Patrón histórico estructural 1: Régimen de Autonomía de la Reserva Mosquitia sin la participación del Estado de Nicaragua y la inmigración internacional (1860-1894)

En el siglo XVI, los conflictos geopolíticos entre España y Gran Bretaña por el dominio territorial y comercial para fortalecer sus Estados y economías nacionales (^{Sassen, 2010}) tuvieron su expresión en distintas regiones de Nicaragua. España colonizó las regiones del Pacífico, Centro-Norte de Nicaragua, mientras que Gran Bretaña colonizó la Costa de la Mosquitia denominada actualmente Costa Caribe de Nicaragua. Estas potencias produjeron colonizaciones diferenciadas con tendencias profundas en términos de regímenes de autonomía y migración.

Colonización dual en Nicaragua

España conquistó militarmente las regiones del Pacífico, Centro-Norte de Nicaragua (1523- 1821). Dichas regiones se caracterizaban por una sociedad agraria-cacical densamente poblada por los pueblos mesoamericanos chorotegas, sutiabas y nicaraos de carácter sedentario (^{Kinloch, 2012}). La población ascendía a 609,262 habitantes en vísperas de la invasión española (^{Newson, 1987}).

La colonización española fue autoritaria-mercantil. La Provincia de Nicaragua, que era parte del Reino de Guatemala, funcionó con autoridades provinciales que respondieron al poder absoluto de la corona española y la autonomía municipal de los indígenas fue bloqueada por las autoridades provinciales o del Reino de Guatemala. La economía se sustentó en la expropiación mayoritaria de la propiedad comunal de la tierra indígena, la explotación laboral indígena y africana, la recaudación de tributos y un intercambio comercial precario. El derecho a la tierra transitó de una distribución desigual entre la propiedad privada de la tierra de los españoles y la propiedad comunal de los indígenas con garantías del poder real, a la inestabilidad de la propiedad comunal indígena porque estos fueron expulsados por el poder de compra de la élite terrateniente o la inmigración mestiza. Los derechos y las obligaciones dependieron de la procedencia étnica: los españoles y los criollos en la cima y los indígenas y los esclavos africanos en la base.

En las primeras tres décadas de dominación de España (1521-1550), la guerra entre aborígenes y españoles, la esclavitud indígena y las enfermedades provocó que la población indígena fuera diezmada 93 por ciento (^{Newson, 1987}). En el siglo XVIII la población volvió a aumentar debido a la abolición de la esclavitud indígena desde 1750, la alta tasa de natalidad indígena, el movimiento migratorio de los indígenas nómadas de las montañas del este hacia el Pacífico, Centro-Norte y la incorporación de la mano de obra africana (^{Romero, 1992}). De esta forma surgió el mestizaje entre los indígenas, los españoles y los africanos, aunque en el imaginario dominante la etnia mestiza refiere únicamente a la mezcla indo-hispano (^{Ramírez, 2007}). Así, al final del periodo colonial, la población ascendía a 104,413 personas: 49 por ciento mestizos, 46 por ciento indígenas y cinco por ciento españoles (^{Newson, 1987}).

Por otra parte, Gran Bretaña colonizó la Costa Caribe de Nicaragua que en ese momento era denominada Costa de la Mosquitia (1633-1860), una región de cazadores-recolectores escasamente poblada por las etnias mayagnas, ramas y bawihka de filiación cultural chibcha, semi-sedentarias, que carecían de una organización en forma de Estado. Sólo disponían de los líderes comunitarios como el Consejo de Ancianos con función normativa, el sukia o curandero y la autoridad del whita o juez comunitario (^{Kinloch, 2012}). La población indígena de la Mosquitia se calcula en alrededor de cinco mil habitantes al momento de la llegada de los europeos (^{Romero, 1995}).

La colonización británica fue relativamente contractual-liberal en la Costa de la Mosquitia, una región que tenía 60 mil km² en el siglo XVII producto de la expansión territorial de los guerreros indígenas miskitos. Los miskitos resultaron del cruce entre los bawihka, los holandeses, franceses e ingleses llegados en el siglo XVII y los africanos (^{Romero, 1995}). La alianza entre los británicos y los indígenas miskitos configuró un gobierno indirecto o monarquía miskita con experiencia parcial en la toma de decisiones y no trastocó la autonomía comunitaria. La economía se sustentó en la propiedad privada titulada de los británicos y la propiedad colectiva sin titular de los indígenas, la mano de obra esclava africana (liberada en 1841) y el libre comercio. Los africanos se mezclaron con europeos y amerindios y conformaron la etnia creole. Los derechos pasaron de basarse en relaciones personales a impersonales, de tal forma que los miskitos fueron desplazados por los creoles en la escala social. Así, al final de esta colonización vivían en la Mosquitia los indígenas miskitos, mayagnas y ramas y los afrodescendientes creoles.

En el siglo XVIII, la población de la Costa de la Mosquitia ascendía a 14,950 habitantes entre los que sobresalían los indígenas (67 por ciento) en comparación con los africanos, los creoles (30 por ciento) y los ingleses (tres por ciento) (^{Jenkins, 1986}). El crecimiento de la población de la Costa de la Mosquitia se explica por la poligamia de los ingleses y de los indígenas nativos y por la inmigración forzada de indígenas de Honduras, Costa Rica, Belice y de la región Centro-Norte de Nicaragua capturados en expediciones bélicas por los miskitos para esclavizarlos o venderlos y la inmigración forzada de los esclavos africanos (^{Romero, 1995}).

El dualismo colonial produjo dos patrones alrededor de la autonomía y la migración. La colonización española en las regiones del Pacífico, Centro Norte de Nicaragua bloqueó la autonomía municipal de los indígenas, lo que junto a otros factores provocó incipientemente la inmigración de los mestizos en las propiedades comunales indígenas. La colonización británica en la Costa de la Mosquitia de Nicaragua produjo el Régimen de Autonomía de la Reserva Mosquitia y la inmigración extranjera.

De la colonización británica en la Costa de la Mosquitia al Régimen de Autonomía de la Reserva Mosquitia y la inmigración internacional laboral

La colonización británica en la Costa de la Mosquitia finalizó hacia mediados del siglo XIX, en el marco de la incipiente expansión capitalista de Estados Unidos en Centroamérica y El Caribe que desafía la posición dominante de Gran Bretaña en el mundo, particularmente en esa misma zona. Ambas potencias rivalizan por la construcción de un posible canal interoceánico a través del Río San Juan de Nicaragua y sus beneficios comerciales. Esta fricción fue resuelta mediante el Convenio entre Estados Unidos y Gran Bretaña en el que establecen sus intenciones sobre el canal interoceánico por el río San Juan de Nicaragua (1850), compilado en ^{IPADE (1995)}. En dicho convenio y a espaldas de Nicaragua, los imperios rivales renunciaron a la posibilidad de controlar un eventual canal a través de Nicaragua, así como a colonizar territorios de Centroamérica.

La supuesta neutralidad imperial de Gran Bretaña y Estados Unidos respecto a la posible construcción canalera se combinó con la política británica, predominantemente de dominio indirecto y la ausencia del poder de la recién independiente República de Nicaragua sobre la Costa de la Mosquitia (1821) para desembocar en la instalación del Régimen de Autonomía de la Reserva Mosquitia y la inmigración internacional. Así, la estructura de la colonización inglesa está marcada en el Tratado de Managua entre Nicaragua y Gran Bretaña (1860), compilado en ^{IPADE (1995)} que responde al reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la soberanía de Nicaragua sobre el territorio de la Mosquitia, a cambio del reconocimiento por parte de Nicaragua del derecho de autonomía de los aliados de los británicos, los indígenas de la Mosquitia.

El Tratado de Managua (1860) configuró la Reserva Mosquitia o Distrito de la Mosquitia para que los indios mosquitos gozarán del derecho a la autonomía bajo la soberanía de la República de Nicaragua. La Reserva Mosquitia no abarcó toda la Costa de la Mosquitia o Costa Caribe, sino una franja que se extendió a lo largo de la Costa Caribe entre las desembocaduras de los ríos Hueso y Rama. El Régimen de Autonomía de la Reserva Mosquitia se define como una forma de autogobierno territorial miskito bajo la soberanía de Nicaragua, aunque la Reserva excluyó el hábitat tradicional de los miskitos. Con este Tratado, la Costa de la Mosquitia se desmembró y sujetó a distintas autoridades. En función de los intereses de Gran Bretaña en la “región donde habían concentrado sus actividades económicas” (^{Díaz-Polanco y Sánchez, 1991: 162}) y en fortalecer su alianza con los creoles, orientan territorialmente la creación de la Reserva entre los ríos Hueso y Rama, hábitat tradicional de los creoles. En función de la neutralidad entre Gran Bretaña y Estados Unidos por la posible construcción canalera, el control del denominado San Juan del Norte (la entrada Caribe al canal interoceánico) y Cabo Gracias a Dios (principal asentamiento de los miskitos) fue puesto bajo la autoridad de un superintendente mestizo del Pacífico.

Este Régimen se caracterizó por un autogobierno municipal hegemónicamente creole que tomó las decisiones con autonomía del Estado de Nicaragua. El autogobierno municipal consistió en un Consejo General y un Consejo Ejecutivo predominantemente creole. Los criterios para elegir estas autoridades se basaron en los años de residencia o nacimiento en la Reserva, la edad, pero sobre todo la posesión de bienes económicos. El Consejo General estaba integrado por el jefe hereditario (antiguo rey miskito) y 41 personas electas que correspondió prácticamente a jefes creoles y unos cuantos dirigentes miskitos y ramas, además de europeos. Dicha instancia elaboró las disposiciones legales del gobierno y designó la mayoría de los funcionarios. El Consejo Ejecutivo estaba conformado por el jefe del Consejo General y 17 personas más electas por el Consejo General. Tuvo entre sus atribuciones la fijación de impuestos, la regulación de las tierras públicas (territorios que están fuera del ámbito comunal) y los recursos naturales dentro de los límites de la Reserva, etc. (^{Díaz- Polanco y Sánchez, 1991}).

El autogobierno municipal controló las tierras de la Reserva. La propiedad privada de los colonos británicos y de algunos creoles fueron tituladas conforme al derecho británico; las tierras de subsistencia indígenas no fueron tituladas basándose en el derecho consuetudinario y las tierras públicas fueron arrendadas a los capitalistas estadunidenses, un arrendamiento del que usufructuaron las comunidades indígenas. Esta política de tierras posibilitó que, en 1880, el capital británico centrado en las plantaciones agrícolas, la explotación forestal y la actividad minera (PNUD, 2005) fuera desplazado por las empresas norteamericanas de producción de banano y de extracción maderera y minera, llegando a desarrollar “un enclave norteamericano, lo que no era lo mismo que una Reserva autónoma” (^{Fruhling, González y Buvollen, 2007: 24}).

La economía de enclave incorporó la mano de obra indígena y creole. Además, produjo la inmigración internacional laboral. Predominó la inmigración de jamaiquinos y antillanos que engrosaron el tamaño poblacional de los creoles (^{Hooker, 2012}) y de los garífunas hondureños y beliceños (^{Davidson, 1980}) en comparación con la inmigración interna de los mestizos del Pacífico nicaragüense (^{Ayón, 1977}). Con esta inmigración, la Reserva quedó conformada por los indígenas miskitos, mayagnas y ramas; los afrodescendientes creoles y garífunas y los mestizos. Hacia el final del Régimen de la Reserva, el tamaño poblacional de la misma ascendió a 15 mil habitantes, con un claro predominio de los miskitos y los creoles: 33 y 27 por ciento, respectivamente en comparación con los mayagnas, ramas y garífunas (33 por ciento) y la porción de mestizos del Pacífico nicaragüense, europeos y estadunidenses (siete por ciento) (^{Rossbach y Wunderich, 1994}).

La Reserva operó con el derecho británico y el derecho consuetudinario. El derecho británico perfiló la organización jurídico-política de la Reserva, los derechos de propiedad privada y una parte de la administración de justicia. Delineó la Constitución Municipal que separó los poderes ejecutivos (Consejo Ejecutivo), legislativo (Consejo General) y judicial (Corte Suprema, Corte de Magistrados, Corte de Enjuiciamiento y Contraloría General) y promulgó el conjunto de leyes, ordenanzas y reglamentaciones, si bien en 1863 se estableció un código penal y un código civil propio. Reguló la propiedad privada, las tierras públicas y el usufructo de las comunidades indígenas por el arrendamiento de las tierras públicas. Reglamentó el comercio interior y exterior, el sistema monetario regional, restricciones de penetración de las fuerzas armadas nicaragüenses, etc. (^{González, 1997}). El derecho consuetudinario preservó la autonomía de las comunidades indígenas (líderes y autoridad), la administración de la justicia comunitaria del whita, el derecho a las tierras de subsistencia y a mantener los idiomas autóctonos de los miskitos (lengua miskita), de los mayagnas (lenguas panamahka, twahka y ulwa) y de los creoles (inglés creole). La labor evangelizadora y educativa de la Iglesia Morava en los idiomas miskito e inglés creole preservó estas lenguas y produjo la extinción de las lenguas garífunas y ramas porque fueron asimiladas al inglés creole. Las lenguas indígenas de los mayagnas se preservaron gracias a que esta etnia es endogámica y prácticamente no asistió a la escuela (^{Jenkins, 1986}).

Patrón histórico estructural 2: Abolición del Régimen de Autonomía de la Reserva Mosquitia y la inmigración interna para la toma del poder político y una parte del poder económico y la toma de tierras

El gobierno de Zelaya eliminó el Régimen de Autonomía de la Reserva Mosquitia en beneficio de la neocolonización estadunidense que atrajo el poder político y una parte del poder económico del Pacífico, Centro-Norte hacia el recién creado departamento de Zelaya. El gobierno de Somoza mantuvo anulada la Autonomía en favor de la colonización interna mestiza como una forma de migración interna para la toma de tierras. La anulación de la autonomía y la promoción de la migración interna están en la base del discurso de la Nicaragua mestiza que buscó asimilar a los indígenas y a los afrodescendientes a la etnia mestiza indohispana.

Incorporación de la Reserva Mosquitia al Estado de Nicaragua y eliminación del Régimen de Autonomía de la Reserva y la inmigración de la élite política del Pacífico

En 1894, el gobierno de Zelaya incorporó militarmente la Reserva Mosquitia al Estado de Nicaragua, creó el departamento de Zelaya y eliminó el Régimen de Autonomía. La incorporación se hizo sin el consentimiento de los indígenas, contradiciendo lo que disponía el Tratado de Managua (1860), aunque después buscó legitimarse con delegados indígenas que consensuaron nominalmente el Decreto de la Convención Mosquita (1895) y con el Tratado entre la Gran Bretaña y la República de Nicaragua, relacionado al Territorio Mosquito (conocido como Tratado Harrison - Altamirano, 1905, compilado en ^{IPADE, 1995}). La creación del departamento de Zelaya comprendió el territorio de la Reserva y la Comarca Cabo Gracias, es decir, la antigua Costa de la Mosquitia con la excepción del territorio cedido a Honduras en 1859. La extensión territorial era de 59,094 km² (^{Ministerio de Economía, 1963}). La incorporación de la Reserva Mosquitia al Estado de Nicaragua significa la eliminación del autogobierno municipal y la sujeción entera de la Reserva Mosquitia a las autoridades y las leyes de Nicaragua para formar parte de su organización política administrativa (^{Departamento de Gobernación, 1895}).

El gobierno autoritario de Zelaya decidió eliminar la Autonomía de la Reserva para reforzar su centralismo político, dominar dicho territorio y asimilar a los indígenas y los afrodescendientes a la cultura mestiza indohispana. Esta decisión está entretejida con la presión estadounidense para anular la Autonomía de la Reserva con dos propósitos: finiquitar la rivalidad imperial canalera con Gran Bretaña en un territorio que según la consideración estadunidense, formaba parte de su “patio trasero” (^{Laird, 1972}) y lograr obtener grandes concesiones de tierra para los capitalistas estadunidenses sin la presencia de las políticas fiscales del gobierno de la Reserva que eran evaluadas como un obstáculo sustancial para garantizar un mayor crecimiento económico (^{Boege y López y Rivas, 1984}). Además, el conflicto entre los creoles y los miskitos por el poder político-económico, posibilitó deponer el autogobierno de la Reserva y legitimar con los miskitos la incorporación.

El autogobierno de la Reserva fue sustituido por estructuras políticas típicas de las regiones del Pacífico, Centro-Norte correspondientes a un gobernador intendente mestizo como autoridad departamental, y por autoridades municipales predominantemente mestizos (algunos residentes europeos ocuparon cargos municipales) originarios del Pacífico nicaragüense. Así, Zelaya mandó primero a la administración pública y a los funcionarios públicos de la región del Pacífico hacia el departamento de Zelaya. Cabe resaltar que, desde ese momento, la región del Pacífico presentaba mejores condiciones de vida en relación con el departamento de Zelaya. El Estado de Nicaragua concentraba la inversión pública en el Pacífico, mientras capturó las rentas en el departamento de Zelaya, sin que ello se tradujera en el gasto público en dicho lugar. Ello es visible en la falta de infraestructura terrestre y/o marítima que uniera ambos lados del territorio (Pacífico-departamento de Zelaya) puesto que la única que existía había sido construida por los enclaves estadunidenses para sus exportaciones; el prácticamente inexistente servicio estatal de salud y educación, en tanto que ambos sistemas fueron asumidos por la iglesia Morava bajo el auspicio de los enclaves norteamericanos. El servicio estatal de educación fue muy incipiente en este territorio.

A escala comunitaria, se preservaron los líderes tradicionales y la autoridad del whita, pero se creó la autoridad comunal típica del Pacífico denominada Síndico para administrar los recursos naturales.

Más tarde, la dictadura somocista (1936-1979) mantuvo anulado el Régimen de Autonomía en el departamento de Zelaya. Esto obedece a la sincronización de los intereses del gobierno somocista y de Estados Unidos de respaldo de regímenes autoritarios a cambio de permitir la economía de enclave estadunidense y, posteriormente, la ampliación del capitalismo agroexportador en todo el país. A esto se suma la hegemonía ideológica de la Iglesia Morava que, alineada a los intereses estadunidenses, fundamentó las condiciones políticas y económicas en el departamento de Zelaya (^{Jenkins, 1986}; ^{Vilas, 1990}; ^{González, 1997}) y la prevalencia de los conflictos entre los creoles y los miskitos que, encontrándose con condiciones autoritarias persistentes, les imposibilitaron resolver parcialmente las tensiones y luchar por la Autonomía.

Bajo estas condiciones, toda autonomía política fue bloqueada. Se impusieron las estructuras del poder político de las regiones del Pacífico, Centro-Norte en el departamento de Zelaya: un Jefe Político Departamental mestizo y municipalidades dirigidas por mestizos con atribuciones administrativas y financieras. Dichas autoridades fueron nombradas por el régimen somocista con base al criterio de lealtad. Además, la autonomía comunitaria fue corporativizada, es decir, funcionalizada a los intereses de la dictadura. Según ^{Vilas (1990)}, se reconoció legalmente la autoridad del jefe comunitario, designándolo como juez y síndico, asumiendo el rol de intermediario entre las comunidades y el Estado con el efecto de afianzar la presencia del gobierno somocista. Así, los jefes comunitarios garantizaban el orden político dictatorial y la administración de justicia con base al derecho oficial estatal, defendían parcialmente las tierras comunales y realizaban funciones estatales para el control poblacional y el cobro de impuestos.

Del neocolonialismo estadunidense que atrajo la inmigración de una parte de la élite económica del Pacífico nicaragüense y la inmigración internacional laboral a la colonización interna, como una forma de migración interna en el departamento de Zelaya

El gobierno de Zelaya favoreció el neocolonialismo estadounidense en el departamento de Zelaya, el cual tomó la forma de una economía de enclave de plantación de banano y explotación forestal y minera. Para ello decidió una “reforma agraria radical” (^{Mahoney, 2002}). Las tierras públicas y la mayoría de las tierras de subsistencia del departamento fueron convertidas en tierras nacionales, y transferidas en gran escala a grandes compañías norteamericanas y a unos pocos empresarios mestizos del Pacífico nicaragüense (PNUD, 2005). Frente a esta política agraria radical, el Tratado Harrison-Altamirano (1905, compilado en ^{IPADE, 1995}) defendió parcialmente los derechos territoriales de los indígenas y los afrodescendientes dentro de la antigua Reserva Mosquitia. Estipuló la legalización de todos los derechos de propiedad comunal y privada obtenidos antes de 1894 en la Reserva y cuando no existieran tales títulos, otorgó el derecho de ocho manzanas de tierra para cada familia dentro de la comunidad, mientras que el resto se convertían en tierras nacionales. Así, este Tratado produjo la titulación incipiente de las propiedades comunales durante los gobiernos conservadores: en 1920 se emitieron 30 títulos colectivos que equivalen a 70,448 hectáreas (^{Williamson, 1997}).

El neocolonialismo atrajo la migración interna y extranjera. Algunos capitalistas de Granada y Managua, y pequeños y medianos agricultores procedentes del Pacífico, inmigraron en el departamento de Zelaya para participar en la expansión comercial del banano (^{Kinloch, 2012}). Los jamaiquinos se incorporaron como fuerza laboral asalariada en las empresas norteamericanas. Por ende, gracias a la migración, pero sobre todo a la natalidad, la población del departamento de Zelaya se duplicó entre 1906-1950: pasó de 33,849 a 67,727 habitantes, si bien el peso poblacional del departamento respecto al total nacional se mantuvo durante el periodo en alrededor de siete por ciento (^{INEC, 2005}).

Finalizada la neocolonización estadunidense en 1950 y en el marco de la expansión de la economía mundial, la dictadura somocista promovió la colonización interna para desarrollar progresivamente el capitalismo agroexportador en todo el país, produciendo algodón, caña de azúcar, ajonjolí, ganado, café, etc. y asimilar a los indígenas y los afrodescendientes a la etnia dominante mestiza. La colonización interna es una forma de migración interna “mediante la cual los campesinos conquistan y/o domestican tierras, siendo el Estado uno de sus promotores” (^{Rueda, 2014: 159}). Con la colonización interna avanza la frontera agrícola entendida como un proceso que inicia con la expansión de la agricultura a costa del bosque, pero que luego se convierte en potrero por el desgaste de los suelos de vocación boscosa y la presión de la ganadería extensiva que estimula el constante movimiento de las familias pobres interesadas en la producción de granos básicos (^{Mendoza, 2004}).

La primera oleada de colonización interna (1950-1963) fue “silenciosamente permitida” porque la Guardia Nacional de la dictadura somocista ejerció entre sus funciones el control de la inmigración. Dicha colonización tiene como origen el boom agroexportador en el Pacífico, Centro-Norte que expulsó a pequeños campesinos predominantemente de la región Central (departamentos de Boaco, Chontales, Matagalpa y Jinotega) hacia el departamento de Zelaya (municipios de Prinzapolka, la Cruz del Río Grande, El Rama y Bluefields). Fueron atraídos por la supuesta disponibilidad de tierras nacionales y en menor medida, por la demanda de fuerza de trabajo de compañías norteamericanas de madera, hule y minería. Como se muestra en la Tabla 1, el saldo positivo de la migración de toda la vida en 1950-1963 no tuvo cambios sustantivos en términos absolutos y relativos: pasó de 9,599 (13 por ciento) a 11,993 (13.5 por ciento) habitantes, respectivamente. El porcentaje de inmigrantes (predominantemente internos) respecto a la población total aumentó cinco puntos porcentuales durante el periodo (pasó de 15 a 20 por ciento), y el porcentaje de emigración del departamento respecto a la población nacida en el departamento, incrementó cuatro puntos porcentuales (pasó de tres a siete por ciento). Así, gracias a la migración interna, en parte, la población del departamento de Zelaya creció 1.42 por ciento al pasar de 73,820 a 88,963 habitantes durante 1950-1963.

La segunda oleada de colonización interna (1963-1971) “decidida políticamente” por el Programa de la Alianza para el Progreso de Estados Unidos con el aval de la dictadura a través de la Ley de Reforma Agraria (1963), para la expansión agroexportadora en todo el país, expulsó campesinos del Pacífico, Centro-Norte hacia el departamento de Zelaya. Campesinos pobres agrícolas y ganaderos de la región del Pacífico (departamentos de León, Chinandega y Managua), y de la región Central (departamentos de Boaco, Chontales, Matagalpa y Jinotega) fueron ubicados en proyectos de colonización campesina para la producción ganadera, de granos básicos y hortalizas: Proyecto Siuna en el municipio de Prinzapolka y Proyecto Rigoberto Cabezas en el municipio de El Rama. Más de medio millón de manzanas de tierras de la frontera agrícola fueron tituladas a favor de los colonos mestizos en el departamento de Zelaya, mientras que solo se titularon 109,059.57 manzanas en concepto de propiedades colectivas indígenas (^{Vilas, 1990}).

En la Tabla 1 aparece que la migración neta de toda la vida casi se triplicó entre 1963-1971: pasó de 11,993 a 42,860 habitantes. El porcentaje de inmigrantes (prácticamente internos y de la región Centro-Norte) respecto a la población total aumentó diez por ciento (pasó de 20 a 30 por ciento), mientras que el porcentaje de emigrantes respecto a la población nacida en el departamento se redujo en seis puntos porcentuales (pasó de siete a uno por ciento). De esta manera, la migración interna contribuyó parcialmente para que la población del departamento de Zelaya creciera seis por ciento al pasar de 88,963 a 145,508 habitantes durante 1963-1971. La Tabla 2, correspondiente a la migración reciente del periodo 1963-1971, muestra la intensidad de la migración neta positiva y la réplica de la dinámica migratoria interregional.

La migración interna, predominantemente de la región Centro-Norte hacia el entonces departamento de Zelaya, ocurre entre zonas geográficas donde las condiciones de vida son inferiores respecto al Pacífico. Especial interés tiene el departamento de Zelaya donde la dictadura somocista continúo, sin poner límites, al saqueo extranjero y mantuvo el control y la apropiación estatal y hasta personal de las rentas públicas generadas en dicha región. En esta línea, ^{Jenkins (1986)} afirma que la inversión pública fue prácticamente nula puesto que no hubo desarrollo de la infraestructura vial, y el servicio de educación y de salud pública tuvo menor cobertura y calidad en comparación con el de la iglesia Morava. La otra dimensión está encadenada con el hecho que los enclaves extranjeros no se vincularon con la economía local, es decir, no buscaron complementarse con actividades económicas locales tradicionales.

Por otro lado, la política agraria somocista pretendió transformar las comunidades indígenas de subsistencia en cooperativas de producción, de comercialización y consumo típicas de los colonos mestizos. La organización cooperativa predominó en los municipios de colonización interna “silenciosamente permitida”, pero aportó a la conciencia indígena sobre el problema de la propiedad comunal y la necesidad de conformar organizaciones étnicas en 1970, entre las que destaca la Alianza de Progreso para Miskitos y Sumus (ALPROMISU) (^{Vilas, 1990}). En el resto de las comunidades indígenas prevaleció la economía de subsistencia.

El proyecto de la Nicaragua mestiza y el derecho oficial estatal

En un contexto político anti-autonomía y de inmigración interna progresiva hacia el departamento de Zelaya, combinado con un contexto internacional en el que las constituciones de los estados latinoamericanos tenían como contenido un proyecto étnico homogeneizador que negaba la existencia de las etnias indígenas (^{López y Rivas, 2005}), el gobierno de Zelaya oficializó el proyecto de la Nicaragua mestiza indohispana, el cual reprodujo la dictadura somocista. Creado por la élite político-económica del Pacífico nicaragüense, el objetivo era transformar a los indígenas (y los afrodescendientes) en mestizos y convertirlos en verdaderos ciudadanos (^{Gould, 1997}). Discursivamente, solo así se lograría la unidad nacional, la civilización y el progreso de la nación.

En esta línea, el orden jurídico constitucional del régimen de Zelaya y de Somoza (compilado en Esgueva, 2000) equiparó implícitamente el pueblo de Nicaragua con la etnia mestiza indohispana, negando la existencia de los indígenas y los afrodescendientes, pues fueron designados como subciudadanos.

Para convertirlos en ciudadanos dignos de ejercer el poder político y territorial, era necesario que se asimilaran a través de la lengua castellana y programas educativos oficiales diseñados desde el Pacífico, Centro-Norte que borraban las identidades indígenas y afrodescendientes. Esta política asimilacionista produjo la hegemonía del idioma español, pero no desaparecieron los idiomas autóctonos. El régimen de Zelaya clausuró las escuelas de la iglesia Morava que enseñaban en idioma miskito e inglés creole e implantó escuelas públicas en español con profesores mestizos, pero estas fueron escasas y tuvieron problemas de deserción (^{Rodríguez, 1998}). Con la dictadura somocista coexistió la oferta educativa Morava y la oferta estatal escasa (^{Jenkins, 1986}). La política pública educativa en idioma español, la administración estatal en lengua castellana y la colonización interna mestiza, produjo la primacía del español: en 1950, 44.6 por ciento de la población del departamento de Zelaya hablaba español, pero en 1963, lo hacía 77.46 por ciento (Ministerio de Economía, 1950, 1963). El predominio del idioma español implicó que los indígenas y los afrodescendientes se volvieron bilingües o trilingües. Por ejemplo, los indígenas miskitos hablaban español y miskito; los indígenas mayagnas hablaban español, cualquiera de sus lenguas inbdígenas (Panamahka Twahka y Ulwa) e inglés creole, mientras que los indígenas ramas hablaban español e inglés creole.

El proyecto del mestizaje implicó la subordinación del derecho consuetudinario al derecho oficial estatal. Las tierras de subsistencia indígenas que tradicionalmente no fueron tituladas, pasaron a ser propiedades comunales tituladas durante los gobiernos de Zelaya y Somoza dada la inmigración mestiza. La administración de la justicia comunitaria, basada en el derecho consuetudinario durante la administración de Zelaya, fue reemplazada por otra basada en el derecho positivo estatal durante el gobierno somocista.

El proyecto del mestizaje produjo la racialización de la Costa Caribe que quedó como el espacio de lo negro y en menor medida de lo indígena, pero no la asimiló a la etnia dominante debido a la resistencia étnica (^{Hooker, 2012}), a la ausencia relativa del Estado de Nicaragua visible en la poca provisión de servicios sociales y a la dispersión geográfica.

Patrón histórico estructural 3: Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica-Caribe como una política del Estado de Nicaragua y la inmigración interna

A finales de la década de los años 1980, la guerra interna en Nicaragua expulsó población indígena y mestiza de la Costa Atlántica (denominado antes departamento de Zelaya) hacia Honduras y Costa Rica para refugiarse o unirse a los frentes de guerra o relocalizó, forzada o voluntariamente, población costeña en el interior del país en el contexto del bloqueo político-económico de Estados Unidos. Estas condiciones presionaron para que la Revolución Sandinista reconociera el Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica (denominada después Costa Caribe) que trajo aparejada la migración de retorno de los indígenas y de una parte de los mestizos que se habían desplazado al extranjero o al interior del país. Pese a ello, desde 1990 que se instaló el neoliberalismo hasta la fecha, asistimos en la práctica al desconocimiento de la política de la Autonomía y a la promoción de la migración interna de las regiones del Pacífico, Centro-Norte hacia la Costa Atlántica-Caribe.

La decisión política en la década de los ochenta del siglo XX: el Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica, la migración de retorno y el bloqueo de la colonización interna

En el contexto de la guerra fría, en 1979, la Revolución Sandinista derrotó a la dictadura Somocista. Dicha Revolución se caracterizó por un régimen político corporativista autoritario que convirtió a la Alianza del Progreso para Miskitos y Sumus (ALPROMISU) en el grupo de interés Miskitos, Sumus y Ramas unidos con el Sandinismo (MUSURASATA) dominado por los miskitos para que representara las demandas indígenas al gobierno central e intentó instaurar en la Costa el modelo de organizaciones de masas imperante en el resto del país, transformando las organizaciones indígenas en Comités de Defensa Sandinista. La Revolución también se caracterizó por una economía mixta (público-privada) que desarrolló una política agraria concentradora de tierras en manos del Estado, y llegó a acaparar la mitad de las explotaciones agropecuarias equivalentes a 2.1 millones de manzanas de tierras (^{Baumeister y Fernández, 2005}); intentó igualmente cooperativizar las propiedades comunales y frenó la colonización interna mestiza hacia la Costa Atlántica que favorece la propiedad individual. Además, el desconocimiento de la multietnicidad le conllevó en sus inicios a la reproducción tácita del mito de la Nicaragua mestiza y a subvalorar la demanda de autodeterminación de los indígenas del departamento de Zelaya.

Bajo estas circunstancias, la Revolución Sandinista, respaldada por la Unión Soviética y los países del Este europeo, se enfrentó a una contrarrevolución interna respaldada política y financieramente por Estados Unidos. En la contrarrevolución, MISURASATA y su núcleo disidente constituido por la organización Miskitos, Sumus y Ramas (MISURA), conformó el frente de guerra étnico que luchó porque se reconocieran las naciones indígenas como una forma de autodeterminación, mientras que, según ^{Soto (2011)}, los campesinos mestizos de la frontera agrícola de la Costa Atlántica lucharon por la libertad de colonizar más tierra y acceder a créditos y servicios sin necesidad de cooperativizarse. La guerra y el bloqueo político-económico de Estados Unidos en la década de 1980 urgió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a desactivar el frente de guerra étnico que desgastaba a la Revolución Sandinista. Así, mediante un proceso de diálogo con los alzados en armas y con las poblaciones del departamento de Zelaya a través de sus propias comisiones locales de autonomía, se reconoció el carácter multiétnico del pueblo de Nicaragua y el Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica (Constitución Política de Nicaragua, 1987, compilada en ^{Esgueva, 2000}).

El Régimen de Autonomía de la Costa Atlántica reconoce derechos colectivos e individuales para todas las etnias en dicho espacio: miskitos, mayagnas, ramas, creoles, garífunas y mestizos. Dicho Régimen se basó en los principios de la plurietnicidad de la nación nicaragüense, la unidad de la nación nicaragüense y la soberanía del Estado revolucionario, sobre todo el territorio nacional, la autonomía regional como instrumento político para fortalecer la unidad nacional, y defender la soberanía nacional y el principio que la autonomía depende de la Revolución Sandinista (^{Comisión Nacional de Autonomía de la Costa Atlántica, 1985}).

El Régimen de Autonomía establece la elección democrática cada cuatro años de autogobiernos pluriétnicos en dos regiones: la Región Autónoma del Atlántico Norte y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAN- RAAS). Estos gobiernos constan de un Consejo Regional como autoridad máxima de cada región autónoma, con funciones legislativas y gubernativas, y el Coordinador Regional con atribuciones ejecutivas. También reconoce derechos económicos, sociales, culturales y de identidad, sobresaliendo el reconocimiento de las propiedades comunales, el pluralismo jurídico, el multilingüismo y multiculturalismo.

La discusión y reconocimiento del Régimen de Autonomía y los procesos de pacificación produjeron el retorno de los indígenas a sus comunidades. Los indígenas regresaron a sus territorios porque les da identidad, les permite mantener su cultura y su economía de subsistencia. No les importó la precariedad socioeconómica en la que se encontraba el país y la región Atlántica en particular. Entre 1985-1988, los desplazados internos en el Atlántico Norte estimados en 64,296 habitantes, se redujeron en 33 por ciento. En 1988 se repatriaron de Honduras y Costa Rica 32,500 personas, la mayoría de las cuales eran indígenas (^{Barry y Serra, 1989}), y para 1994, prácticamente todos los miskitos y mayagnas que permanecieron en el exterior durante la guerra habían vuelto (^{Buvollen y Buvollen, 1994}).

La mayoría de los colonos campesinos del Atlántico Norte no pudieron regresar a las tierras colonizadas debido a decisiones del gobierno sandinista. La política de consolidación de los asentamientos campesinos solo permitió que regresaran a sus fincas colonizadas 15 mil campesinos desplazados internamente, de un total de 55,800, provocando el retroceso de la frontera agrícola. La política de repatriación voluntaria incentivó el regreso de 1,107 campesinos (siete por ciento de los refugiados) que se dirigieron mayoritariamente al Centro-Norte del país en lugar de la Costa Atlántica (^{Barry y Serra, 1989}).

Neoliberalismo, colonización interna intensiva y migración interna laboral desde la década de 1990

Los gobiernos neoliberales (1990-2006), apoyados por Estados Unidos, favorecieron el desarrollo del mercado neoliberal. Los Programas de Ajustes Estructurales (ESAF), la contrarreforma agraria y la titulación tardía de la propiedad comunal aceleró la colonización interna y afectó la economía de subsistencia indígena. Además, la pobreza general y extrema de los hogares de la región Centro-Norte, le empujan a la región Atlántica donde los niveles de pobreza son parecidos, pero migran para ocupar propiedades comunales de los indígenas y los afrodescendientes.

Los Programas de Ajuste Estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el periodo de los gobiernos neoliberales, con el acuerdo del FSLN en ese momento en la oposición, privatizaron 351 empresas estatales que representaban 30 por ciento del producto interno bruto en Nicaragua y 28 por ciento del empleo estatal (^{Gobierno de Nicaragua, 2001}). En las regiones del Pacífico, Centro-Norte se privatizaron empresas agrícolas estatales, lo que redujo el empleo asalariado agrícola y aceleró la colonización interna. En la Costa Atlántica se privatizaron empresas del sector maderero, minero y pesquero, negando a los Consejos Regionales la autonomía económica-financiera y privando a las regiones de tener una economía autosostenida con empleos de calidad (^{Fruhling, González y Buvollen, 2007}).

La contrarreforma agraria privatizó la tierra estatal y cooperada que representaba poco más de un millón de manzanas (49 por ciento de las explotaciones agropecuarias) para redistribuirla entre los latifundistas somocistas, los desmovilizados de la Contra y del Ejército y del sector cooperativista (^{Núñez et al., 1998}). La privatización de esta tierra se combinó con la desregulación financiera que negó el crédito a los pequeños y medianos productores, y la liberalización de la agricultura que benefició a las empresas agroexportadoras transnacionales. Esta política agraria preparó una parte de la tierra de los sectores excluidos para la mercantilización y consecuentemente, coadyuvó a acelerar la colonización interna, aunque el discurso gubernamental la enmascara con el concepto distribución espacial de la población, según consta en el documento de la ^{Secretaría de Acción Social (1997)}.

La aprobación tardía de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal 2003 que manda a demarcar, titular y sanear, (es decir, determinar los derechos de propiedad de los colonos mestizos en tierras comunales, llamados legalmente terceros), las propiedades colectivas indígenas-afrodescendientes, posibilitó la titulación de cinco territorios indígenas (587,629 hectáreas) de un total de 23 territorios (4,540,700 hectáreas) al final de los gobiernos neoliberales (^{Acosta, 2006}). La postergada titulación permitió declaraciones inconsultas de áreas de reservas biológicas en territorios indígenas (reservas de Bosawás, Wawashang y Cerro Silva, etc.), concesiones centralizadas de explotación forestal, pesquera y minera en territorios indígenas, adquisiciones ilícitas de tierras por empresarios extranjeros, inclusive dentro de las áreas de reservas y colonizaciones internas aceleradas. Estos mecanismos empiezan a poner más en riesgo la economía de subsistencia indígena.

Los niveles de pobreza de los hogares desagregados por regiones geográficas indican que el movimiento de población ocurre entre regiones con datos de pobreza parecidos y que, por lo tanto, la posibilidad que tienen los habitantes de la región Centro-Norte de ocupar ilegalmente tierras que son propiedades comunales de los indígenas y los afrodescendientes de la Costa Atlántica (y ocupar puestos de trabajo en empresas de enclaves) es uno de los mayores atractivos. Durante los 16 años de los denominados gobiernos neoliberales, los hogares con pobreza general aumentaron levemente en la región Central: pasó de 62 por ciento en 1998 a 63 por ciento en el año 2005, lo mismo que en la Costa Caribe: pasaron de 62 por ciento en 1998 a 65 por ciento, respectivamente. La situación inversa ocurrió con los hogares con pobreza extrema: aumentaron en la región Central de 26 a 28 por ciento y descendieron en la Costa Atlántica de 29 a 27 por ciento (INEC, 1998, 2005). Aunque ambas regiones exhiben niveles de pobreza cercanos, en la Costa Atlántica están las propiedades comunales que son colonizadas por los mestizos que llegan predominantemente de la región Central.

Bajo estas condiciones, la Costa Atlántica continúo siendo un territorio de inmigración, sobre todo interna. El saldo de la migración neta de toda la vida ascendió a 56,321 habitantes (12.3 por ciento) en 1995 y 48,292 habitantes (7.8 por ciento) en 2005. El porcentaje de inmigrantes (mayoritariamente internos) respecto a la población total descendió ligeramente tres puntos porcentuales (pasó de 21 a 18 por ciento) y el porcentaje de emigrantes respecto a la población nacida en la Costa Atlántica aumentó de 11 a 12 por ciento. Persisten los inmigrantes de la región central (departamentos de Matagalpa, Boaco, Chontales y Jinotega) y en menor medida de la región Pacífico (departamentos de Managua y León), mientras que la emigración ocurre fundamentalmente hacia el Pacífico nicaragüense, como puede observarse en la Tabla 3. Además, la migración neta reciente correspondiente a 1990-1995 y 2000-2005 siempre fue positiva y ascendente, y mantiene los mismos patrones de inmigración y de emigración en la Costa Caribe como se observa en la Tabla 4. Consecuentemente, la migración interna, junto con la fecundidad, contribuyó a que la población costeña creciera de cuatro a siete por ciento al pasar de 464,968 a 620,640 habitantes durante 1995-2005 (^{INEC, 1995}, 2005), de los cuales, más de 70 por ciento son mestizos.

Más tarde, el gobierno de Ortega (2007-2018) promueve discursivamente el socialismo, pero reproduce el neoliberalismo agroexportador en el Pacífico, Centro-Norte y la economía de enclave en la Costa Caribe. Ambas economías producen una colonización interna intensiva para la toma de tierras. Además, la economía de enclave atrae la inmigración laboral de los mestizos del Pacífico, Centro-Norte y de la mano de obra local. Cabe aclarar que dicha inmigración ocurre predominantemente entre la región Centro-Norte y la región Caribe, regiones cuyos hogares experimentaron el descenso de la pobreza general y de la pobreza extrema.

El capitalismo agroexportador y extractivista en las regiones del Pacífico, Centro-Norte que produce alimentos para el mercado interno e internacional, incipientemente le cede lugar a la producción de agrocombustibles (^{Baumeister, 2013}). Ello obedece a que Nicaragua no realizó cambios sustantivos en la política agraria, pues de los pequeños y medianos productores que controlan 70 por ciento de las tierras en fincas, solo 14 por ciento accedió a crédito y la mayoría fueron excluidos de la transformación tecnológica (^{Vargas, 2014}). Además, globalmente, creció la demanda de cultivos industriales y alimenticios junto con la demanda de tierras (^{Sassen, 2015}).

Estos factores generan procesos de concentración de la tierra en manos de compañías o grandes terratenientes a costa de procesos de desconcentración de la tierra de los pequeños y medianos productores del Pacífico, Centro-Norte que han pasado a engrosar el sector de los minifundistas: las explotaciones agropecuarias menores de cinco manzanas que en 2001 representaban 27 por ciento del total, pasaron a representar 40 por ciento en el año 2010. El despojo parcial o total de las tierras de los campesinos los obliga a migrar temporalmente a las labores agrícolas a Costa Rica y El Salvador, migrar permanentemente hacia Estados Unidos y España o bien, desplazarse hacia la Costa Caribe (^{Baumeister, 2013}).

Los desplazamientos hacia la Costa Caribe, predominantemente hacia el Caribe Norte, ocurren en la forma de colonización interna intensiva y agresiva en beneficio de la agricultura y la ganadería extensiva. Pero también en la forma de migración interna para emplearse en los enclaves de palma africana en Kukra- Hill, El Rama y Prinzapolka, en los enclaves de cacao, de la minería metálica a cielo abierto en Bonanza o de la explotación forestal en territorios que incluyen las reservas biológicas de Indio Maíz y Bosawás.

Así, la Costa Caribe persiste como territorio de inmigración proveniente fundamentalmente de la región Centro-Norte y minoritariamente del Pacífico nicaragüense. Si bien no hay datos censales actualizados, la última encuesta de medición del nivel de vida disponible públicamente, incorporó por primera vez el componente de migración (^{INIDE, 2014}). Aplicando el factor de expansión a dicha encuesta, reveló que la migración neta de toda la vida en la Costa Caribe ascendió a 115,647 habitantes (10.94 por ciento). De manera concreta, la población que atrajo la Costa Caribe representó 17.63 por ciento de la población total. Los inmigrantes provienen fundamentalmente de la región Centro-Norte del país (departamentos de Matagalpa, Boaco, Chontales y Jinotega) y en menor medida del Pacífico nicaragüense (departamentos de Managua, León y Chinandega). De esta forma, el flujo migratorio predominante del Centro-Norte hacia la Costa Caribe ocurre entre zonas que, durante el gobierno sandinista, experimentaron la reducción en los niveles de pobreza. En términos porcentuales, la reducción de la pobreza general de los hogares fue menor en el Centro Norte (pasó de 53.6 por ciento en el año 2009 a 44.4 por ciento en 2014) en comparación con los hogares de la Costa Caribe (pasó de 58 por ciento en el año 2009 a 39 por ciento en 2014). La tendencia se repite en términos de la pobreza extrema: la reducción es menor en los hogares de la región Central (20.6 por ciento en el año 2009 y 13.9 por ciento en el año 2014) respecto a la Costa Caribe (23.4 por ciento en el año 2009 y 11.5 por ciento en el año 2014) (^{INIDE, 2009}, ²⁰¹⁴).

La economía de enclave también produce desplazamientos intrarregionales en la Costa Caribe: algunas transnacionales arriendan o compran las tierras de los mestizos costeños y los empuja a colonizar las tierras de las comunidades indígenas.

Otro enclave que de haberse materializado pudo haber generado migración en cascada fue la construcción del canal interoceánico en Nicaragua por la empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment que obtuvo la concesión canalera por el gobierno de Nicaragua con el aval del Consejo Regional del Caribe Sur predominantemente sandinista. Legalmente (2013), el tiempo para la construcción se venció en el año 2018 según la ley de concesión canalera. La ruta canalera de 278 km de longitud, de los cuales, 52 por ciento estaría sobre el territorio Rama y Kriol de la Costa Caribe y que contó con el consentimiento contencioso del gobierno territorial correspondiente en concepto de arriendo perpetuo (^{APIAN, 2017}), expulsaría de sus propiedades a las comunidades rama- kriol sin que exista un plan de reasentamiento. También atraería la migración laboral extranjera y nacional: según ^{HKND (2014)}, la fase de la construcción del canal generaría 50 mil puestos de trabajo, de los cuales, 50 por ciento serían extranjeros (25 por ciento chinos y 25 por ciento de otros países) y el otro 50 por ciento serían nicaragüenses.

Cabe destacar que la colonización interna silenciosamente promovida, también ocurre para acumular capital político. Según Francis (comunicación personal, 8 de marzo de 2018), los dirigentes de los partidos políticos nacionales (FSLN-PLC) entregan tierras indígenas y afrodescendientes a colonos mestizos durante las campañas electorales a cambio de ganar votos, aunque contradictoriamente, en las mismas campañas electorales prometen a los comunitarios que desalojarán a los mestizos del lugar.

La colonización interna que empezó desde la década de 1950 y que se proyecta hasta la actualidad, implica que más de 50 por ciento de los 23 territorios indígenas y afrodescendientes titulados (el gobierno de Ortega título los 18 territorios que faltaban) han sido tomados por los colonos mestizos (^{Romero, 2015}). Desde 2014 esta colonización interna se ha intensificado de forma armada en los territorios indígenas del Caribe Norte generando el desplazamiento indígena hacia otras comunidades, cabeceras municipales de la Costa Caribe o hacia la Mosquitia de Honduras para poder sobrevivir. El gobierno de Nicaragua apoya esta colonización conformando cooperativas de producción y proveyéndoles los servicios básicos en los asentamientos mestizos recién configurados, además de desatender las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que orienta proteger a comunidades indígenas del Caribe Norte y miembros del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Así, las comunidades indígenas solicitan la intervención estatal y la intervención internacional de los organismos de derechos humanos para controlar la colonización (^{APIAN, 2017}).

La permanencia de los colonos en los territorios indígenas y afrodescendientes obedece en parte a que la etapa de saneamiento se ha incumplido. La Ley 445: Ley de Régimen de Propiedad Comunal (2003) establece distintas formas de sanear, es decir, diferentes formas de determinar los derechos de propiedad de los colonos, llamados legalmente terceros. Así, los “terceros” tienen derecho de permanecer dentro de una propiedad comunal cuando tienen un título agrario anterior a 1987 y están en posesión efectiva de las tierras. Si reúnen solo una de esas dos condiciones (título agrario o posesión efectiva) pierden el derecho a la tierra sin ninguna compensación (en el caso excepcional de los que la ocupan, pueden utilizarla pagando un canon de arriendo a la comunidad). Los que disponen de título agrario con vicios legales de forma o de fondo serán indemnizados por el Estado de Nicaragua para que devuelvan las propiedades comunales. Pese a estas múltiples formas de saneamiento, el líder indígena Juan Carlos Ocampo (comunicación personal, 25 de enero de 2018) manifiesta que “el gobierno sandinista promueve únicamente el saneamiento por la vía de la convivencia pacífica forzada, es decir, el saneamiento vía arrendamiento de las tierras con el objetivo de crear el mercado de tierras y obtener votos”. Frente a ello, los indígenas y los afrodescendientes han optado por la convivencia pacífica voluntaria basada en su derecho consuetudinario para que los mestizos respeten las propiedades colectivas y no las colonicen (casos de comunidades de los territorios Awas Tingni, Wangki Twi- Tasba Raya, Tawira y Amasau), el auto saneamiento por expulsión de los colonos de forma unilateral (casos de las comunidades Layasiksa 2 y de Isnawás en Prinzapolka), la demanda judicial a los colonos y las propuestas de manuales de saneamiento, pero el Estado ignora la problemática.

La colonización interna pone en riesgo la vida, la supervivencia material y cultural de los comunitarios. En el periodo 2014-2018, el conflicto por las propiedades comunales provocó 34 indígenas asesinados incluyendo líderes, 44 lesionados, 25 secuestrados, cuatro desaparecidos y algunas mujeres violadas. También fueron asesinados ocho mestizos. La toma de los territorios ha destruido la economía de subsistencia de algunas comunidades indígenas por el saqueo de los recursos o la destrucción del hábitat: por ejemplo, las comunidades indígenas Francia Sirpi y Sukatpin y la comunidad Awas Tigni tienen 91 por ciento de su territorio invadido (Lottie Cunningham, comunicación personal, 16 de febrero de 2018).

El proyecto de la Nicaragua multiétnica y el pluralismo jurídico precario a partir de la década de 1990

La aprobación del Régimen de Autonomía pluriétnico de la Costa Atlántica en un contexto nacional donde predominaba la población mestiza frente a las etnias indígenas y afrodescendientes trajo aparejado, en el año 1987, el reconocimiento constitucional de que el pueblo de Nicaragua es multiétnico. Concretamente, en el caso de la Costa Atlántica reconoció la existencia de los pueblos indígenas miskitos, mayagnas y ramas que mantienen su continuidad histórica desde antes de la colonización británica, y la existencia de las comunidades étnicas creoles, garífunas y mestizas producto de mestizajes, de violencia y procesos migratorios forzados. Más tarde, la Constitución Política de Nicaragua (2014) reconoce explícitamente la existencia de los pueblos indígenas, pero también la existencia de los pueblos afrodescendientes. El reconocimiento de estos pueblos obedece al interés del gobierno sandinista de reconciliarse con las comunidades indígenas que lo enfrentaron en la década de 1980 y a la globalización de los derechos de los pueblos indígenas y tribales (negros) de la que Nicaragua participa: aprobó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la ^{OIT (2010)} y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas (2016).

El reconocimiento de la multietnicidad conllevó a que en la Costa Atlántica-Caribe coexistieran los Programas de Educación Bilingües Intercultural (PEBI) dirigidos a los miskitos (lenguas español-miskita), a los creoles, garífunas y ramas (lengua español-inglés creole) y a los mayagnas (lenguas Panamahka, Twahka y Ulwa) en los niveles de pre-escolar y primaria con los programas de educación monolingües en español dirigido a los mestizos en todos los niveles educativos, los cuales se venían desarrollando desde 1984. Esta oferta educativa refuerza la hegemonía del idioma español de los colonos mestizos y refuerza la extinción de los idiomas garífunas y ramas. Además, la cobertura escolar de los PEBI en las comunidades indígenas es escasa: para el año 2015, la cobertura de los PEBI en pre-escolar y primaria no superó 8 y 3.5 por ciento, respectivamente, en el Caribe Sur, mientras que alcanzó 54.7 y 24 por ciento respectivamente, en el Caribe Norte (Foro Educativo Eduquemos, 2015a, 2015b). En consecuencia, los miskitos y mayagnas han conservado su lengua y su cultura debido a la socialización familiar.

Paralelamente, desde la década de 1990 se crearon dos universidades regionales para que tuvieran autonomía educativa: Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) a la que han accedido mayoritariamente los mestizos (60 por ciento) (^{Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos, 2015a}, ^2015b). Dichas universidades han experimentado el secuestro de su autonomía por el centralismo de la educación superior de Nicaragua (1990-2006) y de manera reciente por el “control político del gobierno central en las dos universidades” (^{George, 2019: 21}). Además, tienen un presupuesto limitado. Por ejemplo, en el periodo 2007-2017, de los 2,371,984,881 córdobas de seis por ciento constitucional universitario, solo 17 por ciento correspondió a estas universidades, las cuales, pese a que están insertas en un territorio que, según el último censo de población y vivienda, únicamente comprende 12 por ciento de la población nacional (^{INEC, 2005}), registra niveles de pobreza general superior a la región del Pacífico: 39 y 18.5 por ciento, respectivamente (^{INIDE, 2014}).

Por otra parte, el reconocimiento de la multietnicidad supone el pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia del derecho consuetudinario indígena basado en las costumbres y las tradiciones con el derecho oficial estatal, pero en la práctica se profundizó la colonización del derecho consuetudinario. El derecho de propiedad comunal es inseguro porque los territorios indígenas-afrodescendientes han sido titulados, pero no saneados y los comunitarios raramente deciden sobre las concesiones de exploración y explotación de los recursos naturales dentro de sus territorios.

El derecho a la administración de la justicia consuetudinaria es contrarrestado por la hegemonía del derecho estatal. De forma constante, en lugar de la coordinación entre jueces estatales y comunitarios, las decisiones de los whita han sido deslegitimadas por los jueces estatales, y recientemente se ejecuta el Programa de Facilitadores Judiciales para la mediación y la prevención del delito que pretende asimilar a los whita. Además, el derecho positivo estatal suele divulgarse y administrarse en el idioma español y no en los idiomas autóctonos de los indígenas y los creoles (^{Acosta, 2018}).