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Introducción
En San Cristóbal de las Casas1 se pueden observar prácticas que reproducen la discriminación como la exclusión de los espacios públicos, estigmas y prejuicios, que afectan en particular a jóvenes indígenas vendedores ambulantes, quienes señalan a empresarios y funcionarios del gobierno municipal como los principales agentes que influyen en la discriminación que sufren. El objetivo central de este artículo es analizar la percepción de la discriminación de jóvenes indígenas vendedores ambulantes que trabajan en esta ciudad contrastándola con la de sujetos no indígenas que se relacionan con ellos como funcionarios de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de dependencias gubernamentales, así como empresarios del sector servicios. Para ello, se usa la triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos, con una revisión del contexto sociodemográfico y de políticas públicas vigentes en la ciudad.
El documento inicia con un marco teórico en el que se revisan los principales conceptos vinculados con el fenómeno de discriminación que se estudia, como son el proceso migratorio campo-ciudad, el trabajo informal, la definición de indígena y de discriminación y sus expresiones. Luego se presentan las fuentes de información utilizadas y la estrategia metodológica, y se analizan los resultados de los procesamientos estadísticos del censo de población de 2010 (INEGI, 2010), acompañados con mapas y un breve resumen de los programas federales que regulan la ocupación del espacio público en la ciudad. Posteriormente, se analizan las percepciones sobre la discriminación de jóvenes indígenas vendedores ambulantes reportadas por las ONG, funcionarios públicos y empresarios de la zona turística de la ciudad, así como las percepciones de los propios jóvenes indígenas víctimas de las prácticas discriminatorias. Finalmente, se exponen las conclusiones y reflexiones.
Marco teórico-conceptual
Desde los años ochenta, el modelo económico vigente en México ha golpeado la economía local de las comunidades indígenas, lo cual las ha obligado a desplazarse a centros urbanos para conseguir recursos monetarios por medio de actividades informales que les permitan cubrir sus necesidades elementales (Villafuerte y García, 2006, p. 104; Sánchez, 2002, p. 7; Sáenz y Di Paula, 1981, p. 151; Salvia, 2005, p. 8; Horbath, 2008, p. 25).
El tipo de trabajo que la mayoría de las y los indígenas desarrollan en la ciudad se caracteriza por la precariedad, la falta de garantías y derechos laborales. La venta ambulante -a la que predominantemente recurren- ejercida en los espacios públicos urbanos se convierte en una estrategia de subsistencia frente al desempleo que existe en sus comunidades (Horbath, 2008, p. 33; OIT, 2015, p. 5; Andrade y Gálvez Pérez, 2015, p. 7).
Los espacios públicos urbanos son lugares donde se desarrollan las historias individuales y colectivas en las que los migrantes indígenas reescriben su historia en condiciones de desigualdad y diferenciación social, política, económica y cultural (Ramírez Kuri, 2003, pp. 31, 35).
A raíz de que las normatividades de uso de espacios prohíben el ambulantaje, en la ciudad de San Cristóbal fueron desalojados en 2011 más de dos mil 800 vendedores ambulantes por el gobierno municipal con la finalidad de dar una “buena imagen de la ciudad” a promotores turísticos, en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura (Melel, 2012, p. 22). Los grupos de empresarios y el gobierno municipal influyeron para que se desarrollen estos actos ponderando sus intereses de grupo (Casas Chousal, 2012, p. 163; Lozayga y Torres, 2012, p. 33).
Para evitar la presencia de vendedores ambulantes en estas áreas, el Estado esgrime problemas sanitarios de contaminación de calles y plazas por el mal manejo de desechos y pérdida del patrimonio histórico a raíz del deterioro de monumentos e inmuebles en zonas históricas de la ciudad. En el imaginario social de funcionarios públicos y propietarios de comercios, la ilegalidad que los vendedores ambulantes representan por no pagar impuestos se combina con el hecho de asociarlos con actividades ilícitas vinculadas con el microtráfico de drogas, lo cual habilita justificantes institucionales y sociales que los descalifican y promueven acciones discriminatorias (Silva, 2010, pp. 195, 196, 199; Tijerina y Medellín, 1990, cit. en Bustamante, Díaz y Villarreal, 2009).
Estas acciones discriminatorias se relacionan con conductas culturalmente fundadas y sistemáticas de desprecio contra un grupo de personas -los vendedores ambulantes en este caso- sobre la base de un prejuicio relacionado con una desventaja inmerecida que daña sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez Zepeda, 2006, p. 26). Desde un análisis sociológico, Marshall define la discriminación como patrones de sometimiento y abuso, vinculados a una lucha por el poder y privilegio (Marshall, 1998, cit. en Horbath, 2007, p. 43). También se entiende la discriminación como “un proceso social que pone en juego fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas que la estructuran produciendo y reproduciendo las desigualdades estructurales” (Horbath, 2007, p. 44; Horbath y Gracia, 2013).
La población indígena migrante a las ciudades está integrada por varias etnias y grupos etarios, entre los que sobresalen las y los jóvenes que aportan recursos al ingreso familiar, fundamentalmente a partir de su trabajo en actividades de ambulantaje. El “joven indígena” que forma parte de una comunidad originaria es alguien que desde pequeño tiene cargos y responsabilidades que lo integran a la comunidad, lo cual hace que, desde temprana edad, el menor se sienta involucrado e incluido (Feixa, 1998, cit. en Urteaga, 2008, p. 671; Cardona y Agudelo 2005, p. 30) y establezca niveles de aprendizaje que le posibilitan el manejo de situaciones complejas en un rango de edad que la cultura occidental ha construido como la etapa de la juventud (De León, 2005, cit. en Pérez López, 2012, p. 22). Los aspectos que se recuperan aquí para construir el perfil de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes son: 1) que sean descendientes de migrantes internos; 2) su pertenencia a un grupo étnico que en la ciudad estudiada de San Cristóbal de las Casas se traduce a las etnias tsotsiles o tseltales; 3) su inclusión al trabajo ambulante como parte de su formación de vida con el que adquirirán madurez, y 4) que conserven costumbres que se desarrollan en la comunidad de origen, además de tener un rango de edad entre los 15 y 25 años (Loyzaga y Torres, 2011, p. 85; Zebadúa Carbonell, 2011; Cruz Salazar, 2013).
Para entender la discriminación de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes en la ciudad de San Cristóbal incluimos las percepciones de los sujetos sociales, sus experiencias en la vida cotidiana, el entorno y las posiciones que ocupan en las relaciones sociales. Dichos componentes fueron contrastados con los de la percepción de los distintos actores entendiendo que las manifestaciones que cada grupo refiere respecto del fenómeno de la discriminación se retroalimentan (Lewkow, 2014, p. 30; Merleau-Ponty, 1945, pp. 1, 2; Vargas, 1994, p. 47; Essed, 2010, pp. 143, 147) en una contraposición de miradas de sujetos y organizaciones que discriminan y de individuos y colectivos indígenas que son discriminados.
Metodología y fuentes de información
La investigación se fundamenta en la triangulación de técnicas procedentes de métodos cuantitativos y cualitativos con las cuales se integran discusiones y conclusiones extraídas de diversas tradiciones de investigación; la idea de esta estrategia es complementar el trabajo desde diferentes perspectivas analíticas para aportar y comprender mejor el problema de estudio (Onwuegbuzie et al., 2009, cit. en Small, 2011, p. 76).
Siguiendo dicha estrategia, en primer lugar se efectuó un diagnóstico a partir de las características sociodemográficas y generacionales de la población indígena de reciente migración a la ciudad de San Cristóbal y se identificaron los espacios geográficos que ocupan en ella, con el fin de dirigir la aplicación de métodos cualitativos a la captación de información sobre las percepciones de la discriminación de jóvenes indígenas vendedores ambulantes.
Ubicada en la región de Los Altos tsoltsil-tseltal del estado de Chiapas, San Cristóbal tenía, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una población total de 185 917 personas, de las cuales, 68 434 (36.7 por ciento del total de la población) reportaron hablar alguna lengua indígena (principalmente tsoltsil y tseltal).
A partir de los instrumentos cualitativos, se documentaron las experiencias de discriminación que viven los jóvenes indígenas estudiados por medio de entrevistas semiestructuradas y abiertas que proporcionaron los rasgos generales y específicos de las manifestaciones que adquiere la discriminación en distintos espacios de esta ciudad. Con el fin de construir el panorama de la discriminación, se yuxtapuso la experiencia de cada uno de los actores que intervienen en el fenómeno social de la discriminación, lo que permitió contrastar, verificar y dar coherencia al análisis (Hernández Carrera, 2014, p.187; Luján, 2008, pp. 213, 214; Essed, 2010, p. 150). En total, se entrevistaron a 17 informantes con distintos perfiles: a) diez jóvenes indígenas de entre 15 y 25 años, de los cuales tres son tsotsiles y siete son tseltales, que trabajaban como vendedores ambulantes y residían en los anillos periféricos de la ciudad; b) tres representantes de organizaciones no gubernamentales; c) un funcionario público del gobierno municipal encargado de la coordinación de los espacios públicos de la ciudad, que vigilaba que pagaran los impuestos (se entrevistó un solo funcionario dado que era el único con esta función); d) tres empresarios, de los cuales dos son dueños de bares; uno de estos bares se encuentra sobre el andador de Guadalupe, es pequeño y tiene sillas en la acera del andador; el segundo, ubicado en el andador eclesiástico, esquina Flavio Paniagua, es uno de los bares más concurridos por turistas y nacionales; el tercer empresario es dueño de un restaurante de comida mexicana en la calle Cristóbal Colón, y tiene sus mesas dentro del establecimiento. Estas zonas de andadores son las de mayor confluencia de jóvenes indígenas vendedores ambulantes que llegan desde las colonias 1º de Enero, 24 de Mayo, Emiliano Zapata, Morelos, Tlaxcala, La Libertad y Periférico Norte.2
En la producción y en el análisis de los datos se recurrió a la saturación teórica, principalmente en las entrevistas con jóvenes indígenas, la cual se alcanzó al contrastar la novena y la décima entrevistas. Posteriormente, se elaboraron matrices de sistematización, de las cuales surgieron categorías que escenifican los lugares, los momentos y las situaciones en los que se manifiestan las prácticas discriminatorias (Vallés, 2009, cit. en Hernández Carrera, 2014, p. 194; Corbin y Strauss, 2002, cit. en Ardila-Suárez, 2013, p. 101).
Contexto de las transformaciones territoriales que afectan a la población indígena en San Cristóbal de las Casas
Para mostrar los cambios que se han registrado en la historia reciente de la ciudad de San Cristóbal y su efecto en la población indígena, es relevante considerar los procesos históricos de poblamiento en los asentamientos urbanos que se estudian (Gracia Sain, 2004). Para ello, a continuación se efectúa un análisis documental que contrasta los fenómenos sociales que vivieron los indígenas en sus comunidades rurales y el efecto que tuvo en sus vidas. Posteriormente, se muestran las características sociodemográficas de la población indígena residente en la ciudad de San Cristóbal para el año 2010 exponiendo su vinculación con los procesos históricos que dan lugar a las condiciones precarias de articulación social y laboral de los jóvenes indígenas migrantes en esta ciudad.
Uso del espacio público urbano y discriminación
San Cristóbal, desde su fundación en 1528, fue concebida como una ciudad con población de ascendencia española, construida para dominar y someter a una región, con un conjunto muy importante de comunidades indígenas que, hasta el presente, se asientan alrededor de la ciudad (Zebadúa, 1999; Rus y Collier, 2002). Hasta 1970, su población total era de poco más de 32 mil habitantes. El estallido del conflicto social por persecuciones políticas y religiosas en las zonas rurales de 1970 a 1990 generó el desplazamiento de familias indígenas (Martínez, 2002, pp. 263, 264; Cortez y Martínez Velasco, 2012 pp. 144, 145), lo cual ocasionó que, una década después, la población se duplicara y siguiera incrementándose de manera acelerada hasta finales del siglo. Esta situación fue vista por la sociedad sancristobalense como una invasión y peligro para su identidad (Pombo, 2000, pp. 91, 93).
En esta coyuntura, los asentamientos indígenas de la región de Los Altos de Chiapas han tenido cada vez más presencia en San Cristóbal, ciudad en la que mantienen prácticas culturales como la lengua y el uso de la vestimenta tradicional (Bayona Escat, 2015, p. 41). Los esfuerzos del gobierno municipal por atraer inversión y convertir a San Cristóbal en un centro turístico llevaron a que en 2003 se asumieran los lineamientos propuestos por el Programa Pueblos Mágicos;3 a partir de ello se reordenaron social y espacialmente las principales áreas del centro histórico y se reubicaron a los vendedores ambulantes de los lugares de alta concentración de visitantes (Bayona Escat, 2015, p. 23).
El centro histórico de San Cristóbal está configurado por tres andadores importantes; en el cruzamiento a estos se encuentra la catedral y el parque central. Esto ha sectorizado la pertenencia y el uso de los espacios; por ejemplo, el andador de Guadalupe se asocia con extranjeros europeos; el andador del Carmen, con población de Tuxtla Gutiérrez (o tuxtlecos, como también se les conoce), y el área de Santo Domingo, con artesanos e indígenas. Esta distribución del espacio, como señala Bourdieu, refleja las relaciones de fuerza que se imponen a los que no pertenecen a esos espacios. Así, se intensifica la exclusión social y espacial de la población indígena que ejerce el ambulantaje en una ciudad cuyo ordenamiento había seguido una lógica de segregación racial (Cañas, 2016, pp. 5, 6, 16). Los planes de ocupación de espacios públicos de la ciudad han generado una serie de conflictos alrededor de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes.
Características sociodemográficas de la población indígena en San Cristóbal
Con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010, se visualizaron las características sociodemográficas (más importantes y significativas) de la población indígena migrante de San Cristóbal. De las lenguas indígenas reportadas por parte de sus hablantes, predominan el tsotsil (68.7 por ciento) y el tseltal (28.9 por ciento). En mucho menor proporción, hay hablantes de las lenguas ch’ol’, zapoteco, zoque, maya, náhuatl, mixe, tojolabal, mazateco, mam y q’anjob’al, que en conjunto representan 2.4 por ciento de los hablantes de lengua indígena en la ciudad. Esta diversidad lingüística es producto del proceso migratorio a la ciudad, tanto de las comunidades aledañas y de municipios circundantes como de zonas alejadas, incluso de otros estados del país.
En el centro de la ciudad se concentra 39 por ciento de la población indígena, mientras que en las zonas periféricas las proporciones suben a 72 por ciento en el norte y 95 por ciento en el oriente, donde destacan las colonias Diego de Mazariegos, La Hormiga, San Juan del Bosque, San Rafael, Periférico Norte, La Florida, Morelos, El Edén y Emiliano Zapata (véase el mapa 1).
Fuente: Sistema para la Consulta de Información Censal 2010, versión 05/2012. (INEGI, 2012). Basado en información del proyecto “Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la convocatoria SEP-CB 2012-1.
Mapa 1 Población hablante de lengua indígena en la ciudad de San Cristóbal de las Casas
En el mapa 1 se observan los asentamientos indígenas de Chamula, Zinacantán y Paste, que forman parte de la región económica de Los Altos de Chiapas (según el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 2012); estas son las comunidades indígenas más importantes alrededor de San Cristóbal. En Chamula y Zinacantán, la concentración de población indígena llega a 95 por ciento, y en Pasté toda la población es indígena. En la pirámide de población (véase la gráfica 1), se despliega la población indígena y no indígena que vive en San Cristóbal por rangos de edad y sexo.
Fuente: Procesamientos especiales de los microdatos del Cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2013). Basado en información del proyecto “Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la convocatoria SEP-CB 2012-1.
Gráfica 1 Población indígena y no indígena de la ciudad de San Cristóbal de las Casas
En la ciudad destaca la amplitud de los grupos etarios de edades tempranas, lo cual se refleja en la base ancha de la pirámide de población. Esto se observa, sobre todo, para la población indígena cuya distribución etaria y por sexo otorga la forma general a la pirámide poblacional de la ciudad (dada la alta participación demográfica de los indígenas). La pirámide de población indígena (véase la gráfica 2) permite observar con mayor precisión la gran importancia de la población infantil y juvenil y la escasa población envejecida con edades de 60 y más años.
Fuente: Procesamientos especiales de los microdatos del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2013). Basado en información del proyecto “Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la convocatoria SEP-CB 2012-1.
Gráfica 2. Población indígena y no indígena de la ciudad de San Cristóbal de las Casas
En el rango de edades tempranas destaca el grupo de hombres de 15 a 19 años, grupo que es mucho mayor que el de mujeres en ese mismo rango etario; mientras que en el subsecuente grupo de 20 a 24 años, las mujeres superan la relación poblacional respecto de los hombres. La misma pirámide muestra que entre los 30 y 54 años hay más población femenina que masculina, lo cual se vincula con los procesos de violencia que se desenvolvieron en los territorios rurales aledaños a San Cristóbal de las Casas y que obligaron a la migración forzada de muchas familias sobrevivientes al conflicto en la década de los setenta, que se prolongó hasta finales del siglo pasado (Cortez y Martínez Velasco, 2012). Estos datos también se observan en el índice de masculinidad de 71.6, que es mucho más bajo que el promedio nacional.
Con base en resultados de los procesamientos de los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2013), de los indígenas ocupados en la ciudad, 16 por ciento se concentraba en actividades de comercio al por menor y 22 por ciento en ocupaciones de servicios no especificadas, categorías vinculadas a actividades informales. De acuerdo con los mismos datos, la población indígena migrante tenía 10 años acumulados de educación en promedio, equivalentes a tercer grado de secundaria; con este nivel de escolaridad alcanzaban a tener un ingreso monetario mensual de 4 715 pesos por trabajador (véase la gráfica 2), una tasa de dependencia poblacional de 8.8 por ciento y un tamaño de familias promedio de 4.4 personas por vivienda.
Percepción de la discriminación de jóvenes indígenas vendedores ambulantes
La siguiente sección muestra los resultados del análisis de la percepción de la discriminación de jóvenes ambulantes indígenas, tanto de población no indígena como indígena. Primero se presenta la percepción de todos los actores, para luego contrastarla y así señalar diferencias en el discurso de cada uno de ellos. De la información proporcionada por los actores, destacan las categorías centrales “postura discriminatoria”, “expresiones discriminatorias”, “prácticas discriminatorias” y “estereotipo”, que se desarrollan a continuación. Se realizará el análisis de modo que se describan y expliquen las percepciones a partir de las entrevistas.
Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes según la percepción del responsable de Servicios Públicos
El funcionario público entrevistado labora en el área de Servicios Públicos del Gobierno Municipal de San Cristóbal de las Casas, en donde se recaudan los impuestos de los comercios legales en áreas públicas. Dado que, para el gobierno, la venta ambulante es ilegal, ha designado al área de Servicios Públicos la tarea de colocar supervisores en los espacios públicos a fin de evitar la venta ambulante. Los supervisores se encargan de desplazar a los jóvenes indígenas vendedores ambulantes, lo que genera un hostigamiento constante y violento hacia ellos.
Pese a que el funcionario conoce de las acciones ejecutadas por los supervisores municipales en los espacios públicos, él no las considera prácticas discriminatorias; expresa un punto de vista dominante de la situación y sin propuestas para encontrar una manera de evitar esos abusos, lo que se interpreta como “desatención institucional”.
Tenemos supervisores que los mueven para que no se queden en un solo lugar, para que no estén todos amontonados, no creo que se trate de discriminación, más bien se trata de la actividad que realizan que es ilegal (entrevista con funcionario público, 2016).
Para el funcionario, los jóvenes indígenas vendedores ambulantes son individuos que se autoexcluyen, que no se integran a la sociedad, ya que sienten que esta los “rechaza” y “agrede”. El informante establece una relación directa entre el pasado histórico de los jóvenes indígenas y la percepción de rechazo que ellos tienen sobre sus condiciones de vida actuales: “es algo que viene culturalmente, viene desde la Conquista, no la superaron. Aquí ellos se sienten aparte, no quieren formar parte de la población, desde el punto social no se sienten integrados, esto lo traen desde la Conquista” (entrevista con funcionario, 2016).
El entrevistado mencionó que la tensión entre su dependencia gubernamental y los vendedores ambulantes se relaciona con el “tipo de giro” (forma con la que él se refiere al trabajo informal). Aunque oficialmente el gobierno municipal prohíbe la venta ambulante, existen algunas dinámicas que la habilitan, como el otorgamiento de permisos temporales, en particular a vendedores ambulantes que estén organizados y que lleven un periodo largo como grupo, aunque el entrevistado no especificó la temporalidad. Los vendedores ambulantes que obtienen el permiso “temporal”, son un grupo reducido, en su mayoría indígenas adultos. Por ello, hay un grupo mayor de vendedores ambulantes -entre ellos, los jóvenes- que no tienen la posibilidad de establecerse en los espacios públicos para vender sin ser hostigados.
No se dan permisos a los vendedores ambulantes a menos que sean una organización de muchos años, como, por ejemplo, el caso de mujeres artesanas que están organizadas, pero tengo que mencionar que son permisos que se otorgan en las semanas altas de llegada de turismo a la ciudad, después de eso se tienen que retirar (entrevista con funcionario público, 2016).
El funcionario hizo referencia a que el área de servicios públicos llega a acuerdos con algunos vendedores ambulantes para permitir la comercialización de productos que cumplen con las condiciones referidas en el reglamento sobre uso de suelo de 2017. Sobresale la aplicación del “marco normativo” como rol del funcionario público para dar presencia a la institución de gobierno en el espacio público y regular a los vendedores ambulantes condicionándolos a requisitos especiales para que los cumplan y sean supervisados.
Lo anterior se pudo corroborar en las observaciones realizadas en la Plaza de La Paz, en el centro de la ciudad. Los acuerdos mencionados por el funcionario entrevistado no favorecen a todos los vendedores ambulantes, pues la condición para la aplicación de dicha regla solo beneficia a mujeres indígenas artesanas organizadas de Zinacantán, Chenaló y Chamaula (es posible identificarlas por la vestimenta típica de sus comunidades), con lo cual se excluye a jóvenes indígenas vendedores ambulantes de sexo masculino no organizados.
Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes según la percepción de las ONG
La situación de abusos que han recibido los indígenas desde la Conquista, y que es particularmente aguda en el estado de Chiapas, provocó el surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento que concitó miradas de admiración y apoyo de muchos otros actores y movimientos sociales en el nivel internacional y originó el interés de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) por intervenir en fenómenos sociales diversos, entre ellos, el de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes. Cabe señalar que Chiapas es uno de los estados en los que existen más ONG (Gonzales Figueroa, 2003).
Los coordinadores entrevistados de las ONG resaltan que en el imaginario colectivo de la sociedad de San Cristóbal existe una relación directa entre la zona de la ciudad de procedencia de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes con la pobreza y el vandalismo. A partir del trabajo en torno a la discriminación que las ONG han realizado, enfatizan que la discriminación es un problema estructural en una “sociedad racista”.
En el análisis del bloque temático que se refiere a los aspectos discriminatorios detectados por las ONG surgen las subcategorías de estratificación tanto “social” como “racial”, pues consideran que en San Cristóbal se siguen polarizando las diferenciaciones económicas, étnicas y laborales. De esta forma, perciben que se reproducen las prácticas discriminatorias en la vida cotidiana al grado que la sociedad las naturaliza: “Encontramos en varios lugares a jóvenes indígenas que se emplean como trabajadores, que viven formas de discriminación fuertes” (entrevista con el coordinador de Voces Mesoamericanas, 2016).
Las ONG han encontrado que en el trabajo informal se ejercen “prácticas discriminatorias” hacia los jóvenes indígenas en los espacios públicos. Estas expresiones y prácticas, según los entrevistados de las ONG, se pueden observar cuando las personas que compran algún producto se burlan de ellos o, en algunos casos, cuando los acosan los supervisores municipales y la policía los hostiga constantemente. Los jóvenes indígenas experimentan cotidianamente esta “discriminación étnica” y “violencia explícita”. En adición, el área de Servicios Públicos del gobierno municipal contribuye a la discriminación, violencia material (al decomisarles productos) y simbólica (cuando se desarrolla la represión), que se sintetiza en la categoría central “discriminación institucional”. Las ONG manifestaron que existe un ambiente de desconfianza hacia las autoridades por parte de la población indígena. “Las autoridades no suelen escuchar las demandas de las y los jóvenes indígenas vendedores ambulantes, porque son indígenas, luego son trabajadores o porque son pequeños o porque son adolescentes” (entrevista con el coordinador de Melel, 2016).
Al no tener acceso a los derechos laborales, los jóvenes perciben las áreas turísticas del centro histórico como ajenas a ellos, un indicador de “discriminación de acceso a los espacios”. “Muchos de estos jóvenes cuando llegaron [a la ONG] venían con muchos problemas, muchos de ellos nunca habían visitado los andadores de la ciudad, eso te dice que no se sienten parte de este contexto social en el que viven y que, por lo tanto, no se apropian de esos lugares” (entrevista con coordinador de Suecum, 2016).
Las ONG que participaron en el estudio han trabajado de cerca con los jóvenes indígenas elaborando algunas estrategias que les permitan incorporarse al sistema educativo y moverse en otros ámbitos laborales. Por ejemplo, una de estas ONG (Suecum) cuenta con talleres de capacitación laboral, otra (Melel Xojobal) realiza “trabajo en calle” con los jóvenes indígenas vendedores ofreciendo información para prevenir situaciones de riesgos, y la otra (Voces Mesoamericanas) se enfoca en la asesoría legal para problemas de tipo migratorio.
Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes según la percepción de los empresarios
Los empresarios del sector servicios interactúan con los jóvenes indígenas vendedores ambulantes porque entran en sus establecimientos para ofrecer productos. Consideran que los jóvenes indígenas vendedores ambulantes se dedican a esta actividad porque es el único medio que tienen para generar ingresos, lo que también obliga a que grupos completos de familias indígenas salgan a vender; esta es una “estrategia de subsistencia”.
Al relacionar la venta ambulante con lo “único que quedaba por hacer”, los entrevistados engloban la venta ambulante en una “condición económica y étnica” desfavorable: “hay una asociación inmediata, hablar de vendedores ambulantes aquí es hablar de gente que no tiene trabajo normal, gente indígena, digamos que no contribuyen y es que ese es el discurso que sostiene la mayoría que intentan desalojarlos” (entrevista con empresario, 2016).
Los intentos de desalojos por parte de los empresarios se justifican por la ocurrencia de algunos robos en los establecimientos, robos que también han sido un argumento para exigir al gobierno municipal que los indígenas sean desalojados del área turística de la ciudad. “Tuvimos un caso en el que jóvenes vendedores, pero principalmente niños boleros, arrebataron el celular que estaba sobre la mesa de un comensal, también se ha dado casos que piden entrar a nuestros baños y se roban el papel y el jabón” (entrevista con empresario, 2016).
La denuncia de los jóvenes por parte de los empresarios y el desalojo por parte del gobierno municipal muestran la existencia y la generalización de “estereotipos discriminatorios” aplicados a los vendedores ambulantes. Se les ubica a todos como potenciales asaltantes; por lo tanto, se mantiene una desconfianza constante e “intolerancia social” hacia ellos.
Percepción de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes sobre la discriminación
De acuerdo con los jóvenes indígenas, en los lugares donde venden sus productos se presenta la discriminación por su apariencia, el acceso a los espacios, por la actividad laboral, la discriminación violenta y el lenguaje despectivo para referirse a ellos. Esta es ejercida por los clientes, supervisores, empresarios y funcionario público.
Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes entrevistados expresaron que han padecido prácticas discriminatorias como “acoso por servicios públicos”, “decomiso de mercancía” “extorsión policial”, “bloqueo al acceso de espacios” en la venta ambulante. “El problema que tengo es con la policía, me llegan a molestar los policías, tratan de quitarte el dinero, te insultan, te meten un rollo, te ven solito, te atrapan, te revisan, te quitan el dinero, me ha pasado como tres veces” (entrevista con joven indígena vendedor ambulante, 16 años, 2016).
Los jóvenes consideran que la permanencia en los espacios es vital para ofrecer sus productos y obtener ingresos, lo cual los lleva a toparse con la resistencia a su actividad ejercida por los supervisores del gobierno municipal y los empresarios del sector servicios. “Los supervisores de servicios públicos nos quitan la mercancía. No nos permiten vender ahí, lo quieren limpio; en otra ocasión, la policía les llevó las cosas de otros compañeros vendedores, fueron varias veces” (entrevista con joven indígena vendedor ambulante, 25 años, 2016).
Los supervisores del gobierno municipal y la policía imponen multas, desalojo y decomiso para evitar que los jóvenes continúen vendiendo, lo cual crea un ambiente de constante violencia y tensión y obliga a estos jóvenes a buscar estrategias -como entrar a vender en las tiendas, bares y restaurantes-, que crean nuevas situaciones negativas (pues los dueños de estos negocios consideran estas prácticas como intromisiones que perjudican sus ingresos). “Corres riesgos, al vender aquí, en los bares, porque ya no respetan, y es muy peligroso, ya está muy mal que no te respeten, entonces es muy peligroso” (entrevista con joven indígena vendedor ambulante, 16 años, 2016).
Las situaciones arriba expuestas reflejan acciones de “discriminación violenta”, en las que también resalta el “acoso de servidores públicos”, quienes, además, “niegan el acceso al espacio público” a los jóvenes indígenas vendedores; esto se puede interpretar como “prácticas discriminatorias” en las que se ejerce violencia.
Los jóvenes relacionan los momentos de discriminación violenta que padecen con su condición de indígenas, con su edad y el trabajo ambulante. Consideran que ganarse la vida de esta forma no debería implicar problema alguno, además de que es la única forma de generar ingresos para el gasto familiar. Piensan que el gobierno municipal y la policía deberían llegar a un acuerdo con ellos para que puedan vender libremente.
Los jóvenes indígenas reportaron no pertenecer a una organización de vendedores ambulantes indígenas; sin embargo, saben de la existencia de algunas que operan en el mercado Tielemans y en el centro histórico. Desde la perspectiva de los entrevistados, ser miembro de alguna de las organizaciones requiere someterse a las reglas que los líderes de esas organizaciones imponen a los vendedores ambulantes indígenas como el pago de cuotas y apoyo en manifestaciones políticas.
Contraste de las percepciones de los actores sociales
Históricamente, en San Cristóbal, a causa de los procesos de conquista y dominio, se ha mantenido una tensión que ha permeado en la actualidad (Lenkersdorf, 2010). La relación dominador-dominado como tal se mantuvo hasta finales del siglo XX, cuando aún era posible presenciar que los indígenas no podían caminar en las aceras, lugar exclusivo para mestizos (G. Morquecho, 2002).
Aunque el movimiento armado del EZLN fue un parteaguas en cuanto a las relaciones mestizos-indios; los estigmas y prejuicios que históricamente se adjudicaron a los indígenas continuaron reproduciéndose en el imaginario social de una sociedad clasista y racista. A lo anterior se le agregan otros sucesos posteriores, como la llegada masiva de población extranjera y nacional que decide quedarse por el interés de los fenómenos sociales que allí se desarrollaban. Lo anterior ha ido generando que el gobierno mexicano considere necesaria la conformación de una ciudad turística que le dé una mirada de frescura y una imagen diferente a la que el movimiento revolucionario indígena había contribuido a crear.
En este contexto emergió la venta ambulante, que se volvió una actividad desempeñada por indígenas, en su mayoría jóvenes, vinculados con el crimen organizado, estigmatizados y discriminados por estas causas, en un contexto económico, histórico y social que los excluye. Así, el funcionario, al ser parte de una institución gubernamental, respalda la postura y las acciones que este órgano considera necesarias para recabar impuestos. Bajo esta lógica, la venta ambulante es considerada un problema, dada su ilegalidad y la evasión de impuestos. La dependencia de Servicios Públicos ha implementado estrategias para desplazar a los jóvenes indígenas de los espacios públicos. La postura negativa del funcionario es similar a la percepción de los empresarios que, de igual forma, han señalado que la presencia de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes perjudica sus ingresos. Los empresarios niegan el acceso a sus establecimientos a los vendedores ambulantes; así manifiestan su desaprobación de la venta ambulante. En ambas posturas, se les acusa y descalifica de manera generalizada. En la práctica, los jóvenes indígenas vendedores ambulantes no pagan impuestos y se han dado algunos casos de robo, con lo que se reproducen estereotipos y procesos de estigmatización hacia toda la población de jóvenes indígenas.
Las ONG que participaron en el estudio conocen y señalan las condiciones de vida y trabajo en las que se encuentran los vendedores ambulantes, así como la actitud de los jóvenes indígenas. Las personas entrevistadas de las ONG tienen una postura crítica ante el fenómeno, pues, así como han hecho señalamientos en cuanto a los abusos por parte de las instituciones gubernamentales, reconocen que ciertos jóvenes indígenas vendedores ambulantes se vinculan con la delincuencia y el vandalismo. A diferencia de empresarios y del funcionario entrevistado, las ONG no generalizan estas actitudes; en cambio, fungen como mediadores ante abusos hacia estos jóvenes.
La percepción de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes está marcada por los abusos que han padecido por parte de los policías y supervisores de Servicios Públicos. Los jóvenes entrevistados manifiestan que su situación de vida los ha orillado a buscar en la venta ambulante una forma de obtener ingresos, lo que vuelve el trabajo informal un modo de subsistir. Esto los obliga a que tengan que confrontar las agresiones por parte de los policías y supervisores de Servicios Públicos. Algunos de ellos han padecido discriminación de forma violenta, en algunos casos hubo extorsión o fueron desplazados.
Los jóvenes entrevistados mantienen contacto permanente con las ONG; han encontrado en ellas un espacio de apoyo (legal, de capacitación técnica e información para prevenir riesgos), por lo que acuden a estas para realizar algunas actividades recreativas y recibir información que les pueda ayudar mientras venden en la calle. El enlace se realiza a partir de que las ONG salen a los lugares donde venden los jóvenes indígenas. Ninguno de estos jóvenes ha sido relacionado con algún caso de robo o conflicto con los empresarios; en cambio, sí los han tenido con la policía y los supervisores de Servicios Públicos del gobierno municipal.
Aunque la percepción que tienen los jóvenes indígenas entrevistados respecto de los funcionarios (policía, supervisores, encargado del área de servicios públicos) es negativa, expresaron su deseo de llegar a acuerdos concretos con las instituciones gubernamentales que les permitan la venta ambulante sin ningún problema.
Los indígenas vendedores ambulantes reportaron que no tienen relación con alguna organización de vendedores ambulantes; consideran que no están interesados en formalizar un grupo de vendedores. Sin embargo, todos concuerdan en tomar el apoyo que las ONG les proporcionan para poder solucionar algunos de sus problemas.
Conclusiones
El aumento de la población indígena desempleada es una de las principales causas del incremento de su incorporación al trabajo informal, en el que carecen de seguridad social, prestaciones y buenos ingresos, que transcurre en áreas residuales de la ciudad y en condiciones de abandono. En la venta ambulante, los jóvenes indígenas afrontan estereotipos, estigmas y violencia por su origen étnico y por la actividad laboral a la que se dedican; son objeto de prácticas discriminatorias como negarles el acceso a espacios públicos, hostigamiento, extorsión y exclusión. Así, esta discriminación se relaciona con la condición étnica y la actividad laboral. Se han creado distintos tipos de estereotipos basados en prejuicios que, por ejemplo, identifican al vendedor ambulante con la población indígena, aunque no necesariamente todos los vendedores ambulantes pertenecen a algún pueblo indígena.
El desconocimiento de la población civil, el gobierno municipal y los empresarios sobre las causas por las que los indígenas vendedores se dedican al ambulantaje crea imágenes negativas, lo que genera repudio y rechazo, que da como resultado la discriminación. Se encontraron aspectos de la vida cotidiana de los jóvenes en los que se presentan estas acciones, como cuando les niegan el acceso a bares familiares o restaurantes, que se justifica en dar buena atención a los comensales.
Este ambiente de insatisfacción por parte de los empresarios por la presencia de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes genera una serie de fenómenos que dan pie a la discriminación institucional, entre ellas está el acoso constante de inspectores de Servicios Públicos, en conjunto con la policía, para mantener las plazas principales libres de vendedores ambulantes.
El gobierno municipal se ha dado cuenta de que la venta ambulante va en incremento, aunque los esfuerzos por crear un plan que permita la venta permanente en la zona turística de la ciudad muestran un avance lento. Los empresarios mantienen diferentes posturas: unos son neutrales ante la presencia de los jóvenes indígenas vendedores y no se oponen a que vendan en sus establecimientos, otros consideran que los vendedores ambulantes indígenas son parte del folclore del pueblo, mientras que otros están en contra de la venta ambulante porque consideran que causa mala imagen para el turismo, y algunos han argumentado casos de robos a turistas cometidos por niños boleros.
Los empresarios pueden influir en la permanencia en los espacios de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes. Hay quienes han mostrado simpatía con ellos al permitirles entrar a vender o usar el baño. Sin embargo, la división de posturas y percepciones de los empresarios no abona a la construcción de estrategias para el libre comercio en los principales andadores turísticos.
Las ONG intervienen frente a los abusos hacia los jóvenes indígenas dando seguimiento legal a los casos de discriminación, desaprobando esos abusos porque no consideran que la “ilegalidad” impuesta al vendedor ambulante sea un justificante del maltrato gubernamental.
Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes tienen claro que el trabajo les proporciona seriedad y sentido de responsabilidad; rescatan partes positivas de trabajar como aprender a socializar, hablar español, hacer cuentas, aprender a ganarse la vida y ayudar a la familia. Por otro lado, la parte negativa de la venta ambulante es el peligro de trabajar en altas horas de la noche, y en específico en la calle, debido al peligro de ser arrollados por los automóviles.
La presente investigación muestra el incumplimiento estatal de garantizar los derechos sociales de los jóvenes indígenas migrantes a las ciudades. Es necesario que se generen garantías efectivas de inclusión a la vida urbana, tanto a la educación y al trabajo como a los diversos espacios de reconocimiento social. Esta tarea requiere ser cubierta por el Estado en sus diversos órdenes, desde el federal hasta el municipal: se debe establecer un marco normativo articulado de derechos a fin de impedir que los gobiernos locales continúen con respuestas de persecución y repliegue de los indígenas en las ciudades.
