Contextualización histórica sobre el gobierno de México dentro del régimen climático global

El gobierno de México, como muchos otros países, no ha sido ajeno a la multiplicidad de iniciativas promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que de acuerdo con los propósitos enmarcados puntualmente en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desde principios de la década de 1970, ha implementado políticas públicas conjuntas para el cuidado del medio ambiente, informando y capacitando así a las naciones en todo el mundo, para que mejoren su vida sin comprometer a las futuras generaciones. En este sentido, siguiendo la lógica anterior, ^{Cabezas (2009)} destaca el notable interés de todas estas instituciones de la ONU por financiar proyectos de inversión que redunden en una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, entre otros; así, todos estos proyectos tienden a ubicarse en países en vías de desarrollo, lo cual en esencia es beneficioso desde el punto de vista económico, especialmente para estas regiones, dadas las condiciones de su entramado productivo.

México, como miembro del Sistema de las Naciones Unidas, ha participado activamente en las conferencias y demás eventos desarrollados por la comunidad internacional; de hecho respecto al protocolo de Kioto de 1997; en cuyo espectro normativo los países participantes se comprometieron a reducir las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero, los cuales sucesivamente inciden en el calentamiento global, es preciso señalar que según ^{Tudela (2007)} la formalización de los compromisos de México en torno al establecimiento de topes de índole cuantitativa, en relación con los gases de efecto invernadero, no fue un proceso fácil debido a la multiplicidad de opiniones en el seno de la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) —hoy Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— entre otras instituciones; sin embar go, y pese a todas las dificultades, el gobierno logró formalizar compromisos derivados de una estrategia negociada mancomunadamente con parte del sector público, la interlocución con el Poder Legislativo y la promoción de un diálogo nacional. Así, en este orden de ideas México, al igual que 140 países más, logró en definitiva ratificar el protocolo de Kioto en 2005, con el propósito de reducir en 5.2 por ciento sus emisiones de gases tóxicos entre los años 2008 y 2012, respecto a las emisiones que se generaban en el año 1990.

Asimismo, según ^{Díaz-Bautista (2008)}, el gobierno mexicano consciente de sus compromisos a nivel internacional, ha tenido que promover la implementación a futuro de energías renovables como la solar, eólica, geotérmica, hidráulica y oceánica entre otras; no obstante, estas tecnologías tan sólo representan 2 por ciento de las fuentes de energía primaria en la actualidad. Esto en un Estado que con frecuencia experimenta diversos fenómenos y catástrofes naturales asociadas precisamente al cambio climático y a las condiciones medioambientales que dejan a miles de personas damnificadas. De hecho respecto a las condiciones del entorno de México, ^{Ballester et al., (2006)} sostienen que estudios previos, llevados a cabo durante la preparación de las discusiones acerca del contenido del Protocolo de Kioto, planteados por el Grupo de Trabajo sobre Salud Pública y Consumo de Combustibles Fósiles, revelan proyecciones de lo que ocurriría si las políticas energéticas mundiales cambiaban en función de dicho acuerdo; así, los resultados y estimaciones sugieren que tan sólo en la Ciudad de México se podrían reducir un total de 65 mil defunciones por año si se implementaran políticas públicas para contrarrestar la contaminación atmosférica y el calentamiento global. Por lo tanto ambas situaciones explican la notable problemática de esa región y los inconvenientes relacionados con la contaminación en el país.

Cabe destacar que México formó parte previamente del Protocolo de Montreal de 1987, considerado como una de las etapas clave para la discusión por parte de la comunidad internacional de todo el tema de emisión de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, el cual daría origen posteriormente a todo el marco legal del entonces incipiente régimen climático global (^{Ghezloun et al., 2013}), que entraría finalmente en vigor en 1989 y que sufrió además diversas revisiones posteriores en Londres 1990, Copenhague 1992, Viena 1995, Montreal 1997 y Pekín 1999; régimen con el cual los países miembros se comprometerían a reducir y controlar en definitiva la producción de sustancias que afectan la capa de ozono.

Históricamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1994) ha sido igualmente un importante precedente por parte de México, con el cual se ha intentado, al igual que los casos anteriores, que los países palien algunos efectos de la contaminación a través del establecimiento de compromisos que promuevan la sostenibilidad, en este caso puntual, intentando lograr la estabilización de gases invernadero en la atmosfera con el fin de que los ecosistemas se adapten y no se ponga en riesgo la producción de alimentos y víveres. Por ello, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (^{PNUD, 2007}) se han aprobado más de 5 500 proyectos y actividades en 144 países entre los cuales se han logrado resultados tales como conversiones industriales, asistencia técnica, capacitación y creación de actividades, las cuales han redundado en definitiva en la reducción anual de 215 462 kT de sustancias que deterioran la capa de ozono incluyendo gases CO₂; todo ello trabajado junto con una amplia gama de socios nacionales, entre los que destacan gobiernos, industrias, asociaciones técnicas, institutos agrícolas, universidades y la sociedad civil, para gestionar un programa mundial de más de 500 millones de dólares.

Pese a todos los esfuerzos, el caso de México dentro de América Latina respecto a la generación de gases nocivos para la atmosfera es, según el ^{Banco Mundial (2011)}, uno de los más llamativos, ya que este país puede ser considerado como el mayor productor de emisiones de gases CO₂ de esta región con un total de 443 540.94 kT; superando incluso a economías destacadas como Brasil con 367 227.52, Venezuela con 181 629.65, Argentina con 174 569.11, Colombia con 65 052.06 y Chile con 66 867.75 kT entre 2004 y 2010 (gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1. Emisión de CO₂ en América Latina entre 2004 y 2010 

De hecho la evidencia empírica en el caso de México, y en algunos otros países en vías de desarrollo, demuestra que la regulación ambiental a menudo se realiza inadecuadamente. De hecho muchas de las políticas públicas de este tipo se valoran a veces como ineficaces, ya que en muchos casos las empresas amonestadas por las entidades ambientales, que posteriormente suelen ser más propensas a participar en esta clase de programas, tras recibir capacitación sostenible en torno a una mejor gestión de los recursos, terminan cometiendo errores similares a aquellas empresas que no recibían este tipo de capacitación. Estos resultados sugieren que los programas de industria limpia en México atraen plantas que no gestionan adecuadamente los recursos, lo que en definitiva no genera un impacto grande y duradero en su desempeño ambiental (^{Blackman et al., 2010}).

El caso de México es más que extraordinario (gráfica 2) ya que pese a estar considerado aún como una economía en vías de desarrollo, esto sin contar sus notables indicadores de producción, se encuentra entre los 13 países con mayor producción de gases CO₂ en el mundo, detrás de países como China con 6 756 999.645; Estados Unidos con 5 655 029.475; India con 1 668 256.598; Rusia con 1 655 235.605 y Japón con 1 208 365.032 kT, además de otros países. La producción total del planeta equivale a 33 615 389.000 kT en promedio entre 2004 y 2010 (^{Banco Mundial, 2010a}). Ésta es, por lo tanto, en muy buena medida, una de las razones por las cuales en las políticas públicas asociadas al tema medioambiental, aquellos gobiernos con mayores indicadores de producción y por supuesto con mayores niveles de emisión de gases de fecto invernadero suelen verse inclinados a participar en negociaciones sobre el cambio climático (^{Rong, 2010}).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Porcentaje de los principales países emisores de CO₂ en el mundo entre 2004 y 2010 

Y si bien aunque a escala per cápita las toneladas métricas producidas por cada mexicano no son altas comparadas con las de otros países latinoamericanos, ya que México posee por ejemplo una producción promedio de 3.91 toneladas métricas mientras que Brasil cuenta con 1.93; Venezuela con 6.56; Argentina con 4.44; Colombia con 1.46 y Chile cuenta con 4.01; es importante destacar que esto se debe en definitiva a que de este grupo de países, los que posean las mayores poblaciones evidenciarán, en la mayoría de casos, menores valores; ya que se verá dividida su producción total entre el total de habitantes. Por lo cual cabe destacar que en este caso Brasil y México son respectivamente los dos países con mayor cantidad de habitantes en Latinoamérica, respecto a Chile, Venezuela, Argentina y Colombia que son los que cuentan con la menor cantidad de habitantes en este grupo de países (^{Banco Mundial, 2010}).

De igual modo, retomando la idea central, es necesario poner énfasis en cómo todo el proceso de participación del gobierno de México en el régimen climático global, considerando los diferentes momentos clave anteriores, puede responder a presiones por parte de la comunidad internacional que, en efecto, se ha hecho más consciente de la importancia del desarrollo sostenible, lográndose así lo que según ^{Gupta (2010)} se entiende como paradigma de liderazgo, que es la pieza central de la discusión sobre la manera de abordar el cambio climático desde aspectos como la complejidad de la definición del problema de desarrollo y medio ambiente; la incapacidad de los países desarrollados para reducir sus propias emisiones; el aumento de la participación de los diferentes actores sociales y su incidencia en la construcción del régimen climático global; la progresiva búsqueda de soluciones alternativas en las negociaciones formales, como la identificación de medidas de mitigación apropiadas para el mundo en desarrollo, la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y por último la búsqueda de soluciones fuera del régimen climático global, ya que algunos países emplean políticas nacionales que no siempre son consecuentes con ordenamientos jurídicos internacionales.

Para el caso de México los resultados de estudios que proyectan el comportamiento de diversos recursos en el tiempo parecen reflejar un ineludible escenario conflictivo para este país; ya que el modelo de combustión interna se hace insostenible debido a los altos costos y los impactos ambientales asociados con los combustibles fósiles; por eso el país, como muchos otros, contempla nuevas opciones y modelos con energías renovables como la eólica, la solar, la hidráulica, la geotérmica y biomasa e incluso la energía nuclear; ya que en definitiva estas vías de electricidad pueden garantizar el suministro interno energético además de garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisión de gases de efecto invernadero fijados para el año 2050 de una forma más sostenible respecto a lo previsto con las políticas públicas actuales (^{Santoyo-Castelazo y Azapagic, 2014}).

Los subsidios energéticos en México ¿una contradicción con el modelo de sostenibilidad del país latinoamericano?

Pese a que el enfoque de México ha intentado responder a las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas en torno al asunto del cambio climático y el desarrollo sostenible, evidentemente parece presentarse una situación que se opone a dicha realidad, ya que las condiciones del entorno en ese país inevitablemente conllevan a que exista una significativa dependencia del actual modelo energético basado en el consumo de hidrocarburos y energía eléctrica; en este sentido, sobre este último caso según ^{Gallegos et al. (2014)} el uso de sistemas de aire acondicionado es una necesidad para la realización de las actividades humanas debido a las altas temperaturas en algunas zonas, lo que conlleva a unos intensivos y altos consumos de energía eléctrica, por lo que la facturación es muy cara para la mayoría de la población. Por esta razón, en algunas regiones se generan subsidios por parte del Estado en la tarifa eléctrica, situación que permite a los usuarios asignar menos de sus ingresos a pagar por el servicio, pero que en parte incide también en un mayor consumo que sucesivamente lleva a un mayor agotamiento de recursos y a emplear dinero que podría invertirse en iniciativas y programas de sostenibilidad.

Ésta es una de las razones por las cuales el gobierno intenta dar soluciones a través de iniciativas tales como la Ley del servicio público de energía eléctrica (2012) que se reforma y actualiza tras operar desde 1992, con el propósito de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica toda la nación; por ello uno de los principales argumentos de la reforma es atraer inversión privada a fin de reducir la carga financiera del gobierno en infraestructura para el desarrollo del Sistema Nacional de energía Eléctrica mediante seis modalidades (autosuministro de energía, cogeneración, pequeña producción de energía, producción independiente de energía, exportación e importación de energía) de lo cual se puede, hasta ahora, concluir que el resultado de la reforma podría ser considerado un avance parcial e incipiente para garantizar el suministro de energía. De este modo es evidente que las políticas de subsidios son estratégicas en la actualidad, por lo cual se puede decir en términos generales que es necesario avanzar en las políticas y el fortalecimiento tanto como en la actualización misma de los marcos regulatorios en este apartado (^{Ramírez-Camperos et al., 2013}).

En 2005-2010 el gasto acumulado en subsidios energéticos representó 1 150 miles de millones de pesos de ese país (mmp) equivalente a 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual medio en estos años. En 2008, cuando se duplicó el precio internacional del petróleo, se alcanzó un máximo histórico de casi 400 mmp. Esta cifra representó: 3.3 por ciento del PIB de ese año; 18 por ciento del gasto público programable; 30 por ciento del gasto en desarrollo social; más que todo el gasto público en salud, y 10 veces el presupuesto del principal programa contra la pobreza en México (^{Andretta, 2011}).

Asimismo, aparte de los inconvenientes de eficiencia en la producción de energía, ^{Edenhofer y Jaeger (1998)} sostienen que un país puede tener también importantes problemas debido a la no adecuada gestión de las políticas públicas en general; en cuanto a los impuestos sobre la energía, los subsidios a la energía y los límites de consumo de energía, que pueden agravarse por la excesiva demanda, tal como sucede precisamente con México. El país alcanzó, según el ^{Banco Mundial (2011a)}, entre el año 2004 y el año 2010 un promedio de 175 165.9534 kT ocupando así la posición trece a nivel mundial de los países con mayor consumo de energía en petróleo, y la posición dos, después de Brasil, de los países latinoamericanos con mayor consumo (véase gráfica 3); por lo tanto, se puede afirmar que este país posee un problema estructural y una contradicción significativa que lo ha obligado, como un importante pero ineficiente productor de petróleo, a implementar subsidios para la energía con el fin de ofrecer gasolina y combustibles baratos a su población. Este tipo de desequilibrios genera problemas de tipo fiscal, que además conllevan a una situación de insostenibilidad; por eso en algunos países los déficit presupuestarios están tornándose inmanejables y amenazan la estabilidad de las economías (^{FMI, 2013}).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3. Porcentaje de los principales países consumidores de energía en América Latina entre 2004 y 2010 

Igualmente cabe señalar que según ^{Andretta (2011)} los subsidios energéticos en México son esencialmente de tres tipos; el primer subsidio es el aplicado a las gasolinas por valor 223 716 millones de pesos mexicanos o 17 098 millones de dólares equivalentes a 1.84 por ciento del PIB; el segundo es el aplicado la electricidad por valor de 148 521 millones de pesos mexicanos o 11 351 millones de dólares equivalentes a 1.22 por ciento del PIB y el tercero es el aplicado al gas por valor de 126 197 millones de pesos mexicanos o 9 645 millones de dólares equivalentes a 0.22 por ciento del PIB; para un consolidado total de 398 434 millones de pesos mexicanos o 30 452 millones de dólares equivalentes a 3.3 por ciento del PIB en México. Todo esto durante el año 2008 que fue precisamente el periodo en que se duplicó el precio del petróleo debido a inconvenientes asociados a la crisis mundial.

Otros estudios que analizan a fondo los efectos negativos y contradictorios de este tipo de políticas son las investigaciones de ^{Quadri de la Torre (2011)}, quien afirma que es preciso mantener los subsidios energéticos como un aliciente en contra de la inflación; no obstante, y pese a que su remoción sin duda causaría un efecto sobre el nivel general de precios, este fenómeno de presión inflacionaria no tendría por qué ser permanente, de hecho, sería sólo un ajuste puntual en el tiempo que tendería a diluirse asintóticamente en un periodo significativamente corto, conllevando así a un realineamiento en los precios capaz incluso de transformar patrones de producción y consumo en las economías.

La cifra total de los subsidios en México ha sido tan alarmante, y como bien se ha señalado, promovida por el latente imaginario de presiones inflacionarias, que si se comparan las cifras totales de 2010 concernientes a rubros importantes tales como defensa, economía, educación, salud, seguridad, trabajo, medio ambiente y otros tantos más del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir 787 492 millones de pesos mexicanos, respecto a los 398 434 millones de pesos mexicanos correspondientes al total de los subsidios energéticos de 2008; el resultado sería que poco más de la mitad de ese pef de dos años se emplea para los subsidios energéticos en ese país. De hecho cabe destacar que de los 46 236 millones de pesos mexicanos del año 2010 destinados al presupuesto de medio ambiente, la octava parte del dinero empleado corresponde a los subsidios energéticos (^{Quadri de la Torre, 2011}).

En definitiva los subsidios energéticos pueden ser entendidos como un problema y una política pública cuestionable en diversos países del mundo; de hecho, según el ^{FMI (2013a)}, en primera instancia los bajos precios promovidos por los subsidios desestimulan las inversiones y la producción de la empresa tanto privada como pública en el sector de la energía; conllevando a la reducción de la oferta de energía, un elemento determinante para el crecimiento. En segundo lugar, los subsidios consumen recursos que en teoría deben emplearse en gastos públicos que incentiven el crecimiento, incluidos gastos como infraestructura, educación, salud, protección social y demás; tal como demuestra ^{Quadri de la Torre (2011)} algunos países como México suelen gastar más en subsidios a la energía que en salud y educación, perjudicando el desarrollo del capital humano. En tercer lugar, la implementación de subsidios conlleva a que los recursos se asignen de manera ineficiente a actividades de uso intensivo de capital y energía; por ello, la eliminación de los subsidios a la energía también puede extender la disponibilidad de recursos energéticos que suelen ser no renovables, además de incentivar la investigación y desarrollo de tecnologías más sostenibles. En cuarto lugar, estas ayudas estatales incitan a un mayor consumo de energía, por ello los subsidios ejercen presión sobre la balanza de pagos de los países que son importadores netos de energía y ocasionan fuga de reservas internacionales, entre otros fenómenos. En quinto lugar, al promover el consumo de energía, paralelamente tienden a aumentar las emisiones de CO₂, por ello los subsidios pueden empeorar los problemas del cambio climático y elevar indirectamente la contaminación. Por último, los subsidios energéticos, elevan la desigualdad porque benefician principalmente a los grupos de altos ingresos, que son los mayores consumidores de energía respecto a los grupos de bajos ingresos tal como afirma ^{Quadri de la Torre (2011)} en algunas de sus investigaciones.

Resultados asociados a la hipótesis principal

La relación A-C, esto es, aquella que vincula a las variables de emisiones de CO₂ en kT y la tasa de crecimiento del PIB, presenta un coeficiente de correlación negativo como era de esperarse, pero muy bajo, pues su valor es de -0.3; además en la prueba de significancia el valor t fue de 0.96 que es inferior al requerido para un nivel de confianza de 0.95 y N-2 grados de libertad. Por esta razón se puede decir que para este periodo no existe una relación significativa entre estas dos variables.

Resultados asociados con las variables relacionadas con los subsidios al sector energético

En la hipótesis 1A se había planteado que los subsidios a la producción de energía debían relacionarse negativamente con el crecimiento del PIB, por lo que su correlación también tendría que ser negativa y alta, o muy alta, por lo que su valor de correlación debía ubicarse en el rango que va de -0.7 a -0.99.

Sin embargo, al estudiar el cuadro 3, se nota que la relación B-C, es decir, aquella que relaciona los subsidios energéticos con el crecimiento del PIB es positiva y tiene un valor apenas de 0.35, lo que según el cuadro 2, la ubica en la categoría baja. Por este motivo, no existe evidencia que demuestre una relación entre estas variables. Esto se corrobora en el cuadro 4, en donde puede verse que su relación no es significativa ya que para las variables B-C el valor t es menor que el t de student (0.95, N-2).

En este sentido puede decirse que la hipótesis 1A no se cumple, pues se esperaba un valor negativo superior a -0.7. Esta baja relación que, además, fue positiva se explica por el hecho de que los subsidios energéticos no son el único factor de relación con el PIB, pues éste depende, entre otras variables, de la inversión privada nacional o extranjera, el consumo doméstico, el nivel de gasto público y de las exportaciones netas. Por esta razón, lo único que puede decirse es que estas variables no se mueven en dirección contraria, que era lo que se esperaba, sino que lo hacen en la misma dirección pero con una muy baja relación.

En el caso de la hipótesis 1B, hay que recordar que se había enunciado que como los subsidios a la producción energética se encontraban orientados a la producción proveniente de energías fósiles, entonces, lo más apropiado era pensar que la relación de estas dos variables debía ser positiva y ubicarse en valores entre 0.7 y 0.99, lo que indicaría una correlación alta o muy alta entre ellas.

Para comprobar el cumplimiento de esta hipótesis debe analizarse la relación B-D, que es la que incluye estas dos variables. En este caso el valor de la correlación fue de 0.73, lo que corresponde con lo que plantea el enunciado de la hipótesis. Luego al realizar la prueba de significancia estadística y al comparar el valor t de la relación B-D con el t de student (0.95, N-2) se ve que el primero es mayor que el segundo, lo que confirma que estas variables se encuentran relacionadas.

En contexto esta relación muestra que los subsidios al sector energético se mueven en la misma tendencia, o se comportan de forma similar al consumo de energía proveniente de combustibles fósiles. Una vez más debe insistirse en que correlación no significa causalidad y, que ello puede llevar a caer en una falacia post hoc. Sin embargo, sí puede pensarse que la tendencia que comparten estas dos variables podría estar asociada a que en Mé xico estos subsidios, en buena medida, financian actividades energéticas provenientes del uso de combustibles.

De igual forma se formuló una hipótesis que relacionó los subsidios energéticos con el consumo de energía eléctrica per cápita. A esta se le denominó hipótesis 1C y, en ella, también se estableció que su correlación debía ser superior a 0.7, pero al recurrir al cuadro 4 y ver el resultado de la relación B-E se notó que ésta sólo era de 0.37, lo que la clasifica como una correlación positiva baja. Además, en la prueba de significancia el valor t para estas dos variables fue de 1.048, que es inferior a 2.015 que muestra el valor t de student (0.95, N-2). Por esta razón, no existe una relación significativa entre estas dos variables.

Aunque en esta correlación no podría hablarse de la incidencia de los subsidios energéticos en el consumo de energía eléctrica, pues no se trata de una relación de causalidad, sí debe considerase que estas dos variables se mueven con una tendencia similar pero su correlación no es alta.

En este último punto podría ser más valioso realizar estimaciones de las tendencias de consumo de energía, que de hecho muestra ser creciente, lo que se justifica por el hecho de que las sociedades modernas consumen más energía. Además, si el cambio climático es una realidad, entonces el clima del planeta podría tener cambios abruptos y eso incidiría a que a futuro se demande más energía por concepto de calefacción en unos casos y de aire acondicionado en otros.

La última de las hipótesis de este grupo, la 1D, indaga la relación entre las subvenciones a la producción de energía y las emisiones de CO₂ expresadas en kT, en ella se proponía un coeficiente de correlación superior a 0.7.

Al revisar el coeficiente de correlación para las variables A-B se tiene que éste fue de 0.59, que lo clasifica como una relación positiva moderada. Al momento de revisar la prueba de significancia, el cuadro 3, muestra para la relación A-B que el valor t es de 2.05, mientras que el exigido por la prueba t de student (0.95, N-2) es de 2.015. Esto significa que el primero es levemente superior, lo que permite inferir que sí existe una relación entre las variables en cuestión.

Sin embargo se insiste en que se debe evitar creer que este resultado indica que al aumentar los subsidios al sector energético van a aumentar las emisiones de CO₂; por un lado eso no explica el significado de la correlación y, por otro, el hecho de que el sector energético no es el único sector que genera emisiones de CO₂. De esta manera, el coeficiente sólo expresa que hay una tendencia común entre estas dos variables, pero que ésta es moderada.

Resultados asociados con las relaciones entre las emisiones de CO₂

Con la hipótesis 2A se quería establecer si las emisiones de CO₂ se encontraban vinculadas a la producción de energías con combustible fósil. Parece una relación muy obvia, por este motivo se consideró que la relación entre ellas debía ser positiva alta, o muy alta, por lo que el coeficiente de correlación se ubicaría en el rango 0.7 a 0.99.

En el cuadro 3 se presenta la matriz de correlaciones. En este caso interesa centrase en la relación A-D. Puede observarse que el valor del coeficiente es de 0.96, lo que indica que se trata de una correlación positiva muy alta. Esto quiere decir que la emisión de CO₂ expresada en kT y la producción de energía equivalente a petróleo presentan un comportamiento casi igual. Después se le realiza una prueba de significancia a dicho valor, que se representa en el cuadro 4, de forma específica, en la relación A-D. Su valor t no sólo es mayor que el de la prueba t de student (0.95, N-2), sino que es el más alto de todos. Eso significa que existe una relación muy marcada entre estas dos variables.

Pese a no tratarse de una prueba de causalidad, sí puede deducirse que una forma de bajar las emisiones de CO₂ en kT es reduciendo la producción de energía equivalente a petróleo. Por este motivo sería conveniente que en trabajos futuros se estudiará alguna forma de relación de causalidad debido a que es muy probable que sí exista una alta incidencia de la primera variable sobre la segunda.

Una segunda hipótesis de este nivel es la 2B. En ella se expresa que como gran parte de la energía es generada por combustibles fósiles, entonces debería existir una relación alta o muy alta entre las emisiones de CO₂ en kT y el consumo de energía eléctrica per cápita, por lo que el valor de la correlación debería moverse entre 0.7 y 0.99.

Para validar esta hipótesis se debe analizar la relación A-E. Al respecto, el cuadro 4 presenta los resultados de la correlación de estas dos variables. Puede notarse que toma un valor de 0.85, lo cual indica una alta correlación. Al igual que con los demás resultados, éste debe ser sometido a una prueba de significancia, cuyo valor se presenta en el cuadro 4. En ella se aprecia que el valor t es de 4.86 y éste es mayor que el valor de la prueba t de student, por lo que se considera que estas variables se encuentran relacionadas de una forma significativa.