INTRODUCCIÓN

Tras el golpe de Estado de julio de 1936, la estructura funcional y organizativa de España cambió radicalmente y, con ella, todos los derechos y garantías cívicas y sociales forjados durante el quinquenio republicano.¹ No se trataba solo de las diferencias entre dos sistemas políticos encarnados en una democracia legalmente establecida y una dictadura impuesta por la fuerza de las armas. Era un asunto de más hondo calado que debía resolverse tras el cruento enfrentamiento bélico y que, en esencia, suponía que toda violencia desatada quedaba sobradamente justificada si permitía resurgir un nuevo tipo de ser humano de las cenizas del anterior. El objetivo, pues, consistía en satisfacer la emergente concepción de ‘pureza’ de la nación española defendida por determinados grupos de poder extremadamente excluyentes, racistas y clasistas.²

En este escenario, la figura de Francisco Franco jugó un papel esencial tras auparse a la Jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936. Como general con escaso bagaje político, nulo carisma personal y débil ascendencia social, alcanzó el poder debido a sus méritos bélicos durante las campañas de África y el fracaso personal o circunstancial de sus contrincantes. Su fuerza y encomienda provenía de parte del ejército y de una red de apoyos económicos, ideológicos y estratégicos que le llevaron, una vez concluida la guerra, a devolver y gratificar adecuadamente los favores y avales recibidos. La veneración por la causa común de aquella “nueva España”, y de lo que en ella se dirimía, era recíproca entre el jefe de Estado y sus antiguos compañeros de guerra.³ No fue casualidad, por tanto, que a partir del 9 de agosto de 1939, tras la constitución del segundo gobierno del régimen, se reorganizara su estructura militar y se crearan las carteras de Tierra, Mar y Aire dirigidas por militares y, todas, tuteladas por el Dictador. Este, a la par que catapultaba la importancia relativa de cada una de ellas, las dividía como buena muestra del divide et imperas para consolidarse como incontestable y supremo jefe de Estado y, por ende, de las Fuerzas Armadas.

Sus compañeros de armas más cercanos pasaron a conformar de manera casi automática, e independientemente de su rango, la “remozada” cantera de personal político de una administración recién instaurada por la fuerza de las armas, y consolidada a través de una serie de medidas represivas y depurativas sin precedentes. Tal comportamiento afectó a un largo decálogo de organismos, instituciones y servicios,⁴ quedando patente estas prácticas también en el ámbito de la educación (civil): todavía en 1972, el Consejo Nacional de Educación incluiría en su organigrama un representante de cada uno de los departamentos militares (Plan de Desarrollo y de Organización Sindical), así como un representante del Alto Estado Mayor.⁵

En efecto, la presencia militar lo anegaba todo y tenía su razón de ser en el origen mismo de la irrupción del régimen; no en vano, el propio Serrano Suñer, cinco años después de haber sido apartado de todos sus cargos, mantenía con el mismo ahínco que antaño que:

Ni la legislación ni las medidas de gobierno llegarían a ser jamás resueltamente unitarias. En último término el centro de gravedad, el sostén verdadero del régimen (pese a las apariencias que tontamente nos esforzábamos por exagerar) fue y seguirá siendo el Ejército: el ejército nacional —pero no definidamente político— sería aún (acaso por fortuna) el suplente de un Estado que no acababa de ser, que no acababa de tomar cuerpo institucional y forma orgánica verdadera.⁶

Palabras que, pronunciadas en los primeros años del régimen, parecían premonitorias para todo el período de vigencia del mismo.

Las Fuerzas Armadas se erigieron —junto a la Iglesia, aunque no es el tema que nos ocupa en este trabajo—⁷ en verdadero baluarte durante el franquismo, aunque su cometido fue variando según las necesidades estratégicas, las presiones recibidas en cada momento por las distintas familias que ejercían el poder, o las imposiciones provenientes de otros Estados y organismos internacionales. En su conjunto, se trataba de unos ejércitos de raigambre colonial, mal dotados y con necesidades y problemas estructurales acuciantes, que solo comenzaron a modernizarse tras los acuerdos firmados en 1953 con Estados Unidos y la incorporación de España al ámbito del Mando Aéreo Estratégico.⁸ Sin embargo, lo que sí se pretendió mantener inalterable durante los cuarenta años de dictadura, fue su ideario franquista. Bien es cierto que no de manera completamente homogénea, ni con el fervor de la primera década, pero las bases de su pensamiento y sus reservas doctrinales pervivieron hasta la Transición política durante los años 70, lo que dificultó la consolidación de la democracia y alimentó el temor al “enemigo interior”. Los principios asentados en una ideología contrarrevolucionaria, patriótica, ultracatólica, tradicionalista y corporativa hacían que su capacidad de intervención fuese siempre más política que profesional, espiritual antes que estratégica, condescendiente y confesional antes que operativa y ejecutante.

La impronta militar testimoniaba unos rasgos y valores que se pretendían trasladar a la sociedad civil en su conjunto, erigiéndose para ello en benefactores del Estado y del personal a su cargo a través de la jerarquización, la moralidad, el perfeccionamiento y la obediencia trasmitidas en las consignas dirigidas a la tropa que pasaba por los cuarteles, y de cuantos medios de comunicación, propaganda y de influencia se pusieron a su disposición. Para reforzar su apoyo y contener posibles disidencias, vendría a sumarse, en 1960, el Decreto sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo. Este intervencionismo social se iría atemperando tras el desarrollismo y el aperturismo internacional, aunque su influencia estratégica y política se mantuvo prácticamente intacta, a cambio de mejoras salariales y de la compra de nuevo material de guerra para seguir modernizando sus arsenales y lustrar —de manera más estética que táctica— sus menguados acuartelamientos.⁹ “El gigante descalzo”, como lo denominó Gabriel Cardona (2003), parecía renacer de sus cenizas y afrontar los nuevos retos que le deparaba la realidad política y social durante el tardofranquismo y buena parte de la Transición.

En este contexto general de privilegios históricos adquiridos como parte de un sistema de remuneración en modo de pago en bienes y servicios,¹⁰ de ocupación de amplios espacios de poder, de mantenimiento del orden social, de cohesión y consolidación del régimen, de ciertos resabios pretorianos en su cotidiano quehacer, de proteccionismo corporativo entre sus miembros, de oficialización de una cultura marcial que no era asumida ni compartida ni acatada por la inmensa mayoría de la sociedad, en fin, de dominio (de unos) sobre la naturaleza (de otros), es en el que hay que situar la visión instructiva y formativa de las colonias infantiles que desarrollaron a partir de los años 50, y que es el tema de interés del presente trabajo.¹¹

ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS COLONIAS INFANTILES. LOS PRIMEROS AÑOS DE ANDADURA (1955-1958)

Históricamente, las colonias escolares tomaron forma oficial en España a través del Museo Pedagógico Nacional, en 1887, bajo el auspicio de la Institución Libre de Enseñanza. Se trataba de un modelo de fuerte impronta regeneracionista, que suponía una obra “especialmente pedagógica y de higiene preventiva en favor de los niños débiles de las escuelas públicas; de los más pobres entre los más débiles, y de los más necesitados entre los más pobres.”¹² Bajo este propósito, se desarrollaron en las décadas posteriores, incluyendo el periodo republicano. Durante la guerra civil se establecieron colonias infantiles tanto en el bando republicano como el golpista, destacando por su importancia las desarrolladas por Cruz Roja en ambos bandos. Con la implantación del Nuevo Estado, desde 1940 la organización de colonias infantiles pasaba a ser competencia del Frente de Juventudes y auspiciada por Falange, al igual que los Hogares Escolares de Auxilio Social, destinados a convertirse en colonias infantiles de verano.¹³

La Iglesia Católica comenzará a organizar campamentos y colonias de verano entrada la década de 1950. Empero, todavía en 1957 la organización y realización de cualquier actividad juvenil al aire libre no podrá darse sin la aprobación, de facto, y, de iure, desde la promulgación de la Ley Fundacional del Frente de Juventudes (1940), del propio Frente de Juventudes o de la Sección Femenina.¹⁴ Ese año, Cáritas Diocesana constituirá su Secretariado de Colonias de Cáritas, que será muy activo desde entonces a lo largo del franquismo. Y, aunque desde la década de 1960 hasta la finalización del régimen se produjo una mayor laxitud y permisividad legal en la creación de colonias infantiles y juveniles, que favoreció el surgimiento de experiencias al margen de las anteriores,¹⁵ el control de los aparatos del Movimiento se mantendría hasta la desaparición de los mismos, el 1 de abril de 1977.

En paralelo, desde 1955 se organizaron colonias infantiles para los hijos e hijas de militares bajo el amparo de la denominada Acción Social en el Ejército. Se trata de un fenómeno que tiene eco en los ejércitos occidentales tras la Segunda Guerra Mundial,¹⁶ pero que atiende a varias cuestiones particulares: de una parte, recoge el propósito de encumbrar la labor de las fuerzas armadas, así como de reforzar el sentido de pertenencia a un colectivo cerrado y con ciertos privilegios sobre el resto de la población;¹⁷ de otra, el término Acción Social guarda concomitancias con la acción social católica, cuyo desenvolvimiento acoge diversas actuaciones que concurren en el “conjunto de todas aquellas obras, cuyos principales mantenedores y promotores son los católicos seglares, y cuya naturaleza varía según las necesidades propias de cada nación y las circunstancias particulares de cada país.”¹⁸ Por último, al igual que ocurrirá con las Juntas Centrales de Educación Física y Deportes o el Recreo Educativo del Soldado, se articulará un espacio propio en el seno del ejército donde se manifestará el imposible sincretismo político entre los falangistas y los militares,¹⁹ y donde quedará patente el rechazo a cualquier intromisión en el ámbito castrense. De hecho, la sede de la principal colonia, ubicada en Quintana del Puente, llevará por nombre Colonia General Varela, en homenaje al militar africanista, compañero de armas de Francisco Franco, Ministro del Ejército y claramente enfrentado a Falange.²⁰

Inicialmente desarrolladas por el Ejército, desde 1964 la Marina y un año después la Guardia Civil, realizarán sus propias colonias. Como veremos, las colonias que se organicen a lo largo del periodo tratado, serán de verano o bien permanentes (siguiendo forma de internado). Asimismo, otros cuerpos militares crearán las suyas propias. Dado su mayor alcance y significación, nuestra atención estará en las colonias creadas, organizadas y financiadas por el Ejército.

En 1955 el Diario Oficial del Ministerio del Ejército (en adelante DOME), recoge una Orden de la Subsecretaría de Trabajo y Acción Social firmada por el Ministro del Ejército, el teniente general Agustín Muñoz Grandes, señalando que su creación atendía a las “numerosas […] disposiciones que han sido promulgadas con el fin de proporcionar especiales cuidados a los niños que en sus primeros años necesitan la atención por parte del Estado. El Ministerio del Ejército, inspirándose en estas normas, desea conceder a los hijos y huérfanos de militar algunas de estas ventajas, comenzando por la organización de colonias infantiles.”²¹

La primera colonia se establecía en las instalaciones de un sanatorio antituberculoso construido en 1939 por presos de guerra republicanos, ubicado en Quintana del Puente (Palencia). Estaba dirigida a los hijos y huérfanos de generales, jefes, oficiales, suboficiales y sus asimilados con edades comprendidas entre los 7 y 12 años, cuya estancia sería de tres meses: “Durante ella, los niños recibirán las enseñanzas religiosa, cultural y física y los cuidados que se determinen, según su edad y sexo”, sostenía la citada Orden. Toda esta actividad se desplegaba en continua segregación, como en el resto de los ámbitos sociales, educativos y culturales, hasta el punto de organizar distintos turnos atendiendo a la graduación de los progenitores o, posteriormente, cada uno de los sexos. Los gastos, incluido un sencillo equipo de ropa y efectos de uso personal, eran sufragados con cargo al presupuesto del Ministerio, y los viajes en ferrocarril a través de los presupuestos generales del Estado.

En esta primera experiencia, la previsión era formar la colonia con 250 niños, de los cuales 40 serían huérfanos. Se estimaba, además, que habría un sanitario por cada 10 menores, atendiendo a la cruzada moral, médica e higiénica inserta en el ideario del Régimen, y en contraste con el contexto general de precariedad e inexistencia de este tipo de personal especializado para el resto de la población, sobre todo en las zonas rurales y suburbiales.

Tal y como hemos señalado, las colonias no eran una excepción sino un complemento en el marco protector que suponía la creación de la Acción Social militar dirigida a los mandos castrenses, a sus familiares directos y especialmente a sus hijos, y bajo la tutela y dirección de la institución armada.²² Tanto fue así que, apenas dos meses más tarde, se publicaba otra orden en el DOME que llevaba por encabezado “Protección escolar en el ejército”²³ y que justificaba la necesidad de implantar cuántas medidas fueran necesarias para socorrer a estos (y no a otros) funcionarios del Estado.

Una de las funciones indeclinables del Estado es la tutela y protección de sus funcionarios, que se manifiesta en diversas medidas de carácter económico y social. Y el personal del Ejército no puede quedar desatendido [...]. La enseñanza y la preparación del porvenir de los hijos requieren esfuerzo, que, a veces y en las familias de condición económica modesta, resulta superior a sus posibilidades. Es justo, pues, otorgarles una ayuda para fin tan trascendental en la familia y de tanta repercusión, además, en el porvenir de la patria.²⁴

Estas ayudas pretendían beneficiar a uno de cada tres hijos e hijas de jefes, oficiales y suboficiales, y los motivos que permitían acceder a ellas estaban relacionados con la escasez de recursos o con la lejanía de los centros de educación. Con tal propósito, se desarrollarán distintas medidas o figuras, sobre las que hablaremos más adelante.

La implantación de este tipo de beneficios en modo de “pago en bienes y servicios” tendrá especial acogida por parte del régimen. Desde 1948 se pondrá en marcha la Asociación Mutuo Benéfica del Ejército de Tierra (AMBE) destinada a la atención sanitaria de los militares profesionales y sus familiares directos. Los beneficios también incluirán acciones como la mejora de la dieta en los hospitales militares, la reglamentación de pérdida de la asistencia hospitalaria militar a los hijos varones mayores de 18 años, y a las hijas “al tomar estado” o el incremento (en número, alcance y dotación) de las pensiones.²⁵ Las colonias, constituidas en 1955 serán otra muestra más de este fenómeno. Todo ello en un contexto donde, tal y como refiere Puell de la Villa, el pluriempleo será norma común en el colectivo militar profesional, y donde la “cortedad del sueldo” medio de un teniente a fines de los años 50 alcanzaba las 9 000 pesetas, insuficiente teniendo en cuenta que sus “gastos fijos, si acababa de casarse, ascendían a unas 5 000 pesetas entre alquiler, lavadora y nevera, electrodomésticos que empezaban a estar al alcance de casi todas las economías familiares, siempre que se adquiriesen a plazos.”²⁶ Mientras la población en su conjunto permanecía en los años 50 al margen de la educación, la cultura, de cualquier tipo de bienes de consumo o de ayudas prestadas por los organismos oficiales, los integrantes de las Fuerzas Armadas se veían favorecidos por remuneraciones cuya financiación venía recogida por ley en los presupuestos generales del Estado.²⁷

Durante la segunda convocatoria en 1956, se organizaron varias colonias de ambos sexos: la primera de ellas, masculina, denominada “General Varela”, y otra, marítima, para niñas en Santoña (Cantabria), en los edificios del Patronato militar “Virgen del Puerto”, a la que solo podían asistir 50 dada la limitada capacidad de las instalaciones. En ambos casos, la asistencia y cuidados quedaba en manos de las religiosas Mercedarias de la Caridad, quienes prestarían las oportunas atenciones espirituales y sanitarias.²⁸ Las colonias de verano transcurrieron entre el 16 de junio y el 15 de septiembre y, como constataba el Diario Oficial,²⁹ los menores debían tener entre 8 y 12 años. En el caso de los niños, el equipaje debía disponer, además de la ropa exigida, de una boina azul marino; en el caso de las niñas, de un velo para la Iglesia y de una bolsa o caja de labores. A lo largo del verano se harían varias solicitudes para completar el cupo de menores de ambos sexos previsto cubrir en dicho ejercicio. En una convocatoria de noviembre, que a su vez ampliaba otra realizada en agosto, se señalaba la existencia de 20 plazas para hijos o huérfanos de jefes, oficiales y suboficiales, con la intención de realizar la preparación necesaria para el examen de ingreso en el bachillerato elemental.³⁰ Durante el año 1956 podemos constatar la asistencia de 930 menores (entre niños y niñas) a las mencionadas colonias, número que sufrirá variaciones en el periodo tratado, tal y como constatamos en la Tabla I.

A partir de 1957 comenzaron a organizarse colonias permanentes para varones en Palencia, en realidad internados perfectamente reglados y autorizados para la docencia y homologados al resto de los centros escolares, junto a las colonias veraniegas ideadas como mero complemento instructivo y paramilitar de los jóvenes durante su tiempo de ocio. La convocatoria las consideraba, en su artículo cuarto, como un refuerzo de la enseñanza oficial y reglada: “Los niños que cubran las cien plazas convocadas permanecerán en la Colonia Infantil “General Varela” de Quintana del Puente, hasta fines de mayo próximo, sometidos al régimen general de la misma.”³¹ Las denominadas “colonias de estudio” representarían un añadido preparatorio a la enseñanza habitual o, en algunos casos, un sustituto de la misma al erigirse en un centro más de educación primaria.

El 25 de febrero de 1957 se nombró nuevo ministro del Ejército al teniente general Antonio Barroso Sánchez-Guerra y, desde entonces, sería este el que firmara las nuevas convocatorias, con la misma redacción e idéntico orden de exposición de motivos. El procedimiento de selección y “reclutamiento” de los menores también fue siempre el mismo: los capitanes generales de las regiones militares peninsulares y de Baleares, la Capitanía General de Canarias y el general jefe de las fuerzas localizadas en el norte de África (o en su defecto los gobernadores civiles), daban la mayor difusión posible a las convocatorias entre los militares profesionales. Los padres, o tutores en el caso de los huérfanos, interesados en enviar a sus hijos o hijas, se lo comunicaban a los altos mandos y eran estos los que remitían la relación definitiva de niños y niñas propuestos, anticipando por telégrafo el número de los correspondientes a cada plaza del territorio de su jurisdicción. En caso de superar el número de niños al de posibles admitidos, se seleccionaban aquellos provenientes de familias numerosas, o bien aquellos que no hubiesen estado previamente (ni ellos ni sus hermanos) en las colonias; de persistir la diferencia entre oferta y demanda, se haría un prorrateo entre todas las regiones militares a las que se les comunicarían las plazas que les correspondía para que designaran los aspirantes que debían concurrir a la colonia (niños) y residencia (niñas). Los menores debían pasar un control médico que indicara que no sufrían enfermedades contagiosas. A pesar de todo, una vez aceptados en primera y única instancia, si al llegar al lugar de concentración previo al viaje no disponían del equipaje de ropa completo, eran devueltos a sus casas tal y como advertían las bases en cada ocasión.

MANTENIMIENTO DE LAS POLÍTICAS FORMATIVAS INICIALES. NUEVAS CONVOCATORIAS, NUEVAS ORDENACIONES REGLAMENTARIAS (1958-1975)

Dadas las dimensiones que estaban tomando las colonias y los vacíos legales de que adolecían, se decidió ordenar su régimen de actuación publicando un nuevo reglamento con fecha 5 de marzo de 1958. La colonia infantil “General Varela” y la residencia veraniega para niñas seguían teniendo por finalidad “proporcionar a los niños, hijos y huérfanos de militares, la protección conveniente para que estos alcancen, junto con su desarrollo físico, la debida formación religiosa, social y cultural”. La colonia y la residencia dependerían de la subsecretaría del ministerio del Ejército a través de su sección de trabajo y acción social, y se regía por el reglamento específico elaborado a tal efecto aunque, subsidiariamente, lo hacía por el Reglamento de Hospitales, desarrollado por la Iglesia. La duración de las colonias se propondría en cada convocatoria en atención a la finalidad de las mismas, y no se establecería con carácter general y de manera permanente. En el caso de que las solicitudes aceptadas excediesen el número de plazas existentes, la elección se verificaría por sorteo sin ningún otro tipo de criterio de prelación (aunque como veremos más abajo, en la práctica no ocurrió así). Eso sí, a la subsecretaría del Ministerio competía anunciar las convocatorias, fijar su duración, características y número de plazas; unificar el funcionamiento y el régimen económico-administrativo; seleccionar a los aspirantes y fijar el equipaje con que habrían de ir provistos; por último, proporcionar el personal directivo, religioso, facultativo, administrativo, auxiliar y subalterno, tanto fijo como eventual.

Según constaba en el capítulo II, durante la estancia en la colonia los niños y niñas dispondrían de un director espiritual o capellán responsable de velar por la educación moral de los denominados “asilados”. En consonancia con el proyecto formador propuesto, disfrutarían de excursiones, juegos al aire libre y práctica de actividad física y deportes bajo la vigilancia de profesores y auxiliares de educación física. El plano cultural quedaba cubierto mediante la dotación de bibliotecas adecuadamente dispuestas de libros y de revistas infantiles, la representación de obras de teatro, etc. El tiempo que permanecían en la residencia serían reconocidos periódicamente por el personal sanitario encargado también de registrar la evolución de sus indicadores de salud mediante una ficha personalizada. Habría dos horarios: uno de verano, donde se practicarían juegos y deportes, preferentemente, dado el período vacacional del que disfrutaban, y otro de invierno, donde se atendería al estudio como una actividad más de educación primaria reglada. Como hemos visto con anterioridad, en todo este período se exigía a los colonos disciplina y obediencia, y el mínimo desacato se castigaba con la baja.

La colonia estaba dirigida por un coronel del Ejército de cualquier Arma, Cuerpo o Escala. Entre sus funciones, además de muchas otras, estaba la de “vigilar a los colonos, por sí o por sus oficiales, en los aspectos moral, religioso, social, intelectual, higiénico, alimenticio y recreativo” (punto 5, art.12, cap. III). Junto al cuerpo de militares destinados en la colonia (en activo o en la reserva) habría un administrador, un secretario, un interventor, un médico, un capellán (que oficiaría misas diariamente), y una comunidad religiosa (entre cuyos servicios estaban los de tipo pedagógico).³² Al personal de servicio civil (peones, carpinteros, lavanderas, cocineras, etc.), se incorporarán posteriormente monitores y maestros civiles. El reglamento estipulaba la creación de un plan de labores, una hoja de alimentación, un pliego de rendición de cuentas y un informe de gestión. El detalle de las actividades que se desarrollaban era total, y el reglamento estaba destinado más a poner orden al funcionamiento interno de la colonia y al reparto de responsabilidades, que a mejorar aspectos concretos —prácticos o pedagógicos— detectados desde su creación.

En la convocatoria del curso escolar 1958-59, los términos en que se redactó la exposición de motivos fue prácticamente idéntica a la de ocasiones anteriores, manteniéndose el período de internamiento de los niños desde la primera quincena de octubre hasta la primera quincena de mayo de 1959, con el objetivo de que realizaran los estudios para el ingreso en el Bachillerato elemental. En esta ocasión, también se ofertaban 200 plazas y los criterios de familia numerosa y de no haber estado previamente en la colonia, eran determinantes en caso de superar la demanda a la oferta de plazas.³³ Se seguía, de este modo, la formulación practicada desde su creación y no la literalidad del reglamento aprobado cinco meses antes. Un dato ilustra lo que acabamos de afirmar: la Ordenación General de Pagos (algo así como la aplicación real y efectiva de los presupuestos generales del Estado) de 1958, revelaba las siguientes partidas económicas: para colonias infantiles (concepto 11, de libre disposición por parte del ministro) se destinaban 4.5 millones de pesetas; para protección escolar, 8.5 millones; para residencia de los hijos de jefes y oficiales, 9.1 millones; como referencia comparativa, para la Academia General Militar, se destinaba algo menos de un millón (998 772 pesetas); para la Academia General de Infantería, 1.2 millones; y para el Recreo Educativo del Soldado, que atendía a la educación moral y recreo de la tropa, 200 000 pesetas. Podemos constatar cómo las colonias infantiles, junto a otras “acciones sociales” destinadas a los hijos de los militares, se convirtieron, anualmente, en centro de atención preferente del gasto asumido por el Estado. Además, se erigieron en la lanzadera educativa de estos sectores para acceder, cursar y promocionarse en la enseñanza secundaria y superior, reproduciendo el orden social existente hasta entonces.³⁴

Para tener una idea más acabada de lo expresado, ofrezcamos otro dato revelador: en la circular sobre protección escolar en el ejército, realizada por el Estado Mayor Central en julio de 1958, se convocaron bolsas económicas y becas para el curso académico 1958-1959; la asignación de las cantidades era, cuando menos, bastante generosa si tenemos en cuenta la situación económica y financiera general del país: para enseñanza media, 3 400 bolsas de 1 500 pesetas y 125 becas de 6 000 pesetas; para la enseñanza superior 610 bolsas de 2 500 pesetas y 100 becas de 10 000 pesetas.

A lo largo de las décadas de 1960 y 1970 continuaron publicándose convocatorias anuales. En conjunto, tal y como refleja la Tabla I, de los 630 menores contabilizados en 1958 se pasará a 1 467 durante el curso escolar 1965-66, para iniciar un lento declive que conduce a los 1 145 colonos de ambos sexos durante el curso 1975-76. Este desarrollo también recoge aspectos cualitativamente sustanciales: de una parte, la mayor presencia de niños frente a niñas que se observa en los primeros años (tanto en el número de turnos programados, plazas ofertadas, como número de asistentes), se ve alterada desde el curso escolar 1962-63 al invertirse la tendencia e imperar la presencia femenina, de manera constante, hasta 1975, e incluso más adelante como veremos. De otra parte, y atendiendo al tipo de estadía de los niños, la relación será favorable a los colonos veraniegos frente a los permanentes, únicamente existentes en Quintana del Puente. Esta relación se mantendrá durante el periodo tratado y supone que, en torno al 40 % del total de participantes, lo hacen en régimen de internado y, en consecuencia, responden a la figura de vástagos varones expuestos a una mayor socialización en los valores castrenses y a una mejor, y exitosa, promoción académica.

En 1961 se producirán cambios en la organización y enfoque de la Acción Social del Ejército. De una parte, dentro de la llamada Protección Escolar, quedarán integrados dos Patronatos Militares para enseñanzas medias, preuniversitarias e internado (en 1961, Virgen del Puerto, en Santoña; y en 1963, Virgen de la Paz, en Ronda), las residencias de estudiantes (presentes a partir de 1957 también en Barcelona), la dotación de becas y bolsas de estudio, así como las colonias infantiles. De otra, pasará a constituirse la Dirección General de Acción Social del Ministerio del Ejército que aprueba un nuevo reglamento de Colonias. Este queda organizado por capítulos (y no por secciones), incrementándose su articulado (que pasa a ser de 51) y que, como novedad, incorporará la figura del celador, cuyo cometido era el de cooperar “al mantenimiento de la puntualidad, disciplina, orden, buen estado, policía y corrección de los colonos durante los recreos, excusiones, paseos, representaciones teatrales, sesiones cinematográficas y conferencias”. Dicha tarea de vigilancia y control quedaba a cargo de todos los suboficiales destinados en la colonia que no desempeñasen funciones administrativas, fortaleciendo los principios de compañerismo y de jerarquía, así como el temor a la ociosidad como mal a atajar, tal y como se desprende de los testimonios de otros trabajos sobre la institución militar y sus estrategias de cohesión interna.³⁵

Como complemento de estas medidas, los artículos 48 y 49 del mencionado reglamento perfilaban aún más el régimen interno; el primero, haciendo referencia a las obligaciones de los colonos y, el segundo, a la disciplina de los mismos y a la clasificación de las faltas cometidas. Se consideraban faltas muy graves permanecer fuera de la colonia, participar en manifestaciones colectivas de desagrado, de protesta o desaprobación de cualquier disposición superior, el abuso de confianza, “Y, en general, la realización de actos que relajen la disciplina, vayan contra el honor o redunden en desprestigio del Centro o de las Instituciones.”³⁶

Tras la redacción del nuevo Reglamento se producen algunos cambios, a veces puntuales y en otras ocasiones de más alcance en su contenido. Por ejemplo, en la convocatoria de 1963, siendo ministro el excapitán general de Cataluña y Marqués de Villatorcas, Pablo Martín Alonso, se establece que, para concurrir a las colonias, además de no padecer enfermedad contagiosa como había ocurrido hasta entonces, los y las aspirantes debían no sufrir incontinencia urinaria. O, pese a reglamentarse que los padres o tutores “no tendrán que abonar cantidad alguna para contribuir a los gastos de sostenimiento de las Colonias, de los que se hace cargo en su totalidad este Ministerio (Dirección General de Acción Social)”, ese año los padres habrían de abonar parte de los gastos mensuales de los colonos correspondientes a matrícula, libros “y efectos que el desarrollo de los estudios requiere”. Una medida que no prosperará en años posteriores, al ser la Dirección General la que sufrague todos los costes. Asimismo, en el tradicional atuendo que debían aportar los niños, se sustituía la boina azul marino por una corbata “según modelo aprobado por el propio ministerio.”³⁷ Coincidiendo con el desarrollismo tecnocrático, con las campañas alfabetizadoras y con la presión de los organismos internacionales por fomentar cierto aperturismo, se trataba de mostrar una apariencia menos hermética y castrense, por otra más social, “informal” o civil en el régimen de las colonias.

Sin embargo, lejos de atenuarse, habida cuenta del tímido proceso de apertura y modernización iniciado en las fuerzas armadas desde finales de la década de 1960, se proseguirá con la visión corporativista y de privilegio en sus filas. En este sentido, tanto la aprobación del reglamento de las residencias de estudiantes para los hijos de generales, jefes, oficiales y asimilados del 31 de marzo de 1973 (creadas por Orden de 25 de enero de 1956), como la generosidad económica con que se seguían tratando estos conceptos en los presupuestos del Estado para este departamento ministerial, parecen indicar su favoritismo. Acogidas muchas veces bajo unas sigilosas figuras presupuestarias, al modo de “sin variación” o “a disposición del Señor Ministro”, los saldos seguirán siendo significativos: de los 22 120 000 pesetas destinadas en 1958 para Bolsas de Estudio y Becas, Residencias de Estudiantes y Colonias Escolares (a las que se destinan 4,5 millones de pesetas), se pasa a 31 708 000 pesetas en 1970 (con 5 847 000 pesetas destinadas para Colonias). Y los 42 293 000 pesetas de 1974 (con 6 432 000 para las colonias infantiles y de verano),³⁸ pasan a 50 100 000 pesetas en 1975.³⁹ Con todo, laspartidas presupuestarias asignadas irán en aumento a pesar de ir

En síntesis, el objetivo de esta política, como el de otras que se desarrollaban en paralelo, había quedado expuesto desde el año 1963 por el general de división y director general de Acción Social del Ejército, Emilio Alemán Ortega:

En las residencias de estudiantes, lo mismo que en los Patronatos de Enseñanza Media y en las colonias infantiles, debe buscarse constantemente el perfeccionamiento de sus pupilos en los aspectos religioso, intelectual, físico y social a la vez que se afianza y ensancha su cariño, respeto y admiración a nuestro Ejército y demás Instituciones armadas.⁴⁰

En fin, se trataba de inculcar el militarismo, potenciar el espíritu de cuerpo (fomentando el sentido de pertenencia a un grupo selecto que alcanzaba determinadas ventajas por méritos propios), promover la verticalidad de valores, la vocación heroica, suscitar el sentimiento de amor a la Patria y de solemnizar todas sus propuestas. De este modo, la acción social a la que hacía referencia el responsable de la misma, integraba también otros elementos suscritos a la Protección Escolar y, como consecuencia, al fortalecimiento del Estado.

CONCLUSIONES

En sus años de surgimiento y desarrollo, que coincidió con la época de máximo apogeo de la dictadura franquista, las colonias infantiles fueron un instrumento de promoción social y académica para los hijos de los militares, debido al histórico poder de influencia acumulado por sus padres desde la “gesta” (sic) que tuvo lugar durante y después de la guerra civil de 1936. En sus inicios no representaron una necesidad moral ni educativa para los niños pues, ambos aspectos, estaban sobradamente cubiertos en la sociedad española de los años 50 para aquellos sectores que no solo ganaron la guerra sino que, además, figuraron como sus actores principales formando parte del poder ideológico, económico y político. Como se afirmó tempranamente, desde la creación de la colonia “General Varela”, había que fomentar la convivencia entre los colonos “a fin de mantener, desde su temprana edad el sentido y tradición de la familia castrense que dedica sus actividades y sacrificios al servicio de la Patria”.⁴¹ Su misión fue, como hemos podido apreciar, preeminentemente corporativa, destinada a construir el espíritu de cuerpo unificado, apuntalar la diferenciación social y realzar el privilegio militar.

Mientras estos menores, aproximadamente 1 000 cada año, gozaron de unos beneficios y prerrogativas incomparables en instalaciones, personal, equipaje, becas, financiación general y consideración académica y social, el resto de sectores sociales debían conformarse con aceptar la realidad tal cual se les presentaba, por dura y cruel que fuera. Las diferencias, el clasismo, los privilegios obtenidos y el elitismo resultante de sus propuestas fue evidente, y el objetivo de las mismas llevado a la práctica para conformar los cuadros dirigentes de la sociedad, también.⁴²

Para concluir debemos añadir que la figura de las colonias tuvo continuidad en el ejército incluso durante el periodo democrático. En 1985 asistieron 700 menores que disfrutaron de una estancia de 22 días, durante el mes de julio, en Santoña (300 niñas), Ronda (200 niños) y Quintana del Puente (200 niños). Tal y como se recoge en la convocatoria de aquel año, las condiciones de acogida apenas sufrieron variación alguna.⁴³ La progresiva merma del número total de colonos, el coste derivado de su realización y mantenimiento, los cambios producidos en torno a la figura de la Acción Social, así como el triunfo del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de 1982 y las transformaciones acaecidas dentro de la estructura y legislación militar durante el mandato de Narcis Serra i Serra (1982-1991), supusieron el cierre de las instalaciones de Quintana del Puente al finalizar el curso escolar 1987-1988, y su posterior supresión, en 1989.⁴⁴ No obstante, todavía seguirían organizándose en Santoña y Ronda, hasta que en 1991 aparecen en forma de 6 campamentos de verano organizados directamente por las 6 Regiones Militares en su territorio, consignadas por la Dirección de Asistencia al Personal (DIAPER), con 2 000 000 de pesetas para cada uno deellos.⁴⁵ El Anuario Estadístico Militar de 1992 no recoge su celebración, quedando subsumida, con toda probabilidad, en las acciones del propio DIAPER.

De esta manera, se puso punto final a las actividades que concitaron tanto interés y despliegue de medios durante más de 30 años por parte de las autoridades militares, políticas, sanitarias y educativas del país.