Los estudios relacionados con el agro mexicano del siglo XX han configurado una historiografía centrada esencialmente en la reforma agraria iniciada en 1915, su impacto y posterior desarrollo durante los gobiernos posrevolucionarios. Desde aquellos estudios realizados por Arturo Warman, Jesús Silva Herzog, Steven Sanderson y Armando Bartra, en general las investigaciones poco han dicho sobre la extinción de la reforma agraria mexicana como un asunto de largo plazo. Aún más, se ha privilegiado una mirada acotada al centro del país, poniendo escasa atención al desarrollo de acontecimientos y conflictos agrarios de otras regiones. Si bien la cuestión también se ha vinculado con aspectos como la globalización, el avance del neoliberalismo o el autoritarismo presidencial, la realidad es que ha existido una fascinación por entender el avance del agrarismo mexicano del siglo XX como una suerte de procesos institucionales, ligados fuertemente a la influencia de presidentes, autoridades locales y ejidatarios.

En ese sentido, el libro Los últimos años de la reforma agraria mexicana, 1971-1991. Una historia política desde el noroeste, a cargo de Luis Aboites, busca cuestionar aquellas visiones que reducen el fin de la reforma agraria como una materia exclusiva del gobierno salinista, o como consecuencia de un vuelco hacia el neoliberalismo. La obra se inserta en una compleja discusión en torno a los factores que provocaron la extinción del reformismo agrario a principios de la década de los noventa.

La obra se divide en seis capítulos en los cuales el autor sostiene que la extinción del reformismo agrario mexicano, vigente por más de 70 años, puede explicarse en razón de diversos conflictos agrarios suscitados a principios de la década de 1970 en el noroeste del país, puntualmente entre los valles de Culiacán (Sinaloa) y del Yaqui/Mayo (Sonora). Sobre todo, a causa de un incremento de detractores de la reforma definidos por Aboites como “antiagraristas”, personificados por empresarios y grandes propietarios, quienes actualizaron y “modernizaron” el antiagrarismo más añejo, pugnando por el respeto irrestricto hacia la propiedad privada. A la vez, por un progresivo proceso de “desagrarización” del campo mexicano que se expresó en la nula protesta por parte de los agraristas hacia la reforma de 1991.

Así, en el primer capítulo, “El primer contendiente: los agricultores del noroeste”, el autor traza un mapa de la geografía, la economía y la sociedad desde el noroeste mexicano, atendiendo especialmente los valles de Culiacán y del Yaqui/Mayo. El objetivo es colocar en la escena nacional y mundial la importancia económica que tuvo esa región norteña. A partir del impulso agrario y el incremento de la actividad empresarial en el sector agrícola (importación de tecnología, fomento en el cultivo de arroz, trigo, maíz y tomate), aunado al apoyo gubernamental (llegó a destinarse entre 8 y 14% del presupuesto federal) y el paulatino proceso de construcción de presas, canales y carreteras desde 1937, Luis Aboites destaca la “divina geografía” de la región, al tiempo que intenta “noroestizar” la historia de México. Así, la riqueza natural del noroeste sólo pudo ser aprovechada gracias a la intervención de trabajadores, empresarios y gobierno. Un aporte interesante de este capítulo es subrayar la ausencia historiográfica del papel de las comunidades de yaquis y mayos ante el avance “modernizador” de la agricultura. Según Aboites, poco o nada se ha dicho respecto de aquellas poblaciones como pequeños agricultores y productores. Asunto que debería merecer mayor atención en el futuro.

El segundo apartado, “El otro contendiente, el Estado posrevolucionario hacia 1970”, analiza el “agrarismo gubernamental”, entendido como el conjunto de estrategias, políticas y discursos que llevó a cabo el gobierno federal para subordinar las demandas agraristas y el reparto de tierras por parte de la población. Aquí se vislumbra un creciente número de grandes agricultores privados quienes, mediante diversos mecanismos para eludir la legislación, se dedicaron al arrendamiento de grandes parcelas de ejidos, a la obtención de “las mejores tierras” y la formación de importantes unidades productivas. Prácticas como la simulación de fraccionamientos y la renta de tierras ejidales provocaron el surgimiento de una “nueva modalidad de tenencia de la tierra”. El gobierno en parte reforzaría los intereses de los grandes propietarios a través del otorgamiento de gasto público sobre una “agricultura más tecnificada”; agricultura de riego que estaba controlada por aquellos propietarios.

En la tercera parte, “La contienda”, el autor describe los acontecimientos producidos entre 1975 y 1976 en los valles de Culiacán y del Yaqui/Mayo que terminaron en una disputa entre el gobierno federal y los grandes propietarios del noroeste agrícola. Por medio de la Ley Federal de 1971, el gobierno encabezado por Luis Echeverría buscó combatir el arrendamiento de tierras ejidales y el problema de los “fraccionamientos simulados”. En vista de un aumento en la demanda de tierras por parte de los agraristas, las autoridades intentaron minar la “bonanza agrícola” de los agricultores norteños a partir de la ley de 1971.

Sin embargo, apunta Aboites, aquel marco legal sólo retomaba puntos de una legislación anterior, ya que desde 1942 (incluso desde 1934) la renta de tierras ejidales estaba prohibida; no obstante, poco se había realizado por acabar con el disimulo de fraccionamientos. Todo ello se vio agravado tanto por la demanda de ejidos como por la invasión de predios, y el surgimiento de protestas populares y movilizaciones estudiantiles que terminaron siendo reprimidas, con el asesinato de líderes agraristas o la expropiación de fincas por parte de la federación. Derivado de estos hechos, el autor observa una profundización del moderno sentimiento “antiagrarista” por parte de empresarios, grandes agricultores y políticos, situación que se agudizó cuando el gobierno llevó a cabo una política de expropiación de importantes predios en los valles de Sonora y Sinaloa a fines de 1976 (San Ignacio Río Muerto y Montelargo, y Culiacán) con el objeto de satisfacer la demanda ejidal.

En el cuarto capítulo, “Lo difícil que es pedir perdón en el valle del Yaqui”, Luis Aboites describe el conjunto de indemnizaciones otorgadas por el gobierno de López Portillo a los propietarios afectados por la expropiación de sus tierras. De acuerdo con el autor, los pagos de la federación a los agricultores norteños fueron verdaderamente significativos y “pueden considerarse como el primer paso firme hacia la extinción de la reforma agraria…”, ya que buscaron evitar la demanda judicial o los amparos por parte de los propietarios. Para este momento, diversas voces -entre las que se encontraba la de Manuel Clouthier- manifestaron la idea de terminar con la reforma agraria debido a que no se trataba sólo de “repartir la tierra; urgía pasar […] a la organización de ejidatarios, pequeños propietarios […] para incrementar la producción y la productividad”. No obstante, el contexto económico del país para 1982 prefiguraba una crisis que difícilmente haría sostenible el impulso al campo mexicano, la indemnización de más predios y la continuidad del reparto agrario. La caída de los precios del petróleo, la fuga de dólares y la creciente inflación cuestionaron incluso el régimen priista y las políticas agrarias heredadas de la Revolución.

Así, en el quinto apartado, titulado “Cambio agrario, debilidad gubernamental y ascenso empresarial y panista”, Aboites subraya el ascenso en la política nacional de los empresarios del norte ligados a la facción panista. A través de las trayectorias del Pelón Rosas y el Maquío Clouthier, el autor sostiene la crecida inclinación hacia la modernización de un campo mexicano más apegado a la producción que a la demanda o la lucha por la tierra. Aquí se subraya la idea de un “debilitamiento gubernamental” y un proceso de “desagrarización” en razón de la caída de la aportación del campo a los ingresos de la población y en general a la economía nacional. El declive salarial, la inflación, el desempleo, el progresivo abandono del campo y de los ejidos, más el aumento de la migración hacia la ciudad, hicieron que se cuestionara la viabilidad de mantener la reforma agraria. Según el texto, poco a poco una facción del partido en el gobierno (PRI) buscó aliarse con la élite empresarial y el Partido Acción Nacional: “al PRI le urgía hacerse de culpables y los encontró en dos mandatarios” (Eche verría y López Portillo). Al tiempo que se configuraban nuevos intereses políticos, también crecía la idea de dar mayor certeza jurídica a la propiedad, “a la diversidad de propietarios y posesionarios.”

Finalmente, el capítulo 6, “La reforma constitucional de 1991 o la alianza PRI-PAN”, examina la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional que sentenció la reforma agraria. En esta sección Luis Aboites presenta los principales debates que desde el Congreso se pronunciaron en torno a la supresión de los incisos relacionados con el reparto de tierras. Sobre todo, el autor insiste en la abierta alianza por parte de los diputados del PRI y el PAN para aprobar la reforma a la Carta Magna. De acuerdo con Aboites, la reforma al artículo 27 debe observarse no como producto del régimen salinista, sino como resultado de la alianza en la cámara legislativa entre el partido del Estado posrevolucionario y la facción panista, que representó los intereses de empresarios, grandes propietarios y agricultores.

Por último, añadiría que la obra se habría enriquecido al contemplar el análisis de otros espacios regionales (por ejemplo, el sur mexicano) que pudieran contrastarse con el desarrollo de los acontecimientos del norte, incluso ligarse en modo alguno con eventos posteriores, como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, pese a la incorporación de elementos del contexto global que ayudan a entender la crisis económica mexicana de 1980, hizo falta reforzar el argumento con sólidas referencias respecto a la migración del campo a la ciudad, o de México hacia Estados Unidos, que provocaron el abandono de los ejidos y pequeñas propiedades agrícolas. No obstante dichas consideraciones, Luis Aboites abre con esta investigación diversos derroteros vinculados al campo mexicano en perspectiva comparada, en el largo plazo y dentro de un contexto mundial.