Rurales y periurbanos: una aproximación al proceso de conformación de la periferia poblana

 

Rural and periurban: an approximation to the process of shaping urban periphery

 

José Alvaro Hernández–Flores, Beatriz Martínez–Corona, José Arturo Méndez–Espinoza, Ricardo Pérez–Avilés, Javier Ramírez–Juárez y Hermilio Navarro–Garza

 

Colegio de Posgraduados y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correos electrónicos: jafh@hotmail.com, beatrizm@colpos.mx, jamendez@colpos.mx, hermnava@colpos.mx, cs000305@siu.buap.mx, rjavier@colpos.mx

 

Resumen

Se describe y analiza el proceso de conformación de la periferia de la ciudad de Puebla, México, que ha experimentado durante las décadas recientes un crecimiento urbano explosivo y desordenado, sustentado en la incorporación de territorios que históricamente se han caracterizado por poseer una vocación fundamentalmente agrícola. Sin embargo, pese a los cambios inducidos por la penetración de la dinámica urbana, muchas de estas localidades ubicadas en la periferia de la capital continúan reproduciendo un estilo de vida y una configuración económico–productiva de carácter rural.

Palabras clave: periurbanización, espacio periurbano, crecimiento urbano, modo de vida, ruralidad.

 

Abstract

The aim of this article is to describe the process of shaping the territory of the city Puebla, México; which has experimented during the last decades an explosive and disordered urban growth, underpinned by the incorporation of territories that have been historically characterized by having a primarily agricultural vocation. However, despite the changes induced by the penetration of the process of urban dynamics many of these villages, located on the outskirts of the capital, continue having a lifestyle and an economic–productive configuration of rural character.

Key words: periurbanization, suburban area, urban growth, lifestyle, rurality.

 

La periurbanización en México

En los últimos cuarenta años las ciudades mexicanas han sufrido un intenso crecimiento urbano que se ha expresado en la expansión de grandes zonas metropolitanas y en el desarrollo acelerado —y en muchas ocasiones desordenado— de las ciudades medias del país. Dicho crecimiento ha implicado la incorporación de extensiones considerables de tierras agrícolas como soporte de las nuevas actividades de carácter urbano. La conurbación resultante de este proceso ha derivado en una serie de transformaciones territoriales, con resultados heterogéneos de acuerdo con las particularidades de cada región, en donde los territorios de menor jerarquía se someten a los requerimientos de las ciudades y se integran a su dinámica bajo formas muy diversas.

La expansión del crecimiento urbano en México comenzó a adquirir dinamismo a partir de la década de 1950, cuando a instancias de las autoridades agrarias, importantes extensiones de tierras ejidales y comunales empezaron a incorporarse a las zonas urbanas, generalmente bajo la forma de expropiaciones, propiciando que tierras que originalmente estaban destinadas a usos agrícolas transformaran su configuración y sus funciones al ser absorbidas por la mancha urbana (Ávila, 2001).

Hacia mediados de los años setenta este proceso comenzó a adquirir proporciones elevadas, alimentado sobre todo por el proceso de industrialización y el aumento en los flujos migratorios del campo hacia las ciudades. Fue precisamente durante estos años cuando el Estado mexicano instauró diversos organismos para ordenar el proceso de expansión urbana sobre los territorios rurales. Es así como surge el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Vivienda Popular (INDECO), con el objetivo de desarrollar programas habitacionales y legitimar la tenencia de la tierra, y posteriormente se crea la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) con la intención de ejercer acciones sobre las propiedades irregulares y programar la disponibilidad de espacios libres para el crecimiento urbano (Ibid: 123).

Pese a la intervención gubernamental en los proceso de incorporación de suelo para uso urbano, la irregularidad de la tierra continuó siendo uno de los problemas principales en las zonas periurbanas del país. Las reformas al artículo 27 constitucional y la promulgación de una nueva Ley Agraria a inicios de la década de 1990 estuvieron orientadas, entre muchas otras cosas, a dar certidumbre jurídica a la propiedad social en el campo. Sin embargo, existen estudios (González y Vargas, 2000, citados por Ávila, 2001) que muestran cómo las modificaciones a la legislación han provocado en muchas regiones que se incremente la especulación del suelo. Aunque existen actualmente organismos como el Programa de Incorporación del Suelo Social (PISO) cuyo objetivo es inducir el cambio de propiedad en las tierras ejidales ubicadas en espacios de expansión urbanas, la ocupación ilegal o irregular de tierras en las periferias de las ciudades sigue siendo una constante. Al respecto, Seyde (s/f) señala que la irregularidad en la tenencia de la tierra representa más de 65 por ciento del crecimiento urbano nacional y de este universo, cerca de 80 por ciento es producto de la necesidad de vivienda de sectores marginados, cuyas familias subsisten con ingresos menores a los tres salarios mínimos.

Héctor Ávila (2001) señala que en lo que se refiere a su configuración espacial, el proceso de periurbanización en México parece ir en la misma dirección que en los países desarrollados aunque con causas diferentes y matices estructurales y territoriales propios. Así, mientras en los países industrializados la periurbanización ocurre a partir del flujo poblacional y el traslado de actividades productivas hacia la periferia; en nuestro país el proceso se configura a partir de esta misma dinámica, pero en una estructura territorial que se encuentra ampliamente condicionada por la evolución del modo de producción capitalista, con las características propias del subdesarrollo mexicano. Las diferencias, en este sentido, radican en la intensidad de ciertos procesos y en su capacidad para explicar los cambios territoriales suscitados por la periurbanización. De esta manera, situaciones como las de segunda residencia o de movilidad cotidiana de la periferia hacia los centros urbanos —características que alimentan el proceso en la gran mayoría de los países desarrollados— si bien ocurren y están en aumento, resultan insuficientes o poco relevantes para dar cuenta del fenómeno en las sociedades latinoamericanas y, de modo particular, en la mexicana.

Bajo las condiciones actuales parecería más propicio aludir a procesos derivados de la concentración económica, la crisis del sector agrícola, el crecimiento demográfico, la migración hacia los centros urbanos, el encarecimiento y nulo acceso al suelo urbano, la irregularidad de la tierra y la pobreza como factores explicativos del fenómeno periurbano en México. Asimismo, habría que considerar una serie de características propias del contexto nacional que han inducido, a lo largo de los años, un cambio significativo en las relaciones sociales y económicas al seno de los espacios agrarios que se ubican en la periferia de las ciudades, así como en la naturaleza de los vínculos entre el campo y la ciudad. De esta manera, las políticas instrumentadas a nivel federal y estatal para ordenar el crecimiento urbano, los cambios recientes en la legislación agraria y los efectos de la apertura comercial en el marco de la globalización deben considerarse como parte fundamental de la dinámica urbano–rural que da origen a los espacios periurbanos.

A pesar de que existen ciertos rasgos generales que caracterizan el proceso de periubanización en México, lo cierto es que existe una gran diversidad en cuanto a las expresiones territoriales que asume este fenómeno en cada región. Dicha heterogeneidad proviene de las características particulares de los territorios concretos, sus potencialidades, su localización, así como de los actores que coexisten en los espacios periféricos. Así, mientras en algunas zonas predominan los asentamientos marginales ubicados sobre suelos irregulares, en los cuales se carece de infraestructura y servicios públicos, en otras zonas es posible constatar la existencia de áreas residenciales apartadas de la ciudad en zonas de acceso restringido para una población de altos ingresos. Asimismo, es frecuente encontrar regiones donde el avance de la urbanización ocurre a lo largo de los ejes de salida de las ciudades o alrededor de obras e infraestructura recientes, conformando asentamientos difusos. Muchos de estos espacios han sido transformados sustancialmente por la dinámica urbana, induciendo cambios en el uso del suelo, en la conservación del ambiente y en la estructura productiva local. Mientras que en otros se da la coexistencia de actividades agrícolas y pecuarias con otro tipo de actividades que tienen un origen netamente urbano. De esta forma, la periurbanización se manifiesta como un proceso marcado por la heterogeneidad, tanto de los agentes sociales, como de los procesos espaciales, con una alta movilidad e incidencia en el juego de fuerzas a partir del cual se construye cotidianamente el territorio.

 

La conformación del espacio periurbano poblano

Lo primero que habría que mencionar al referirnos al proceso de conformación del territorio poblano es que desde su fundación a principios del siglo XVI, la ciudad de Puebla nació con funciones metropolitanas. Al respecto, Héctor Bernal (2005: 38–39) señala que en los inicios de la colonización europea en América, los países conquistadores iniciaron un proceso de expansión fundamentado en la construcción de ciudades que sirvieran de puntos de apoyo para la penetración en los territorios. De acuerdo con este planteamiento, los españoles concibieron a la ciudad de Puebla tomando en consideración tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la presión de ciertos sectores sociales españoles como el clero y algunos nuevos terratenientes, que se pronunciaban en contra del sistema de encomiendas, el cual impedía la libre circulación de mano de obra necesaria para la construcción de las ciudades y para el desarrollo de la agricultura. En segundo lugar, se consideraba que era necesario fundar una nueva ciudad novohispana que no se encontrara superpuesta sobre los restos de una población indígena que pudiera generar inestabilidad y amenazar el poder de los pobladores españoles. En este sentido, se consideraba que las antiguas ciudades indígenas de Cholula y Huejotzingo representaban un riesgo para el control político de la región debido al prestigio histórico regional del que gozaban a pesar de la conquista. Finalmente, se tomó en cuenta la exigencia de la nación tlaxcalteca por el respeto de su territorio y autonomía como premio a su participación en la guerra contra los mexicas, por lo que fue el propio arzobispado de Tlaxcala el que tomó la iniciativa de crear una sede regional diferente para trasladar el obispado de esa nación inconforme.

De esta forma, la ciudad de Puebla se funda como una metrópoli destinada a restar hegemonía a la ciudad de México y a concentrar el comercio que fluía del Golfo de México hacia la ciudad capital, Oaxaca y Guatemala. Aprovechando su localización estratégica, disputa con éxito a la ciudad de Tlaxcala la hegemonía de las rutas comerciales y se constituye como un importante centro manufacturero, convirtiéndose en una ciudad preponderantemente textil. La construcción de la ciudad demandó la participación de la población indígena como mano de obra urbana, artesanos y agricultores, lo cuales constituyeron la base de la población indígena asentada originalmente en la periferia (Ibid: 39)

De acuerdo con Bernal (2005: 39) un aspecto fundamental en la inserción exitosa de la ciudad en la región fue el aprovechamiento de la estructura política y territorial que existía de por sí, basada en los modelos de altépetl prehispánicos. Los altépetl eran un tipo de conglomerado de localidades articulados con cierta lógica respecto al trabajo, producción y defensa militar, cuyas características principales eran una territorialidad definida, cierto grado de independencia y una forma de designarse a sí mismos. Esta forma de organización espacial prehispánica fue retomada por los españoles, dando lugar a un proceso de organización administrativa y de control territorial en el centro del país basada en las ciudades altépetl asentadas alrededor de una gran metrópoli. De esta forma, la ciudad de Puebla se convierte en una metrópoli que reconoce e impulsa la creación de ciudades de segundo orden en los centros que anteriormente fueron altépetl como Cholula, Amozoc, Tepeca, Tecali, Cuautinchán, Acatzingo, en el estado de Puebla, y otras de igual o mayor importancia ubicadas en el territorio de Tlaxcala y Veracruz.

Hacia la primera mitad del siglo XIX se advierten en la ciudad de Puebla cambios notables tanto en lo urbano como lo arquitectónico. Al tiempo que aumenta notablemente la densidad de construcción en lo que fueron los predios conventuales se da un importante salto cualitativo en lo concerniente a la infraestructura urbana¹. Sin embargo, a diferencia de la ciudad de México, parece no haber existido en Puebla un proceso de creación de fraccionamientos y colonias durante y a finales del Porfiriato (Salamanca, 2005). Durante este periodo, la retícula original de la ciudad se densifica con las nuevas construcciones edificadas sobre los edificios derruidos en las intervenciones francesa y estadunidense. La vieja fisonomía urbana se transforma principalmente al poniente de la ciudad, a lo largo de las avenidas Reforma y Juárez, al tiempo que la ciudad se incorpora a una importante red de ferrovías externas²; se pone en funcionamiento el ferrocarril industrial que sirvió a Puebla, Cholula, Huejotzingo y Fábricas; así como el servicio urbano de tranvías o ferrocarril urbano de Puebla (Ibid).

El periodo de la Revolución Mexicana frenó todo desarrollo en la ciudad de Puebla, pero entre 1940 y 1960 se dio una rápida urbanización debido al proceso de industrialización que siguió a la posguerra. En este lapso aparecieron nuevos desarrollos urbanos periféricos, diseñados dentro de un patrón ortogonal emparentado con la retícula, entre los cuales destacaron las colonias Humboldt, Amor, La Libertad, Los Volcanes, El Carmen y Santa María, entre otras (Ibid). En un intento por ordenar el crecimiento de la ciudad, en 1962 se suprimen e incorporan bajo la figura de presidencias auxiliares al desarrollo urbano de la capital los municipios circundantes de San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, La Resurrección y Totimehuacán, con lo cual la ciudad de Puebla casi triplica su superficie municipal de 132 a 515 kilómetros cuadrados.

De acuerdo con Salamanca (2005), la ciudad creció ordenadamente hasta 1950 año en el cual se observaron los primeros asentamientos espontáneos y sin control, desvinculados de la mancha urbana, que rompían con la unidad espacial de la ciudad. La expansión de la ciudad ocurre en un inicio hacia el norte y el noreste como resultado de la construcción de la autopista México–Puebla, que entra en funciones en 1963. En esta década, la ciudad creció en una extensión de 25.8 kilómetros cuadrados con un incremento de 77 por ciento en relación a 1950, con una tasa media anual de crecimiento de 3.8 por ciento, lo cual indica un acelerado proceso de urbanización (Ibid). Paralelo a la construcción de la autopista se introduce una nueva e importante infraestructura urbana: se introducen gaseoductos, líneas de alta tensión y da inicio el auge del ofrecimiento de terrenos con el objetivo de diversificar la industria regional. En estos años arriban importantes empresas como la automotriz Volkswagen, que se instala en Cuautlancingo y la siderúrgica Hylsa, que se asienta en los terrenos de San Miguel Xoxtla, las cuales ya en la década de los setenta representaban 24 por ciento del valor de la producción en el estado de Puebla y también 69 por ciento de los empleos que en su conjunto ofrecían las empresas textiles (Eisenbleatter, 1977; citado por Bernal, 2005).

En esta época, Puebla pasa a ser la tercera ciudad el país en importancia industrial en términos de su aportación al valor agregado nacional, situación que no se logra sostener pese a los incentivos fiscales y legales ofrecidos por las autoridades estatales durante esos años,³ ya que en 1970 pasa al quinto lugar, después pasa al noveno en 1988 y al décimo lugar en 1998, con fuertes posibilidades de seguir disminuyendo hasta llegar al decimocuarto (Patiño, 2004).

La decadencia de la industria textil durante las décadas de 1960 y 1980 propició la reorientación de las inversiones hacia la industria inmobiliaria y de la construcción, lo cual desató un proceso generalizado de especulación sobre superficies susceptibles de ser expropiadas para la construcción de unidades habitacionales o industrias (Melé, 1994). Durante estos años aparecen numerosas colonias y unidades habitacionales al oeste y sur de la ciudad, en dirección de Cholula, Cuautlancingo y Atlixco, para después extenderse hacia el resto de la periferia, marcando una tendencia que existe hasta la actualidad (Bernal, 2005).

En esta nueva etapa, la expansión urbana de la ciudad de Puebla estuvo fincada en una estrategia de incremento de los factores de localización regionales, que dotaba de incentivos a las industrias para instalarse fuera de los límites de la capital. La consolidación del aeropuerto Hermanos Serdán, que se construyó sobre terrenos con un importante potencial agrícola en Huejotizingo, reforzó la tendencia de crecimiento urbano hacia el noroeste de la capital, sobre la antigua ciudad de Cholula, precisamente en un área que históricamente se había configurado como rural y que mantenía hasta ese entonces una vocación exclusivamente agrícola, con un fuerte componente de organización tradicional indígena.

Dada su cercanía con la capital del estado, la proximidad a importantes vías de comunicación y la dotación de recursos naturales e infraestructura propia para el desarrollo industrial, Cholula se configuró como un espacio propicio tanto para el asentamiento de industrias, como para el desarrollo de diversos proyectos inmobiliarios. La tendencia subsiste hasta la fecha, y hoy en día es posible afirmar que Cholula constituye la región más dinámica en términos de crecimiento urbano.

La expropiación de los territorios rurales, así como las facilidades legales y fiscales y el impulso de infraestructura urbana en las zonas ubicadas en la periferia fueron parte de los procesos que se desarrollaron en el marco de una política que pretendía generar un nuevo tejido industrial en al menos tres vertientes: la carretera México–Puebla, la carretera Puebla–Tlaxcala y los espacios intersticiales entre éstas (Bernal, 2005). De esta forma, en 1971 entra en funciones el corredor industrial de san Martín Texmelucan y en 1981 el corredor Quetzalcóatl, en las cercanías de Huejotzingo y Cholula. Asimismo, durante los siguientes años se consolidan una serie de corredores ubicados a lo largo de la carretera que une a Puebla con Tlaxcala, el corredor industrial Malinche, entre Santa Ana Chiautempan y Puebla, y el de Ixtacuixtla, en las cercanía de San Martín Texmelucan. A la fecha, de acuerdo con datos proporcionados por diversas instancias gubernamentales, suman 15 los parques industriales en el estado, con una superficie de 660.7 hectáreas (Ibid: 43).

La construcción de corredores industriales a lo largo de estos ejes marcó el inicio de las contradicciones y el enfrentamiento entre las lógicas urbana y rural en el estado de Puebla. La dotación de infraestructura urbana propició la revalorización y el incremento de la plusvalía de los terrenos agrícolas ubicados en estas regiones, dando lugar a presiones de diversa índole sobre terrenos en los cuales se encontraban algunas de las tierras de cultivo más productivas del estado y donde persistía un modo de vida eminentemente rural. Adicionalmente, es necesario destacar que la mayoría de las acciones orientadas a promover la expansión industrial se hicieron a expensas de los campesinos metropolitanos, quienes además de ser despojados de sus tierras mediante declaratorias de expropiación, fueron también excluidos de los beneficios de la diversificación de la planta industrial. Tan sólo para la construcción de la planta alemana Volkswagen se afectaron 309 hectáreas de los campesinos de San José Almecatla y Ocotlán, del municipio de Cuautlancingo, y de San Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango. Y en el caso del parque industrial Quetzalcóatl, resultaron afectadas 500 hectáreas, lo cual eliminó la producción agrícola de los campesinos de Huejotzingo, Juan C. Bonilla y San Martín Texmelucan (Patiño, 2004).

Sin duda, el caso más evidente de este despojo lo describen Susana Rappo y Sergio Cortés (1993) en el análisis sobre la expropiación de cuatro ejidos pertenecientes a los municipios conurbados de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo.

A principios de 1992, el Poder Ejecutivo Federal decreta expropiar por causa de utilidad pública una superficie de 1071 hectáreas destinadas a la constitución de la reserva territorial para el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Los ejidos afectados por dichas expropiaciones fueron San Andrés Cholula, con 696 hectáreas (de 756 hectáreas con las que había sido dotada originalmente); San Bernardino Tlaxcalancingo, con 140.8 (de 358 hectáreas); Santiago Momoxpan, con 87.6 (de 164 hectáreas), y La Trinidad Chiautenco, con 147.2 (de 181 hectáreas) (Velasco Santos, 2005; Rappo y Cortés, 1993; Melé, 1994). Así, de las 1459 hectáreas con las que estos ejidos fueron dotados originalmente sólo quedaron 388 disponibles para los campesinos de la región. Las expropiaciones implicaron una pérdida del 73.4 por ciento de sus tierras. Como puede observarse, estos ejidos ubicados apenas a escasos ocho kilómetros de la ciudad capital, prácticamente perdían todo su territorio, o gran parte de él, a partir de este decreto expropiatorio.

Frente a los procesos de expropiación y la presión derivada del crecimiento desmesurado de la ciudad sobre las zonas urbanas, las respuestas de los ejidatarios han sido sumamente diversas. Algunos ejidos, incluidos en las ciudades, desaparecieron formalmente con el consecuente cambio y transformación en el modo de vida de sus habitantes, quienes paulatinamente se convirtieron en actores semirurales o urbanos. Algunos otros ejidos alejados de la dinámica urbana han podido mantener sus actividades agrícolas sin cambios, mientras que otros sólo han sido transformados parcialmente, ya que las afectaciones únicamente han ocurrido en términos de la dotación de infraestructura y servicios. Destaca de modo generalizado una tendencia a la pluriactividad en donde el papel de la agricultura, sobre todo en las regiones más expuestas al contacto con la ciudad, se limita al autoconsumo. A pesar de ello, su modo de vida continua siendo campesino, no sólo por habitar en las zonas rurales o periurbanas, sino porque sus referentes identitarios y comunitarios tradicionales siguen dando coherencia a sus prácticas y formas de vida (Pérez, 2005).

Hoy en día la ciudad de Puebla se caracteriza por su tendencia a la expansión del área urbana y a la suburbanización. Actualmente la zona conurbada ⁴ de Puebla está compuesta por catorce municipios que rodean la capital: Amozoc, Coronango, Cuautinchán, Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Tlaltengango y Xoxtla.

Pérez (2005) señala que en el caso de la zona conurbada de la ciudad de Puebla, la capital es el eje principal del crecimiento urbano e industrial y, por tanto, el centro del empleo. De acuerdo con este autor, las ciudades de Amozoc, Coronango, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula forman parte de la conurbación directa. Se trata de poblaciones que se articulan de manera muy intensa con la ciudad capital, que están sometidas a la presión de la mancha urbana y que constituyen localidades con empleo secundario y para dormir. En tanto, las ciudades de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, que mantienen una dinámica propia y constituyen polos separados vinculados a la ciudad de Puebla mediante importantes corredores industriales y de servicios, forman junto con las zonas urbanas de San Miguel Xoxtla y Domingo Arenas, parte de la conurbación indirecta. Finalmente, están las ciudades de Cuautinchán, Santa Clara Ocoyucan, y Tlaltenango, las cuales se encuentran también integradas pero bajo la función de reservas territoriales. La unión de estas ciudades y sus espacios es múltiple y variada y tiene como eje articulador la infraestructura de comunicaciones basada en carreteras y diversas redes de transporte.

La población que habita en esta zona, además de ser numerosa, ha registrado importantes tasas de crecimiento a partir de lo años noventa. De casi un millón y medio de habitantes contabilizados a principios de esa década, se calculaba que para finales de 2005 la población había aumentado a poco más de dos millones, es decir, en tan solo quince años hubo un incremento de 750 mil habitantes, lo cual es una muestra de la fuerte presión sobre la tierra. Asimismo, es posible constatar un proceso de concentración poblacional en la capital del estado —la cual posee 71.81 por ciento de la población de la zona conurbada— y en los municipios que forman parte de la conurbación directa, los cuales en su conjunto representan 88 por ciento de la población total (Ibid: 87). De esta forma, entre los municipios que denotan una alta densidad poblacional se encuentran Cuautlancingo (mil 391.99 habitantes por kilómetro cuadrado); Puebla (2 mil 568.93 habitantes); San Martín Texmelucan (mil 682.71 habitantes);

San Pedro Cholula (mil 955.59 habitantes) y San Andrés Cholula (813.85 habitantes).

 

El peso de lo rural

Si bien la dinámica y conformación de los municipios conurbados a la ciudad de Puebla presentan características propias de la penetración urbana, subsiste en ellos un importante componente rural.

En su estudio sobre las transformaciones de la estructura agraria ejidal en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, Pérez (2005) señala que poco más de un tercio del territorio conurbado (35 por ciento) pertenece a los ejidos. Así, la estructura ejidal de la zona conurbada de la ciudad de Puebla se compone de 87 ejidos que se asientan en una superficie de 59 mil 229 hectáreas con las que se benefició a 19 mil 455 ejidatarios, lo que permite calcular una población aproximada de cien mil poblanos que viven actualmente en las áreas rurales de esta zona. Este autor destaca que con excepción de los municipios de Cuautinchán, Acayucan, Amozoc y Puebla, la superficie promedio por ejidatario (tres hectáreas) es de autosubsistencia. situación que se agrava por el hecho de que la mayoría de los terrenos agrícolas son de temporal (38 por ciento), agostadero, cerril y de monte (28 por ciento) e indeterminadas (24 por ciento). En tanto que la superficie de riego alcanza apenas poco más de siete por ciento. De esta forma es posible constatar la existencia de una estructura agraria ejidal pobre e insuficiente para brindar a los casi 20 mil ejidatarios y sus familias condiciones de vida decorosas.

Lo anterior se puede constatar a partir de estimaciones de la Conapo que señalan que de 313 localidades pertenecientes a los municipios que conforman la zona conurbada de la ciudad de Puebla, 147 registra un grado de marginación catalogado como "alto" y 35 un grado "muy alto"; 75 acusan un grado de marginación "medio"; en tanto 43 registran un grado "bajo" y 13 un grado "muy bajo". De los datos anteriores se desprende que 58 por ciento de las localidades no ha mejorado sus condiciones de vida no obstante el avance de la urbanización y de la presencia de la ciudad. Al respecto, un dato relevante lo constituye el hecho de que los ocho municipios que no tienen localidades con un grado de marginación "muy alto" —entre ellos dos que tampoco tienen localidades con grado de marginación "alto"— (Coronango, Cuautlancingo, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Miguel Xoxtla y Tlaltenango) son municipios que en su mayoría se pueden catalogar como rurales. Lo que evidencia que los procesos típicos del mundo urbano no implican necesariamente una mejora en las condiciones de vida de los habitantes locales (Ibid: 106).

Pese al avance de la urbanización y las condiciones desfavorables en las cuales se desarrollan las actividades primarias, la agricultura sigue tendiendo un peso fundamental en la zona conurbada de Puebla. Según datos del INEGI, la zona conurbada registraba para el año 2000 poco más de 32 mil productores rurales, destacando los municipios de Amozoc (mil 291 productores), Coronango (2 mil 134), Santa Clara Ocoyucan (2 mil 130), San Martín Texmelucan (5 mil 929), San Pedro Cholula (3 mil 412) y San Andrés Cholula (3 mil 502), y contrariamente a lo que pudiera pensarse, la ciudad de Puebla, en cuyo territorio se concentran poco más de seis mil productores rurales, es decir, casi una quinta parte de la PEA ocupada en el sector primario (Ibid: 104).

Elsa Patiño (2004) señala que a pesar del discurso gubernamental que pretende negar al campo y a la forma de vida campesina, la ruralidad constituye uno de los rasgos más marcados en la zona conurbada de la ciudad de Puebla e, incluso, de la propia capital. Esta autora afirma que si se toma como criterio para definir una localidad rural que ésta posea una población menor a los 2 mil 500 habitantes, la zona conurbada de Puebla estaría compuesta por 122 localidades rurales. Pero si se toma el criterio de 15 mil habitantes o más para definir una localidad urbana, el porcentaje de localidades rurales en la zona conurbada aumenta hasta alcanzar 95.7 por ciento, del cual, 67.4 por ciento estaría integrado por localidades con menos de mil habitantes. Basada en cifras del gobierno del estado de Puebla,⁵ esta investigadora presenta algunos datos que dejan muy en claro el importante papel que desempeña la agricultura al interior de los municipios conurbados. Así, en el municipio de Coronango, la población que se dedica a la agricultura es de 47.4 por ciento; en Domingo Arenas el porcentaje es de 69.5 por ciento; en Juan C. Bonilla, 46.2 por ciento; San Pedro Cholula, 17.3 por ciento; Tlaltenango, 57.4 por ciento; Amozoc 12.3 por ciento; San Miguel Xoxtla, nueve por ciento; Cuautinchán, 61.6 por ciento; Cuautlancingo 6.6 por ciento; Huejotzingo 38.9 por ciento; Ocoyucan, 53.8 por ciento; la ciudad de Puebla, dos por ciento; San Andrés Cholula, 36.6 por ciento, y San Martín Texmelucan, 21.2 por ciento. Dichas actividades agrícolas se desarrollan en un área con potencial agrícola que asciende a 667.64 kilómetros cuadrados, lo cual constituye 44.7 por ciento de los catorce municipios conurbados.

A pesar de los datos anteriores, la ruralidad de las zonas conurbadas de la ciudad de Puebla ha sido paulatinamente desplazada por el crecimiento de la ciudad. Roberto Cabrales (2007) señala que de 1976 a 2005 la zona urbana pasó de 6 mil 550 a 18 mil 248 hectáreas, lo que equivale a 1.1 hectáreas de tierra urbanizadas diariamente durante esos 29 años. Este mismo investigador señala que durante ese periodo se transformaron en zona urbana 7 mil 78 hectáreas de agricultura de temporal y 635 hectáreas de agricultura de riego y bosques cultivados. De esta forma, las tierras agrícolas aportaron en su conjunto 66 por ciento de la superficie transformada en zona urbana. A su vez, 3 mil 654 hectáreas de pastizales inducidos —tierras dedicadas a la ganaderías o terrenos agrícolas abandonados— han sido convertidas a un uso urbano, contribuyendo en 31 por ciento al territorio urbanizado. El avance de las zonas urbanas sobre las mejores tierras de cultivo, que se encuentran en las áreas bajas y planas, ha desplazado la agricultura a terrenos menos productivos ubicados sobre superficies con mayor pendiente, con suelos pedregosos, infértiles y poco profundos y en regiones con climas desfavorables por ser más secos o fríos. Lo anterior ha propiciado un desplazamiento de la frontera agrícola hacia los últimos reductos de bosques y otros ecosistemas relevantes. En 1976 el municipio poseía 11 mil 114 hectáreas de vegetación natural, de las cuales quedaban para 2005 apenas 9 mil 105 hectáreas. De las mil 964 hectáreas perdidas 20 por ciento se urbanizó directamente y el resto se transformó en tierras de cultivo o simplemente se deforestó (Ibid).

El deterioro de los bosques no sólo disminuye la calidad del paisaje, sino que además repercute severamente en los servicios ambientales como la retención de suelo y la recarga de mantos acuíferos tan necesarios tanto para la producción agrícola como para satisfacer las necesidades domésticas e industriales de la urbe. Ejemplo de lo anterior lo constituye el acelerado proceso de erosión, que en el caso del municipio poblano se concentra en el sur de la ciudad y el norte de la presa de Valsequillo. En los últimos treinta años la superficie erosionada pasó de 846 hectáreas a 8 mil 888 hectáreas. Actualmente, en el valle que domina la parte central del municipio de Puebla no existen restos de vegetación natural. Apenas en algunos cerros y zonas elevadas quedan restos más o menos conservados de bosque que se encuentran permanente amenazados por la expansión de las actividades agrícolas o por el avance de la ciudad, en el caso de esta última, sobre todo en forma de fraccionamientos (Ibid).

En este contexto han proliferado en la periferia de la ciudad los llamados asentamientos irregulares, como una manifestación más de la obsesión por lo urbano y la consecuente sumisión de los espacios rurales circundantes. Los protagonistas de este proceso son inquilinos de la ciudad despedidos de sus trabajos y despojados de su vivienda, así como los inmigrantes campesinos, quienes han sido privados de sus medios de subsistencia y que al llegar a la ciudad se encuentran con programas oficiales de vivienda que resultan inaccesibles para sus exiguos ingresos (Patiño, 2004: 139).

Según datos del Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (CAVAPAC), a finales del año 2000 se detectaron 245 asentamientos irregulares en la periferia poblana, de los cuales 224 eran asentamientos consolidados y 21 estaban en proceso de consolidación. Del total de asentamientos registrados en este estudio, 53 por ciento se asientan en terrenos de origen ejidal o comunal y 47 por ciento en terrenos privados, los cuales ocupan un área de 70.84 kilómetros cuadrados. Lo anterior sin contar los 152 asentamientos localizados en zonas de alto riesgo⁶. De acuerdo con este estudio, de continuar esta tendencia de crecimiento irregular, la ciudad se extenderá en los próximos veinte años a un promedio de 3.3 kilómetros cuadrados, lo que significa que para el año 2020 la superficie irregular adicional será de 66 kilómetros cuadrados, que añadidos a los 28 kilómetros cuadrados susceptibles de ser incorporados al crecimiento urbano, sumarán 92 kilómetros cuadrados, superficie similar al área de Puebla en 1982 (Flores, 2004).

 

A modo de conclusión

Se puede afirmar que la conurbación que resulta del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Puebla sobre los territorios aledaños es un fenómeno que ocurre en el marco de procesos de descentralización y relocalización industrial, así como de dinámicas poblacionales que comparten características tanto de los países desarrollados —en el caso de la contraurbanización— como de los países más pauperizados —en el caso de la migración y el crecimiento de los asentamientos irregulares—. De esta manera, en los municipios que integran la zona conurbada de la ciudad de Puebla se está produciendo un espacio fragmentado y disperso en el que coexisten actores diversos y áreas con distintos usos y con diferente contenido social.

De los barrios marginales a los más excluyentes conjuntos residenciales, pasando por los pueblos donde aún se practica la agricultura, el espacio periurbano de Puebla constituye un mosaico heterogéneo donde las lógicas urbanas y rurales se confrontan cotidianamente. En medio de esta lucha, las localidades que han sido absorbidas por la ciudad no han mejorado sus condiciones de vida. Tampoco se han modernizado. Actualmente, la periferia poblana está constituida en su mayoría por un espacio agrario en el cual predominan fuertes desigualdades sociales, en función de estos espacios se debe pensar las intervenciones que pretendan sacarla de su endémica pobreza. Relacionar a la ciudad con su ámbito agrario inmediato podría representar, en este sentido, un primer paso.

 

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Notas

¹ Entre los cambios más notables destacan las transformaciones de la catedral, donde se acotó el atrio por el enverjado de hierro y bronce; el zócalo; la reconstrucción de la penitenciaría; la inauguración de la estación de ferrocarriles; el cementerio municipal y francés, y la sustitución del alumbrado de luz trementina por el de luz de arco eléctrico en 1888.

² Ferrocarril Mexicano: Puebla–Apizaco–Veracruz; Ferrocarril Interoceánico: México–Puebla–Veracruz; Ferrocarril del sur: Puebla–Oaxaca; Ferrocarril de Matamoros: Puebla–Cuautla.

³ Las leyes de fomento industrial de 1963 y 1968 otorgaron exenciones fiscales de 50 por ciento a las empresas que aumentaran el capital en más de 60 por ciento o su número de empleados en más de 40 por ciento en tanto que la ley de promoción de corredores industriales otorgó exenciones fiscales por diez años a empresas nuevas y necesarias que la legislación federal excluyera (Bernal, 2005).

⁴ Por zona conurbada se entiende aquélla que está sometida a un proceso de crecimiento independiente y que implica la unión física de dos o más ciudades antes separadas, que siguen conservando su autonomía administrativa (Pérez, 2005).

⁵ Patiño (2004) afirma que los datos corresponden a 1990 y que fueron la base sobre la cual se desarrollo el Programa Regional para el Ordenamiento Territorial Angelópolis.

⁶ Se consideran asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo los ubicados sobre ductos de Pemex, zonas con instalación de alta tensión de CFE y las zonas inundables o sujetas a deslaves.

 

Información sobre los autores

José Álvaro Hernández Flores. Es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias y candidato a doctor por el programa Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. Realizó estancia en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA. Su tesis de maestría: Movimientos sociales y planificación regional. respuestas campesinas a un proyecto de desarrollo territorial en la región Tepeaca Tecamachalco. Recibió mención honorífica por el Colegio de Postgraduados y por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, en la convocatoria 2006 del Premio a la Mejor Investigación sobre el Campo Mexicano, en la categoría tesis de maestría. Entre sus publicaciones se encuentra: Género, empoderamiento y movimientos sociales: la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive, en la región Tepeaca–Tecamachalco, Puebla (en coautoría con Beatriz Martínez–Corona).

Beatriz Martinez Corona. Es maestra y doctora en Ciencias, con especialidad en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Ha realizado estancias de investigación y actualización en la Universidad de Durham, en Inglaterra y en el Departamento de Antropología Cultural, de la Universidad de Utrecht, Holanda. Es Profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados en el área de Género: mujer rural y en la especialidad de Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional. Las líneas de investigación que desarrolla son género y ambiente, empoderamiento y sustentabilidad, género y territorio. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: Mujeres rurales, género, trabajo y transformaciones sociales (coord.) Género, empoderamiento y sustentabilidad. Una experiencia de microempresa artesanal de mujeres indígenas. Metodologías de capacitación de género con mujeres rurales (1990–2003) en coautoría con Rufino Díaz Cervantes). Género, sustentabilidad y empoderamiento en proyectos ecoturísticos de mujeres indígenas.

José Arturo Méndez Espinoza. Es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio de Postgraduados–Campus Puebla. Cursó sus estudios de licenciatura en Economía en la Benemérita Universidad de Puebla, es maestro en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el CP–Campus Puebla y doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona, España. Se ha especializado en cuestiones rurales, abordando temas relacionados con los procesos de transformación agroproductiva de las áreas rurales y estrategias de reproducción campesina. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel candidato) para el periodo 2007–2009. Es coautor del libro: Transformaciones agrarias y estrategias de reproducción campesina en el Soconusco, Chiapas, 2007. Puebla.

Hermilio Navarro Garza. Ingeniero por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y doctor por el Instituto Nacional Agronómico Paris–Grignon de Francia. Ha sido líder de sistemas de producción en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, 1984 a 1987; experto nacional del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional FAO–SECOFI, 1988 a 1989; subdirector del Instituto de Socioeconomía y Estadística del Colegio de Postgraduados, 2001 a 2004; profesor invitado de la Unión Europea–ERASMUS en la maestría internacional en Desarrollo Rural, 2005. Es profesor investigador del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II y presidente de la Red Mesoamericana de Investigación Desarrollo para la Agricultura Regional. Entre sus publicaciones recientes: Evaluación de cinco especies vegetales como cultivos de cobertura en Valles Altos de México; Transformations urbaines–rurales, ressources et agricultura periurbaine; Transformations in periurban agricultura: case study in the north and northeast of the Metropolitan zone of the Valle de México, y Caracterización inorgánica del agua del río Texcoco, entre épocas del año y años.

Ricardo Pérez Avilés. Licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Desarrollo Rural por la UAM–Xochimilco y doctor en Sociología por la UNAM. Profesor–Investigador Tiempo Completo Titular del Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable (Dudesu) del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actual coordinador de este departamento. Miembro del Comité Editorial de la Revista Rumbo Rural del CEDRSSA de la H. Cámara de Diputados, Vocal del Comité Ejecutivo Nacional de la AMER 2007–2009 y Vicepresidente del Comité Organizador del 8° Congreso de esta asociación para el 2011. Perfil deseable en PROMEP, SEP, desde diciembre de 2001. Docente del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, BUAP. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los artículos: "De la seguridad a la soberanía alimentaria: una política pública para resolver el problema del hambre en México" y "Agricultura sustentable urbana y periurbana", en coautoría con colegas de la BUAP.

Javier Ramírez Juárez. Es doctor y maestro en ciencias por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Chapingo (UACH). Actualmente es investigador nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y líder de la Línea de Investigación Desarrollo Rural Sustentable del Colegio de Postgraduados. Profesor invitado por la Universidad de Toulouse Le Mirail. Sus líneas de investigación son: a) sujetos sociales en el desarrollo rural territorial; y b) ruralidad, territorio y campesinado. Entre sus publicaciones destacan: "El sistema de usos y costumbres bajo el poder económico y político local en Matatlán Oaxaca, en Hernández, J., (coord.), Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural, Editorial Siglo XXI, México, pp 131–150, 2007; "Territorialidad y conflicto por el agua en Axocopan, Atlixco", en Vázquez, V., Soares, D., De la Rosa, A. y Serrano, A., (coords.), Gestión y cultura del agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y Colegio de Postgraduados, México, pp. 169–192, 2006; "Lógica Socioeconómica Regional y Pobreza Rural: la ruralidad en el Valle de Puebla y la Cordillera del Tentzo, México", en J. Luzón y Ch. Stadel (coords.) Transformaciones regionales y urbanas en Europa y América Latina, Universidad de Barcelona, España, pp. 209–219, 2003.