Esta obra¹ tiene el objetivo de examinar desde la perspectiva de la geografía política el proceso de concentración de derechos de agua por parte de empresas e industrias del ramo refresquero, cervecero, minería metálica activa y armadoras de automóviles ligeros, durante el periodo 2006-2018, con la combinación del análisis espacial de datos y representación visual. Los autores exponen cómo las decisiones político-administrativas promulgadas por el Ejecutivo Federal en un intento de regular el agua en México con las múltiples reformas del tema, entre ellas la apertura de los mercados del agua con la LAN (Ley de Aguas Nacionales) y las consiguientes reformas hasta la fecha, han beneficiado a empresas y grupos de la elite industrial del país, con la dotación de títulos de concesión que amparan grandes volúmenes de agua a diferencia del agua potable a disposición de la población nacional.

El proceso metodológico consistió en un análisis documental del marco jurídico y regulatorio del agua, para examinar los sectores industriales que se han instalado en el territorio mexicano y que históricamente han concentrado grandes cantidades de agua, con el discurso de generar empleos en los principales corredores económicos, ejidos y comunidades del país. Los autores desde una perspectiva geográfica verifican la localización de los grupos de la élite empresarial, así como sus fuentes de abastecimiento y analizan la configuración de los conflictos derivados de su operación para hacer funcionar sus negocios con base en el detrimento hídrico. Esta obra representó enfrentarse a los datos oficiales del REPDA (Registro Público de los Derechos del Agua) con inconsistencias, como las coordenadas geográficas de las concesiones del sector industrial analizado, lo que implicó cotejar con otras fuentes gubernamentales, académicas y periodísticas para mostrar las condiciones reales. Lo que exponen es derivado de la falta de seriedad de la administración gubernamental en el acceso a información que, al permanecer oculta, se traduce en cómo la política del agua en México ha soslayado el derecho humano al agua para las comunidades, colonias y barrios en los distintos municipios y estados, donde se configuran los principales conflictos del agua.

La obra se distribuye en cinco capítulos, dos enfocados al análisis, el primero: La captura política del agua en México y el segundo: Territorios de los grandes concentradores de agua; un tercero expone los principales hallazgos, y el cuarto y quinto hacen referencia a las recomendaciones y reflexiones finales respectivamente, como a continuación se indican.

El primer capítulo centra la atención en el concepto de captura política y considera a ^{Cortés e Itríago (2018, p. 21)}, que lo definen como “el ejercicio de influencia excesiva sobre diferentes administraciones y/o órganos del Estado (u otros organismos de alcance regional o internacional) por parte de unas élites extractivas”, que pueden “manipular, incidir e influenciar en la toma de decisiones estatales que atañen a la formulación, aprobación y ejecución del conjunto de políticas públicas” (^{Wedel, el al. 2017, p. 21}).

Este capítulo nos adentra en cómo la política del agua en México, con la promulgación de la LAN de 1992 y su reglamento de 1994, dotaron con concesiones y agua a particulares y a empresas privadas, al favorer su transmisión con el REPDA, configurándose “relaciones de poder” al revelarse cómo la política del agua a nivel nacional se construye a voluntad del “presidente en turno para favorecer la concentración de los derechos del agua” en manos del sector empresarial y privado, “y así profundizar las desigualdades que distinguen el acceso” al agua para la sociedad, a través de capturar desde la política el bien nacional (p. 24).

El balance hídrico y las vedas son instrumentos técnico-político para la dotación de agua y concesiones al sector privado cuando se proyecta el desarrollo empresarial en zonas estratégicas de México, que coinciden en acuíferos administrativos con baja disponibilidad hídrica. Al respecto, esta investigación señala cómo los Consejos de Cuencas y Comités Técnicos del Agua Subterránea (COTAS), están vinculados a intereses particulares con actores empresariales que concentran el agua.

En el capítulo segundo, la geografía política empieza a jugar un rol importante al expresar en un conjunto de cartografías temáticas, a escala nacional, la localización de las concesiones de agua superficial y subterránea para el uso industrial de armadoras, minas, cerveceras y refresqueras. Las empresas cerveceras concentran un total de 219.4 millones de m³/anuales, donde la transnacional Heineken, que opera aguas nacionales a través de su razón social Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, concentra parte del afluente de varios ríos de la cuenca Papaloapan, y 16 concesiones de agua subterránea a lo largo del país. Ahí resalta cómo el poder político sobre el agua subterránea es una cuestión de Estado, al exponer que el gobierno del estado de Hidalgo funciona como prestanombres en el título de concesión para que el Grupo Modelo opere aguas nacionales, extrayendo 6.3 millones de m³/anuales.

Una de las industrias que más millones de metros cúbicos de agua consume, es la industria refresquera. Los autores ubican 88 concesiones en todo el país, y 163 pozos, lo que representa un volumen de consumo de 35.9 millones de m³/ anuales; la embotelladora Coca-Cola, del Grupo Femsa, es la que ha ocasionado un mayor consumo de agua; en contraparte movimientos sociales han respondido en defensa del agua, como es el caso de Chiapas.

Las armadoras de autos ligeros también han sido puestas en evidencia por los autores, instalándose en los principales corredores del país, como es el caso de El Bajío, impulsados principalmente por el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con el discurso de generar empleos. El consumo de agua por estas industrias no es mínimo, alcanza a nivel nacional, a través de sus 23 plantas armadoras, un volumen concesionado de 15.3 millones de m³/anuales.

El caso de la industria minería metal-mecánica, se expone como una de las más contaminantes que, aparte de un alto consumo de agua para operar, ha degradado el espacio biofísico y ha perjudicado a la población circundante al contaminar sus principales cuerpos de agua, como en el caso del río Sonora. Los autores exponen, que con el presidencialismo de Carlos de Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006) se beneficiaron grupos empresariales para explotar el suelo y sus minerales a través de un número considerable de concesiones con un volumen total de consumo de agua de 87.3 millones de m³/anuales.

Lo anterior ha suscitado una serie de conflictos sociales a nivel nacional, a favor de la defensa del derecho humano al agua; los autores caracterizan en la cartografía los múltiples conflictos según el contexto socioespacial entre 2006 y 2018, que más allá de la captura del agua, han generado “malestar e inconformidad social” en las colonias, pueblos y comunidades en México (p. 71) e incrementa el desigual acceso al agua, promovido principalmente por las instituciones encargadas de su administración, al favorecer a las élites con un mayor número de concesiones y agua. Además, estas industrias han provocado severas afectaciones ambientales en los territorios donde se instalan.

Los hallazgos de esta obra otorgan resultados que asombran. La captura del agua por parte de las industrias y grupos de élite asciende a un total de 837.2 millones de m³/anuales. En el caso de las cerveceras, según este estudio, operan en acuíferos administrativos con baja disponibilidad hídrica, por eso, los autores sugieren reconsiderar para futuras investigaciones una visión interdisciplinar que aborde los sistemas de flujo de aguas subterráneas; es decir, que el agua subterránea no se asocie a los acuíferos administrativos, recortes espaciales donde solo se estudian las entradas y salidas de los puntos de extracción (balance hídrico), si no que se comprenda la afectación ambiental e hidrogeológica sobre los sistemas de flujo de agua subterránea a nivel local, intermedio y regional.

Lo anterior se retoma en el apartado de reflexiones finales, donde se muestra que con la conformación de “corredores de concentración de agua industrial” se ha logrado configurar “territorios contaminados y con presencia numerosa de conflictos socioambientales” (p. 78). En este apartado se exponen las dificultades que existen para conocer al volumen real que extraen las empresas e industrias mencionadas. Esta problemática, pone en evidencia según nuestro criterio, que la información del agua al permanecer oculta y comprende lo que en líneas finales mencionan los autores, acuerdos institucionales “bajo una lógica de interés privado” que ha desfavorecido “a las personas y comunidades que se encuentran en una relación asimétrica frente a las industrias acaparadoras del agua” (p. 80).

En el último capítulo se añaden las recomendaciones de los autores. Sugieren desarrollar indicadores para abordar y profundizar sobre el tema de la captura del agua e invitan a las autoridades mexicanas a que establezcan criterios para mostrar el estado actual del volumen extraído, la localización real de las extracciones, la actualización de la base de datos del REPDA, así como las transmisiones de derechos entre autoridades municipales y estatales con las empresas e industrias que logran concentrar los derechos de agua.

El trabajo de los autores muestra evidencia científica de la captura del agua en México en manos de grupos de la élite y empresas trasnacionales que, bajo una razón social mexicana, obtienen acceso y concentran los bienes de la nación. Los resultados señalan que la expropiación empresarial del agua (90% de agua subterránea y 10% de agua superficial) es manejada como mercancía promovida en acuerdos políticos instaurados en relaciones de poder, justificados en criterios presidencialistas para impulsar el desarrollo del sector privado y en detrimento del agua no solo para uso de comunidades, colonias y ejidos por separado, sino del bien nacional de todos los mexicanos. Al terminar de leer la obra, sugerimos la necesidad de nuevas investigaciones interdisciplinarias que muestren el entramado geoespacial de relaciones de poder que se entretejen en el ámbito institucional y privado, que paralizan la promulgación de una nueva LAN, a pesar de los movimientos sociales e investigaciones que sugieren su renovación inmediata en defensa del derecho humano al agua.