Introducción
En México y la mayoría de los países de América Latina, cuando hablamos de extorsión, nos referimos principalmente a tres modalidades:
El engaño telefónico. Puede suceder cuando se recibe una llamada que informa que somos acreedores a un premio y se condiciona su entrega a cambio de alguna cantidad de dinero o tarjetas prepagadas de algún servicio.
La amenaza telefónica. Sucede cuando se recibe una llamada de alguien que intenta atemorizarnos para que paguemos cierta cantidad de dinero. En estos casos, el delincuente amenaza y exige que se pague una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra nuestros familiares o nuestra persona.
Cobro por derecho de piso. Ocurre cuando los delincuentes se presentan directamente en el establecimiento, empresa u hogar para exigir cantidades periódicas y así garantizar la integridad física de la víctima o de su actividad comercial.
Estos fenómenos delictivos vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeños y medianos empresarios. Asimismo, dichas conductas ilícitas afectan o ponen en riesgo el desarrollo económico regional y nacional.
En julio de 2013, el gobierno federal puso en marcha, en los medios de comunicación, una campaña enfocada a la prevención de las diversas modalidades de este delito. Sin embargo, pese a estos esfuerzos que buscaron advertir a los ciudadanos sobre el engaño telefónico, el año pasado concluyó como aquel con mayor cantidad de extorsiones denunciadas en México.
Acorde con la información pública oficial,1 en 2013 (primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto), hubo 8 042 denuncias de extorsión, lo que significa un aumento de 10.59%, en comparación con las denuncias presentadas en 2012; un aumento de 158% en comparación con 2007 (primer año de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa); un aumento de 501% en comparación con 2001 (primer año de la administración del presidente Vicente Fox Quesada) y un aumento de 818% en comparación con 1997, año en que se comienza a registrar éste y otros delitos de alto impacto.
De acuerdo con los registros de 2013, 8 042 denuncias equivalen a 22 denuncias al día, es decir, casi una por hora. Sin embargo, esas denuncias sólo representan una pequeña muestra de lo que sucede alrededor de este fenómeno, ya que, según la entidad, no incluyen ni las denuncias hechas a las procuradurías de algunos estados, donde la víctima declara haber sufrido la extorsión en grado de tentativa, sin que el evento se llegase a consumar, ni las denuncias hechas telefónicamente al 066 y registradas por los C4 de cada entidad, ni aquellas realizadas directamente a las policías municipales (estatales o federal), al Ejército o a la Marina, y que no fueron luego derivadas a una procuraduría. Tampoco incluyen, obviamente, todos los casos en que la víctima optó por no denunciar. Las averiguaciones previas no nos hablan del número de víctimas totales de estos eventos, ya que en una denuncia o averiguación previa, puede haber varias víctimas.2
Otra limitación importante que se identifica al tratar de analizar este ilícito es que las cifras oficiales del SESNSP no desagregan la información para conocer cuántas denuncias se refieren a engaño, o cuántas a derecho de piso, lo que no permite un análisis ni recomendaciones específicas para erradicar este fenómeno.
En el Observatorio Nacional Ciudadano,3 estamos conscientes de las múltiples consecuencias generadas por la delincuencia, el clima de inseguridad y la impunidad crónica que han perjudicado las condiciones de vida de los habitantes del país. En virtud de lo anterior, cada delito es importante y su análisis debe ser riguroso, equilibrado y puntual. Por ello, este documento pretende abonar al estudio de la evolución y alcances de la extorsión en México.
Debe destacarse la relevancia de abordar este tema a la luz de que la tasa de extorsión nacional por cada cien mil habitantes aumentó 56.8% (de 3.96 a 6.21) entre 2011 y 2012, y 9.3% (de 6.21 a 6.79) entre 2012 y 2013. Además de ser preocupantes, estos datos constituyen una clara señal para que las autoridades no emitan juicios triunfalistas que no se correspondan con la realidad que se vive en el país y atiendan la problemática nacional de extorsión con la prontitud requerida.
Extorsión
Desde su origen etimológico latino (extorsio/extorquere), la extorsión se refiere a la acción y efecto de usurpar, separar y arrebatar por fuerza una posesión a una persona; realizar cualquier daño o perjuicio. Si tomamos en cuenta la importancia del lenguaje como un factor primordial para un acercamiento inicial a la naturaleza de las conductas sociales, es significativo que la raíz misma de este concepto se refiera al ejercicio de actos violentos perjudiciales en que la voluntad individual de la persona afectada se ve prácticamente anulada. Ser conscientes del elemento anterior es fundamental para comprender este delito de alto impacto, pues, a diferencia de cualquier forma de robo o estafa, en la extorsión la victimización se consuma por acción propia de la víctima, ya que ésta entrega sus bienes patrimoniales.
Durante los últimos años, en México se ha hecho alusión a este delito como una de las principales conductas que afectan la tranquilidad y seguridad de la sociedad en su conjunto, al grado de que tal delito ha experimentado cierta normalización, dada su cotidianeidad. Sin embargo, para generar un diagnóstico sobre este ilícito en nuestro país, no basta con estas referencias, sino que es relevante contar con una base teórica mínima que nos permita ubicarlo en el marco de la diversificación de actividades de las organizaciones del crimen organizado y la estrecha conexión que tiene con la corrupción.
De acuerdo con diversos académicos, entre ellos Giulia Mugellini, resulta complicado definir la extorsión, puesto que abarca espectros muy amplios que van desde la venta de protección ilegal hasta los engaños telefónicos o electrónicos. En este sentido, consideramos acertado retomar el documento Study on Extortion Racketeering the Need for an Instrument to Combat Activities of Organised Crime, elaborado por la institución italiana Transcrime. En dicho documento se desarrolla una hipótesis sobre la existencia de dos tipos de extorsiones: sistémica y ocasional.
Se trata de una extorsión sistémica cuando dicho fenómeno se encuentra arraigado y distribuido en un territorio. Esto implica que las organizaciones criminales cometen rutinariamente extorsiones, de manera tal que los cobros de derecho de piso o cuotas constituyen una parte sustancial de su negocio. En el caso de las extorsiones ocasionales, el fenómeno es esporádico y no está extendido en el territorio, lo que significa que los grupos delincuenciales no cometen continuamente dicha práctica.4
En la hipótesis planteada por Transcrime, tanto la extorsión sistémica como la eventual se encuentran estrechamente relacionadas con tres variables: la estructura de los grupos delincuenciales; el dominio o presencia de dicha organización en el territorio, y la relación existente entre las víctimas y los agresores. “Las implicaciones de este modelo, en términos generales, son que entre más organizaciones criminales actúan a nivel trasnacional y se generan más estructuras de redes criminales, menor control sistemático tienen estos grupos sobre el territorio y, por ende, cometen menos extorsiones y cuando lo hacen son eventuales”.5
Para completar estos argumentos, Transcrime también se refiere a las posibles relaciones entre víctimas y agresores en los casos de extorsiones, y las cataloga como parasitarias, simbióticas y depredadoras. A continuación, en el esquema 1, presentamos la definición de cada una de ellas.
De esta manera, la extorsión en México se ha convertido en un fenómeno sumamente complejo, debido a la diversidad de posibles sujetos activos que pueden cometer dicho delito. Ello se debe a que detrás de una extorsión puede estar un integrante de algún grupo de crimen organizado, autoridades de cualquier orden de gobierno, delincuentes tradicionales que se encuentran en centros de readaptación social o simplemente una persona que intenta hacerse pasar por alguien más para engañarnos con que hemos ganado un premio, entre otros tantos casos.
Si esta diversidad de posibles perpetradores no es suficiente para reflejar su complejidad, es preciso recordar que la extorsión es un ilícito que pueden padecer personas de cualquier sector económico, ya sea mediante el engaño telefónico o por el cobro de derecho de piso. Lamentablemente, lo anterior posibilita que en nuestro país sean extorsionados desde los migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos, los comerciantes, las amas de casa, los sacerdotes, los alcaldes, hasta los grandes empresarios, entre otros. Para darnos cuenta de esta complicada realidad tan sólo bastaría ojear las páginas de cualquier periódico o consultar las notas de algún portal informativo desde 2006, a fin de encontrar este tipo de encabezados: “Pago de ‘derecho de piso’ se extiende en todo el país”,6 “La extorsión, una realidad ‘aceptada’ por algunas empresas en México”.7
Si se lleva a cabo una revisión hemerográfica anterior a 2006 sobre este tipo de delito, nos percataremos de que las notas informativas versan principalmente alrededor de aquellas extorsiones contra migrantes, ya sea en la frontera sur o norte, o las cometidas por vía telefónica. Sobre estas últimas, fundamentalmente se encuentran notas que hacen referencia a las situaciones que pueden ser empleadas por el extorsionador como argumentos, así como las referidas al incremento del ilícito a partir del surgimiento de nuevas técnicas. Los secuestradores utilizan el delito de extorsión para consumar secuestros, los que no constituyen el mismo delito. Dicho rasgo de la cobertura mediática es significativo si tomamos en consideración el surgimiento y difusión de la narrativa de seguridad pública desde diciembre de 20068 a cargo de la administración del expresidente Calderón, surgimiento y difusión derivados de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) frente al crimen organizado.
Modalidades de extorsión
Marco Lara Klahr considera que la extorsión es un delito invisible debido a que puede cometerse sin gran infraestructura, a que no tiene por qué cometerse en la calle y a que generalmente no se ve porque las personas no saben ni conocen el verdadero tamaño de la amenaza o el engaño. Asimismo, menciona que la extorsión habitualmente no se da en estado puro, pues por lo general se asocia a otras conductas delictivas, como despojos, fraudes, secuestros u homicidios.9 Con la finalidad de avanzar con el diagnóstico sobre este delito de alto impacto en nuestro país, creemos necesario identificar las distintas modalidades con que puede ser cometido, ya que de ello dependerá su alcance, así como su impacto en las víctimas directas e indirectas. Desde ninguna perspectiva es lo mismo una extorsión telefónica, en la que nos informan sobre un presunto premio, a un cobro por derecho de piso, mucho más visible y dramático.
Extorsión telefónica. Se trata de llamadas que anuncian el supuesto secuestro de un ser querido; otras tantas que solicitan nuestra ayuda para un supuesto familiar detenido en la aduana; otras más que nos informan que seremos acreedores a un premio siempre y cuando demos los números confidenciales de tarjetas de teléfono de prepago o un pequeño depósito en efectivo. Estos son tan sólo unos cuantos ejemplos de la amplia variedad de extorsiones telefónicas que han sido cometidas en nuestro país en la última década, tras haber sido marcados al azar ciertos números telefónicos.
Cíber-extorsión. Al igual que la extorsión telefónica, la cíber-extorsión se inserta en los tipos de delincuencia “a distancia”. Incluso puede traspasar las fronteras nacionales y ser cometida desde otros países. De la misma manera, en esta modalidad podemos encontrar desde amenazas, engaños, problemas o actualización de datos personales de nuestras cuentas bancarias, hasta la suplantación de identidades de una página institucional o empresarial. Se trata de una práctica conocida como phishing.10
Cobro por derecho de piso. Ésta es la modalidad de extorsión cuya práctica se ha vuelto sistemática en algunas entidades federativas. Consiste en la exigencia de los delincuentes de una renta o erogación, a cambio de supuesta protección y del no ejercicio de la violencia en contra de la víctima. Debido a esta característica primordial y a la periodicidad con que es cobrada, se le ha considerado como una especie de sistema tributario del cual depende que, por ejemplo, los productos de las empresas “crucen aduanas, circulen por carreteras, no sean robados, o sus establecimientos no sean incendiados”.11
Análisis estadístico del delito de extorsión en México12
Evolución nacional de la denuncia por extorsión 1997-2013
El periodo de 1997 a 2013 representa para México un proceso de cambios económicos, políticos y sociales trascendentales. En el plano económico, el mercado mexicano inició su etapa de inserción en la competencia de la economía internacional; en lo político, experimentó la pérdida de la hegemonía del partido dominante, con lo cual se dio por primera vez, en 70 años, la alternancia política en el poder ejecutivo federal, y en lo social hemos sido testigos de la conformación de actores que exigen una mayor participación en la vida pública.
Sin embargo, esta serie de cambios no vino sola. Estuvo aparejada a otra serie de cambios en el ámbito de la seguridad pública, como el crecimiento de la delincuencia organizada, la fractura del tejido social, la colusión entre delincuentes, políticos y actores económicos, el debilitamiento de las instituciones de seguridad, la fragmentación de carteles de droga, entre otras circunstancias que han minado las condiciones de seguridad en el país. Otras variables que afectan la seguridad son las consecuencias indeseables de la aplicación de políticas públicas cuyo objetivo ha sido debilitar las estructuras criminales. En concreto, el horizonte de análisis abarca cuatro administraciones.13 Esta elección responde a la necesidad de conocer los antecedentes del problema de seguridad antes de la amplia cobertura mediática llevada a cabo entre 2007 y 2012.
En la Gráfica 1 se muestra la serie histórica (en rojo), así como la tendencia (en azul) obtenida a partir del filtro econométrico Hodrik-Prescott.19 También puede apreciarse que desde 1997 la tendencia ha crecido con ligeras fluctuaciones a la baja en 2000 y 2010. Los periodos de crecimiento más acentuados se ubican en 2008, 2011 y 2012. Debe resaltarse que, en promedio, en 2013 se denunciaron nueve veces más extorsiones que en 1997. Este fenómeno implica que las autoridades no han acertado en atajar este delito de manera contundente por más de 16 años.
Antes de las administraciones panistas, la denuncia por extorsión de 1997 a 1999 experimentó variaciones importantes. En específico, durante 1999 se aprecia un comportamiento atípico cuya duración es de exactamente un año y consistió en un rápido y marcado ascenso. En efecto, de diciembre de 1998 a enero de 1999 la denuncia aumentó 162% (de 90 denuncias a 236), pero para enero de 2000 el nivel de la denuncia ya se encontraba ligeramente por encima de 90.
Entre 2000 y 2007, la denuncia aumentó a una tasa media de crecimiento anual14 de 13%. Este periodo se caracterizó por leves incrementos que de manera acumulada transitaron de poco más de mil denuncias anuales (en 2000) a más de 3 mil (en 2007). Este hecho apoya la hipótesis de que el crecimiento de la extorsión fue gradual. La denuncia después de 2008 se tornó más volátil en el sentido de que las variaciones son más abruptas que entre 2000 y 2007. Si calculamos la desviación estándar15 en los dos periodos, para los datos de 2000 a 2007 ésta es de 68.66, mientras que, para los datos de 2008 a 2013, es de 121.85, lo cual evidencia una mayor dispersión de la denuncia durante el último periodo. Aunado a lo anterior, la pendiente de la recta de tendencia entre 2000 y 2007 es relativamente más plana que aquella entre 2008 y 2013, es decir, la denuncia creció más rápido a partir de 2008. En síntesis, después de 2008 el comportamiento de la denuncia por extorsión se caracteriza por mayor crecimiento y volatilidad.
Por otro lado, si analizamos lo que ha ocurrido recientemente, debemos comparar el área correspondiente a 2013 con aquélla de 2012. En este caso, es posible apreciar similitudes al final e inicio de cada año, pues el nivel de la denuncia disminuye considerablemente en diciembre, y al inicio aumenta de manera significativa. No obstante, las reducciones no alteran la tendencia. Resulta importante tener presente que el promedio diario en 2013 fue de 1.8, mientras que, en 2012, de 1.6.
Si se toma en cuenta la tasa de extorsión por cada cien mil habitantes, las conclusiones del análisis no cambian de manera sustancial. En la Gráfica 2 se aprecia la misma tendencia y comportamiento de la extorsión. De 1997 a 2013, la tasa por cada cien mil habitantes creció a una tasa media anual de 12.6%. En cambio, si se calcula con los datos absolutos, esta tasa es de 13.9%.
Fuente: Elaborado por el ONC a partir de los datos del SESNSP al 17 de enero de 2014, y del Consejo Nacional de Población (CONAPO)16
En la Gráfica 3 se aprecian las tasas de variación porcentual interanuales de la tasa de extorsión por cada cien mil habitantes. De los dieciséis periodos, doce son de crecimiento (se encuentran por encima de cero) y solamente cuatro son de disminución. El dato correspondiente a la variación entre 1998 y 1999 parece atípico, puesto que si consideramos exclusivamente las variaciones positivas, éstas se encuentran muy alejadas del promedio. A partir de 2008, la tasa de extorsión es más volátil. En los últimos dos años, la tasa ha crecido, aunque en 2013 se incrementó en menor proporción.
Análisis regional de la denuncia por extorsión en 2012 y 2013
Un aspecto fundamental del estudio de la criminalidad está presente en el análisis regional, ya que permite identificar patrones geográficos y de tendencia, los cuales ayudan a analizar con mayor detalle la comisión de los delitos y, por lo tanto, constituyen piezas de información valiosas para diseñar y aplicar estrategias y políticas de gobierno. En este sentido, partimos de la zonificación propuesta por el gobierno federal en la que el país se divide en las siguientes cinco regiones:
noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa;
noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;
centro: Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala;
occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;
sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En las siguientes gráficas y tablas, se describe el comportamiento del delito que compete a este estudio en los años 2012 y 2013, a fin de conocer la evolución reciente de la denuncia. Se presentan tablas con las tasas de variación interanuales, así como gráficas de las tasas de participación acumuladas, con el fin de analizar la concentración de la denuncia. También se calcularon los índices de concentración17 en cada zona o región.
Panorama nacional por regiones
En la Gráfica 4, se muestra el nivel absoluto de la denuncia de cada región. Tras una primera observación, resalta que las regiones noroeste y noreste no exhiben una tendencia positiva o negativa; la sureste presenta una tendencia positiva en 2012 y hacia 2013 ésta se revierte levemente; la zona occidente muestra una tendencia positiva en todo el intervalo, con ligeras fluctuaciones, y la zona centro exhibe mayor variabilidad, sin que se denote una tendencia clara.
De acuerdo con la información del Cuadro 1, la zona que concentra el grueso de la denuncia es el centro del país, lo cual es coherente con la densidad poblacional de las entidades que la conforman; en segundo lugar, se aprecia que la tasa de participación aumentó 0.02 para 2013. Asimismo, hay disminuciones para las tasas de participación de la zona noroeste y sureste, mientras que no hay variación para el occidente del país y se aprecia un ligero aumento en la zona noreste.
Zona geográfica | 2012 | 2013 | TP(2012) | TP(2013) |
---|---|---|---|---|
noroeste | 804 | 780 | 11.06% | 9.70% |
noreste | 664 | 815 | 9.13% | 10.13% |
centro | 3124 | 3591 | 42.96% | 44.65% |
occidente | 1544 | 1663 | 21.23% | 20.68% |
sureste | 1136 | 1193 | 15.62% | 14.83% |
TOTAL | 7272 | 8042 | 100.00% | 100.00% |
ICD(2012) | 0.27 | Para 2013, la denuncia se concentró en 0.01 como resultado de una mayor tasa de participación en las zonas centro y noreste del país. | ||
ICD(2013) | 0.28 |
Fuente: Elaborado por el ONC a partir de datos del SESNSP actualizados al 17 de enero de 2014
Por último, en la Gráfica 5, hay tres curvas de concentración donde se muestran las tasas de participación acumuladas de la denuncia por extorsión. La línea con guiones es hipotética y representa una distribución en la que cada entidad tiene una participación equitativa de las denuncias, es decir, que en las entidades se denunciaría 3.125% por igual. Sin embargo, en la realidad esto no sucede, ya que existe un grado de concentración considerable. En la primera marca (indicada con el número 4), se señala que entre 44 y 48% de las extorsiones totales se denunció en sólo cuatro entidades (Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato y Jalisco).18 El grado de concentración de estas cuatro entidades fue mayor en 2013 que en 2012 y, a partir de las siguientes marcas, este comportamiento se revirtió, de tal suerte que la concentración resultó menor desde la quinta entidad en adelante para los datos del año pasado. En otras palabras, mientras que en las primeras cuatro entidades la extorsión aumentó, en las 28 restantes el fenómeno presentó una ligera disminución durante el periodo 2012-2013. No obstante, hay señalar que, al ser las curvas muy similares, no se aprecia un cambio estructural durante el periodo de estudio.
Panorama regional por entidades federativas
Cálculo del ICd | Interpretación |
---|---|
ICD
2012
= 0.33 ICD 2013 = 0.29 ∆ICD = - 0.04 |
La concentración de la denuncia de extorsiones en la zona noroeste disminuyó entre 2012 y 2013. |
Entidad federativa | 2012 | 2013 | Tasa de variación interanual |
---|---|---|---|
Baja California | 401 | 349 | -12.97% |
Baja California Sur | 78 | 123 | 57.69% |
Chihuahua | 171 | 161 | -5.85% |
Sinaloa | 117 | 113 | -3.42% |
Sonora | 37 | 34 | -8.11% |
Zona noroeste | 804 | 780 | -2.99% |
Fuente: Elaborado por el ONC a partir de datos del SESNSP actualizados al 17 de enero de 2014
En esta región, la denuncia disminuyó 3% debido a que en todas las entidades, con excepción de Baja California Sur, se registraron decrementos. La denuncia se concentró principalmente en Baja California, entidad en que se aprecia una tendencia positiva para finales de 2013. La tendencia para la región es incierta.
Cálculo del ICd | Interpretación |
---|---|
ICD
2012
= 0.22 ICD 2013 = 0.25 ∆ICD = 0.03 |
La concentración de la denuncia de extorsiones en la zona noreste aumentó entre 2012 y 2013. |
Entidad federativa | 2012 | 2013 | Tasa de variación interanual |
---|---|---|---|
Coahuila | 78 | 104 | 33.33% |
Durango | 86 | 82 | -4.65% |
Nuevo León | 196 | 285 | 45.41% |
San Luis Potosí | 150 | 119 | -20.67% |
Tamaulipas | 154 | 225 | 46.10% |
Zona noreste | 664 | 815 | 22.74% |
Fuente: Elaborado por el ONC a partir de datos del SESNSP actualizados al 17 de enero de 2014
En esta región, la denuncia aumentó 23%, producto de los incrementos registrados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La denuncia se concentró principalmente en Nuevo León y Tamaulipas: mientras que en 2012 estos estados concentraban 52.71% de la denuncia por extorsión, para 2013 ambas entidades concentraron el 62.58%. También se aprecia una tendencia ligeramente a la alza entre 2012 y 2013 en la zona noreste. No obstante, un signo positivo es que para finales del año pasado el nivel de denuncia en todas las entidades se redujo (con excepción de Nuevo León, que presenta una tendencia positiva).
Cálculo del ICD | Interpretación |
---|---|
ICD
2012
= 0.28 ICD 2013 = 0.31 ∆ICD = 0.03 |
La concentración de la denuncia por extorsiones en la zona centro aumentó entre 2012 y 2013. |
Entidad federativa | 2012 | 2013 | Tasa de variación interanual |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1181 | 965 | -18.29% |
Guerrero | 133 | 174 | 30.83% |
Hidalgo | 57 | 126 | 121.05% |
Estado de México | 1039 | 1668 | 60.54% |
Morelos | 260 | 400 | 53.85% |
Puebla | 454 | 258 | -43.17% |
Tlaxcala | 0 | 0 | No disponible |
Zona centro | 3124 | 3591 | 14.95% |
Fuente: Elaborado por el ONC a partir de datos del SESNSP actualizados al 17 de enero de 2014
En la región centro, la denuncia aumentó 15%, debido a los incrementos registrados en Guerrero, Hidalgo, Estado de México y Morelos. La denuncia se concentró principalmente en el Distrito Federal y en el Estado de México. Para 2013, ambas entidades concentraron 73.32% de las denuncias de la región. La tendencia para esta zona resulta incierta, pues no se logra distinguir un comportamiento a la baja o a la alza del número de denuncias.
Cálculo del ICd | Interpretación |
---|---|
ICD
2012
= 0.27 ICD 2013 = 0.33 ∆ICD = 0.06 |
La concentración de la denuncia por extorsiones en la zona occidente aumentó entre 2012 y 2013. |
Entidad federativa | 2012 | 2013 | Tasa de variación interanual |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 85 | 42 | -50.59% |
Colima | 5 | 27 | 440.00% |
Guanajuato | 523 | 468 | -10.52% |
Jalisco | 486 | 790 | 62.55% |
Michoacán | 342 | 256 | -25.15% |
Nayarit | 0 | 0 | No disponible |
Querétaro | 40 | 15 | -62.50% |
Zacatecas | 63 | 65 | 3.17% |
Zona occidente | 1544 | 1663 | 7.71% |
Fuente: Elaborado por el ONC a partir de datos del SESNSP actualizados al 17 de enero de 2014
En la región occidente, la denuncia aumentó 8%, debido a los incrementos registrados en Colima, Jalisco y Zacatecas. Las denuncias se concentraron principalmente en Jalisco y Guanajuato. Tan sólo para 2013, ambas entidades aglutinaron 75.65%. La tendencia para la región es creciente a causa del crecimiento sostenido de la denuncia en Jalisco. Llama la atención el descenso de la serie en Michoacán: mientras que en agosto de 2012 en la entidad se registraron 40 denuncias, para diciembre de 2013 se contabilizaron 11.
Cálculo del ICd | Interpretación |
---|---|
ICD
2012
= 0.27 ICD 2013 = 0.33 ∆ICD = 0.06 |
La concentración de las denuncias por extorsión en la zona sureste disminuyó entre 2012 y 2013. |
Entidad federativa | 2012 | 2013 | Tasa de variación interanual |
---|---|---|---|
Campeche | 16 | 84 | 425% |
Chiapas | 118 | 151 | 27.97% |
Oaxaca | 143 | 173 | 20.98% |
Quintana Roo | 229 | 204 | -10.92% |
Tabasco | 146 | 188 | 28.77% |
Veracruz | 447 | 310 | -30.65% |
Yucatán | 37 | 83 | 124.32% |
Zona sureste | 1136 | 1193 | 5.02% |
Fuente: Elaborado por el ONC a partir de datos del SESNSP actualizados al 17 de enero de 2014
En la zona sureste, la denuncia aumentó 5%, debido a los incrementos registrado en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. La denuncia se concentró principalmente en Veracruz y Quintana Roo. Ambas entidades concentraron, para el año 2013, 43.08% de las denuncias de la región. La tendencia para la región es ligeramente positiva, fenómeno que se deriva de la tendencia ascendente en la mayoría de las entidades. Por otro lado, destaca la tendencia a la baja en Veracruz, ya que el número de denuncias se ha reducido de manera significativa en comparación de lo que sucedía en los últimos meses de 2012.
Panorama por entidades federativas en términos de tasas por cada cien mil habitantes
Entidad federativa | Tasa de extorsión 2012 | Tasa de extorsión 2013 | Tasa de variación interanual | |
---|---|---|---|---|
1 | Morelos | 14.28 | 21.70 | 51.99% |
2 | Baja California Sur | 11.95 | 18.62 | 55.79% |
3 | Quintana Roo | 16.86 | 14.84 | -11.99% |
4 | Baja California | 12.41 | 10.67 | -14.02% |
5 | Estado de México | 6.68 | 10.60 | 58.60% |
6 | Distrito Federal | 13.02 | 10.51 | -19.27% |
7 | Jalisco | 6.45 | 10.36 | 60.59% |
8 | Campeche | 1.90 | 9.85 | 418.67% |
9 | Guanajuato | 9.30 | 8.23 | -11.59% |
10 | Tabasco | 6.37 | 8.10 | 27.22% |
Nacional | 6.32 | 6.90 | 9.26% | |
11 | Tamaulipas | 4.60 | 6.64 | 44.34% |
12 | Nuevo León | 4.11 | 5.91 | 43.66% |
13 | Michoacán | 7.67 | 5.67 | -26.05% |
14 | Guerrero | 3.83 | 4.95 | 29.25% |
15 | Durango | 5.14 | 4.84 | -5.80% |
16 | Hidalgo | 2.09 | 4.56 | 118.39% |
17 | Chihuahua | 4.90 | 4.56 | -6.98% |
18 | San Luis Potosí | 5.66 | 4.44 | -21.62% |
19 | Oaxaca | 3.67 | 4.39 | 19.52% |
20 | Puebla | 7.67 | 4.30 | -43.86% |
21 | Zacatecas | 4.13 | 4.20 | 1.93% |
22 | Yucatán | 1.85 | 4.09 | 121.62% |
23 | Colima | 0.75 | 4.00 | 433.49% |
24 | Sinaloa | 4.13 | 3.94 | -4.58% |
25 | Veracruz | 5.71 | 3.91 | -31.48% |
26 | Coahuila | 2.77 | 3.65 | 31.73% |
27 | Aguascalientes | 7.00 | 3.42 | -51.18% |
28 | Chiapas | 2.40 | 3.04 | 26.42% |
29 | Sonora | 1.36 | 1.23 | -9.22% |
30 | Querétaro | 2.14 | 0.79 | -62.95% |
31 | Nayarit | 0.00 | 0.00 | No disponible |
32 | Tlaxcala | 0.00 | 0.00 | No disponible |
El cálculo de las tasas de extorsión por cada cien mil habitantes revela datos importantes en cuanto a la población afectada por la comisión de este delito. Por un lado, muestra que hay entidades como Morelos o Quintana Roo, cuya tasa es el triple o el doble de la tasa nacional de extorsión. No obstante, las entidades del Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato y Jalisco siguen apareciendo con datos por encima de la tasa nacional, lo cual revela que el delito, además de concentrarse geográficamente, también impacta a la población con frecuencia.
Las entidades que reportan tasas de variación interanual por encima de 100% son Campeche,19 Hidalgo, Yucatán y Colima. En estos casos y en aquellas entidades cuya tasa sea superior a la nacional y subsistan variaciones positivas (Morelos, Baja California Sur, Estado de México, Jalisco y Tabasco), será necesario monitorear atentamente el comportamiento futuro de la denuncia. Si analizamos las entidades cuya tasa es superior a la nacional en términos de la región geográfica en que se encuentran, encontramos que dos están en el noroeste (Baja California y Baja California Sur), tres en el sureste (Campeche, Tabasco y Quintana Roo), tres en el centro (Distrito Federal, Estado de México y Morelos) y las restantes dos en el occidente (Jalisco y Guanajuato). Desde este punto de vista, se observa la colindancia (por zona) entre las entidades, por lo que el delito se halla focalizado y pudieran existir nexos no incidentales detrás de este hallazgo.
Por último, no debe obviarse el hecho de que la tasa nacional se haya incrementado poco más de 9%, ya que de manera redondeada la tasa ya sería de siete extorsiones por cada cien mil habitantes.
Conclusiones
Con el paso del tiempo, la extorsión se ha convertido en un fenómeno generalizado en México. En la mayoría de los casos, independientemente de quién lo cometa, se llega a vincular con redes estructurales del crimen organizado y con la corrupción que debilita notablemente a las instituciones del Estado. Asimismo, hemos apreciado que absolutamente nadie está exento de ser víctima, dado que cualquiera puede caer en un engaño telefónico y, lamentablemente, por la situación de violencia e inseguridad, cualquiera de nosotros podría ser víctima de algún extorsionador, tras ser amenazado y obligado a pagar derecho de piso.
No olvidemos que, cuando una persona o incluso una comunidad entera es víctima de extorsión, la sociedad en general padece en mayor o menor grado los distintos impactos -económicos, políticos y psicosociales- de esta conducta delictiva. Las posibles consecuencias que pueden generar las extorsiones afectan de manera importante el desarrollo económico del país.
Desde que se comenzó a observar el incremento constante de la extorsión, como ciudadanos no hemos percibido la intención de las autoridades de abordar integralmente el problema, pues únicamente hemos tenido conocimiento de las campañas emprendidas en los medios de comunicación para que la gente cuelgue en el instante ante una extorsión telefónica. Esto evidencia que se trata de un delito que no está siendo atendido con la urgencia y enfoques diferenciados que requiere (criminológico y victimológico).
La elaboración de la presente investigación permite conocer datos importantes respecto de este delito, a partir de la información disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Se destaca principalmente la siguiente:
La tendencia de la denuncia por extorsión en el nivel nacional sigue siendo creciente, tanto si se consideran datos absolutos como tasas por cada cien mil habitantes.
En el ámbito nacional, la concentración de denuncias por extorsión aumentó entre 2012 y 2013, como resultado del incremento de la tasa de participación porcentual de la región centro (Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala) y noreste (Coahuila, Durango, Nueva León, San Luis Potosí, Tamaulipas).
Las zonas del centro (Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala) y del occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas) acumularon más de 60% de las denuncias totales registradas entre 2012 y 2013 en el país.
De acuerdo con la tasa de variación interanual, la denuncia por extorsión aumentó en cuatro de las cinco regiones. En la zona noroeste disminuyó 3%, mientras que en la noreste aumentó 23%, así como también en las zonas centro (15%), occidente (7.7%) y sureste (5%).
Las cinco entidades federativas cuya tasa de extorsión registró mayores aumentos entre 2012 y 2013 fueron: Colima, Campeche, Yucatán, Hidalgo y Jalisco. De estas entidades, sólo Campeche y Jalisco se ubican por encima de la tasa nacional de 2013.
Las mayores disminuciones en la tasa de extorsión entre 2012 y 2013 se manifestaron en Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Veracruz y Michoacán, con valores que se ubican por debajo de la tasa nacional de 2013.
Si analizamos por región geográfica las entidades cuya tasa es superior a la nacional, observaremos que dos se ubican en el noroeste (Baja California y Baja California Sur), tres en el sureste (Campeche, Tabasco y Quintana Roo), tres en el centro (Distrito Federal, Estado de México y Morelos) y las restantes dos en el occidente (Jalisco y Guanajuato). Por lo anterior, se concluye que la colindancia entre las entidades es un factor determinante de la comisión y diseminación de este delito.
Este panorama nos demuestra que las proporciones de las extorsiones cometidas son inimaginables en México, puesto que únicamente estamos observando la realidad parcial que representan las estadísticas oficiales de denuncias. Dadas las condiciones en que se encuentra el país, no podemos conformarnos tan sólo con esas cifras ni mucho menos con información meramente de carácter cuantitativo, pues eso no nos permitirá comprender ni los mecanismos empleados por los extorsionadores para someter a la víctima, ni el daño que estos le generan.