Artículos

 

Reclamando el poder: los ciudadanos en el exterior y su impacto en la política mexicana

 

Jesús Martínez Saldaña *

 

* California State University, Fresno

 

Fecha de recepción: 2 de octubre de 2003
Fecha de aceptación: 27 de noviembre de 2003

 

Resumen

En este artículo se estudia el impacto del activismo político de los migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos que buscan ejercer sus derechos políticos en México. Se analizan los factores que están creando las condiciones en México para hacer efectivos derechos ciudadanos fundamentales como el voto en elecciones presidenciales y la representación en el Poder Legislativo para ciudadanos en el exterior. La apertura del sistema político mexicano a los migrantes internacionales se atribuye a una convergencia de procesos, que incluyen la incipiente transición a la democracia, la institucionalización de la relación entre migrantes y partidos políticos y el activismo de los propios migrantes, quienes buscan promover reformas electorales y políticas relacionadas con su condición social.

Palabras clave: migración internacional, voto en el extranjero, ciudadanía, México, Estados Unidos.

 

Abstract

This article analyzes the impact of political activism by Mexican migrants living in the United States who seek to exercise their political rights in Mexico. The factors that are creating conditions in Mexico needed to put into effect fundamental citizen rights, such as the vote in presidential elections and representation in the legislative branch for citizens living abroad, are analyzed. The opening of the Mexican political system to the international migrants is attributed to a convergence of processes that include the incipient transition to democracy, the institutionalization of the relationship between migrants and political parties, and the activism of the migrants themselves, as they seek to promote electoral reforms and policies related to their social condition.

Keywords: international migration, the vote abroad, citizenship, Mexico, United States.

 

Introducción

En este estudio se analiza el impacto del activismo político de los ciudadanos mexicanos que han migrado a los Estados Unidos en la política mexicana. Para abordar el tema tomamos como punto de partida la observación de Castles y Miller, quienes afirman que "el significado más perdurable de la migración internacional puede ser su efecto en la política" (1993:231). En el caso mexicano, tal declaración hubiera parecido desproporcionada y risible hace 20 o 30 años. Sin embargo, el transcurso del tiempo le ha otorgado validez, convirtiéndola en una observación cada vez más consistente con la realidad mexicana.

Las pruebas son numerosas. Por ejemplo, en 2003 la legislatura del estado de Zacatecas aprobó una reforma promovida por el Frente Cívico Zacatecano, una organización establecida en Los Ángeles, con la que se reconoce la residencia binacional de los zacatecanos en el extranjero, les permite ser candidatos a puestos de elección popular aunque radiquen en los Estados Unidos y reserva dos lugares en la legislatura estatal para diputados migrantes (Moctezuma Longoria, 2003:18-19). En Michoacán, el gobernador Cárdenas Batel ha presentado una iniciativa para conceder los derechos de votar y ser votados a los michoacanos radicados en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos (Cárdenas Batel y Godoy Rangel, 15 de julio de 2003:1-12). Siguiendo el ejemplo de estos estados, migrantes y autoridades de otras entidades discuten y evalúan la posibilidad de desarrollar reformas propias.

Un ejemplo todavía más elocuente del impacto efectivo de los migrantes es la postura del actual secretario de Gobernación, Santiago Creel, en torno a una posible reforma para hacer realidad el voto migrante (como se le ha definido popularmente) en las elecciones presidenciales. El 1 de julio de 2003 Creel declaró, en la ceremonia oficial de ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que en septiembre el Ejecutivo federal presentaría una iniciativa propia sobre el tema (Michel y Mercado, Milenio, 2 de julio de 2003). Esto causó gran consternación entre los activistas del voto, quienes temían que una iniciativa del Ejecutivo dividiría al Congreso y retrasaría un eventual compromiso. La Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME) se movilizó e inició contactos con la Secretaría de Gobernación para reunirse, discutir alternativas y enfatizar su deseo de promover una reforma que no tuviera paternidad partidista. Se logró programar una reunión con Creel para el 21 de agosto y se acordó trabajar conjuntamente para sacar una reforma que tuviera el respaldo de todos los partidos representados en el Congreso.

La estrategia parece haber dado resultado. En su comparecencia ante la Cámara de Diputados el 23 de septiembre de 2003, al ser cuestionado sobre las propuestas del Ejecutivo federal en torno a la reforma del Estado, que incluye el voto de los mexicanos en el extranjero, Creel presentó una respuesta que refleja la capacidad de los migrantes para influir en las decisiones de las principales instituciones y autoridades del país:

Les informo a las señoras y señores legisladores que estamos trabajando con distintas organizaciones de mexicanos en Estados Unidos para poder lograr un amplio consenso en la materia. Estas mismas organizaciones nos han pedido que no se presente iniciativa por parte del Ejecutivo hasta en tanto podamos contar con una base de apoyo amplio, no solamente con las organizaciones de mexicanos que trabajan y viven del otro lado de la frontera, sino también con un buen acercamiento con los distintos grupos parlamentarios que conforman esta soberanía. Partimos de la base, eso sí, de que todos los (...) mexicanos que estén del otro lado y que tengan su condición de ciudadanos puedan votar a través de las formas más seguras, más eficientes, de tecnología más avanzada que tengamos a disposición (Cámara de Diputados, 2003:30).

Este trabajo tiene como principal objetivo analizar el proceso por el que se ha llegado a esta etapa en la lucha por los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero. De inicio, admitimos que un tema tan complejo como éste requiere reconocer la importancia de numerosos factores que no es posible discutir plenamente en un artículo. Entre éstos incluimos los cambios estructurales que están llevando hacia una mayor integración regional en América del Norte. Por ejemplo, en el mercado laboral de los Estados Unidos existe una gran demanda por la mano de obra mexicana y, por el lado mexicano, los patrones demográficos han hecho de la emigración al norte una opción atractiva para millones de personas, particularmente desde la década de los ochenta. En consecuencia, ha aumentado de manera considerable la población de origen mexicano en los Estados Unidos, haciendo de temas como el voto algo relevante para un sector social cada vez más numeroso.

De acuerdo con el Bureau of the Census, de los Estados Unidos, en 2002 la población latina de los Estados Unidos había crecido hasta alcanzar los 37.4 millones de personas, 66.9 por ciento de ellas de origen mexicano. El 40.2 por ciento de los latinos es inmigrante y el 52.1 por ciento llegó al país entre 1990 y 2002 (United States Bureau of the Census, junio de 2003:1-3). Por otra parte, según el Consejo Nacional de Población (Conapo), de México, la migración mexicana a los Estados Unidos se ha convertido en un fenómeno que impacta a 96 por ciento de los municipios del país, aunque la intensidad es variable (López, 20 de abril de 2003). Para muchos de los migrantes la relación con su país de origen es un tema de vigencia cotidiana, como se demuestra en el envío de remesas, el establecimiento de cientos de clubes de oriundos y el activismo a favor de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero.

Nuestro argumento principal es que en la época contemporánea ha habido una convergencia de diversos procesos que se han entrelazado para crear las condiciones propicias para reformar las políticas migratorias mexicanas. Debido a limitaciones de espacio, enfocaremos nuestra discusión en tres factores: 1) el proceso de democratización en México, que incluye reformas electorales, una posible transición a la democracia y la alternancia en el poder; 2) la relación entre los migrantes y los partidos, y 3) el trabajo político de los propios migrantes, incluyendo las propuestas que han impulsado en el Congreso de la Unión.

Desde nuestra perspectiva, la reintegración política de los ciudadanos radicados en el extranjero, aunque a final de cuentas resulte ser de manera gradual y más lenta de lo esperado por los promotores del voto migrante, es una reforma necesaria para construir un sistema político democrático, incluyente y congruente con la realidad migratoria de México. Afortunadamente, el desarrollo político del México contemporáneo parece dirigirse hacia una mayor inclusión de los ciudadanos en el extranjero.

 

La incipiente e incompleta democracia mexicana y los migrantes

El interés de los migrantes en los procesos electorales ha crecido conforme la nación considera que éstos se vuelven más confiables para transmitir la voluntad popular. En un país como México la confianza de la ciudadanía en la efectividad de su voto es esencial para transitar de un régimen autoritario, presidencialista, con un partido oficial que por décadas monopolizó el poder público, a uno caracterizado, por lo menos, por la democracia política, sin dejar de aspirar a lo que Giovanni Sartori llama la "democracia social" y la "democracia económica" (Sartori, 1997:5-6).

Hace unas décadas, observadores como Almond y Verba (1965:39) planteaban que México era una nación con una "infraestructura democrática relativamente nueva", donde la libertad organizativa resultaba "más formal que real". En un trabajo publicado en 1998, Lorenzo Meyer argumentaba que hasta ese momento el país nunca había tenido elecciones "como las que exigen los cánones de la democracia". Según el analista, la realidad mexicana no se había aproximado a la definición ofrecida por Samuel P. Huntington: "Se considera democrático a un sistema político en la medida en que seleccione al grupo más importante en la toma de decisiones a través de elecciones justas, honestas y periódicas, y que los candidatos compitan libremente por un voto que tiene derecho a emitir prácticamente toda la población adulta" (citado en Meyer, 1998:92). En el caso mexicano, señalaba Meyer, sólo había habido elecciones periódicas, más no se cumplían cabalmente los otros dos elementos (1998:92). Las elecciones de 1997, que incluyó la de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal, daban señales de una apertura posiblemente mayor a la sugerida por Meyer.

Sin duda, se dio un salto cualitativo en la política mexicana con la elección presidencial del 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia con el 42.52 por ciento de los votos. Esta opción por un candidato no priísta inició la alternancia en el poder a nivel nacional e impulsó la transición a la democracia. A pesar de que hay muchos desacuerdos en cuanto a lo que se ha avanzado para alcanzar la democracia política, pocos observadores serios cuestionarían que desde 1977 los procesos electorales se han vuelto más confiables, que ha surgido un sistema multipartidista, que hay una creciente autonomía de los poderes Legislativo y Judicial ante el Ejecutivo federal, y que se consolida la creencia entre importantes sectores de la sociedad mexicana de que es posible y necesario hacer rendir cuentas a las autoridades por medio de instrumentos como el voto e, inclusive, ejerciendo lo que Cansino ha llamado el "abstencionismo razonado" (Cansino, 2003:11).

Por otra parte, en el México de hoy parecen persistir serios problemas, incluyendo simpatías de algunos sectores por el autoritarismo, la falta de confianza de la sociedad en los funcionarios públicos y la existencia de corrupción en varios ámbitos de la vida cotidiana. Algunos observadores señalan que "la tolerancia de la población a la democracia es muy baja" (Notimex, 9 de septiembre de 2003), mientras otros afirman que la situación en México corresponde no a una democracia sino a una "partidocracia", la cual beneficia a las élites partidistas y perjudica a la sociedad y al buen funcionamiento del gobierno (Alemán, 18 de septiembre de 2003).

Si bien la democracia no ha sido perfeccionada en el México contemporáneo, la nación tampoco es la misma de antes de 1977, cuando se adoptaron las primeras grandes reformas electorales. En un estudio publicado en el 2000, Becerra, Salazar y Woldenberg ofrecen una interpretación optimista pero cautelosa al argumentar que

por primera vez en la historia de México están presentes las herramientas, y en general las condiciones sociales que faltaron en otras épocas para construirla: un sistema de partidos fuerte, unas instituciones electorales sólidas, una opinión pública libre y que despliega su capacidad de crítica, una ciudadanía alerta que ha encontrado en el voto un instrumento tanto de inserción en el presente como privilegiado de participación, y una exigencia internacional, si es que queremos ser parte del concierto de las naciones. Así pues, la democracia no es una apuesta ideal; es, sobre todo, una necesidad de nuestra viabilidad como nación (2000:71-72).

La construcción de un régimen democrático se convirtió en una gran demanda nacional a partir de 1968, cuando el sistema político mexicano fue objeto de rechazo por quienes se suponía eran beneficiarios de las políticas públicas y estaban destinados a convertirse en la siguiente generación de líderes del país: los jóvenes universitarios de la clase media urbana.

Más allá de los reclamos sociales que continuarían en años posteriores a 1968, la democratización gradual o liberalización política también se convirtió en una opción para enfrentar los graves y desestabilizadores problemas estructurales. Entre éstos resaltan las crisis económicas que a partir de los setenta terminaron con las ilusiones triunfalistas de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y que, de igual manera, llevaron a Miguel de la Madrid Hurtado a concluir su sexenio con el desprestigio de ser responsable del desenlace de la tan cuestionada elección presidencial de 1988.

Ante este difícil escenario, resultaba imperante fortalecer la legitimidad de las autoridades e instituciones por medio de cambios en las reglas del juego político. De esta manera, sectores reformistas de la clase política se mostraron sensibles a los reclamos sociales y de grupos de oposición, logrando que en 1977 se aprobara la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), la cual se distingue por abrir el Poder Legislativo a partidos de oposición por medio de la representación proporcional. La reforma aumentó el número de diputados a 400, reservando 100 de ellos a la oposición. La LFOPPE permitió una mayor pluralidad al disminuir los requisitos para conceder el registro oficial a partidos políticos, el cual había sido un serio obstáculo para la oposición organizada desde 1946, cuando se le concedió a la Secretaría de Gobernación la discreción de aprobar o rechazar los registros a partidos políticos (Aguayo Quezada, 2000:243; Camp, 1993:147-148).

Otra importante reforma electoral ocurrió en 1986, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se respondió a la molestia ciudadana por el estado de la economía y a demandas sociales por una mayor democratización con modificaciones que otorgaban mayores beneficios a los partidos opositores. El Código Federal Electoral de 1986 dispuso que el número de diputados aumentara a 500, de los cuales 200 (40%) serían electos por la vía proporcional. También estableció que el partido mayoritario no tuviera más de 70 por ciento de las diputaciones y creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral (Aguayo Quezada, 2000:243; Camp, 1993:148-150).

Otro paso importante en las reformas electorales del país fue dado durante el lapso de 1989 y 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y la reconstrucción de "todos los aparatos, los procedimientos y las herramientas de organización de comicios" federales (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000:57). La invención del IFE como un "organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios" es considerada un "paso decisivo para ganar la confianza en el árbitro electoral, si bien la conformación de sus órganos seguía siendo tema de debate" (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000:300-301). Con esta reforma también se sustituyó el Tribunal de lo Contencioso Electoral con el Tribunal Federal Electoral, se adoptó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y se introdujo la credencial de elector con fotografía (Aguayo Quezada, 2000:243).

La autonomía, imparcialidad y funciones del IFE fueron fortalecidas con reformas adicionales en 1993. En ese año se aprobaron otras medidas que modificaban al Poder Legislativo, incluyendo la reducción de 70 a 63 por ciento en el número de diputaciones que podía tener el partido que resultara mayoritario. En el Senado la representación por entidad federativa se aumentó de dos a tres, reservando un lugar para la primera fuerza minoritaria. Otra serie de reformas, relacionadas con las finanzas partidarias, el uso de medios masivos de comunicación y el Tribunal Federal Electoral, hacían los procesos electorales más imparciales y designaban a las máximas autoridades para resolver las disputas.

Las múltiples crisis políticas de 1994 llevaron al gobierno y a los partidos políticos a iniciar otra ronda de reformas para evitar el caos y fortalecer la incipiente democracia. En 1994 el IFE sufrió una importante transformación al ser ciudadanizado. También se realizaron reformas para conceder legitimidad y legalidad al trabajo de los observadores nacionales y extranjeros (Aguayo Quezada, 2000; Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000).

Finalmente, las recurrentes crisis económicas y políticas contribuyeron a la consideración de otro impresionante paquete de reformas aprobado en 1996. Los cambios fueron el resultado de un largo proceso de negociación entre el gobierno y los partidos representados en el Congreso. Estas modificaciones formaban parte de una agenda para la reforma política del Estado e incluían temas generales, como legalidad y representación, régimen de partidos, competencia, organización del proceso electoral, órganos y autoridades electorales, y derechos políticos (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000:382-384). Entre los temas específicos de la agenda se encontraban la elección directa del jefe del gobierno del Distrito Federal, la creación de las agrupaciones políticas nacionales, la limitación a un máximo de 300 diputados al partido mayoritario en la Cámara Baja y el inicio de la representación proporcional en el Senado.

Las reformas electorales de 1996 se distinguen por reintroducir el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero. Se reformó el artículo 36 constitucional, eliminando un requisito residencial para establecer que "los mexicanos son titulares del derecho y la obligación de votar, independientemente del lugar en el que se encuentren el día de las elecciones" (IFE, 1998:2). El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), de noviembre de 1996, refleja las nuevas reformas e incluye un octavo artículo transitorio diseñado para institucionalizar la participación electoral de la población migrante. El transitorio condiciona el ejercicio del sufragio migrante a la existencia de un Registro Nacional Ciudadano y de una Cédula de Identidad Ciudadana, que serían responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, así como de un estudio sobre las modalidades del voto, que correspondería a una comisión de especialistas designada por el IFE (IFE, 1996:301-302).

Para los migrantes, la reforma de 1996 representaba una posibilidad de reincorporación a la nación mexicana en igualdad de condiciones con otros ciudadanos y la posibilidad de, finalmente, desechar un legado histórico de exclusión de los dos sistemas políticos nacionales a los que estaban vinculados por participar en los procesos de migración internacional. A partir de 1996 ya no era necesario debatir si los migrantes deberían votar o no. Más bien, el siguiente paso era decidir cómo, cuándo y quién votaría. Sin embargo, el debate sobre el tema ha ocurrido después de haberse aprobado una reforma permitiendo el voto extraterritorial, posponiendo la instrumentación de un derecho que ya fue reconocido por el Congreso de la Unión. Éste es un ejemplo más de los retos que una nación como la mexicana enfrenta para actualizar sus instituciones en una realidad contemporánea caracterizada por la migración internacional.

 

La demanda por el voto migrante: antecedentes

La literatura académica sobre la migración mexicana a los Estados Unidos es cada vez más extensa y rica, pero todavía adolece de grandes deficiencias. Hasta la fecha, se han descuidado asuntos tan importantes como la relación entre el sistema político mexicano y la población migrante. Un caso concreto es el Estudio binacional (1998), el cual consta de tres tomos repletos de valiosos artículos que documentan muchos aspectos de la migración mexicana, menos el político.

Por lo mismo, sabemos muy poco sobre las demandas políticas que los migrantes han hecho a las autoridades mexicanas a lo largo de la historia y los logros que han tenido en este renglón. Los derechos políticos de los migrantes es un asunto que no llamó la atención de la academia mexicana durante la mayor parte del siglo pasado.

La escasa investigación que se ha hecho sobre este asunto nos muestra que, por lo menos desde 1929, los migrantes expresaron el deseo de poder ejercer sus derechos políticos aun estando en los Estados Unidos. Hay evidencias de que los migrantes que simpatizaban con la candidatura presidencial de José Vasconcelos viajaron de California a México para participar en la convención del Partido Nacional Antireeleccionista. El programa político que adoptaron los vasconcelistas californianos contenía 14 puntos. El segundo de éstos proponía que "La condición de mexicano y de ciudadanía debe conservarse de acuerdo con nuestra Constitución vigente", mientras que el cuarto expresaba el deseo de "Hacer que el mexicano ejerza todos sus deberes y derechos de ciudadano desde el exterior" (Santamaría Gómez, 2001:138-139). Llama la atención que en el cuarto punto los vasconcelistas migrantes enfaticen no sólo los derechos sino también los deberes ciudadanos, lo cual señala el grado de compromiso que deseaban establecer en la relación con su tierra natal.

Hasta la fecha no se ha documentado la evolución de esta demanda en las siguientes décadas de la historia nacional. La literatura existente sólo ha logrado documentar el resurgimiento del tema en los setenta, cuando la LFOPPE establece lo siguiente, en el artículo 125, en referencia a la inscripción de mexicanos radicados en el extranjero en el Registro Nacional de Electores: "Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos deberán solicitar su inscripción en la forma y modalidades que acuerde la Comisión Federal Electoral" (LFOPPE, 1982:95).

Como señala un investigador del tema, ni la LFOPPE ni reformas posteriores indicaron cómo se podía llevar a cabo tal inscripción, pues no se establecieron los mecanismos ni los lugares para ello (Sandoval Palacios, 2000:12). Además, el asunto perdió importancia en los años siguientes, pues en la reforma electoral de 1982 se eliminó el artículo concerniente al empadronamiento de la población migrante.

Una posible pista sobre la aparición del artículo 125 en la LFOPPE es presentada por Porfirio Muñoz Ledo, quien afirma que desde 1975 propuso la inclusión de una reforma electoral para permitir el sufragio migrante en la elección presidencial de 1976. Luego señala por qué no se concretó la posibilidad en 1975:

Los argumentos en contra fueron los mismos que ahora se han esgrimido: el peligro de la influencia extranjera, la permisibilidad simétrica que supuestamente otorgaríamos a nuestros vecinos y -en el fondo- el temor del futuro al voto opositor. Ninguno, en realidad, que resistiera el análisis jurídico, revelara conocimiento de la verdad o correspondiera a un genuino interés patriótico. Aun así, el prejuicio se impuso y hubimos de conformarnos con el sufragio simbólico en unas cuantas ciudades del extranjero (Muñoz Ledo, 1998).

En la década siguiente apareció el voto como causa abanderada por diversas agrupaciones de migrantes que buscaron influir en los sucesos políticos de México, particularmente a raíz del turbulento proceso electoral de 1988. El voto fue exigido por personas establecidas en California, Texas, Arizona, Illinois, y otras entidades estadunidenses, a través de organizaciones como la Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo, Mexicanos por el Derecho al Voto en el Exterior y comités que apoyaban las candidaturas presidenciales de Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas (Sandoval Palacios, 2000:13).

Para los mexicanos en los Estados Unidos, la elección de 1988 también se convirtió en un evento de gran significado histórico. Si el interés por los sucesos en la patria parece ser una constante histórica entre los mexicanos al norte del río Bravo, como se sugiere en estudios relevantes (Gamio, 1969; Craig, 1983; Raat, 1993; Gómez-Quiñones, 1994; Santamaría Gómez, 1994; Rivera-Salgado, 1999; Santamaría Gómez, 2001; Martínez Saldaña, 2001; Calderón Chelius y Martínez Saldaña, 2002), éste se intensificó en 1988, estimulando el inicio de una nueva etapa de activismo migrante. Los activistas combinaban asuntos relacionados con la problemática cotidiana de sus familias y comunidades, tales como la extorsión que padecían al retornar a territorio nacional o la inadecuada prestación de servicios en consulados, con los grandes cambios políticos que ocurrían en México y con el deseo de poder votar desde los Estados Unidos (Martínez Saldaña y Ross, 2002).

De igual manera que otros sectores sociales en México, las mujeres y hombres que realizaron y apoyaron tal activismo expresaban el deseo de poder realizar cambios políticos a través del proceso electoral. De esta forma, las elecciones y el voto ciudadano eran reconocidos como instrumentos con el potencial para transformar y mejorar la vida de las comunidades migrantes en ambos lados de la frontera. Con su reclamo por derechos políticos como el voto, los mexicanos en los Estados Unidos concedían legitimidad a la democratización de su país de origen.

 

Institucionalización de la relación entre partidos políticos y migrantes

Con la creciente importancia de los partidos en la vida política del México contemporáneo y el surgimiento de una auténtica competencia por los puestos legislativos, ha aumentado el contacto que existe entre los partidos políticos y la población migrante. Los partidos han empezado a valorar el potencial político de los migrantes y sus familiares. En el 2000, la Comisión de Especialistas establecida por el IFE informó que los mexicanos en el extranjero que eran elegibles para votar en la elección presidencial ascendían a 10 millones 787 mil, que representaban el 15.38 por ciento del electorado nacional (IFE, 1998:9), una cifra considerable que no puede ser ignorada en el ambiente competitivo del México contemporáneo.

La magnitud de este potencial electorado ha hecho que, de una manera u otra, los tres partidos principales de México cultiven los vínculos con los migrantes. El Partido Acción Nacional (PAN) ha manifestado más cautela para formalizar la relación, a pesar de encontrar muchos simpatizantes al norte del Bravo en las visitas que Vicente Fox y otros funcionarios panistas hicieron a California y Chicago durante el proceso electoral del 2000. En ese entonces Fox había conseguido el respaldo del Comité Pro-PAN de Chicago y de Mimexca (Migrantes Mexicanos por el Cambio), una organización establecida en California en 1999 y que durante el proceso electoral del 2000 aseguró tener afiliadas a más de 400 mil personas que respaldaban la candidatura presidencial del ex gobernador de Guanajuato (López, 17 de mayo del 2000).

La campaña del 2000 y la victoria de Fox alentaron al PAN a considerar estrategias para institucionalizar una posible relación sin violar sus principios partidistas o las leyes mexicanas. En la actualidad, el PAN tiene un director de Organización en el Extranjero y recluta a sus simpatizantes dentro y fuera del territorio nacional ofreciéndoles el estatus de "miembro adherente" del partido. De acuerdo con los estatutos partidarios, los "miembros adherentes" se distinguen de los "miembros activos" porque, a diferencia de los segundos, no gozan de derechos ni contraen obligaciones con el partido (PAN, diciembre de 2001:4-5). Para los migrantes, entre los beneficios de la membresía adherente está la posibilidad de convertirse en miembro activo al retornar al país. Asimismo, en el "Reglamento de Miembros de Acción Nacional" se les extiende a los panistas adherentes la posibilidad de ser "sujeto de los esfuerzos de comunicación que emprenda la institución, así como de invitaciones regulares a los eventos partidarios de diversa índole" (PAN, 2003:1-4).

Por otra parte, tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tienen organizaciones filiales en los Estados Unidos y ha habido representación oficial de los migrantes en sus respectivos consejos nacionales. Los representantes migrantes pueden promover reformas partidistas y gubernamentales, así como impulsar sus intereses dentro de la estructura partidista. Por ejemplo, antes de las elecciones federales de 2003 se suscitó un acalorado debate en el PRI en torno a la posible inclusión de migrantes en la lista de diputados plurinominales. Los migrantes Felipe Cabral y Luis de la Garza recibieron el respaldo de militantes priístas y no priístas en los Estados Unidos, incluyendo el de Samuel Ruiz, dirigente de priístas zacatecanos, así como el de Rafael Hurtado, Carlos Villanueva y Jorge Mújica. Sin embargo, tanto Cabral como De la Garza quedaron imposibilitados para contender debido a que habían adoptado la ciudadanía estadunidense. Otros militantes del PRI en los Estados Unidos, incluyendo los consejeros Nelly Paredes y Octavio Augusto Pescador (California) y María D. Amescua (Illinois), propusieron como candidato de los migrantes a José Ángel Pescador Osuna, antiguo cónsul mexicano en Los Ángeles y actual presidente de la Comisión para Mexicanos en el Exterior del CEN del PRI (Hernández y Garduño, Milenio, 24 de abril de 2003). La candidatura de Pescador Osuna enfrentó una férrea oposición de algunos priístas en los Estados Unidos, quienes consideraban que el candidato debía ser un migrante, no un funcionario.

La institucionalización de relaciones formales entre partido y migrantes fue temprana en el caso del PRD. El partido fue creado en 1989, pero la integración de migrantes a lo que resultaría ser este partido ocurrió desde que se desarrolló la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia en 1988. Al nacer el partido se buscaron formas de institucionalizar el apoyo de los migrantes. Una solución fue la creación de comités de base en varias ciudades estadunidenses. En California se logró establecer un Consejo Ejecutivo Estatal en 1989, creando una estructura formal para intentar consolidar el respaldo que le brindaran al movimiento cardenista individuos y organizaciones (Dresser, 1993:100). Las relaciones cotidianas eran conducidas oficialmente por medio de la Secretaría de Relaciones Internacionales, aunque los contactos personales de los migrantes con los altos dirigentes del partido les permitían tener acceso directo a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo (Martínez Saldaña, 2002).

Los "Estatutos" y el "Reglamento de Ingreso y Membresía" del PRD otorgan importancia a sus militantes en los Estados Unidos, permitiéndoles adquirir la membresía, ocupar puestos de dirigencia, asistir como delegados al Congreso Nacional y establecer comités partidistas (PRD, 2001:1-10; PRD, 2002:17-21). En la página electrónica del partido se identifican comités de base en Anaheim, Los Ángeles, Maywood, Newman, San Diego, San José, Santa Ana y Stockton, todas ciudades californianas, así como en Chicago (www.prd.org.mx, 2003). Además de las relaciones con los comités partidistas, funcionarios perredistas (como los gobernadores Ricardo Monreal, de Zacatecas, y Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán) mantienen relaciones institucionales con clubes y federaciones de oriundos, lo cual contribuye a mantener viva la agenda migrante en los asuntos de esas entidades, incluyendo, en estos dos casos, iniciativas para extender derechos políticos a zacatecanos y michoacanos en los Estados Unidos.

La relación entre el PRD y los simpatizantes en los Estados Unidos ha tenido altibajos, pero se ha mantenido la constancia en temas tan prioritarios como el voto. Esto ha llevado a que perredistas al norte del Bravo desarrollen una alta afinidad por el tema y sean pioneros en manifestarse a favor de reformas políticas ambiciosas, que incluyen crear una sexta circunscripción para permitir la representación de 40 migrantes en el Congreso de la Unión y 10 en el Senado de la República, de acuerdo con una iniciativa presentada el 4 de octubre de 2001 por el diputado Gregorio Urías Germán (Martínez Cossío y Ross Pineda, 2002).

Los consejeros migrantes del PRD buscan promover su agenda dentro del partido. En un documento preparado el 9 de diciembre del 2002, tres de ellos abogan para que su partido impulse

la lucha que históricamente hemos dado los propios migrantes por el respeto a nuestros derechos laborales, sociales, humanos y políticos. Atención especial merecen dos luchas: por la legalización migratoria de cuatro millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos y por la inmediata puesta en práctica de nuestro derecho constitucional a votar y ser votados en el extranjero (Aguirre, Arango y García, 2002:1).

En comparación con el PRD, el PRI ha mantenido una relación más inconsistente con los migrantes, en general a favor de la incorporación de éstos a las filas partidistas, pero rechazando el voto y otros derechos políticos formales. En su calidad de partido oficial, el PRI se opuso a la demanda por el voto durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Al intensificarse la demanda durante el periodo 1998-1999, funcionarios del Ejecutivo federal (incluyendo el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa) y dirigentes parlamentarios y partidistas se convirtieron en los principales críticos de las propuestas para instrumentar la extensión del sufragio a los migrantes. Su oposición resaltaba las dificultades técnicas y logísticas, un supuesto elevado costo y el temor a que se vulneraría la soberanía nacional. La argumentación era consistente con los trabajos de intelectuales como Jorge Carpizo y Diego Valadés (1999). No obstante la importancia de sus observaciones, los autores no ofrecen pruebas concretas de los problemas a los que hacen referencia en sus obras, como la posible amenaza a la soberanía nacional. Su interpretación refleja un profundo desconocimiento de la migración mexicana y de la historia de la comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos.

Antes de la elección del 2000, el partido oficial y sus simpatizantes temían que los migrantes apoyaran a la oposición. Por lo mismo, tanto el PRI como el Ejecutivo federal se distinguieron por obstaculizar cualquier reforma que se presentaba para hacer posible el voto migrante (Martínez Cossío, 2001:251-270).

Irónicamente, a pesar de su oposición al voto, el PRI incluyó en su lista de candidatos a diputados a Eddy Varón Levy, un militante radicado en Los Ángeles y que tenía fuertes lazos con algunos dirigentes partidistas. Varón Levy logró colarse en la lista de diputados plurinominales y se convirtió en miembro del Congreso de la Unión en la misma elección en la que el PRI perdió la presidencia.

Como resultado de la derrota en los comicios presidenciales del 2000 y el cambio en la dirigencia nacional del partido, ha habido en el PRI un ajuste en torno a los migrantes y sus derechos. Ahora, en sus documentos y en su discurso partidista el PRI se expresa a favor de la extensión de los derechos ciudadanos a la población mexicana residente fuera del país. Esto se refleja en la "Plataforma Electoral 2003" aprobada por el Consejo Político Nacional (CPN) del tricolor. Según este documento:

Los priistas hemos estado en relación estrecha con ellos y sabemos que los mexicanos residentes en el exterior mantienen vínculos sentimentales y económicos con 40 millones de mexicanos que son sus familiares y amigos en sus lugares de origen y son un factor dinámico en la vida de varias regiones de nuestro país. Por ello estamos convencidos de la necesidad de atención de sus puntos de vista y sus problemas por los Poderes de la Unión.

El PRI ha sido y deberá seguir siendo el líder en la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero (pri, 2003:46-47).

El interés del PRI por el apoyo de los migrantes no es nuevo. En la administración salinista se intentó establecer una presencia organizativa por medio de la Secretaría de Asuntos Internacionales y sus Comités de Apoyo a Compatriotas (CAC). De acuerdo con una fuente partidista, -φ-para 1994 ya había 14 comités: siete en California, uno en Nevada, dos en Texas, dos en Arizona, uno en el estado de Washington y otro en Illinois. Según la fuente, para los migrantes con los que trabajaba el PRI "el vértice del contacto con México es el Partido" (Torres, 1994:8-11). Según esta lógica, si el PRI representaba a los migrantes era innecesario extender el sufragio a los ciudadanos en el exterior.

Actualmente, el PRI le otorga representación a seis migrantes en el CPN y ha establecido una estructura organizativa para conducir la relación con los mexicanos en los Estados Unidos. A nivel estatal, el PRI zacatecano ha hecho lo mismo, abriendo sus puertas a cuatro migrantes en 2002 (Cabral, 6 de febrero de 2002). El CPN priísta incluye un Consejo Técnico de Asuntos de Política Internacional, presidido por José Murat Casab, actual gobernador de Oaxaca y uno de los dirigentes partidistas que ha expresado mayor respaldo al voto migrante. En las comisiones del CPN existe la Comisión Temática y de Dictamen de Asuntos de las Fronteras. En la Sección Frontera Norte de dicha comisión el secretario es Luis de la Garza, un empresario migrante radicado en Texas. En la Comisión Temática y de Dictamen de Asuntos de los Mexicanos en el Exterior se encuentra como presidente José Ángel Pescador Osuna, antiguo cónsul mexicano en Los Ángeles. La Comisión Temática y de Dictamen de Asuntos Migratorios la preside la diputada oaxaqueña Irma Piñeiro, quien ha colaborado con el gobernador Murat en la relación con la población migrante y ha expresado apoyo al voto extraterritorial.

Más recientemente, el PRI ha declarado que en la agenda legislativa para la Cámara de Diputados el voto de los mexicanos en el extranjero "es prioritario". También informó que está desarrollando "una propuesta de reforma electoral con 20 organizaciones de California, Illinois, Nueva York y Chicago". Asimismo, ha declarado que con la colaboración de clubes de oriundos de Zacatecas, Durango, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca ha abierto seis oficinas "de gestión social" en territorio estadunidense: dos en Texas, dos en California, una en Illinois y una en Nueva York (El Heraldo de México, 7 de junio de 2003:1). Armando López, coordinador de Asuntos Migrantes del CEN del PRI, también ha afirmado que el voto migrante será la punta de lanza de su proyecto político, esperando hacer posible su ejercicio en el 2006 (Reforma, 15 de agosto de 2003). Será interesante ver si el PRI, que salió fortalecido con los resultados de las elecciones federales de julio de 2003 y es el partido con mayor representación en ambas cámaras del Congreso, cumple las promesas que ha hecho a los ciudadanos en el exterior, incluyendo a sus simpatizantes y consejeros.

 

Ejercicios de participación ciudadana

Los migrantes no han limitado su trabajo político al cultivo de las relaciones con los partidos. También han desarrollado interesantes formas para presionar a las autoridades mexicanas por medio de movilizaciones sociales y ejercicios de participación ciudadana, como son las elecciones simbólicas. A pesar de severas limitaciones presupuestales y de otra índole, las elecciones simbólicas han hecho evidente el interés ciudadano en los procesos electorales y promovido la organización de los migrantes. Las elecciones simbólicas se han realizado en las últimas dos elecciones presidenciales, generando la participación de miles de personas que pueden comprobar su ciudadanía mexicana en el momento de emitir su voto. Tan sólo en la elección del 2000 se emitieron 16 318 votos en 76 casillas instaladas en varias ciudades estadunidenses, principalmente en California, Texas e Illinois (Coordinadora Nacional de las Elecciones en Estados Unidos, 2000:1).

El éxito relativo de las elecciones simbólicas ha convencido a migrantes de que es factible realizar otros ejercicios de participación ciudadana transnacional. Por ejemplo, el 21 de marzo de 1999 miles de mexicanos en los Estados Unidos participaron en la consulta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizó para promover los derechos indígenas. Para los mexicanos fuera de territorio nacional, el EZLN accedió a agregar una pregunta específica sobre el derecho de los mexicanos en el extranjero a participar en los procesos políticos del país (EZLN, 14 de febrero de 1999). La pregunta quedó de la siguiente manera: "¿Estás de acuerdo en que los mexicanos y mexicanas que radican en el extranjero deben ser parte activa en la construcción de un México nuevo y tener derecho al voto en las elecciones?" Las opciones posibles eran "Sí", "No" y "No sé". Aproximadamente, 190 brigadas de simpatizantes zapatistas fueron registradas en los Estados Unidos (Cason y Brooks, 22 de marzo de 1999). Aunque no se difundió el total de los votos emitidos al norte del Bravo, muchas de las brigadas reportaron la asistencia de cientos y hasta miles de personas a las casillas que instalaron. Por ejemplo, en Fresno, California, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) informó que sólo en esa región habían participado 1 627 personas, la inmensa mayoría expresando un "Sí" a las cinco preguntas de la consulta.¹

Los migrantes también han promovido el voto por medio de campañas de recaudación de firmas, que han sido entregadas a autoridades mexicanas ya sea en los consulados o en cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Como se ha demostrado, dichas campañas han recogido el apoyo de decenas de miles de personas, involucrando activamente a muchos activistas y a otras personas que simpatizan con la demanda (Martínez Saldaña, 2002).

El arribo de innovaciones tecnológicas como el internet, el correo electrónico y los grupos de discusión ha facilitado la comunicación a larga distancia, logrando establecer contacto casi inmediato con cientos o miles de personas con poca inversión de tiempo y otros recursos. En la actualidad existen páginas electrónicas de agrupaciones como Organizaciones de Mexicanos en el Exterior (OME) y de perredistas californianos, y son impresionantes las listas de correo que manejan tanto la sede en Chicago de la Coalición Internacional de Mexicanos en el Exterior (CIME) como la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior (AMME), la Fundación México y la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME).

Una alternativa más radical, empleada con frecuencia en momentos de alta tensión política, es protestar ante consulados mexicanos. Las protestas fueron comunes en 1988, particularmente después de haberse reconocido la victoria de Carlos Salinas de Gortari, y de nuevo en 1994, al iniciarse la respuesta militar del gobierno mexicano a la insurgencia zapatista. Las protestas han generado mucha cobertura por parte de los medios de comunicación en los Estados Unidos y México (Martínez Saldaña, 2002). La frecuencia de las protestas ha disminuido considerablemente desde 1994, aunque han resurgido en ocasiones con la visita a los Estados Unidos de funcionarios mexicanos que son criticados por algunos activistas por su rechazo a reformas como el voto migrante. Así ocurrió en mayo de 1999 con el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien rehusaba apoyar públicamente el voto migrante y en un viaje a California fue objeto de protestas por parte de activistas que deseaban entregarle el premio "La Pierna de Santa Anna" por "traicionar" los derechos de los migrantes mexicanos. Los activistas nunca lograron encontrarse con el mandatario, pero establecieron contacto con representantes de su gabinete, con quienes acordaron programar una reunion posterior en Los Pinos.

 

El cabildeo binacional y las iniciativas

Una estrategia que se ha popularizado desde 1998 consiste en organizar delegaciones de migrantes para viajar a México y cabildear ante el Congreso de la Unión, los partidos políticos, la Presidencia de la República, los gobiernos estatales, las organizaciones civiles y sindicatos, el IFE y los medios de comunicación. Desde 1998 ha habido decenas de delegaciones, a las cuales se han integrado militantes partidistas, líderes de clubes y federaciones de oriundos, dirigentes de agencias comunitarias que atienden a la población migrante, campesinos, periodistas, académicos, sindicalistas, empresarios, doctores, representantes religiosos y personas de otras profesiones y sectores sociales, como lo demuestran los informes de prensa de instituciones como la Secretaría de Gobernación (Segob, 21 de agosto de 2003).

Prácticamente, todas las delegaciones que se han organizado tienen entre sus objetivos hacer propuestas concretas a los funcionarios públicos o dirigentes políticos. Entre las visitas más significativas estuvo la hecha a mediados de febrero de 1998 por una veintena de migrantes que, al llegar al Distrito Federal, adoptaron el nombre de Coalición de Mexicanos en el Exterior: Nuestro Voto en el 2000. Un logro de esta agrupación fue reactivar el debate sobre el voto migrante, que casi había desaparecido de la luz pública desde la aprobación de las reformas electorales en 1996. Poco después de la visita, el IFE finalmente creó una comisión de especialistas cuya misión era estudiar la viabilidad del voto extraterritorial. Esta comisión entregó el estudio en noviembre, ofreciendo importantes hallazgos, entre los que destacan la viabilidad técnica del voto migrante, el interés generalizado (83%) entre los migrantes de ejercer el sufragio, el alto número de posibles votantes en el exterior (10.787 millones en el 2000, que representaban 15 por ciento del electorado nacional), las numerosas modalidades para votar desde el extranjero, la concentración de la mayoría de los migrantes en pocos condados estadunidenses y los relativamente razonables costos del sufragio (IFE, 1998).

A pesar del estudio del IFE, el sufragio migrante no se podía considerar para la elección presidencial del 2 de julio del 2000 sin reformas secundarias para instrumentar el voto. La fecha límite para tales reformas era un año antes del día de la elección. No es de sorprender que desde febrero de 1998 hasta junio de 1999 hubo un inusitado debate nacional sobre el voto migrante, caracterizado por la partidización del tema y por el rechazo a las posibles reformas por parte del Ejecutivo federal y el PRI, que incluía a sus fracciones parlamentarias. Como señala la cronología desarrollada por Nayamín Martínez Cossío y Raúl Ross Pineda (2002:113-131), los migrantes que abogaban por el voto realizaron un activismo sin precedentes en ambos lados de la frontera, creando nuevas organizaciones y coaliciones binacionales, organizando foros públicos, desarrollando campañas publicitarias y cabildeando en México para que se aprobara alguna reforma, por muy modesta que fuera.

La situación culminó en junio de 1999 con la llegada a México de representantes de las principales organizaciones creadas por los activistas para participar en el Foro Binacional de Organizaciones Ciudadanas. Reglamentación del Voto Mexicano en el Exterior, realizado el 7 y 8 de junio. Se reunieron en el Distrito Federal durante casi una semana, llevando a cabo un intenso trabajo de cabildeo con los partidos, las comisiones legislativas, las fracciones parlamentarias y las autoridades del Ejecutivo federal. Inclusive, se programó la mencionada reunión con el entonces presidente, Ernesto Zedillo, pero el mandatario decidió partir a Jalisco el día del supuesto encuentro. Con esa señal quedó claro que el desenlace sería desagradable para los migrantes (Martínez Saldaña, 2002). En efecto, el 1 de julio, el último día para aprobar una reforma electoral aplicable a la elección del año siguiente, la fracción mayoritaria del PRI en el Senado se ausentó del recinto y no hubo quórum para realizar una sesión. Como respuesta, los activistas declararon que trabajarían durante el siguiente año para sacar al PRI de Los Pinos.

La negativa del PRI a apoyar alguna iniciativa sobre el voto migrante tuvo eco entre muchos migrantes, entre ellos los miembros y dirigentes de una nueva organización, Mimexca. De acuerdo con un comunicado de la campaña presidencial de Vicente Fox, "Mimexca es un grupo que representa a los mexicanos en Estados Unidos y una de las razones que los orilló a reunirse fue la negativa del PRI de otorgar el derecho al voto a todos los connacionales que viven en la Unión Americana" (www.vicentefox.org, 22 de diciembre de 1999).

Al no poder votar, algunos de los migrantes activistas con fuertes vínculos con las dirigencias partidistas intentaron conseguir su inclusión en las listas de diputados plurinominales de los partidos de oposición. De esta manera, Raúl Ross (de Chicago) y José Jacques Medina (del área de Los Ángeles) obtuvieron lugares en las listas del PRD, aunque ninguno de los dos en lugar privilegiado. En consecuencia, ambos quedaron fuera debido a la baja preferencia del electorado nacional por el PRD en la contienda electoral del 2000. Como se mencionó, el único mexicano radicado en los Estados Unidos que logró una diputación federal fue el priísta Eddie Varón Levy.

Otro momento decisivo en el desenlace de las campañas a favor del sufragio de los mexicanos en el extranjero ocurrió en marzo de 2002. En esa ocasión, una delegación de la CDPME descubrió una situación distinta a la que existía antes de la elección del 2000 y de la llegada de Fox a la presidencia. En sus reuniones de alto nivel con el presidente Vicente Fox y miembros de su gabinete, con las dirigencias nacionales partidistas y las fracciones parlamentarias, los migrantes se percataron de que el discurso había cambiado, inclusive en el PRI, otrora principal opositor al voto migrante. En un encuentro con la delegación, dirigentes nacionales del partido hicieron una reveladora confesión. Admitieron que antes se habían opuesto al voto migrante pero que el "nuevo" PRI ahora estaba no sólo a favor del voto migrante sino también de que los mexicanos en el extranjero pudieran ejercer todos sus derechos políticos.

Para abril de 2003 se habían presentado en el Congreso de la Unión 13 iniciativas de ley sobre el voto migrante. Cinco eran propuestas del PAN, cuatro del PRD, tres del PRI y una de la alianza PAN-PRD-PT-PVEM (CDPME, 24 de abril de 2003:2). Sin embargo, todas permanecían sin dictamen debido, por una parte, a los desacuerdos existentes entre las fracciones parlamentarias y, por otra, a las características de las mismas iniciativas. A esta lista se agregó la "Propuesta Ciudadana de Ley que Reforma Diversos Artículos y Adiciona un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos", la cual fue presentada al Senado de la República por la CDPME el 24 de abril de 2003. La "Propuesta Ciudadana" ofrece una modalidad para crear mayores consensos entre promotores y oponentes del voto: permitir el ejercicio del voto y representación política por etapas. Con esto se intenta expandir gradualmente los derechos entre la población migrante para así poder evaluar el funcionamiento de las reformas y disminuir los temores de fuerzas opuestas al sufragio de la población en el exterior.

Concretamente, la iniciativa de la CDPME propone aprobar para el 2006 el voto en el exterior para la Presidencia de la República y establece que los partidos políticos incluirán, por lo menos, a un migrante entre los primeros ocho lugares de la lista de diputados plurinominales en cada una de las cinco circunscripciones electorales. Para el 2009 se propone que los mexicanos en el extranjero puedan ser candidatos para la Cámara de Diputados, según la modalidad adoptada por el Congreso. Para el 2012 la CDPME propone que los migrantes puedan ejercer plenamente "los derechos de votar y ser votados para los puestos federales de elección popular" (CDPME, 24 de abril de 2003:10).

La "Propuesta Ciudadana" fue el resultado de reuniones y foros públicos realizados en la ciudad de México, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla, así como en territorio estadunidense (Chicago, Los Ángeles, Tucson, Fresno y Dallas-Forth Worth). A estos eventos acudieron activistas migrantes, académicos, legisladores, autoridades nacionales y estatales, incluyendo gobernadores de estados como Oaxaca y Michoacán.

Después de entregar su iniciativa, la CDPME difundió el documento y entabló discusiones con dirigentes parlamentarios y funcionarios de alto nivel del Poder Ejecutivo para intentar crear consenso sobre una posible reforma que se pudiera adoptar para abril de 2004. Es esta misma propuesta la que se presentó al secretario de Gobernación, Santiago Creel, el 21 de agosto de 2003 y que ha contribuido a las negociaciones con el Poder Legislativo. Según declaró el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco José Paoli Bolio, al terminar la reunión con la CDPME:

Ahora vamos a impulsar con los distintos actores, vamos a conversar también con otros grupos y, a partir de esto, se podrá formular una iniciativa, que todos deseamos sea de consenso, de un consenso amplio, no sólo del Ejecutivo y del Legislativo en México, sino con las organizaciones y con los diversos actores académicos, sociales, económicos, que tienen interés en este tema, para llegar con una posición muy fuerte, en la que haya una definición muy clara (Segob, 21 de agosto de 2003).

 

Conclusión

El tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero se ha integrado a la vida cotidiana de nuestra nación, transformando las tareas de las instituciones gubernamentales y electorales, de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de otros sectores de la sociedad mexicana.

A estas alturas, el debate sobre este asunto ya no se centra en discutir si los migrantes deben o no ejercer el derecho a votar en futuras elecciones, pues hasta el mismo PRI ha presentado iniciativas para instrumentar este derecho, que fue reconocido en 1996. Los cambios políticos que han ocurrido recientemente en México, y en los que los migrantes han tenido un papel protagónico, han dejado atrás esa pregunta. Más bien, actualmente las tareas políticas se enfocan en responder cómo, cuándo y quién podrá votar. En este sentido, los migrantes también han aportado propuestas, buscando llegar a un consenso con los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la mejor reforma para el país.

Si bien es cierto que la participación electoral de los mexicanos en el exterior no es un hecho consumado, hay posibilidades de que el sufragio y la representación política puedan lograrse próximamente. Esto ocurre a pesar del letargo legislativo y de la oposición activa de importantes fuerzas políticas, incluyendo destacadas personalidades de la comunidad intelectual. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, su oposición a la extensión de los derechos políticos a los migrantes mexicanos puede considerarse una causa perdida, pues es una postura a destiempo con varios procesos que ocurren en la época contemporánea, que incluyen los factores examinados en este estudio, así como la tendencia global a extender los derechos formales a los ciudadanos en el extranjero (Calderón Chelius, 2003), la creciente importancia de la migración en diferentes ámbitos de la vida en México (economía, turismo, cultura, comercio, política, etc.), la proliferación de organizaciones con perfil transnacional (clubes y federaciones de oriundos) y lo que Soysal (1994) llama "praxis cotidiana" de los migrantes internacionales, que los lleva a ejercer una membresía múltiple y a desarrollar una "ciudadanía posnacional", que no se limita a la extensión territorial del Estado nacional. Sobre todo, es una oposición a un derecho que ya fue reconocido en las reformas de 1996. Los opositores pueden posponer más no impedir el voto migrante.

Más allá de los cambios que se han discutido, es necesario que haya resultados concretos para no postergar más la participación formal de los migrantes. La consolidación de una democracia incluyente en una nación de emigrantes como México no es un lujo, sino una necesidad para enfrentar más adecuadamente los desafíos de hoy y del mañana. Sólo hay que ver las proyecciones del Consejo Nacional de Población para darnos cuenta de que la migración mexicana a los Estados Unidos continuará siendo alta en las próximas décadas. Por ejemplo, en 1996 se consideraba que había poco más de siete millones de mexicanos en los Estados Unidos. De mantenerse constantes las tasas de emigración, es posible que para el 2030 esa cantidad se haya incrementado a 16.885 millones (Conapo, 1999:45). ¿Puede México ser una nación democrática si continúa excluyendo a la población migrante de la participación y representación política?

En este sentido, la reforma recientemente aprobada en Zacatecas nos revela que en esa entidad, una de las más dependientes de las remesas monetarias y otras aportaciones de los migrantes, ya se ha llegado a la conclusión de que no es posible imaginar un futuro sin la participación política de los ciudadanos en el extranjero. La participación y la representación migrante a nivel nacional también llegarán, como en su momento llegó el voto para las mujeres y otros sectores sociales previamente excluidos. Más que considerarse héroes o víctimas, los migrantes luchan para redefinir el significado de la ciudadanía y la democracia en México. Paso a paso lo van logrando.

 

Bibliografía

Aguayo Quezada, Sergio (ed.), El almanaque mexicano, México, Hechos Confiables/Editorial Grijalbo/Proceso, 2000.         [ Links ]

Aguirre, Felipe, Carlos Arango y María García, "Derechos plenos para todos los trabajadores migrantes y sus familias", 9 de diciembre de 2002, en http://www.prd.org.mx/data/temp/derechos migrantes.pdf.         [ Links ]

Alemán, Ricardo, "Itinerario Político", columna de El Universal, 18 de septiembre de 2003.         [ Links ]

Almond, Gabriel A., y Sydney Verba, The Civic Culture, Boston, Little, Brown and Company, 1965.         [ Links ]

Becerra, Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México, Ediciones Cal y Arena, 2000.         [ Links ]

Bortolini Castillo, Miguel, Ramón León Morales y Jesús Ortega Martínez, "Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de dos circunscripciones electorales", en Gaceta Parlamentaria, año V, núm. 1052, 26 de julio de 2002. Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2002/jul/20020726.html#Iniciativas.         [ Links ]

Cabral, Felipe, "Con voz y voto en el PRI nacional y estatal", Imagen de Zacatecas, 6 de febrero de 2002. Disponible en http://www.imagenzac.com.mx/2002/02/06/opinion1.htm.         [ Links ]

Calderón Chelius, Leticia (coord.), Votar en la distancia, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.         [ Links ]

----------, y Jesús Martínez Saldaña, La dimensión política de la migración mexicana, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2002.         [ Links ]

Cámara de Diputados, "Versión estenográfica. LIX Legislatura. Sesión del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio", 23 de septiembre de 2003.         [ Links ]

Camp, Roderic, Politics in Mexico, Nueva York, Oxford University Press, 1993.         [ Links ]

Cansino, César, "Abstencionismo razonado", Metapolítica, septiembre-octubre de 2003, p. 11.         [ Links ]

Cárdenas Batel, Lázaro, y Leonel Godoy Rangel, "Iniciativa de reformas y adiciones de diversos artículos del Código Electoral del Estado de Michoacán", 15 de julio de 2003.         [ Links ]

Carpizo, Jorge, y Diego Valadés, El voto de los mexicanos en el extranjero, México, UNAM, 1998.         [ Links ]

Cason, Jim, y David Brooks, "Promovieron la consulta casi 200 brigadas", en La Jornada, 22 de marzo de 1999.         [ Links ]

Castles, Stephen, y Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Nueva York, The Guilford Press, 1993.         [ Links ]

Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME), "Ejercicio del sufragio en el exterior. Propuesta ciudadana de ley que reforma diversos artículos y adiciona un libro noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales", 24 de abril de 2003.         [ Links ]

Consejo Nacional de Población, La situación demográfica de México, México, Conapo, 1999.         [ Links ]

Coordinadora Nacional de las Elecciones en Estados Unidos, "Resultado final de las elecciones ciudadanas en los Estados Unidos", 3 de julio de 2000.         [ Links ]

Craig, Ann L., The First Agraristas: An Oral History of a Mexican Agrarian Movement, Berkeley, University of California Press, 1983.         [ Links ]

Dresser, Denise, "Exporting Conflict: Transboundary Consequences of Mexican Politics", en Abraham F. Lowenthal y Katrina Burgess (eds.), The California-Mexico Connection, Stanford, Stanford University Press, 1993, pp. 82-112.         [ Links ]

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), "Comunicado del EZLN a Mexicanos en el Extranjero", 21 de enero de 1999.         [ Links ]

----------, "Comunicado a la Sociedad Civil Internacional y Nacional", 14 de febrero de 1999.         [ Links ]

El Heraldo de México, "También para el PRI es prioritario el voto de mexicanos en EU", 7 de junio de 2003.         [ Links ]

El Universal, "Se reestructura el Comité Ejecutivo Nacional del PRD",24 de septiembre de 2003.         [ Links ]

Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración, México, Secretaría de Relaciones Exteriores/U.S. Comission on Immigration Reform, 1998.         [ Links ]

Gamio, Manuel, El inmigrante mexicano, México, UNAM, 1969.         [ Links ]

Gómez-Quiñones, Juan, The Roots of Chicano Politics, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1994.         [ Links ]

Hernández, Rogelio, y Francisco Garduño, "Migrantes priistas exigen candidaturas", en Milenio, 24 de abril de 2003.         [ Links ]

Instituto Federal Electoral (IFE), Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México, noviembre de 1996.         [ Links ]

----------, "Informe final que presenta la comisión de especialistas que estudia las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero", 12 de noviembre de 1998.         [ Links ]

Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), 4^a ed., México, Ediciones de la Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, enero de 1982.         [ Links ]

López, Lorena, "El 96% de los municipios exportan migrantes", en Milenio, 30 de abril de 2003.         [ Links ]

López, Mayolo, "Lanzan táctica foxista en EU", en Reforma, 17 de mayo de 2000.         [ Links ]

Martínez Cossío, Nayamín, "El voto extraterritorial: el desencuentro partidista frente a la extensión de la ciudadanía", en Arturo Santamaría Gómez, La política entre México y Aztlán, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/California State University, Los Angeles, 1994, pp.217-300.         [ Links ]

Martínez Cossío, Nayamín, y Raúl Ross Pineda, "Cronología", en Raúl Ross Pineda, Los mexicanos y el voto sin fronteras, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/Cemos/Salcedo Press, 1999, pp. 113-131.         [ Links ]

Martínez Saldaña, Jesús, "Migración, identidad y ciudadanía en el México contemporáneo", en Álvaro Ochoa Serrano (coord.), ...Y nos volvemos a encontrar, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002, pp. 163-97.         [ Links ]

----------, "La lucha por el voto migrante", en Leticia Calderón Chelius y Jesús Martínez Saldaña, La dimensión política de la migración mexicana, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2002, pp. 277-323.         [ Links ]

----------, y Raúl Ross Pineda, "Suffrage for Mexicans Residing Abroad", en David Brooks y Jonathan Fox (eds.), Cross-Border Dialogues: U.S.Mexico Social Movement Networking, La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies-University of California, San Diego, 2002, pp. 275-92.         [ Links ]

Meyer, Lorenzo, Fin de régimen y democracia incipiente. México hacia el siglo XXI, México, Océano, 1998.         [ Links ]

Michel, Víctor Hugo, y Angélica Mercado, "En septiembre, iniciativa para que mexicanos voten en el extranjero", en Milenio, 2 de julio de 2003.         [ Links ]

Moctezuma Longoria, Miguel, "La ley migrante zacatecana abre un nuevo debate nacional", Protectamx, octubre de 2003.         [ Links ]

Muñoz Ledo, Porfirio, "El México grande", en El Universal, 17 de noviembre de 1998.         [ Links ]

Notimex, "Nunca termina de construirse una democracia estable: Reyes Heroles", 9 de septiembre de 2003.         [ Links ]

Partido Acción Nacional, "Estatutos", diciembre de 2001.

----------, "Reglamento de Miembros de Acción Nacional", 10 de enero de 2003.

Partido de la Revolución Democrática, "Reglamento de ingreso y membresía del Partido de la Revolución Democrática", 13-15 de julio de 2001.

----------, "Estatuto del Partido de la Revolución Democrática", 11-12 de mayo de 2002.

Partido Revolucionario Institucional, "Plataforma Electoral 2003", 13 de enero de 2003.

Raat, W. Dirk, Revoltosos: Mexico's Rebels in the United States, 1903-1923, College Station, Texas A & M Press, 1981.         [ Links ]

Reforma, "Adelanta PRI agenda legislativa", 15 de agosto de 2003.         [ Links ]

Rivera Salgado, Gaspar, "Migration and Political Activism: Mexican Transnational Indigenous Communities in a Comparative Perspective", tesis doctoral, University of California, Santa Cruz, septiembre de 1999.         [ Links ]

Ross Pineda, Raúl, Los mexicanos y el voto sin fronteras, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/Cemos/Salcedo Press, 1999.         [ Links ]

Sandoval Palacios, Juan Manuel, "El Estado mexicano versus los mexicanos en Estados Unidos: ¿Dos proyectos de nación?", 11-12 de mayo de 2000 (fotocopia de artículo inédito).         [ Links ]

Santamaría Gómez, Arturo, La política entre México y Aztlán, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/California State University, Los Angeles, 1994.         [ Links ]

----------, Nayamín Martínez Cossío, Alejandra Castañeda Gómez y José Jaime Sáinz Santamaría, Mexicanos en Estados Unidos: la nación, la política y el voto sin fronteras, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/Partido de la Revolución Democrática, 2001.         [ Links ]

Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, México, Nueva Imagen, 1997.         [ Links ]

Secretaría de Gobernación (Segob), "Versión de la entrevista a Francisco Paoli Bolio, subsecretario de Desarrollo Político y de los integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexico-Americanas para la Promoción del Voto de Mexicanos en el Extranjero", 21 de agosto de 2003.         [ Links ]

Soysal, Yasemin Nuhoglu, The Limits of Citizenship, Chicago, University of Chicago Press, 1994.         [ Links ]

Torres, Martín, "Los mexicanos de allá", Examen, enero de 1994, pp. 8-11.         [ Links ]

United Status Bureau of the Census, "The Hispanic Population in the United States: March 2002", junio de 2003.         [ Links ]

 

Páginas electrónicas

Organizaciones de Mexicanos en el Exterior (OME), <omeusa.20m.com>.

Partido Acción Nacional, <www.pan.org.mx>, "Afiliación".

Partido de la Revolución Democrática, <www.prd.org.mx>.

Partido Revolucionario Institucional, <www.pri.org.mx>, Consejo Político Nacional, directorio.

Perredistas californianos, <www.perredista.com>.

Vicente Fox, <www.vicentefox.org>, "Mexicanos radicados en Estados Unidos ratificaron su apoyo a Vicente Fox", 22 de diciembre de 1999.

 

Notas

¹ Página WEB: <nopal.laneta.apc.org/consultaEZLN/internacional/norteamer/californ.htm>.