Superada la cuarta década en la que la democracia se impuso de manera generalizada para toda la región, América Latina experimenta el periodo más prolongado de regímenes democráticos en su historia. Durante el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la tercera ola de la democratización1 la región ha alcanzado logros notables en el ámbito político, visibles en la consolidación de los procesos electorales como práctica frecuente y legítima. Si bien el desarrollo de procesos electorales es uno de los atributos necesarios para la democracia, su sola existencia no garantiza que un país sea democrático. No obstante, hay que resaltar la resiliencia que los órganos electorales mostraron para continuar celebrando elecciones durante la pandemia de Covid-19 (Alcántara y Garza Castillo, 2022).
Durante estos años, todos los países de la región, con la excepción de Cuba, han alcanzado el estatus de democracias. Sin embargo, Venezuela (con Hugo Chávez y Nicolás Maduro) y Nicaragua (bajo el dominio de Daniel Ortega y Rosario Murillo) se convirtieron en regímenes autoritarios altamente represivos ( Martí i Puig y Alcántara, 2021). El deterioro de la democracia en estos dos casos no fue abrupto, sino que se manifestó gradualmente mientras la región celebraba su apogeo democrático. Estos signos alarmantes incluyeron el debilitamiento de la separación de poderes, la cooptación de instituciones de control, la represión política y la restricción de libertades fundamentales que se proyectó en procesos electorales no competitivos.
Por otra parte, El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele desde 2019, ha ido evolucionando hacia un régimen autoritario por la cooptación de las instituciones de control, la vigencia permanente de la suspensión de las garantías constitucionales y la senda inconstitucional tomada por la búsqueda de la reelección. En Perú, la política se encuentra enquistada desde hace un lustro en medio del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y el descrédito de la clase política. En Guatemala, la vida política está enmarcada por graves problemas de corrupción y el protagonismo de poderes del Estado ajenos a todo control democrático que intentan impedir la llegada al poder de la fuerza vencedora en las elecciones de 2023, todo lo cual ha debilitado gravemente la institucionalidad y deteriorado el nivel de democracia del país.
Sin embargo, a pesar de los desafíos profundos en materia de gobernabilidad derivados de instituciones políticas débiles y de diseños constitucionales conflictivos (Alcántara, García Montero y Barragán Manjón, 2021), así como de políticas públicas ineficaces a la hora de enfrentar los serios problemas sociales de la región (Alcántara y Martí i Puig, 2020), las democracias latinoamericanas han demostrado ser resilientes durante estas décadas.2 No obstante, todo ello ha propiciado el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad, lo que ha convertido a América Latina en la región con la mayor tasa de homicidios intencionales, tanto en términos absolutos como por habitante (CEPAL, 2022). Además, el índice de percepción de corrupción (IPC) ha permanecido en niveles muy elevados durante cuatro años consecutivos, con un promedio de 43 puntos sobre 100, y la falta de medidas efectivas para combatirla representa un grave problema para la democracia (Transparencia Internacional, 2023). La situación económica de la región también es motivo de preocupación, ya que desde 2014 se ha registrado el periodo de menor crecimiento en décadas, lo que ha resultado en una disminución del ingreso per cápita y dificultades crecientes para los sectores vulnerables (CEPAL, 2022). Esta situación económica se agravó con la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Más recientemente, la democracia en América Latina ha enfrentado una creciente inestabilidad, manifestada en protestas masivas contra el mal gobierno, lo que sugiere problemas estructurales en su funcionamiento. En Bolivia, las denuncias de irregularidades electorales por parte de la oposición en las elecciones de 2019 a las que concurrió Evo Morales, desoyendo el veredicto popular contrario a su reelección, desencadenaron manifestaciones callejeras que culminaron en la anulación de las elecciones impugnadas y la renuncia del presidente. De manera similar, en Perú se produjeron protestas políticas debido a acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2021 en las que triunfó Pedro Castillo, aunque finalmente fue confirmado como presidente, para perder el poder meses más tarde. En Chile y Ecuador, las protestas surgieron como respuesta a medidas de austeridad implementadas por sus gobiernos, como el aumento del precio del transporte público en el primer caso y la eliminación de los subsidios al combustible en el segundo. En ambos casos, estas medidas fueron revertidas, pero sirvieron como catalizador para poner en el centro del debate demandas de mayor profundidad. En el caso de Ecuador, además, se sumó la preocupación ciudadana por el aumento de la inseguridad y la violencia en todo el país, lo que se hizo evidente durante la campaña electoral de 2023, con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Esos factores, algunos de los cuales datan de décadas atrás, generan un entorno complejo y debilitan la relación de la ciudadanía con el Estado y con la democracia. Bajo esta premisa surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo ha evolucionado la democracia en los países de América Latina? ¿Existen distintos niveles de fatiga democrática? ¿Qué factores lo determinan?
Con el objeto de responder a estas preguntas, el presente artículo examina los niveles de democracia en 18 de los países de la región y su evolución a partir de los datos proporcionados por los principales indicadores de democracia durante el periodo 2006-2022. Para ello, el trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se hace un breve repaso por los distintos ciclos de la democracia latinoamericana, haciendo especial referencia al actual periodo y al término de democracias fatigadas; el siguiente apartado aborda la evolución de la democracia en los países de América Latina; a continuación, se analizan los diversos escenarios regionales, identificando cinco categorías de países en función de su fatiga democrática; asimismo, se lleva a cabo un análisis con el objeto de identificar los factores determinantes de la fatiga; por último, se presentan las conclusiones.
Democracia en América Latina: de la transición a la democracia fatigada
A partir de 1978, comenzó un exitoso proceso de transición hacia la democracia en todos los países de la región, con la excepción de Cuba. En consecuencia, tras mediados de la década de los años noventa la democracia parecía haberse convertido en “el único juego en la ciudad”3 (Linz y Stepan, 1996). Este ciclo de democratización coincidió con la implementación de políticas neoliberales, medidas de ajuste presupuestario, control de la inflación y la reducción de la intervención estatal en la economía en general, conocido como el Consenso de Washington (Paramio, 2006).
Tras un periodo de 20 años, las democracias latinoamericanas dieron paso a un tiempo de consolidación democrática, caracterizado por la regularidad de los procesos electorales, la elevada participación electoral de los ciudadanos, el correcto funcionamiento de los organismos electorales y la alternancia política. Asimismo, a partir del año 2000, los países latinoamericanos experimentaron un notable crecimiento económico gracias al auge de las materias primas, conocido como “el boom de las materias primas”, impulsado por la creciente demanda y los altos precios de productos como soja, metales y combustibles fósiles.
A lo largo de estos años, gracias al incremento en los ingresos vinculado a las exportaciones de los recursos naturales, casi todos los países de la región desplegaron políticas sociales de carácter focalizado para luchar contra la pobreza (Martí i Puig y Delamaza, 2018). Sin embargo, este ciclo de bonanza económica se agotó (Sánchez y García Montero, 2019). A partir de 2014, estos gobiernos entraron en crisis por la ineficiencia del modelo implementado y por la bajada de los precios de las materias primas, en gran medida por la disminución de la demanda asiática. Además, la reducción progresiva de la demanda de bienes en los países industrializados afectó también a las exportaciones de manufacturas y maquilas de México y Centroamérica. A la par, la disminución de remesas de los emigrantes hacia países como Colombia, México, El Salvador, Honduras y Guatemala, debido a la recesión en Estados Unidos, aumentó el desempleo e incrementó la informalidad y la desigualdad ( Martí i Puig y Alcántara, 2021).
Además de los desafíos económicos, los cambios políticos impulsados por los ciclos electorales propios de cada país a partir de 2014 contribuyeron al declive de los niveles democráticos en la región. Este escenario de declive democrático permitió referirse a la situación como democracias fatigadas. Democracias por cuanto que la mayoría de los países seguían siendo democráticos, con algunas excepciones como las ya citadas de Cuba y, gradualmente, Nicaragua y Venezuela, pero fatigadas porque se percibían con claridad dos fenómenos agudizados a partir de 2017. En primer lugar, se observaba un malestar general en la sociedad debido a la quiebra de las expectativas, lo que se traducía en movimientos de protesta y un aumento en el conflicto social. Esto se manifestaba en una creciente desconfianza en la mayoría de las instituciones y una disminución en la valoración de la democracia, lo que favorecía el apoyo a formas de gobierno iliberales. En segundo lugar, se producía una crisis en las instituciones representativas, y los partidos políticos tradicionales se veían particularmente afectados. Se incrementaba la fragmentación de los sistemas de partidos, así como se registraba una cada vez menor identificación de la gente con estos. Ello daba lugar al surgimiento de candidatos independientes o candidatos que, aunque pertenecían a partidos, adoptaban enfoques personalistas y se distanciaban de la estructura partidaria, lo que contribuía a incrementar la debilidad de esta ( Martí i Puig y Alcántara, 2021; Alcántara, 2020a, 2020b).
A raíz de estos cambios, la literatura especializada ha dejado de enfocarse principalmente en los procesos de democratización y consolidación democrática, para investigar tanto la calidad de estas democracias como las preocupantes tendencias de descomposición, retroceso y erosión de los sistemas democráticos. Diversos académicos (Alcántara, 2008; Murillo y Osorio, 2009; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2015) han abordado esta cuestión desde diferentes perspectivas, y aunque existen opiniones divergentes sobre las causas subyacentes de esta crisis y la magnitud de su impacto, hay un consenso general que afirma que tras la denominada “tercera ola” de democratización, resulta claro que se está experimentando un marcado deterioro de los estándares democráticos en la actualidad. Por este motivo, desde la academia se han realizado notables esfuerzos que tienen por objeto desarrollar métodos efectivos para medir la democracia, gracias a los cuales poder constatar avances o retrocesos en el seno de cada país, a la vez que establecer comparaciones entre Estados.
Desde la investigación pionera de Robert Dahl en 1971 sobre los requisitos de la poliarquía, se ha producido una extensa variedad de estudios con el propósito de comprender la esencia de la democracia, analizar las causas de su triunfo o fracaso, identificar sus elementos esenciales y, a la vez, desarrollar métodos efectivos para medirla.
Empero, la democracia es un concepto que resulta difícil de definir y aún más complicado de medir. Desde la primera contribución de Freedom House (FH) han surgido diversas iniciativas que han buscado nuevas formas de abordar este tema, que a menudo se presta a la subjetividad al medirse. Desde 1955, cuando FH publicó su primer informe sobre la libertad (Karatnycky, 1997), ha proliferado la producción de índices en todo el mundo que han experimentado una oleada de metodologías que combinan tanto evidencias concretas como estudios de opinión. Además del índice Freedom in the World proporcionado por FH, destacan el Democracy Index elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, el Bertelsmann Transformation Index (BTI) de la Fundación Bertelsmann, y el Índice de Democracia desarrollado por el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), entre otros.4
Análisis de los datos. Evolución de los indicadores democráticos en América Latina
¿Cómo ha evolucionado la democracia en los países de América Latina? Con el objeto de responder a esta pregunta, el presente trabajo examina la evolución de la democracia en la región desde 2006 hasta 2022, utilizando datos proporcionados por los principales indicadores de democracia (ver tabla 1). Dado que estos índices cuentan ya con una cierta trayectoria, se puede medir la evolución cuantitativa y cualitativa de las democracias en el tiempo.
Nombre, institución responsable, año de creación y página web | ¿Qué mide? | ¿Cómo lo mide? |
---|---|---|
Libertad en el Mundo, Freedom House (FH), 1941. -1955, año en que se consolida el primer reporte de libertad. -1978, año en que se publicó el primer reporte impreso. <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores> | Se basa en aspectos procedimentales de la democracia. Mide la libertad en el mundo a partir de dos indicadores: libertades políticas y libertades civiles. 1) Se analizan 10 indicadores relacionados con las libertades políticas, por ejemplo: derecho a votar, competir por cargos públicos, incorporarse a partidos, elegir representantes responsables ante el electorado. 2) Se analizan 15 indicadores relacionados con las libertades civiles, por ejemplo: libertad de expresión y de creencia, dere- chos de asociación, Estado de derecho y autonomía personal. | Esta propuesta calcula el promedio de la puntuación en libertades políticas y libertades civiles para clasificar a los países en libres, parcialmente libres o sin libertad. |
Democracy Index, Unidad de Inteligencia de The Economist (eiu), 1946. -2006, año del primer reporte publicado. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/> | Clasifica el estado de la democracia en 167 países, utilizando 60 indicadores que se agrupan en cinco categorías: 1) proceso electoral y pluralismo, 2) libertades civiles, 3) funcionamiento del gobierno, 4) participación política y 5) cultura política. | Cada una de las cinco categorías obtiene una calificación en una escala de 0 a 10 y el Índice de Democracia es un promedio de esas categorías. Categoriza a los países en democracias plenas, democracias devaluadas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. |
Índice de Transformación de Bertelsmann (bti), Fundación Bertelsmann, 2009. <https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/transformationindex-bti> | Es un estudio comparativo internacional del estado del desarrollo y la gobernanza de los procesos de cambio político y económico en los países en desarrollo y en transición. | Agrupa los resultados de este estudio en dos índices: el Índice del Estado de la Transformación y el Índice de Gobernanza. El primero, con sus dos dimensiones analíticas de transformación política y económica, identifica dónde se encuentra cada uno de los 137 países en su camino hacia la democracia en materia de Estado de derecho y una economía social de mercado. El segundo evalúa la calidad del liderazgo político con el que se dirigen los procesos de transformación. |
Índice de Democracia, V-Dem Institute, Universidad de Gotemburgo, 2014. <https://www.v-dem.net/> | Es un proyecto de investigación internacional que tiene como objetivo desarrollar nuevos indicadores de democracia en 202 países del mundo desde 1789 hasta la actualidad. El informe lo realizan más de 3 000 académicos que valoran 450 indicadores. | Partiendo de la premisa sobre la multidimensionalidad de la democracia, distingue siete niveles de democracia: electoral, liberal, participativa, mayoritaria, consensual, deliberativa e igualitaria. Para cada concepción de democracia, y sus componentes, ofrece los indicadores desagregados y agrupados en índices. |
Fuente: Elaboración propia
Tal como se puede apreciar en la gráfica 1, a partir de 2016 (antes de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19) se observa un descenso acuciante en los cuatro índices seleccionados. Con pocas excepciones (Chile, Uruguay y Costa Rica), los diferentes índices evidencian un panorama preocupante para la mayoría de los países de la región.
Aunque los procesos electorales formales continúan celebrándose, los altos niveles de violencia, la continuada corrupción, el incremento de las desigualdades económicas y sociales son desafíos importantes para los sistemas democráticos de la región. La yuxtaposición de estos desafíos ha precipitado un escenario de democracia fatigada ( Martí i Puig yAlcántara, 2021; Alcántara, 2020a, 2020b). Sin duda, los indicadores dan muestra de ello. Así, los cuatro índices considerados en este trabajo muestran un claro retroceso a lo largo del último lustro, aunque es a partir de 2020 que este aparece de forma notoria.
Este deterioro comenzó a hacerse evidente con las numerosas protestas en países como Argentina, Colombia, Chile o Ecuador, donde las manifestaciones surgidas a partir de 2018 reaparecieron una vez mitigada la pandemia. Esas protestas ciudadanas no sólo estaban vinculadas a los problemas de carácter socioeconómico, sino que en muchos casos estaban asociadas al carácter autoritario en la toma de decisiones de algunos ejecutivos que, si bien daban algunos atisbos de presencia antes de 2019, se acentuaron con la pandemia.
Asimismo, aparece reflejado en los indicadores el deterioro democrático que atraviesan países como Brasil, Perú y Bolivia. En el caso de Brasil, se aprecia una caída gradual y constante en todos los indicadores democráticos desde 2014. Si bien la salida del gobierno de Jair Bolsonaro da muestras de una recuperación democrática, los niveles democráticos presentados por Brasil en los últimos años son muy inferiores a los de mediados de la década del 2000. En el caso de Perú, el deterioro observado es más abrupto: la crisis política que atraviesa el país ha dejado como resultado una sucesión de cinco presidentes entre marzo de 2018 y diciembre de 2022, desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.5 Por otra parte, la crisis política y social sufrida por Bolivia en 2019 se traduce en la disminución de sus niveles democráticos; sin embargo, su posterior recomposición permite avizorar signos de recuperación.
Destacan los casos de Venezuela y Nicaragua, cuyo deterioro constante en lo que respecta a las instituciones democráticas se ve reflejado en todos los indicadores. Este declive ha llevado a considerarlos sistemas autocráticos. A su vez, la situación de Honduras y El Salvador muestra el devenir de las democracias en estos países. En el caso hondureño, se observa claramente en todos los indicadores el quiebre democrático de 2009 y el gradual deterioro de las instituciones políticas durante los gobiernos nacionalistas que acentuaron el carácter autoritario del Ejecutivo. No obstante, el cambio de gobierno en 2022, con la llegada de Xiomara Castro al frente de una coalición de gobierno, se ve reflejado en los indicadores al mostrar signos de recuperación democrática y dejando constancia de la pérdida de peso de los partidos tradicionales en el país centroamericano. En el caso salvadoreño, el declive democrático se observa claramente en todos los indicadores a partir de 2019, con la llegada de Nayib Bukele al gobierno.
Todos los indicadores analizados dan muestra del acuciante deterioro democrático de la región centroamericana. Salvo Costa Rica, todos los países centroamericanos muestran signos preocupantes de deterioro democrático. Los indicadores ponen en evidencia el carácter autoritario de Nicaragua, pero también dejan constancia de la fatiga democrática que atraviesan los países centroamericanos; son alarmantes el caso salvadoreño y el devenir de la democracia en Guatemala, que en los últimos años registra un descenso notorio en sus niveles democráticos.
¿Existen distintos niveles de democracias fatigadas? ¿qué factores lo determinan?
Como se mencionó en el apartado anterior, para determinar si existen distintos niveles de fatiga se analizan cuatro índices utilizados por la literatura para el estudio de la democracia. Los datos muestran un claro retroceso en los niveles de democracia para la práctica totalidad de países desde 2006 a 2022, y existe un empeoramiento desde la pandemia de Covid-19.
Son muchos los factores que la literatura sobre democracia ha utilizado para tratar de explicar los mejores o peores niveles de democracia de un país. Entre estos destacan aquellos que vinculan de forma positiva la democracia con el desarrollo económico, así como aquellos relacionados con la competencia institucional que derivan en problemas de gobernabilidad, como la corrupción, el clientelismo, las elevadas tasas de inseguridad o la ausencia del imperio de la ley, cuestiones que afrontan los Estados y que afectan de forma negativa a la democracia.
Desde el punto de vista económico, se afirma que, a medida que un país experimenta un mayor crecimiento económico, aumenta la probabilidad de que mantenga un sistema democrático. Uno de los primeros estudios que establecieron una relación entre democracia y desarrollo económico fue el realizado por Seymour Lipset (1959), que afirmó que cuanto más próspero es un país, mayores son sus posibilidades de mantener un sistema democrático. Esta idea ha dado lugar a numerosas investigaciones que han vinculado la democracia con diversos indicadores de naturaleza económica. Por ejemplo, se ha investigado la relación entre el ingreso per cápita y la satisfacción con la democracia (Przeworski et al., 2000) o la asociación del desarrollo económico con el mejoramiento de los estándares de vida, medido a través del ingreso per cápita, lo que permite una mayor consolidación de los regímenes democráticos (Barro, 1999; Muller, 1995).
Si bien la relación entre democracia y desarrollo económico no es lineal como algunos autores indican, es indudable que factores socioeconómicos como la desigualdad, la pobreza o las diferencias de clase juegan un rol fundamental en la explicación del éxito o fracaso de un régimen democrático (Acemoglu, Ticchi y Vindigni, 2008). En contextos de profunda desigualdad, la élite gobernante del país tiene mayor propensión a apoyar un régimen autoritario y no una democracia, para evitar la participación de toda la población, preservando así el statu quo (Stokes, 2007; Acemoglu y Robinson, 2006).
Asimismo, desde la perspectiva de la gobernabilidad, hay estudios que afirman que altos niveles de corrupción, así como elevadas tasas de clientelismo, perjudican la calidad de las democracias. En este sentido, varios estudios abordan la relación entre el nivel de clientelismo y la calidad de la democracia (Stokes, 2007; Kitschelt y Wilkinson, 2007). Estos trabajos proporcionan información valiosa sobre cómo el clientelismo puede influir en la estabilidad y la calidad de los sistemas democráticos, socavando sus posibilidades de consolidación y persistencia. Siguiendo esta línea, algunos autores han centrado su atención en las consecuencias nocivas de la corrupción en la democracia, particularmente en los ámbitos social, económico y político (Rotberg, 2018; Bargsted y Torcal, 2015; Blake y Morris, 2009), señalando que la corrupción se presenta como una amenaza a los principios y valores del régimen democrático. Estos autores afirman que la corrupción socava el estado de derecho y corrompe las nociones de igualdad, justicia y transparencia, al tiempo que destruye las instituciones y reduce la confianza en el sistema político, afectando por tanto al sistema democrático.
Otro tanto se ha dicho acerca de la importancia para la consolidación y funcionamiento de las democracias de la ausencia de altas tasas de violencia y homicidios (Valencia Agudelo y Cuartas Celis, 2023), así como de la vigencia del imperio de la ley (O’Donnell, 2004). En esta perspectiva, el imperio de la ley, o el estado de derecho, no se limita meramente a la existencia del sistema legal, sino que implica la ejecución efectiva de dicho sistema. Esto implica la inexistencia de áreas controladas por entidades criminales, la erradicación de la corrupción, la presencia de una burocracia competente y eficaz en la implementación de las leyes, así como la existencia de fuerzas de seguridad efectivas, entre otros factores (Morlino, 2015). Sin un entorno institucional competente y eficaz, es improbable que la democracia pueda operar de manera efectiva (Bunce, 2000). Así, tomando como premisa los aportes realizados por la literatura y con el objeto de responder a las preguntas: ¿Existen distintos niveles de fatiga democrática? ¿Qué factores lo determinan?, se formulan las siguientes hipótesis:
H1a: A mayor desarrollo humano del país, menor fatiga de la democracia.
H1b: A mayor igualdad en la distribución de los ingresos, menor fatiga de la democracia.
H2: A mayores prácticas clientelares y de corrupción política en el país, mayor fatiga de la democracia.
H3: A mayor inseguridad en el país, mayor fatiga de la democracia.
H4: A mayor aplicación de la justicia en el país, menor fatiga de la democracia.
Así, con el objeto de contrastar las hipótesis aquí formuladas se consideran las siguientes variables vinculadas a la dimensión económica y a la gobernabilidad. Por un lado, con el objeto de medir la dimensión económica se consideran el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Igual Distribución de los Recursos. Por otra parte, para medir los problemas de gobernabilidad, se consideran el índice de clientelismo, el índice de corrupción política y la tasa de homicidios. Además, se incluye el índice de Rule_Law (World Justice Project), que aporta mayor robustez a los datos (tabla 2).
Variable | Escala de medición | Fuente |
---|---|---|
Freedom House (FH) | Escala 1-76 | Freedom House |
Democracy Index (EIU) | Escala 1-10 | Unidad de Inteligencia The Economist |
Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI) | Escala 1-10 | Fundación Bertelsmann |
Índice de gobernabilidad | Escala 1-10 | Fundación Bertelsmann |
Índice de Democracia (V-Dem) | Escala 0-17 | V-Dem Institute, Universidad de Gotemburgo |
Igual distribución de los recursos | Escala 0-1 | V-Dem Institute, Universidad de Gotemburgo |
Índice de clientelismo | Escala 0-1 | V-Dem Institute, Universidad de Gotemburgo |
Índice de corrupción política | Escala 0-1 | V-Dem Institute, Universidad de Gotemburgo |
Rule Law Index | Escala 0-1 | World Justicie Project |
Tasa de homicidios | Escala 0-100 | Insight Crime |
Índice de Desarrollo Humano (IDH) | Escala 0-1 | PNUD |
Fuente: Elaboración propia.
Tras el análisis realizado, los datos muestran una estrecha correlación entre los distintos índices de democracia utilizados y el índice de gobernabilidad con los factores explicativos en la misma dirección establecida por la teoría. Es decir, a mayor IDH, mayor igualdad en la distribución de los ingresos, menor clientelismo y corrupción política, menores tasas de homicidios y mayor aplicación de la justicia, mejor es la calidad de la democracia de un país, mientras que en aquellos países con menor IDH, mayor desigualdad en la distribución de los ingresos, mayores prácticas clientelares y de corrupción política, tasas de homicidios altas y menor aplicación de la justicia, se observan peores niveles de democracia en los países (ver tabla 3).
FH | |||||||||||
FH | 1 | BTI | |||||||||
BTI | ,926** | 1 | I. Gober. | ||||||||
I. Gobernab. | ,830** | ,916** | 1 | EIU | |||||||
EIU | ,936** | ,929** | ,840** | 1 | I. Dem. (V-Dem) | ||||||
I. Dem. (V-Dem) | ,900** | ,909** | ,793** | ,899** | 1 | Distrib. recursos | |||||
Distrib. Recursos | ,302** | ,455** | ,308** | ,345** | ,511** | 1 | Clientel. | ||||
Clientel. | -,576** | -,732** | -,628** | -,565** | -,713** | -,700** | 1 | Corrup. política | |||
Corrup. Política | -,644** | -,797** | -,688** | -,696** | -,798** | -,756** | ,829** | 1 | RuleLaw Index | ||
Rule Law Index | ,905** | ,933** | ,850** | ,906** | ,903** | ,863** | -,791** | -,922** | 1 | Tasa homic. | |
Tasa homic. | -,320** | -,358** | -,309** | -,262** | -,403** | -,557** | ,449** | ,500** | -,490** | 1 | IDH |
IDH | ,384** | ,476** | ,288** | ,407** | ,520** | ,706** | -,531** | -,694** | ,705** | -,559** | 1 |
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
Sólo hay datos disponibles de 2016 para la tasa de homicidios y el Rule Law Index.
Teniendo en cuenta la correlación existente entre los países, se ha realizado un análisis HJ-Biplot (Galindo, 1986; Alcántara y Rivas, 2007: 386-390), extensión de los biplot clásicos de Gabriel (1971),8 que permita conocer la posición de los países latinoamericanos para el period 2006-2022 según su posicionamiento en las distintas variables analizadas.
Los resultados del HJ-Biplot confirman, en primer lugar, la correlación existente entre las variables incluidas en el análisis; es extremadamente fuerte entre los distintos índices de democracia y gobernabilidad y los índices de clientelismo y corrupción política, y menos fuerte con respecto al IDH y la distribución de los ingresos.9
En segundo lugar, los datos evidencian que los niveles de democracia de los países, aunque en la mayor parte de los casos analizados desde 2006 hayan empeorado ligeramente, se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo. Los casos donde ese cambio ha sido significativo, suponiendo, incluso, un cambio en el clúster de pertenencia del país, Nicaragua en 2020 y 2022, con un deterioro notable de su democracia o Brasil a partir de 2016. Venezuela, a pesar de que sus niveles de democracia hayan sido de los más bajos de América Latina, es uno de los países donde se observa de forma clara ese deterioro cada vez mayor de la democracia, desplazándose cada vez más hacia la izquierda en la gráfica Biplot.
A partir de las coordenadas del HJ-Biplot, se realiza un análisis de clúster jerárquico que permite realizar una clasificación de los países en función de su posicionamiento en las variables analizadas. El resultado es la clasificación de los países/año en cinco clústeres en función de sus niveles de democracia, desarrollo humano, igual distribución de los ingresos, nivel de clientelismo y corrupción política. Los países que integran el clúster 5 (Chile, Costa Rica y Uruguay) son los que gozan de mejores niveles de desempeño democrático, cuentan con el IDH más elevado de todos los países analizados, una mayor igualdad en la distribución de los ingresos y los menores niveles de clientelismo y corrupción política de América Latina, y apenas han variado sus posiciones a lo largo del periodo analizado. En el extremo opuesto estarían los países del clúster 4 (Cuba, Nicaragua en 2020 y 2022 y Venezuela). Dentro de este clúster hay una clara diferencia entre Cuba y Venezuela o Nicaragua, y es que, si bien comparten un nivel mínimo, se diferencian claramente por la igual distribución de los ingresos y los bajos niveles de clientelismo y corrupción política de Cuba, respecto a Venezuela o Nicaragua. Los países del clúster 3 (Guatemala, Honduras y Nicaragua entre 2006 y 2018) no tienen democracias saludables, pero lo que los diferencia del resto de países de la región son sus altos niveles de corrupción y clientelismo, así como su bajo grado de desarrollo humano y su alta desigualdad en la distribución de los ingresos, que ha empeorado en los últimos años. Por su parte, en una posición intermedia se encontraría el clúster 1 (Argentina, Brasil hasta 2014 y Panamá), que gozan de unos niveles de democracia buenos, se caracterizan por un IDH alto y una relativamente buena igualdad en la distribución de los ingresos. Es precisamente esta última variable la que diferencia a los países del clúster 1 con los del clúster 2, el más numeroso, y el que presenta posiciones más centradas en todas las variables.
Con la finalidad de poder incluir otras variables que se consideran relevantes en la explicación de los indicadores de democracia, se ha realizado un nuevo análisis HJ-Biplot y su correspondiente clúster jerárquico para el periodo 2016-2022, incorporando al análisis la tasa de homicidios y el Rule Law Index.10
Clúster 1 | Clúster 2 | Clúster 3 | Clúster 4 | Clúster 5 |
---|---|---|---|---|
Argentina (2006-2022) | Bolivia (2006-2022) | Guatemala (2006-2022) | Cuba (2006-2022) | Chile (2006-2022) |
Brasil (2006-2014) | Brasil (2016-2022) | Honduras (2006-2022) | Nicaragua (2020-2022) | Costa Rica (2006-2022) |
Panamá (2006-2022) | Colombia (2006-2022) | Nicaragua (2006-2018) | Venezuela (2006-2022) | Uruguay (2006-2022) |
República Dominicana (2006-2022) | ||||
Ecuador (2006-2022) | ||||
México (2006-2022) | ||||
Perú (2006-2022) | ||||
Paraguay (2006-2022) | ||||
El Salvador (2006-2022) |
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados obtenidos no ofrecen cambios significativos con respecto al análisis anterior. Los datos muestran la fuerte correlación entre los indicadores de desempeño democrático con la gobernabilidad, la aplicación de la justicia y el clientelismo y la corrupción política en la dirección esperada. Cuanto mejor es la gobernabilidad de un país y la aplicación de la justicia, y menores son las prácticas clientelares y la corrupción política, presenta mejores niveles de democracia. Respecto a la tasa de homicidios, su correlación es fuerte con el IDH y la distribución de los ingresos. Cuanto peor es el desarrollo humano del país y mayor desigualdad en los ingresos existe, mayor es la tasa de homicidios, lo que se traduce también en peores niveles de democracia (gráfica 3).
En cuanto al análisis de clúster a partir de las coordinadas del HJ-Biplot, todos los clústeres se mantienen estables para el periodo 2016-2022. El clúster 5 está formado por los países con las democracias más estables de América Latina, mejores niveles económicos, menores índices de corrupción política y menor inseguridad ciudadana. La tasa de homicidios y la aplicación de la justicia están fuertemente correlacionadas con los indicadores de democracia, por lo que no es de extrañar que sea precisamente el clúster 4 (Venezuela y Nicaragua en 2020 y 2022) el que presente los niveles de homicidios más altos de toda América Latina y los indicadores de aplicación de las leyes más bajos, lo que se traduce en países con las democracias más deterioradas de la región, algo que comparten con el clúster 3.
Los países del clúster 1 y del clúster 2 presentan unos niveles similares de democracia. Otras variables, como la desigual distribución de los ingresos, la alta tasa de homicidios y una peor aplicación de las leyes en los países del clúster 2 respecto a los del clúster 1, permiten explicar de forma más clara las diferencias entre ambos grupos.
Clúster 1 | Clúster 2 | Clúster 3 | Clúster 4 | Clúster 5 |
---|---|---|---|---|
Argentina (2016-2022) | Bolivia (2016-2022) | Guatemala (2016-2022) | Nicaragua (2020-2022) | Chile (2016-2022) |
Panamá (2006-2022) | Brasil (2016-2022) | Honduras (2016-2022) | Venezuela (2016-2022) | Costa Rica (2016-2022) |
Perú(2016-2020) | Colombia (2016-2022) | Nicaragua (2016-2018) | Uruguay (2016-2022) | |
Dominicana (2016-2022) | ||||
Ecuador (2016-2022) | ||||
México (2016-2022) | ||||
Perú (2022) | ||||
El Salvador (2016-2022) |
Fuente: Elaboración propia.
Los datos obtenidos permiten afirmar que el peso discriminativo entre países a la hora de determinar el posicionamiento de los países/años en el plano factorial de las variables económicas (IDH y desigual distribución de los ingresos) es menor que el de las variables de clientelismo, corrupción, homicidios o aplicación de las leyes.
Como se acaba de ver, hay importantes diferencias respecto a los niveles de fatiga democrática en la región latinoamericana. La clasificación de los países en cinco clústeres distintos da cuenta de ello. Si bien la situación de las naciones ha empeorado ligeramente, ésta ha sido relativamente estable y no se han producido cambios significativos. Es decir, no hay cambios a lo largo de los años, la mayoría de los países permanece en el mismo clúster, salvo el caso de Brasil, que registra un cambio de clúster al considerar las variables de desigual distribución de los ingresos, la alta tasa de homicidios y la peor aplicación de las leyes, pasando así del clúster 1 al 2. Por lo tanto, todos los clústeres varían de forma similar, los países de cada clúster registran niveles menores en sus indicadores democráticos, pero permanecen estables en el clúster.
Una vez analizada la evolución de la democracia latinoamericana en la que se aprecia a partir de 2016 la existencia de un estado de fatiga, así como la comprobación de distintos niveles de esta y los factores que la determinan, se aborda a continuación un aspecto estrechamente vinculado a la democracia fatigada, que es el cansancio ciudadano.
Sociedades cansadas
En el contexto de democracias fatigadas caracterizado por la percepción de que la corrupción está cada vez más arraigada en todas las instituciones del Estado, el aumento notorio de la inseguridad, así como la escasa o nula aplicabilidad de la ley, se torna evidente el incremento del cansancio ciudadano al que se ha referido Byung-Chul Han (2010) al hacer el diagnóstico de los efectos de la revolución virtual. Por lo tanto, tomando en consideración que el cansancio ciudadano se manifiesta a partir de la pérdida de confianza política en las instituciones del Estado, entre las que se incluyen los partidos políticos, así como con la disminución de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia,11 en este apartado se analiza la relación entre estas variables.
En este sentido, se sostiene que la confianza ciudadana depositada en las instituciones representativas es importante para las democracias, ya que el vínculo que los ciudadanos establecen con las mismas condiciona la legitimidad y la estabilidad de los gobiernos democráticos (Bianco, 1994; Levi y Stoker, 2000; Lipset, 1959; Almond y Verba, 1963; Hagopian, 2005; Torcal y Bargsted, 2015). Las instituciones no sólo delimitan las normas que estructuran la interacción y el comportamiento de los actores dentro del sistema democrático, sino que establecen los mecanismos para la solución de los conflictos.
David Easton (1965) definió la confianza hacia las instituciones a través de dos acepciones: como una forma de apoyo “difuso” al régimen político, expresado en actitudes favorables a la democracia, y como un respaldo “específico” según el desempeño y los resultados alcanzados por el gobierno o las autoridades políticas. De modo que, además de afectar al grado de legitimidad, la confianza también se asocia con las expectativas de los ciudadanos (Levi y Stoker, 2000; Salazar y Temkin, 2007).
Sin duda, la confianza hacia las instituciones políticas no pasa por momentos álgidos (Latinobarómetro, 2023). Se ha argumentado que este descenso, presente en prácticamente todas las democracias del mundo en las últimas décadas, revela una desconexión entre los ciudadanos y la política y muestra un escepticismo que, en última instancia, afectará a la “calidad de la democracia global” (Putnam, 1993), debido a que la misma es especialmente importante para los gobiernos democráticos, ya que éstos no descansan en la coacción, como los regímenes autoritarios (Catterberg y Moreno, 2005: 32).
Sin embargo, en las nuevas democracias -entre las que se encuentran los países latinoamericanos analizados en el presente trabajo- la confianza institucional ha mantenido una dinámica propia. Gabriela Catterberg y Alejandro Moreno (2005: 33) ya sostuvieron que el entusiasmo con que los ciudadanos recibieron a las democracias en el momento de la transición se veía desinflado porque las mismas, si bien avanzaron en el incremento de los derechos civiles, políticos y económicos, no fueron capaces de cumplir con las expectativas de los ciudadanos, al no atender las necesidades básicas de amplios segmentos de la población. Esto aumentó el escepticismo de la gente, de modo que, para estos autores, la erosión de la confianza política en las nuevas democracias estaba más ligada al cansancio ciudadano que al surgimiento de una ciudadanía crítica. Así, el cansancio ciudadano se puede identificar con una disminución de la confianza ciudadana en las instituciones políticas y en la capacidad del Estado para dar respuesta a sus demandas, entre ellas la de brindar servicios públicos de forma eficiente y transparente, combatiendo la inseguridad e impartiendo justicia.
Al igual que la desconfianza en las instituciones, la ineficacia del sistema y la insatisfacción política son componentes de un síndrome del descontento político (Castillo, Bargsted y Somma, 2016; De Riz 2015; Del Campo, 2015; Torcal y Bargsted, 2015). En este sentido, la insatisfacción política refleja el descontento generado por un elemento social o político importante y puede ser considerada como una manifestación de rechazo hacia algo que no satisface adecuadamente las expectativas de los ciudadanos. Surge a partir de la valoración que hacen los ciudadanos sobre el desempeño del sistema o las autoridades, así como de los resultados políticos que estos producen.
Tal como se puede observar en la gráfica 4, el nivel de satisfacción de la democracia ha descendido de forma notoria en la mayoría de los países de la región. No es el caso de El Salvador, país que presenta niveles de satisfacción muy superiores con respecto al resto de países latinoamericanos. Constituye un caso paradójico, al presentar niveles de confianza y satisfacción con la democracia muy elevados, a pesar de su tendencia cada vez más acentuada hacia el autoritarismo. Tiene una elevada confianza en las instituciones fruto de una campaña propagandística desaforada; de hecho, es el que puntúa más alto, por encima de democracias plenas como Costa Rica y Uruguay. Pero, por otro lado, avala con una elevada aceptación la actuación autoritaria de Bukele, quien ha mostrado con frecuencia su carácter antidemocrático.12
Con el objetivo de comprobar si el descontento ciudadano está relacionado con la falta de respuesta del Estado ante los principales problemas que afectan a la sociedad (corrupción y homicidios), a continuación se lleva a cabo un análisis de correlación entre estas variables y la satisfacción con la democracia y la confianza en las principales instituciones políticas (tabla 6).
Corrupción política | |||||||
Corrupción política | 1 | Tasa homicidios | |||||
Tasa de homicidios | ,500** | 1 | Satisfacción democracia | ||||
Satisfacción democracia | -,361** | -,277** | 1 | Confianza congreso | |||
Confianza congreso | -,166* | -0,059 | ,767** | 1 | Confianza gobierno | ||
Confianza gobierno | -,169* | -0,157 | ,777** | ,762** | 1 | Confianza Poder Judicial | |
Confianza Poder Judicial | -,380** | -0,156 | ,693** | ,758** | ,634** | 1 | Confianza partidos |
Confianza partidos | -0,021 | 0,001 | ,734** | ,860** | ,720** | ,678** | 1 |
Fuente: Elaboración propia.
Los datos del análisis permiten afirmar que existe una correlación estrecha entre estas variables. Destaca en este análisis el escaso nivel de confianza en los partidos. Esta es la institución más afectada a nivel regional, lo que constituye sin duda en un grave problema para el mantenimiento de las democracias. Dado que son los mecanismos básicos para el control y el mandato electoral, y que la democracia contemporánea se sustenta en ellos, es razonable anticipar que las debilidades en la estabilidad de los partidos como mecanismos de representación, responsabilidad y gestión del conflicto pueden dar lugar a deficiencias en el funcionamiento de la democracia.
Asimismo, los escándalos de corrupción que afectan a la mayoría de los países latinoamericanos han alimentado la insatisfacción con la democracia. Son ejemplo de ello los casos de Mensalao, Lava Jato y Obedrecht. Los escándalos han drenado la legitimidad de los partidos del establishment y han creado espacios para los discursos populistas como el de Jair Bolsonaro en Brasil o el de Javier Milei en Argentina. La corrupción estimula la desconfianza en las instituciones políticas. La corrupción crónica en la mayoría de los países representa un atolladero en la capacidad del Estado para ofrecer soluciones a la población y un flagelo que estimula la mala valoración del sistema político. Así, los Estados latinoamericanos se muestran en su mayoría incapaces de cumplir las expectativas de la sociedad, lo que incrementa el cansancio ciudadano.
Las consecuencias electorales del cansancio ciudadano se manifiestan en que desde 2019, en todas las elecciones presidenciales hubo alternancias en el poder, con la excepción de dos casos: Bolivia en 2020, donde se reeligió un candidato del partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (mas), y Paraguay en 2023, cuando fue elegido un candidato del Partido Colorado.13
Conclusiones
Este trabajo examinó los niveles de democracia en América Latina y su evolución a partir de los datos proporcionados por los principales indicadores de democracia durante el periodo 2006-2022. Tras este análisis se afirma que, desde hace más de un lustro, existe un escenario de democracias fatigadas en la región. A la vez, con el objeto de determinar si existen distintos niveles de fatiga y los factores que lo determinan, se formularon cinco hipótesis, dos de ellas vinculadas a la dimensión económica que sostienen que, a mayor desarrollo humano del país y mayor igualdad en la distribución de ingresos, menor fatiga. Las otras tres hipótesis están vinculadas a los problemas de gobernabilidad que afectan a la región y establecen que, a mayores prácticas clientelares y de corrupción, mayor será la fatiga, a mayor tasa de inseguridad, mayor será la fatiga, y por último, a mayor aplicación de la justicia, menor será la fatiga.
Para contrastar las hipótesis se llevó a cabo un análisis de correlación. Los datos evidenciaron una estrecha correlación entre los distintos índices de democracia utilizados y el índice de gobernabilidad con los factores explicativos en la misma dirección establecida por la teoría, confirmando de esta manera las hipótesis planteadas en la investigación.
Asimismo, se llevó a cabo un análisis HJ-Biplot con el objeto de determinar si existen o no distintos niveles de democracias fatigadas. Tras el análisis se constató una vez más la enorme heterogeneidad de la región. Así, los países pueden encuadrarse en cinco grupos en función de su grado de democracia. Uruguay, Costa Rica y Chile se encuentran en el lugar más alto; Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana están en el grado medio-alto; en una posición intermedia se encuentran Ecuador, México, Paraguay y Perú, mientras que Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras aparecen en el grado medio-bajo; en el nivel inferior se sitúan Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Los hallazgos de esta investigación permiten afirmar que hay importantes diferencias respecto a los niveles de fatiga en la democracia de la región latinoamericana. La clasificación de los países en cinco clústeres distintos da cuenta de ello. No obstante, aunque la situación de los países ha empeorado ligeramente, ésta ha sido relativamente estable y no se han producido cambios significativos. Es decir, la mayoría de los países permanece en el mismo clúster. Por lo tanto, todos los países de cada clúster registran niveles menores en sus indicadores democráticos, pero permanecen estables en el clúster.
A continuación, se llevó a cabo un análisis de correlación con el objetivo de comprobar si el descontento ciudadano presente en este contexto de democracias fatigadas está relacionado con la falta de respuesta del Estado ante los principales problemas que afectan a la sociedad (corrupción y homicidios), la satisfacción con la democracia y la confianza en las principales instituciones políticas. Los datos obtenidos permitieron confirmar la estrecha correlación entre estas variables. Destaca en este análisis el escaso nivel de confianza en los partidos políticos, que resultan la institución más afectada a nivel regional, lo que constituye sin duda un grave problema para el mantenimiento de las democracias.
Así, es posible afirmar que el estado de la democracia latinoamericana es proceloso. Los datos dan cuenta de la existencia de una democracia fatigada y de una sociedad cansada que no ve respuesta a sus demandas en el terreno de la economía y de la seguridad ciudadana y que se enfrenta a un escenario relativamente reciente definido por la revolución digital, que incrementa la incertidumbre. Por otra parte, la sociedad no confía ni en las instituciones ni en los políticos tradicionales, lo que es un caldo de cultivo para el surgimiento de liderazgos personalistas y discursos de mano dura. Además, se da una crisis de la representación como consecuencia de las nuevas formas de intermediación social existentes, que desdibujan la clásica función de intermediación de los partidos políticos, con los que a su vez la gente se identifica menos.