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Introducción
Hoy en día existe un amplio consenso en reconocer el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza y sus consecuencias negativas sin precedentes. En este contexto, se utiliza el término Antropoceno para señalar que, aunque las cuestiones ambientales adversas han existido desde siempre, muchas de ellas están alcanzando un carácter irreversible debido a la actividad humana (Moore, 2017). Además, los problemas socioambientales han adquirido características multidimensionales -no solamente ecológicos, sino también económicos, sociales y político-institucionales- que se interrelacionan a diferentes escalas geográficas -regional, nacional e internacional- (Gerritsen, 2010). Particularmente, estas dificultades han llegado a perjudicar a las distintas poblaciones más vulnerables del mundo, generando tensiones por la contaminación y la extracción excesiva de recursos naturales (Martínez Allier, 2005). Así también, muchos de estos conflictos podrían ser prevenidos y controlados, sin embargo, lamentablemente, no se le ha otorgado la debida importancia por parte de los distintos gobiernos. En este sentido, la falta de una conciencia ambiental de la ciudadanía, aunada a las irregularidades al otorgar autorizaciones para proyectos insostenibles de parte de las autoridades gubernamentales e institucionales, han propiciado el desarrollo de eventos antropogénicos en la naturaleza (Ibid.).
Tal es el caso del evento hidrometeorológico que el domingo 02 de junio del 2019 afectó al municipio de San Gabriel en el sur del Estado de Jalisco, generando el desbordamiento del río Salsipuedes y la formación de una avalancha de escombros, basura, piedras, lodo y troncos, que dejó severas afectaciones materiales a su paso, tanto en casas como negocios asentados en zonas muy próximas al cauce del río.
La sorpresiva llegada de esta avalancha en un domingo soleado, a través de una fuerte corriente gravitatoria de gran cantidad de arrastre de sedimentos fue resultado de la conjunción de una alta precipitación presentada en la parte superior de la cuenca, aunada al impacto de las intervenciones humanas en la cabecera de la cuenca y en el cauce del río, tales como deforestación, degradación, cambio de uso de suelo, incendios, actividad agrícola y ganadera, reducción de la anchura del cauce, así como la presencia de escombros y basura. Este conjunto de factores generó un impacto severo en la estabilidad del suelo, propiciando una erosión hídrica que recorrió desde la zona alta en la cabecera de la cuenca hasta el poblado próximo.
Con base en lo anterior, en este artículo se presenta un primer análisis de la avalancha de San Gabriel, desde una mirada de complejidad socioambiental, vulnerabilidad socioecológica y urbanización, intentando demostrar que, si bien la expansión del aguacate ha sido clave, el desbordamiento del río Salsipuedes también es resultado de un gran número de factores interrelacionados. A continuación, presentamos algunas nociones teóricas y la metodología empleada, seguidas por la presentación de los resultados encontrados. Concluimos con una discusión y las principales conclusiones obtenidas.
Algunas nociones teóricas
La vida de los seres humanos depende de los recursos naturales, es decir, la vida humana está estrechamente interconectada con la naturaleza. A través de la historia, esta interconexión se ha manifestado con rasgos propios, dando lugar a diferentes culturas y civilizaciones, con determinadas ideas, costumbres y tradiciones, así como en un modo particular de vida en cada país y sus diferentes regiones (Gerritsen, 2010).
Debido a los cambios en la relación sociedad-naturaleza, también se presentan transformaciones de los agroecosistemas, influenciadas por procesos culturales, económicos, políticos y sociales. Es por ello que el manejo de los recursos y la solución de los problemas socioambientales asociados requiere de una visión holística, dado el gran número de factores que intervienen. A partir de la problemática socioambiental asociada, surge la necesidad de planificar un manejo integrado de los recursos naturales, conduciendo, entre otras cosas, a una mejor comprensión de cómo esos conflictos interrelacionados se pueden sopesar bajo un manejo sostenible sin sobrellevar al límite a los ecosistemas (Ibid.).
Además, los planes deben permitir el establecimiento de compromisos socialmente responsables, los cuales son indispensables para mantener la sustentabilidad del patrimonio natural y cultural (López-Jiménez y Chan-Quijano, 2016; Leff, 2010). En especial, el entendimiento de los servicios ecosistémicos es fundamental para la toma de decisiones, adecuada a esquemas, normativas y acciones en materia de preservación de ecosistemas tanto nacionales como regionales (Fisher et al., 2009), puesto que son primordiales para el sector agroalimentario.
Lo anterior es aplicable para un país como México, que depende de manera importante de sus recursos naturales, debido a que es uno de los principales exportadores de gran variedad de productos en el mundo (SIAP, 2021). Sin embargo, esa apertura comercial de la agroindustria ha propiciado efectos muy negativos en las estructuras productivas locales, ya que, con el aumento de la demanda de cultivos de exportación, se ha acelerado el cambio de uso de suelo forestal para uso agrícola, ante la reconversión de cultivos tradicionales por cultivos de exportación, ocasionando un deterioro ambiental en sus regiones productivas (Ortiz, 2017).
Impactos socioambientales y vulnerabilidad socioecológica
Una ruptura en las interacciones entre sociedad-naturaleza conlleva a una degradación ambiental, que se entiende como una alteración en los ciclos ecológicos y bioquímicos de restauración natural. También se manifiesta en la explotación de recursos naturales a un ritmo tan rápido que estos no se consiguen reemplazar o regenerar por sí mismos. Algunas prácticas que contribuyen a un desequilibrio en los procesos naturales son el establecimiento de monocultivos, el uso excesivo de agroquímicos, la manipulación genética y la labranza intensiva, entre otros (Gliessman, 2000).
El cambio en las interrelaciones sociedad-naturaleza ha ocasionado un incremento en los desastres socioambientales, donde uno de los aspectos que caracteriza a la sociedad actual es la condición de riesgo en la que pueden alterar significativamente la estructura y el comportamiento de la misma sociedad, generando cambios socioeconómicos y políticos importantes a largo plazo (Pelling y Dill, 2010). En este sentido, Beck (2006) afirma que se trata de un riesgo cada vez más complejo y multicausal.
Los riesgos socioambientales se ven reflejados en una vulnerabilidad socioecológica, la cual no es creada porque haya ocurrido un incremento de la peligrosidad, sino por el modo de ocupar y utilizar territorios con elevados niveles de exposición (Olcina, 2008). Para el caso de las zonas urbanas, Lavell (2004) menciona que los desastres observados de la vulnerabilidad socioecológica de las ciudades tienen que ser comprendidos a través de la interacción continua entre las cuestiones sociales y las ecológicas, ya que, a partir de los procesos de apropiación y transformación de la naturaleza que el humano ha llevado a cabo, se construyen las condiciones sociales de riesgo. Cardoso (2017), a su vez, define a la vulnerabilidad socioecológica como la incapacidad o inflexibilidad de una comunidad humana para absorber los efectos de un cambio en su medio ambiente, donde dicha incapacidad está conformada por características tanto individuales como sociales y del entorno habitado, es decir, la vulnerabilidad socioecológica entendida como uno de los componentes del riesgo.
No obstante, los desastres socioambientales pueden ser prevenidos o mitigados, lo que requiere cambios en las estructuras político-institucionales y sociales de una sociedad (Pelling y Dill, 2010). Por tanto, se tienen que tomar acciones desde un poder político y ciudadano con representación en diferentes escalas en torno al uso y manejo de los recursos naturales (Wisner et al., 2005). Esta toma de decisiones tiene que enfocarse también en una planeación física de los espacios de las mismas civilizaciones, puesto que la urbanización es una de las causas de vulnerabilidad socioecológica, dado el riesgo y exposición que representan los asentamientos humanos no planificados.
Con el proceso de urbanización se refiere a un proceso multidimensional respecto al crecimiento en importancia de las sociedades urbanas en una determinada región (Gerritsen y Terríquez, 2008). También se refiere a los flujos de productos y servicios, la ocupación del espacio y la dimensión no material desde la articulación del sector económico y el cambio de prácticas sociales (Barrera et al., 2004). CEPAL (2016) considera que los procesos de urbanización han mejorado las condiciones de vida de algunos sectores de la población, sin embargo, no han constituido procesos inclusivos ni balanceados entre los grupos sociales de las ciudades, entre los que destacan los asentamientos informales, la carencia de servicios, la segregación residencial, la gentrificación, la inseguridad y los riesgos socioambientales.
Un factor que ha contribuido al crecimiento irregular en los procesos de urbanización es la escasez y alto precio del suelo urbano, que conlleva a tener una alta demanda por viviendas a través de barrios marginales, en los que predomina la informalidad de la vivienda y el mercado de la tierra (Muñoz-Salazar et al., 2018; Bouillón, 2012). En estos barrios se genera un desafío grande debido a la vulnerabilidad de sus residentes, que se exponen en mayor medida a problemas de salud, a desastres socioambientales y asimismo a dificultades de acceso a bienes y servicios básicos (ONU-Hábitat, 2014).
Finalmente, los criterios para la construcción de los asentamientos humanos han seguido una lógica político-económica ineficiente y unilateral con respecto a la relación sociedad-naturaleza (Romero y Romero, 2015). Esto reafirma la preocupación acerca de la capacidad de las instituciones públicas para responder a la demanda de acciones de prevención, estimación, mitigación, preparación, alerta, respuesta y reconstrucción que el proceso de urbanización requiere (Urquiera, 2014; Romero y Romero, 2015).
Diseño del estudio
El estudio, cuyos resultados se describen en este artículo, se realizó en el municipio de San Gabriel que se localiza al centro de la Región Sierra de Amula del Estado de Jalisco (Figura 1). Tiene una superficie de 723 Km2 y su territorio se ubica en un gradiente altitudinal entre los 880 y 3,900 msnm, mientras que su cabecera municipal se encuentra a 1,260 msnm. El municipio presenta un clima semicálido-semihúmedo, con una temperatura media anual de 18.9°C y precipitación media anual de 860 mm (IIEG,2018; INAFED, 2019).
El territorio de San Gabriel comprende una amplia llanura con varias ondulaciones, que se extiende desde las faldas del volcán de Colima hasta la planicie del Distrito de Desarrollo Rural No. 7 de Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco. Esta llanura se divide en una zona alta (1300-1500 msnm) con condiciones pluviométricas favorables (600- 800 mm) y una zona baja (900-1300 msnm) que es mucho más seca (400-600 mm) (Erenstein, 1999). Tiene una cobertura de 34.8% de bosques, 20.0% de selvas y 38.7% destinada a la agricultura. El municipio presenta riesgo de erosión en 15% de su superficie (IIEG, 2018). En su sector agrícola destacan los cultivos de maíz, frijol, sorgo, calabaza, chile, pepino, jitomate, garbanzo, agave y caña; en su sector pecuario la ganadería bovina está en vías de expansión principalmente como una forma de capitalización de las explotaciones y para surtir el mercado de carne, teniendo como característica su crianza de ganado porcino, caprino, ovino, avícola y bovino (Secretaría de Gobierno, 2000).
Actualmente, varias agroempresas foráneas aprovechan el potencial agrícola del lugar y la disponibilidad de mano de obra barata, desarrollando infraestructura y acondicionando tierras para cultivo intensivo y de invernadero. De esta manera se ha generado una dinámica acelerada de transformación agrícola, donde la agricultura está siendo cada vez más desarticulada de su base material, perdiendo la capacidad de integración a los sistemas productivos regionales. Esto se debe en gran medida a la intensificación del uso de los espacios productivos bajo un enfoque de especialización y homogeneización de cultivos agroindustriales, desplazando a los campesinos originarios y sus formas de producción (Ochoa-García, 2006; Vázquez y Gerritsen, 2021).
Metodología aplicada
Nuestro estudio que se basó en la aplicación de los métodos de la revisión de fuentes secundarias (Bernard, 2011), siendo notas periodísticas y artículos científicos relacionados con el tema de la complejidad socioambiental, la vulnerabilidad socioecológica y la urbanización, aplicándolos al caso de estudio particular de la cabecera del municipio de San Gabriel, además de realizar recorridos por los diferentes tramos del río Salsipuedes que se desbordó en el 2019, tanto en las áreas urbanas como rurales. Optamos por un estudio exploratorio, debido a que, en su momento, las condiciones sociales y políticas en la región de estudio no permitieron la aplicación de entrevistas a informantes clave y entrevistadas y entrevistados afectados.
Resultados
La globalización, la liberalización económica y las nuevas formas de competencia en el sector agroalimentario han originado cambios profundos en la vida económica y social de las comunidades campesinas (Macías, 2010). San Gabriel es un ejemplo de ello, evidenciado por los cambios drásticos en sus sistemas de producción, tal como se manifiesta en la acelerada expansión del aguacate, donde si bien este cultivo proporciona beneficios económicos, ha generado también una gran cantidad de problemas ambientales. En este sentido, la avalancha del 02 de junio de 2019 es indudablemente el resultado visible de una presión ecológica mayúscula ejercida en una región, unida a un deslindamiento social, tanto civil como institucional (Rodríguez Pinto, 2018; Martín, 2019; Mellado, 2019). Los problemas generados por el desbordamiento del río Salsipuedes en San Gabriel no fueron un hecho aislado, sorpresivo o espontáneo, sino resultado de la suma de múltiples factores, causas y problemas. A continuación, primero describimos el problema principal y los problemas secundarios, para posteriormente analizar las diversas causas del mismo.
problemas secundarios
El problema principal de la avalancha que inundó la cabecera del municipio de San Gabriel fue suscitado por el desbordamiento del río Salsipuedes, debido al derrumbe y arrastre de sedimentos provenientes de una erosión acelerada presentada a altitudes superiores (Figura 2).
Fuente: Elaboración propia
Figura 2 Esquema del problema principal y los problemas secundarios de la avalancha en San Gabriel
Este suceso refleja la interconexión e interacción de los diferentes ecosistemas y sus componentes, dado que la actividad en un lugar puede tener repercusiones en un lugar distinto, como en este caso la lluvia presentada en otro poblado cercano a San Gabriel, la cual siguió un cauce topográfico transformándose en lodo al encontrarse con un suelo debilitado y sin cobertura vegetal (Gómez, 2019; Herrera, 2020). Todo ese arrastre de lodo, troncos y residuos terminó dentro de las casas, negocios, calles y construcciones que encontró a su paso, ya que, al no tener un plan de desarrollo urbano, los límites de urbanización se encuentran muy cercanos al cauce del río, ocupando las zonas de inundación naturales del río poniendo en riesgo a la población e infraestructura asentada ahí, que no fue suficientemente viable para prevenir este desastre (Serrano, 2019).
y sociales
El crecimiento de las zonas urbanas conlleva una necesidad de un ordenamiento territorial, el cual organiza el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio con base en sus potencialidades y limitaciones. Así, se planifica y gestiona la viabilidad de los espacios para un determinado uso, en este caso donde las casas, fraccionamientos o cotos privados puedan ser establecidos sin un riesgo ambiental. Evidentemente, en San Gabriel no se contemplaron esas limitaciones del suelo al expandir territorio urbano sobre distancias cercanas al cauce del río. Asimismo, el territorio de las parcelas agrícolas o forestales deben ser seccionadas ante la topografía para evitar deslaves o derrumbes que pongan en peligro la vida humana de los poblados. La falta de control legislativo es igualmente una realidad causante porque no se respeta ni se aplican las recomendaciones expuestas por leyes y normas (Figura 3).
En este sentido, la Ley de Aguas Nacionales (DOF, 2014) dentro del título octavo “Inversión en infraestructura hidráulica” en el artículo 100, pide establecer normas o acciones necesarias para evitar la construcción u operación de una obra que altere desfavorablemente las condiciones hidráulicas de una corriente o ponga en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales. También en el capítulo 5 “Control de avenidas y protección contra inundaciones” en el artículo 132, se menciona que se tienen que realizar diversos estudios que permitan clasificar las zonas inundables asociadas a algún evento con atención de riesgos a corto y largo plazo. Así también son requeridas la difusión de zonas restringidas y normativas para el uso de dichas zonas evitando pérdidas de vidas y daños a construcciones.
En la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016), capítulo segundo dentro del artículo 4, se menciona que es necesaria una planificación, regulación y gestión de los asentamientos humanos para así poder propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 1988) en el capítulo segundo “Prevención y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos”, dentro del artículo 105, se da énfasis en que los apoyos que se otorguen para las actividades agropecuarias tendrán que ser compatibles con la protección de los suelos forestales, evitando el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario.
En este sentido, se evidencia que hay un desinterés por parte de autoridades locales, estatales y federales en la aplicación y cumplimiento de la legislación vigente, llegando a ser las propias autoridades las infractoras de la legislación ambiental al permitir el desarrollo de actividades sin una evaluación de los impactos ambientales y sociales negativos ligados a dichos proyectos. También se resalta la necesidad de contar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial con un enfoque de sustentabilidad y visión de cuenca hidrosocial.
Otro factor que influyó en este escenario adverso fue la modificación antropogénica de los cauces naturales y la disminución de los recursos naturales disponibles, ocasionando la obstrucción de una buena infiltración superficial por la extensión de pavimento tanto de calles, canales, banquetas y fraccionamientos, cubriendo mayor superficie de suelo (Figura 4).
económico-productivas
Los intereses económicos de productores, empresarios e instituciones han llevado a permitir que los suelos se deterioren cada vez más, quedando vulnerables ante la continua deforestación registrada en la región y los múltiples incendios que semanas atrás del suceso de la avalancha consumieron hectáreas de bosques, dejando troncos, materia orgánica y residuos forestales sobre la superficie, y en cambio para el subsuelo se dejó una estructura menos compacta y con poca firmeza, al no tener raíces dada la ausencia vegetativa (Figura 5).
Cabe resaltar, como se mencionó con anterioridad, que la avalancha de San Gabriel no puede ser entendida sin enfocarse en la expansión del aguacate. Jalisco, al ser el segundo productor nacional de aguacate (Cosío, 2019) con sus 75 municipios aguacateros (Larios, 2019), manifiesta una dualidad entre el llamado “oro verde” y un sistema productivo depredador. El primero tiene como eslogan el mejoramiento en el desarrollo económico regional, impulsado por un dominio agroindustrial. Lo segundo se refiere a la siembra de monocultivos, que eliminan cualquier otro tipo de vegetación, generando un gran número de problemas socioambientales.
De acuerdo con Macías (2010), la producción de aguacate en el sur de Jalisco comenzó en la década de 1970 en el valle de Sayula, cuando las huertas llegaron a cubrir más de 400 hectáreas. En aquellos inicios el aguacate que se sembraba era principalmente de la variedad criolla que se vendía a comerciantes locales que lo distribuían en la región. Por otra parte, entre 1957 y 1963 se dio la introducción de la variedad Hass en el municipio de Uruapan en Michoacán, la cual proliferó debido a que esta variedad ofrece una mayor productividad, al contener 75% más de pulpa sin fibra y su maduración ocurre en el árbol. Como resultado, los productores de Sayula no pudieron competir con el aguacate criollo, viéndose obligados paulatinamente a derribar sus huertas (Sánchez et al., 2002).
Fue hasta la primera mitad de la década de 1980 que se instalaron las primeras huertas de aguacate Hass en el sur de Jalisco, específicamente en la sierra del Tigre, dentro del área perteneciente a los municipios de Gómez Farías y Zapotlán El Grande. Sin embargo, el crecimiento del aguacate en esta región se frenaría durante los siguientes quince años, debido a los bajos precios de la fruta y los limitados mercados a los que los productores tenían acceso. Por tanto, no resultó ser un negocio rentable. Medina y Aguirre (2007) señalan que, durante la década de 1970, el precio que recibían los productores de aguacate era en promedio de 10 centavos de dólar norteamericano por kilogramo, cuando el costo de producción era de 40 centavos de dólar por kilo, situación mantenida hasta la década de 1990.
Posteriormente con la formación de los productores de la región en la Junta Local de Sanidad Vegetal de Zapotlán El Grande (JLSVZG), y la implementación de campañas de control de plagas -llamada “Campaña del aguacatero”-, se dio un nuevo impulso a la producción de aguacate y a partir del 2005 tuvo un crecimiento importante. Algunos productores provenientes de Michoacán comenzaron a instalar huertas en nuevas zonas de producción dentro de los municipios de Concepción de Buenos Aires, Tonila, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo (Macías, 2010).
En 2015, el estado de Jalisco se posicionó como el segundo productor nacional de aguacate, lo que mejoró sus oportunidades de exportación a los Estados Unidos. A esta situación también se le sumó un aumento productivo al declarar algunos municipios como libres de plagas del barrenador de hueso del fruto. Fue así que San Gabriel se convirtió en el segundo municipio productor de aguacate en el estado de Jalisco en el 2016.
Los intereses políticos, bajo una máscara de “ayuda al campo mexicano”, han impulsado acciones que favorecen principalmente a grandes empresarios, devorando cada vez más a los pequeños productores y campesinos locales junto con los recursos naturales. Un ejemplo de esto fue la reforma realizada al artículo 27 constitucional dentro del sexenio 1988 a 1994, donde se permitió la venta o renta de porciones de la tierra (Gerritsen, 2010), propiciando así cambios en la tenencia de la tierra. Estos cambios de posesión muchas veces se traducen también en cambio de intereses, al realizar los cambios de uso de suelo forestal a agrícola -como sucedió en San Gabriel-, o generando una reconversión de los cultivos tradicionales de maíz, a cultivos de exportación como el aguacate o la caña.
Lamentablemente, en San Gabriel el cambio de uso de suelo ha sido autorizado por ciertas instituciones gubernamentales, y se registra del año 2000 al 2019 la conversión de 176 hectáreas de vegetación forestal a huertos de aguacate (Rodríguez, 2019). Ese aumento del sector aguacatero registró un total de 2500 hectáreas en el 2019 (Martin, 2019). El cambio de uso de suelo y la reconversión de cultivos también ha sido reforzado por los diferentes incentivos públicos y programas de producción agrícola que brindan recursos para que cada vez más campesinos renten o produzcan en sus tierras ese “oro verde”. En el caso de San Gabriel el mismo gobierno fomentó la aplicación de paquetes tecnológicos bajo un registro de productividad de 500 a 600 plantas de aguacate por hectárea (SEDER, 2015). Al igual, se emitió una certificación de San Gabriel como zona de libre de plagas de aguacate en el 2015 por el Diario Oficial de la Federación (Figura 6).
Causas ecológicas
El aumento de la superficie del suelo con monocultivos, en este caso de aguacate, a costa de la degradación y/o deforestación de los bosques que forman parte de un ensamblaje diverso en el paisaje de este territorio, se traduce en un deterioro ambiental de los ecosistemas que lo conforman, lo que conlleva a una alteración o pérdida de los servicios ambientales y de la diversidad de flora y fauna.
Al tener mayor superficie agrícola con cultivos que requieren mayor demanda de agua para su desarrollo y producción, como el aguacate, se ocasionan conflictos sociales y ecológicos por la repartición del agua, ya sea para el riego o para el uso doméstico de la comunidad. Al haber un aumento en la demanda de agua, se genera más presión sobre la extracción de los mantos acuíferos para poder abastecerse. Al igual, se genera un aumento de contaminación química con cambios negativos en la calidad tanto del suelo como del agua, por el uso de insecticidas, pesticidas o plaguicidas que requieren estos cultivos de exportación. El sostener todo un sistema agrícola aguacatero es un reto que también requiere propiciar y generar más prácticas de conservación tanto del suelo -por ejemplo: zanja trinchera, surcado de contorno, terrazas, etc.- como del agua, ya que en San Gabriel el suelo no fue retenido ni el agua filtrada dentro de las parcelas, generando así una fuerte erosión (Figura 7).
Discusión y conclusiones
Este artículo se enfocó en la complejidad socioambiental, la vulnerabilidad socioecológica asociada y el tema de la urbanización (espontánea) como uno de sus impulsores principales. Aplicamos estos temas en un estudio de caso en el sur del Estado de Jalisco, siendo la avalancha en el municipio de San Gabriel que ocurrió en junio de 2019. Más en particular, nos enfocamos en las múltiples causas y efectos que ocasionaron este desastre socioambiental.
De nuestros resultados queda claro que la expansión del aguacate es clave para entender el desastre ambiental en el caso estudiado. En este sentido, es importante resaltar que la expansión del aguacate se basa en un modelo económico-productivo depredador, donde la prioridad es la eficiencia competitiva con cultivos agroindustriales que requieren paquetes tecnológicos, bajo una inserción cada vez mayor en el mercado internacional, ejerciendo así más presión en las tierras de cultivo por su demanda y el acceso abierto a la individualización de agroindustrias con monopolios agrícolas, etc. Continuar con este modelo, como también lo es el cultivo de la caña o el agave (Vázquez y Gerritsen, 2021), provocará un incremento cada vez más notorio de riesgos socioambientales y vulnerabilidades socioecológicas para las comunidades rurales en particular y para las regiones en general.
La urbanización, sin una planeación estratégica adecuada, refuerza los impactos negativos de los mismos.
Si bien la expansión del cultivo de aguacate indudablemente ha sido el detonador, a través de nuestro análisis también queda claro que existen más causas y efectos ecológicas, económico-productivas, económico-ecológicas, político-institucionales y sociales que se interrelacionan con este sistema de producción y que contribuyeron a agravar el evento sucedido. En lo anterior, y a lo largo de las diferentes secciones, hemos desarrollado este tema y lo hemos visualizado de manera esquemática en las figuras 2 a 7.
Ahora, buscando un entendimiento integral de la complejidad socioambiental de lo sucedido en San Gabriel, la figura 8 integra los análisis parciales (figuras 2 a 7) en uno integral. Como se puede observar de la figura 8, existe una alta complejidad socioecológica en torno al problema central de la avalancha en la cabecera del municipio de San Gabriel, así como una interrelación entre los diferentes tipos de causas y efectos.
[En la página siguiente, ver figura 8: Esquema integrador de las causas y los efectos de la avalancha en San Gabriel.]
El caso de San Gabriel, como muchos casos similares, ejemplifica que la vulnerabilidad socioecológica es propiciada por los seres humanos y las diferentes formas como se relacionan con la naturaleza. En este sentido, actualmente se observa como la humanidad está llevando al límite a la naturaleza por las formas de uso y manejo de los recursos naturales, con la sobreexplotación del suelo y del agua, la reducción de diversidad genética tanto de vegetación como de fauna, la pérdida de biodiversidad a lo largo de los años por los nuevos cultivos que prometen un desarrollo económico rápido, la contaminación y los problemas de salud por el uso excesivo de agroquímicos.
En este sentido, la avalancha en San Gabriel se puede considerar un claro ejemplo de una realidad actual, donde diversos factores ecológicos, sociales, económicos y políticos trayendo consigo un deslave que metafóricamente representa un deslave de ese sistema social y económico no sustentable que resulta en un colapso de nuestros ecosistemas. Es por ello por lo que es momento de poner alto a ese tipo de modelo depredador e itinerante que solo genera un aparente desarrollo económico momentáneo por el valor agregado de esos cultivos de moda, pero que, a la larga, al explotar la máxima productividad se abandona el sitio con todos los efectos negativos de degradación a esas tierras y regiones, generando problemas económicos, sociales y ambientales.
Con base en lo anterior, resulta ser urgente promover políticas públicas que favorezcan la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todos los sectores para alcanzar una gestión apropiada del río Salsipuedes con una visión de cuenca, que ordene y regule de forma efectiva el actual uso y manejo que se está realizando desde las zonas altas hasta las zonas bajas de la misma. No obstante, también resulta ser urgente que la propia población de comunidades como San Gabriel empieza a concientizarse y actuar a favor de la sustentabilidad de zonas rurales y urbanas.
