Marco conceptual

Se empleó la categorización conceptual del extractivismo depredador como marco teórico para entender la complejidad del fenómeno estudiado, la cual se desarrolla más a detalle en el siguiente apartado. Así como las notas de campo y la revisión de literatura, que incluyen trabajos como los de ^{Hernández y Vázquez (2019)} sobre los efectos negativos de la agroindustria² y ^{Dutta (2016)} sobre daños a la salud humana, ya que sirvieron como materiales de apoyo para profundizar en el análisis y comprensión del tema.

Condiciones y riesgos del modelo extractivista ante la pandemia

La crisis sanitaria que afectó al mundo que fue provocada por el Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2³ (SARS-CoV-2), fue resultado de múltiples factores entre los que se encuentran los procesos intensivos de crianza agrícola de las agroindustrias mundiales que actúan como vectores para la propagación de patógenos tóxicos, que como en este caso particular, pueden ser mortales para los seres humanos (^{Pabst, 2020}). Esto último se debe, en parte, a las características de los esquemas de crianza animal que aíslan y desaparecen a las variedades biológicas menos productivas. Lo señalado ha disminuido el acervo genético natural que dificultaba la transmisión masiva de enfermedades y/o de mutaciones que podrían facilitar la incubación de virus peligrosos que pueden transmitirse a otros animales domésticos e incluso a las personas (^{Wallace, 2016}).

Si bien esta situación ya es una cuestión grave que debería provocar un debate sobre su adecuada regulación, lo cierto es que sucede justo lo contrario. La agroindustria se fortalece y se impulsa por las grandes naciones industriales, lo que también promueve prácticas destructivas con la naturaleza que facilitan el incremento de la frontera agrícola⁴ donde pueden instalarse. Por lo anterior, se puede señalar que las trasnacionales más importantes de este sector “son directa o indirectamente corresponsables de la deforestación en la selva tropical” (^{Hernández y Vázquez, 2019, p. 29}) tanto por procesos extractivos como por la especulación comercial de estos recursos.

Respecto a los procesos extractivos se hace referencia a la minería, los monocultivos, la explotación intensiva de agua, madera, peces, entre otras actividades. Ellas forman parte de las cadenas productivas de la agroindustria. Son inviables en el largo plazo debido al aumento de los pasivos ambientales que generan, pero a pesar de ello las grandes empresas continúan buscando lugares en donde instalarse como parte de sus estrategias de expansión comercial global, aunque generalmente se imponen en la periferia mundial⁵ creando ciclos de pauperización y riesgo biológico.

La terciarización de las actividades primarias⁶ de la agroindustria es una de las formas más eficientes de este sector, así como de cualquier otro proyecto de tipo extractivo. En la medida en la que se limitan los costos de producción, los efectos negativos tienen impactos concentrados en espacios geográficos donde la población se encuentra en condiciones de vida adversas (^{Baragwanath y Bayi, 2020}). Ello es debido a que las estrategias de expansión para zonas productivas no buscan vigorizar los procesos locales, más bien monopolizan los beneficios sectoriales.

La dinámica productiva genera procesos desiguales para el trabajo y la generación de ingresos, lo que atenta contra el bienestar socioambiental de las comunidades campesinas o dependientes de estas actividades y dificulta que puedan competir o mejorar su calidad productiva. Además, tal lógica las empobrece y margina, provocando que las personas se empleen en estos sectores y/o vendan sus tierras, lo que pone en riesgo la biodiversidad que se encuentra dentro de estas áreas.

El problema es que las grandes empresas extractivas que se establecen en regiones periféricas para realizar actividades de explotación, extracción y/o beneficio (el nivel más bajo en la cadena de valor, además de dañino para la naturaleza) cuentan con sus propios canales de transformación. Esas también son los más eficientes, de manera que los gobiernos favorecen a los sectores extractivos al permitir crear proyectos que desplazan la biodiversidad local y generan grandes riesgos sanitarios, pues de otra forma se afecta la confianza empresarial que puede llegar a disminuir la capacidad de gasto del Estado e incluso implica la posibilidad de que estas acciones afecten el acceso a mecanismos de financiamiento.

No todos los proyectos agroindustriales son destructivos, pero tampoco existe alguno que sea neutral en cuanto a sus impactos sociales o ambientales. La cuestión de fondo es la lógica de competencia que impone el sistema productivo mundial ya que los mercados exigen eficiencia a menores costos para que un negocio sea rentable, sin importar de qué forma se pueda lograr. Por ello se crea un sistema depredador que comienza desde la negociación política de acuerdos comerciales y productivos que favorece la desaparición de barreras normativas⁷ en cuanto a la expoliación territorial, lo que además impulsa otras formas de destrucción de la naturaleza y de la vida con el objetivo de mantener las cadenas globales alimentarias y extractivas.

Con estos procesos productivos ya no se trata de garantizar la alimentación o el acceso a bienes esenciales para la supervivencia, sino de fomentar “necesidades” que cubran las exigencias del sistema económico. En contraposición a dichas prácticas destructivas, resulta interesante revisar trabajos que vinculan el mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades indígenas o rurales respecto al fortalecimiento de sus derechos territoriales y productivos históricamente marginados en América Latina. En el trabajo de ^{Baragwanath y Bayi (2020)} las autoras señalan que al garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas en la amazonia brasileña se fortalecen las capacidades de defensa ambiental y se minimizan los costos económicos del Estado en la vigilancia ambiental. Lo anterior se da, pues los pobladores realizan este tipo de acciones de forma muy efectiva, además también impulsan proyectos de vida con un limitado impacto ecológico ya que manifiestan una cosmovisión de apego y respeto a la naturaleza.

Por otra parte, los resultados del análisis de ^{Azamar y Ríos (2020)} para el caso de las mujeres Masehual Siuamej Mosenyolchicauani que se ubican en la Sierra Norte de Puebla, México, señalan una importante mejora en la calidad de vida de este grupo poblacional al crear una organización que les ayuda a garantizar sus derechos humanos y fortalece sus capacidades productivas y comerciales. La cooperativa se encuentra integrada por mujeres indígenas de diferentes grupos que se han vinculado con el interés de generar protección desde la perspectiva de género y con la intención de impulsar sus actividades.

Además de los casos mencionados, en América Latina (incluyendo a México) existen miles de experiencias y proyectos comunitarios con el mismo enfoque de sustentabilidad y de rescate territorial que se oponen o por lo menos intentan diferenciarse de las prácticas productivas tradicionales de explotación intensiva. Es evidente que estas acciones demuestran que existe una demanda social por un cambio en la estrategia productiva basada en el extractivismo y la agroindustria. A continuación, se mencionan los riesgos que enfrentan las comunidades indígenas y rurales en México ante proyectos extractivos y por la amenaza sanitaria del Covid-19.

Poblaciones indígenas y rurales en México: proyectos extractivos y riesgo sanitario

México se encuentra en una situación de emergencia socioambiental, pues de acuerdo con el análisis de Global Witness (2013-2019), este país es el número cuatro en cuanto a crímenes de violencia fatal contra activistas que defienden su territorio de proyectos extractivos y agroindustriales.

La información de Global Witness señala que al menos 40% de las víctimas son representantes indígenas en defensa de sus causas y territorios. Si se consideran las observaciones del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (^{Cemda, 2021}) en su último informe publicado, el número de asesinatos en México fue de 108, donde los proyectos de minería y las agroindustrias son protagonistas de esta situación. Sin embargo, estas no son las únicas amenazas que enfrentan estas comunidades. Durante la emergencia del Covid-19, los pueblos indígenas y rurales se han caracterizado por el alto nivel de mortalidad muy superior al resto del país (^{Mena, 2020}; ^{Muñoz y Cortez, 2020}). Esta cuestión se aborda con mayor detalle en el Informe Epidemiológico de la Dirección general de Epidemiología (^{DGE, 2022}) donde se destaca que la razón de letalidad⁸ entre esta población es de 12.74 casos por cada 100 habitantes, el triple de la que ocurrió en el país con 4.47 eventos por cada 100 contagios, concentrándose en la zona centro y norte (véase Imagen 1).

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{DGE (2022)}.

Imagen 1 Razón de letalidad por Covid 19 en las comunidades indígenas en México 2022. 

La mayor parte de las comunidades indígenas donde se concentran estos casos de letalidad se encuentran en zonas donde la presencia del Estado mexicano es limitada, en algunas situaciones estos carecen de acceso a servicios básicos, además son marginados en sus capacidades productivas o comerciales, lo que debilita sus posibilidades de mejorar su propia calidad de vida (^{Azamar y Téllez, 2021}).

Uno de los problemas mencionados en los documentos consultados al respecto fue la debilidad institucional para establecer una estrategia de comunicación, prevención y cuidado efectivo, así como los conflictos y riesgos asociados al establecimiento de proyectos extractivos y agroindustriales en estos espacios (^{Gasparello, 2020}), como la marginación económica que ha afectado históricamente a estas comunidades. Por otra parte, la colocación por parte del Estado de sectores extractivos como la minería y la agroindustria como actividades esenciales durante toda la pandemia, pudo haber tenido un papel en la propagación de esta enfermedad por la movilidad que caracteriza a los trabajadores de estas industrias.

A fin de establecer alternativas ante esta doble emergencia sanitaria y ambiental se deben de fortalecer las instituciones de regulación ambiental, así como de impulsar proyectos colectivos de prevención e información ante el Covid-19. Como resultado de lo anterior y específicamente para enfrentar la crisis ecológica, el Estado mexicano implementó las REA como una propuesta institucional de recuperación ambiental, lo que significa un primer paso fundamental para ayudar a recuperar los espacios dañados, pero estas exhibe algunas deficiencias en sus procesos de comunicación social debilitando su ejecución práctica.

Cuestión adicional son los esfuerzos emprendidos por la STT a través de la Tayolchikawalis que se convierte en un proyecto colectivo que fortalece una perspectiva integral centrada en la recuperación del campo, el bienestar de la población rural más vulnerable. Impulsan, además, una estrategia de apoyo solidario que refuerza el tejido social dañado por los megaproyectos extractivos y de infraestructura.

Política ambiental e importancia de la intervención social: las REA

Las REA son aquellas zonas del territorio mexicano en las que convergen geográficamente actividades extractivas y manufactureras que han ocasionado daños o representan un riesgo al ambiente y a la salud humana. De acuerdo con la definición vertida en el Webinario Las Regiones de Emergencia Ambiental: definición y localización en México realizado por Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) (^{García, 2021}), se señala que son espacios donde se concentran y superponen diversos procesos de emisiones y vertidos de todo tipo de contaminantes a gran escala: descargas sólidas, líquidas y aéreas de las grandes ciudades, corredores turísticos e industriales, agroindustriales y emplazamientos extractivos. Previo a esta definición del Conahcyt es importante recuperar el inicio de la designación de las REA.

En diciembre de 2019, varias organizaciones civiles y observadores internacionales recorrieron los “seis infiernos ambientales”, como también denominaron a las REA los integrantes del llamado “Toxitour México”. Contrastaronl la toxicidad y fetidez extrema en la que viven miles de personas, estas se encuentran ubicadas en: 1) El Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco; 2) Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato; 3) Atitalaquia-Atotonilco-Apaxco, localizada entre los estados de Hidalgo y México; 4) los ríos Atoyac y Zahuapan, entre Puebla y Tlaxcala; 5) Puebla y el Istmo Norte y, 6) Coatzacoalcos, Veracruz (véase Imagen 2).

Fuente: elaboración propia, 2021.

Imagen 2 Localización de las primeras seis Regiones de Emergencia Ambiental en México. 

Los habitantes de estos territorios también calificados como “zonas de sacrificio o como paraísos industriales” (^{Vera, 2019}), denunciaron ante los integrantes de la caravana que la convergencia geográfica de industrias extractivas (minera, petrolera, termoeléctrica, cementera, agropecuaria) y manufactureras (automotriz, química, electrónica, de plásticos y textiles, entre otras), han contaminado ríos, acuíferos, bosques, atmósfera y tierras fértiles, además han generado la proliferación de casos de cáncer de hígado, riñón, estómago y piel, de insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética, deficiencia plaquetaria, leucemia, abortos espontáneos, mutaciones genéticas e incluso casos de retraso mental infantil.

Durante el recorrido se realizaron visitas a varios espacios comunitarios y a las afueras de los centros industriales protagonistas de los problemas generados. Se constató la dificultad para respirar en algunos de estos lugares derivado de la fetidez provocada por los desechos que, en algunos casos, se arrojan directamente al suelo sin mayor protección. En otros casos se trataba de emanaciones y/o partículas en suspensión que incluso dificultaban la visión en momentos puntuales del día.

A la lista de padecimientos y problemas comentados, se sumó la concentración en estos territorios de 78% de los decesos registrados por causa del SARS-CoV-2 a nivel nacional (^{Semarnat, 2020a}), cuestión que se agrava con la alta tasa de letalidad que enfrentan las comunidades cercanas a estos espacios (DGE, 2021). La situación exhibió que México enfrenta una doble crisis sanitaria: a) por el Covid-19 y b) por la degradación ambiental que es resultado del extractivismo depredador y la industrialización desarrollada durante más de tres décadas tanto por compañías de capital estatal y privado (nacional y extranjero).

La selección de estos sitios y acciones concretas no se trató de una decisión espontánea, tampoco realizada exclusivamente por el gobierno federal. En realidad es el resultado de más de quince años de denuncias, aprendizajes y articulaciones de distintos colectivos y organizaciones sociales que convergieron en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) (^{Barreda, 2020}). Después del “toxitour”, lograron posicionar a estos seis territorios como REA en las que el gobierno mexicano no solo reconoció por primera vez de manera abierta la magnitud de la crisis ambiental en México (^{Semarnat, 2020b}), también comenzó a implementar medidas de restauración que pueden ser catalogadas de urgencia para detener los impactos ambientales y sociales en estos espacios (^{Oceransky, 2020}).

Actualmente el Conahcyt ha fortalecido los procesos de investigación sobre este tema, lo que ha dado lugar a la determinación de al menos 50 áreas que se han clasificado como REA, mismas que se están abordando a través metodologías de trabajo científicas variadas. Estas dependen del problema y los retos socioambientales, en estos trabajos tanto las poblaciones, como las instituciones, científicos y académicos buscan crear soluciones de largo plazo a los problemas comentados (^{García, 2021}).

Las REA como propuesta institucional se construyen sobre la base del diálogo colectivo y la creación de soluciones comunes; sin embargo, como se señala en el mismo webinario de Conahcyt la comunicación y cooperación al interior de las REA es limitada a los agentes que el Estado considere que son “maduras, es decir, organizaciones que no sean clientelares ni gremialistas que auxilien en la facilitación de las dinámicas democráticas generales que se van a requerir en estas regiones” (^{García, 2021, s/pág.}).

Se señala que para el cumplimento de los objetivos de las REA se deben atender las necesidades de reformas a la legislación que, de acuerdo con las declaraciones de los responsables de estos proyectos, estarían desactualizadas para atender las carencias actuales de estos espacios. Cuestión que sería resuelta en la medida que se otorgue soporte mediático y social a las propuestas emanadas de estos proyectos. Es decir, el apoyo institucional al interior de las REA para superar los problemas de contaminación y riesgos socioambientales dependen tanto de la perspectiva que el Estado guarda sobre las distintas organizaciones representativas que existen en estos espacios, así como del apoyo social para las posibles modificaciones y cambios legislativos que requieran estos proyectos, limitando con ello la capacidad de acción y cooperación colectiva.

Existen otras propuestas y perspectivas que han surgido desde la sociedad, por ello a continuación se presenta una revisión sobre la organización STT. Ello se localiza en el municipio de Cuetzalan en la Sierra Norte del estado de Puebla ya que a través de su actuar incentiva el desarrollo de estrategias que fomentan la capacidad productiva de los pequeños campesinos sin obligarles a abandonar sus técnicas tradicionales, sino que impulsa una actualización de estas. Vale la pena mencionar que dicha organización ha planteado procesos de bienestar y protección colectivos ante la amenaza sanitaria del Covid-19, convirtiendo a la STT en una alternativa social con una perspectiva micro a diferencia de las REA que se centran en la recuperación de territorios dañados.

Proyecto alternativo Sociedad Tosepan Titataniske (STT)

Las comunidades indígenas de México, así como las de América Latina, subsisten en territorios que, generalmente, poseen una amplia biodiversidad, pero debido a las exigencias del mercado la mayor parte de los miembros de estas poblaciones deben optar por estrategias de supervivencia. Es decir, en vez de generar mayores ingresos económicos, buscan asegurar condiciones para acceder a alimentos y otros servicios básicos.

En parte, esta cuestión responde a que en estos lugares se carece de medios para movilizar la producción, generalmente de bienes primarios. Lo indicado es por la situación geográfica tan accidentada o porque es peligroso por las altas tasas de violencia que existen en el país, impidiendo establecer canales de comercialización más seguros o estables. Es así que, para enfrentar esta situación, se han fortalecido los modelos de producción familiar⁹ enfocados en la autosuficiencia. El problema de este tipo de organización es la falta de innovación dado que en la mayoría de los casos los trabajadores carecen de medios o recursos para acceder a un nivel superior de preparación técnica que podría dar como resultado el incremento de mejores condiciones de vida.

A fin de enfrentar esta situación durante el siglo XX se fundaron diversas organizaciones colectivas rurales en México. Una de estas es la STT que surge a principios de siglo como un brazo político del partido en el poder, pero que con el tiempo se posiciona como una institución hecha por y para las comunidades campesinas e indígenas en Puebla (^{Durán, 2018}).

De esta forma la STT ha impulsado la integración de 26 municipios organizados en ocho cooperativas regionales, 410 cooperativas locales dentro de la Sierra Norte de Puebla, las cuales agrupan 395 comunidades indígenas del lugar. Destaca el hecho de que no se trata de un grupo que se limita a las actividades agrícolas, también se compone de artesanos y otros oficios tradicionales, así como de madres de familia, sumando en la actualidad a poco más de 34 mil familias afiliadas a esta agrupación (véase Imagen 3).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{Durán, 2018}.

Imagen 3 Conformación de la Sociedad Tosepan Titataniske (STT). 

La STT se ha enfocado en crear y fortalecer un modelo de producción familiar y colectivo como alternativa a las agroindustrias y a otros proyectos extractivos que no generan beneficios locales (^{Bastidas et al., 2019}). El modelo de desarrollo mundial basado en dinámicas depredadoras de la naturaleza focalizadas en la comercialización de las materias primas sin crear cadenas productivas locales amenaza a las poblaciones indígenas, pues las desplaza y es en este escenario que la STT afianza y promueve actividades tradicionales que se convierten en alternativas necesarias para impulsar otras formas de vida para generar bienestar colectivo.

Uno de los principales retos que enfrenta la STT para llevar a cabo sus objetivos e intereses, junto con otras organizaciones indígenas y campesinas en Puebla, es la falta de seguridad y apoyo del Estado ante megaproyectos extractivos y agroindustriales como las granjas porcícolas que abundan en la zona, así como bancos de materiales, depósitos de residuos y otros espacios productivos e industriales importantes (^{Villegas, 2021}).

Lo mencionado arriba ha provocado que esta región en Puebla, muy cercana a donde se encuentra la STT, sea catalogada como una REA, pues la cuenca hídrica llamada Libres-oriental que abarca a 22 municipios no solamente está en peligro de desaparecer, también está seriamente contaminada por los químicos industriales y desechos, afectando las posibilidades de que la población pueda subsistir a través de proyectos familiares.

Los modelos de producción familiares y colectivos que se han promovido por parte de la STT son fundamentales para superar problemas socioambientales, ya que ante todo dicha organización busca el balance ambiental. En este escenario, la STT ha creado la iniciativa Tayolchikawalis¹⁰, la cual se trata de una estrategia adoptada por las comunidades indígenas ligadas a la STT para enfrentar la emergencia sanitaria del Covid-19 y al mismo tiempo para superar los retos socioambientales que supone la existencia de la REA (^{De la Peza, Haua y García 2021}).

La Tayolchikawalis consiste en una serie de procesos de trabajo colectivos que han permitido a las poblaciones indígenas y campesinas del lugar informarse, prevenirse, protegerse y buscar ayuda específica ante casos de Covid-19. Por otra parte, dicha información se ha cristalizado en un manual de trabajo que primero describe algunos de los principales problemas que enfrenta el campo mexicano como la monopolización y destrucción del territorio por parte de megaempresas extractivas que impulsan la comercialización y consumo de alimentos con altos contenidos químicos y con pocos beneficios nutrimentales.

La iniciativa se ha trasladado a un manual de cuidados que además de ser de acceso público está traducida íntegramente en nawat y totonaco, lenguas indígenas de la región para fortalecer el proceso de comunicación entre las poblaciones del lugar. Uno de los aspectos más destacados de este trabajo comunitario ha sido diagnosticar y señalar con claridad algunos de los mayores riesgos sanitarios que enfrentan las comunidades indígenas de Puebla, así como la necesidad de crear un modelo de salud que se fortalezca a través del trabajo solidario. Se ha señalado la falta de una dieta sana y la amenaza de los megaproyectos como uno de los principales retos por superar.

Uno de los pilares de la ET es el fortalecimiento del tejido social y la identidad cultural dentro de las comunidades, pues la traducción del manual de cuidados a lenguas indígenas no es un acto simbólico, sino una manifestación de la importancia que la estrategia da a la preservación y valoración del patrimonio lingüístico y cultural. La implicación es clara: la salud de una comunidad no puede separarse de su identidad cultural.

En cuanto a la organización de brigadas comunitarias y talleres, la estrategia va más allá de la simple transmisión de información, ya que estos mecanismos sirven para empoderar a los miembros de la población, dotándoles de habilidades y conocimientos que pueden aplicar de manera autónoma en sus vidas cotidianas. Los talleres pueden incluir desde la formación en primeros auxilios hasta la enseñanza de técnicas de agricultura sostenible, reflejando la visión holística de la salud que Tayolchikawalis promueve.

La creación de mercados de trueque también es una iniciativa ingeniosa para abordar la precariedad económica que se enfrenta en estos espacios, pues no solo se trata de un sistema de intercambio de bienes y servicios, sino también de una forma de reforzar la cohesión social y promover un sentido de reciprocidad y solidaridad colectiva.

Es igualmente relevante que la ET haga un llamado a la transformación social y económica dirigida al gobierno y a las entidades políticas. La intención no es solo autofinanciarse y autogobernarse, sino influir en las políticas públicas para lograr un cambio sistémico. Este es un aspecto crucial que distingue a Tayolchikawalis de otros proyectos comunitarios, ya que busca convertirse en un modelo replicable y sostenible que pueda influir en la elaboración de políticas a nivel nacional.

Vale la pena destacar que la estrategia también contempla el impacto ambiental de las actividades humanas, señalando la interconexión entre la salud de la tierra y la salud de las personas. El enfoque eco-céntrico es fundamental para entender la amenaza que los megaproyectos y las actividades extractivas representan no sólo para el ecosistema sino también para el bienestar social.

Por lo anterior, se puede señalar que la estrategia tiene un enfoque multifacético que abarca las dimensiones sanitaria, económica, cultural y ambiental de la vida comunitaria. Al hacerlo, no solo aborda los problemas inmediatos que enfrentan estas comunidades, sino también sienta las bases para un desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo. El proyecto es un ejemplo concreto de cómo la organización comunitaria y la autodeterminación pueden servir como herramientas efectivas para el cambio social, especialmente en contextos de vulnerabilidad y marginación.

Durante las visitas al lugar, se observó que el trabajo colectivo no se queda únicamente en difundir la información, sino que se han creado brigadas de jóvenes y adultos que han impartido talleres, apoyados en la realización de mercados de trueque para favorecer a quienes se encuentran en la peor situación económica. Asimismo, han impulsado las acciones del gobierno en el lugar al crear paquetes de alimentos y otros productos que ayudan a mejorar la salud en general de las personas, concentrándose entre adultos mayores y otros grupos vulnerables.

El interés, además de amparar a quienes suelen tener dificultades para acceder a programas de beneficio público, es impulsar la idea de una forma de trabajo comunitario que recupere los principios de bienestar colectivo y que reconozca la importancia del campo para la conveniencia no solamente local, también del país. Por ello es que a través de la plataforma de comunicación en internet¹¹ desde donde difunden su información también han creado un manual de comidas naturales con ingredientes del campo para destacar la necesidad de respaldar económica y políticamente a este sector.

Es así como la STT promueve acciones desde las comunidades campesinas e indígenas organizadas, pues el interés de éstas es fortalecer la alimentación sana en primer lugar y al mismo tiempo dar a conocer la relevancia de crear un vínculo de respeto con la tierra en donde viven. Esto también es relevante porque México es uno de los países con mayor obesidad en el mundo, siete de cada diez ciudadanos padecen este problema, lo que deriva del alto consumo calórico y la baja ingesta de alimentos naturales (^{Alcántara y Graue, 2017}).

Algunos habitantes de la zona, en entrevistas personales, destacaron el hecho de que el Covid-19 ha afectado notablemente a esta región, pues se carece de infraestructura para atender a los enfermos, lo que ha conducido a que la tasa de mortalidad en esta población sea de las más altas en el país Se ha generado un proceso de abandono, marginación y destrucción cultural (^{Mena, 2020}; ^{Ríos, 2020}). Si a lo anterior se suma la amenaza de violencia por megaproyectos, la alta tasa de letalidad por el Covid-19 (la más alta en el país) y la ausencia de una estrategia específica para prevenir este problema por parte del Estado, esto pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas, especialmente en Puebla donde el costo humano ha sido muy alto.

Si además se considera que la REA de Puebla es una de las que se encuentra en situación más grave (^{Castillo, 2021}) por la amenaza que supone para el desarrollo de actividades agrícolas tradicionales que dependen del acceso al agua potable y, que las comunidades afectadas por esta situación no suelen tener apoyos del Estado, entonces la ET es fundamental para frenar las actividades extractivas y agroindustriales, ya que promueve y mejora los procesos de trabajo familiar que antes eran de supervivencia. Por ello, en este momento este tipo de esfuerzos son necesarios para ayudar a la población indígena y campesina del país a transitar hacia un proyecto de mejora en la calidad de vida de estos lugares, convirtiéndose en un ejemplo de éxito que a diferencia de las REA buscan enfocarse en los procesos macro.

REA y Tayolchikawalis: un contraste necesario

La Tayolchikawalis de la STT desde su mismo planteamiento pone a las comunidades vulnerables al centro del proyecto de trabajo. También esta estrategia recupera el origen de la STT, pues dicha organización desde sus primeros momentos de existencia tuvo como propósito general preservar el balance ecológico del espacio donde habitan, además de que mejora la calidad de vida al capacitarles, apoyarles económicamente y generar condiciones para acceder a servicios básicos. Asimismo, en el caso de la Tayolchikawalis se han creado comisiones de colaboración dentro de la STT que localizan a quienes han sido más vulnerables ante la emergencia ambiental provocada por los megaproyectos extractivos en el país. Sucede que en la región de la Sierra Norte de Puebla donde se ubica esta organización se han concesionado cientos de miles de hectáreas para minería, fracking, proyectos de infraestructura eléctrica, entre otros (^{Bizberg, 2017}), lo que ha provocado conflictos e incluso asesinatos entre quienes se oponen a estas actividades (^{Llaven, 2021}). El esfuerzo de la STT en este sentido es doble, pues además de prevenir los riesgos de salud y el desbalance ambiental provocado por actividades extractivas y de infraestructura, también debe de proteger a sus integrantes de las amenazas de violencia respecto a esta situación.

Como se observa en la Tabla 1 las estrategias sociales como la ET buscan impulsar propuestas colectivas para la protección de la salud a través de enfoques locales que promueven que la organización comunitaria pueda mantenerse activa durante décadas. Ello facilita cierta independencia de las acciones del Estado, aunque también restringe sus capacidades de influencia e impacto en el largo plazo ya que no existen organismos para evaluación de los objetivos y del cumplimento. Por otra parte, las REA al ser mecanismos institucionales de trabajo con participación de especialistas se convierten en esfuerzos planeados a detalle, que cuentan con evaluaciones independientes cada año. Sin embargo, muchos de los que participan en su desarrollo y ejecución no son originarios, por lo que pueden tener debilidades en la comunicación con la comunidad, así como en la práctica, lo que limita su efectividad en el largo plazo a que pueden provocar tensiones o conflictos al no reconocer o no utilizar el conocimiento tradicional de la población.

Considerando lo comentado, se puede señalar que tanto las REA como la ET son abordajes que buscan solucionar problemas ambientales y sociales en zonas vulnerables. No obstante, las similitudes entre ambas estrategias no son suficientes para obviar sus diferencias. Si bien ambas estrategias comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, difieren en sus enfoques y metodologías. Mientras que las REA se enfocan en la recuperación de los espacios y en fortalecer las capacidades productivas locales, la ET busca mejorar la calidad de vida a través de la restauración de zonas de trabajo, la prevención de la letalidad del Covid-19 y el mejoramiento de la capacidad productiva.

La dimensión en la que se implementan las REA se centra en la cuestión ambiental, mientras que los de la ET son controles administrativos de las brigadas de salud y de los bienes producidos. Por último, la viabilidad en el largo plazo de las REA se mantiene en tanto se conserve un control adecuado sobre los avances y el presupuesto para ejecución del proyecto, mientras que en el largo plazo de la ET es posible si se mantiene el proceso de trabajo que ha permitido a la STT operar durante décadas. Es importante tener en cuenta estas diferencias y similitudes para seleccionar la forma de trabajo adecuada en cada caso, considerando las necesidades y características específicas de cada comunidad.

De forma adicional, se debe señalar que para entender la ET y las REA en el contexto de la Sierra Norte de Puebla se requiere una mirada que vaya más allá de las tablas comparativas. Ambos esfuerzos enfrentan desafíos muy distintos, especialmente cuando se introducen factores como la violencia y el desentendimiento político que ha marginado a este espacio.

La ET, siendo una iniciativa comunitaria, está muy ligada a las dinámicas locales, lo que incluye los riesgos de violencia relacionados con la oposición a los megaproyectos extractivos en la región. Aquí, la amenaza de violencia se convierte en un elemento que podría socavar los esfuerzos comunitarios y de la STT para mejorar la calidad de vida. Además, la desconfianza local hacia las instituciones gubernamentales puede complicar aún más la situación ya que se podría limitar la posibilidad de colaboración efectiva, reduciendo, por lo tanto, el acceso a recursos financieros y técnicos que podrían potenciar la efectividad de la ET.

Los REA, que son impulsadas principalmente por el Estado y por especialistas, no están exentas de desafíos, ya que en comunidades que han experimentado una historia de violencia o explotación relacionada con proyectos estatales, una estrategia impuesta desde arriba podría enfrentar resistencia, lo que limitaría su eficacia. Además, la falta de participación comunitaria en la toma de decisiones podría dar lugar a una falta de confianza todavía más grande, llevando a cuestionar la credibilidad y la efectividad de las intervenciones impulsadas por el Estado.

También existen factores que afectan transversalmente en ambos esfuerzos, como la incertidumbre económica que es especialmente relevante en un contexto marcado por conflictos políticos y sociales. Es que las REA dependen del financiación para su ejecución, por lo que modificaciones en la disponibilidad de fondos podrían poner en riesgo su viabilidad, mientras que la ET se podría ver afectada ante un conflicto interno o falta de cohesión. La continuidad en la política gubernamental es esencial en este tema ya que un cambio de prioridades podría generar incluso hostilidad hacia los proyectos comunitarios como la ET.

Finalmente, no podemos pasar por alto la crisis sanitaria del Covid-19, que añade otra capa de complejidad y, es que la pandemia afectó la disponibilidad de recursos, la movilidad de las personas. En última instancia, la efectividad de las REA para alcanzar sus objetivos, mientras que la ET surgió en ese mismo escenario fortaleciéndose por el interés común, la solidaridad y el bienestar de los habitantes. Entonces, aunque la ET y los REA comparten metas similares, las complejidades y los desafíos que enfrentan son únicos y necesitan ser cuidadosamente considerados para garantizar una implementación adecuada en otras comunidades vulnerables.