información que se presenta abajo, se entrevistó a seis personas en posiciones de liderazgo y al, en ese momento, presidente del sindicato que mencionaremos más adelante. A esta información se agregan los apuntes del diario de campo realizados durante las visitas a la comunidad.

Viñeta 1: Sobre huelgas, frontera y trabajo

Santa Marta⁹ es una comunidad que se ubica en el cantón de Los Chiles, en Alajuela, a quince minutos en vehículo de la frontera norte y vecina de La Trocha fronteriza, un polémico camino construido por el gobierno costarricense al calor de uno de los cíclicos conflictos entre ambos países, que hoy en día se encuentra en bastante mal estado. Para llegar a Santa Marta hay que pasar kilómetros y kilómetros de plantaciones de monocultivo de piña y naranja. Las personas que habitan la comunidad han tenido históricamente una relación cotidiana con el otro lado de la frontera y con Nicaragua; son, en su mayoría, migrantes y transfronterizas y se han dedicado a la agricultura familiar, la ganadería a pequeña escala y el cultivo de granos básicos. Esto empezó a cambiar hacia finales de la década de 1980, cuando los monocultivos de exportación se fueron instalando, principalmente, las empresas naranjeras y, más recientemente, las piñeras, a partir de la llegada, en el año 2013, de una empresa que cuenta con más de doscientas hectáreas alrededor de la comunidad.

Para los vecinos de Santa Marta, la llegada de esta empresa ha impactado de manera significativa su vida cotidiana y han denunciado el maltrato a los caminos, el uso excesivo de agroquímicos y el incumplimiento de derechos laborales para las personas que trabajan en la plantación. Durante el 2016,¹⁰ un grupo de trabajadores de dicha empresa realizaron una huelga y, posteriormente, se organizaron para conformar un sindicato, lo cual, sin embargo, no mejoró las condiciones laborales, debido a incumplimientos por parte de la empresa. Ante este panorama, en el año 2018, se llevó a cabo un nuevo paro de labores para presionar por el cumplimiento de los acuerdos anteriores, el cese de las amenazas que reciben las personas trabajadoras por parte de la empresa, el despido de personas y dirigentes y, finalmente, los bajos salarios recibidos (^{Salgado Ramírez y Acuña Alvarado 2018}).

Vale la pena hacer un breve recuento de los eventos más importantes que tomaron parte de este paro laboral. Este inició el 8 de enero, cuando en una asamblea de trabajadores se tomó la decisión de llevarlo a cabo y en la madrugada del siguiente día se realizó el bloqueo de la maquinaria y se solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La tensión entre empresarios y trabajadores se mantuvo durante varios días, en los cuales, de acuerdo con los testimonios de personas involucradas, hubo una serie de agresiones en contra de los huelguistas. Una semana después, el 16 de enero, en San José, se llevaron a cabo negociaciones entre las partes con la mediación del MTSS. El resultado fue la finalización de la huelga con la aceptación, por parte de la empresa, de todos los puntos demandados por el sindicato.

Aunque en papel la huelga fue exitosa, en términos más generales, significó un antes y un después con respecto a la relación entre la comunidad y los trabajadores de la plantación. Según el presidente del sindicato, después de finalizada la huelga, hubo «manipulación», por parte de la empresa, para generar roces entre las personas que estaban participando en ella, las personas de la comunidad que los apoyaban de alguna forma y otros trabajadores que no estaban involucrados activamente. Al respecto, comenta que la relación entre el sindicato y la comunidad ha cambiado en diferentes momentos dependiendo del contexto. Por ejemplo, para la primera huelga del 2016, la mayor parte de los trabajadores vivían en Santa Marta, ellos fueron quienes contactaron al sindicato, por lo que las reuniones se hacían en la comunidad y muchos de los pequeños comercios de la zona brindaban apoyo, ya que la empresa los afectaba directamente al, por ejemplo, destruir los caminos vecinales por el paso constante de maquinaria pesada. Sin embargo, posteriormente a la huelga del 2018, la empresa «compró» a varios dirigentes del sindicato, incluyendo a un importante líder comunitario costarricense. A partir de dicho momento, se empezó a promover en la comunidad la idea de que las huelgas eran perjudiciales, pues mucha gente que participaba en estas se quedaba sin trabajo. Además, la empresa comenzó a despedir a los trabajadores que vivían en la comunidad y a contratar mayoritariamente a personas de otras comunidades más cercanas a la línea fronteriza, particularmente de aquellas que se encuentran del lado nicaragüense. El efecto de este cambio ha sido doble: por un lado, las relaciones entre sindicato y comunidad se han deteriorado significativamente y, por otro lado, los compromisos acordados entre compañía y sindicato no se han cumplido, además, las condiciones de trabajo se han precarizado aún más con el despido de muchas de las personas que participaron en la huelga.

Como ha sido posible observar en diferentes visitas durante el año 2019, la mayoría de los trabajadores de la plantación viven en Nicaragua y cruzan cotidianamente la frontera en autobuses o camiones contratados. En una entrevista a un trabajador de una de las empresas ubicadas en la zona, este comenta: «La mayoría de trabajadores son nicaragüenses, ellos viajan a diario, vienen de bien adentro de Nicaragua cruzando La Trocha. Les cobran doce mil [colones]¹¹ de viaje por toda la quincena. Los contratistas ponen el transporte, pero les cobran directamente a ellos». Además, el puesto fronterizo que poco tiempo antes se encontraba entre Santa Marta y la línea fronteriza ya no opera, por lo que no hay algún tipo de control migratorio o estatal para el movimiento usual de transportes con migrantes.

A su vez, esta llegada de personas a la comunidad -ya sea por temporadas, diariamente o de manera estable- ha generado cambios en la economía de la zona, como el crecimiento de pulperías (pequeñas tiendas), sodas (establecimientos con venta de comida) o el alquiler de cuarterías para trabajadores temporales, según comentan vecinos, además de las observaciones que se han hecho en el trabajo de campo. De acuerdo con varios vecinos de la zona, la mayor parte de estos trabajadores son subcontratados y las empresas no se responsabilizan por el cumplimiento de los derechos laborales, como el acceso a salud, horas extra, vacaciones, aguinaldo, entre otros, lo cual también se encuentra ligado al estatus migratorio de estas personas y a la amenaza constante de ser despedidos o deportados si denuncian.

Viñeta 2: La dificultad de organización en movimiento

Huelgas como la del 2018, así como las frecuentes denuncias por parte de las pocas organizaciones sindicales que operan dentro de la economía de plantación piñera, tienen como principal resorte el constante incumplimiento de los derechos laborales que se dan dentro de la actividad. Si a esto le sumamos las asiduas denuncias por parte de las organizaciones comunitarias sobre los impactos ambientales que las plantaciones tienen por el uso de plaguicidas, así como por la contaminación de fuentes de agua y la destrucción de la infraestructura local debido al uso de maquinaria pesada, es claro como los paisajes ocasionados por la producción piñera son un perfecto caldo de cultivo para conflictos sociales y, uno imaginaría, la organización en contra de estos impactos. Sin embargo, debido a las condiciones transfronterizas de estas plantaciones, los procesos organizativos se vuelven más complejos.

Una de estas condiciones es la movilidad de las personas que trabajan en estas plantaciones, para quienes la dinámica de la frontera es transversal en sus vidas. Como se mencionaba anteriormente, una de las razones por las que las empresas piñeras han florecido en esta región es el acceso a una fuente de trabajo barata al otro lado de la frontera. En ese sentido, es posible observar que a pesar de que hay cantidad de personas migrantes y transfronterizas trabajando en la zona, muchas de ellas no tienen necesariamente una estabilidad en la comunidad, sino que pueden llegar por temporadas,¹² ya sea por algunos meses o por estos cruces diarios de la frontera (^{Voorend et al. 2013}). Esta alta movilidad tiene un claro efecto en las capacidades organizativas locales. En términos comunitarios, al tratarse de personas con poco arraigo en el lugar, los vínculos identitarios son más débiles. En términos sindicales, las geografías del trabajo migrante -con altos niveles de movilidad e inestabilidad, donde no existe ninguna garantía de que las personas que trabajaron durante un mes serán las mismas que trabajarán en el siguiente- hace casi imposible la organización, y reproducción en el tiempo, de agrupaciones de trabajadores estables y duraderas (^{Mitchell 1996}).

Asimismo, las condiciones irregulares en las que se encuentran muchas de las personas trabajadoras dificultan aún más estos procesos organizativos. Una constante que se menciona en la mayoría de las entrevistas realizadas es que muchos de los trabajadores de la empresa son subcontratados por contratistas de la zona. Además, en el caso de los nicaragüenses, la mayoría no están regularizados, ni migratoria ni laboralmente, en el país. Por este motivo, se trata de personas en total indefensión frente al incumplimiento o violación de sus derechos y consideran poco útil presentar una denuncia ante las instituciones gubernamentales.

Por otra parte, tal y como lo menciona el presidente del sindicato, las movilizaciones y manifestaciones que han surgido por la exigencia de mejorar las condiciones laborales han implicado represión y criminalización de la protesta con el despido de quienes han tomado el liderazgo en estos espacios. Esto, según comenta el presidente sindical, puede tener implicaciones laborales a futuro, puesto que, aparentemente, se comparten «listas negras» de los empleados despedidos para que no sean contratados, tanto en la empresa como en otras plantaciones. Todo ello genera un ambiente de tensión y miedo, una dificultad más para las posibilidades de organización.

Finalmente, durante el 2018, a partir del conflicto sociopolítico interno que se dio en Nicaragua y la represión del Estado, muchas personas han huido hacia Costa Rica solicitando refugio. Muchas de ellas empiezan su ruta trabajando por una temporada corta en las plantaciones de la zona norte, para después desplazarse al centro del país, lo cual implica distintos perfiles de movilidad y de trabajadores, lo cual, al no haber una situación de estabilidad con el espacio, dificulta el proceso organizativo.

Viñeta 3: Fronteras y explotación en tiempos de pandemia

En el contexto de la pandemia del COVID-19 muchos de los elementos mencionandos se han acentuado de una manera bastante explosiva. Históricamente, la relación entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua ha estado marcada por el conflicto, donde el estatus de la frontera entre ambos países siempre ha estado en el centro. Este conflicto latente tiende a ser utilizado para desviar la mirada de problemas políticos y económicos domésticos. En el caso de Costa Rica, la significativa presencia de población nicaragüense dentro del territorio nacional ha sido utilizada para explicar problemas tales como la criminalidad, la crisis de los sistemas de salud o el desempleo; en fin, para justificar el proceso de erosión y crisis del Estado desarrollista o benefactor a partir de la década de 1980. En términos más cotidianos y estructurales, esta dinámica se ha traducido en un conjunto de lógicas de exclusión, basadas en discursos xenófobos y aporofóbicos que vienen a justificar prácticas de explotación (^{Sandoval García 2002}; ^{Sandoval García et al. 2010}).

Ahora bien, este tipo de dinámicas son particularmente evidentes en lugares como Santa Marta. Bajo condiciones normales y en términos cotidianos, las diferencias más significativas en las vivencias de las personas están definidas por el pasaporte. Los nicaragüenses se encuentran en un estado de indefensión tanto frente a las empresas piñeras, como frente al Estado costarricense. Sin embargo, al mismo tiempo, la oferta masiva de mano de obra barata nicaragüense tiende a empujar hacia abajo los salarios que los costarricenses pueden cobrar. Esto históricamente ha generado fricciones entre personas de ambas nacionalidades, como mencionamos para el caso posterior a la huelga del 2018. Así, los agravios de ambos grupos que tienen en común el accionar de las plantaciones (malas condiciones laborales e impactos ambientales) se presentan como problemas entre ticos y nicas (gentilicios de ambas nacionalidades).

Sin embargo, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la diferencia decretada por la frontera ha tomado tintes más explosivos. Después de que tanto el ministro de Salud (^{Pérez González 2020}) como el de Seguridad (^{Marín 2020}) de Costa Rica hicieran varios comentarios identificando la situación social y política de Nicaragua y la propagación comunitaria del virus como la principal amenaza sanitaria de Costa Rica, se intensificaron las manifestaciones de odio -xenofobia, racismo y aporofobia- a nivel nacional. Mientras que en la región fronteriza, lo que se empezó a observar es un aumento en el uso de aparatos de control y represión por parte del Estado, con presencia constante de diversas unidades policiales, de drones y helicópteros para cubrir que no hubiera ingreso de personas por puntos ciegos en la frontera.

Por otra parte, para quienes viven en la comunidad y no cuentan con la regularización de su estatus migratorio también ha habido persecución, con cuerpos policiales tocando puerta por puerta para identificar si hay personas sin sus papeles al día. Además, se hizo un llamado por parte de las autoridades gubernamentales a los líderes comunitarios para denunciar, ser vigilantes y llamar a la policía en caso de que se enteraran de alguna infracción o incumplimiento de las órdenes sanitarias que se habían girado; aunque, en fecha posterior a las críticas que hubo, se rectificó este llamado (^{Ruiz 2020}).

En cualquier caso, un líder comunitario de Santa Marta nos comentó que varias organizaciones comunitarias realizaron un llamado a las autoridades de la zona para proteger las comunidades fronterizas y, además, ofrecieron sus instalaciones e infraestructuras para que la policía pudiera realizar sus operativos de vigilancia en la zona (^{Noguera González 2020}), lo cual se encuentra relacionado con la presencia de las plantaciones que, según comenta, cada hectárea ocupa entre ocho y diez trabajadores para cumplir con las tareas. Este vecino menciona: «Usualmente, la gente se ayuda, pero la gente se dio cuenta [de] que [el] vecino del otro lado puede ser un peligro para nosotros».

Cuando él menciona que «usualmente la gente se ayuda», se refiere a las relaciones que se han construido entre un lado y el otro de la frontera sin distinciones por nacionalidad; muchas personas son familia, tienen amigos o conocidos y comparten actividades comunitarias o familiares. Sin embargo, en una situación de conflicto como la actual, la frontera que antes era solo administrativa pasa a ser un muro simbólico, tanto para las autoridades gubernamentales como para las personas de la comunidad.

Por otra parte, al ser el trabajo en las empresas agrícolas, tanto de monocultivos como empacadoras, uno de los principales espacios donde las personas se movilizan, es en estas donde se han dado los principales focos de contagio en la zona norte del país y esto ha implicado una visibilización o crecimiento de las manifestaciones de odio contra los nicaragüenses migrantes y las personas transfronterizas, quienes son en gran parte las que generan la riqueza que producen estas empresas.

Un vecino de San Carlos de Pocosol comentó en una llamada telefónica que hay una gran preocupación de la comunidad por la situación que se estaba dando, pues desde las instituciones estatales se estaban haciendo operativos para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los negocios de las comunidades, como pulperías o sodas, sin embargo, estos mismos controles no estaban sucediendo en las empresas agrícolas, que representan los principales focos de contagio. Dijo: «A una señora aquí le cerraron la soda y le están cobrando dos millones de multa, pero a las empresas ninguna regulación». Esto se suma a las denuncias que se han realizado desde las organizaciones comunitarias y laborales sobre los impactos de las piñeras, tanto a nivel ambiental como laboral, y sobre las cuales no ha habido respuestas por parte de las instituciones.

Conclusiones

El presente artículo ha presentado el lugar de las fronteras, particularmente las nacionales, en la expansión de la economía de plantación piñera en Costa Rica. En las décadas de 1980 y 1990, el desarrollo de la variedad de la fruta MD2 permitió la expansión de la frontera agraria del cultivo, así como del tipo y cantidad de mercados a los que se podía exportar. En el caso de la zona norte costarricense, la proliferación y desarrollo de esta variedad coincidió tanto con la política costarricense de promoción de las exportaciones como con un nuevo ciclo de crisis socioeconómico y político en la vecina Nicaragua, lo que se tradujo tanto en la concentración de recursos -sobre todo tierra, capital y capacidades institucionales (apoyo gubernamental a la exportación)- por parte de terratenientes costarricenses y sus contrapartes transnacionales como en una fuente de mano de obra barata proveniente del otro lado de la frontera. El resultado fue una economía de plantación transfronteriza, con la línea divisoria entre ambos países operando como una separación entre los espacios de producción -las plantaciones del lado costarricense- y los espacios de reproducción social de la fuerza de trabajo -mayoritariamente del lado nicaragüense-.

Sin embargo, esta no es la única función de la frontera nacional en relación con la economía de plantación piñera. Con la diferenciación legal decretada por la frontera también viene un mayor nivel de indefensión de la población migrante frente a la violación de sus derechos laborales, ya sea por parte de las empresas o de los intermediarios que utilizan para la contratación de mano de obra. También genera un contexto de miedo donde es menos probable que se acerquen a las instituciones correspondientes para presentar denuncias (^{Rodríguez y Prunier 2020}). Además, el hecho de que la zona norte costarricense sea uno de los lugares más empobrecidos del país y con los niveles de educación secundaria y terciaria más bajos a nivel nacional deja a las personas en edad laboral en una situación de dependencia con respecto a la economía de la plantación: o trabajan en las piñeras o se ven obligadas a migrar a otras partes del país. Dicha dependencia, aunado a que las personas migrantes nicaragüenses están dispuestas a trabajar por salarios más bajos que la media nacional, tiene como efecto una depresión generalizada, tanto de los salarios promedio como de las condiciones laborales.

Otro elemento en el que se puede observar la función de la línea fronteriza en relación con la economía de plantación piñera tiene que ver con los procesos organizativos comunitarios y sindicales. Aunque existen fuertes vínculos cotidianos entre personas de ambos lados de la línea fronteriza, la diferenciación entre ambos espacios genera condiciones de movilidad humana que dificultan la organización de las personas trabajadoras debido a su inconsistente permanencia en el país. Esta situación también puede ser explotada por las empresas, como en el caso posterior a la huelga del 2018, para generar fricciones y debilitar procesos organizativos. Así, por ejemplo, el despido de trabajadores costarricenses y la contratación de trabajadores migrantes desvía el núcleo del conflicto del accionar de las empresas y el Estado a las diferencias y roces entre ticos y nicas. Así, un conflicto de economía política es leído a través de un lente nacionalista, lo que habilita y promueve discursos y prácticas xenofóbicas en contra de los nicaragüenses, lo que viene tanto a invisibilizar como a profundizar su vulnerabilidad y, por tanto, la capacidad para su explotación laboral.

En el contexto actual de la pandemia del COVID-19, la invisibilización de la economía política de la plantación piñera debido a una lectura nacional del conflicto se vuelve mucho más clara y, al mismo tiempo, más explosiva. La economía de plantación piñera genera las condiciones de posibilidad para la explotación laboral de la mano de obra nicaragüense, y en el proceso produce un conjunto de condiciones y dinámicas ecológicas y sanitarias que propician la proliferación de enfermedades contagiosas en general. Sin embargo, tanto el discurso gubernamental como las prácticas de las organizaciones comunitarias e instituciones estatales reproducen una imagen de las personas trabajadoras migrantes como una amenaza que debe ser detenida.