En los últimos años se avizora en el espacio latinoamericano un importante florecimiento de los estudios que abordan la dinámica religiosa de las sociedades del pasado y sus relaciones con las otras dimensiones sociales. El libro de Ignacio Martínez -resultado de su tesis doctoral en Historia defendida en la Universidad de Buenos Aires y publicada en forma de libro por la Academia Nacional de la Historia- aporta un conjunto de reflexiones y discusiones sobre problemas históricos clave como la secularización y la laicidad.

Una nación para la Iglesia argentina estudia el proceso paralelo de conformación del Estado y la Iglesia en el actual territorio argentino. Para ello, el autor elige abordar el ejercicio del patronato y los conflictos que su puesta en práctica ocasionó entre 1810 y 1865. Esta opción es fundamentada en la consideración de que el ejercicio del patronato durante el periodo de análisis implicó la redefinición de las relaciones entre poder civil y poder eclesiástico. Esta trama, según el autor, era parte inherente al proceso de construcción del Estado nacional y a la paralela diagramación de una Iglesia en su territorio. A partir de estas premisas, el libro busca dar cuenta de las características que revistió la laicización, entendida como la dinámica en la que las instituciones del gobierno dejan de estar fundadas y legitimadas por principios religiosos. Y, del mismo modo, las instituciones eclesiásticas tienden a especializarse y diferenciarse del poder secular.

La expresión Nación argentina que el título evoca, no refiere a un colectivo abstracto y trascendente sino más bien intenta delinear un espacio jurisdiccional amplio que integra en su seno a diócesis y provincias. El periodo elegido para este estudio es discontinuo desde el punto de vista político administrativo. A gobiernos centralizados (1810-1819) siguieron otros que no lo eran (1820-1835/1852). No obstante, Martínez elije mirar esta primera mitad del siglo como un continuum. Es por ello que analiza el accionar de una autoridad de gobierno capaz de mediar en los conflictos entre los poderes locales y de fijar las normas para evitarlos.

Por su parte, la noción Iglesia argentina indica el conjunto de diócesis que los gobiernos, desde la revolución, buscaron controlar. Con la adopción de una escala supraprovincial, Martínez indaga la resolución de los conflictos jurisdiccionales y el surgimiento de un poder central con capacidad de negociar e intervenir en la “solución” de los conflictos locales. Si bien este enfoque es interesante, la escala elegida hace que por momentos la preocupación por la globalidad y la focalización del análisis en el poder central lleven al autor a generalizar un proceso que tuvo matices, sobre todo en los espacios provinciales, fruto de los entramados locales del poder.

La renovación en historia política, historia social e historia de la Iglesia, así como las nuevas lecturas provenientes de la historia jurídica en relación con la construcción moderna del Estado y las teorías de la secularización hicieron más fecunda la formulación del objeto de investigación y la interpretación de los hechos narrada en el texto. En este sentido, las preguntas que guían la investigación son las siguientes: ¿qué facultades intentaron ejercer los gobiernos surgidos luego de la revolución sobre el ámbito eclesiástico?, ¿en qué medida lo lograron?, ¿cuáles fueron los límites?, ¿cuáles fueron los argumentos -en pro y en contra- que se desplegaron?, ¿cuál fue el lugar que le asignaron a la religión católica?, ¿cómo influyó el ejercicio del patronato en este proceso?, y ¿cuál fue el papel desempeñado por la Santa Sede? Para responder a estos interrogantes el autor utiliza reservorios documentales así como información proporcionada por la relectura de los textos clásicos de la historia eclesiástica del periodo.

El relato se estructura en tres partes, cada una de ellas está precedida por una introducción que presenta al lector los temas que se abordarán: “La agonía del patronato indiano en el Río de la Plata (1810-1820)”, “Semipatronos provinciales. Patronato confederal (1820-1852)” y “La organización del patronato nacional (1853-1865)”. En cada una de las partes se estudian tres ámbitos del ejercicio jurisdiccional que se reflejan en la organización de los capítulos. Los primeros se refieren a las normas que intentaron reglamentar las relaciones entre poder civil y poder eclesiástico, el poder central y los poderes locales. Los segundos tratan la aplicación de esas medidas, estudiando los conflictos y las negociaciones, los actores y sus prácticas. Y, finalmente, los terceros describen los argumentos que se sostuvieron para justificar la enunciación, la aplicación y las resistencias que las normas despertaron.

A fin de apreciar mejor los argumentos del autor acerca de los cambios y las continuidades del proceso histórico sobre los que arroja luz el libro, elegimos presentar su contenido siguiendo tres ejes como hilos conductores: normas, prácticas y justificaciones de las prácticas.

El primer eje analítico, las normas, se abre con el tratamiento de las medidas que tomaron los poderes civiles desde la vacancia real en 1808, en especial las dictaminadas por el nuevo poder revolucionario para controlar las iglesias de su territorio. La comparación entre las disposiciones emitidas y los proyectos constitucionales que circularon -por ejemplo las de la Asamblea del Año XIII, el Congreso de 1816 y la Constitución de 1819- permite al autor advertir las diferencias entre las medidas tomadas por los gobiernos con respecto a la religión durante la primera década revolucionaria. Entre ellas se destaca la necesidad de establecer en la segunda mitad de la década contactos con uno de los actores centrales del proceso analizado: la Santa Sede.

Con las autonomías provinciales el universo normativo vuelve a ser modificado en razón de la redefinición jurisdiccional del espacio rioplatense. El libro estudia las Constituciones provinciales en su legislación en materia religiosa, señala las similitudes e indica las diferencias. Luego, con la noción de protopatronato confederal, el autor define y caracteriza al periodo en el que Juan Manuel de Rosas fue el encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina.

A través del estudio de las normas emitidas por el gobernador de Buenos Aires, Martínez afirma que durante su gobierno prevaleció una autoridad patronal de hecho. Esta descansaba en el ejercicio y uso del exequatur pasando a depender de su persona el cumplimiento o no de las disposiciones pontificias. En este sentido, durante este periodo no dejan de contemplarse las disposiciones de la Santa Sede y su intervención en las iglesias locales a partir del nombramiento de vicarios apostólicos. El relato se continúa con el abordaje de la Constitución Nacional sancionada en 1853 y las provinciales que se ajustaron a la nacional, examinando tres dimensiones de análisis: el sostén del culto, el patronato y la libertad de cultos.

Respecto de las prácticas, segundo eje analítico, podemos comenzar resaltando el análisis realizado sobre los límites y los alcances que tuvieron las medidas tomadas por el poder revolucionario respecto de la Iglesia. Martínez señala al respecto que muchos de los conflictos desatados tuvieron sus orígenes en las disposiciones tomadas por los Borbones en la segunda mitad del siglo XVIII. A fin de mostrar cómo actuó el poder revolucionario y los poderes locales, cuáles fueron los cambios que se vivenciaron y las resistencias a los mismos, se siguen algunos momentos de las trayectorias de vida de los obispos Nicolás Videla del Pino y Rodrigo Orellana. Finalizada la primera década revolucionaria, la emergencia de las soberanías provinciales abriría un conjunto de conflictos vinculados al ejercicio del patronato, que son minuciosamente tratados por el autor. Se puede visualizar el complejo diferenciado de alianzas y tensiones entre las autoridades provinciales, las diocesanas, el encargado de las Relaciones Exteriores y la Santa Sede. Respecto a lo último, Martínez retoma los argumentos de investigaciones que, desde la renovación académica de los estudios sobre historia de la Iglesia en Argentina, se han detenido en el análisis de la primera misión pontificia a Sudamérica encargada a monseñor Giovanni Muzi.

En el horizonte abierto en 1853, el lector puede apreciar el avance del patrono, ahora sí nacional, sobre los poderes eclesiásticos y las resistencias que la aplicación de sus prerrogativas produjo. Se afirma que por esta trama las autoridades eclesiásticas fueron pensadas como funcionarios y los obispos comenzaron a ser considerados de “la nación”. En este proceso, la Santa Sede no estuvo ausente. Ignacio Martínez muestra la presencia que tuvo en los conflictos a través de lo que se denominó modus vivendi.

El tercer eje analítico que elegimos, las justificaciones de las prácticas, puede rastrearse en el tratamiento de las doctrinas jurídicas que sostuvieron el ejercicio del patronato por parte del monarca católico y los elementos que de ellas tomó el poder revolucionario para justificar su ejercicio. Al respecto el autor muestra que la nueva forma de concebir la soberanía socavó los fundamentos con los que la monarquía había justificado la injerencia del poder temporal en materia eclesiástica. El problema de la soberanía será determinante en el periodo que se inaugura en 1820. El autor descifra el universo conceptual y los argumentos que se ofrecieron para zanjar la tensión entre la organización confederal de la soberanía y enuncia su hipótesis acerca de la imposibilidad de pensar que hubo tantos patronos como gobiernos provinciales contestando de esta forma estudios anteriores que así lo sostenían. En este marco se analizan prolijamente las opiniones que se vertieron y compilaron en el Memorial ajustado en relación con el ejercicio del patronato. Con el paso de los años, Rosas habría logrado según Martínez subsanar el dilema que se había planteado en el Memorial. El autor da cuenta de los argumentos que utilizó Rosas en sus disposiciones y en sus resoluciones con respecto a los conflictos desatados por los poderes provinciales y eclesiásticos, advirtiendo los cambios en sus prácticas que fueron desde la defensa de la autoridad papal a la emisión del decreto de 1849 en el que reforzó la tendencia de reconstruir la figura del soberano y patrono nacional.

En el plano constitucional y desde una perspectiva que privilegia una mirada general, se examinan los debates del Congreso Constituyente (1824-1827), la Constitución nacional de 1853 y la convención examinadora de la carta magna de 1853. Siguiendo la legislación en materia religiosa (sostén del culto, presupuesto y libertad de cultos), en las Constituciones se delinean las posiciones en pro y en contra de los proyectos oficiales y los argumentos que presentaron las partes en los conflictos jurisdiccionales analizados. Se concluye que hacia mediados del siglo XIX existieron acuerdos mínimos que se manifestaron en la Constitución de 1853: no se alzaron voces firmes para expulsar de la comunidad política a alguien que no profesara el catolicismo romano, ni tampoco se desestimó el papel de la religión como formadora de la disciplina del ciudadano.

Es preciso destacar que el texto es ameno, adopta una escritura clara y ordenada que permite seguir sin inconvenientes la argumentación, sobre todo en temas como los jurídicos, que resultan espinosos para lectores no acostumbrados a la especificidad de esa narración. Por otra parte, vale la pena remarcar el diálogo que sostiene con la más reciente bibliografía sobre la temática así como la revisión que realiza de las obras que se escribieron desde la institución eclesiástica.

Una nación para la Iglesia argentina ofrece al lector un texto compacto que permite pensar el proceso por medio del cual las jurisdicciones eclesiásticas rioplatenses, las decisiones de los gobiernos republicanos posrevolucionarios y los objetivos e intervenciones de la Santa Sede fueron elementos que marcaron las condiciones de posibilidad y los límites en la formación paralela del Estado y la Iglesia en Argentina durante el pasado decimonónico.