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INTRODUCCIÓN
La disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía militar, económica, política y cultural, conocida como la guerra fría, se dirimió de una forma particular en América Latina, lo que valió diferentes interpretaciones y corrientes dentro de la historiografía que fueron sintetizadas en forma reciente por Vanni Pettinà (2018) . En la actualidad, el debate volvió a abrirse en la revista Cold War History entre Gilbert Joseph (2019, 2020) y Marcelo Casals (2020) , pero sobre un común acuerdo: que la larga guerra fría latinoamericana tiene que escribirse corriendo el foco puesto en la historia de las superpotencias, a través de una reposición de la agencia de los sujetos latinoamericanos y desde la perspectiva de los estudios transnacionales. Para Casals (2020), la producción escrita en español, que es muy poco conocida en el mundo anglosajón, complementa, complica e incluso desdibuja los consensos explícitos e implícitos sobre los cuales avanza la historia de la guerra fría. La presente investigación se inserta en esta línea. La crisis centroamericana de fines de los años setenta y comienzos de los años ochenta, y especialmente el papel de Honduras en la región, generalmente fue pensada a través del prisma estadunidense. En este trabajo buscamos correr a la superpotencia del análisis, incluso a sus propias fuentes, y proponer una perspectiva latinoamericana, tal como, con otras temáticas, han impulsado Roberto García Ferreira y Arturo Taracena Arriola (2017) , Tanya Harmer (2013) , Joao Fábio Bertonha y Ernesto Bohoslavsky (2016) , Benedetta Calandra y Marina Franco (2013) , entre otros y otras colegas de la región. Según Aldo Marchesi (2017) , en la llamada “historia reciente”, dentro del campo de los estudios sobre la guerra fría latinoamericana:
los intercambios transnacionales fueron evidentes para cualquier analista de la región, y diversos actores (guerrilleros, militares, movimiento de derechos humanos, etc.) coordinaron regionalmente sus proyectos, estos procesos políticos han sido explicados más que nada en términos nacionales o por medio de enfoques comparativos que, en los últimos años, reforzaron las diferencias nacionales sin considerar los modos como fueron construidos los diálogos regionales (p. 193).
El análisis de la transnacionalización de la violencia política a través de coordinaciones supraestatales de la represión, quedó generalmente delimitado al estudio del Plan Cóndor y al papel protagónico de Estados Unidos, aunque en menor medida el trabajo de Ariel Armony (2004) , quien en la pionera obra compilada por Daniela Spenser sostuvo que “la cruzada argentina en Centroamérica fue un paso final en la creación de zonas de colaboración y contacto transnacional con distintos tipos de formalización […] zonas de contacto [que] no están ubicadas en un territorio determinado, sino que representan espacios de intercambio y circulación de ideas, vínculos y recursos” (p. 321). Por otra parte, la articulación entre Cóndor y los países centroamericanos generalmente se ha supuesto, mas no se ha demostrado cabalmente. Estas conjeturas nos condujeron a investigar, desde el año 2013, los vínculos específicos y bilaterales entre la última dictadura militar argentina (1976-1983) y los regímenes represivos de Guatemala, El Salvador y Honduras, con el fin de dilucidar si efectivamente existió la colaboración argentina en la “lucha contrasubversiva” en América Central, cuáles fueron las diferencias y las similitudes entre los casos nacionales a través de la utilización de la comparación analítica, y si hubo o no una coordinación represiva, pero desde el enfoque de la sociología histórica. Nos interesa pensar, incluso, si esa colaboración se tradujo en una coordinación de órganos de inteligencia y de operaciones entre diferentes Estados-nación para la persecución, detención ilegal, interrogatorio, desaparición forzada o asesinato de opositores políticos. En síntesis, intentamos brindar nuevos conocimientos y enfoques interpretativos a la reflexión sobre la guerra fría latinoamericana (García Fernández, 2018; Molinari, 2018; Rostica, 2018, 2021; Rostica, Kovalskis, Molinari y Oberlin, 2020; Sala, 2018, 2020).
Hacia mayo de 1978 la Junta Militar de la dictadura argentina dio por finalizada la situación de excepcionalidad en el esquema de poder y, en septiembre de 1978, un mes antes de que entrara en vigor la enmienda Humphrey-Kennedy,1 aprobó las primeras “Pautas de la Junta Militar para el Poder Ejecutivo Nacional (para el ejercicio de la acción de gobierno 1979-1981)”. En los anexos secretos se ofrecía una estrategia para paliar los problemas que acarreaban los vínculos tensos con Estados Unidos y la competencia con Brasil por la hegemonía en la región: diversificar al máximo las conexiones de Argentina con la sociedad internacional, en todos los campos, para crear y mantener abiertas opciones de política “positivas y flexibles”, ampliando el margen de su libertad de acción internacional “sin condicionamientos políticos”.2 Estas “Pautas” son la consecuencia de las fuertes presiones internacionales en torno a las denuncias por las violaciones a los derechos humanos y la futura visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Argentina, que se concretaría en septiembre de 1979, lo que la dictadura argentina interpretaba como “intervención en los asuntos internos”, puesto que es importante remarcar que, si bien existieron diferencias en torno a la cuestión política dentro de las Fuerzas Armadas, había un verdadero consenso en torno a la “lucha contra la subversión” (Canelo, 2016). La tibieza del gobierno de James Carter en el conflicto nicaragüense, el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y la hipótesis de que la misma tendría un efecto dominó en las guerrillas de El Salvador y Guatemala provocaron una reacción antiamericana que aglutinó y generó una oportunidad política para la reactivación de las redes transnacionales de las derechas anticomunistas latinoamericanas. Mientras que, por un lado, la Confederación Anticomunista Latinoamericana, con los representantes de México y Paraguay presidiéndola, se posicionaba contra los demócratas estadunidenses y planificaba reunirse en 1980 en Argentina, por otro lado, la dictadura militar argentina estrechó sus lazos oficiales y en materia de seguridad nacional con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras a partir de ese mismo año. Los diplomáticos argentinos sabían que el apoyo económico y militar estadunidense era nulo y escaso para Guatemala y El Salvador, respectivamente, y no dudaban de la inacción del ejército hondureño. La dictadura argentina se encargó de profesionalizar a los altos mandos de la inteligencia de Guatemala y le dio el mayor apoyo político, económico y militar desde muy temprano como en 1978. En el caso de El Salvador, el apoyo se disparó en 1981, tras la “Ofensiva Final” de enero por parte de la guerrilla unificada. Como hemos documentado en otros artículos, tras la declaración franco-mexicana de finales de agosto de 1981 no parece ser cierto que se haya concretado una operación interamericana contra la guerrilla salvadoreña con la inclusión de Estados Unidos y Argentina, pero no hay dudas sobre el grado de responsabilidad de Argentina en la represión interna (Rostica, 2021; Rostica, Kovalskis, Molinari y Oberlin, 2020).
Como veremos a continuación, desde el año 1983 ha habido una pródiga producción, especialmente periodística, que ha afirmado que la colaboración de la dictadura militar argentina en la “lucha contrasubversiva” en la región centroamericana tuvo su epicentro en Honduras y que esta estuvo encauzada contra la revolución sandinista, favoreciendo la formación de la Contra. Este artículo busca interrogar dicha afirmación a partir de una investigación basada en fuentes oficiales sobre el caso específico de Honduras y ahondar en la magnitud, la forma, la temporalidad de la colaboración argentina en materia de seguridad nacional y estimar su impacto y consecuencias en Honduras y la región centroamericana.
La documentación que utilizamos, recientemente desclasificada, proviene del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina (MREC), del Archivo General del Ejército de Argentina (AGE), de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica (Argentina) y del Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala), entre otros, para, precisamente, construir evidencia que no parta de los actores políticos y militares estadunidenses, sino de nuevos elementos empíricos, pero también para reponer una vieja deuda histórica del Estado argentino para con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, la cual ha hecho pedidos reiterados a Argentina, pero frustrados, para que desclasifique los documentos relativos a Honduras durante el periodo de la última dictadura. Creemos que es necesario e imprescindible enfocarnos en estas relaciones específicas durante uno de los periodos más duros de la historia latinoamericana.
El artículo, en primer lugar, elabora un análisis crítico sobre la literatura publicada hasta entonces y muestra los vacíos existentes. En segundo lugar, informa qué es lo que sí podemos afirmar hasta el momento sobre la presencia y accionar de la inteligencia civil y militar argentina desde el año 1980 en Honduras. Por último, analiza cuál puede haber sido el impacto y las consecuencias en materia de represión política. Nuestra hipótesis es que la dictadura militar argentina colaboró con los gobiernos de Honduras de una forma muy específica y diferente a otros casos centroamericanos: en un comienzo integrando órganos de coordinación de inteligencia y operaciones (1980-1981), más luego enviando asesores militares (1982-1983). En ambos casos el objetivo principal no fue incidir en los procesos políticos hondureños de reprimir la disidencia política local, ni la persecución de internacionalistas argentinos en Centroamérica de las organizaciones político-militares, sino entrometerse en el conflicto salvadoreño, primero, y en la lucha contra la revolución nicaragüense, después, para posicionarse con un importante rol geopolítico y económico en la región, ganar la amistad, los votos en los organismos internacionales, nuevos mercados y gestar una nueva alianza continental, de acuerdo con las Pautas elaboradas para 1979-1981.
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA
Los esfuerzos de transnacionalización del terrorismo de Estado de la última dictadura militar argentina hacia Honduras fueron descubiertos y denunciados, en un comienzo, por organizaciones de derechos humanos y periodistas, y aparecieron en declaraciones, entrevistas y testimonios de la época. La sistematización de dichos trabajos no sólo es una tarea que no se ha hecho, sino que permite dilucidar cuáles fueron aquellos supuestos que se repiten acríticamente y cuáles pueden ser puntos que disparen futuras investigaciones.
Una de las primeras denuncias las hizo Miguel Paz en Tegucigalpa el 12 de agosto de 1980, como dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (Tiempo, 13 de agosto de 1980, p. 13, citado en Bardini, 1988, p. 117), pero cobró relevancia con el informe de Americas Watch de 1982 titulado Derechos humanos en Honduras. Las señales del método argentino, publicado luego por el Centro de Documentación de Honduras. En dicho informe se indica que:
La práctica de detener a individuos por razones políticas y después negarse a dar a conocer su paradero y condición, parece haberse establecido en Honduras. En cada uno de los casos investigados el modelo es el mismo. […] Después de la detención inicial, las autoridades niegan rotundamente la presencia del prisionero en los centros de reclusión. […] El preso se ha convertido ya en un desaparecido. En las prisiones clandestinas someten a los reos a torturas y maltratos, incluyendo palizas, toques eléctricos, privación de comida y de agua, aislamiento y son sometidos por períodos prolongados a la capucha cegante y asfixiante (Centro de Documentación de Honduras, junio de 1983, p. 3).
Según el informe, esto tenía que ver con los asesores militares argentinos en Honduras: “varios testigos y activistas de los derechos humanos señalan evidencias de su complicidad directa en acciones represivas” (Centro de Documentación de Honduras, junio de 1983, p. 5).
En Argentina, Eduardo Luis Duhalde, en 1983, en un libro capital, dedicó un largo apartado a la actividad argentina en la región centroamericana. Este afirmó que el mando argentino en Centroamérica tenía su base en Honduras desde diciembre de 1981, decisión que fue denunciada por el canciller nicaragüense en declaraciones de prensa del 3 de febrero de 1982 en Nueva York. Dicha base instruía y dirigía a los comandos que invadían el territorio nicaragüense, según las declaraciones de un supuesto militar argentino llamado Héctor Francés. En el libro de Duhalde (1983, pp. 325-327) también se menciona la denuncia de un grupo de campesinos nicaragüenses que estaba recibiendo instrucción militar forzosa en Honduras y había participado, junto con otras 300 personas, en cursos militares impartidos por asesores argentinos en Tegucigalpa.
Una de las fuentes de Eduardo Duhalde, como hemos dicho, fueron las declaraciones de Héctor Francés, las cuales, según Pablo Uncos (2012, p. 46), marcaron una bisagra al hacerse público algo que hasta el momento se había mantenido en “riguroso secreto”. Algunos periodistas señalan que Francés se había entregado a la Seguridad del Estado sandinista unos meses antes, pero otros exguerrilleros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP) indican que el agente había sido apresado en Costa Rica por los servicios de inteligencia sandinistas en los que se desempeñaba Enrique Gorriarán Merlo y que fue forzado a hacer las declaraciones (Uncos, 2012, p. 46). García Lupo (1983, p. 210) , por su parte, informó que se trataba presuntamente de un miembro de una red secreta de oficiales de baja graduación descontenta con sus jefes. ¿Hasta qué punto podemos considerar a esta fuente fiable y verificable? Si bien se identificó como un capitán argentino, exintegrante del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, en un video que se dio a conocer el 30 de noviembre de 1982, aún no lo pudimos corroborar.3 Cuando el video salió a la luz, la embajada argentina en Honduras informó a la cancillería sobre el mismo a través de cables secretos en los que puso en cuestionamiento la identidad del secuestrado y su situación, así como que los datos tenían “apariencia [de] ser suministrada por organismo [de] inteligencia sandinista”.4
El libro de Duhalde también hace referencia a una misión militar argentina en El Salvador en 1981 denominada “Plan Charlie”. El trabajo periodístico de Óscar Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo Van Der Kooy sobre las Malvinas, publicado en el mismo año que el de Duhalde, se explayó un poco más sobre el mismo Plan. Según estos autores, Argentina había intentado sin éxito evitar el derrocamiento de Anastasio Somoza, fracaso que la condujo a enviar asesores a Honduras y Guatemala, quienes adiestraron a los antisandinistas “empeñados en derrocar al nuevo régimen” hasta 1982 (Cardoso, Kirschbaum y Van Der Kooy, 1983, p. 27). Estos periodistas afirmaron que ese emprendimiento externo fue concebido en 1979 por el Estado Mayor General de Ejército, partiendo de la hipótesis de que Argentina podría “ocupar los espacios vacíos en la lucha continental contra comunismo” dejados por la administración Carter con su política de derechos humanos. En ese contexto se ideó el “Plan Charlie”, en el que un “gobierno de derecha” impulsaría un “ejército de paz” panlatinoamericano “encabezado por la Argentina, que podría empujar a los izquierdistas (de El Salvador) tierra adentro hacia Honduras, donde el ejército de ese país los aplastaría en un movimiento de pinzas” (Cardoso, Kirschbaum y Van Der Cooy, 1983, p. 27). El “plan Charlie” fue dado a conocer por el semanario Newsweek al mismo tiempo que el canciller nicaragüense denunció la conspiración contra su país (Cardoso, Kirschbaum y Van Der Cooy, 1983, p. 48). Gregorio Selser también escribió una nota al respecto titulada “Asesores argentinos en el ‘Plan Charlie’”, en 1982, en la cual aparecen textuales palabras, pero con la diferencia de que serían “rumores”: “En América Latina circulan los rumores de que un gobierno de derecha podría poner en práctica un “ejército de paz” panlatinoamericano, dirigido por Argentina, el cual podría empujar a los izquierdistas salvadoreños hacia Honduras, en donde el Ejército local los aniquilaría en una operación de pinzas. El mecanismo legal ya está dispuesto: denominado Plan Charlie”.5
Otro libro periodístico que tuvo mucho impacto, tanto en Estados Unidos como en Argentina, es el de Christopher Dickey (1987) , cuya primera versión en inglés es de 1985. De su trabajo como corresponsal del Washington Post para la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe, esgrime que el primer equipo argentino que llegó a Centroamérica fue a Nicaragua a perseguir a internacionalistas argentinos en vísperas de la revolución (p. 53) y que el asesinato de Somoza en Paraguay por un grupo perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en septiembre de 1980 desencadenó el envío de agregados militares y funcionarios a los países que rodeaban Nicaragua, así como el arribo a Buenos Aires de exguardias nacionales nicaragüenses para formarse en el país (pp. 124-125). Sin embargo, identifica que la asunción de Ronald Reagan en enero de 1981 y la designación del coronel Gustavo Álvarez como jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública en Honduras, llevaron a que Argentina estableciera su base en Honduras (p. 128). Dickey (1987) señaló que quien abrió una puerta a ciertos acuerdos con Estados Unidos fue el presidente Roberto Viola cuando visitó Washington en marzo de 1981, y que luego Leopoldo Fortunato Galtieri negoció con el gobierno de Estados Unidos que “proveería el dinero, la Argentina proveería el entrenamiento y Honduras cedería la base de operaciones” (p. 130). Un trabajo casi simultáneo (1986) es el de Erick Weaver y el Central America Research Institute (1990) quienes indican que el trabajo de Argentina sirvió para entrenar a los “contras”, junto a Honduras y Estados Unidos, desde principios de 1980: “dos oficiales argentinos enseñaban en el Alto Mando y Escuela de Oficiales y del Estado Mayor en abril de 1982, y por lo menos doce oficiales argentinos trabajaban en forma clandestina con las bandas de exiliados” (p. 81). Pocos años después, en México, Roberto Bardini (1988) publicó un trabajo que condensa su investigación como corresponsal del diario El Día y la Agencia Nueva Nicaragua. En su libro recoge las “revelaciones de un desertor” del Frente Democrático Nicaragüense (FDN), en el que detalla cómo fue trasladado a Miami, a Paraguay y de ahí a Argentina, junto a un grupo de 22 contrarrevolucionarios, para tomar un curso entre junio y julio de 1981 sobre guerra revolucionaria, inteligencia y contrainteligencia y técnicas de interrogatorio y que tras esa experiencia llegó a Guatemala a integrarse al FDN recién creado (pp. 95-101).
Los estudios sobre las relaciones internacionales de Argentina permiten distinguir las diferentes opiniones sobre el tema dentro del bloque político-militar dirigente. El primer trabajo relevante es el de Roberto Russell y Juan Tokatlian (1986) , quienes distinguieron tres periodos en el desarrollo de las relaciones entre Argentina y América Central. En el segundo periodo, que ubican entre 1981 y junio de 1982 (el último de Videla, la totalidad de Viola y parte de Galtieri), Argentina aumentó su participación en América Central “por una racionalidad y definición propias de la ‘seguridad nacional’” (p. 8). En este periodo, dicen los autores, hubo grandes disensos sobre la participación en América Central al interior de la alianza gobernante e identifican dos posiciones. Por un lado, la del presidente Viola y su canciller Camilión, quienes defendían la necesidad de mantener el statu quo en Centroamérica, rechazaban la intervención militar, creían que había que mantener el diálogo con la Junta Sandinista en Nicaragua y que había que acentuar el respaldo diplomático, político y financiero al gobierno de José Napoleón Duarte en El Salvador (Russell y Tokatlian, 1986, p. 11). Por otra parte, estaba la posición del comando en jefe y los sectores del ejército partidarios de la cooperación militar activa. Dentro de este bloque estaban los “globalistas”, como la subjefatura II del Estado Mayor del ejército, quienes estaban dispuestos a proyectarse internacionalmente en defensa de la “civilización occidental” y “ofrecer” sus “conocimientos especiales de contrainsurgencia”, tanto al ejército salvadoreño como a la contra nicaragüense (Russell y Tokatlian, 1986, p. 9). A la par de este grupo, los autores identifican a otro, también del ejército, que buscaba hacer converger las acciones con Estados Unidos para lograr apoyo de este país en la cuestión de las Malvinas. Explican que la participación argentina en el área se materializó a través de canales políticos, diplomáticos, militares y económicos, que sustentaron en fuentes hemerográficas de procedencia estadunidense. Los autores llegan a señalar que a finales de 1981 y comienzos de 1982, “aumentó la participación de militares en el asesoramiento de contrainsurgencia y práctica de tortura en Guatemala y El Salvador” y la “provisión de armamentos” (Russell y Tokatlian, 1986, p. 11), pero no mencionaron las relaciones particulares con Honduras. El tercer momento corresponde al de mayor colaboración con Estados Unidos y la guerra de las Malvinas que se extiende entre la renuncia de Galtieri el 17 de junio de 1982 hasta la llegada del presidente Raúl Alfonsín. Ellos señalan que estos cambios alteraron la intensidad de la participación de Argentina en América Central, pero que no produjeron una redefinición sustancial de políticas hacia la subregión. En noviembre de 1982, según esta fuente, alrededor de 20 asesores militares argentinos aún operaban en Honduras; hacia mediados de 1983, doce militares argentinos entrenaban a los Contras desde Honduras, y que, hacia el final de la dictadura, no se había abandonado la diplomacia secreta, ni la provisión de armamentos (Russell y Tokatlian, 1986, p. 11). Cisneros y Escudé (2000) , en un trabajo mucho más reciente, volvieron a señalar que el presidente Viola y el canciller Camilión defendieron el mantenimiento del statu quo, entendido como defensa del principio de no intervención y como medio para evitar una radicalización de los procesos políticos internos en la subregión, pero que los “halcones” del ejército, liderados por el comandante en jefe Galtieri, decidieron incrementar su compromiso en América Central. Señalan que, a finales del gobierno de Viola, llegó a haber 38 coroneles argentinos alojados en el hotel Maya de Tegucigalpa para colaborar con el entrenamiento de 9 000 Contras nicaragüenses que operaban desde territorio hondureño, pero que durante el gobierno de Galtieri el involucramiento argentino fue mayor.
En el marco de los estudios históricos sobre la guerra fría, Ariel Armony (1999, p. 69) reafirma la hipótesis de los periodistas Cardoso, Kirschbaum y Van Der Kooy y detalla la asistencia militar que Argentina presuntamente ofreció a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, aunque se sostiene en la literatura anteriormente citada y en fuentes hemerográficas extranjeras. Para el caso específico de Honduras, Armony, al igual que Christopher Dickey, señala la importancia que tuvo el general Álvarez Martínez, sobre el que agrega que fue un egresado del Colegio Militar de Argentina, de la promoción 1961. Desde su nombramiento como comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) en agosto de 1980, el llamado “método argentino” comenzó a aplicarse dentro de Honduras para decapitar las organizaciones populares. Armony (1999) señala que Álvarez profesionalizó la estructura con la llegada de los asesores argentinos y defendió públicamente el método argentino de lucha contra la subversión. Observa que, en enero de 1982, Álvarez fue designado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas hasta marzo de 1984, un periodo que coincidió con los primeros años del gobierno constitucional de Roberto Suazo Córdova, bajo el cual aumentó la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad y se consolidó el control militar estadunidense sobre Honduras (pp. 153-155). Académicos hondureños como el historiador Marvin Barahona (2005 , p. 241) y la socióloga Leticia Salomón (1993, p. 12) no dudan en afirmar que la elección del coronel Gustavo Adolfo Álvarez Martínez como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas explica la implementación de métodos represivos que daban cuenta de la huella argentina. Ariel Armony (1999, p. 155) sostiene que, durante la administración Reagan, se buscó acabar con la disidencia popular en el país, reubicar a los refugiados salvadoreños lejos de las zonas fronterizas, cooperar en la lucha contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) junto a las fuerzas armadas hondureñas y salvadoreñas y establecer en Honduras una base militar en respaldo de la guerra clandestina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra Nicaragua.
Una de las unidades más importantes para la represión interna fue el Batallón 3-16, el cual, según Armony (1999) , fue entrenado y equipado “por el FBI, la CIA, la Argentina y Chile”. Los argentinos trabajaron en colaboración directa con el capitán Alexander Hernández, el jefe del Batallón. Ideado por Álvarez Martínez, el Batallón operaba en colaboración con la Fuerza de Seguridad Privada (FUSEP) y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) (p. 156). Según consigna el autor, instructores argentinos y chilenos capacitaron a los escuadrones de la muerte y a las fuerzas especiales, los Cobra y la unidad TESON, en el Centro de Instrucción Policial en Tegucigalpa durante el gobierno de Carter. Posteriormente, en 1981, Álvarez organizó, con asistencia argentina, el Comando de Operaciones Especiales (COE), una unidad de elite dentro de la FUSEP. Los argentinos “entrenaron a personal del ejército hondureño […] en maniobras de combate, explosivos y técnicas de interrogatorio en la base ‘contra’ de Lepaterique”, así como organizaron a los restos de la derrotada guardia nacional nicaragüense contra los sandinistas. Honduras recibió unos 1 500 hombres de la exguardia nacional quienes, con la designación de Álvarez Martínez, se organizaron y pasaron a contar con el apoyo del gobierno. Uno de sus líderes fue Ricardo Lau, jefe de la sección de inteligencia de la FDN en Honduras, quien fue entrenado en Argentina en inteligencia. El mismo autor destaca que hacia 1981 Camilión autorizó un préstamo de 10 000 000 de dólares a Honduras para la compra de equipos militares, que esos implementos militares se vendieron de forma secreta hasta 1986 y que había más de 150 oficiales y soldados argentinos estacionados en Honduras (Armony, 1999, p. 163).
Algunas otras referencias menos detalladas dieron los investigadores del Plan Cóndor sobre fuentes relevadas en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay. Patrice McSherry (2009, pp. 261-263, 269 y 279) sostiene que entre 1979 y 1980 un nuevo sistema Cóndor se extendió a Centroamérica, al observar, al igual que Armony (1999, pp. 202-203), que “José Osvaldo Ribeiro” fue una de las cabezas de dicho sistema, el jefe del Grupo de Tareas Exteriores argentino en la región. Reafirma que varios exguardias nacionales de Nicaragua se formaron en inteligencia en Argentina, que el Batallón 3-16 recibió adiestramiento argentino y estadunidense, pero agregó que la Quinta Escuela del Ejército en Tegucigalpa era la manejada por los argentinos en Honduras (McSherry, 2009, pp. 287-289 y 291). Sin embargo, duda de la autonomía que Armony otorgó al gobierno militar argentino respecto a Estados Unidos.
El Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993, elaborado por el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CNDH), presentado en 1993, contiene un apartado titulado “Los argentinos en Honduras” que utilizó muchas de las fuentes citadas previamente (CNDH, 2002, pp. 350-356). El informe señala que la presencia de militares argentinos en dicho país se estableció en 1980, pero que a partir de 1981 se formalizó el objetivo del entrenamiento y canalización de recursos a los grupos paramilitares antisandinistas asentados en territorio hondureño (CNDH, 2002, p. 345). Allí se indica que “la participación de agentes argentinos en las desapariciones no ha sido completamente probada, pero observadores de los derechos humanos no pueden dejar de notar la sorprendente similitud entre el patrón que comienza a percibirse en Honduras y las […] desapariciones” en Argentina (CNDH, 2002, p. 353). Destaca algunas similitudes entre las prácticas del Batallón de Inteligencia 3-16 de Honduras y el Batallón 601 de Inteligencia de Argentina y que esto puede probarse por las revelaciones de Sánchez Reisse, revelaciones que extraen de la revista Somos del 25 de febrero de 1987 (CNDH, 2002, pp. 397-398). No obstante, ¿cuán confiable pueden ser los dichos de una persona que dijo ser agente del Batallón de Inteligencia 601 y del FBI y cuyas declaraciones en la causa AMIA nunca pudieron ser comprobadas por la justicia?, ¿cómo valorar sus testimonios ante el Senado de Estados Unidos si desde marzo de 1981 hasta noviembre de 1985 estaba en manos de la policía suiza?6
El libro que apareció en Cuba en 2005 de Fabián Escalante Font (2016) es uno de los primeros en aportar la transcripción de documentos. Él afirma que existió, como han mencionado otros autores, desde marzo de 1982, un operativo encubierto de la CIA que utilizó elementos de la inteligencia argentina para organizar a las exguardias nacionales somocistas en territorio hondureño e iniciar operaciones armadas en el norte de Nicaragua, que se llamó “Operación Calipso” (Escalante, 2016, p. 13). La idea permitía, a la vez, cortar el suministro de armas que presuntamente Nicaragua vehiculizaba hacia El Salvador a través del Golfo de Fonseca. Según documentos del Centro de la Inteligencia Sandinista que él transcribe, los “ayudantes del operativo militar” fueron los coroneles “Oswaldo Ribeiro” (quien comandó la Operación Calipso) y “Santiago Hoyas” (quien estaba subordinado a Ribeiro, era jefe del Grupo de Tareas en el Exterior y habría organizado la red de agentes latinoamericanos de la operación) (Escalante, 2016, pp. 44, 53 y 55).
El trabajo más reciente es el de Emiliano Balerini Casal (2018) , quien si bien por un lado parte en gran medida de toda la literatura previa para demostrar la asesoría militar argentina en Honduras, es uno de los pocos que la vincula con las violaciones a los derechos humanos perpetradas a argentinos en Honduras, como fue el caso de Radio Noticias del Continente y el desmantelamiento de la estructura logística de las FARN, una de las cinco organizaciones del FMLN y miembros de su propia familia (pp. 188-197).
En síntesis, todos estos autores y autoras acuerdan en afirmar que hubo argentinos en Honduras entre 1980 y 1982 cumpliendo tareas de asesoramiento y equipamiento militar, pero en su gran mayoría se basan en fuentes periodísticas y sus datos son muy divergentes. ¿Cuándo llegaron concretamente los militares argentinos a Honduras?, ¿qué cargos tenían?, ¿quiénes fueron y durante cuánto tiempo permanecieron en el país?, ¿qué tareas tenían asignadas?, ¿cómo puede haber impactado?
LA EVIDENCIA DE LOS ARCHIVOS OFICIALES LOCALES
La literatura existente abre interrogantes en torno al establecimiento de la agregaduría militar, la formación militar en Argentina de los exguardias nacionales y de militares hondureños, especialmente cuándo, quiénes y qué cursos tomaron; imprecisiones sobre la asesoría militar argentina, cuándo inició la asesoría, quiénes fueron los asesores y cuál fue la institución que recibió la misma; entre otras. En este apartado, mostraremos lo que hemos logrado investigar y documentar hasta el momento para así, posteriormente, contrastar los resultados con la literatura previa.
La agregaduría militar en Honduras
La Junta Militar argentina trató la cuestión sobre la “Presencia en América Central” en diciembre de 1979, cuando se decidió incrementar la misma abriendo nuevas agregaciones y/o extendiendo las existentes (Ministerio de Defensa, 2014, p. 41). Desde marzo de 1980 hasta finales de enero de 1982 la agregaduría militar de Guatemala asumió sus funciones sobre Honduras y El Salvador, y desde ese entonces a febrero de 1984 una nueva agregaduría con sede en Honduras operó también para Nicaragua. Los agregados militares que detallo en el cuadro 1 tenían una importancia sin igual, porque dependían orgánicamente de la jefatura II del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), no de la embajada, tenían funciones especiales y la posibilidad de contratar personal civil, “agentes”, para las mismas, quienes no tendrían “carácter de empleados públicos del Estado Argentino”.7 A través de las agregadurías se gestionaron formación militar, becas, información e inteligencia, asesoría militar y venta de armas.
Cuadro 1 Agregados militares con funciones en Honduras entre 1980 y 1983
| Nombre y apellido | Cargo | Fecha de ejercicio del cargo | ||
| Coronel Juan Arturo Ehlert* | Agremil en Guatemala, El Salvador y Honduras | 1 de marzo de 1980 al 30 de enero de 1982 | ||
| General Jorge Eugenio Pedro O’Higgins | Agremil en Honduras y Nicaragua | 17 de diciembre de 1981 al 8 de febrero de 1984 | ||
| Suboficial Ángel Custodio Insfran (AEI) | Auxiliar Agremil en Honduras y Nicaragua | 17 de diciembre de 1981 a 1983 | ||
| Suboficial Máximo Ojeda | Auxiliar Agremil en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala | 14 de febrero de 1979 y por 775 días. |
* Es importante mencionar que el coronel Ehlert fue condecorado por las Fuerzas Armadas de Honduras el 4 de diciembre de 1981 y por el gobierno de Guatemala el 13 de noviembre de 1981.
Fuente: elaboración propia a partir de las fichas de ascenso y legajos solicitadas al Equipo de Relevamiento y Análisis en los Archivos de las Fuerzas Armadas, noviembre de 2016; y el decreto 422 de fecha 25 de febrero de 1980.
La embajada, a diferencia de las agregadurías, se ocupó, más bien, de la suscripción de una serie de convenios bilaterales en 1981 que cubrían una amplia gama de rubros: un convenio financiero por el que se otorgaba una línea de crédito de 15 000 000 de dólares, renovable por un tramo de igual suma para la adquisición de productos argentinos, un convenio comercial y otro de cooperación científico-técnica (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 1980, p. 108). Pareciera, asimismo, haber colaborado, aunque no de forma directa, de la promoción y venta de armas de Fabricaciones Militares y de su financiamiento. En enero de 1982 el Banco Central de la República Argentina autorizó a Fabricaciones Militares a financiar la exportación de material bélico secreto a las Repúblicas de Honduras por un monto de 10 000 000 de dólares. El documento oficial señala que “la peticionante argumenta razones de interés político y estratégico para concretar esta operación, aprobada por el Comando en Jefe del Ejército.”8
La formación militar en Argentina
Dado que hay mucha imprecisión en la bibliografía relevada sobre la formación de militares nicaragüenses y hondureños en Argentina, decidimos iniciar una indagación sobre el tema. Los datos que hemos sistematizado hasta el momento, que corresponden al rango temporal que va de 1976 a 1982 y pertenecen solamente al ejército, nos muestran una situación radicalmente diferente, por ejemplo, entre Honduras y Guatemala. Mientras que el ejército guatemalteco optó por buscar en Argentina una formación específica en inteligencia de oficiales de alto rango, que incluso llegaron a ser directores de inteligencia en su país y, de hecho, representaron el 15% del total de los invitados extranjeros a tomar el Curso de Inteligencia para Oficiales Extranjeros (COE-600),9 no podemos afirmar lo mismo del ejército hondureño, el cual recién envió a dos personas en 1981, como mostramos en el cuadro 2. Pese a estas diferencias, hay que señalar la importancia que revista la formación en el exterior de un militar hondureño en relación con el total de su promoción. Si consideramos la promoción 1971 del mayor Alexis Perdomo Orellana, que llegó a Argentina para el COE-600 en 1982, en esa egresaron 17 personas en total de la Escuela Militar de Honduras.10 En términos generales, podemos decir que era una fuerza poco numerosa.
Cuadro 2 Militares nicaragüenses y hondureños que tomaron el COE-600
| Nicaragua | Honduras | |
| 1978 Teniente Juan Vicente Caldas Trujillo Teniente Roger Ramón Callejas Medina Teniente Rodolfo Ampie Quiroz Teniente José Lyon Chavarria Los cuatro de la Guardia Nacional de Nicaragua | ||
| 1979 Capitán Manuel Salvador Díaz Montes Capitán Donald Rodríguez Chávez Capitán Harry Gómez Ruiz Teniente Luis Antonio Gutiérrez Borge Los cuatro de la Guardia Nacional de Nicaragua | ||
| 1981 Subteniente José Luis Zambrano Carrasco Subteniente Segundo Flores Murillo de Honduras | ||
| 1982 Mayor Alexis Perdomo Orellana |
Fuente: elaboración propia a partir de los siguientes BRE: 4764, 7 de abril de 1978; 4796, 17 de noviembre de 1978; 4820, 4 de mayo de 1979; 4934, 4 de mayo de 1981; 4996, 26 de abril de 1982. AGE, Argentina.
Los datos relevados nos indican que varios integrantes de la Guardia Nacional somocista tomaron diferentes cursos en Argentina hasta el triunfo de la revolución sandinista, pero no encontramos ningún documento de los cursos que presuntamente tomaron después, entre marzo y mayo de 1981, según Dickey (1987, p. 129) , o entre junio y julio según Bardini (1988, p. 96) . Contamos, para el COE-600, ocho estudiantes nicaragüenses entre 1978 y 1979, un número altísimo para cursos poco numerosos, y de esos hemos podido identificar a uno de ellos, a Rodolfo Ampie Quiroz, quien fue jefe de la sección de inteligencia y después responsable de una fuerza de tarea independiente de las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses (FDN) (Escalante, 2016, p. 117).
La curva se eleva en 1981-1982 para el caso de Honduras, lo cual nos informa sobre el estrechamiento de lazos entre ambos gobiernos desde mayo de 1980 hasta agosto de 1981. En 1980 hay notas dirigidas directamente hacia el general de brigada Mario Chinchilla Carcamo, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, a quien le ofrecieron becas para la Escuela de Inteligencia, entre otras ofrecidas para la Escuela Superior Técnica y para el Colegio Militar de la Nación para el ciclo de 1981.11 Esto evidencia la política adoptada por el general Álvarez: tres estudiantes en el COE-600; uno en la Escuela Superior de Guerra (Curso Básico de Comando); uno para la Escuela Superior Técnica; seis para el Colegio Militar de la Nación; cuatro para la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”, como se muestra en el cuadro 3.
Cuadro 3 Militares hondureños que tomaron cursos en diferentes escuelas de las Fuerzas Armadas de Argentina
| Escuela | Honduras | |
| Escuela Superior de Guerra (Curso Básico de Comando; Curso Auxiliares de Estado Mayor) | 1982 Mayor Santiago Abelardo Hernández | |
| Escuela Superior Técnica “General de División Manuel Nicolas Savio” | 1979 Teniente César Augusto Saldívar (año 1) Subteniente José Santos Reyes Argeta (año 1) Subteniente José René Oliva Euceda (año 1 y año 4) | |
| Teniente D José René Oliva Euceda (4º curso) | ||
| Colegio Militar de la Nación | 1980 Cadete René Javier Palao Torres (1º año) | |
| 1982 Cadete Astor Vinicio González Galeano (1º año) Cadete Alex Omar Molina Rivera (1º año) Cadete Pedro Anastasio Castellón García (1º año) Cadete Erik Reinaldo Ordóñez Valladares (1º año) Cadete Francisco José Castañón Galindo (1º año) Cadete René Javier Palao Torres (3º año) | ||
| Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos” | 1982 Sargento 1º Cesar Alberto Núñez Mendoza Sargento Técnico Arturo González Raudales Sargento 2º Hidalgo Alvarado Martínez Sargento 2º Carlos Manuel Franco |
Fuente: elaboración propia a partir de los siguientes BRE: 4996, 26 de abril de 1982; 4820, 4 de mayo de 1979; 4871, 25 de abril de 1980. AGE, Argentina; y del siguiente documento: FFAA de Honduras, Estado Mayor General a Arturo Ossorio Arana, embajador de Argentina, 12 de febrero de 1982, exp. 127. Colección Forti. MREC, Argentina.
La coordinación en comunicaciones, inteligencias y operaciones
La Comisión Permanente para las Comunicaciones Militares Interamericanas (COPECOMI) y la Red Interamericana de Comunicaciones Militares (RECIM) fueron organismos creados en la 8º Conferencia de Ejércitos Americanos (1968), que se utilizaron como medio para aumentar las capacidades de la comunicación de los ejércitos y vincularlos entre sí, un sistema “que pudo haber albergado, posteriormente, la red de comunicaciones seguras de la Operación Cóndor” (McSherry, 2009, p. 89). Algunos autores afirmaron que dichos organismos constituían una base de comunicaciones para las operaciones militares que, hacia finales de los años setenta, se realizaban contra Nicaragua y las guerrillas de El Salvador y Guatemala (Crockcroft, 2001, p. 304). Una directiva del Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala de mayo de 1983 -que tenemos en físico- indica que “el sistema interamericano de telecomunicaciones es un organismo militar internacional, cuya finalidad es la de facilitar la integración y asistencia recíproca entre ejércitos americanos, en el campo operacional, técnico, científico de las Comunicaciones” y que el mismo comprendía tres organismos: la COPECOMI, la RECIM y la Conferencia de Comunicaciones de Ejércitos Americanos (CCEA).12 Esta última se realizaba anualmente en el Fuerte Monmouth de la Ciudad de New Jersey, Estados Unidos.
De acuerdo con Duhalde (1983, p. 317) y Balerini Casal (2018, 2020), entre otros, durante la XIII Conferencia de Ejércitos Americanos, la cual se realizó en noviembre de 1979 en Bogotá, el jefe del ejército argentino Roberto Viola “propuso una campaña conjunta de los ejércitos del continente contra la subversión comunista, es decir, una alianza más estrecha, o quizás una fuerza interamericana”.13 Esta ponencia argentina coincidió con el tratamiento sobre la presencia argentina en América Central por la Junta Militar argentina, como ya hemos señalado (Ministerio de Defensa, 2014, p. 41). Varios autores citados al comienzo del artículo destacan el año 1981, cuando en el marco de una serie de eventos y misiones militares hubo expresiones del estadunidense Vernon Walters, de los argentinos Roberto Viola y Fortunato Galtieri, del salvadoreño José Guillermo García, entre otros, en torno a la disposición de integrar una fuerza interamericana para actuar en los conflictos salvadoreños y nicaragüenses. Esta disposición fue vociferada con más fuerza tras la Declaración franco-mexicana de fines de agosto de 1981, en la que se reconocía al FMLN/FDR como “fuerza política representativa” en el conflicto salvadoreño (Rostica, Kovalskis, Molinari y Oberlin, 2020, pp. 7-10). Frente a esta, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela elaboraron la Declaración de Caracas, del 2 de septiembre de 1981. Meses antes Honduras y El Salvador habían firmado un tratado de paz que ponía fin al viejo conflicto, pero al mismo tiempo permitía el acceso de los salvadoreños a la zona desmilitarizada, eliminaba las patrullas de la Organización de los Estados Americanos y daba al ejército de Honduras la tarea de servir de policía en la frontera, lo que, según algunos periodistas, se tradujo en ataques coordinados contra los refugiados salvadoreños. En octubre de 1981, a un año del tratado de paz, Estados Unidos y Honduras realizaron las maniobras militares conocidas como Halcón Vista, como una muestra del país del norte de estar predispuesto a dar el apoyo a Honduras en una guerra contra Nicaragua (Escalante, 2016, p. 211). A principios de febrero de 1982, noticias periodísticas hablaban de una intervención argentina en Honduras bajo el ala del TIAR, alertas enardecidas por los intercambios con el presidente de la Junta Interamericana de Defensa (Bardini, 1988, p. 120). Expresiones del general Álvarez Martínez en noviembre de 1982, por otro lado, señalaban una alianza entre El Salvador, Guatemala y Honduras para combatir la subversión a nivel regional: “Ya estamos trabajando coordinadamente, intercambiando información de inteligencia y nos apoyamos en operaciones, pero necesitamos incrementar nuestro nivel de coordinación y quizás operar conjuntamente.”14 Posiblemente estas afirmaciones tenían que ver con el papel que la COPECOMI estaba cumpliendo en América Central y las negociaciones para la reactivación del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA).
La directiva guatemalteca señala que la COPECOMI era el organismo ejecutivo y que estaba configurado por los delegados de los Ejércitos Americanos reunidos en Grupos, los cuales integraban por turno el organismo. Entre 1980 y 1981 la sede estuvo en Honduras y el grupo estuvo conformado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, y entre 1982 y 1984 la sede estuvo en Argentina y el grupo estaba conformado por Chile, Paraguay y Uruguay.15 La directiva, cuando enumera los beneficios que su participación le daría al ejército de Guatemala, señala:
A. Pertenecer a organizaciones, cónclaves y reuniones, donde se comparte información, tecnología, experiencias, se coordina la asistencia recíproca y entrenamiento en materia de comunicaciones con el resto de Ejércitos Americanos.
B. En las Operaciones conjuntas y combinadas, CONDECA ÁGUILA, HALCÓN VISTA y CENTROAMERICA, han jugado un papel muy importante en materia de coordinaciones, órdenes, etc.
C. Compartir responsabilidades para mantener el prestigio profesional del Ejército de Guatemala, adquiriendo compromisos en igualdad de circunstancias, instalando, manteniendo, y operando una estación corresponsal del sistema.
D. Fortalecer los vínculos entre los Ejércitos Americanos, para evitar caer con el aislamiento tan perjudicial, cuando se busca el apoyo internacional, a cambio de una cuota monetaria, que en realidad no es tan alta en cuanto a los beneficios que se adquieren o se pueden adquirir.16
Nuestros avances de investigación indican que cuando la RECIM y la COPECOMI pasaron a funcionar en Honduras, algunos argentinos del arma de comunicaciones fueron destinados a integrar dicha Comisión, en ese país:17 1) el suboficial mayor José Luis Ayala, enviado a COPECOMI del 17/2/1980 a 25/4/1981; 2) el coronel Miguel Antonio Ferrari enviado a COPECOMI desde 1980 (sin fecha precisa) a 3/3/1981;18 3) el coronel Elbio Encarnación Ojeda enviado a COPECOMI desde el 4/11/1980 a 30/12/198119; 4) el sargento primero Raúl Guajardo, enviado a RECIM del 15/1/1981 a 19/2/1982. En 1983 el coronel argentino Alberto Anibal Solari presidía la COPECOMI en Argentina.20
Por los legajos sabemos que tanto Ayala como Guajardo fueron a tomar el curso de Operadores de Comunicaciones de la RECIM. El último, cuando regresó a Argentina pasó al Comando de Comunicaciones 601 destinado en comisión al COPECOMI en Buenos Aires. El caso de los coroneles Ojeda y Ferrari es diferente. El primero, desde 1975, había sido profesor del Curso Básico de Comando del Estado Mayor General del Ejército y desde diciembre de 1979 pasó a continuar sus servicios en la SIDE. Precisamente desde este destino fue designado en comisión permanente por el término de 456 días para desempeñarse como delegado del Ejército Argentino ante la COPECOMI, como representante del “Grupo de Países nro. 1.” Desde el 30 de diciembre de 1981 pasó a revistar al Comando de Comunicaciones como representante de la COPECOMI en Argentina hasta el 6 de octubre de 1982. Ferrari figura como “integrante” de la COPECOMI y, posteriormente, como oficial de enlace del Comando de Comunicaciones del Comando General del Ejército en el traslado de la COPECOMI y la ECR/RECIM de Honduras a Argentina. En el legajo hay un certificado de reconocimiento a Ferrari por su “colaboración prestada a las Fuerzas Armadas de Honduras”, certificado que está firmado por el coronel de infantería Adalberto Paz Alfaro, subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Pública de Tegucigalpa (6 de febrero de 1981). Los militares extranjeros que integraban el organismo tenían inmunidad de jurisdicción de los tribunales del país sede “en caso de imputárseles a alguno de ellos cualquier hecho punible, cometido en el desempeño de sus funciones” y el Comando en Jefe del Ejército era el encargado de designar los órganos de su dependencia que tendrían a su cargo, “la coordinación de las actividades previas a la instalación efectiva de la COPECOMI y las que luego resulten necesarias para su funcionamiento y posterior cese en el país”.21
Todo indica, en conclusión, que al menos entre febrero de 1980 y el 31 de diciembre de 1981 la COPECOMI y la RECIM tuvieron sede en Honduras; que el primero era un órgano interamericano de coordinación de inteligencia y comunicaciones, pero también de operaciones de ejércitos absolutamente represivos; que Argentina envió, al menos, cuatro militares, dos de ellos eran oficiales de alto rango y uno de la SIDE; que al menos uno de ellos “colaboró” con las Fuerzas Armadas de Honduras entre 1980 y 1981; y que a partir de 1982 ambos se trasladaron a Argentina para funcionar hasta el 31 de diciembre de 1984. Si bien aún no podemos afirmar que se haya concretado una operación interamericana contra la guerrilla salvadoreña, es muy poco probable que estos organismos no hayan tenido incumbencia en la frontera El Salvador-Honduras, en el conflicto nicaragüense o en el suministro de información al gobierno de Guatemala y, por lo tanto, creemos que es necesario su futura investigación.
Los asesores argentinos en Honduras
Argentina solía enviar personal superior y subalterno como instructores y asesores al exterior, inclusive a la Escuela de las Américas. En un cable recientemente desclasificado, procedente de la embajada argentina en Honduras, se ratifica que dos jefes militares argentinos asesoraron en la Escuela de Comando y Estado Mayor hondureña y cambiaron algunos “procedimientos” de origen estadunidense por otros más similares a los utilizados en nuestro país: “modificaron [el] programa original de origen norteamericano según [el] modelo [de la] escuela [de] EE. UU. en Panamá, y establecieron [un] plan de estudios y ejercicios sobre [la] base [de] necesidades propias, buscando formar doctrina nacional genuina de defensa, con procedimientos similares a utilizados en nuestro país.” 22
La Escuela de Comando y Estado Mayor hondureña fue un organismo de estudios superiores en el cual se preparan los oficiales en los procedimientos de Estado Mayor y Comando de grandes unidades y que depende del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Según la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas hondureñas, solamente egresados de esta Escuela pueden participar del Colegio de Defensa Nacional, el más alto Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas, creado recién en la Constitución de 1982.23 Cabe suponer, entonces, que los argentinos tuvieron un papel muy destacable en esa reforma y que fueron convocados directamente por Álvarez Martínez.
El ejército de Honduras había solicitado la designación de dos oficiales superiores y un oficial jefe para “desempeñar las funciones de Asesores en Institutos de Perfeccionamiento”, funciones que, según el Decreto, “no pueden ser cumplidas por miembro alguno de la representación diplomática o misión militar existentes en el mencionado país, dado el carácter especial de las mismas”. Así el presidente argentino decretó designar en comisión permanente, a partir del 15 de enero de 1982 y por el término de 370 días, a los coroneles Carmelo Roberto Gigante y José Osvaldo Rivero [sic] y al teniente coronel Abelardo Carlos de la Vega para desempeñar “las funciones de Asesores en Institutos de Perfeccionamiento del Ejército de la República de Honduras”.24 La Resolución 5040 del 20 de enero de 1983 y el Decreto 348 del 11 de febrero de 1983 ampliaron por el término de 365 estas comisiones permanentes, con lo cual, salvo De la Vega, no regresaron al país hasta inicios de 1984. ¿Quiénes eran estas tres personas?, ¿qué dicen sus legajos?
El coronel Gigante se formó en 1971 en Francia y en 1972-1973 en la Zona del Canal de Panamá, destacándose como “graduado de honor”. Durante el año 1973 se había desempeñado como Instructor Invitado del Curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela de las Américas y, a su regreso, entre 1975-1976, revistó como Oficial del Estado Mayor en la Jefatura de Inteligencia del EMGE. En 1977 fue delegado de la Fuerza en el Ministerio del Interior, y el año siguiente elaboró la Directiva Nacional Contrasubversiva. Esta Directiva, según el legajo de Gigante, “que comprende el ámbito interno y externo, señala las pautas generales para la estrategia política y la estrategia militar en los diferentes ámbitos del quehacer nacional. La misma fue expuesta por el suscrito al entonces CJE y al EMGE Roberto Eduardo Viola y Gral. Div. Carlos Guillermo Suárez Mason.” Entre otras funciones, en 1980 fue jefe del Departamento de Enseñanza de la Escuela Superior de Guerra y, finalmente, el 15 de diciembre de 1980 pasó a ser el subdirector de la Escuela Superior de Guerra. El 21 de diciembre de 1982, Gigante recibió la condecoración “medalla al mérito técnico II clase” otorgada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es interesante mencionar que, de acuerdo con el legajo de Gigante, él regresó al país procedente de Honduras el 24 de enero de 1984, habiendo estado allí a lo largo de dos años en comisión “secreta” como “titular” para desempeñar “las funciones de Asesor Auxiliar de Inteligencia en el Ejército de Honduras”.25
El segundo de los integrantes de la comisión fue el teniente coronel Abelardo Carlos de la Vega, quien también poseía la Aptitud Especial de Inteligencia (AEI) desde 1970. En 1980 era profesor del Curso Básico de Comando en la materia de “inteligencia” en la Escuela Superior de Guerra y su desempeño fue calificado de sobresaliente. Según su legajo, realizó la función de “Asesor Auxiliar de Acción Sicológica en el Ej. de Honduras”.
José Osvaldo Riveiro fue uno de los propulsores del Plan Cóndor (Ragendorfer, 2016, pp. 49, 94, 102). Al igual que los dos anteriores, poseía la AEI; de 1974 hasta 1976 fue oficial del Estado Mayor en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y desde 1979 oficial de Estado Mayor del EMGE (Programa Verdad y Justicia, 2015, p. 119). Tras su larga misión en Honduras, regresó a Argentina como subjefe de Inteligencia del EMGE. Una Junta Superior de Calificación de Oficiales de 1985 explicó que Riveiro: “Cumple funciones trascendentes ordenadas por el Ejército en el Área de Centro América. Es una actividad de Inteligencia Estratégica que no es conocida por la masa de los Generales del Ejército puesto que es una actividad secreta.”26 En un reclamo, él mismo comentó “se me asigna la responsabilidad internacional de conducir actividad especial de inteligencia fuera del país, coordinando el accionar combinada de EEUU-Honduras-Nicaragua (elementos antimarxistas) y Argentina, con el objetivo de ‘lograr la desesteabilización del régimen sandinista en Nicaragua’”. Riveiro es uno de los militares argentinos más renombrados en toda la literatura consultada sobre el tema y señalado en las revelaciones de Héctor Francés como jefe del aparato político de Argentina en Honduras.
Personal civil de inteligencia en Honduras
La actividad de inteligencia argentina, desde la directiva 1/75 del Consejo de Defensa, se había centralizado en la jefatura II del EMGE, y esa jefatura II había definido como órgano ejecutor de dicha centralización al Batallón de Inteligencia 601. La función del Batallón era la reunión de información, la cual era procesada por la jefatura. La Central de Reunión de Inteligencia organizada por el Batallón estaba integrada por personal de los servicios de inteligencia más importantes (como el de la Fuerza Aérea, la Armada, la Secretaría de Inteligencia del Estado-SIDE, entre otros), civiles y militares (Programa Verdad y Justicia, 2015). Y la comunidad informativa era un organismo encargado de recolectar información y accionar, a través de los grupos de tareas o de los operativos llevados a cabo por las unidades de las Fuerzas Armadas o de seguridad, también conformado por los servicios de inteligencia locales, incluyendo a la SIDE (Programa Verdad y Justicia, 2015, p. 18). La SIDE, durante la dictadura militar, por ende, estuvo bajo las órdenes del ejército. En nuestra investigación en el Archivo Histórico de la Cancillería Argentina hemos encontrado que, a diferencia de las cajas relativas a la comunicación entre las embajadas guatemaltecas y salvadoreñas y la cancillería, las cajas pertenecientes a Honduras presentan una peculiaridad: encontramos una enorme cantidad de cables que fueron llevados por la SIDE durante el año 1983. Es decir, encontramos cables foliados que dicen, solamente, la palabra “SIDE”, lo cual, sin lugar a duda, habla de la presencia de personal de inteligencia, que puede ser civil o militar, perteneciente a este órgano. Es muy poco lo que se sabe sobre el papel de la SIDE durante la dictadura militar argentina y toda la información relacionada a la misma se me ha denegado de forma tajante, pues el artículo 8 de la ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública exceptúa “las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia…”27
Existen algunos nombres que podrían ser personal de la SIDE, por ejemplo, el mismo Héctor Francés, en cuyo legajo consta que dejó la carrera militar, del ejército nos informaron que no revista, ni ha revistado nunca como Personal Civil de Inteligencia (PCI) y del Ministerio del interior que no tienen ningún legajo de él como policía. La tesis de Emiliano Balerini Casal (2020, pp. 174, 343-345) menciona al PCI Raúl Guglieminetti, otro agente importante del Plan Cóndor, pero otros trabajos mencionan, también, a Norberto Galasso, Alfredo Mingolla y a Juan Martín Ciga Correa (alias Mariano Santamaría). De estos dos últimos también pudimos corroborar su presencia en Guatemala, pero no su función en la estructura represiva. En una parte de su testimonio, Héctor Francés señala haber estado con Ciga Correa en Guatemala, después de haber viajado entre junio y agosto de 1981 a Panamá, lo cual podría ser cierto dado que esa fecha coincide con una denuncia policial que realizó Ciga Correa ante la Policía Nacional de Guatemala en la que mencionó que se encontraba junto a Francés28 (Escalante, 2016, p. 99). Un documento proveniente de Managua, de la Dirección General de Seguridad, de mediados de 1982, reproducido por Escalante (2016, p. 57), suma a Leandro Sánchez Reisse, quien habría sido el designado como contacto con la Liga Anticomunista Mundial.
ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISORIAS
En la primera parte de este artículo hemos hecho un extenso relevamiento de la bibliografía existente sobre la colaboración argentina en la “lucha contrasubversiva” en Honduras durante la última dictadura militar argentina, mostrando los límites de las fuentes utilizadas. Para documentar lo que se dijo hasta el momento, buscamos en los archivos oficiales existentes, abiertos recientemente, en los que la información no es escasa. Lo más importante es la triangulación de los datos recogidos en diferentes repositorios latinoamericanos como una forma de reponer la agencia de los actores locales, lo cual lleva mucho tiempo de trabajo, pero surte resultados muy confiables que nos conducen a tensionar los relatos actuales sobre este caso específico de colaboración y coordinación represiva y disparar nuevas búsquedas. Consideramos que esta es la única manera de poder establecer sus relaciones con el plan Cóndor y evaluar el papel de Estados Unidos en esta etapa de la guerra fría latinoamericana.
Podemos reconocer, entonces, cierta cronología que, 1) empieza con el establecimiento de órganos de coordinación en comunicaciones, inteligencia y operaciones, como fueron la COPECOMI y RECIM en Honduras entre 1980 y 1981, con cuatro delegados argentinos en las mismas; 2) y continúa con la creación de la agregaduría militar en Honduras, el establecimiento de los tres asesores argentinos en dicho país, exactamente desde el momento en que la COPECOMI y la RECIM se retiraron de Honduras y se trasladaron a Argentina, país sede de 1982 a 1984.
No podríamos demostrar que Honduras fue la base de los argentinos en América Central, como señaló la bibliografía citada, toda vez que la agregaduría militar argentina -la cual dependía directamente de la Jefatura II de Inteligencia del ejército- tuvo base en Guatemala hasta enero de 1983, según las actas de la dictadura (Ministerio de Defensa, 2014, p. 142). El cambio se observa, entonces, a finales de 1981 e inicios de 1982, lo cual coincide con la designación de Álvarez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas.
El análisis de la formación militar en Argentina nos dio, por el momento, resultados diferentes a los expuestos en la literatura citada, puesto que la formación de guardias nacionales se concentra en los años 1978-1979 y de los militares hondureños entre 1981-1982. La bibliografía consultada hizo referencias a una fuerza interamericana que actuaría contra la subversión salvadoreña y nicaragüense, pero no dio referencias sobre el papel de la COPECOMI en Honduras y Argentina, como parte del sistema interamericano de los ejércitos del continente, lo cual es un gran hallazgo que nos abre a investigaciones futuras. En relación con la asesoría militar, la literatura especializada mencionó el tema, pero con extrema imprecisión. En nuestra investigación pudimos comprobar la institución asesorada, la especialidad en inteligencia del asesoramiento brindado, la temporalidad de la asesoría y la identidad de los asesores. Las investigaciones previas, por último, adjudican el cargo de asesores a personas que no eran militares. Cabe aún investigar si las mismas eran personal civil de inteligencia y a quiénes respondían, especialmente para poder valorar o desestimar sus testimonios, declaraciones y relatos. La SIDE sigue siendo una gran incógnita, pero no podemos negar que tuvieron presencia en América Central.
Dado que la cifra más alta de desapariciones forzadas en Honduras -sobre un total de 179 casos entre 1980 y 1992- se concentra en 1981, y que más de 50% de esos casos fueron salvadoreños (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 2002, pp. 145-252), creemos que el objetivo de la colaboración de la dictadura militar argentina al gobierno represivo de Honduras no fue luchar contra la disidencia política local, ni la persecución de los internacionalistas argentinos en la región, sino incidir en el conflicto salvadoreño primero (1980-1981) y, posteriormente, en el nicaragüense (1982-1983), a través del asesoramiento a una escuela militar de rango superior.
