Esquinas

 

Equilibrio sustentable y resistencia social en la cuenca del río San Pedro en Nayarit

 

Sustainable Balance and Social Resistance in the Watershed of San Pedro River in Nayarit

 

Carlos Rafael Rea Rodríguez*, Luz Angélica Ceballos Chávez** y Bertha Alicia Villaseñor Palacios***

 

* Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nayarit, México. carlosrea@yahoo.fr

** Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nayarit, México. ceballos_luz@yahoo.com.mx

*** Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, Nayarit, México. b_villase@hotmail.com

 

Resumen

Este artículo estudia la formación de un espacio de debate público surgido en torno al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, Nayarit, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, a raíz de la controversia iniciada al respecto por el Proyecto Pro-Regiones, la cual dio vida, a la postre, a un importante movimiento social en la cuenca del río San Pedro. Analizamos las condiciones en que la disputa en cuestión emerge y se desarrolla, y los términos discursivos en que se define, sus protagonistas, sus repertorios de acción y sus orientaciones generales, para mostrar cómo se enfrentan dos visiones fundamentales de bienestar colectivo: una apegada a las ideas de progreso y modernidad, y otra al equilibrio sustentable y al diálogo de saberes.

Palabras clave: movimiento social, debate público, Presa Las Cruces, río San Pedro-Mezquital, equilibrio sustentable.

 

Abstract

This article addresses the foundation of a space for public debate in Nayarit emerged around the Hydroelectric Project Las Cruces, Nayarit, promoted by the Federal Office of Electricity. We can find the origins of this space in a controversy initiated around the Project Pro-Regiones, which gave birth to an important social movement in the San Pedro river watershed. We analyze the conditions in which such a dispute emerged and evolve, how it is defined in discursive terms, who are the protagonists, which are their repertoire of activities and general orientations, to show the confrontation of two views of well-being: one according to the ideas of progress and modernity, the other enhancing the sustainable balance and dialogue of wisdoms.

Keywords: social movement, public debate, Las Cruces Dam, San Pedro-Mezquital river, sustainable balance.

 

Introducción

En este trabajo analizaremos la controversia pública surgida en torno a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la cuenca del río San Pedro-Mezquital, al norte del estado de Nayarit. Dicha iniciativa constituye la punta de lanza de un megaproyecto hidroeléctrico que incluye la construcción de más presas en el mismo río y otras tantas en el río Acaponeta, también en Nayarit, el cual se enmarca en un añejo y ambicioso plan conocido como Plan Hidráulico del Noroeste (Plhino).¹ Pondremos especial atención al papel desempeñado por los miembros del proyecto universitario de investigación-acción Pro-Regiones² dentro de este proceso. Los esfuerzos de este proyecto universitario para promover dinámicas sociales a favor de formas alternativas de bienestar colectivo, con respeto a la naturaleza y en mayor armonía con ella, en una región social y ambientalmente muy afectada por causas antropogénicas, se verían severa y quizás definitivamente comprometidos por la eventual construcción de esta obra.

El propósito central de este trabajo es hacer una descripción analítica del surgimiento de un sistema de acción conflictual en torno a la iniciativa hidroeléctrica del gobierno federal. Con ello intentaremos mostrar las condiciones en las que se configuraron el motivo y el espacio de la disputa y los términos específicos del proyecto. También se expondrán la estrategia y las tácticas discursivas y prácticas desarrolladas por quienes se oponen a él,³ cuya función es realizar una operación de ascenso en generalidad (Boltanski, Darré y Schiltz, 1984) para llevar sus consecuencias negativas previsibles al nivel de una discusión pública⁴ e intentar captar a su favor las miradas de la opinión pública y las decisiones de los actores y las instituciones políticas.⁵ Asimismo, pretendemos establecer las orientaciones fundamentales que se confrontan en esta compleja trama. Para cumplir nuestro cometido, será necesario partir de la propuesta original y de las subsecuentes respuestas discursivas y prácticas que han sido elaboradas en el camino por las instancias promotoras de la presa para enmarcar el tema: la CFE y las dependencias gubernamentales de los tres órdenes, las cuales han sido erigidas —y se han asumido en los hechos— como los adversarios sociales de los detractores del proyecto.

 

La cuenca del río San Pedro-Mezquital

La región media en la que se desarrolla el Proyecto Pro-Regiones es la cuenca del río San Pedro-Mezquital (CRSPM) en Nayarit. El río nace al noroeste de La Sauceda, Durango, y en Nayarit adquiere el nombre de San Pedro, que desemboca en la Boca de Camichín. El conjunto de la cuenca abarca 2.7 millones de hectáreas en los estados de Durango, Nayarit y Zacatecas. En ella habitan alrededor de 800 000 habitantes. Las actividades económicas preponderantes en el área son la ganadería, la agricultura, la extracción forestal y, en la región costera, el cultivo de camarón y ostión (WWF).

La parte de la cuenca que corresponde al estado de Nayarit tiene una importancia singular para el trabajo que lleva a cabo Pro-Regiones a escala nacional porque es la única zona del país donde no hay represamientos. En ella se aloja una de las principales áreas de humedales del Pacífico americano, conocida como Marismas Nacionales.⁶ Por estas características la región ha sido históricamente rica en biodiversidad y productividad. Sin embargo, a pesar de tales condiciones de privilegio, la desatención gubernamental y las vicisitudes del mercado han provocado pobreza, falta de oportunidades, migración, crecimiento de la narcoeconomía y otros fenómenos de naturaleza similar, que han traído consigo el debilitamiento del tejido social y en muchos casos su franca descomposición.

A este escenario hay que añadir los procesos de deterioro ambiental que enfrenta la cuenca —con repercusión enorme en el ámbito productivo y sociocultural— debido principalmente a la contaminación del río San Pedro, al represamiento del vecino río Santiago, a la elevación del nivel del mar y a la construcción del canal de Cuautla, que han derivado en la intrusión de agua salina en cantidades tales que, en combinación con el represamiento del agua dulce y la consecuente retención de sedimentos y nutrientes, ha alterado de manera significativa y riesgosa muchos de los ecosistemas costeros. Al contexto general de deterioro se suma un nuevo factor de riesgo inmenso en la zona: la intención de construir un sistema de grandes presas.

 

El Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces

En el contexto mundial actual prevalecen de manera paradójica el estructuralismo hidráulico⁷ y la privatización creciente del agua y la energía eléctrica, al mismo tiempo que campea un discurso de preocupación por el calentamiento global esgrimido por los organismos internacionales y multinacionales. La posición del gobierno federal mexicano —tanto el calderonista como el peñanietista— se ubica en el mismo tenor de favorecer la generación de energías limpias a fin de contar con los medios necesarios para responder a las demandas del desarrollo y el progreso nacional, actual y futuro, sin seguir agravando los efectos del cambio climático en el mundo.⁸ En esa lógica, a través de la CFE, el gobierno federal propone construir, entre muchos otros proyectos hidroeléctricos en el país,⁹ el megaproyecto Las Cruces¹⁰ en el estado de Nayarit, entidad federativa en la que ya existen tres presas enormes en funcionamiento —Aguamilpa y El Cajón— y otra en construcción —La Yesca—.

Por supuesto, la construcción de estas inmensas obras de ingeniería tiene costos ambientales y sociales que deben ser tomados en cuenta para remediarlos, mitigarlos o compensarlos. En el caso del impacto social del Proyecto Las Cruces, la CFE afirma que las localidades que se verían directamente afectadas por la presa son muy pocas.¹¹ Debemos enfatizar que se trata de localidades con población predominantemente indígena, lo que atestigua una vez más que estos pueblos y sus culturas son considerados sacrificables y hasta desechables —por antimodernos— por el desarrollismo capitalista. Igualmente, debemos hacer notar que en este cálculo oficial no se asumen los daños sociocultural, patrimonial y económico que sufrirían los numerosos poblados río arriba y río abajo de la cortina y el embalse, impactados por los efectos de la alteración del comportamiento de todo el ecosistema regional, que enfrentarían la reducción y quizás la pérdida de las capacidades regenerativas del mismo, con los consecuentes efectos para las dinámicas económicas y socioculturales que tienen lugar en él.

 

Los argumentos oficiales

Para justificar la necesidad y la pertinencia de la obra, la CFE ha argumentado¹² que es preciso asumir, en el terreno energético, una política nacional en sintonía con el consenso mundial de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Esto significa priorizar las fuentes generadoras de energía limpia, como la hidroeléctrica, la eólica, la térmica e incluso la nuclear. Visto como un tema económico, la remisión a la sustentabilidad aparece como un asunto meramente instrumental, que opera como coartada de la lógica desarrollista del gobierno federal, pues en esta perspectiva se sigue percibiendo a la naturaleza —y actuando ante ella— como mera proveedora de recursos. Asimismo, la dimensión humana y social de la sustentabilidad, es decir, la búsqueda del bienestar individual y colectivo, se expresa como una consecuencia automática de la explotación en apariencia racional de los recursos, no como una premisa ética indispensable de compromiso ecosistémico para organizar toda concepción y actuación social en el mundo.

Enseguida se afirma desde este discurso que Nayarit posee una enorme riqueza hídrica que permite impulsar este tipo de obras en la entidad, con el propósito de aprovechar el recurso para dar respuesta a la creciente demanda nacional e internacional de electricidad. Pero no se problematiza en ningún momento la espiral de consumo creciente, su sentido, las consecuencias y la urgente necesidad de modificarlo a profundidad. Simplemente se trata de responder de manera eficaz, pero acrítica, al comportamiento de dicha demanda y exigir a la población más marginada de los estados socioeconómicamente más atrasados y políticamente menos relevantes la interiorización de los costos que los grupos económicos favorecidos en las entidades más ricas no desean asumir. El discurso oficial sostiene además que el Proyecto Las Cruces constituye una obra sustentable en la medida en que es factible económicamente, entraña importantes beneficios sociales y toma en cuenta en su concepción, construcción y operación la protección del medio ambiente.¹³

Así pues, podemos asumir que el discurso oficial moviliza un enmarcamiento del tema en términos de intervención estatal sobre recursos estratégicos, atendiendo a criterios de economía de mercado. Esto supone como elemento nuclear la necesidad implícita que tendría todo gobierno serio de responder a los requerimientos energéticos del proyecto modernizador nacional, con responsabilidad ambiental, a favor del conjunto de la sociedad, que es la beneficiaria directa de esta manera de proceder. Ello implica actuar con oportunidad, dotar de las obras de infraestructura indispensables para explotar un recurso natural —devenido en bien escaso y por tanto mercancía valiosa— que existe en abundancia en ciertas regiones de nuestro país, lo cual convierte al Estado en un actor altamente competitivo en la materia. Esta circunstancia no debe desaprovecharse, desde la lógica oficial, para generar riqueza, lo mismo que para responder eficazmente a la demanda presente y futura de consumo de energía, dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde luego, todo ello debe hacerse de acuerdo con los criterios y la dinámica del libre mercado, tanto en lo referente a la construcción de las obras hidroeléctricas como en lo que respecta a la gestión del recurso hídrico y de la electricidad producida. Así, es la dinámica del mercado con sus criterios de rentabilidad el dispositivo fundamental —de nuevo matizado con elementos de pretendida responsabilidad social y ambiental— que articula y legitima el conjunto del enmarcamiento de la CFE y el gobierno federal. Los criterios de patrimonio público, interés general y bienestar colectivo son por tanto irrelevantes.

Esta posición oficial constituye el punto de arranque y el referente principal para rastrear el surgimiento del diferendo público del que nos ocuparemos. Sin embargo, para que la arena de debate se configurara fue necesario que el proyecto de la CFE fuera presentado en una reunión organizada en instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a fines de 2008.¹⁴ Ahí, varios académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, preocupados por los daños que causaría la eventual realización del proyecto, decidieron reunirse posteriormente para concebir en conjunto una estrategia de acción que permitiera analizarlo críticamente, y en su caso enfrentarlo. A partir de que estas dos posiciones decantadas y contrapuestas fueron difundidas ante la población, los sectores comunitarios comenzaron su implicación en el diferendo y sobrevinieron diversos tipos de reacción por parte de las instancias oficiales.

 

La oposición al proyecto¹⁵

Gracias a la filtración de información sobre este proyecto hidroeléctrico en las comunidades próximas a la zona de construcción de la cortina, a las actividades emprendidas por la CFE para llevar a cabo los estudios de factibilidad de la obra¹⁶ y a que a finales de 2008 arrancó la estrategia de la dependencia paraestatal para legitimar la obra entre los medios académicos del estado de Nayarit, ciertos círculos locales conocieron la existencia del Proyecto Las Cruces, cuyos estudios preliminares se realizaban de manera más que discreta. Después de la mencionada reunión en la UAN, se concibió una estrategia de acción conjunta entre directivos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Conservación Internacional, e investigadores de Pro-Regiones UNAM y Pro-Regiones UAN en respuesta a la gran preocupación sobre el alcance de los probables efectos negativos de la obra. En la estrategia se consideró necesario el desarrollo de una intensa actividad que generara condiciones para un análisis razonado y participativo sobre este proyecto hidroeléctrico. La estrategia planteaba operar en cinco dimensiones: la académico-científica, la jurídica, la social, la mediática y la política. En la primera se trazó como objetivo la sistematización de la información existente en relación con las características generales de la cuenca, en particular de los procesos de deterioro ambiental que se detectaban. También se decidió generar nuevos datos que sirvieran de insumo para una toma de decisiones más seria, integral e imparcial. En la segunda se planteó el imperativo de difundir y socializar entre los habitantes de la región la información sobre las posibilidades legales-institucionales para participar en el proceso de diseño, aprobación e implementación del proyecto o, en su caso, de impugnación y resistencia ante el mismo. En la dimensión social se propuso sensibilizar al conjunto de la población de la cuenca sobre su patrimonio ambiental, social, económico e histórico-cultural, así como informarle lo más completa e imparcialmente posible sobre el proyecto hidroeléctrico —presuntos beneficios y riesgos probables— y promover la participación social informada y reflexiva en este proceso. En el ámbito mediático se pensó en abrir el tema ante la opinión pública de la cuenca y la entidad para promover el debate informado y razonable. Y por último en la dimensión política se planteó el objetivo de ganar la atención del sistema político y promover el involucramiento activo de sus actores y sus instituciones tomando en cuenta seriamente la diversidad de posiciones al respecto.

Con la estrategia definida en común por estos cuatro organismos se pretendía desencadenar procesos de deliberación público-democrática con sustento científico sólido y una orientación sustentable. Es decir, no se buscaría generar un conflicto de suma cero, que previsiblemente desencadenaría un enfrentamiento asimétrico, con un desenlace que entrañaría un gran costo en energía social y, en el límite, quizás un elevado costo humano. En cambio, se buscaba crear procesos y espacios de deliberación democrática sobre este asunto de interés general al involucrar en calidad de interlocutores legítimos a las partes afectadas y procurar la construcción de consensos razonables (Habermas, 2005) que partieran de información veraz, completa, accesible, y que significaran la activación de actores colectivos que dieran vida a una sociedad civil autónoma y actuante, capaz de contrarrestar el actuar arbitrario de las instancias políticas y la voracidad del mercado ante éste y otros temas similares en la actualidad y en el futuro. La estrategia definida planteaba de entrada y de forma enfática la decisión de hacer todo lo posible por evitar escenarios de confrontación social radical, pues éstos sólo abonarían a una mayor fragmentación en la región y disminuirían las posibilidades de incidencia real de los pobladores en el proceso de toma de decisiones en este tema e incluso bloquearían las escasas capacidades de acción autónoma que aún prevalecían en la zona al momento de escribir este análisis. Un desenlace de mayor descomposición favorecería aun más la penetración y afectación social y ambiental que el capitalismo neoliberal provoca en nuestros países y regiones, por medio del saqueo y depredación de nuestros patrimonios naturales y del tejido comunitario.

El contraenmarcamiento (Benford y Hunt, 2002) configurado inicialmente por estos organismos opositores al proyecto hidroeléctrico puede entenderse entonces como de intervención social y política sobre patrimonios colectivos y humanos, movilizando el criterio del interés general. En esta visión la prioridad estaba puesta en la resistencia comunitaria ante las lógicas avasalladoras del mercado y el poder, para construir capacidades comunicacionales y de acción social y política autónomas que permitieran forzar la emergencia de espacios deliberativos democráticos desde los cuales se tematizaran colectivamente los asuntos que se consideraran de interés general. En este caso, se asumía el carácter de patrimonio humano y biológico —esto es, ecosistémico— de las aguas superficiales y subterráneas del río San Pedro. Ante el reconocimiento de que se requiere generar la energía eléctrica que el país demanda, siempre y cuando se promuevan verdaderamente mejores condiciones de vida para la población nacional y regional, sobre todo para la más desfavorecida, se aseguraba que las obras de ingeniería eran necesarias y pertinentes, es decir, justificadas y legítimas, sólo bajo ciertas circunstancias,¹⁷ que en este caso concreto el proyecto oficial no cumplía.

En este contraenmarcamiento inicial se reconocía que el dispositivo que debía soportar la interacción conflictiva era el espacio público-político —por medio, fundamentalmente, de las arenas política, jurídico-judicial y de la opinión pública—, donde habrían de encontrarse, interactuar, negociar y decidir los actores concernidos por el proyecto hidroeléctrico. Entonces, lo que estaba en juego era determinar las características del proceso de toma de decisiones en relación con este asunto y sus contenidos, en tanto que la naturaleza del conflicto estribaba a la vez en la oposición al carácter vertical y autoritario de la concepción e instrumentación del proyecto, y en la definición de los intereses que se verían favorecidos por él: pequeños grupos económicos y políticos regionales, nacionales y extranjeros en detrimento del bienestar de la mayoría de las poblaciones humanas, animales y vegetales de la región,¹⁸ en particular de las miles de familias que habitan en ella, que serían las víctimas —directas o indirectas— de los efectos nocivos de esta medida. Ambos aspectos constituirían la base del agravio y la injusticia padecida por la población en esta historia si el proyecto y la decisión gubernamental de instrumentarlo siguieran avanzando por los cauces en que había sido concebido y desarrollado hasta ese momento. Por tanto, se buscaba apelar a la propia CFE, como representante del gobierno federal, para encontrar una solución al problema. Es decir, se aludía a ambas instancias, a la vez como oponentes y como jueces del diferendo, para que reconsideraran los criterios, los mecanismos, los espacios y los actores que debían involucrarse para determinar si la obra debía proceder o no y en qué términos, en caso de que la respuesta fuera afirmativa. Simultáneamente, se proponía apelar a los habitantes de la región para que asumieran el papel de actores protagonistas de la historia y que decidieran informada y conscientemente si había que respaldar el proyecto, pugnar por su modificación u oponerse a él. A su vez, se les convocaba a ser los protagonistas en la definición de las orientaciones y rutas de acción alternativas para elevar el bienestar social y ambiental de la región. El rol autoatribuido por estos cuatro organismos civiles y académicos consistía en informar, propiciar los espacios y las dinámicas de reflexión colectiva, incorporar insumos de calidad¹⁹ para la toma colectiva de decisiones y acompañar a los pobladores al poner a su alcance los conocimientos expertos requeridos.

Hay que señalar que en esta posición no se considera que las poblaciones humanas afectadas sean sólo aquellas que habrían de reubicarse para efectos de la construcción de la cortina y del llenado del embalse, sino las de toda la CRSPM y de la región de Marismas Nacionales. Otro aspecto fundamental de esta postura es la centralidad que le otorgaba a los argumentos técnico-científicos —como recurso para minimizar el riesgo de crispación social en la región— que permitieran y hasta obligaran a invocar el principio de precaución ante la incertidumbre y el riesgo que se desprenden de la constatación del deterioro ambiental creciente en la región y de la imposibilidad para demostrar científicamente que los impactos de la construcción de la obra no serían radicales y/o irreversibles.

A partir de esa situación, los miembros de ProRegiones UAN, en quienes recayó en el terreno el peso de la estrategia social,²⁰ emprendieron en enero de 2009 una campaña de información y sensibilización intensa y extensa en las localidades y comunidades de la región a fin de generar procesos de toma de conciencia en torno al valor cualitativo y la vulnerabilidad del ecosistema que conforma la CRSPM y destacar su relación con la región de Marismas Nacionales. Esto implicaría acciones tendientes hacia el rescate, la reemergencia y la conformación de identificaciones "ecosistémicas" de alcance regional, y hacia la construcción de espacios deliberativos comunitarios e intercomunitarios que sirvieran de plataforma para la acción social organizada ante el proyecto hidroeléctrico y, más allá, para el fomento de proyectos y actividades orientadas a la sustentabilidad y el buen vivir. Esta prioridad reconocía explícitamente la ausencia de procesos de identificación consistentes y de un sentido de pertenencia sólido en la región que interconectara poblaciones de la costa y la sierra, lo que representaba uno de los desafíos cruciales para generar una capacidad de acción social organizada y autónoma a la escala que se requería.²¹ Así, la intención de trabajar en la activación/conformación colectiva de identificaciones ecosistémicas²² al nivel del conjunto de la cuenca aparecía como la gran apuesta de Pro-Regiones. Para que esta estrategia social operara de manera efectiva había que superar ciertas diferencias entre grupos y sectores sociales en la zona, atribuibles a filiaciones partidistas diversas y a conflictos intercomunitarios, intracomunitarios y organizacionales ocasionados por la disputa de recursos escasos, por la competencia por incursionar con éxito en los exiguos mercados locales y por conflictos provocados por vacíos y contradicciones en las normativas que regulan las dinámicas socioeconómicas de la zona —relativas al aprovechamiento de aguas, de uso de suelos, silvícolas y forestales, etc.—. El reconocimiento por parte de los pobladores del inmenso patrimonio histórico-cultural, socioeconómico y ambiental de la cuenca, y el inminente peligro, con consecuencias quizás irreversibles, al que se ve sometido debido a las tendencias generales de deterioro que sufre y ahora ante la amenaza de la construcción de la presa son la clave para entender y promover ese proceso de rescate-conformación de identificaciones colectivas.²³

Puesto que la información presentada a la población en el marco de esta estrategia —que pretendía recuperar probables beneficios y riesgos de la presa— y el enfoque adoptado por Pro-Regiones, desde la sustentabilidad y el buen vivir, distaban radicalmente del manejo que hacía del tema la empresa paraestatal —de corte fundamentalmente mercantil—, sobrevino un proceso de disputa entre las instancias oficiales y el proyecto universitario. A pesar de la abismal asimetría de fuerzas, recursos y medios entre las dos partes, esta situación abrió la puerta para el involucramiento paulatino en el proceso de los pobladores de la cuenca y de muchas de sus organizaciones sociales, productivas y comunitarias, lo que generó el contexto para la conformación gradual de una interesante y trascendente controversia cada vez más pública, cuyo desenlace adquirió repercusiones significativas para la vida social y natural de esta región.

 

El Consejo Intercomunitario

Como consecuencia de la estrategia y las actividades descritas, el involucramiento de los habitantes del ejido de Tuxpan, de la comunidad náyeri de Presidio de los Reyes y de la localidad ostrícola de Boca de Camichín fue cada vez más activo. En buena medida fue así porque en esos lugares ya estaban en curso esfuerzos de trabajo comunitario orientados al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, por lo que la gente comprendió rápidamente el riesgo inminente que la presa representaba para la viabilidad de tales esfuerzos.

Para avanzar en la organización de la naciente resistencia social, por convocatoria de Pro-Regiones, se conformó el 19 de julio de 2009 el Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río San Pedro, al cual se sumó un importante número de ejidos, cooperativas y otras comunidades originarias de la zona. Una vez constituido, el Consejo hizo público un pronunciamiento en el que se sintetizaron y se sistematizaron los planteamientos gradualmente esbozados en la interacción entre expertos, universitarios y pobladores. El documento condensa los argumentos defendidos por los opositores a la presa²⁴ y sostiene como premisas: a) el río no es una mercancía que pueda ser vendida; b) el proyecto hidroeléctrico no constituye una opción sustentable de desarrollo; c) los puestos de trabajo que se crearían serían precarios y provisionales, la energía generada no sería limpia ni estaría pensada para resolver las necesidades de la región y el pretendido control de las inundaciones sería inapropiado; d) llevarse el agua de esta región para promover el desarrollo en otros lugares, comprometiendo las posibilidades locales, sería inadmisible; e) es injusta social y políticamente la exclusión que sufren los pobladores de la cuenca en este proyecto; f) el escenario más previsible sería el despojo de tierras y recursos y una severa crisis ambiental con impactos productivos, sociales y culturales negativos, y g) la "acción organizada, coordinada y pacífica de todos los habitantes de la región, permitirá [...] que se convoque al gobierno y a la sociedad nayarita a asumir a plenitud esta gran discusión y a acatar sus resultados".

A partir de dichas premisas, el Consejo propone: a) el involucramiento en el proceso de consulta de todos los actores sociales, económicos, políticos y culturales de la región implicados directa o indirectamente por el proyecto hidroeléctrico; b) la apertura de espacios de discusión pública, reconocidos institucionalmente, en los que participarán informada y activamente todas las partes; c) que la evaluación de la factibilidad y el impacto ambiental y socioeconómico del proyecto, y las consecuentes resoluciones, tengan lugar con apego absoluto a la legalidad nacional e internacional en estas materias; d) que los estudios científicos realizados para la autorización de la obra sean analizados y evaluados por instituciones de investigación distintas a las contratadas por la CFE; e) que los resultados de los estudios oficiales y del debate al que fueran sometidos se hagan del dominio público y se respeten cabalmente; f) el reconocimiento y apoyo a alternativas de desarrollo regional y comunitario con carácter verdaderamente sustentable e integral.

Una vez elaborado el pronunciamiento, Pro-Regiones procedió a reunir firmas a lo largo de toda la cuenca²⁵ con el propósito de ganar adeptos para esta causa y colectivizar por medio de talleres el discurso contenido en el documento. De esta manera, se pretendía colocar en la conciencia de los pobladores la gramática de motivos a la que los opositores apelaban, los términos del diagnóstico y el pronóstico que formulaban, la definición del motivo fundamental de la disputa y de la arena privilegiada para la resolución de la misma, así como la definición de los contendientes en juego.

Después de una breve pausa, en la que el Consejo Intercomunitario entró en estado de latencia, Pro-Regiones dio inicio a una tercera campaña en marzo de 2011 en la que se planteó el objetivo estratégico de reactivar, consolidar y capacitar al Consejo. A partir de ahí, el rol protagónico del proceso fue ocupado por el Consejo y Pro-Regiones se convirtió en su acompañante. Así, el Consejo se erigió en el marco organizacional desde el que se buscaría articular las redes sociales y políticas que permitieran la activación de los opositores y cuyo funcionamiento se pretendía que estuviera fundamentado en una lógica consensual de toma de decisiones. Hay que resaltar que para consolidar el Consejo fue fundamental la concreción y el fortalecimiento de la alianza entre los grupos de Tuxpan, Presidio de los Reyes y el polo Mexcaltitán-Boca de Camichín-Villa Juárez.

En el trabajo más reciente llevado a cabo por el Consejo,²⁶ la estrategia jurídica ha ocupado un papel cada vez más central, en tanto instrumento para amortiguar la agudización creciente del conflicto. Por supuesto, el movimiento tendrá que evitar permanentemente la juridización del proceso y que esto debilite el componente crítico alternativo de la movilización social. De la misma manera, el trabajo de comunicación social a nivel local, regional, nacional e internacional y, por tanto, la penetración en las agendas de las arenas mediática, político-electoral y político-parlamentaria²⁷ se han convertido en componentes cruciales para enfrentar el escenario que se avecina en el corto plazo. En lo concerniente al terreno simbólico, el fortalecimiento de la labor motivacional²⁸ entre la población y las acciones orientadas a consolidar el proceso de recuperación/conformación de identificaciones a escala regional y a afirmar la capacidad de agencia²⁹ colectiva de los pobladores es el mayor desafío en dicha estrategia para garantizar su éxito en esta nueva etapa.

Entre las acciones llevadas a cabo por el Consejo Intercomunitario a últimas fechas destacan la incorporación de un comité de comunidades náyeri, conformado en abril de 2012 en la llamada Sierra Cora Baja del estado de Nayarit,³⁰ así como la alianza estratégica con el Consejo Wixárika, constituido para defender el territorio sagrado de Wirikuta, en San Luis Potosí. Este encuentro puede ser el anuncio de un proceso paulatino de conexión de marcos (Rivas, 1998) entre los pueblos wixárika y náyeri que permita mancomunar esfuerzos en torno de la defensa de los derechos, los lugares sagrados y el patrimonio de los pueblos originarios de la región.

Por otro lado, los días 6 y 7 de octubre de 2012, se celebró en la comunidad de Presidio de los Reyes, el IX Encuentro Nacional del Mapder³¹ bajo el lema "¡Todas las voces: ríos libres!", en el cual los consejos Intercomunitario del Río San Pedro e Indígena Náyeri fungieron como anfitriones. Dicho evento atestigua la relevancia adquirida por la resistencia social ante la construcción de la Presa Las Cruces, así como la apertura del movimiento a alianzas estratégicas con actores sociopolíticos nacionales e internacionales, los cuales a su vez se ven activamente interesados en atraer el potencial de organización y movilización social de esta experiencia. Una de las más recientes demostraciones del movimiento tuvo lugar en la ciudad de Tuxpan, donde el 9 de septiembre de 2013 se llevó a cabo una manifestación pública en la que participaron alrededor de 2 000 personas³² y durante la cual se exigió por primera vez de esta manera, y con la presencia inédita y protagónica de un buen número de gobernadores tradicionales de comunidades náyeri de la cuenca media, que se pusiera un alto definitivo a los trabajos de construcción de la presa.

 

A manera de conclusión

Como saldo de la historia relatada, que pone de manifiesto la disputa por la denominación y por los significados que se otorgan al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces y a sus probables implicaciones, percibimos como orientaciones fundamentales en pugna dos visiones sobre cómo concebir el mejoramiento de la calidad de vida de la gente: una moderna, racionalista, basada en la idea de progreso; la otra, anterior y exterior al proyecto de la modernidad y sumamente crítico del mismo, que reivindica la felicidad colectiva e individual y la búsqueda —siempre precaria y plenamente imposible— de un equilibrio ecosistémico. La primera, que parte de un dispositivo tecnoburocrático que se fundamenta en criterios económicos de rentabilidad, que busca dirimir el conflicto con base en argumentos científico-académicos excluyentes de lo sociocultural y que interpretan los daños ambientales a partir de una lógica de costo-beneficio y siguen —de manera viciada— procedimientos legales ya instituidos. La segunda, que parte de un dispositivo de diálogo de saberes académicos, sociales y culturales, basado en el reconocimiento de la centralidad de los criterios ambientales y socioculturales, y que exige que se atienda y se extienda el marco legal vigente —en reconocimiento de las necesidades ambientales y políticas que lo imponen— para regular el proceso de forma que se garantice una dinámica abierta, informada, participativa, deliberativa; es decir democrática, y científica y filosóficamente sustentada.

 

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Notas

¹ Hoy Sistema Hidráulico del Noroeste tiene como objetivo fundamental llevar agua de las zonas del noroeste del país, en las que el recurso es abundante, hacia regiones en las que escasea, como Sonora.

² Se trata de un proyecto surgido en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concebido y coordinado a nivel nacional por Sergio Zermeño García-Granados, que dio vida a varios capítulos regionales en el país. El proyecto llega a Nayarit en enero de 2006 y desde entonces es animado por investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), con el respaldo activo de la UNAM.

³ Con base en las nociones de enmarcamiento y contraenmarcamiento (Benford y Hunt, 2002). El enmarcamiento de las acciones colectivas, con Snow y Benford, engloba las operaciones de "definición de situaciones como problemáticas (diagnósticos)", la propuesta de "escenarios de reparación (pronósticos)" y el llamado "a sus simpatizantes a movilizarse y a coordinarse en una acción colectiva" (Benford y Hunt, 2002: 164). El contraenmarcamiento se refiere a aquellas tentativas de "rechazar, minar o neutralizar los mitos, versiones de la realidad o marcos de interpretación de una persona o de un grupo" (Benford y Hunt, 2002: 167).

⁴ Hacemos referencia a lo público al hablar de temas, procesos y espacios sociales que poseen una o varias de las siguientes características: aluden a asuntos de interés general, son potencialmente visibles y accesibles para todos, son susceptibles de discusión argumentada por parte de todos y también de generar consensos o decisiones válidas para todos.

⁵ Luhmann (1998) distingue entre reglas de atención y reglas de decisión para determinar cuándo un tema social se ha convertido en tema político.

⁶ Marismas Nacionales es "una extensión lagunar de unos 20 km de ancho por 90 de largo, que depende de flujos medios y avenidas estacionales de agua dulce y sus sedimentos, en particular del río San Pedro, y de agua salada gracias a las mareas del Océano Pacífico" (Pronunciamiento académico, 2010).

⁷ Esta concepción ha sido promovida por grandes organismos multinacionales en el ámbito comercial, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y actualmente la Organización Mundial del Comercio (OMC), y por el Banco Mundial (BM) en el ámbito financiero al condicionar el otorgamiento de recursos a los gobiernos nacionales a cambio de la adopción de esta perspectiva y proporcionarlos para el cumplimiento de este fin, que beneficia a las grandes corporaciones transnacionales de la construcción (Shiva, 2003). Para abundar en este tema a nivel global, véanse González (2003a y 2003b) y WRM (2011). Para el contexto latinoamericano y mexicano, consúltense WRM (2011) y Navarro y Pineda (2009).

⁸ El gobierno federal contempla entre los resultados generales esperados en 2027 la generación de la energía que requiere el crecimiento económico nacional, la disminución de la intensidad energética optimizando y reduciendo el consumo energético, el incremento de la energía primaria para mantener el superávit energético, la democratización de los servicios que la energía brinda, en particular con la inclusión de los grupos más vulnerables; la transición energética, el uso de energías renovables y de tecnologías limpias y la reducción de la huella ecológica del sector (Sener, 2013).

⁹ Para 2011, de las más de 4462 presas y bordos en México, 667 estaban clasificadas como grandes presas según la Comisión Internacional de Grandes Presas (CNA, 2011).

¹⁰ Se trata de una central hidroeléctrica situada en el cauce del río San Pedro, con una capacidad de generación de energía media anual total de 801 GWhs y una cortina de enrocamiento de 176 m de altura. El costo total de esta obra se estima en 5 765 millones de pesos (SPPP-Nayarit, 2012).

¹¹ San Blasito, Rancho El Zapote; San Juan Corapan, La Flecha; La Embocada del Tenamache, René Salas, El Veloz, La Encinera, Ixcatán del Pozolillo, El Zopilote, San Pedro Ixcatán, Presidio de los Reyes y El Venado. Nos basamos en información de funcionarios y técnicos de la CFE, así como de consultores privados presentada en diversas reuniones públicas.

¹² De nuevo, según información de funcionarios y técnicos de la CFE, así como de consultores privados presentada en diversas reuniones públicas.

¹³ Los impulsores de la presa sostienen que la obra permitirá el uso múltiple del embalse en beneficio de las comunidades locales, significará la generación de 10 000 empleos directos e indirectos, contribuirá con 480 MW a la potencia instalada nacional, evitará la quema de 1.25 millones de barriles de combustóleo al año, permitirá la promoción de actividades productivas sustentables detrás de la cortina, hará posible el monitoreo socioambiental de la cuenca y sólo implicará la afectación directa de cerca de 70 personas que habitan la localidad de San Blasito, en el municipio de Acaponeta, abatirá los efectos negativos de las constantes inundaciones al regular las avenidas del río en época de lluvias y beneficiará a las regiones agropecuarias de los estados de Sinaloa y Sonora (información obtenida al cabo de varias reuniones públicas organizadas por funcionarios de la CFE y consultores privados en la región).

¹⁴ Nos referimos a una reunión realizada en la UAN en la que estuvieron presentes académicos de esta casa de estudios, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), representantes de la World Wildlife Fund for Nature (WWF), de Conservación y Bienestar Humano, A. C. y funcionarios de la CFE.

¹⁵ Para una síntesis de resistencias contra las represas a nivel internacional, véanse, entre otros, Shiva (2003), González (2003b) y WRM (2011). Para el caso de México, véanse Castro (2007), Navarro y Hernández (2010), Peña (2005) y Navarro (2013).

¹⁶ Gracias a convenios firmados entre la CFE y la udg y la UAN, respectivamente. El primero, de fecha 23 de octubre de 2008, para realizar estudios sobre la manifestación de impacto ambiental y el estudio técnico justificativo del proyecto en los conceptos de climatología, geología, geomorfología e hidrología subterránea, hidrología superficial, transporte de sedimentos y gasto ecológico, calidad del agua, calidad escénica, flora, fauna, estudio del complejo lagunario de Marismas Nacionales, estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo forestal, sistema de información geográfica, uso de suelo, obra civil y legislación ambiental. El segundo convenio, firmado el 4 de noviembre de 2008, fue para realizar estudios de línea de base sobre la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional del proyecto en los conceptos de suelos, socioeconómico, gestión de la consulta pública, sistemas de producción agropecuaria y forestal, pesquerías y acuicultura.

¹⁷Cuando siendo de provecho para las poblaciones humanas no se violente severamente con ellas el equilibrio socioam-biental. Cuando al ser positivas para el interés general no se atente con ellas contra los derechos legítimos de colectivos particulares. Cuando aun siendo de provecho para ciertos grupos o regiones no signifiquen un perjuicio para los derechos de todos o de otros grupos o regiones. Por último, cuando siendo convenientes para el interés general, sin violentar el equilibrio ambiental ni los derechos legítimos de colectivos, sean económicamente sostenibles.

¹⁸ Latour ([1999] 2001) y Callon (1986) se refieren a las redes de humanos y no humanos. En este caso, tal detrimento implicaría, entre otras cosas, la salinización de suelo y aguas superficial y subterránea, el desecamiento de numerosos cuerpos de agua que hoy sirven de agostaderos, la alteración del equilibrio salobre propio de la zona con daño directo a sus manglares y a sus especies animales y vegetales, la retención de sedimentos y nutrientes fundamentales a lo largo del río y en la zona costera, erosión, compactación y hundimiento de suelo. Como consecuencia de lo anterior, las capacidades reproductivas y productivas de la región disminuirían, lo que repercutiría en un breve lapso en las poblaciones humanas al provocar mayor escasez de recursos para su subsistencia. Del mismo modo, supondría la desaparición de sitios sagrados fundamentales para los pueblos náyeri y wixárika, fundamentalmente, lo que entraña un riesgo etnocida inminente.

¹⁹ Estos insumos habrían de ser estudios académicos y científicos que proporcionaran elementos objetivos para una toma de decisiones razonable. Al respecto, se recuperaron continuamente consideraciones sobre la situación de la región por parte de reconocidos científicos —como Guadalupe de la Lanza, Manuel Blanco y Francisco Flores Verdugo, entre otros—. Al mismo tiempo, la WWF y Pro-Regiones UNAM promovieron encuentros entre especialistas conocedores de la cuenca para evaluar los riesgos que entrañaba el Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces. Por otra parte, la WWF ordenó la realización de un mapa de actores de la región en torno al tema de la presa y un estudio sobre los beneficios económicos que generan las crecidas periódicas del río San Pedro en las comunidades de la cuenca. Con la ayuda de especialistas españoles, la WWF elaboró un estudio sobre el caudal ecológico necesario para el adecuado funcionamiento de este río y del conjunto de la cuenca. Pro-Regiones hizo diagnósticos comunitarios participativos en una veintena de comunidades de la zona y llevó a cabo un estudio sobre las condiciones socioeconómicas de la región. Con el respaldo de sumar, desarrolló una investigación, apoyada en los pobladores de la cuenca, sobre las afectaciones que significaría la construcción de la presa por sector productivo.

²⁰ La WWF se convirtió en lo sucesivo en una especie de mediador institucional con la CFE y el gobierno federal, al tiempo que promovió encuentros entre especialistas, la elaboración de estudios científicos y técnicos y respaldó financieramente iniciativas de desarrollo comunitario animadas por actores locales como Pro-Regiones y Conservación y Bienestar Humano, A. C. Conservación Internacional desapareció de la escena casi desde el inicio de la historia. Por supuesto, en el transcurrir de esta trama, muchos otros organismos estatales, regionales, nacionales e internacionales se fueron incorporando para respaldar el trabajo jurídico, de comunicación, social y político del movimiento. Este universo heterogéneo de actores —organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones civiles, grupos académicos, actores comunitarios— permitió consolidar muchas de las líneas de acción del movimiento, pero introdujo también tensiones entre ellos, ya que surgieron diferencias en cuanto a los argumentos, formas y etapas a privilegiar dentro de la resistencia social y la controversia pública. En particular, se ha configurado un eje de conflicto entre algunas de las ONG que aportan financiamiento, proclives a negociar la construcción de la presa bajo ciertas condiciones, y los actores locales comunitarios organizados en torno al Consejo Intercomunitario y el Consejo Indígena, que se oponen de forma radical a que la obra se construya y que reivindican la necesidad de vías alternativas de desarrollo local-regional.

²¹ En diciembre de 2013 ya existían rasgos consistentes de identificaciones colectivas de alcance ecosistémico, soportadas por una capacidad de acción social organizada a escala de la cuenca.

²² Para ello se configuró un discurso, basado en referentes fundamentales de las culturas de la región, que enfatizaba la interdependencia ambiental, productiva, social, histórica y cultural de las zonas costera y serrana. Se organizaron numerosos encuentros para intercambiar experiencias en los que se fomentaba la interacción cognitiva y emocional-afectiva de los miembros. Se compusieron canciones y eslóganes que recuperaban y organizaban símbolos emblemáticos de la región y que intentaban propiciar el reconocimiento recíproco y el involucramiento emocional de los pobladores en la causa común.

²³ Esta estrategia constó, hasta diciembre de 2010, de cerca de 200 acciones —participaciones en radio, reuniones y asambleas informativas, conferencias, mesas redondas con especialistas, etc.— celebradas en ejidos, cooperativas, sociedades de producción rural, integradoras y comunidades indígenas, con el apoyo financiero de la UNAM, la WWF, el Fondo Acción Social (Fasol) y la Fundación Packard.

²⁴ Esta historia de resistencia social regional se suma a la larga lista de luchas contra las represas que se han emprendido en México durante los años recientes. En esta lista encontramos, como algunas de las más relevantes, las protagonizadas por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se opone a la Presa de El Zapotillo en el estado de Jalisco, y numerosos grupos de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Muchas de estas organizaciones se han integrado al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

²⁵ Hasta enero de 2013 se habían reunido más de 5 000 firmas.

²⁶ Si bien hay distintas visiones sobre las rutas a seguir para alcanzar los objetivos de la movilización, es claro que el Consejo se ha convertido en el referente principal y el motor de la misma.

²⁷ Arenas identificadas con la de la opinión pública por McCarthy, Smith y Zald (1999).

²⁸ Para Gamson (en Rivas, 1998) el elemento motivacional es un componente fundamental para lograr la mayor resonancia de los marcos de la acción colectiva.

²⁹ Gamson distingue tres componentes fundamentales en los marcos de las acciones colectivas: de injusticia, de identidad y de agencia (en Rivas, 1998).

³⁰ También con respaldo de Pro-Regiones.

³¹ Acudieron más de 699 delegados y delegadas de los pueblos tsotsiles, tseltales, chontales, mayas, quichés, mam, choles, chatinos, mixtecos, afromexicanos, mazatecos, totonacas, nahuas y mestizos, de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Durango, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Baja California, así como organizaciones solidarias de Alemania, España, Suecia e Italia (Mapder, 2012).

³² En su mayoría habitantes de comunidades indígenas náyeris y de localidades pesqueras y agrícolas de la cuenca, acompañados de representantes de comunidades wixaritaris, de organizaciones civiles, campesinas, populares, de grupos culturales, juveniles, de mujeres, de estudiantes y académicos universitarios.

 

Información sobre los autores

Carlos Rafael Rea Rodríguez es doctor en sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS) de Francia. Realizó una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), unidad Occidente. Cuenta con un perfil vigente en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) y es candidato para integrarse al Sistema Nacional de Investigadores. Fue coordinador del Proyecto de investigación Pro-Regiones en Nayarit. Colabora en el Programa Académico de Ciencia Política y es miembro del Núcleo Académico Básico del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. Participa en el proyecto "Comunidades en aprendizaje del buen vivir en los corredores biológico-culturales de Nayarit y Jalisco", desarrollado por la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Guadalajara y el CIESAS-Occidente. Es miembro de la Red de Cuerpos Académicos Sustentabilidad y Desarrollo Regional del Pacífico Medio.

Luz Angélica Ceballos Chávez es doctora en ciencias para el desarrollo sustentable por la Universidad de Guadalajara. Es docente adscrita al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es profesora de tiempo completo con perfil deseable en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). Es miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo. Colabora con el Programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación y en el Núcleo Académico Básico del Doctorado en Ciencias Sociales. Participa en el proyecto "Comunidades en aprendizaje del buen vivir en los corredores biológico-culturales de Nayarit y Jalisco" desarrollado por la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Guadalajara y el CIESAS-Occidente. Es miembro de la Red de Cuerpos Académicos Sustentabilidad y Desarrollo Regional del Pacífico Medio.

Bertha Alicia Villaseñor Palacios es doctora en ciencias para el desarrollo sustentable, por la Universidad de Guadalajara. Como docente está adscrita al Programa Académico de la Licenciatura en Economía. Es profesora de tiempo completo con perfil deseable en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). Es miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo. Participa en el proyecto "Comunidades en aprendizaje del buen vivir en los corredores biológico-culturales de Nayarit y Jalisco" desarrollado por la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Guadalajara y el CIESAS- Occidente. Pertenece a la Red de Cuerpos Académicos Sustentabilidad y Desarrollo Regional del Pacífico Medio.